Sentencia Social 1233/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5379/2025 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Tarragona (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Tarragona Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 2-6-2025 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 63/2025 ), seguidos a instancia de Dª Luisa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega los motivos siguientes motivos, que estructura del modo siguiente:

"PRIMERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que solicita la modificación del Hecho Probado Sexto.

" SEGUNDO.- (Sin título). En el que argumenta la relevancia de la modificación del Hecho Probado Sexto, señalando que, sobre la base de dicha modificación, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

TERCERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que se solicita la adición de un Hecho Probado nuevo, el Séptimo.

"SEGUNDO.- INDEFENSIÓN ( ART. 24 Ce): NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Realmente sería el motivo Cuarto.

Solicitando que se dicte sentencia en la que se decrete la nulidad de la recurrida, estimando la demanda interpuesta; y, en cualquier caso, se dicte resolución por la que se deje sin efecto la sentencia de instancia, y con estimación de la revisión de hechos probados en el sentido solicitado, se estime la demanda, con todos los pronunciamientos que le sean inherentes y favorables.

La entidad demandada no ha presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- Como cuestión previa, se han de realizar las siguientes precisiones.

El planteamiento del recurso adolece de una defectuosa técnica procesal.

No obstante, y de los argumentos expuestos en cada uno de los motivos, lo que resulta es que lo que la parte recurrente, lo que realmente plantea es los siguiente: un motivo de nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en el último motivo del recurso); dos motivos de revisión fáctica cuyo amparo correcto es el apartado b) del artículo 193 de la citada Ley (en los motivos primero y tercero), y un motivo de censura jurídico sustantiva, cuyo amparo correcto es el apartado c) del citado precepto (motivo segundo).

En estos términos y por el orden expuesto, debe ser examinado el recurso de suplicación formulado.

CUARTO.- La parte recurrente solicita la nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Se denuncia como infringido el artículo 24 de la Constitución Española, aduciendo indefensión.

En síntesis, la parte recurrente alega, en primer lugar, que la sentencia de instancia carece de motivación suficiente, por la omisión de patologías que presenta la parte actora, así como por la omisión del contenido funcional y requerimiento de la profesión habitual de la actora, de esteticista. Y, en segundo lugar, que de la prueba practicada resulta que la actora presenta limitaciones severas a nivel cervical, medular, lumbar, a nivel de hombro izquierdo, de cadera, de rodilla, un dolor neuropático, así como una incontinencia urinaria que no ha respondido a ningún tratamiento, y que le producen limitación en su profesión que está configurada en la atención al cliente; y que, por ello considera que el error en la determinación de los hechos probados genera manifiesta indefensión.

QUINTO.- Debe desestimarse la nulidad solicitada, por las consideraciones que se exponen a continuación.

Se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por lo que respecta a la insuficiencia del relato fáctico, debe tenerse presente la doctrina jurisprudencial, que ha determinado que aquélla únicamente dará lugar a la nulidad de la sentencia en aquellos supuestos en que la resolución no haya reflejado todos los integrantes del debate procesal relevantes para la decisión del Juez a quo, y para la eventual solución del recurso, causantes de indefensión, pero matizando que las irregularidades formales o de redacción, así como la indicación en la fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o la remisión a documentos obrantes en autos, no tienen fuerza invalidante de la resolución judicial por sí mismas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre y 9 de diciembre de 1.989 ) y considerando la anulación de la sentencia por tal causa como última ratio para el supuesto en que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial en su caso no pueda subsanarse por una u otra vía.

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia se encuentra suficientemente motivada, recogiendo en los hechos probados la profesión habitual de la actora, Esteticista, así como las patologías que se declaran probadas, y en los Fundamentos de Derecho, se expone la valoración y las razones por las que la Magistrada de instancia, concluye que la actora no está limitada para el desempeño de su profesión habitual. Ha de señalarse que la alegada omisión de patologías o de las funciones desempeñadas por la actora, no pueden justificar la nulidad solicitada, ya que pueden subsanarse, en el caso de existir, a través del correspondiente motivo de revisión fáctica, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO.- En los motivos primero y tercero del recurso, amparados, correctamente, en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SÉPTIMO.- Desde la perspectiva expuesta, se ha de analizar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Sexto,cuya redacción es la siguiente: "La Sra. Luisa presenta el siguiente cuadro residual: antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual de la Sra. Luisa es el siguiente:

- Lumbalgia crónica, secundaria a los cambios degenerativos que afectan al ramo lumbar de la columna vertebral con afectación / existencia de artrosis en las articulaciones inter-apofisarias de la columna lumbar baja, de una alteración en la alineación vertebral de L3-L4 y de L4-L5, de una listesis grado I, y de un abombamiento discal póstero-medial a nivel L3-L4 a L5-S1 (RMN de fecha 04/09/2020).

- Cervicalgia crónica,secundaria a los cambios degenerativos que afectan al tramo cervical de la columna vertebral con afectación / existencia de una protrusión discal póstero-me-dial derecha C3-C4, de una hernia discal pósterocentral C4-C5 (informe radiología 03.132.2024), de una discartrosis C5-C6, de una protrusión discal póstero-medial derecha C6-C7, y cambios artrósicos en las articulaciones interapofisarias y uncovertebrales (RMN de fecha 04/09/2020).

- Incontinencia urinaria mixta,proceso generado por la existencia de un detrusor hiperactivo que impone la micción y genera escapes a baja capacidad vesical de 50cc (estudio urodinámico-manométrico de fecha 16/02/2021), y causante tanto de incontinencia de esfuerzo como de incontinencia de urgencia y con empeoramiento respecto al estudio previo rea-lizado / llevado a cabo en el año 2014 (informes de fechas 16/02/2021, 24/02/2021 y 07/03/2022).

Proceso que ha sido tratado farmacológicamente sin éxito (informes de fecha 24/02/2021 y 07/03/2022), y últimamente a la aplicación intravesical de toxina botulínica (informe de fecha 24/08/2022), esta última sin resultados (informe de fecha 20/03/2025).

- Lesión medular incompleta residual C3-D1,proceso secundario al padecimiento de una hematoma espinal espontáneo con compresión y distorsión del cordón medular (RMN y TAC de fecha 07/01/2020).

Proceso que precisó de su evacuación quirúrgica urgente con la práctica añadida de una hemilaminectomía derecha de C5 y de C6 y de una semihemilaminectomía inferior de C4 y supe-rior de C7, proceso que se estabilizó con la existencia de un microfoco mielomalácico en el nivel C5-C6 sin afectación motora pero con una afectación sensitiva C1, NN C1. AIS D, es decir con una afectación sensitiva en forma de dolor neuropático en las extremidades inferiores.

- Cambios degenerativos y/o inflamatorios de las articulaciones sacro-ilíacas(informe de radiología de pelvis del 20.08.2021).

. Sacrioleitis derecha y trocanteritis derecha (informe 20.09.2021)

- Condriopatía fémoro-patelar de grado IV en la tróclea femoral de la rodilla izquierda-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Condriopatía rotuliana de grado III de la rodilla derecha-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Tendinopatía del supraespinoso izquierdo(informe de radiología de 30.08.2022)

- Dolor neuropático(informes de la Unidad del Dolor de fecha 22.09.22, 24.04.23 y noviembre de 2024).

- Osteoporosis"

Como fundamento de la modificación se cita la prueba documental obrante en las actuaciones, concretando los informes médicos en el propio texto propuesto; señalando que es relevante a los efectos de valorar todas las patologías que presenta la actora.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados, que sustituya a la realizada por la Juzgadora de instancia. Consta en el Fundamento de Derecho Tercero, un análisis pormenorizado de los distintos informes médicos aportados, exponiendo las razones por las que otorga mayor valor probatorio a unos informes sobre otros, sin que se evidencia en la valoración judicial un error palmario ni tampoco que la misma sea ilógica, injustificada o arbitraria.

2º.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado, como Séptimo, con la siguiente redacción: "El profesiograma de la profesión de ESTETICIEN ha sido publicado por el Ministerio de Trabajo en la Guía Profesional", en sus páginas 642-643, estableciendo requerimientos físicos (carga física, carga biomecánica, etc) y mentales de la profesión."

Se desestima la adición solicitada.La Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social no es prueba documental a efectos de la revisión; sin perjuicio de que, en censura jurídico sustantiva, pueda ser utilizada, con carácter orientativo, respecto a los requerimientos de la profesión.

OCTAVO.- En el motivo segundo, se contiene censura jurídico sustantiva, cuyo amparo procesal correcto es el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Aun cuando no se cita expresamente el precepto que se considera infringido, se hace una referencia a los requisitos que definen el concepto legal de incapacidad permanente, que se contienen en el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social.

En síntesis, argumenta la parte recurrente, que, sobre la base de la modificación fáctica solicitada, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

NOVENO.- Para resolver el motivo de censura jurídico sustantiva se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la actualidad Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

DÉCIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica pretendida y que, transcrito en los antecedentes de esta resolución, se tiene aquí por reproducido.

Del mismo resulta que la profesión habitual de la actora es la de esteticista, y presenta las siguientes patologías: "antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Con base en la situación patológica descrita, ha de mantenerse el criterio de la Magistrada de instancia. Pues respecto a la patología que afectan a nivel cervical y lumbar, en la actualidad consta una mejoría motora, sin que se describa una repercusión funcional relevante, en cuanto al dolor neuropático en extremidades inferiores y la condropatía en la rodilla izquierda, no se describe la existencia de afectación a la bipedestación ni deambulación, la incontinencia urinaria de urgencia, y de esfuerzo, no está descrita como grave, ni consta uso de pañales; además de que respecto a la primera se la ha pautado toxina botulínica, y respecto a la segunda, está pendiente de valoración sobre si procede una intervención quirúrgica, por lo que no se puede considerar como de carácter permanente. En cualquier caso, la actora presenta, en la actualidad, limitación para realizar grandes esfuerzos físicos, por la incontinencia urinaria, y en su profesión habitual de esteticista no existen tales requerimientos; ya que, según la Guía Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la profesión de esteticista (CNO-11: 5812), describen requerimientos de carga biomecánica a nivel cervical, dorso-lumbar, de 3 sobre 4, y de rodilla de 2 sobre 4, y bipedestación estática de 3 sobre 4, y requerimientos de atención al público de 3 sobre 4, pero de manipulación de cargas es de 1 sobre 4.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse este segundo motivo del recurso, al no apreciarse la infracción de normativa denunciada.

UNDÉCIMO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

DUODÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Tarragona (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Tarragona Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 2-6-2025 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 63/2025 ), seguidos a instancia de Dª Luisa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega los motivos siguientes motivos, que estructura del modo siguiente:

"PRIMERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que solicita la modificación del Hecho Probado Sexto.

" SEGUNDO.- (Sin título). En el que argumenta la relevancia de la modificación del Hecho Probado Sexto, señalando que, sobre la base de dicha modificación, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

TERCERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que se solicita la adición de un Hecho Probado nuevo, el Séptimo.

"SEGUNDO.- INDEFENSIÓN ( ART. 24 Ce): NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Realmente sería el motivo Cuarto.

Solicitando que se dicte sentencia en la que se decrete la nulidad de la recurrida, estimando la demanda interpuesta; y, en cualquier caso, se dicte resolución por la que se deje sin efecto la sentencia de instancia, y con estimación de la revisión de hechos probados en el sentido solicitado, se estime la demanda, con todos los pronunciamientos que le sean inherentes y favorables.

La entidad demandada no ha presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- Como cuestión previa, se han de realizar las siguientes precisiones.

El planteamiento del recurso adolece de una defectuosa técnica procesal.

No obstante, y de los argumentos expuestos en cada uno de los motivos, lo que resulta es que lo que la parte recurrente, lo que realmente plantea es los siguiente: un motivo de nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en el último motivo del recurso); dos motivos de revisión fáctica cuyo amparo correcto es el apartado b) del artículo 193 de la citada Ley (en los motivos primero y tercero), y un motivo de censura jurídico sustantiva, cuyo amparo correcto es el apartado c) del citado precepto (motivo segundo).

En estos términos y por el orden expuesto, debe ser examinado el recurso de suplicación formulado.

CUARTO.- La parte recurrente solicita la nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Se denuncia como infringido el artículo 24 de la Constitución Española, aduciendo indefensión.

En síntesis, la parte recurrente alega, en primer lugar, que la sentencia de instancia carece de motivación suficiente, por la omisión de patologías que presenta la parte actora, así como por la omisión del contenido funcional y requerimiento de la profesión habitual de la actora, de esteticista. Y, en segundo lugar, que de la prueba practicada resulta que la actora presenta limitaciones severas a nivel cervical, medular, lumbar, a nivel de hombro izquierdo, de cadera, de rodilla, un dolor neuropático, así como una incontinencia urinaria que no ha respondido a ningún tratamiento, y que le producen limitación en su profesión que está configurada en la atención al cliente; y que, por ello considera que el error en la determinación de los hechos probados genera manifiesta indefensión.

QUINTO.- Debe desestimarse la nulidad solicitada, por las consideraciones que se exponen a continuación.

Se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por lo que respecta a la insuficiencia del relato fáctico, debe tenerse presente la doctrina jurisprudencial, que ha determinado que aquélla únicamente dará lugar a la nulidad de la sentencia en aquellos supuestos en que la resolución no haya reflejado todos los integrantes del debate procesal relevantes para la decisión del Juez a quo, y para la eventual solución del recurso, causantes de indefensión, pero matizando que las irregularidades formales o de redacción, así como la indicación en la fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o la remisión a documentos obrantes en autos, no tienen fuerza invalidante de la resolución judicial por sí mismas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre y 9 de diciembre de 1.989 ) y considerando la anulación de la sentencia por tal causa como última ratio para el supuesto en que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial en su caso no pueda subsanarse por una u otra vía.

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia se encuentra suficientemente motivada, recogiendo en los hechos probados la profesión habitual de la actora, Esteticista, así como las patologías que se declaran probadas, y en los Fundamentos de Derecho, se expone la valoración y las razones por las que la Magistrada de instancia, concluye que la actora no está limitada para el desempeño de su profesión habitual. Ha de señalarse que la alegada omisión de patologías o de las funciones desempeñadas por la actora, no pueden justificar la nulidad solicitada, ya que pueden subsanarse, en el caso de existir, a través del correspondiente motivo de revisión fáctica, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO.- En los motivos primero y tercero del recurso, amparados, correctamente, en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SÉPTIMO.- Desde la perspectiva expuesta, se ha de analizar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Sexto,cuya redacción es la siguiente: "La Sra. Luisa presenta el siguiente cuadro residual: antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual de la Sra. Luisa es el siguiente:

- Lumbalgia crónica, secundaria a los cambios degenerativos que afectan al ramo lumbar de la columna vertebral con afectación / existencia de artrosis en las articulaciones inter-apofisarias de la columna lumbar baja, de una alteración en la alineación vertebral de L3-L4 y de L4-L5, de una listesis grado I, y de un abombamiento discal póstero-medial a nivel L3-L4 a L5-S1 (RMN de fecha 04/09/2020).

- Cervicalgia crónica,secundaria a los cambios degenerativos que afectan al tramo cervical de la columna vertebral con afectación / existencia de una protrusión discal póstero-me-dial derecha C3-C4, de una hernia discal pósterocentral C4-C5 (informe radiología 03.132.2024), de una discartrosis C5-C6, de una protrusión discal póstero-medial derecha C6-C7, y cambios artrósicos en las articulaciones interapofisarias y uncovertebrales (RMN de fecha 04/09/2020).

- Incontinencia urinaria mixta,proceso generado por la existencia de un detrusor hiperactivo que impone la micción y genera escapes a baja capacidad vesical de 50cc (estudio urodinámico-manométrico de fecha 16/02/2021), y causante tanto de incontinencia de esfuerzo como de incontinencia de urgencia y con empeoramiento respecto al estudio previo rea-lizado / llevado a cabo en el año 2014 (informes de fechas 16/02/2021, 24/02/2021 y 07/03/2022).

Proceso que ha sido tratado farmacológicamente sin éxito (informes de fecha 24/02/2021 y 07/03/2022), y últimamente a la aplicación intravesical de toxina botulínica (informe de fecha 24/08/2022), esta última sin resultados (informe de fecha 20/03/2025).

- Lesión medular incompleta residual C3-D1,proceso secundario al padecimiento de una hematoma espinal espontáneo con compresión y distorsión del cordón medular (RMN y TAC de fecha 07/01/2020).

Proceso que precisó de su evacuación quirúrgica urgente con la práctica añadida de una hemilaminectomía derecha de C5 y de C6 y de una semihemilaminectomía inferior de C4 y supe-rior de C7, proceso que se estabilizó con la existencia de un microfoco mielomalácico en el nivel C5-C6 sin afectación motora pero con una afectación sensitiva C1, NN C1. AIS D, es decir con una afectación sensitiva en forma de dolor neuropático en las extremidades inferiores.

- Cambios degenerativos y/o inflamatorios de las articulaciones sacro-ilíacas(informe de radiología de pelvis del 20.08.2021).

. Sacrioleitis derecha y trocanteritis derecha (informe 20.09.2021)

- Condriopatía fémoro-patelar de grado IV en la tróclea femoral de la rodilla izquierda-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Condriopatía rotuliana de grado III de la rodilla derecha-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Tendinopatía del supraespinoso izquierdo(informe de radiología de 30.08.2022)

- Dolor neuropático(informes de la Unidad del Dolor de fecha 22.09.22, 24.04.23 y noviembre de 2024).

- Osteoporosis"

Como fundamento de la modificación se cita la prueba documental obrante en las actuaciones, concretando los informes médicos en el propio texto propuesto; señalando que es relevante a los efectos de valorar todas las patologías que presenta la actora.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados, que sustituya a la realizada por la Juzgadora de instancia. Consta en el Fundamento de Derecho Tercero, un análisis pormenorizado de los distintos informes médicos aportados, exponiendo las razones por las que otorga mayor valor probatorio a unos informes sobre otros, sin que se evidencia en la valoración judicial un error palmario ni tampoco que la misma sea ilógica, injustificada o arbitraria.

2º.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado, como Séptimo, con la siguiente redacción: "El profesiograma de la profesión de ESTETICIEN ha sido publicado por el Ministerio de Trabajo en la Guía Profesional", en sus páginas 642-643, estableciendo requerimientos físicos (carga física, carga biomecánica, etc) y mentales de la profesión."

Se desestima la adición solicitada.La Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social no es prueba documental a efectos de la revisión; sin perjuicio de que, en censura jurídico sustantiva, pueda ser utilizada, con carácter orientativo, respecto a los requerimientos de la profesión.

OCTAVO.- En el motivo segundo, se contiene censura jurídico sustantiva, cuyo amparo procesal correcto es el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Aun cuando no se cita expresamente el precepto que se considera infringido, se hace una referencia a los requisitos que definen el concepto legal de incapacidad permanente, que se contienen en el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social.

En síntesis, argumenta la parte recurrente, que, sobre la base de la modificación fáctica solicitada, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

NOVENO.- Para resolver el motivo de censura jurídico sustantiva se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la actualidad Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

DÉCIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica pretendida y que, transcrito en los antecedentes de esta resolución, se tiene aquí por reproducido.

Del mismo resulta que la profesión habitual de la actora es la de esteticista, y presenta las siguientes patologías: "antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Con base en la situación patológica descrita, ha de mantenerse el criterio de la Magistrada de instancia. Pues respecto a la patología que afectan a nivel cervical y lumbar, en la actualidad consta una mejoría motora, sin que se describa una repercusión funcional relevante, en cuanto al dolor neuropático en extremidades inferiores y la condropatía en la rodilla izquierda, no se describe la existencia de afectación a la bipedestación ni deambulación, la incontinencia urinaria de urgencia, y de esfuerzo, no está descrita como grave, ni consta uso de pañales; además de que respecto a la primera se la ha pautado toxina botulínica, y respecto a la segunda, está pendiente de valoración sobre si procede una intervención quirúrgica, por lo que no se puede considerar como de carácter permanente. En cualquier caso, la actora presenta, en la actualidad, limitación para realizar grandes esfuerzos físicos, por la incontinencia urinaria, y en su profesión habitual de esteticista no existen tales requerimientos; ya que, según la Guía Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la profesión de esteticista (CNO-11: 5812), describen requerimientos de carga biomecánica a nivel cervical, dorso-lumbar, de 3 sobre 4, y de rodilla de 2 sobre 4, y bipedestación estática de 3 sobre 4, y requerimientos de atención al público de 3 sobre 4, pero de manipulación de cargas es de 1 sobre 4.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse este segundo motivo del recurso, al no apreciarse la infracción de normativa denunciada.

UNDÉCIMO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

DUODÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Tarragona (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Tarragona Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 2-6-2025 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 63/2025 ), seguidos a instancia de Dª Luisa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega los motivos siguientes motivos, que estructura del modo siguiente:

"PRIMERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que solicita la modificación del Hecho Probado Sexto.

" SEGUNDO.- (Sin título). En el que argumenta la relevancia de la modificación del Hecho Probado Sexto, señalando que, sobre la base de dicha modificación, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

TERCERO.- ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS. ART. 193 B)". En el que se solicita la adición de un Hecho Probado nuevo, el Séptimo.

"SEGUNDO.- INDEFENSIÓN ( ART. 24 Ce): NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Realmente sería el motivo Cuarto.

Solicitando que se dicte sentencia en la que se decrete la nulidad de la recurrida, estimando la demanda interpuesta; y, en cualquier caso, se dicte resolución por la que se deje sin efecto la sentencia de instancia, y con estimación de la revisión de hechos probados en el sentido solicitado, se estime la demanda, con todos los pronunciamientos que le sean inherentes y favorables.

La entidad demandada no ha presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- Como cuestión previa, se han de realizar las siguientes precisiones.

El planteamiento del recurso adolece de una defectuosa técnica procesal.

No obstante, y de los argumentos expuestos en cada uno de los motivos, lo que resulta es que lo que la parte recurrente, lo que realmente plantea es los siguiente: un motivo de nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en el último motivo del recurso); dos motivos de revisión fáctica cuyo amparo correcto es el apartado b) del artículo 193 de la citada Ley (en los motivos primero y tercero), y un motivo de censura jurídico sustantiva, cuyo amparo correcto es el apartado c) del citado precepto (motivo segundo).

En estos términos y por el orden expuesto, debe ser examinado el recurso de suplicación formulado.

CUARTO.- La parte recurrente solicita la nulidad de la sentencia, cuyo amparo procesal correcto es el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Se denuncia como infringido el artículo 24 de la Constitución Española, aduciendo indefensión.

En síntesis, la parte recurrente alega, en primer lugar, que la sentencia de instancia carece de motivación suficiente, por la omisión de patologías que presenta la parte actora, así como por la omisión del contenido funcional y requerimiento de la profesión habitual de la actora, de esteticista. Y, en segundo lugar, que de la prueba practicada resulta que la actora presenta limitaciones severas a nivel cervical, medular, lumbar, a nivel de hombro izquierdo, de cadera, de rodilla, un dolor neuropático, así como una incontinencia urinaria que no ha respondido a ningún tratamiento, y que le producen limitación en su profesión que está configurada en la atención al cliente; y que, por ello considera que el error en la determinación de los hechos probados genera manifiesta indefensión.

QUINTO.- Debe desestimarse la nulidad solicitada, por las consideraciones que se exponen a continuación.

Se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por lo que respecta a la insuficiencia del relato fáctico, debe tenerse presente la doctrina jurisprudencial, que ha determinado que aquélla únicamente dará lugar a la nulidad de la sentencia en aquellos supuestos en que la resolución no haya reflejado todos los integrantes del debate procesal relevantes para la decisión del Juez a quo, y para la eventual solución del recurso, causantes de indefensión, pero matizando que las irregularidades formales o de redacción, así como la indicación en la fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o la remisión a documentos obrantes en autos, no tienen fuerza invalidante de la resolución judicial por sí mismas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre y 9 de diciembre de 1.989 ) y considerando la anulación de la sentencia por tal causa como última ratio para el supuesto en que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial en su caso no pueda subsanarse por una u otra vía.

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia se encuentra suficientemente motivada, recogiendo en los hechos probados la profesión habitual de la actora, Esteticista, así como las patologías que se declaran probadas, y en los Fundamentos de Derecho, se expone la valoración y las razones por las que la Magistrada de instancia, concluye que la actora no está limitada para el desempeño de su profesión habitual. Ha de señalarse que la alegada omisión de patologías o de las funciones desempeñadas por la actora, no pueden justificar la nulidad solicitada, ya que pueden subsanarse, en el caso de existir, a través del correspondiente motivo de revisión fáctica, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO.- En los motivos primero y tercero del recurso, amparados, correctamente, en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SÉPTIMO.- Desde la perspectiva expuesta, se ha de analizar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Sexto,cuya redacción es la siguiente: "La Sra. Luisa presenta el siguiente cuadro residual: antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual de la Sra. Luisa es el siguiente:

- Lumbalgia crónica, secundaria a los cambios degenerativos que afectan al ramo lumbar de la columna vertebral con afectación / existencia de artrosis en las articulaciones inter-apofisarias de la columna lumbar baja, de una alteración en la alineación vertebral de L3-L4 y de L4-L5, de una listesis grado I, y de un abombamiento discal póstero-medial a nivel L3-L4 a L5-S1 (RMN de fecha 04/09/2020).

- Cervicalgia crónica,secundaria a los cambios degenerativos que afectan al tramo cervical de la columna vertebral con afectación / existencia de una protrusión discal póstero-me-dial derecha C3-C4, de una hernia discal pósterocentral C4-C5 (informe radiología 03.132.2024), de una discartrosis C5-C6, de una protrusión discal póstero-medial derecha C6-C7, y cambios artrósicos en las articulaciones interapofisarias y uncovertebrales (RMN de fecha 04/09/2020).

- Incontinencia urinaria mixta,proceso generado por la existencia de un detrusor hiperactivo que impone la micción y genera escapes a baja capacidad vesical de 50cc (estudio urodinámico-manométrico de fecha 16/02/2021), y causante tanto de incontinencia de esfuerzo como de incontinencia de urgencia y con empeoramiento respecto al estudio previo rea-lizado / llevado a cabo en el año 2014 (informes de fechas 16/02/2021, 24/02/2021 y 07/03/2022).

Proceso que ha sido tratado farmacológicamente sin éxito (informes de fecha 24/02/2021 y 07/03/2022), y últimamente a la aplicación intravesical de toxina botulínica (informe de fecha 24/08/2022), esta última sin resultados (informe de fecha 20/03/2025).

- Lesión medular incompleta residual C3-D1,proceso secundario al padecimiento de una hematoma espinal espontáneo con compresión y distorsión del cordón medular (RMN y TAC de fecha 07/01/2020).

Proceso que precisó de su evacuación quirúrgica urgente con la práctica añadida de una hemilaminectomía derecha de C5 y de C6 y de una semihemilaminectomía inferior de C4 y supe-rior de C7, proceso que se estabilizó con la existencia de un microfoco mielomalácico en el nivel C5-C6 sin afectación motora pero con una afectación sensitiva C1, NN C1. AIS D, es decir con una afectación sensitiva en forma de dolor neuropático en las extremidades inferiores.

- Cambios degenerativos y/o inflamatorios de las articulaciones sacro-ilíacas(informe de radiología de pelvis del 20.08.2021).

. Sacrioleitis derecha y trocanteritis derecha (informe 20.09.2021)

- Condriopatía fémoro-patelar de grado IV en la tróclea femoral de la rodilla izquierda-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Condriopatía rotuliana de grado III de la rodilla derecha-degenerativo- (informe radiología de 20.10.2021).

- Tendinopatía del supraespinoso izquierdo(informe de radiología de 30.08.2022)

- Dolor neuropático(informes de la Unidad del Dolor de fecha 22.09.22, 24.04.23 y noviembre de 2024).

- Osteoporosis"

Como fundamento de la modificación se cita la prueba documental obrante en las actuaciones, concretando los informes médicos en el propio texto propuesto; señalando que es relevante a los efectos de valorar todas las patologías que presenta la actora.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados, que sustituya a la realizada por la Juzgadora de instancia. Consta en el Fundamento de Derecho Tercero, un análisis pormenorizado de los distintos informes médicos aportados, exponiendo las razones por las que otorga mayor valor probatorio a unos informes sobre otros, sin que se evidencia en la valoración judicial un error palmario ni tampoco que la misma sea ilógica, injustificada o arbitraria.

2º.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado, como Séptimo, con la siguiente redacción: "El profesiograma de la profesión de ESTETICIEN ha sido publicado por el Ministerio de Trabajo en la Guía Profesional", en sus páginas 642-643, estableciendo requerimientos físicos (carga física, carga biomecánica, etc) y mentales de la profesión."

Se desestima la adición solicitada.La Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social no es prueba documental a efectos de la revisión; sin perjuicio de que, en censura jurídico sustantiva, pueda ser utilizada, con carácter orientativo, respecto a los requerimientos de la profesión.

OCTAVO.- En el motivo segundo, se contiene censura jurídico sustantiva, cuyo amparo procesal correcto es el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Aun cuando no se cita expresamente el precepto que se considera infringido, se hace una referencia a los requisitos que definen el concepto legal de incapacidad permanente, que se contienen en el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social.

En síntesis, argumenta la parte recurrente, que, sobre la base de la modificación fáctica solicitada, la actora acredita los requisitos exigidos por el concepto legal de incapacidad permanente para que le fuera reconocida la incapacidad permanente total para su profesión de esteticista.

NOVENO.- Para resolver el motivo de censura jurídico sustantiva se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la actualidad Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

DÉCIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica pretendida y que, transcrito en los antecedentes de esta resolución, se tiene aquí por reproducido.

Del mismo resulta que la profesión habitual de la actora es la de esteticista, y presenta las siguientes patologías: "antecedente de lesión medular incompleta por hematoma epidural espontáneo C3-T1, IQ (7/01/2020): hemilaminectomías C4, C5 y C7 derecha, mejoría motora, dolor neuropático extremidades inferiores; cervicalgia y lumbalgia crónicas; incontinencia urinaria de urgencia, pautada toxina botulínica e incontinencia urinaria de esfuerzo pendiente valoración si procede IQ y condropatía en rodilla izquierda."

Con base en la situación patológica descrita, ha de mantenerse el criterio de la Magistrada de instancia. Pues respecto a la patología que afectan a nivel cervical y lumbar, en la actualidad consta una mejoría motora, sin que se describa una repercusión funcional relevante, en cuanto al dolor neuropático en extremidades inferiores y la condropatía en la rodilla izquierda, no se describe la existencia de afectación a la bipedestación ni deambulación, la incontinencia urinaria de urgencia, y de esfuerzo, no está descrita como grave, ni consta uso de pañales; además de que respecto a la primera se la ha pautado toxina botulínica, y respecto a la segunda, está pendiente de valoración sobre si procede una intervención quirúrgica, por lo que no se puede considerar como de carácter permanente. En cualquier caso, la actora presenta, en la actualidad, limitación para realizar grandes esfuerzos físicos, por la incontinencia urinaria, y en su profesión habitual de esteticista no existen tales requerimientos; ya que, según la Guía Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la profesión de esteticista (CNO-11: 5812), describen requerimientos de carga biomecánica a nivel cervical, dorso-lumbar, de 3 sobre 4, y de rodilla de 2 sobre 4, y bipedestación estática de 3 sobre 4, y requerimientos de atención al público de 3 sobre 4, pero de manipulación de cargas es de 1 sobre 4.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse este segundo motivo del recurso, al no apreciarse la infracción de normativa denunciada.

UNDÉCIMO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

DUODÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación