Sentencia Social 20/2025 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 6/2025 de 20 de febrero del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 dictó sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta por la Sra. Clara, impugnando la resolución denegatoria de la solicitud de imposición al Ayuntamiento de Logroño de un recargo de prestaciones del 50% sobre el subsidio de incapacidad temporal causado por la demandante del 22/05/18 al 4/06/19 y del 14/01/20 al 16/12/21.

Disintiendo del pronunciamiento decisorio de la anterior resolución, la beneficiaria, a través de su dirección letrada formaliza recurso de suplicación, conformado por un motivo revisorio, canalizado a través del apartado b del Art. 193 LRJS, con objeto de modificar los ordinales segundo, cuarto y noveno, suprimir los hechos probados 10º a 24º y 34º, y ampliar el relato judicial con dos más; y, otro destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del apartado c del mismo precepto de la ley de trámites, acusa las siguientes infracciones normativas:

- Vulneración de los Arts. 90.1 y 97.2 LRJS, así como del Art. 222 LEC.

- Contravención, por inaplicación, de los Arts. 15 y 40 CE, en relación con los Arts. 164 LGSS, 4 y 19 ET y 14 y siguientes LPRL.

La representación procesal de la Corporación Municipal se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b)Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c)Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d)El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e)Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f)Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g)La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B) 1.-Para el hecho probado segundo se interesa la adición, al final de su texto, de un nuevo párrafo del siguiente tenor:

"La sentencia establece que los procesos de incapacidad temporal iniciados el 22 de mayo de 2018 y el 14 de enero de 2020 , con el mismo diagnóstico de trastorno ansioso depresivo reactivo a situación laboral, son una continuación del proceso de incapacidad laboral iniciado por la trabajadora en septiembre de 2016, el cual deriva de un conflicto laboral de larga evolución. La conflictividad laboral determinó la situación de incapacidad temporal, considerando acreditada la eficiente relación de causalidad entre el ambiente laboral, por muy subjetiva que pudiera ser la visión de la trabajadora, y la patología psiquiátrica que padece"

2.-Previamente a solventar las diversas impugnaciones fácticas planteadas, resulta conveniente advertir que formalmente la recurrente identifica los documentos que les sirven de soporte por su numeración en soporte papel en cada uno de los ramos de prueba, lo que dificulta notablemente su localización, ya que, como consecuencia de la implantación del expediente digital, lo idóneo es hacerlo por referencia al acontecimiento en el que cada uno de ellos se insertan.

Efectuada la anterior precisión, esta ampliación fáctica va a ser rechazada, ya que, aunque efectivamente del documento que la parte invoca (descriptor 11 del EJE) resulta de manera fehaciente que la razón de decidir de la sentencia que atribuye a contingencia profesional los dos procesos de incapacidad temporal respecto a los que se dirime en esta causa la procedencia de imponer a la empresa un recargo de prestaciones por infracción de medidas preventivas, es la que se expresa, dicha circunstancia es absolutamente neutra para alterar el sentido del fallo de la sentencia recurrida, ya que en el actual litigio lo único que se enjuicia es si esa patología psíquica que motivó los dos periodos de IT trae causa de alguna inobservancia patronal de medidas preventivas, debiendo desde ya resaltar que, por un lado, en dicha resolución se indica que la situación de conflictividad laboral de larga evolución ha determinado la baja médica, pero no menciona ningún hecho concreto en que se haya materializado dicho estado conflictivo, y, por otro, matiza que esa relación de causalidad concurre por muy subjetiva que pudiera ser la visión de la empleada pública, en clara alusión a su percepción y vivencia personal del conflicto

C) 1.-El texto a insertar al final del primer párrafo del hecho probado cuarto dice así.

"Además, dicho informe observa (pág. 6) que el Ayuntamiento no aporta documentación alguna de los accidentes referidos al 28/05/2018 ni al 14/01/2020 porque no constan como tales; y (pág. 8) que, teniendo en cuenta los periodos de baja descritos por la funcionaria no han sido calificados como accidente de trabajo a fecha del presente informe, no consta actuación inspectora alguna en relación a los mismos"

2.-Decae también esta pretensión revisora, ya que, como la propia recurrente admite al desarrollar el motivo, los datos que se quieren añadir, ya forman parte del hecho probado en su redacción original, al emplear la Juzgadora a quo la técnica de la remisión, teniendo por reproducido el contenido del meritado informe de la inspección de trabajo. ( SSTS 1/07/97, RJ 6568; 18/06/13, Rec. 99/12; 28/07/15, Rec. 1925/14)

D) 1.-Respecto al ordinal noveno, se insta la complementación del cuadro sobre procesos de incapacidad temporal que incorpora, con los siguientes datos.

2.-Los hechos que se expresan, efectivamente encuentran sustento probatorio en el acontecimiento 92 del expediente digital, no así en los descriptores 11 y 19, pues en las dos sentencias que en ellos se incorporan no figura la relación de los procesos de incapacidad temporal que se mencionan, sin embargo, la misma razón que nos llevó a rehusar la primera revisión instada, aboca al fracaso de esta, toda vez que, el elemento clave para solventar el actual procedimiento es la determinación de si el origen de las lesiones que han motivado las dos bajas en liza tiene relación causal con infracciones de medidas de seguridad e higiene en el trabajo cometidas por el Ayuntamiento.

E) 1.-La petición de expulsión de los ordinales 10º a 24º del relato judicial, transcripción literal de los que figuran en la SJS nº 1 231/19, se asienta en los siguientes pilares:

-Ninguno de ellos puede influir en la alteración del fallo de la sentencia recurrida;

- El ordinal 24º reitera la alusión al informe de la inspección de trabajo que ya figura en el 4º;

- La STSJ 231/19, confirmó la del Juzgado de lo Social desestimando la solicitud de imposición de un recargo de prestaciones por procesos de incapacidad temporal distintos del enjuiciado, y, por tanto, su pronunciamiento recayó sobre una cuestión absolutamente divergente de la debatida en el pleito actual, y, a dicha resolución judicial ya se refiere el hecho probado 25º, con lo que, hubiera sido suficiente una remisión a su contenido.

- Las circunstancias que han motivado las bajas respecto a las que se insta la imposición del recargo han sido diferentes de las que concurrieron en los previos procesos de incapacidad temporal respecto a los que se pronunció la sentencia citada en el apartado que antecede, por cuanto, la trabajadora, que es especialmente sensible, estuvo prestando servicios efectivos entre enero y mayo de 2018 en un puesto al que se la adscribió de manera forzosa y definitiva, empeorando sensiblemente su patología hasta precipitar una nueva baja médica, de manera que, lo resuelto por aquella resolución judicial firme no produce el efecto de la cosa juzgada que proclama el Art. 222 LEC en esta causa.

2.-Con independencia del mayor o menor agrado de la recurrente con la estructuración y los términos gramaticales en que la Magistrada autora de la resolución recurrida ha confeccionado la narración judicial, y de la trascendencia decisoria de los hechos que la integran, declinaremos igualmente esta solicitud habida cuenta de que, los hechos probados que se quieren expulsar de la probanza no están ayuno de sustento probatorio, único supuesto en que procedería acceder a su supresión, ya que, aunque como regla general en fase de suplicación las revisiones fácticas no pueden fundarse en la denominada prueba negativa, consistente en afirmar que los hechos que la sentencia declara probados no lo han sido de forma suficiente ( STS 21/03/90 , RJ 2204), el derecho a la tutela judicial efectiva puede resultar vulnerado cuando el pronunciamiento de la sentencia de instancia se asienta en unos elementos de hecho que carecen de soporte en una mínima actividad probatoria sobre los mismos ( STC 37/85 ).

Adicionalmente a lo expuesto, el que la sentencia de esta Sala desestimando la solicitud de imposición de recargo de prestaciones respecto al subsidio de anteriores procesos de incapacidad temporal con el mismo diagnóstico que el de las bajas litigiosas, produzca o no el efecto de la cosa juzgada en esta causa, no es una cuestión de hecho sino de derecho, que, de considerarse indebidamente apreciada, debe denunciarse a través del correspondiente motivo destinado al examen del derecho aplicado, por la vía del Art. 193.c LRJS, cosa que la recurrente ha efectuado en el primer submotivo de censura.

F) 1-El nuevo ordinal con que se quiere enriquecer la versión judicial de los hechos, es del siguiente tenor:

"Después de una baja de larga duración, el reconocimiento médico del 16 de noviembre de 2015, por parte del Servicio de Vigilancia de la Salud, calificó a la trabajadora como no apta para su puesto de trabajo de operadora administrativa en el área de intervención. Dicha conclusión se alcanzó teniendo en cuenta, además de otros antecedentes, la Sentencia 637/2006, de 28 de diciembre del Juzgado de lo Social nº 1 [que, por lo demás obra en autos como doc.2 demanda], que determinó que la incapacidad laboral iniciada el 29 de junio de 2005 dimanaba de contingencia laboral. Con base en este reconocimiento, y, por recomendación de la facultativa y de la técnica de prevención, la DG de Organización y Recursos Humanos resolvió el traslado al puesto de operador administrativo (seguridad ciudadana), por resolución de la Alcaldía de 1 de Diciembre de 2015, donde se incorpora a trabajar el 17 de noviembre de 2017"

2.-Los hechos cuya adición se insta ya constan en los ordinales 10º, 18º, 19º y 33º, lo que hace innecesaria, por superflua, su reiteración.

G) 1.-Para el siguiente hecho probado a introducir en la crónica judicial se ofrece la siguiente redacción.

"La demandante se incorporó a trabajar al nuevo puesto de operador administrativo (Seguridad Ciudadana) el 17 de noviembre de 2017, agotando las vacaciones e incorporándose con regularidad al nuevo puesto a partir del 22 de enero de 2018. Trabaja 79 días en la unidad hasta la fecha del primer accidente objeto de autos, el 22 de mayo de 2018. Consta informe de 11 de mayo de 2018, de la Dra. Brigida, Psiquiatra, que aprecia un empeoramiento de la clínica (trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso depresivo) durante el último mes, empeoramiento que precisa ajuste de tratamiento farmacológico"

2.-El primer inciso del texto propuesto, pretende de nuevo incorporar a la versión judicial de los hechos, datos fácticos que la misma recoge expresamente en el ordinal 33º, lo que hace absolutamente impertinente su repetición.

El segundo, que efectivamente se desprende del acontecimiento 12 del EJE, no aporta información relevante para resolver el actual proceso, en el que, al existir una sentencia firme que así lo declara, resulta incontrovertido que los procesos de incapacidad temporal respecto a cuyas prestaciones se interesa la imposición del recargo, tienen su origen en la contingencia de accidente de trabajo, siendo ese empeoramiento de la clínica en los días previos a causar baja médica elemento relevante para la calificación de la contingencia determinante de la misma, pero no a efectos de dilucidar si ha existido un incumplimiento preventivo con incidencia causal en el desencadenamiento de dicha evolución negativa.

H) 1.-El párrafo a incluir, después del 5º, en el ordinal 34º, dice así:

"El 14 de marzo de 2022, a través de su abogado, la actora formuló a su empleador varias solicitudes, relativas a la LPRL, que esta contestó el 28 de marzo. La actora reiteró sus quejas el 24 de junio de 2022. Los documentos están aportados en el ramo de prueba de la demandante y su contenido se da por reproducido"

2.-Siendo cierto que los documentos incorporados a los descriptores 29, 31 y 35 son los escritos dirigidos por la demandante al servicio de prevención en marzo y junio de 2022 y la respuesta dada al primero de ellos, no lo es menos que dichos datos no aportan información alguna de interés para solventar el recurso, pues se trata de actuaciones producidas en fechas notoriamente posteriores al inicio y conclusión de las bajas médicas objeto de este procedimiento.

I) 1.-El tercer ordinal que se quiere añadir a los hechos probados es del siguiente tenor:

"Constan los informes de los reconocimientos médicos de 17 de noviembre de 2017, 24 de junio de 2019, y 7 de julio de 2022, los partes de accidente de trabajo firmados el 8 de febrero de 2022; el informe de investigación del accidente suscitado el 22 de mayo de 2018, realizado por la técnico de prevención, Dª Coro el 9 de febrero de 2022; y el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales rellenado por la trabajadora el 24 de junio de 2024"

2.-Las fechas de los reconocimientos médicos ya se recogen en el ordinal 33º, y los restantes datos se refieren a actuaciones posteriores a la conclusión de las bajas objeto del proceso, en el que, insistimos, lo único que debemos solventar es si dichos procesos de incapacidad temporal traen causa de incumplimientos empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, resultando absolutamente inocuo al efecto que las actuaciones que se mencionan fueran acometidas con posterioridad a la finalización de dichas bajas.

TERCERO.- En el primer submotivo de censura se efectúan las siguientes recriminaciones a la resolución recurrida.

- Deficiencias en la valoración de la prueba, al no haber seguido criterios lógicos y razonables en dicho proceso valorativo, porque, el informe de la inspección de trabajo y la propuesta de resolución del EVI carecen de la fuerza de convicción que se les ha atribuido judicialmente, por las diversas y variadas razones que expone al desarrollar esta impugnación.

- La sentencia firme dictada en el previo procedimiento de seguridad social en que se reclamaba la imposición del recargo de prestaciones respecto a subsidios de incapacidad temporal de procesos anteriores a los ahora litigiosos, no tiene la influencia de que se le ha dotado judicialmente para la resolución del presente proceso, cuyo objeto es la procedencia del recargo sobre las prestaciones de incapacidad temporal posteriores a aquellos, ni produce el efecto de la cosa juzgada en el actual pleito.

A)En nuestro sistema jurídico procesal y en relación con la prueba rige el principio de adquisición procesal según el cual las pruebas una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria, ( STS 31/05/90, RJ 4524; SSTC 55/84, 145/85; ATC 518/85), pudiendo quebrantarse el principio de igualdad de armas en el momento de la valoración de la prueba, bien por una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba ( STC 140/1994), bien por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes ( STC 63/1993), pero no cuanto por el órgano judicial de instancia se toman en consideración todos los medios ofrecidos a su consideración por ambas partes y se fundamenta adecuadamente la convicción ( STS 10/11/99, RJ 9113)

B)Interpretando el Art. 222 LEC , la Sala Cuarta del TS (SS 6/06/06, Rc.u.d. 1234/05; 18/09/12, R.c.u.d. 178/10 ) ha establecido la siguiente doctrina respecto al doble efecto positivo y negativo de la institución de la cosa juzgada:

1)El efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme. Por ello exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el planteado de nuevo en un posterior proceso, concurra la más perfecta identidad objetiva (número 1) y extiende sus efectos no solo a las partes del proceso en que se dicta la sentencia firme, sino también a sus herederos y causahabientes y a los sujetos, no litigantes, titulares, por sucesión del objeto debatido en el proceso (numero 3).

2)El efecto positivo de la cosa juzgada no exige la identidad objetiva que es propia del efecto negativo y que, de darse, excluiría el segundo proceso (art. 222.1). Para que opere es suficiente con que lo decidido en el primer proceso "actúe en el segundo como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado"; o, en términos del número 4 del art. 222, que aparezca en el segundo "como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos, o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal».

La función positiva o prejudicial de la cosa juzgada, no impide, pues, que se dicte sentencia en el segundo juicio; pero «vincula al tribunal del proceso posterior" ( arts. 222.1 y 421.1 LEC ) y, por tanto, le obliga a seguir y aplicar los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior. O, enunciado en sentido negativo, prohibe que pueda decidirse en un segundo proceso un tema o punto litigioso de manera distinta o contraria a como ya ha sido resuelto en sentencia firme en otro proceso precedente.

3)Ese efecto positivo de la cosa juzgada, dada su fuerza vinculante, obliga a todo juzgador a apreciar de oficio su existencia en todas las resoluciones que adopte, sin necesidad de que sea excepcionado. Apreciación de oficio que, si cabe, es mas apropiada "en el proceso laboral donde normalmente se plantean cuestiones repetitivas que derivan de una relación de tracto sucesivo y no sería coherente que por falta de alegación o prueba en un segundo pleito se pudieran hacer pronunciamientos distintos a lo ya determinado en una sentencia anterior"

4)La sentencia que desconoce otra anterior que adquirió firmeza vulnera los principios constitucionales de tutela judicial efectiva (art. 24) y de seguridad jurídica (art. 9.3), por cuanto el principio de la cosa juzgada material se integra en aquellos dos mandatos constitucionales y ha entrado en el Derecho público al obligar al juzgador a reconocer su existencia en todas las resoluciones que adopte.

C)La detenida lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia evidencia con nitidez que el pronunciamiento que adopta en su parte dispositiva no se asienta en la aplicación de la cosa juzgada en su vertiente positiva, que aunque no se menciona expresamente es la que se invoca en el escrito de formalización, y tampoco incurre en el error en la valoración de la prueba que la parte denuncia por un cauce procesal inadecuado.

D)En efecto, en cuanto al primer aspecto, tal y como con nitidez meridiana se señala en el primer fundamento de derecho, tanto los informes de la inspección de trabajo, como la sentencia dictada en el anterior procedimiento en materia de recargo de prestaciones respecto a procesos de incapacidad temporal previos al litigioso, han sido tomados en consideración judicialmente como medios de prueba a los que se ha considerado dotados de una especial y privilegiada fuerza de convicción respecto a una gran parte de los hechos que se tienen por acreditados en la crónica judicial respecto a los antecedentes fácticos que judicialmente se han considerado relevantes para la resolución del actual proceso, completando las conclusiones fácticas que de ellos se extraen con las obtenidas de los restantes medios de prueba en cuanto a los hechos acecidos con posterioridad, tanto en momentos inmediatamente anteriores como posteriores a las dos bajas médicas a cuyos subsidios se interesa la imposición del recargo en el pleito actual.

E)Abstracción hecha de que la vía procesal idónea para atacar el error en la valoración de la prueba no es el planteamiento de un motivo de impugnación jurídica sustantiva, sino de revisión fáctica, por el cauce del apartado b del art. 193 LRJS, no solo la sentencia de instancia ha motivado ampliamente la convicción fáctica, sino que además, la misma se ha obtenido de la valoración de todos los medios de prueba practicados en el proceso a instancias de ambos litigantes, ajustándose fielmente a la recta aplicación de la regla especial sobre la carga de la prueba en materia de accidentes de trabajo que instaura el Art. 96.2 LRJS, como con mayor detalle analizaremos al solventar el siguiente motivo del recurso, con lo que no apreciamos ninguna de las vulneraciones que, en cuanto a este punto de achacan a la resolución recurrida.

F)En lo tocante a la cosa juzgada positiva, tampoco el signo desestimatorio de la sentencia de instancia, se asienta en la aplicación de dicha institución a la que no encontramos ninguna alusión en su fundamentación jurídica, sino en que, compartiendo los razonamientos de la sentencia dictada en el anterior proceso en materia de recargo de prestaciones, tampoco en el actual procedimiento se constata que el Ayuntamiento haya incurrido en incumplimientos preventivos con incidencia causal en la génesis del padecimiento psíquico que ha motivado las bajas médicas de 22/05/18 y 14/01/20, razonando expresamente al efecto que: "...el Ayuntamiento a través de su servicio de prevención ajeno ha intentado obtener información suficiente para conocer si su puesto de origen era el causante de la situación psíquica de la trabajadora; y así mismo una vez declarada como no apta, ha intentado solucionar esa conflictividad en el puesto de trabajo de la actora y le ha ofrecido a la trabajadora varios puestos de trabajo distintos al de origen pero dentro de su categoría profesional para separarla del entorno que genera la patología, todos los cuales la trabajadora ha rechazado sin justificación alguna. Asimismo, y en relación a la existencia de una evaluación de riesgos psicosocial en su nuevo puesto, su existencia no hubiera evitado los procesos de incapacidad temporal sufridos por la demandante"

"... consta igualmente acreditado que, tras la breve incorporación de la actora a su puesto de trabajo en enero de 2018...por parte del servicio de prevención se le realizó el oportuno reconocimiento médico el 24/06/2019 con resultado apto con limitaciones, realizándose el siguiente reconocimiento médico el 24 de junio de 2022, con resultado de apto para su puesto de trabajo de operadora administrativa (seguridad ciudadana) y así mismo se acredita que en la primera reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Logroño celebrada el 4 de marzo de 2022, tras recibir la sentencia...por la que se declara la contingencia de accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal iniciados por la trabajadora el 22 de mayo de 2018 y el 14 de enero de 2020, por parte de la Técnico de Prevención se informa al Comité de Seguridad y Salud...que ...se le han reconocido por el Juzgado de lo Social como contingencia de accidente de trabajo periodos que inicialmente se le reconocieron como enfermedad común.

Pregunta Agapito, si se ha realizado evaluación de su puesto de trabajo, a lo que contesta Coro que existe evaluación del centro y del puesto.

Agapito plantea que se le proponga para valoración de incapacidad o que se plantee la posibilidad de teletrabajar.

Se informa que cuando finalice la incapacidad temporal, se realizará reconocimiento médico obligatorio tras baja de larga duración y se valorará por el servicio médico"

CUARTO.- La discrepancia de la recurrente con el razonamiento judicial determinante de la improcedencia de imposición del recargo que acabamos de transcribir, se construye sobre los siguientes ejes:

1.-Contrariamente a la tesis que late en el informe de la inspección de trabajo, en la sentencia firme dictada en el anterior procedimiento de recargo, y en la resolución recurrida, la conflictividad laboral origen de la enfermedad psíquica causante de las bajas médicas, no se restringe a los incidentes en el año 2015 con el Interventor y el Responsable de Recursos Humanos; el cambio de puesto de trabajo definitivo a otro distinto en noviembre de 2017, tampoco agota la deuda de seguridad de la empresa para con la trabajadora; y, el conflicto laboral no es solo una impresión subjetiva de la demandante, sino que constituye un hecho objetivo.

2.-Ello es así porque, las dos sentencias firmes calificando las bajas médicas respecto a las que se ha pretendido la imposición del recargo de etiología profesional, establecen de manera concluyente que la génesis de la patología que las ha motivado es la existencia de un conflicto de larga evolución, sin que de ellas pueda inferirse que dicha conflictividad sea una mera percepción subjetiva de Dª Clara, siendo por tanto, la persistencia del conflicto laboral y la concatenación de tres accidentes laborales por idéntico motivo, hechos que permiten concluir por vía de presunción humana la conexión causal entre la infracción patronal y el daño a la salud, lo que respalda la afirmación de que la empresa no ha acreditado haber agotado toda la diligencia exigible para prevenirlo o evitarlo, más allá de las exigencias legales y reglamentarias.

3.-Con posterioridad al cambio de puesto de trabajo con efectos de noviembre de 2017, la corporación local no ha probado, como conforme a la regla especial sobre la carga de la prueba ex Art. 96.2 LRJS, le correspondía, haber realizado cualquier actividad preventiva, reseñando en cuanto a este punto que, la no impugnación de la documental aportada por el Ayuntamiento solo afecta a su autenticidad, y, por ende, su valor probatorio es el que resulta de su conjunta valoración con el resto de acervo probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica, y los informes aportados por dicho litigante, son simples documentos administrativos, que, conforme a la doctrina judicial que cita, no gozan de imparcialidad.

4.-Durante los 79 días que la Sra. Clara se incorporó al trabajo tras el alta del anterior proceso de IT, el Ayuntamiento ha incumplido el deber que le imponen los Arts. 14, 16 y 22 LPRL, el plan de prevención de riesgos laborales, el Manual de Gestión Integrada, la norma interna PER.NI15, el flujograma del procedimiento PER.PRO.31, así como los PER.PRO.30 y 35, de realizar un control y seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas documentándolo en el correspondiente informe, actuando en función del resultado, y, ese incumplimiento ha impedido que el consistorio constatara la inadecuación del traslado, la pervivencia de la conflictividad laboral y la persistencia del deterioro de la salud de la trabajadora.

5.-La relación de puestos de trabajo no contempla los riesgos de cada uno de ellos, como impone el Manual de gestión Integrada, la evaluación de riesgos no fue revisada tras la reincorporación en 2017, el cuestionario de riesgos psicosociales se entregó y los informes de investigación de los accidentes, así como los correspondientes partes se realizaron con posterioridad a producirse los siniestros, además de que la única diligencia de investigación realizada fue una conversación con la Jefa de la Unidad.

6.-Los anteriores incumplimientos preventivos han comportado que no se adaptase el puesto durante el periodo en que la demandante estuvo prestando servicios, y, adicionalmente, los informes de reconocimiento médico de noviembre 2017 y junio de 2019, a pesar de la presencia del conflicto laboral enquistado desde 2005, no constatan riesgos laborales actuales y anteriores reseñables, omitiendo los riesgos a los que estuvo expuesta en anteriores puestos y puede estarlo en el vigente.

7.-Se han ignorado las peticiones de la trabajadora en el escrito remitido al Ayuntamiento el 14 de marzo de 2022, y en la reunión del Comité de Seguridad y Salud el siguiente 8 de abril

8.-El informe que la declara apta tras el reconocimiento médico de junio de 2022, tomando como premisa diagnóstica "IT por recaída de su cuadro ansioso depresivo y fobia laboral" ya estando en el puesto de seguridad ciudadana, no es coherente con aquel otro que, con el mismo juicio clínico e idénticos riesgos, en noviembre de 2015 la declaró no apta y fue emitido por esa misma facultativa.

9.-Se ha hecho caso omiso a la sugerencia del delegado de prevención Sr. Agapito respecto a la exploración de la vía del teletrabajo, y se ha permitido que una trabajadora especialmente sensible regrese a un puesto de trabajo en el que, una sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada señala que peligra su salud.

10.-La empresa desplaza sobre la trabajadora sus obligaciones preventivas, como lo revela que la técnica de prevención le solicite a la demandante que formule alguna propuesta preventiva que favoreciera su reincorporación

A)Interpretando el Art. 123 LGSS, cuyo contenido reproduce textualmente el Art. 164 del vigente RD Legislativo 8/15, la jurisprudencia ha establecido las siguientes reglas:

1.-Para la imposición del recargo de prestaciones a cargo del empresario incumplidor de sus obligaciones en materia preventiva, es necesaria la concurrencia de tres requisitos, que han de darse de manera acumulativa: a) La comisión patronal de una infracción consistente en la inobservancia de alguna medida de seguridad especial o general, siendo suficiente al efecto la contravención de las normas genéricas o deuda de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador; b) La causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) Una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, siendo admisible su acreditación por todos los medios de prueba incluso las presunciones ( SSTS 22/06/15, Rec. 853/14; 20/11/14, Rec. 2399/13)

2.-En cuanto al alcance de la diligencia empresarial exigible en el cumplimiento del deber de prevención, se ha puesto de relieve que el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene dimensión constitucional ( Art. 40.2 CE) , y aparece igualmente contemplado en el Art. 16 del Convenio 155 de la OIT de 22/06/81, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

Para la adecuada salvaguarda de ese derecho en nuestro ordenamiento jurídico el legislador ordinario ha establecido la obligación empresarial de garantizar la seguridad y la salud de sus empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo ( Art. 14.2 LPRL) , señalando expresamente que las medidas preventivas para ser eficaces deben prever incluso las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (Art. 15.4 LRPL) y que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores (Art. 17.1)

Por tanto, la empresa en cuanto deudor y garante de ese deber de seguridad tiene la obligación de adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, desarrollando una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, adaptando las medidas de protección a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que inciden en la realización del trabajo ( STS 20/11/14, Rec. 2399/13)

Ese deber de protección del empresario, es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador, sin que ello signifique que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad ( SSTS 26/05/09, Rec. 2304/08; 2/06/13, Rec. 793/12)

3)En el aspecto probatorio, cuando el trabajador ejercita una acción dirigida a la exigencia de responsabilidad derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, corresponde al empresario y a los terceros garantes del cumplimiento de las obligaciones preventivas acreditar que adoptaron las medidas de seguridad y salud laboral necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como de cualquier otro elemento excluyente o limitativo de su responsabilidad.

Al respecto, el Art. 96.2 LRJS, contiene en el primer inciso una regla especial sobre la carga de la prueba en su aspecto formal, y, en el segundo, incorpora una proposición que excede de dicha finalidad al establecer un criterio legal sustantivo sobre la culpa del trabajador como circunstancia eximente o de aminoración de la responsabilidad de los deudores de seguridad, en el sentido de que la imprudencia no temeraria del trabajador y la que responda al desempeño habitual de su trabajo y la confianza que este inspira no pueden ser apreciadas judicialmente como hechos excluyentes de la responsabilidad empresarial, que solo se elimina por la imprudencia temeraria.

Esta regla especial sobre distribución de la carga de la prueba, tal y como ha señalado expresamente el Tribunal Supremo en Sentencias de 27/01/14 (Rec. 3179/12) y 4/05/15 (Rec. 1281/14), constituye la traslación legal del criterio jurisprudencial que se inició con la STS 30/06/10 (Rec. 4123/08), reiterado en otras muchas posteriores (5/06/13, Rec. 1160/12; 10/12/12, Rec. 226/12; 30/10/12, Rec.3942/11), y encuentra su razón de ser en la existencia de un deber de prevención generador de una deuda de seguridad del empleador que nos sitúa en el ámbito de la responsabilidad contractual y en que las posiciones que ocupan los dos sujetos de la relación de trabajo son absolutamente desiguales tanto en el plano material como en la faceta procesal.

Desde la vertiente sustantiva, la posición de dominio empresarial queda evidenciada al ser la empresa la que organiza y controla el proceso productivo, ordena al trabajador la actividad a desarrollar y está obligada a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias, con sujeción al deber genérico de garantizar su seguridad y salud laboral, mientras que el trabajador está sometido al poder de dirección empresarial y es el que sufre dicho riesgo, de donde deriva que actualizado el riesgo para enervar su posible responsabilidad la empresa deba acreditar haber agotado toda la diligencia exigible para prevenirlo o evitarlo más allá de las exigencias legales y reglamentarias.

En el aspecto adjetivo, la aplicación analógica del art. 1183 CC lleva aparejado que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario, y la regla general de la distribución de la carga probatoria ha de ser atemperada en atención al principio de disponibilidad y facilidad probatoria ya que es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta].

La carga probatoria del trabajador en estos casos comprende la demostración de la producción del accidente o la contracción de la enfermedad profesional en el desempeño de una actividad susceptible de generar un riesgo de sufrirlos, y la de los daños de todo tipo ocasionados por tales acontecimientos.

B)Centrado el objeto de contienda judicial en solventar si el trastorno ansioso depresivo reactivo a situación laboral origen de los procesos de incapacidad temporal en que estuvo incursa la demandante del 22/05/18 al 21/05/19 y del 14/01/20 al 16/12/21, trae causa de algún incumplimiento empresarial en materia preventiva, lo primero que queremos poner de relieve es que, aunque convenimos con la recurrente en que la sentencia firme dictada en el anterior procedimiento sobre recargo de prestaciones, no produce el efecto positivo de la cosa juzgada en esta causa, tanto dicha resolución como las restantes atribuyendo las anteriores bajas médicas a contingencia profesional, constituyen antecedentes de la situación enjuiciada, que pueden tener trascendencia para su resolución.

C)Efectuada la anterior precisión, el siguiente escalón de razonamiento pasa por dilucidar si esa afección psíquica ha estado motivada por infracciones empresariales de sus deberes de seguridad e higiene en el trabajo.

D)Para resolver dicha problemática, constituye obligado punto de partida, tener en cuenta que, a pesar de que los periodos temporales a los que se extienden las bajas en liza se inician en mayo de 2018 y concluyen en diciembre de 2021, su catalogación como derivados de accidente de trabajo sólo se produce una vez que judicialmente se efectúa tal declaración, y, como consecuencia de ello, no es hasta el 3 de febrero de 2022 cuándo se dicta por el Juzgado de lo Social nº 1 la sentencia realizando tal pronunciamiento, la fecha en que el Ayuntamiento es conocedor de dicha calificación, y, es dicha circunstancia la que justifica la inmediata puesta en marcha de la intervención del Comité de Seguridad y Salud Laboral y la elaboración de los partes de accidente de trabajo y de los informes de investigación de los accidentes.

E)El segundo elemento clave a tener en cuenta, es que, siendo el diagnóstico de las dos bajas un trastorno ansioso depresivo reactivo a situación laboral, debemos indagar cuales son las circunstancias profesionales que han actuado como detonantes de dicho cuadro clínico.

F)Para dar respuesta a dicho interrogante, debemos tener en cuenta que, tal y como consta en el relato judicial y en los hechos probados de las anteriores sentencias de esta Sala, de cuyo contenido tenemos constancia por conocimiento propio, la grave conflictividad de la actora con sus superiores jerárquicos que motivó la baja de 29 de junio de 2005, y los incidentes con ellos en aquellas fechas de los que ofrece noticia el hecho probado 13º, no pueden ser considerados como manifestaciones de esas circunstancias profesionales a que es reactivo el trastorno ansioso depresivo que han provocado las bajas de mayo de 2018 y enero de 2020.

G)Ello es así porque, desde que se produjeron tanto aquellos acontecimientos, como ulteriormente los dos procesos penales a que se refieren los dos primeros párrafos del ordinal 17º, hasta que se iniciaron los procesos de incapacidad temporal en liza, han transcurrido muchos años, sin que desde que aquellos sucedieron la demandante haya tenido contacto en el ámbito profesional con esas dos personas, de las que, desde primeros de noviembre de 2015 a instancias del servicio de prevención, se la ha separado, cambiándola de puesto de trabajo, no de manera forzosa y por decisión unilateral del Ayuntamiento, sino, en un primer momento, porque libre y voluntariamente en el legítimo ejercicio de sus derechos, declinó elegir ninguno de las cinco plazas propuestas (HP 18º), como también hizo en 2016 (hecho probado 22º), habiendo sido finalmente una resolución judicial firme de la jurisdicción contencioso administrativa la que declaró ajustada a derecho aquella decisión de la corporación de asignarla al puesto de operador administrativo en la Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana (HP 19º), al que se incorporó el 17/11/17, tras ser declarada apta en el reconocimiento médico realizado por el servicio de prevención (HP 13º).

H)Lo expuesto evidencia que, a pesar de que en la intervención de la demandante con la asistencia profesional de su letrado, en la reunión del comité de seguridad y salud el 8 de abril de 2022, el segundo dice que "la causa del problema es con su anterior superior jerárquico", mencionando como causa de la calificación de las bajas como de etiología profesional "patología agravada con el traslado forzoso y definitivo al puesto de trabajo de policía; reconocimiento por sentencia de que D. Santiago es causante también de la situación ya que se mantiene la dependencia jerárquica con él después del cambio de puesto. También existe una condena...por injurias y no se ha abierto ningún expediente disciplinario. Lo considera un doble castigo hacia Dª Clara... Para eliminar las causas hay que actuar contra D. Santiago y contra el interventor; se tenía que haber solucionado cuando su puesto de trabajo estaba en Intervención", y, la primera, al ser preguntada si se consideraba que estaba apta ahora que D. Santiago ya no es responsable de recursos humanos, contesta que "no, me han anulado; se ha apoyado siempre a los poderosos frente a mí. Estoy destruida... Pido que se adopten medidas contra estas dos personas" (hecho probado 34º), esas circunstancias que tanto la demandante como su letrado identifican con las causantes de los procesos de incapacidad temporal litigiosos, constituyen meras apreciaciones personales y subjetivas suyas, carentes de base objetiva, calificándose por sí mismas, lo que exime a la Sala de necesidad de efectuar cualquier comentario, las medidas preventivas que ambos sugieren para prevenir el daño a la salud psíquica de la demandante, y la contestación de esta a la inspectora actuante cuando le pregunta por las razones de su rechazo a las diversas plazas ofertadas, alegando que es únicamente el responsable de su situación el que tiene que cambiar de puesto y no ella (hecho probado 4º)

I)Es a la precitada visión subjetiva de la funcionaria a la que se refieren tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de febrero de 2022, como la de esta Sala de Febrero de 2018, pues no existe constancia probatoria de cualquier controversia, desavenencia o incidencia profesional con sus superiores jerárquicos con posterioridad a los hechos ocurridos en 2005, ni a los enjuiciados en aquellas sentencias dictadas en causas penales de los años 2010 y 2012.

J)Descartado pues que en puesto en el que la demandante prestó servicios un total de 90 días antes de la incapacidad temporal iniciada el 22/05/18, y en los que estuvo incorporada al servicio activo tras el alta médica, desde el 24/06/19 hasta finales de dicha anualidad pues en el año 2020, en que causó nueva IT el 14/01, no prestó servicios ningún día (hecho probado 33º), existiese cualquier conflicto laboral objetivo, más allá de esa percepción personal y subjetiva suya a la que nos hemos referido, a nuestro juicio, constituyen clara muestra de un estado de contienda, enfrentamiento y controversia en el ámbito profesional subsumible en la noción de conflictividad laboral, el escenario de continuas y permanentes reivindicaciones laborales judiciales y extrajudiciales en que la demandante ha estado inmersa, no solo con anterioridad, sino particularmente, en lo que ahora interesa, desde mediados de noviembre de 2017 en que se produce la reincorporación de un proceso de incapacidad temporal previo a los enjuiciados, hasta que concluyó el segundo de ellos en diciembre de 2021, que describen los hechos probados segundo, vigésimo cuarto y vigésimo quinto, y el informe de la inspección de trabajo, cuyo contenido, utilizando la técnica de la remisión, ( SSTS 1/07/97, RJ 6568; 18/06/13, Rec. 99/12; 28/07/15, Rec. 1925/14), se tiene por reproducido en el ordinal cuarto.

K)Que esa conflictividad a que nos acabamos de referir incide en la salud mental de la funcionaria lo corrobora el hecho probado 23º de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 el 23/11/17 revocada por la de esta Sala de 14/02/18 en el que se deja constancia de que en los informes médicos del especialista en psiquiatría se señala que la sintomatología ansioso depresiva surge a raíz de un problema en el trabajo, que se complica al punto de terminar inmersa en un largo y complejo proceso judicial.

L)Determinados los factores intrínsecos y extrínsecos vinculados con el trabajo que han incidido en la cronificación de la patología psíquica de la empleada pública que debutó tras aquellos incidentes con sus superiores jerárquicos en el año 2005, la siguiente incógnita a despejar es la concerniente a si la empleadora pública recurrida ha cometido alguna infracción de medidas preventivas con incidencia causal en la aparición de ese cuadro clínico incapacitante para el trabajo.

M)El concepto de riesgos psicosociales, tal y como se desprende del Art. 4.7.d LPRL, y ya pusiera de manifiesto el INSHT en la temprana NTP 443, comprende todas aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo, englobando entre otros muchos, los elementos relativos a las relaciones interpersonales en el medio de trabajo, el interés por el trabajador, o la definición del rol (NTP 926).

N)Partiendo de dicha definición, en ausencia de cualquier mención en el relato judicial a que, con posterioridad a los producidos en 2005, la demandante hubiese tenido cualquier conflicto con aquellos superiores jerárquicos, cuya represión disciplinaria o cambio de puesto de trabajo tanto su letrado como ella misma, estiman son las únicas medidas preventivas idóneas a implementar, y, no constando tampoco en la narración judicial que en el nuevo puesto al que lleva años destinada, por la confirmación de la decisión patronal de asignarla a su desempeño, después de su negativa en el momento inicial y en los posteriores durante la vigencia de las medidas cautelares a optar por cualquiera de los múltiples que se le han ofrecido, exista cualquier anomalía en el aspecto organizativo, el contenido funcional, las relaciones interpersonales o la valoración del trabajo desempeñado, coincidiendo con el criterio de la Magistrada autora de la resolución recurrida, en opinión de la Sala, el incumplimiento del deber de evaluar los riesgos psicosociales con anterioridad al inicio de las bajas litigiosas, en absoluto ha podido tener incidencia causal en la aparición o empeoramiento del cuadro psíquico, que, como ya dijimos ha estado auspiciado por la personal percepción de la funcionaria sobre su situación laboral y por el escenario de permanentes reivindicaciones judiciales y extrajudiciales en que ha estado inmersa.

Ñ)La Corporación no ha hecho recaer sobre la demandante las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que le competen, sino que, lo que advertimos es que, su intento por solucionar la situación ofertando diversos puestos de trabajo en los que no hay constancia ni siquiera indiciaria de la presencia de cualquier riesgo psicosocial, sometiéndola a los correspondientes reconocimientos médicos previamente a su reingreso al servicio activo para evaluar su aptitud laboral, y efectuando un seguimiento por la jefa de sección en 2018 sin observar nada anómalo, ha resultado a todas luces infructuoso, ante la férrea e inquebrantable postura de la funcionaria, reforzada por su letrado, que abiertamente sugieren como única solución el cambio de puesto de trabajo del superior al que responsabiliza de su situación y la adopción de medidas frente a él y el interventor.

O)La sentencia de esta Sala citada reiteradamente en el escrito de formalización resuelve un supuesto de hecho no superponible al ahora enjuiciado, dándose esa misma situación respecto al caso decidido por la STSJ País Vasco que también se invoca en reiteradas ocasiones, sin que, por lo demás, conforme al Art. 1.6 CC dichas resoluciones constituyan jurisprudencia, cuya infracción pueda fundar un motivo de censura en suplicación ( SSTS 25/09/13, Rec. 3/13; 16/07/14, Rec. 2141/13)

P)No se han producido las infracciones normativas denunciadas, por lo que, el recurso fracasa, confirmando la sentencia de instancia.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 233.1 LRJS (L 36/11), la desestimación del recurso no lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente al disfrutar la misma del beneficio de justicia gratuita.

SEXTO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.