Sentencia Social 888/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 264/2025 de 20 de mayo del 2025

PRIMERO:La sentencia de instancia estimó la demanda que conoció al actor una incapacidad permanente total para profesión habitual de Pintor en el régimen de trabajadores autónomos con derecho a percibir una pensión vitalicia en una cuantía equivalente en el 55% de una base reguladora mensual de 823,18 € con efectos al cese de la actividad.

Recurre en Suplicación el Inss al amparo de los artículos 193.b y c) de la Ley de la Jurisdicción Social, que es impugnado por el actor quien también interesa la modificación del hecho probado 5º al amparo del artículo 197 de la LJS.

Al amparo del artº 193.b) de la LJS el ente pretende la supresión del hecho probado quinto de la sentencia que recoge el informe del perito que depuso en el acto del juicio, porque recoge afirmaciones que anticipan el Fallo porque dice que los déficits muestran una gran dificultad para el desempeño de las tareas laborales que venía realizando.

El actor impugna el recurso de suplicación y en concreto la supresión del hecho probado 5º(6º) porque alega que el proceso social es de instancia única correspondiendo al juez de instancia la valoración de la prueba salvo error manifiesto y atiende a los requisitos jurisprudenciales para que pueda prosperar la modificación que se incumplen al proponer la supresión íntegra del citado hecho sin proponer texto alternativo ni sostenerla en documento alguno, manifestando que en dicho hecho probado se recogen afirmaciones y calificaciones jurídicas que anticipan el Fallo, lo que no puede acogerse. Continúa diciendo que el citado Hecho Probado Quinto (realmente sexto) es el reconocimiento de la existencia del informe emitido por el Servicio de Neuropsicología del HUCA y su contenido; no se trata, como sostiene la recurrente, de un hecho probado que anticipe el fallo de la sentencia, sino el propio contenido del informe que describe. Tampoco se trata, como afirma, de un informe realizado "a efectos de la prestación" y prueba de ello es que, como es evidente y así se hizo constar en el plenario, dicho informe no es ni siquiera un informe médico privado, sino del Servicio de Psiquiatría de Enlace- Unidad de Neuropsicología del Hospital Universitario de Asturias, emitido por el Dr. Jeronimo, dependiente del Servicio Público de Salud, que ningún interés particular puede tener en la obtención de la prestación por parte del actor. En todo caso, en el peor de los supuestos, aunque el Tribunal reconociese que dicho hecho probado pueda anticipar en alguno de sus pasajes el fallo, únicamente cabría suprimir el último párrafo del hecho quinto, manteniéndose incólume en todo lo demás, por cuanto no puede obviarse en los hechos probados la existencia del informe que nos ocupa, ni las secuelas descritas en el mismo.

Para que prospere la revisión fáctica se requiere:1º.- Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso. 2º.- En segundo lugar, que se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado. 3º.- Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida. 4º.- que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos, y al mismo tiempo ha de proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados. 5º.- que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables. ; 6º.- que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso pues la revisión debe operar sobre la prueba documental y pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

Es doctrina judicial reiterada que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b) Los hechos notorios y los conformes.

c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso.

d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

El artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y el 209-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen los términos en que el Juez debe redactar la sentencia, con lo que en el lugar reservado a los hechos probados no deben introducirse valoraciones jurídicas, máxime si las mismas son predeterminantes del fallo, ya que éstas tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica de la sentencia. A este respecto la jurisprudencia (por todas, SSTS de 17-6-93 y 17-4-96) ha declarado la improcedencia de la inclusión en los hechos probados de las sentencias de conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, si bien el Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que la inclusión de los mismos en los hechos probados conduce a tenerlos por no puestos, y no a la nulidad de la sentencia, de acuerdo con los principios de economía procesal y de conservación de los actos judiciales ( SSTS de 20-5-1987, 2-6-1987 y 4-4-1991).

En el presente caso el ente interesa la supresión del hecho probado 5º (6º) refiriéndose en concreto al último párrafo, e interesa que se tenga por no puesto, lo que le libera de proponer un texto alternativo porque la razón es la predeterminación del Fallo.

Debe desestimarse el motivo, no sólo porque pretende la supresión de un hecho probado completo cuando razona la causa sólo sobre el último párrafo, sino porque dicho hecho reproduce el informe del servicio de Neuropsicología del HUCA, como consta al inicio, que contiene esas observaciones, no siendo atribuible al magistrado la valoración en los hechos sino en la fundamentación jurídica.

SEGUNDO:El actor, al amparo del artículo 197 de la LJS interesa que el hecho probado 5º tenga nueva redacción que es: "El actor está diagnosticado de: politraumatismo por accidente de moto. Consumo perjudicial de alcohol, cannabis y cocaína. Trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a lesión cerebral. Se objetivaron dificultades a nivel cognitivo (atención/concentración, memoria reciente) por las que fue derivado al Servicio de Neuropsicología del HUCA para valoración, con el resultado que obra en el siguiente hecho probado.Damos por íntegramente reproducido el informe médico de síntesis."

Lo sostiene en el informe de Salud mental de enero de 2024, en el del médico evaluador y en el informe pericial del doctor Jeronimo, con el fin de que , aunque dando por reproducido el Informe Médico de Síntesis, que expresamente reconoce la derivación de D. Daniel al Servicio de Neuropsicología para valoración cognitiva pendiente de informar en aquella fecha, omite en el diagnóstico dichos datos fácticos, que se antojan absolutamente importantes y, por ello, deben reflejarse y complementar los allí declarados probados, al ser relevantes a los efectos de que el recurso de suplicación interpuesto de contrario sea desestimado en su integridad.

Nada alega al respecto al Inss cuando se le dio traslado.

El artículo 197.1 de la LJS establece que: "1. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo para su impugnación, a la parte o partes recurridas por un plazo común de cinco días para todas ellas. En los escritos de impugnación, que se presentarán acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en el artículo anterior." Es interpretado por la jurisprudencia ( sentencia de 23 de noviembre de 2016 que recoge otra previa de 18 de febrero de 2014) "En dicho escrito únicamente se puede interesar la confirmación de la sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o parcial de la sentencia impugnada" y que < artículos 202 y 203.1 y 2 LRJS que, al regular los efectos de la estimación del recurso, contemplan única y exclusivamente el recurso, no la impugnación del mismo.- 3º.- El contenido del artículo 202.3 LRJS que dispone: "De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el artículo 193, la Sala resolverá lo que corresponda... dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, así como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnación, siempre y cuando el relato de hechos probados y demás antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes".

En el presente caso se interesa la confirmación de la sentencia de instancia.

Los principios generales del recurso de suplicación impiden la estimación del motivo porque el actor reconoce y mantiene en su texto, la remisión al informe del evaluador en su integridad, que describe en sus conclusiones alteraciones en la esfera cognitiva/conductual, y en el hecho probado siguiente (5º/6º) se reproduce el informe del servicio de Neuropsicología del HUCA, por lo que la modificación es redundante y carece de trascendencia en el Fallo.

TERCERO:El Inss formula un motivo del recurso al amparo del artículo 193.c) de la LJS al estimar que la sentencia infringe el artº. 194. b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre al reconocerle la Incapacidad permanente total, en función de los hechos que se declaran probados destacando que inició un proceso de incapacidad temporal, el 24 de junio del 22, por un accidente en moto; en febrero del 23 sufre una crisis comicial, se le pauta tratamiento encontrándose la dolencia bajo control, puesto que no se han repetido nuevas crisis. El médico evaluador consulta la historia clínica en la que se indica que a nivel psicopatológico se encuentra estable, que no hay afectación psicótica, ni afectivos mayores y que el demandante, además, no precisa tratamiento. En cuanto al consumo de alcohol en el que continúa, se remite a una sentencia de la sala de lo social del País vasco de 23 de septiembre de 2004 que declara que "tal enfermedad no constituye más que un hábito perfectamente prescindible con un ejercicio de voluntarismo" de forma que también se puede superar y añade que cuando el tratamiento no se ha iniciado o el intento es poco "serio", nos encontraríamos ante una dolencia no definitiva existiendo también posibilidades de recuperación, encontrándonos, en este supuesto con una absoluta falta de intentos de deshabituación. Concluye que se debe de tener en cuenta su encuadramiento en el RETA, condición que le permite el no someterse a horarios ni a rendimientos predeterminados, pudiendo dosificar esfuerzos y alternar su actividad con periodos de descanso en desempeño de sus actividades y suplica la estimación del recurso revocando la sentencia y desestimando la demanda.

El actor lo impugna alegando que no es el consumo de alcohol la causa del reconocimiento sino las secuelas del traumatismo cráneo-encefálico sufrido, y los informes de Salud Mental acreditan el abandono del consumo de alcohol y otros tóxicos a principios de 2021, con evolución favorable, si bien abandonó el seguimiento en agosto de 2021 en un contexto de recaída del consumo de alcohol, cannabis y cocaína, retomando de forma urgente tratamiento con fecha 16 de noviembre de 2021 por voluntad propia y aceptando el tratamiento farmacológico aversivo al alcohol (antabus), si bien con nueva recaída en junio de 2022, un mes antes a que se produjera el accidente de circulación que le provoco las lesiones incapacitantes que padece. Niega que su afiliación en el régimen especial de Trabajadores Autónomos le reporte las ventajas que dice el ente no sólo por ser discriminatorio y contravenir los mandamientos constitucionales, no pudiendo ser el encuadramiento en RETA un inconveniente u obstáculo en orden a causar derecho a la protección económica que demanda la situación de incapacidad de mi representado, sino también por lo incierta que es, pues un trabajador autónomo, para sacar su empresa adelante, no puede permitirse bajos rendimientos, errores, ni dosificación de esfuerzos, mucho menos largos periodos de descanso en el desempeño de su actividad. El ejercicio autónomo, para que resulte económicamente viable, requiere constancia, continuidad, regularidad y eficacia, del mismo modo o más, si cabe, que las actividades prestadas por cuenta ajena, porque no solo implican el desarrollo de una "profesión habitual", sino el desempeño de una "actividad económica", remitiéndose a la jurisprudencia que precisado que la condición de trabajador autónomo comprende dos vertientes: la de trabajo propiamente dicho, y la de dirección, organización y gestión de la explotación, de manera que, para rechazar el grado de invalidez, el trabajador autónomo debe poder, no solo estar en condiciones de realizar el trabajo físico, sino también de dirigir su propio negocio en términos idóneos a la efectividad de su actividad económica, estando a lo valorado en la sentencia recurrida.

El artículo 193 de la LGSS determina que la incapacidad permanente es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo, estableciendo el artículo 194 los grados, desde la incapacidad permanente parcial a la gran invalidez.

La incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, siendo éste el grado interesado y reconocido.

No es posible, para la tipificación de una incapacidad laboral, reconducir a unidad los supuestos de hecho en su proyección jurídica, por tratarse de una tarea compleja en la que se han de tener en cuenta factores laborales, médicos y jurídicos, y considerar variados informes periciales, con frecuencia demasiado lacónicos en la descripción de padecimientos que aquejan al trabajador, y faltos de precisiones sobre cuáles son los concretos efectos negativos que cada uno de esos males determina precisamente en esa persona, individualizada, única e irrepetible. Por eso, salvo absoluta coincidencia de todas y cada una de las lesiones, en su identidad de grado -cosa prácticamente imposible que se produzca-, la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante, en cuanto que cada concreto supuesto reclama también concreta decisión, ya que sólo así queda otorgada la plena tutela judicial.

Debe estarse a los hechos que se declaran probados, siendo su profesión habitual la de Pintor, de alta en el régimen especial de Trabajadores Autónomos, sin que conste que dispone de trabajadores.

Tras un accidente de moto el 24 de junio de 2022, en el que sufrió un politraumatismo que le provocó un hematoma epidural frontal, otro hematoma subdural hemisférico derecho y parieto-occipital izquierdo, contusión occipital derecha, fronto-parasagital izquierda y frontobasal bilateral, además de fractura escama temporal derecha y otras de diversos huesos, fue asistido en febrero de 2023(informe del médico evaluador) por una probable crisis comicial en relación con el traumatismo, siguiendo el tratamiento pautado(Depakine) sin nuevas crisis. Fue remitido al servicio de Neuropsicología del Huca que en junio de 2023 informó de un déficit grave de la memoria episódica verbal con alteraciones ejecutivas significativas en el razonamiento lógico no verbal y en la fluidez no verbal, observando el evaluador alteraciones en la esfera cognitivo/conductual que son tratados en el centro de Salud Mental, con buen contacto visual, alerta normal, buena reactividad más a estímulo que espontánea, con personalidad impulsiva, escasa concienciación de lo ocurrido, razonamiento superficial, cierta perplejidad, atención media, sin polaridad afectiva ni alteraciones sensoperceptivas, manteniendo conducta social.

También presenta un consumo perjudicial de alcohol, cannabis y cocaína y un trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a la lesión cerebral como informó el centro de Salud mental que lo sigue, quien también observó las alteraciones en la atención/concentración y memoria reciente. Es reacio a mantener la abstinencia de tóxicos por falta de concienciación.

Desde el punto de vista físico la marcha es normal, asimetría facial residual, sin déficit motórico ni alteración del equilibrio, tándem normal sin otro déficit del aparato locomotor.

La sentencia de instancia valoró que conforme con los informes de la sanidad pública, las secuelas neurológicas del traumatismo (déficit grave de la memoria episódica verbal con alteraciones ejecutivas significativas en el razonamiento lógico no-verbal y en la fluidez no verbal, y alteraciones en la esfera cognitivo/conductual) le impedían el correcto desempeño de su profesión habitual en condiciones mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia de las fundamentales tareas, conclusión que no se combate en el recurso porque niega la existencia de secuelas frente a los hechos que se declaran probados que resultan incluso del informe del médico evaluador, que muestran la afectación vista.

En relación a que se trate de un trabajador autónomo, esta sala ya se pronunció al respecto(S. de 27 de septiembre de 2013 (rec. 1312/13) en la que se declaró: " Evidentemente, el trabajo autónomo puede presentar un aspecto bifronte: una perspectiva de trabajo en la que puede resultar necesario el empleo de esfuerzo físico y otra de dirección, organización y gestión del negocio, empresa o explotación sin sujeción a la disciplina, horario, rendimiento propios de los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, como quiera que el trabajador autónomo puede utilizar el servicio remunerado de otras personas, no tiene que desempeñar todas y cada una de las tareas que constituyen su actividad económica, pudiendo incluso limitarse a las labores de gestión, administración y dirección de empresa. Ahora bien, como sucede con toda valoración de incapacidades laborales, el análisis de dolencias ha de resultar individualizado y matizado en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, a fin de determinar si es o no posible la continuidad de la actividad del trabajador autónomo. Y, en este punto el desempeño del núcleo esencial de la actividad con continuidad, eficacia y regularidad son siempre factores decisivos."

En el presente caso, además de no disponer de trabajadores a su cargo que realicen las tareas más relevantes de su profesión, las deficiencias ya examinadas le impiden el desempeño de la actividad de Pintor, que es su profesión habitual, por lo que el alta en el régimen especial no es obstativa para el reconocimiento.

En cuanto al consumo de tóxicos, no es un hecho que determine las deficiencias sino que el continuo consumo es consecuencia de las secuelas del traumatismo craneoencefálico sufrido en el accidente de tráfico, como razonó la sentencia.

Por todo ello se desestima el recurso de suplicación interpuesto, sin expresa imposición de las costas.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,