Sentencia Social 2072/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 928/2025 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO:El 22/12/2022 don Leon presentó demanda y promovió procedimiento ordinario de reclamación de cantidad frente a Alcoa Inespal SL, Aluminio Español SL y Alúmina Española SA, como integrantes del Grupo Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL SL y su Administración concursal, D. Edmundo, Alu Ibérica LC SL y su Administrador concursal D. Alexis, y frente al Fondo de Garantía Salarial.

Expuso los hechos y fundamentos que tuvo por convenientes, para terminar solicitando sentencia que declare la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas, entre sí y para con los demandantes, por incumplimiento de los acuerdos de 15 de enero y 4 de julio de 2019 alcanzados en el despido colectivo de las empresas del Grupo Alcoa que afectó a los trabajadores de Alu Ibérica AVL SL y Alu Ibérica LC SL, que condene a esas empresas a abonarle 108.541,85€, más 10.000€ lineales brutos en concepto de indemnización por daños y perjuicios; subsidiariamente 72.361,23€, más aquellos 10.000€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con el interés legal desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación ante el UMAC; que condene a los administradores concursales codemandados a estar y pasar por la declaración de responsabilidad de las empresas en concurso.

SEGUNDO:El Juzgado de lo Social admitió a trámite la demanda, celebró juicio y dictó la sentencia nº 141/2025, de 4 de marzo, que recoge estos Hechos Probados:

"PRIMERO.- D. Leon, DNI NUM000 y NASS NUM001 prestó servicios por cuenta y bajo la dirección de Alcoa Inespal S.A. desde el 13 de febrero de 2006 hasta el 4 de febrero de 2014 mediante contrato código 100 (indefinido tiempo completo), grupo de cotización 8; posteriormente prestó servicios por cuenta y bajo la dirección de Alu Ibérica AVL S.L. desde el 5 de febrero de 2014 al 24 de enero de 2020 mediante contrato código 100 (indefinido tiempo completo), grupo de cotización 8; posteriormente prestó servicios por cuenta y bajo la dirección de Alimerka S.A. desde el 28 de enero de 2020 hasta el 18 de febrero de 2020 mediante contrato código 100, grupo de cotización 5; posteriormente ha prestado servicios para Asturiana de Zinc S.A. desde el 19 de febrero de 2020 mediante contrato código 189, grupo de cotización 9- no controvertido y que a su vez se desprende de la vida laboral del demandante-.

SEGUNDO.- Su centro de trabajo se encontraba en la planta de industrial de Avilés, sita en San Balandrán nº 2, dedicándose tal planta a la fabricación de aluminio primario mediante proceso de electrolisis y a la fabricación de aluminio secundario mediante proceso de fusión - no controvertido-.

TERCERO.- Su salario día era de 112,55 euros (s.e.u.o) -según nómina referida en demanda y no controvertido-, y su categoría de Oficial 1ª - según nómina aportada por la actora y no controvertido-.

CUARTO.- La relación laboral se rige por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de la empresa Alcoa Inespal AVL S.L. - no controvertido-.

QUINTO.- El actor dejó de prestar servicios para la empresa Alu Ibérica AVL S.L. usando la fórmula baja voluntaria, abonándole la empresa indemnización de 58.584,95 euros a tanto alzado por tal baja voluntaria, en la fecha de 24 de enero de 2020- no controvertido y se desprende de la documental aportada por la actora-.

SEXTO.- En este mismo juzgado se ha seguido el PO 534/2022 en el que se ha dictado sentencia, recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Asturias, dando lugar a la STSJ, Asturias, Sala de lo Social, nº36/2025 de fecha 9 de enero de 2025. En la resolución del recurso, la Sala ha confirmado la relación de hechos probados de la referida sentencia de instancia, hechos probados que, en lo que aquí interesa, se transcriben y se asumen como propios de esta sentencia, al tratarse de asuntos equivalentes: "CUARTO.- El 17 de octubre de 2018 Grupo Alcoa Inespal comunica a la representación legal de los trabajadores de los centros de trabajo de A Coruña y Avilés su intención de iniciar un periodo de consultas de despido colectivo. El 15 de enero de 2019 se levantó acta de finalización del periodo de consultas en cuya cláusula 1ª se regula el supuesto de la potencial venta de las plantas de Avilés y Coruña y oportunidades de reindustrialización para lo que se establecía un plazo hasta el 30 de junio de 2019. En tal supuesto: -Alcoa se comprometía a recibir y valorar propuestas de potenciales compradores serios, solventes y rigurosos con el objetivo de iniciar y culminar el proceso de venta de las plantas de Avilés y Coruña de manera que permita la continuidad del empleo en las mismas. -las negociaciones y la decisión final de venta corresponderán al Grupo Alcoa Inespal. -en el supuesto de que Grupo Alcoa Inespal alcanzara un acuerdo con un comprador o inversor que adquiriera la titularidad de las entidades legales o se subrogara en la totalidad de las relaciones laborales del personal de las plantas Grupo Alcoa Inespal se compromete a asumir en las plantas que sean objeto de compra, un coste de 20 millones de euros por cada planta para las siguientes inversiones: (i) rearrancar las cubas que hayan sido objeto de una parada programada y ordenada, así como (ii) refrescar las cubas que a día de hoy están ya paradas, al objeto de que dicho comprador o inversor pueda dar continuidad a la producción electrolítica y (iii) mejorar las instalaciones de electrolisis. Dicha asunción de coste se irá haciendo efectiva conforme se vayan ejecutando y justificando dichas inversiones por el comprador/inversor, con el límite de 20 millones de euros por cada planta. La venta y la citada asunción de dicho coste máximo por parte de Grupo Alcoa Inespal estará condicionada a: i.- que el comprador asuma la totalidad de los trabajadores de las plantas y, por tanto, GRUPO ALCOA INESPAL no deba realizar despido, recolocación ni prejubilación alguna. ii.- que el comprador proporcione las suficientes garantías a Alcoa Inespal (por ejemplo aval que garantice el importe de las las inversiones; plan industrial y de negocio; capacidad financiera; etc) que permitan concluir que el proyecto empresarial es viable. La asunción de coste previsto en la cláusula 1.1 no será aplicable en supuestos de reindustrialización salvo que un único inversor, que cumpla con las condiciones de la cláusula 1.10, asuma la totalidad de la plantilla (bien por adquisición de la entidad legal, bien por subrogación) y, por tanto Grupo Alcoa Inespal no deba realizar despido, recolocación ni prejubilación alguna. Dicha asunción de coste se ira haciendo efectiva conforme se vaya ejecutando y justificando dichas inversiones por el comprador/inversor. En la cláusula 4 se regula el periodo de aplicación de la medida despido colectivo (y condiciones en caso de aplicación inmediata). Si se pospone la ejecución del despido colectivo, en los términos previstos en las clausulas 1, 2 y 3, para intentar la venta de las plantas y la subrogación de personal, y dicho proceso de venta fracasa, ambas partes acuerdan que se afectará un máximo de 483 contratos de trabajo, de los que: 222 pertenecen a la planta de Avilés (Alcoa Inepsal AVL, S.L.) y 261 pertenecen a la planta de A Coruña (Alcoa Inepsal Coruña S.L.). A continuación, las partes establecían los criterios de designación de los trabajadores, así como las prioridades de permanencia. También se establecía un plan de recolocaciones internas vinculado al plan de bajas incentivadas establecido en la planta de San Balandrán. En la cláusula 7 se diseñan los criterios e indemnizaciones de contratos de trabajo diferenciándose los trabajadores mayores y menores de 53 años al 31-12-2018.Para los primeros se fija un plan de rentas y contraprestaciones garantizadas atendiendo al salario regulador que también se establece, así como la financiación del convenio especial de Seguridad Social suscribir dichas personas. Para los segundos se fija una indemnización bruta equivalente a 60 días/año en los términos que se indican, así como pago adicional de 10.000 euros. QUINTO.- El 4 de julio de 2019 se reunió la comisión negociadora del despido colectivo firmante del acuerdo que puso fin al período de consultas y se recogió en acta lo siguiente: "Primera.- Las Partes acuerdan que Grupo Alcoa Inespal pospondrá la ejecución del despido colectivo, que no dará inicio antes del 1 de agosto de 2019, y que Alcoa dará de plazo a Parter Capital Group hasta el 30 de julio de 2019 para que obtenga el apoyo financiero descrito como condición suspensiva en el contrato de compraventa de las sociedades que se firmaría antes del día 7 de julio de 2019. A 1 de agosto de 2019 se informará al Ministerio de Industria y a la Comisión de Seguimiento del final del proceso de venta. Segunda.- Las Partes acuerdan que si, a fecha 30 de julio de 2019, Parter Capital Group ha otorgado y facilitado a Alcoa evidencia suficiente de haber obtenido el apoyo financiero en los términos expuestos en el Antecedente Séptimo, Alcoa así lo confirmará tanto a la Comisión Representativa de los Trabajadores como a la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y Coruña. En tal caso, si se cumplen con las formalidades necesarias para ejecutar la venta ante notario el 31 de julio de 2019, se producirá la venta de las sociedades Alcoa Inespal Coruña, S.L.U. y Alcoa Inespal Avilés, S.L.U. (transmisión de sus participaciones sociales) y, en consecuencia, no se procederá a la ejecución del despido colectivo conforme a la Cláusula Primera del Acuerdo de Despido Colectivo. Si la venta de las plantas se produce en los términos expuestos en el Antecedente Séptimo (en concreto, incluyendo en el contrato de compraventa el contenido del Anexo I) y así lo confirma Alcoa tanto a la Comisión Representativa de los Trabajadores como como a la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y Coruña, las partes entenderán que el Acuerdo de Despido Colectivo se ha completado. Asimismo, las Partes acuerdan que si, a fecha 30 de julio de 2019, Parter Capital Group no ha otorgado ni facilitado a Alcoa un contrato de préstamo o de crédito en las condiciones señaladas en los antecedentes y/o no se cumplen con las formalidades necesarias para ejecutar la venta ante notario el 31 de julio de 2019, Alcoa así lo confirmará tanto a la Comisión Representativa de los Trabajadores como a la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y Coruña. En tal caso, el Acuerdo de Despido Colectivo se completará con la ejecución del despido colectivo a partir del 1 de agosto de 2019 en los términos del Acuerdo de Despido Colectivo. A los efectos de las comunicaciones referidas en la presente clausula, Grupo Alcoa Inespal, la Comisión de Representantes de Trabajadores y la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y Coruña quedan formalmente convocadas a una reunión que se celebrara el 31 de julio de 2019. La hora y el lugar serán decididos más adelante. Tercera.- Las partes acuerdan que hasta el 31 de julio de 2019 el personal que estaba en formación quedara dispensado de acudir a su puesto de trabajo sin que ello afecte a su remuneración". SEXTO.- El 5 de julio de 2019 Alcoa Inespal S.L.U y Blue Motion Technologies Holding AG celebraron contrato de compraventa de participaciones sociales por la que el segundo adquirió las participaciones sociales de A Coruña y de Avilés de la primera. SEPTIMO.- El 27 de agosto de 2020 Alcoa Inespal S.L.U interpuso demanda de juicio ordinario (acción declarativa de incumplimiento contractual, entre otras) contra Blue Motion Technologies Holding AG, Alu Holding AC Spain, S.L.U. Alu Holding AVL 2019 Spain S.L.U. El 23 de mayo de 2023 el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid dictó sentencia en los autos PO 1043/2020 en la que, estimando la demanda interpuesta por Alcoa Inespal S.L.U., declaró: -que la transacción Partner/Gir constituye una actuación prohibida conforme a lo dispuesto en la cláusula 8.9 b (ii) del SPA. -que con ocasión de la transacción Parter/Gir, las demandadas Blue Motion Technolgies Holding AG, Alu Holding AC Spain, S.L.U., Alu Holding AVL 2019 Spain, S.L.U han incumplido las obligaciones puestas a su cargo en los contratos de la venta Alcoa/Parter, en particular: 1. la obligación prevista en la cláusula 8.9 a del SPA de no permitir que se realizasen actuaciones prohibidas durante el periodo de protección. 2. las obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 13 del SPA. 3. la obligación como garante derivada de la carta de garantía, por parte de la demandad Blue Motion Technologies Holding AG. -el carácter doloso de los incumplimientos anteriores y condenó a Blue Motion Technologies Holding AG, Alu Holding AC Spain S.L.U, Alu Holding AVL 2019 Spain S.L.U. a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas procesales. OCTAVO.- El 10 de noviembre de 2022, Federación de Industria de CCOO, Federación de Industria de USO, Confederación Intersindical Galega, Confederación de Cuadros y Profesionales presentaron demanda de conflicto colectivo contra Grupo Alcoa Inespal, PM MR 1866 S.L., Iberian Green Aluminum Company, S.L. Alu ibérica LC S.L., Alu ibérica AVL S.L., Alu Holding AC Spain S.L., Alu Holding AVL 2019 Spain, Parter Capital Group AG, Blue Motion Technologies Holding AG. Se siguieron los autos CCO 440/2020 que concluyeron con la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 15 de junio de 2021. La sentencia fue recurrida en casación ordinaria por las partes (rec. 161 y 173/21). Damos por íntegramente reproducida dicha sentencia. NOVENO.- El 28 de julio de 2022 las partes intervinientes en el CCO 440/2020 presentaron ante el Tribunal Supremo un escrito solicitando la homologación de un convenio transaccional. Se da por reproducido el acuerdo. El 14 de septiembre de 2022 se celebró comparecencia en cuya acta se advierte: "Se hace saber igualmente a las partes que el Auto de homologación que se dicte por esta Sala, caso de estimarse procedente en derecho, sustituirá el contenido de la sentencia nº 138/2021 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con fecha 15 de junio de 2021 poniendo fin al litigio, así como que producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquel, tanto en el orden social como el contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el art. 160.5 de la LRJS constituyendo además título ejecutivo". El 19 de octubre de 2022 la Sala de lo Social del TS dictó auto acordado lo siguiente: "homologar el acuerdo transaccional de fecha 21 de abril de 2022, ratificado ante el Letrado de la Administración de Justicia de la sección 2ª de esta Sala el 14 de septiembre de 2022 al que llegaron a la Federación de Industria del Sindicato Comisiones Obreras, la Confederación de Cuadros y Profesionales, Unión Sindical Obrera, Unión General de Trabajadores, Confederación Intersindical Galega, AluIberica AVL S.L., Alu Iberica LC S.L. y Grupo Alcoa Inespal, sustituyendo este Auto como nuevo título ejecutivo el contenido de lo resuelto en la sentencia objeto del recurso de casación 2/2022 y poniendo fin al litigio entre las mismas." En la Fundamentación Jurídica se indica: "3. La homologación de dicha transacción, en cuanto modo legítimo de terminación del proceso, debe producir sus efectos procesales plenos en el seno del procedimiento que nos ocupa, lo que significa que lo acordado sustituye a lo resuelto en la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 15 de junio de 2021 en los autos nº 440/2020. Y como dispone expresamente la regla 3ª del art. 517.2 de la LEC, el título para la ejecución de lo acordado en estos supuestos lo constituye el presente Auto de homologación y no lo que pudiera haberse dispuesto en aquella resolución precedente." Se da por íntegramente reproducido el Auto de homologación. El 20 de enero de 2023 la Sala de lo Social del TS dictó decreto teniendo por formulada demanda de impugnación del auto de homologación del acuerdo transaccional de fecha 19 de octubre de 2022. No consta que uno de los impugnantes hay sido el actor. El 3 de julio de 2023 el TS dictó sentencia desestimando las demandas y confirmando el auto de homologación. Se da por íntegramente reproducida. DECIMO.- El 30 de noviembre de 2021 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña dictó auto acordando suspender las facultades de administración y disposición del concursado. El 21 de febrero de 2022 se dictó auto acordando abrir la fase de liquidación. El 21 de abril se levantó acta de acuerdo de extinción colectiva de la totalidad de contratos de trabajo vigentes en la mercantil Alu Iberica LC S.L. El 2 de mayo el Juzgado de lo Mercantil dictó auto por el que se autoriza la extinción de La totalidad de los contratos de trabajo vigentes de la concursada y los trabajadores referidos en el anexo en las condiciones acordadas entre la administración concursal y los trabajadores. En el auto se recoge el listado de los trabajadores afectados por el ERE. DECIMOPRIMERO.- El 7 de diciembre de 2021 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo declara en concurso a Alu Iberica AVL S.L. al acreditarse su estado de insolvencia, suspendiendo las facultades de administración y disposición del concursado y nombrando administrador concursal a D. Edmundo. Por medio de Auto de 26 de abril de 2022, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo autoriza el despido colectivo de la totalidad de los contratos de trabajo vigentes en la mercantil Alu ibérica AVL S.L. referidos en el Anexo entre los que no figura el actor. DECIMOSEGUNDO.- Con fecha de salida 9 de diciembre de 2020 la ITSS emitió informe sobre determinadas órdenes de servicio abiertas con ocasión de varias denuncias. Se aporta por la parte actora como documentos nº 64 y 65, dándose por íntegramente reproducidos".

SÉPTIMO.- La referida sentencia de nuestro TSJ dictada en suplicación, recoge la siguiente argumentación en relación a la excepción de prescripción de la acción- subrayado de quien suscribe-: "El demandante se acoge a la regla general prevista en el artículo 1.969 del Cc " el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición legal que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse" e insiste en que no pudo ejercitar la acción hasta conocer de cuanto recogía la Sala de lo Social de la ANl en la sentencia de 15 de junio de 2021 que resolvía el conflicto colectivo 440/2020 iniciado por demanda de 10 de noviembre de 2020. Pero, no podemos pasar por alto la contradicción en que incurre en la extensa argumentación que despliega a lo del recurso. Significativo resulta que en la tercera de las censuras a la sentencia de instancia dice así "Las dos sociedades estaban abocadas a su cese de actividad a partir de que Alcoa las puso en manos del comprador Parter Capital Group. Como se recoge en la sentencia, el demandante optó por abandonar esa situación, era el mes de abril de 2021, un año después de la entrada en liza de las sociedades denominadas como Grupo Industrial Riesgo, y casi dos años después de la venta ejecutada por Alcoa. De acuerdo con la prueba practicada a la que se ha hecho referencia, en ese momento era patente que la empresa de producción de aluminio para la que llevaba años prestando servicios no podía mantener la actividad productiva que había prometido Alcoa". Esta alegación de la propia recurrente haría válida la respuesta dada por la Magistrada de instancia; sin embargo, nuestra respuesta a una censura jurídica basada en erróneo cómputo del plazo de prescripción de la acción ejercitada, en concreto por la equivocaba elección del primer día de cómputo de dicho plazo, sostenida por el conocimiento posterior de las circunstancias que concurrían, parte del principio pro actione, que en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (TC) adquiere relevancia constitucional cuando la decisión judicial de inadmisión sea fruto de un error patente en el cómputo del plazo, de una interpretación arbitraria o manifiestamente irrazonable de la legalidad, o cuando sea consecuencia de la utilización de un criterio interpretativo rigorista, excesivamente formalista o desproporcionado en relación con los fines que trata de proteger y los intereses que sacrifica, habida cuenta de la mayor intensidad con la que se proyecta el principio pro actione cuando se arriesga el derecho a la obtención de una primera respuesta judicial sobre la pretensión formulada ( SSTC 76/2012, de 16 de abril, 209/2013, de 16 d).e diciembre.13/2023, de 6 de marzo, 118/2024, de 25 de septiembre). Doctrina que aplica la Sala IV del TS (por todas, STS 727/2024, de 22 de mayo, rec. 1421/2023). Ya hemos señalado que en la sentencia de instancia hay una respuesta de fondo, pero ello no suprime el pronunciamiento judicial ahí mismo recogido de estimación de la prescripción que había invocado la parte demandada en oposición a la demanda. Ello nos obliga a resolver la censura planteada. Toda la demanda está basada en aquella sentencia de 15 de junio de 2021 dictada en el conflicto colectivo 440/2020 de la AN. Que el trabajador dijera del desgobierno e inviabilidad de la empresa como explicación a su cese voluntario, que la Inspección de Trabajo ya en 2020 se hiciera eco de la situación laboral de los trabajadores, que no tenían ocupación efectiva, que no recibían formación ni salarios, y pese a la llamativa contradicción en que la parte actora incurre a lo largo de su discurso, forma un conjunto no equiparable al conocimiento que precisa tener el trabajador para detallar los hechos en que basa su pretensión. Al demandante se le exige que en la demanda enumere con claridad y concreción los hechos sobre los que verse la pretensión (artículo 80.1.c LJS). La complejidad de las operaciones mercantiles llevadas a cabo, la alambicada participación de varias sociedades, cada cual con su particular actuación, la concurrencia de distintos procedimientos judiciales en diferentes órdenes jurisdiccionales, y el desenlace de todo ello, no estaba al alcance de conocimiento preciso por parte de los trabajadores, de ahí que se estime la censura del recurrente, pues no fue hasta conocer la sentencia dictada en aquel procedimiento que podía ejercitar la acción, que finalmente ejercitó en tiempo oportuno desde el punto de vista de su vigencia. Cosa distinta será la eficacia que ello tiene, como más adelante veremos".

OCTAVO.- La referida sentencia de nuestro TSJ argumenta, de cara a la excepción de cosa juzgada, lo siguiente-subrayado de quien suscribe-: "...CUARTO.- Sobre "la cosa juzgada" el recurrente argumenta que cuantos preceptos dice infringidos anudan esa institución a la sentencia firme, cuyos efectos no son equiparables a los de "un acuerdo transaccional judicialmente homologado" dictado en el proceso de conflicto colectivo; que la acción ejercitada en la demanda origen de ese proceso y la ejercita en este son distintas, como distintos, por consiguiente, distinto también el suplico de una y otra, allí se pretendía la recuperación de la vigencia del acuerdo de 15 de enero de 2019 de despido colectivo para aplicarlo a las futuras extinciones de los contratos de trabajo de quienes siguiesen en plantilla, en tanto que aquí se pide que se declare que las demandadas incumplieron aquel acuerdo y otro de 4 de julio del mismo año y la condena a que indemnicen al demandante por los daños y perjuicios, (sic) "no se reclama que se les aplique una extinción de contratos que sería imposible, sino que se les indemnice por la pérdida de sus puestos de trabajo"; que el acuerdo homologado por el TS no extiende sus efectos más allá de lo que fue objeto de aquel proceso, su existencia solo significa aquí que Alcoa ha reconocido el incumplimiento contractual por su parte y que está dispuesta a indemnizarlo; que así se desprende de la STS de 3 de julio de 2023 dictada en el proceso de impugnación de la homologación del acuerdo transaccional. Las demandadas Alu Ibérica LC SL y su administrador concursal oponen a esta censura el efecto de cosa juzgada que nace para el demandante del acuerdo transaccional homologado, pactado por la misma representación que presentó la demanda de conflicto colectivo 440/2020, que englobaba a trabajadores y ex trabajadores de las plantas afectadas por la venta, y de la sentencia del TS que resolvió la impugnación de dicho acuerdo en virtud de demanda presentada por ex trabajadores, incluido el demandante. Apoya su tesis en la letra de los artículos 1.816 del Cc y 160.5 de la LJS, porque aunque admite que el objeto de la demanda origen de este procedimiento y el de la demanda de aquel procedimiento de conflicto colectivo son distintas, afirma que entre una y otra hay una inequívoca conexión. También cita sentencia de la Sala 1ª del TS dictada en el recurso 2371/2005, que reconoce a la excepción de transacción un significado semejante al de la cosa juzgada que vincula en un proceso posterior si concurre identidad objetiva y subjetiva, aunque sin menguar la naturaleza contractual de la transacción. La demandada Grupo Alcoa destaca las contradicciones en que incurre el recurrente al hacer suyo el procedimiento de conflicto colectivo y al rechazar la transacción que lo cerró. Defiende el acierto de la sentencia de instancia, por la identidad plena de la pretensión del demandante con lo tratado en aquel proceso anterior, la afectación plena de la pretensión del demandante por el acuerdo transaccional y la consiguiente falta de acción, cuando menos por el efecto positivo de la cosa juzgada; también, por el efecto de la sentencia del TS dictada en el proceso de impugnación de la homologación del acuerdo que no reconoce derecho a los empleados que causaron baja voluntaria derivado de la demanda de conflicto colectivo y del acuerdo transaccional. El artículo 222 de la LEC se refiere a los efectos de la cosa juzgada, el negativo (imposibilidad de iniciar nuevo procedimiento con idéntico objeto al del anterior en que aquella se produjo) y el positivo (vinculación al tribunal del proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o que la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal), refiriéndose siempre a "sentencia firme" como origen de la misma. En el artículo 160.5 de la LJS encontramos esa disposición legal que extiende el efecto de cosa juzgada, cuando en la regulación del proceso de conflicto colectivo dice que "la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél (...)". El acuerdo transaccional homologado no participa de la condición de sentencia, de modo que desde ese punto de vista aquí no cabe hablar de cosa juzgada. Ahora bien, el Cc tras definir la transacción como "un contrato, por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado" ( artículo 1.809), en el artículo1.816 del Cc señala que "la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial". En consecuencia, y sin perjuicio del acuerdo homologado, entramos a analizar los distintos acontecimientos judiciales que se suceden en este caso, para constatar si el demandante participa o no de esa condición de parte en los mismos. En sus argumentos, no sin cierta contradicción, el recurrente fluctúa entre la adhesión al conflicto colectivo y la total autonomía de su pretensión con lo que allí se planteaba y decidía. Ahora bien, de la simple lectura de cuanto pedían los demandantes en la demanda de conflicto colectivo se desprende que el demandante no formaba parte del colectivo incluido en la demanda. Al efecto baste considerar que los demandantes solicitaban declaración de que: la alternativa de Grupo Alcoa Inespal al despido colectivo (el propuesto en 2018 y negociado hasta el mes de julio de 2019), consistente en la trasmisión de las plantillas de Alcoa Avilés y Acoa A Coruña había sido una mera apariencia; que una parte esencial de las condiciones que había expuesto Alcoa sobre financiación y mantenimiento de la actividad llevadas al acuerdo de 4 de julio de 2019 no se habían cumplido; que la trasmisión no había tenido lugar conforme a lo acordado; que el acuerdo de 15 de enero de 2019 estaba vigente, en particular en lo relativo a extinciones contractuales por causas objetivas y el plan de recolocación externa; que "en caso de extinción de los contratos de trabajo de toda o parte de las plantillas que prestan servicios en las plantas de Avilés y A Coruña, con independencia de cuál sea la fecha de la extinción y de qué empresario nominal la acuerde, se dé pleno cumplimiento a las condiciones sobre extinción de contratos y plan de recolocación externa incluidos en los apartados 7 y 8 del acuerdo de 15 de enero de 2019"; que si se extinguieran contratos por esos incumplimientos la responsabilidad solidaria alcanzaría a todas las demandadas. En aquel procedimiento se tenía en cuenta no más que las extinciones contractuales, cualquiera que fuera la fecha en que tuviera lugar, "acordadas por la empresa", cualquiera que fuera el nombre de la empresa que las acordara, y el demandante no vio extinguido el contrato de trabajo con Alu Ibérica AVL SL por decisión de ésta ni de ninguna otra demandada; ni siquiera extinguió la relación laboral bajo el alegato de incumplimientos contractuales de la empleadora, lo hizo a voluntad propia y sin intervención de decisión empresarial, comunicó la baja voluntaria y la hizo efectiva cuando ya prestaba servicios por cuenta de otro empleador, sin más que recibir el correspondiente finiquito. La sentencia de la AN 138/2021, de 15 de junio, en el conflicto colectivo 440/2020, estimó parcialmente la demanda. Recurrida la sentencia por ambas partes y estando en trámite el recurso de casación, los demandantes (los sindicatos CCOO, USO, UGT, y las confederaciones CIG y CCP) y de entre las demandadas [Grupo Alcoa Inespal (Alcoa Inespal SLU, Aluminio Español SL, Alúmina Española SA), PM MR 1866 SL, Iberian Green Aluminum Company SL, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL, Alu Holding AC Spain SL, Alu Hoding AVL 2019 Spain, Parter Capital Group AG, Blue Motion Technologies Holding AG], Grupo Alcoa, Alu Ibérica AVL SL y Alu Ibérica LC SL, el 21 de abril de 2022 alcanzaron un acuerdo al que llamaron acuerdo transaccional global, que el 28 de julio de 2022 presentaron y el 14 de septiembre ratificaron ante la Sala de lo Social del TS para su homologación. El acuerdo consta de cuatro cláusulas, en la primera dice que sustituye a la sentencia 138/2021 de la AN, que queda total y absolutamente sin efecto, y que producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución que versen sobre idéntico objeto o en relación con directa conexidad con aquél; en la segunda, que Grupo Alcoa Inespal respetó y cumplió todas las obligaciones y compromisos derivados del proceso de despido colectivo, en particular los acuerdos de 15 de enero y 4 de julio de 2019, que pusieron fin al periodo de consultas y al de información en el seno de la comisión de seguimiento de aquel primer acuerdo, respectivamente, ambos quedaron completados, ya no están en vigor ni son exigibles, que en la venta efectuada en julio de 2019 a Grupo Parter de las participaciones de las plantas de Avilés y A Coruña actuó con diligencia y buena fe, también con posterioridad a dicha venta, que no tiene ninguna responsabilidad por lo sucedido tras esa venta, ni responsabilidad frente a las sociedades transmitidas y los trabajadores por cuenta de estas, actuales y o pasados, de los que se desvinculó el 31 de julio de 2019, sin perjuicio de los compromisos que adquiere en este acuerdo; en la tercera, que como el conflicto colectivo se planteó para los supuestos de extinción de los contratos de trabajo, solo afecta al personal con contrato vigente o con reserva de puesto de trabajo, y solo estos tendrán derecho a las indemnización por el despido colectivo en el seno de los procedimientos concursales de Alu Ibérica AVL y LC SL, que son las consignadas en los anexos 1 y 2, respectivamente, con nombre, apellidos, antigüedad a efectos de años de servicio para el cálculo de la indemnización, salario regulador e importe total bruto a percibir por cada trabajador, y que manifestaron expresamente su conformidad con este acuerdo; y la cuarta, se refiere a la desvinculación de Grup Alcoa del colectivo afectado, una vez cumplidos los términos de este acuerdo. Nuevamente en el acuerdo transaccional se ciñe el objeto del procedimiento y el colectivo afectado. El objeto, las extinciones de los contratos de los trabajadores que aún forman parte de la plantilla de las sociedades afectadas, en activo o con reserva de puesto de trabajo: el colectivo, los trabajadores incluidos en las listas nominales de la respectiva empleadora, entre ellos no figura el demandante, su contrato no estaba en vigor desde el mes de abril de 2021 y en modo alguno podía dar su conformidad a un acuerdo alcanzado en un procedimiento judicial en el que no era parte.El TS homologó al acuerdo por Auto de 19 de octubre de 2022, porque en el ejercicio de las facultades legales de disposición las partes habían aceptado los términos del mismo, reunía las exigencias legales (artículos 235.4 y 236 de la LJS) , no concurre norma prohibitiva ni limitativa de la transacción, ni indicios de que la voluntad de alguno de los firmantes esté viciada. El Auto señala que el acuerdo pone fin al proceso de conflicto colectivo 440/2020, sustituye a lo allí resuelto en la sentencia dictada por la AN, y constituye el título ejecutivo por lo acordado. La homologación sigue dejando al demandante fuera el conflicto colectivo. Por Auto de 23 de marzo de 2023 la Sala de lo Social del TS tuvo por formuladas tres demandadas de impugnación de la transacción homologada, que habían presentado un total de 17 trabajadores que lo habían sido por cuenta de Alu Ibérica LC SL, contra CCOO. UGT, USO, CIG, CCP. Grupo Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL SL y su administrador concursal, Alu Ibérica LC SL y su administrador concursal, que quedaron acumuladas en el procedimiento 5/2023, resuelto por sentencia 465/2023, de 3 de julio. Según consta en los hechos probados de esa sentencia cada demandante tiene su particular situación laboral: en excedencia desde el año 2020 y alta por cuenta de otra empresa desde entonces; baja voluntaria desde el 31 de agosto de 2019 e indemnización de la empresa por importe de 49.882,61€, y alta por cuenta de otra empleadora en septiembre de ese año; solicitud de baja en marzo de 2020, desde entonces en Convenio Especial, e indemnización abonada por la empresa de 65.000€; baja voluntaria en noviembre de 2021 y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; baja voluntaria de marzo de 2020, con indemnización de 65.000€ abonada por la empresa, y alta en 2022 por cuenta de otra; baja voluntaria en agosto de 2020 y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; excedencia voluntaria en septiembre de 2020 y alta en la misma fecha pro cuenta de otra empresa; excedencia voluntaria por dos años a contar desde el mes de febrero de 2021 y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; excedencia voluntaria de un año a contar desde octubre de 2021 y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; baja voluntaria en septiembre de 2020 y alta unos días antes por cuenta de otra empresa; incapacidad permanente total para la profesión habitual por resolución del INSS de noviembre de 2021; baja voluntaria en marzo de 2020, con indemnización de 43.395,86€ abonados por la empleadora y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; excedencia voluntaria en julio de 2020 y alta en la misma fecha por cuenta de otra empresa; incapacidad permanente total para la profesión habitual en noviembre de 2021 con mejora de prestaciones, otra de febrero de 2021 también mejorada, una más de julio de 2021 igualmente mejorada; y baja voluntaria de 31 de agosto de 2019, con indemnización de 39.079,80€, y alta en la misma fecha por cuenta de otra empleadora. Los demandantes solicitaban la declaración de la nulidad del Auto de homologación de aquel acuerdo que decían fraguado con mala fe, dolo y fraude, pues les dejaba fuera del mismo, con la consiguiente continuación del procedimiento hasta dictar sentencia que confirmara la dictada por la AN; subsidiariamente, la declaración de que están incluidos en el acuerdo transaccional; subsidiariamente, la declaración de que el Auto de homologación no les es aplicable y que para ellos es firme y aplicable la sentencia de la AN. El TS descarta la estimación de la primera pretensión y de la segunda, en la medida en que los contratos con cese voluntario, excedencia voluntaria o incapacidad permanente no son contratos que hayan finalizado ni por iniciativa de la empresa en el seno de un expediente de regulación de empleo de despido colectivo ni por el Juzgado de lo Mercantil, y es decisivo que la causa extintiva ha sido una distinta a la contemplada en los acuerdos de 2019, por cuanto que aun cuando estuvieran prestando servicios en el momento en que tales acuerdos se suscribieron, no perfeccionaron el derecho a obtener la indemnización en ellos contemplada, solo cuando se activa de manera real la terminación contractual prevista cabe pensar que ingresa en el patrimonio del demandante el correspondiente derecho, y por esa misma razón descarta que los demandantes puedan reclamar que se les integre en dicho acuerdo o que se extienda sus efectos a quienes no se encuentran en el supuesto en el mismo contemplado, esto es la extinción del contrato en el seno del concurso como consecuencia de la crisis que arrastran las empresas demandadas. Descarta, también, la estimación de la tercera, pues al mantener la validez del Auto de homologación es preciso admitir que la sentencia de la AN ha desaparecido. También la sentencia del TS 465/2023 deja al demandante extra muros del acuerdo transaccional homologado. El acuerdo transaccional homologado no surte efecto de cosa juzgada, pues ni es sentencia firme ni las sucesivas precisiones acerca de su ámbito y alcance, que hemos analizado, permiten tener al demandante como parte del mismo".

NOVENO.- En la mentada sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias, se recoge la siguiente fundamentación relativa la pretensión de incumplimiento contractual y correspondiente indemnización, que aquí se transcribe -subrayado de quien suscribe- "De entre esos alegados incumplimientos, subraya el último y lo eleva a reconocimiento implícito de esa negligencia o incumplimiento (primero en la elección del comprador, después en su vigilancia), y es ello la asunción del coste del despido colectivo según consta en el acuerdo transaccional homologado. Afirma que la pérdida de un empleo estable en una empresa seria, solvente y rigurosa es el daño causado, a cuantificar teniendo en cuenta cómo lo había cuantificado Alcoa en el primer semestre del año 2019, una indemnización de 60 días de salario por año de servicio, sin tope, y 10.000€ más. Alu Ibérica LC SL y su administrador concursal oponen que ninguna participación tuvo esta sociedad en los acuerdos que el recurrente dice incumplidos, de modo que ninguna responsabilidad puede derivar para esta parte de los invocados incumplimientos; que no hay daños y perjuicios para quien decidió voluntariamente extinguir su contrato y antes ,incluso de ello, ya prestaba servicios para otra empresa; que, en último caso, la relación de causalidad entre el incumplimiento denunciado y el daño alegado se ha roto con el cese voluntario. Grupo Alcoa Inespal opone que la sentencia de instancia estimó la excepción de falta de legitimación pasiva de esta parte, de modo que ninguna responsabilidad le puede alcanzar. Sostiene que el recurrente incurre en contradicciones cuando de un lado se quiere vincular al conflicto colectivo y de otro refuta lo que resultó del mismo; que lo procedente en su caso había sido ejercitar la acción prevista en el artículo 50 del ET, precepto laboral que sustituye al artículo 1.101 del Cc, según STS/Sala IV, de 7 de febrero de 2007, pero en la actualidad su contrato ya no está vigente; que la suya fue una baja voluntaria y cuando ya había iniciado una relación laboral con otra empresa; que no hay prueba de incumplimiento, como tampoco de daño y perjuicio. Nuestra sentencia nunca podría tener efectos adversos para Grupo Alcoa Inespal y para Alu Ibérica LC SL y para el administrador concursal de la última, absueltas en la sentencia de instancia por falta de legitimación pasiva, una decisión judicial que el recurrente no ha combatido; pero ello, y aunque sean aquellas las únicas impugnantes del recurso, no impide la necesaria respuesta a la denuncia de infracción de normas sustantivas, pues en la parte demandada concurren otras mercantiles y el administrador concursal de una de ellas. De los hechos probados se desprende que en el expediente de regulación de empleo la representación legal de los trabajadores y la parte empresarial representada por Grupo Alcoa Inespal, alcanzaron dos acuerdos, en el de 15 de enero de 2019 previeron: 1º La venta de las plantas de Alcoa Inespal Avilés y de A Coruña, a una empresa seria y solvente que continuara con la actividad productiva y mantuviera el empleo, bajo la supervisión de Alcoa y con aportación financiera de ésta para hacerlo posible; 2º Si la anterior posibilidad fracasaba, se procedería al despido colectivo de la mayor parte de la plantilla de cada empresa, por causas objetivas, y los despedidos recibirían una salida mejorada en sus consecuencias (60 días de salario por año de servicio y 10.000€ más o un plan de pensiones, en función de la edad de cada trabajador). Se puso en marcha la primera salida de aquel acuerdo y bajo el seguimiento de la Comisión negociadora Alcoa buscó comprador. Cuando Alcoa se había decantado por uno de los compradores concurrentes, Parter Capital Group, empresa y representantes legales de los trabajadores llegaron al acuerdo de 4 de julio de 2019, que posponía la ejecución del despido colectivo hasta el 1 de agosto de 2019, si para entonces no se había efectuado la venta daría comienzo la extinción de los contratos de trabajo, al tiempo que se condicionaba la venta de las participaciones sociales de las dos plantas a que el comprador Parter antes del 31 de julio obtuviese préstamos o créditos por determinados importes a destinar a cada una de las plantas, de hacerlo y resultar posible la formalización del contrato de compraventa se entendía completado el acuerdo. La venta tuvo lugar a principios del mes de julio de aquel año, se formalizó el último día de ese mes, y los despidos colectivos llegaron años más tarde (2022) en procesos concursales, con aportación económica de Grupo Alcoa Inespal para el pago de las indemnizaciones, mejoradas hasta alcanzar el importe resultante de calcular a razón de 60 días de salario por año de servicio y 10.000€ más, según lo convenido en el acuerdo transaccional homologado. Con posterioridad a la transmisión de las participaciones sociales Grupo Alcoa, que había desembolsado cantidades destinadas a reactivar las plantas vendidas, hubo de demandar a la compradora inicial y a otras más que habían participado en una ulterior transmisión de las mismas empresas, se incoó procedimiento penal para esclarecer las operaciones mercantiles llevadas a cabo y se tramitó un conflicto colectivo que terminó en un acuerdo transaccional en el que los cinco sindicatos demandantes reconocen que Grupo Alcoa cumplió con cuanto se había comprometido en aquellos acuerdos y que lo hizo de manera diligente y con buena fe. De esos hechos no se colige incumplimiento contractual ni continuara con la actividad productiva y mantuviera el empleo, bajo la supervisión de Alcoa y con aportación financiera de ésta para hacerlo posible; 2º Si la anterior posibilidad fracasaba, se procedería al despido colectivo de la mayor parte de la plantilla de cada empresa, por causas objetivas, y los despedidos recibirían una salida mejorada en sus consecuencias (60 días de salario por año de servicio y 10.000€ más o un plan de pensiones, en función de la edad de cada trabajador). Se puso en marcha la primera salida de aquel acuerdo y bajo el seguimiento de la Comisión negociadora Alcoa buscó comprador. Cuando Alcoa se había decantado por uno de los compradores concurrentes, Parter Capital Group, empresa y representantes legales de los trabajadores llegaron al acuerdo de 4 de julio de 2019, que posponía la ejecución del despido colectivo hasta el 1 de agosto de 2019, si para entonces no se había efectuado la venta daría comienzo la extinción de los contratos de trabajo, al tiempo que se condicionaba la venta de las participaciones sociales de las dos plantas a que el comprador Parter antes del 31 de julio obtuviese préstamos o créditos por determinados importes a destinar a cada una de las plantas, de hacerlo y resultar posible la formalización del contrato de compraventa se entendía completado el acuerdo. La venta tuvo lugar a principios del mes de julio de aquel año, se formalizó el último día de ese mes, y los despidos colectivos llegaron años más tarde (2022) en procesos concursales, con aportación económica de Grupo Alcoa Inespal para el pago de las indemnizaciones, mejoradas hasta alcanzar el importe resultante de calcular a razón de 60 días de salario por año de servicio y 10.000€ más, según lo convenido en el acuerdo transaccional homologado. Con posterioridad a la transmisión de las participaciones sociales Grupo Alcoa, que había desembolsado cantidades destinadas a reactivar las plantas vendidas, hubo de demandar a la compradora inicial y a otras más que habían participado en una ulterior transmisión de las mismas empresas, se incoó procedimiento penal para esclarecer las operaciones mercantiles llevadas a cabo y se tramitó un conflicto colectivo que terminó en un acuerdo transaccional en el que los cinco sindicatos demandantes reconocen que Grupo Alcoa cumplió con cuanto se había comprometido en aquellos acuerdos y que lo hizo de manera diligente y con buena fe. De esos hechos no se colige incumplimiento contractual ni negligencia. También en esto el recurrente fluctúa entre argumentos propios de una imputación de incumplimiento intencionado o doloso y otros propios de imprudencia, pero ninguno de ellos cuenta con soporte fáctico, su elaboración del supuesto quiere ser fiel adaptación al caso de la sentencia de la AN, inexistente una vez su contenido se sustituyó por un acuerdo transaccional que aunque, como sostiene esta parte, no produce para el demandante efectos de cosa juzgada, se sustenta sobre todo lo contrario a lo que son los presupuestos de la acción indemnizatoria ejercitada. El desenlace del problemático proceso postventa de la plantas de Avilés y A Coruña y el hecho de que Grupo Alcoa asumiera las consecuencias económicas de los despidos colectivos acordados en el año 2022 en sendos procesos concursales no son evidencias del incumplimiento contractual denunciado en este caso, y no podemos soslayar que todo ello está presente en aquel acuerdo transaccional en que los representantes de los trabajadores descartan el incumplimiento empresarial mismo y la negligencia. No acreditado el incumplimiento, resulta innecesario considerar otras circunstancias concurrentes, como la salida de la empresa por decisión unilateral y voluntaria cuando el demandante ya contaba con otra relación laboral en curso, y la falta de efectiva prueba del daño causado".

DÉCIMO.- 1)La Sociedad "Alu Ibérica AVL, S.L." se constituyó como sociedad limitada por tiempo indefinido, bajo la denominación de "Alcoa Inespal Avilés, S.L.", mediante escritura pública de 23 de octubre de 2013, siendo su único socio fundador "Alcoa Inespal, S.A.". 2) En escritura autorizada por el Notario de Madrid D. José María de Prada Guaita, el 4 de febrero de 2014, con el número 171/2014 de su protocolo, se deja constancia de escisión por segregación, ampliación de capital y modificación de estatutos en los siguientes términos: las entidades "Alcoa Inespal, S.A." y "Alcoa Inespal Avilés, S.L." tienen como actividades sociales las que determina el artículo segundo de sus estatutos sociales. 2. Entre los elementos patrimoniales de la sociedad "Alcoa Inespal, S.A." (unipersonal), se encuentran los elementos del activo y del pasivo que constituyen la unidad económica independiente, correspondiente a la fábrica de producción de aluminio primario situada en Avilés (Asturias). 3. La totalidad de las participaciones representativas del capital social de "Alcoa Inespal Avilés, S.L." (unipersonal) son propiedad de "Alcoa Inespal, S.A." (unipersonal). 4. D. Obdulio, como Administrador único de las sociedades "Alcoa Inespal, S.A." (unipersonal) y "Alcoa Inespal Avilés, S.L.", decidió promover la escisión por segregación de la rama de actividad de la primera en el apartado precedente, con la finalidad de traspasarla en bloque por sucesión universal a la segunda. Se escinde parcialmente la sociedad "Alcoa Inespal, S.A.U.", mediante la segregación, sin extinguirse, de la unidad económica independiente, correspondiente a la fábrica de producción de aluminio primario situada en Avilés (Asturias), cuyos elementos patrimoniales constan identificados en el balance de aportación. La unidad económica independiente antes segregada se traspasa en bloque, a título de sucesión universal, a la sociedad "Alcoa Inespal Avilés, S.L.U.", adquiriendo la entidad segregada las nuevas participaciones sociales creadas en la ampliación de capital. Ampliación de capital. Se amplía el capital social de la Compañía "ALCOA INESPAL AVILÉS, S.L.U." en la cifra de cincuenta millones de euros, es decir, hasta alcanzar la cantidad de cincuenta millones tres mil euros, con una prima de asunción total de cincuenta y seis millones setecientos trece mil quinientos diecisiete euros. Dicha ampliación se lleva a cabo mediante la creación de cincuenta millones de nuevas participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 3.001 a la 50.003.000, ambas inclusive. La ampliación de capital es totalmente asumida por el socio único, "ALCOA INESPAL, S.A.U."; 3)tal y como se hace constar en escritura autorizada por el Notario de Madrid D. José María de Prada Guaita, el 31 de julio de 2019, con el número 1377/2019 de su protocolo, la Sociedad "Alcoa Inespal Avilés, S.L.U.", ha cambiado de socio único por adquisición de todas las participaciones sociales por la Sociedad de nacionalidad española "Alu Holding AVL 2019 Spain, S.L., en la escritura autorizada por el Notario de Madrid D. José María de Prada Guaita, el 31 de julio de 2019, con el número 1303/2019 de su protocolo, se eleva a público la decisión del Socio Único de 31 de julio de 2019, que acordó cambiar la denominación social y en consecuencia dar nueva redacción al Artículo 1 de los Estatutos sociales. " Artículo 1: La Sociedad se denomina "Alu Iberica AVL, S.L." La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, por los preceptos del TRLSC, aprobado por RDL 1/2010, de 2 de julio; por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y por las demás disposiciones legales aplicables."; 4) desde el 31 de octubre de 2019, por haber adquirido el 100% de las participaciones, la sociedad "Alu Ibérica AVL, S.L.", tiene un único socio "ALU HOLDING AVL 2019 Spain, S.L." - todo ello según el informe provisional del administrador concursal de Alu Ibérica AVL S.L., unido al procedimiento-.

UNDÉCIMO.- No consta que el actor sea o haya sido representante legal de los trabajadores.

DUODÉCIMO.- El 25 de mayo de 2022 se celebró acta de conciliación ante la Unidad de Mediación, arbitraje y conciliación de Avilés con el resultado sin avenencia respecto de Grupo Alcoa Inespal e intentado sin efecto respecto de Alu Ibérica AVL SL y Alu Ibérica LC SL."

TERCERO:La sentencia dictada desestima la demanda.

CUARTO:La parte actora anunció y formalizó recurso de suplicación, impugnado por las demandadas Alu Ibérica LC SL y D. Alexis, Alu Ibérica AVL SL y D. Edmundo y Grupo Alcoa Inespal.

QUINTO:Proveído el recurso, el Juzgado de lo Social elevó los autos a esta Sala del Tribunal Superior de Justicia, donde tuvieron entrada el 6 de mayo Admitido a trámite, se turnó y se designó Magistrada Ponente.

SEXTO:Instruida la Magistrada Ponente del recurso, se señaló el 20 de noviembre para los actos de deliberación, votación y fallo, que tuvieron lugar en esa fecha con el siguiente resultado.