Sentencia Social 920/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 791/2024 de 22 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Se formula el presente recurso de suplicación contra el auto de instancia de fecha 26 de junio de 2024, en virtud del cual se desestima la pretensión del ejecutante, en la ejecución seguida de sentencia del JS 1 de fecha 14-7-2022 (proc. 224/2018) y auto de aclaración de fecha 26-7-2022, siguiente; y, sentencia de esta sala de fecha 1-2-2023 (rec. 991/2022), auto de aclaración de fecha 27-3-2022 estimatoria parcial del recurso de suplicación planteado por el ISM.

Relativas a prestación de incapacidad temporal reconocida al demandante D. Antonio, frente a las demandadas, derivada de accidente no laboral por el periodo 28 de noviembre de 2016 hasta el 27 de mayo de 2018 (545 días), conforme a base reguladora equivalente a prestación de desempleo que se determinará en ejecución de sentencia, con cargo al ISM.

Mediante escrito de ejecución de sentencia de 23-5-2023, se despacha ejecución por auto de 1-6-2023 que fue impugnado por la ejecutada mediante escrito de 19-6-2023 y 11-7-2023 alegando el cumplimiento íntegro de la sentencia. Dictándoseauto de 31-10-2023, aclarado por el de fecha 7-11-2023, por el que se acuerda la ejecución despachada, requiriendo a la entidad ejecutada, descontando la cantidad ya abonada, el importe de la prestación reconocida el 1-6-2023 (a razón de 14,20 €/día, del 80% del IPRM 2016, importe del subsidio por desempleo nivel asistencial). Abonado la entidad la cantidad liquidada, conforme a la base de 119,81 €/día, con el tope legal para beneficiario sin hijos de 36,24 €/día, abonados el 23-11-2023.

Tras dicha decisión, el ejecutante solicita requerir a la ejecutada del pago de prestación reconocida, interponiendo recurso de revisión contra el auto de fecha 27-3-2024 y diligencia de 15-1-2024, que liquida la cantidad debida (en un importe diario de 119,18 €/día con el tope legal), reclamando un total de 44.503,10 € en concepto de principal e intereses de demora, desestimada en la resolución dictada.

SEGUNDO.-Larepresentación letrada del ejecutante formula recurso de suplicación contra dicha decisión, con apoyo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denunciando infracción de lo establecido en los artículos 222, 400 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 18.2 de la LOPJ, artículos 72, 85, 97 y 237 de la citada LRJS, así como los arts. 287.2, 241.2 y 239.5 de la citada norma.

Considera que el auto impugnado de 27-3-2014, dada la aplicación del tope a la prestación por desempleo objeto de discusión, incurre en la infracción de la citada normativa, cuando la entidad que no procedía la IT a su cargo, negaba que la base de la prestación fuese la declarada probada y que tal prestación se sujetaría a los datos de prestación por desempleo, y reconocía que no había sido ello alegado en vía administrativa. Aludiendo a la parte condenatoria del fallo de esta sala, denegando que se cuantificase la prestación limitada por los topes de la prestación por desempleo. En auto de aclaración de sentencia, siendo lo propuesto por la entidad rechazado, y lo único remitido a ejecución el cálculo de la base reguladora de desempleo al que equipara la IT.

Reiterando esta cuestión en ejecución, negada por auto de 31-10-2023, con independencia de si reúne los requisitos para la prestación por desempleo contributivo o los límites teóricos de la prestación. Admitiendo el único cálculo de la prestación de 119,18 €, por los 545 días reconocidos.

Considerando la parte recurrente que, además, tal alegación (la aplicabilidad de los topes de la prestación por desempleo a la prestación IT reconocida al actor) debiera de haberse hecho en vía administrativa o, al menos, en instancia, a fin de que esta parte pudiera defenderse y alegar circunstancias tales como la improcedencia de tales límites en el caso presente, la improcedencia de los límites del 2016 a día de hoy, la eventual existencia de hijos a cargo, etc. Concluyendo que, al no haberlo hecho no cabe hacerlo en ejecución ni, por ello, en suplicación.

TERCERO.-En la resolución del recurso debe partirse del inalterado relato de la resolución impugnada, en cuanto se ejecuta el fallo de la sentencia de esta sala de fecha 1-2-2023 (rec. 991/2022) en la que se declara: Desestimamos el recurso formulado por D. Antonio y estimamos parcialmente el planteado por Instituto Social de la Marina y Tesorería General de la Seguridad Social frente a la sentencia del Juzgado Social número Uno de Santander de fecha 14 de julio de 2022 (procd. 224/2018 ), en virtud de demanda instada por el beneficiario recurrente contra las entidades también recurrentes, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, MUTUA MC MUTUAL, BERGE MARITIMA S.L., y RANDSTAD EMPLEO ETT, en reclamación de seguridad social y, en consecuencia, revocamos la sentencia recurrida y declaramos el derecho del actor a la prestación por incapacidad temporal devengada desde el día 28 de noviembre de 2016 hasta 27 de mayo de 2018 -auto de aclaración de fecha 27-3-2023-, conforme a base reguladora equivalente a la prestación por desempleo que se determinará en ejecución de sentencia, cuyo pago corresponde al ISM".

Así como, en su FD Cuarto, en lo único ya cuestionado en fase de ejecución que es el importe de la BR debida, puesto que no impugna el número de días devengados de la prestación, se dice que conforme a los anteriores razonamientos resulta de aplicación el número 2 del artículo 283 LGSS/2015. De lo que resulta que la base reguladora es la correspondiente a aplicar la reforma operada por la Ley 24/2001, que tiende a evitar que en los casos contemplados por la norma llegaran a percibir los beneficiarios, una vez extinguida la relación laboral, una prestación económica por la incapacidad temporal persistente superior a la que correspondería al desempleo, sin que esté viva relación laboral. Por eso mismo, se dispone que el beneficiario de incapacidad temporal percibirá "la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo...".La protección legal opera con independencia de si el beneficiario reúne o no los requisitos necesarios para acceder a la situación de desempleo con derecho a prestaciones (también en supuestos de subsidio), tema sobre el que se declara probado en la recurrida que estaba en disposición de su disfrute al momento de la baja, con derecho a prestación.

En auto de aclaración de sentencia, solicitado por Berge Marítima S.L., el actor e ISM, se aclara, únicamente, en cuanto a error en la fecha de su devengo; y, respecto de la solicitada por el ISM, que el fallo de la sentencia en cuanto a periodo de prestación reconocido no se modifica, pues la prestación reconocida solo se extingue a su alta, no por agotamiento de un hipotético derecho a desempleo anterior que no es lo declarado en la sentencia de la sala.

Quedando inalterada la remisión a ejecución de sentencia del cálculo de la base reguladora debida, equivalente a la prestación por desempleo.

Esto es, cuando en la resolución recurrida se atiende, precisamente en el cálculo de la prestación debida, a lo establecido a tal efecto en el art. 283.2 LGSS aplicando la resolución aquí recurrida el tope legal de la mencionada prestación, se está dando cumplimiento a la ejecución literal de la remisión para su cálculo determinada judicialmente, en sus propios términos. Sin vulneración de lo juzgado, ni cabe oponer a ello que en vía administrativa o judicial no se hubiese realizado o impugnado su cálculo, pues es precisamente esta falta de cálculo inicial lo que determina, ante el reconocimiento del derecho del trabajador a la prestación solicitada y reconocida, y como garantía para su adecuada controversia entre los litigantes, en garantía del derecho a defensa del ejecutante del art. 24 de la CE, al no constar dicho cálculo ni en vía administrativa ni en la sentencia recurrida en suplicación, su remisión al periodo de ejecución seguido.

Trámite en el que el ejecutante ha podido alegar y probar en cuanto a las circunstancias precisas al efecto (cargas familiares...), cuanto ha estimado oportuno, sin que el juzgador de instancia haya rechazado prueba alguna propuesta por el ejecutante.

En el que lo único que cabe es su cálculo, conforme a las circunstancias acreditadas del trabajador que no discute (se calcula beneficiario sin hijos y no cita documento fehaciente del que pueda concluirse de forma indubitada en el recurso de suplicación que los tenía en el momento del devengo de la prestación cuestionada).

El art. 241.1 de la LRJS, con relación a los preceptos invocados en el recurso, llevan a la determinación en ejecución de sentencia a lo resuelto con carácter firme, en su parte condenatoria. Por lo que, limitándose la resolución atacada en el presente recurso a comprobar la corrección del cálculo de la prestación equivalente a prestación por desempleo a que remite la resolución de la que trae causa, sin que la aplicación de límites legales a aquella, hayan sido expresamente alegados ni resueltos en la resolución que dio lugar a la ejecución seguida. Al contrario, vienen determinados por la propia normativa a que remite la citada sentencia para su cálculo.

La cuestión suscitada consiste en determinar si cabe, en fase de ejecución de sentencia, deducir de lo que le corresponde percibir a un beneficiario en concepto de prestación de incapacidad temporal en la resolución judicial que se ejecuta, las cantidades correspondientes a la aplicación de la prestación de desempleo a que remite la resolución ejecutada de conformidad a las circunstancias personales del trabajador y topes legales. La Sala IV del TS, recuerda que (SSTS/4ª de fecha 20-6-2017, rec. 3743/2015; y, 18-9-2013, rec. 3101/2012; ATS/4ª de 24-5-2023, rec. 4025/2022) la sentencia debe ser ejecutada en sus propios términos, sin posibilidad de alegar en trámite de ejecución incompatibilidad legal o cuestiones que no se discutieron en el proceso principal, así como tampoco introducir descuentos no autorizados por la sentencia, resultando extemporánea la alegación en ejecución de sentencia.

Pero, en las presentes actuaciones, precisamente, declarado en la sentencia que se ejecuta que el cálculo de la BR de la prestación reconocida no se corresponde con la declarada probada en la sentencia recurrida, se deja para el trámite de ejecución de sentencia su cálculo. Determinado por la necesaria equivalencia a la prestación de desempleo que corresponde al beneficiario en el periodo de su devengo, establecida por normativa legal que es la aplicada en la resolución ahora recurrida que liquida su cálculo, conforme a dichos parámetros legales. Respectando la sentencia firme el reconocimiento vinculado al necesario cálculo de la BR de la prestación debida, remitiendo a la ejecución de sentencia para la liquidación de su pago. Como título ejecutivo o condicionante de tal liquidación, de acuerdo con lo establecido en el referido artículo 214.1 de la LRJS.

Con la aplicación del cálculo y topes legales para el percibo de la prestación establecida en las normas que fijan su cálculo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 283 y concordantes de la Ley General de La Seguridad Social. Sin que esta liquidación determine que la sentencia no haya sido ejecutada en sus propios términos, sino en su efectivo cumplimiento.

Por lo que, ninguna infracción de normas en la recurrida se estima, confirmándose sus pronunciamientos.

QUINTO.-Porúltimo, la parte ejecutante/recurrente denuncia infracción en la recurrida de lo dispuesto en los artículos 251, 269 y 287.4.e) de la LRJS. Reiterando los intereses reclamados. Abonando la ejecutada la cantidad que considera oportuna, tras recurso de suplicación, aclaración e incidente de ejecución, con nueva aclaración, en junio de 2023 y luego a fines de 2023. Respecto de la situación de IT, que se devengó en 2016. Siendo la primera sentencia condenatoria de julio de 2022, precisando ejecución de sentencia para el pago principal, no solo relativo al cálculo de la BR, interesando su devengo, aludiendo a que el beneficiario se ha visto perjudicado por la oposición y recursos planteados de contrario. Que calcula en el importe de la variación del IPC desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2023, del 19,8%.

La cuestión ha sido objeto de doctrina jurisprudencial reiterada (por todas, STS/4ª de fecha 24-1-2023, rec. 3076/2019), dictada en interpretación de los preceptos invocados en el recurso. Así, el art. 287.4.e) de la LRJS, con relación al art. 576 de la LEC y los arts. 23 y 24 de la LGP. Respecto de los intereses de demora procesal en el pago por parte de la administración de la seguridad social, se devengan una vez transcurrido el plazo de tres meses concedido para hacer efectivas sus obligaciones, cuyo cómputo comienza desde que se conoce la cantidad líquida o el alcance real del fallo condenatorio que se ejecuta.

Siendo la razón de este plazo, de tres meses del art. 24 de la Ley 47/2003 (antiguo art. 45 de la LGP) facilitar a la Administración el control del gasto y concesión de la autorización pertinente para el abono de la deuda.

Y, si bien no es preciso para su cómputo que se declare la firmeza de la resolución, aseverando que los intereses ex art. 24 LGP comienzan a devengarse desde el momento en que se notifica la sentencia. Y, la STC 69/1996 declara: el contenido de la LGP exige una interpretación conforme con la Constitución, y que consiste en entender que desde que fuere dictada en primera instancia la resolución judicial que condene a una Administración pública al pago de una cantidad líquida, comienzan a devengarse los intereses de demora a cargo de la hacienda pública, al igual que sucede cuando el condenado al pago es un particular.

Así como, la STC 23/1997 expresa: "no es compatible con el artículo 14 CE un entendimiento del artículo 45 LGP como el contenido en la Sentencia impugnada, conforme al cual la Administración no incurre en mora ''ínterin no hayan transcurrido los plazos que establece el artículo 45 de la Ley general presupuestaria , que exige que transcurran tres meses desde la notificación de la Sentencia o reconocimiento de la obligación de pago, y la posterior reclamación del interesado'',pues, no es posible encontrar ningún bien o principio constitucional cuya protección exija un trato privilegiado otorgado. Pues si deniegan al ejecutante (ante ilegalidad de la causa en que se pretendió justificar la minoración del precio), los intereses devengados durante este período, en modo alguno conseguirá la plena satisfacción de su derecho, pues, al tener que acudir al proceso para lograr su reconocimiento, el tiempo empleado para ello generará de suyo unos perjuicios que quedarán sin resarcir.

Pero, sobre la precisión terminológica de la expresión "sentencia de instancia", explicando al efecto que la finalidad de los intereses procesales es "paliar los perjuicios derivados de los abusos con los recursos [...] y aminorar los efectos del retraso en el pago efectivo [...]", argumentando la doble función de que los intereses procesales: "se resarce con ellos en sentido amplio el perjuicio que para quien ha vencido en el juicio se deriva de "la demora en ejecución de una sentencia judicial favorable" [...] protegiendo así "el interés en obtener satisfacción material de su pretensión... sin el deterioro de la depreciación monetaria" [...] y por otra parte, "el abono de los intereses, tiene también un alcance disuasorio de la interposición de recursos infundados".

En relación con las deudas a cargo de la Administración, la normativa aplicable instrumenta un plazo de tres meses para poder considerarla incursa en mora, una vez transcurrido, los efectos han de retrotraerse al tiempo en el que acaeció efectivamente el incumplimiento. De otro modo, la obligación de abonar intereses nace al día siguiente al del vencimiento de la obligación cuando el cumplimiento acontezca una vez superados los tres meses, iniciándose el cómputo a partir de la sentencia de instancia y no desde el momento en que hubiere alcanzado firmeza.

Cuando la deuda es reconocida en sentencia judicial, los intereses comienzan a devengarse desde que es notificada la sentencia de instancia que reconoce el derecho del administrado.

Pero, cuando, como aquí sucede, la liquidación de la deuda no deriva de la sentencia que se ejecuta, sino del necesario trámite de ejecución de sentencia, que fija la BR reguladora finalmente calculada en la resolución impugnada, confirmada por el auto que aquí se recurre en suplicación.

El plazo de tres meses se computa desde la fecha de la notificación de la resolución que contiene la condena que aquí no es otra que la dictada en ejecución de sentencia (desde su notificación).

En cuanto a la alegación contenida en el recurso sobre una actuación de pago tardío exclusivamente imputable a la actuación de la ejecutada en perjuicio de los intereses del beneficiario de la prestación. Se contradice con el relato de lo sucedido en que se fija en la sentencia de instancia una BR cuyo cálculo se impugna (además de cuestiones de fondo en el reconocimiento de la prestación que fueron desestimados), por la entidad gestora responsable de su pago que se estiman, lo que supone que la prestación reconocida no es liquidada en sentencia sino en trámite de ejecución de sentencia.

Igualmente, en la ejecución seguida la parte ejecutante solicita una BR superior a la reconocida que, si bien no coincide en la fijada en la resolución recurrida por la gestora en su pago inicial de 2023, tampoco, es coincidente con la pedida por el ejecutante en la resolución que liquida su pago y es ejecutada en plazo por la entidad gestora (dentro de los tres meses siguientes a su notificación).

Por lo que carece el ejecutante de relato que sustente una actuación de la gestora de retraso culpable y éste solo se le puede imputar a las Administraciones Públicas transcurridos tres meses desde la liquidación de su deuda. Momento desde el que podrá iniciar los trámites necesarios para tramitar el oportuno expediente de gasto.

Estimar lo contrario equivaldría a negarle el plazo de los tres meses que tiene legal y constitucionalmente reconocidos. Justificando el retraso en el pago en razones objetivas como ha señalado la doctrina constitucional, por las mismas razones habrá de quedar justificado que el "dies a quo" del cómputo de tales intereses sea el de la notificación de la resolución de instancia líquida, pues sólo desde entonces puede la Administración de que se trate, tomar sus previsiones en orden al pago dentro de plazo del principal para evitarse el abono de los intereses, con lo que deberá jugar igualmente para el pago de los mismos en el caso de no respetar dicho plazo ( STS/4ª de 7-5-2007, rec. 1513/2007; y, 7-5-2000, rec. 4665/2002).

En consecuencia, procede la íntegra desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,