Sentencia Social 6808/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 3619/2025 de 22 de diciembre del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 2 de Sabadell ha dictado sentencia en fecha 8-7-2024 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 757/2019 ), en la que ha estimado, en parte, la demanda interpuesta instancia de Dª Estela, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Baker Vallès, S.L., Mutua Fremap, Mutual Universal, Ratnagiri-NG, S.L., Mutua Asepeyo, Mutuam M.P.S. y Midat Cyclops, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente total, para su profesión habitual, derivada de enfermedad profesional, con derecho a la percpeción de una prestación del 55% de la base reguladora anual de 6.663,86 euros, con fecha de efectos de 12-6-2019, cojdenando a la Mutua Fremap, como responsable directa a estar y pasar por tal declaración y al abono de la referida prestación Absolviendo al resto de codemandadas, sin perjuicio de las responsabilidades legales y subsidiarias del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En dicha sentencia, en resumen, se contienen los siguientes razonamientos:

-Se determina que las patologías que presenta la actora, rinitis y asma por hipersensibilidad tipo I (mediada IGE) frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas: proteinas del Arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate, conocida como "Asma del panadero", derivan de enfermedad profesional, por haberse visto expuesta la trabajadora, a dichos alérgenos en el desempeño de su trabajo como Auxiliar de tienda- Pizzeria.

-Se concluye que dichas patologías impiden a la actora el desempeño de las mas importantes tareas de su profesión habitual, y se declara a la misma en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

-Respecto a la responsabilidad en el pago de la prestación, se considera como unica responsable a la Mutua Fremap, aseguradora del riesgo en la empresa Baker Vallés, S.L., al considerar que la enfermedad ha sido desarrollada por la actora cuando prestaba servicios para dicha empresa. Señala el Magistrado de instancia que la actora inició incapacidad temporal por la enfermedad profesional el 12-3-2018, cuando ya estaba en la empresa Baker Vallés, S.L., en la que prestaba servicios desde el el 28-7-2016 por subrogación desde la empresa Ratnagiri-NG, S.L., sin que hasta dicha fecha hubiera presentado sintomatología.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que se declare el reparto de responsabilidad en la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora del modo siguiente: 78% a la Mutua Asepeyo, por el periodo comprendido entre el 22-3-2010 al 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2016 al 4-6-2018.

Asepeyo Mutua Colabora con la Seguridad Social Nº 151, ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Mutuam MPS, ha presentado escrito de impugnación del recuso en el que alega que en el recurso no se discute la absolución de dicha entidad, por lo que debe confirmarse la misma.

La demandante ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone los motivos alegados, solicitando su desestimación.

El resto de demandados no han presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los parámetros expuestos, se ha examinar la revisión fáctica pretendida.

A.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Primero, cuya redacción es la siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 07.06.2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora).>>

Como texto alternativo se propone el siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 22 de febrero de 2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora)

Como fundamento de la modificación, se cita el informe de vida laboral que consta en los folios 693 a 699 de las actuaciones, señalando que es relevante en tanto el inicio de la relación laboral con la empresa Ratnagiri-NG, S.L., (empresa de la que fue subrogada) marca la exposición al riesgo.

Se estima la modificación solicitada.Pues consta en el informe de vida laboral que la fecha de inicio de la relación laboral con Ranagiri-NG, S.L., es el 22-2-2010; empresa desde la que la actora pasó subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., según se refleja en el Hecho Probado Quinto.

B.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: "1.- La actora fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS S.L., de la empresa RATNAGIRI-NG. S.L., dedicada a la actividad de pizzería, en fecha 28.07.2016.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "1.- La actora prestaba servicios desde el día 22 de febrero de 2010 para la mercantil RATNAGIRI-NG, dedicada a la actividad de pizzería. En fecha 28.07.2016 fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS, S.L.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como apoyo de la modificación se cita el informe de vida laboral obrante a los folios 693 a 699 de las actuaciones.

Se estima la modificación.Pues consta el alta en la empresa RATNAGIRI-NG el 22-2-2010 en el informe de vida laboral; siendo relevante a los efectos de una más completa redacción del hecho probado.

C.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado Undécimo, con la siguiente redacción: "En cuanto al reparto de responsabilidad, de acuerdo con los periodos que constan bajo la cobertura de cada una de las entidades gestoras, corresponde el 78% a Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2010 hasta el día 27 de julio de 2016 y el 22% a Mutua Fremap por el periodo comprendido entre 28 de julio de 2016 hasta el día 4 de junio de 2018."

Como fundamento de la modificación se cita el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se desestima esta adición.Pues pretende la parte recurrente introducir una cuestión jurídica, precisamente la que es objeto del recurso, impropia del relato fáctico.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción del artículo 126.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, en relación con el artículo 68.2 a) de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 51/2007, y los artículos 87.3, 200 y 201.1 de la misma Ley, así como la doctrina del Tribunal Supremo, con cita de las sentencias nº 579/2017, de 4 de julio (Rcud 913/2016), 10 de julio de 2017 ( Rcud 1652/2016), de 29-11-2017 (Rcud 3092/2016), y 13-12-2017 (Rcud 1210/2016).

En síntesis, alega la parte recurrente que la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, debe distribuirse entre las dos Mutuas aseguradoras, de las dos empresas en las que la misma ha estado expuesta al riesgo que ha ocasionado la enfermedad, pues la enfermedad se contrae a lo largo del tiempo con la exposición a los agentes que la provocan; y, en este caso, la actora ha estado expuesta a las sustancias que le han producido la enfermedad, desde el inicio de la prestación de servicios en la empresa Ratnagiri NG, que también se dedicaba a la actividad de pizzería, como auxiliar de pizzería. Y, por tanto, considera que la trabajadora ha estado expuesta al riesgo desde el 2010 y hasta el 4-6-2018, fecha en la que dejó de prestar servicios, por lo que la responsabilidad debe distribuirse entre Mutua Asepeyo y Mutua Fremap, debiendo responder un 78% la Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2026 hasta el 4-6-2018.

La Mutua Asepeyo, en su escrito de impugnación, se opone a este motivo. En sustancia, se remite a los argumentos de la sentencia de instancia, señalando que la enfermedad profesional debutó, bajo la cobertura de Fremap.

La actora, en su escrito de impugnación se opone a este motivo. En resumen, alega que no se ha probado una exposición continuada al agente nocivo en la relación laboral anterior.

SEXTO.- Ha de estimarse este motivo de censura jurídico sustantiva, por las consideraciones que se exponen a continuación.

La Sala IV del Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias ha sentado una doctrina unificada sobre esta cuestión, tras la modificación producida por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, a partir de su entrada en vigor el 1-1-2008. [ SSTS 579/2017 de 4 julio (rcud. 913/2016 ); 607/2017 de 10 julio (rcud. 1652/2016 ); 947/2017 de 29 noviembre (rcud. 3092/2016 ); 996/2017 de 13 diciembre (rcud. 1210/2016 ); 271/2018 de 13 marzo (rcud. 1209/2016 ); 333/2018 de 22 marzo 2018 (rcud. 1771/2016 ); 616/2018 de 12 junio (rcud. 1740/2017 ); 3/2019 de 8 enero (rcud. 2590/2016 ); 240/2019 de 21 marzo (rcud. 3901/2017 ); 695/2020 de 22 julio (rcud. 102/2018 ); 781/2020 de 17 septiembre (rcud. 723/2018 ); 892/2020 de 13 octubre (rcud. 3947/2017 ); 685/2022 de 21 julio (rcud. 244/2019, 20-7-2020 (Rcud.102/2018), entre otras]. Doctrina que se reitera en la de 20-12-2022 (Rcud 3169/2019); en esta sentencia se argumenta:

<< 2. Razones para afirmar la responsabilidad compartida.

Las sentencias mencionadas sientan doctrina jurisprudencial sobre la determinación de la entidad responsable de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional cuando ha existido una sucesión en el aseguramiento, entre el INSS y las Mutuas que cubrieron el riego a partir de 2008. Recordemos sus argumentos:

Primero: La enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con el accidente de trabajo, si bien se exterioriza en un momento determinado, se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición del trabajador a determinadas sustancias, elementos o condiciones de trabajo, lo que impide que pueda establecerse que la entidad responsable es la aseguradora del momento en el que se manifiesta la enfermedad.

Segundo: La enfermedad se contrae a lo largo del tiempo, por la exposición a los agentes, elementos o condiciones de trabajo causantes de la misma, lo que significa que a lo largo del, generalmente, dilatado periodo de tiempo en el que se ha contraído y desarrollado la enfermedad, se han podido suceder diferentes aseguradoras de dicha contingencia, en concreto, a partir del 1 de enero de 2008 el INSS no detenta la exclusividad en el aseguramiento, sino que este puede ser asumido por las Mutuas.

Tercero: La jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado acerca de la responsabilidad de las Mutuas en el abono de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, ya apuntaba, aunque este no era objeto del debate, la posibilidad de que se plantease el problema de establecer los criterios de imputación de la responsabilidad en una situación de concurrencia de gestoras en el tiempo. ( STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras).

Cuarto: La jurisprudencia de esta Sala, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, o en el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad común -asegurada en el INSS- a una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo -asegurada en una Mutua- ha establecido la responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban aseguradas las contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban aseguradas las contingencias profesionales.

Quinto: La regla general es que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante. Sin embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias. [...] la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos.">>

De la doctrina expuesta, se evidencia que, para determinar la entidad aseguradora responsable de la prestación de incapacidad permanente, en las enfermedades profesionales, no se ha de estar al hecho causante, sino al tiempo en que la persona trabajadora ha prestado servicios con exposición al riesgo. Y cuando ha existido un aseguramiento de sucesivas entidades, durante el tiempo de exposición, se ha de distribuir la responsabilidad entre las mismas, siendo el criterio establecido, el efectuar dicha distribución en función del tiempo de aseguramiento de cada una de las entidades, es decir, en proporción al tiempo de cobertura del riesgo por cada una de ellas.

En este caso, según consta en los hechos probados de la sentencia, con las modificaciones fácticas estimadas, resulta que la actora ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, para la empresa Ratnagiri-NG, S.L., dedicada a la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, pasando subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., el 28-7-2016 en la que ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, hasta el 4-6-2018. Por otra parte, también consta probado que la actora está afecta de "Rinitis y Asma por hipersensibilidad tipo I (mediada por IGE), frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas, proteínas del arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate."; y que esta patología que es conocida como "Asma del panadero", tiene su etiología en la aspiración prolongada de sustancias de alto peso molecular, como el polvo de harina en suspensión, presente en las actividades relacionadas con la industria alimentaria, panadería e industria de la cerveza.

Por tanto, la actora padece una enfermedad profesional, producida por la exposición de alérgenos presentes en la elaboración de pizzas, que ha contraído por dicha exposición a lo largo del tiempo en que ha desempeñado su trabajo, dentro de la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 4-6-2018, y ello, aunque el primer proceso de incapacidad temporal lo iniciara el 12-3-2018.

En consecuencia, en este caso se ha de distribuir la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad profesional, entre las Mutuas aseguradoras de las contingencias profesionales en el total periodo de exposición a los alérgenos, es decir, la Mutua Asepeyo y la Mutua Fremap, en proporción al periodo de cobertura del riesgo por cada una, en los términos reclamados por la parte recurrente; correspondiendo a la Mutua Asepeyo el 78% por ser el tiempo de su cobertura desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por ser su tiempo de cobertura desde el 28-7-2016 hasta el 4-6-2018.

SÉPTIMO.-Por todo lo expuesto, debe estimarse el recurso de suplicación formulado, revocando parcialmente la sentencia de instancia, únicamente respecto a la entidad responsable del pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, condenando a la Mutua Asepeyo al pago del 78% de dicha prestación y la Mutua Fremap al pago del 22% de dicha prestación; confirmando el resto de pronunciamientos.

OCTAVO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de las costas al estimarse el recurso formulado.

NOVENO.-En virtud del articulo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir, por la parte recurrente.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 2 de Sabadell ha dictado sentencia en fecha 8-7-2024 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 757/2019 ), en la que ha estimado, en parte, la demanda interpuesta instancia de Dª Estela, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Baker Vallès, S.L., Mutua Fremap, Mutual Universal, Ratnagiri-NG, S.L., Mutua Asepeyo, Mutuam M.P.S. y Midat Cyclops, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente total, para su profesión habitual, derivada de enfermedad profesional, con derecho a la percpeción de una prestación del 55% de la base reguladora anual de 6.663,86 euros, con fecha de efectos de 12-6-2019, cojdenando a la Mutua Fremap, como responsable directa a estar y pasar por tal declaración y al abono de la referida prestación Absolviendo al resto de codemandadas, sin perjuicio de las responsabilidades legales y subsidiarias del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En dicha sentencia, en resumen, se contienen los siguientes razonamientos:

-Se determina que las patologías que presenta la actora, rinitis y asma por hipersensibilidad tipo I (mediada IGE) frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas: proteinas del Arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate, conocida como "Asma del panadero", derivan de enfermedad profesional, por haberse visto expuesta la trabajadora, a dichos alérgenos en el desempeño de su trabajo como Auxiliar de tienda- Pizzeria.

-Se concluye que dichas patologías impiden a la actora el desempeño de las mas importantes tareas de su profesión habitual, y se declara a la misma en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

-Respecto a la responsabilidad en el pago de la prestación, se considera como unica responsable a la Mutua Fremap, aseguradora del riesgo en la empresa Baker Vallés, S.L., al considerar que la enfermedad ha sido desarrollada por la actora cuando prestaba servicios para dicha empresa. Señala el Magistrado de instancia que la actora inició incapacidad temporal por la enfermedad profesional el 12-3-2018, cuando ya estaba en la empresa Baker Vallés, S.L., en la que prestaba servicios desde el el 28-7-2016 por subrogación desde la empresa Ratnagiri-NG, S.L., sin que hasta dicha fecha hubiera presentado sintomatología.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que se declare el reparto de responsabilidad en la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora del modo siguiente: 78% a la Mutua Asepeyo, por el periodo comprendido entre el 22-3-2010 al 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2016 al 4-6-2018.

Asepeyo Mutua Colabora con la Seguridad Social Nº 151, ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Mutuam MPS, ha presentado escrito de impugnación del recuso en el que alega que en el recurso no se discute la absolución de dicha entidad, por lo que debe confirmarse la misma.

La demandante ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone los motivos alegados, solicitando su desestimación.

El resto de demandados no han presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los parámetros expuestos, se ha examinar la revisión fáctica pretendida.

A.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Primero, cuya redacción es la siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 07.06.2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora).>>

Como texto alternativo se propone el siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 22 de febrero de 2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora)

Como fundamento de la modificación, se cita el informe de vida laboral que consta en los folios 693 a 699 de las actuaciones, señalando que es relevante en tanto el inicio de la relación laboral con la empresa Ratnagiri-NG, S.L., (empresa de la que fue subrogada) marca la exposición al riesgo.

Se estima la modificación solicitada.Pues consta en el informe de vida laboral que la fecha de inicio de la relación laboral con Ranagiri-NG, S.L., es el 22-2-2010; empresa desde la que la actora pasó subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., según se refleja en el Hecho Probado Quinto.

B.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: "1.- La actora fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS S.L., de la empresa RATNAGIRI-NG. S.L., dedicada a la actividad de pizzería, en fecha 28.07.2016.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "1.- La actora prestaba servicios desde el día 22 de febrero de 2010 para la mercantil RATNAGIRI-NG, dedicada a la actividad de pizzería. En fecha 28.07.2016 fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS, S.L.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como apoyo de la modificación se cita el informe de vida laboral obrante a los folios 693 a 699 de las actuaciones.

Se estima la modificación.Pues consta el alta en la empresa RATNAGIRI-NG el 22-2-2010 en el informe de vida laboral; siendo relevante a los efectos de una más completa redacción del hecho probado.

C.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado Undécimo, con la siguiente redacción: "En cuanto al reparto de responsabilidad, de acuerdo con los periodos que constan bajo la cobertura de cada una de las entidades gestoras, corresponde el 78% a Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2010 hasta el día 27 de julio de 2016 y el 22% a Mutua Fremap por el periodo comprendido entre 28 de julio de 2016 hasta el día 4 de junio de 2018."

Como fundamento de la modificación se cita el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se desestima esta adición.Pues pretende la parte recurrente introducir una cuestión jurídica, precisamente la que es objeto del recurso, impropia del relato fáctico.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción del artículo 126.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, en relación con el artículo 68.2 a) de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 51/2007, y los artículos 87.3, 200 y 201.1 de la misma Ley, así como la doctrina del Tribunal Supremo, con cita de las sentencias nº 579/2017, de 4 de julio (Rcud 913/2016), 10 de julio de 2017 ( Rcud 1652/2016), de 29-11-2017 (Rcud 3092/2016), y 13-12-2017 (Rcud 1210/2016).

En síntesis, alega la parte recurrente que la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, debe distribuirse entre las dos Mutuas aseguradoras, de las dos empresas en las que la misma ha estado expuesta al riesgo que ha ocasionado la enfermedad, pues la enfermedad se contrae a lo largo del tiempo con la exposición a los agentes que la provocan; y, en este caso, la actora ha estado expuesta a las sustancias que le han producido la enfermedad, desde el inicio de la prestación de servicios en la empresa Ratnagiri NG, que también se dedicaba a la actividad de pizzería, como auxiliar de pizzería. Y, por tanto, considera que la trabajadora ha estado expuesta al riesgo desde el 2010 y hasta el 4-6-2018, fecha en la que dejó de prestar servicios, por lo que la responsabilidad debe distribuirse entre Mutua Asepeyo y Mutua Fremap, debiendo responder un 78% la Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2026 hasta el 4-6-2018.

La Mutua Asepeyo, en su escrito de impugnación, se opone a este motivo. En sustancia, se remite a los argumentos de la sentencia de instancia, señalando que la enfermedad profesional debutó, bajo la cobertura de Fremap.

La actora, en su escrito de impugnación se opone a este motivo. En resumen, alega que no se ha probado una exposición continuada al agente nocivo en la relación laboral anterior.

SEXTO.- Ha de estimarse este motivo de censura jurídico sustantiva, por las consideraciones que se exponen a continuación.

La Sala IV del Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias ha sentado una doctrina unificada sobre esta cuestión, tras la modificación producida por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, a partir de su entrada en vigor el 1-1-2008. [ SSTS 579/2017 de 4 julio (rcud. 913/2016 ); 607/2017 de 10 julio (rcud. 1652/2016 ); 947/2017 de 29 noviembre (rcud. 3092/2016 ); 996/2017 de 13 diciembre (rcud. 1210/2016 ); 271/2018 de 13 marzo (rcud. 1209/2016 ); 333/2018 de 22 marzo 2018 (rcud. 1771/2016 ); 616/2018 de 12 junio (rcud. 1740/2017 ); 3/2019 de 8 enero (rcud. 2590/2016 ); 240/2019 de 21 marzo (rcud. 3901/2017 ); 695/2020 de 22 julio (rcud. 102/2018 ); 781/2020 de 17 septiembre (rcud. 723/2018 ); 892/2020 de 13 octubre (rcud. 3947/2017 ); 685/2022 de 21 julio (rcud. 244/2019, 20-7-2020 (Rcud.102/2018), entre otras]. Doctrina que se reitera en la de 20-12-2022 (Rcud 3169/2019); en esta sentencia se argumenta:

<< 2. Razones para afirmar la responsabilidad compartida.

Las sentencias mencionadas sientan doctrina jurisprudencial sobre la determinación de la entidad responsable de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional cuando ha existido una sucesión en el aseguramiento, entre el INSS y las Mutuas que cubrieron el riego a partir de 2008. Recordemos sus argumentos:

Primero: La enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con el accidente de trabajo, si bien se exterioriza en un momento determinado, se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición del trabajador a determinadas sustancias, elementos o condiciones de trabajo, lo que impide que pueda establecerse que la entidad responsable es la aseguradora del momento en el que se manifiesta la enfermedad.

Segundo: La enfermedad se contrae a lo largo del tiempo, por la exposición a los agentes, elementos o condiciones de trabajo causantes de la misma, lo que significa que a lo largo del, generalmente, dilatado periodo de tiempo en el que se ha contraído y desarrollado la enfermedad, se han podido suceder diferentes aseguradoras de dicha contingencia, en concreto, a partir del 1 de enero de 2008 el INSS no detenta la exclusividad en el aseguramiento, sino que este puede ser asumido por las Mutuas.

Tercero: La jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado acerca de la responsabilidad de las Mutuas en el abono de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, ya apuntaba, aunque este no era objeto del debate, la posibilidad de que se plantease el problema de establecer los criterios de imputación de la responsabilidad en una situación de concurrencia de gestoras en el tiempo. ( STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras).

Cuarto: La jurisprudencia de esta Sala, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, o en el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad común -asegurada en el INSS- a una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo -asegurada en una Mutua- ha establecido la responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban aseguradas las contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban aseguradas las contingencias profesionales.

Quinto: La regla general es que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante. Sin embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias. [...] la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos.">>

De la doctrina expuesta, se evidencia que, para determinar la entidad aseguradora responsable de la prestación de incapacidad permanente, en las enfermedades profesionales, no se ha de estar al hecho causante, sino al tiempo en que la persona trabajadora ha prestado servicios con exposición al riesgo. Y cuando ha existido un aseguramiento de sucesivas entidades, durante el tiempo de exposición, se ha de distribuir la responsabilidad entre las mismas, siendo el criterio establecido, el efectuar dicha distribución en función del tiempo de aseguramiento de cada una de las entidades, es decir, en proporción al tiempo de cobertura del riesgo por cada una de ellas.

En este caso, según consta en los hechos probados de la sentencia, con las modificaciones fácticas estimadas, resulta que la actora ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, para la empresa Ratnagiri-NG, S.L., dedicada a la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, pasando subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., el 28-7-2016 en la que ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, hasta el 4-6-2018. Por otra parte, también consta probado que la actora está afecta de "Rinitis y Asma por hipersensibilidad tipo I (mediada por IGE), frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas, proteínas del arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate."; y que esta patología que es conocida como "Asma del panadero", tiene su etiología en la aspiración prolongada de sustancias de alto peso molecular, como el polvo de harina en suspensión, presente en las actividades relacionadas con la industria alimentaria, panadería e industria de la cerveza.

Por tanto, la actora padece una enfermedad profesional, producida por la exposición de alérgenos presentes en la elaboración de pizzas, que ha contraído por dicha exposición a lo largo del tiempo en que ha desempeñado su trabajo, dentro de la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 4-6-2018, y ello, aunque el primer proceso de incapacidad temporal lo iniciara el 12-3-2018.

En consecuencia, en este caso se ha de distribuir la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad profesional, entre las Mutuas aseguradoras de las contingencias profesionales en el total periodo de exposición a los alérgenos, es decir, la Mutua Asepeyo y la Mutua Fremap, en proporción al periodo de cobertura del riesgo por cada una, en los términos reclamados por la parte recurrente; correspondiendo a la Mutua Asepeyo el 78% por ser el tiempo de su cobertura desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por ser su tiempo de cobertura desde el 28-7-2016 hasta el 4-6-2018.

SÉPTIMO.-Por todo lo expuesto, debe estimarse el recurso de suplicación formulado, revocando parcialmente la sentencia de instancia, únicamente respecto a la entidad responsable del pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, condenando a la Mutua Asepeyo al pago del 78% de dicha prestación y la Mutua Fremap al pago del 22% de dicha prestación; confirmando el resto de pronunciamientos.

OCTAVO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de las costas al estimarse el recurso formulado.

NOVENO.-En virtud del articulo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir, por la parte recurrente.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 2 de Sabadell ha dictado sentencia en fecha 8-7-2024 en el procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 757/2019 ), en la que ha estimado, en parte, la demanda interpuesta instancia de Dª Estela, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Baker Vallès, S.L., Mutua Fremap, Mutual Universal, Ratnagiri-NG, S.L., Mutua Asepeyo, Mutuam M.P.S. y Midat Cyclops, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente total, para su profesión habitual, derivada de enfermedad profesional, con derecho a la percpeción de una prestación del 55% de la base reguladora anual de 6.663,86 euros, con fecha de efectos de 12-6-2019, cojdenando a la Mutua Fremap, como responsable directa a estar y pasar por tal declaración y al abono de la referida prestación Absolviendo al resto de codemandadas, sin perjuicio de las responsabilidades legales y subsidiarias del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En dicha sentencia, en resumen, se contienen los siguientes razonamientos:

-Se determina que las patologías que presenta la actora, rinitis y asma por hipersensibilidad tipo I (mediada IGE) frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas: proteinas del Arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate, conocida como "Asma del panadero", derivan de enfermedad profesional, por haberse visto expuesta la trabajadora, a dichos alérgenos en el desempeño de su trabajo como Auxiliar de tienda- Pizzeria.

-Se concluye que dichas patologías impiden a la actora el desempeño de las mas importantes tareas de su profesión habitual, y se declara a la misma en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

-Respecto a la responsabilidad en el pago de la prestación, se considera como unica responsable a la Mutua Fremap, aseguradora del riesgo en la empresa Baker Vallés, S.L., al considerar que la enfermedad ha sido desarrollada por la actora cuando prestaba servicios para dicha empresa. Señala el Magistrado de instancia que la actora inició incapacidad temporal por la enfermedad profesional el 12-3-2018, cuando ya estaba en la empresa Baker Vallés, S.L., en la que prestaba servicios desde el el 28-7-2016 por subrogación desde la empresa Ratnagiri-NG, S.L., sin que hasta dicha fecha hubiera presentado sintomatología.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que se declare el reparto de responsabilidad en la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora del modo siguiente: 78% a la Mutua Asepeyo, por el periodo comprendido entre el 22-3-2010 al 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2016 al 4-6-2018.

Asepeyo Mutua Colabora con la Seguridad Social Nº 151, ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Mutuam MPS, ha presentado escrito de impugnación del recuso en el que alega que en el recurso no se discute la absolución de dicha entidad, por lo que debe confirmarse la misma.

La demandante ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone los motivos alegados, solicitando su desestimación.

El resto de demandados no han presentado escrito de impugnación.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica de la sentencia.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los parámetros expuestos, se ha examinar la revisión fáctica pretendida.

A.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Primero, cuya redacción es la siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 07.06.2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora).>>

Como texto alternativo se propone el siguiente: <<1.- La actora, Dª Estela, con DNI NUM000, nacida el NUM001.1974, con número de afiliación a la Seguridad Social NUM002, con profesión de Auxiliar de tienda Pizzería, que venía prestando servicio en la empresa BAKER VALLÉS, S.L., a tiempo parcial, con antigüedad de 22 de febrero de 2010, obtuvo una resolución del INSS, fecha 12.06.2019, por que no se declaraba en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

2.- La empresa BAKER VALLÈS, S.L., mediante escrito de 04.06.2018, que se da por reproducido, comunicó a la actora su despido objetivo "debido a que su estado de salud obligaba a efectuar un cambio de puesto de trabajo y la consecuencia modificación sustancial del contrato de trabajo".

(expediente administrativo, doc. 21 de la parte actora)

Como fundamento de la modificación, se cita el informe de vida laboral que consta en los folios 693 a 699 de las actuaciones, señalando que es relevante en tanto el inicio de la relación laboral con la empresa Ratnagiri-NG, S.L., (empresa de la que fue subrogada) marca la exposición al riesgo.

Se estima la modificación solicitada.Pues consta en el informe de vida laboral que la fecha de inicio de la relación laboral con Ranagiri-NG, S.L., es el 22-2-2010; empresa desde la que la actora pasó subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., según se refleja en el Hecho Probado Quinto.

B.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: "1.- La actora fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS S.L., de la empresa RATNAGIRI-NG. S.L., dedicada a la actividad de pizzería, en fecha 28.07.2016.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "1.- La actora prestaba servicios desde el día 22 de febrero de 2010 para la mercantil RATNAGIRI-NG, dedicada a la actividad de pizzería. En fecha 28.07.2016 fue subrogada por la empresa demandada BAKER VALLÈS, S.L.

2.- La empresa RATNAGIRI-NG, S.L., tenía cubierto el riesgo de contingencias profesionales por MUTUA ASEPEYO."

(doc. 20 de la parte actora, contrato de compra-venta que consta en autos aportado por RATNAGIRI-NG, S.L.)"

Como apoyo de la modificación se cita el informe de vida laboral obrante a los folios 693 a 699 de las actuaciones.

Se estima la modificación.Pues consta el alta en la empresa RATNAGIRI-NG el 22-2-2010 en el informe de vida laboral; siendo relevante a los efectos de una más completa redacción del hecho probado.

C.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado Undécimo, con la siguiente redacción: "En cuanto al reparto de responsabilidad, de acuerdo con los periodos que constan bajo la cobertura de cada una de las entidades gestoras, corresponde el 78% a Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2010 hasta el día 27 de julio de 2016 y el 22% a Mutua Fremap por el periodo comprendido entre 28 de julio de 2016 hasta el día 4 de junio de 2018."

Como fundamento de la modificación se cita el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se desestima esta adición.Pues pretende la parte recurrente introducir una cuestión jurídica, precisamente la que es objeto del recurso, impropia del relato fáctico.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción del artículo 126.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, en relación con el artículo 68.2 a) de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 51/2007, y los artículos 87.3, 200 y 201.1 de la misma Ley, así como la doctrina del Tribunal Supremo, con cita de las sentencias nº 579/2017, de 4 de julio (Rcud 913/2016), 10 de julio de 2017 ( Rcud 1652/2016), de 29-11-2017 (Rcud 3092/2016), y 13-12-2017 (Rcud 1210/2016).

En síntesis, alega la parte recurrente que la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, debe distribuirse entre las dos Mutuas aseguradoras, de las dos empresas en las que la misma ha estado expuesta al riesgo que ha ocasionado la enfermedad, pues la enfermedad se contrae a lo largo del tiempo con la exposición a los agentes que la provocan; y, en este caso, la actora ha estado expuesta a las sustancias que le han producido la enfermedad, desde el inicio de la prestación de servicios en la empresa Ratnagiri NG, que también se dedicaba a la actividad de pizzería, como auxiliar de pizzería. Y, por tanto, considera que la trabajadora ha estado expuesta al riesgo desde el 2010 y hasta el 4-6-2018, fecha en la que dejó de prestar servicios, por lo que la responsabilidad debe distribuirse entre Mutua Asepeyo y Mutua Fremap, debiendo responder un 78% la Mutua Asepeyo por el periodo comprendido entre el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por el periodo comprendido entre el 28-7-2026 hasta el 4-6-2018.

La Mutua Asepeyo, en su escrito de impugnación, se opone a este motivo. En sustancia, se remite a los argumentos de la sentencia de instancia, señalando que la enfermedad profesional debutó, bajo la cobertura de Fremap.

La actora, en su escrito de impugnación se opone a este motivo. En resumen, alega que no se ha probado una exposición continuada al agente nocivo en la relación laboral anterior.

SEXTO.- Ha de estimarse este motivo de censura jurídico sustantiva, por las consideraciones que se exponen a continuación.

La Sala IV del Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias ha sentado una doctrina unificada sobre esta cuestión, tras la modificación producida por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, a partir de su entrada en vigor el 1-1-2008. [ SSTS 579/2017 de 4 julio (rcud. 913/2016 ); 607/2017 de 10 julio (rcud. 1652/2016 ); 947/2017 de 29 noviembre (rcud. 3092/2016 ); 996/2017 de 13 diciembre (rcud. 1210/2016 ); 271/2018 de 13 marzo (rcud. 1209/2016 ); 333/2018 de 22 marzo 2018 (rcud. 1771/2016 ); 616/2018 de 12 junio (rcud. 1740/2017 ); 3/2019 de 8 enero (rcud. 2590/2016 ); 240/2019 de 21 marzo (rcud. 3901/2017 ); 695/2020 de 22 julio (rcud. 102/2018 ); 781/2020 de 17 septiembre (rcud. 723/2018 ); 892/2020 de 13 octubre (rcud. 3947/2017 ); 685/2022 de 21 julio (rcud. 244/2019, 20-7-2020 (Rcud.102/2018), entre otras]. Doctrina que se reitera en la de 20-12-2022 (Rcud 3169/2019); en esta sentencia se argumenta:

<< 2. Razones para afirmar la responsabilidad compartida.

Las sentencias mencionadas sientan doctrina jurisprudencial sobre la determinación de la entidad responsable de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional cuando ha existido una sucesión en el aseguramiento, entre el INSS y las Mutuas que cubrieron el riego a partir de 2008. Recordemos sus argumentos:

Primero: La enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con el accidente de trabajo, si bien se exterioriza en un momento determinado, se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición del trabajador a determinadas sustancias, elementos o condiciones de trabajo, lo que impide que pueda establecerse que la entidad responsable es la aseguradora del momento en el que se manifiesta la enfermedad.

Segundo: La enfermedad se contrae a lo largo del tiempo, por la exposición a los agentes, elementos o condiciones de trabajo causantes de la misma, lo que significa que a lo largo del, generalmente, dilatado periodo de tiempo en el que se ha contraído y desarrollado la enfermedad, se han podido suceder diferentes aseguradoras de dicha contingencia, en concreto, a partir del 1 de enero de 2008 el INSS no detenta la exclusividad en el aseguramiento, sino que este puede ser asumido por las Mutuas.

Tercero: La jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado acerca de la responsabilidad de las Mutuas en el abono de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, ya apuntaba, aunque este no era objeto del debate, la posibilidad de que se plantease el problema de establecer los criterios de imputación de la responsabilidad en una situación de concurrencia de gestoras en el tiempo. ( STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras).

Cuarto: La jurisprudencia de esta Sala, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, o en el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad común -asegurada en el INSS- a una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo -asegurada en una Mutua- ha establecido la responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban aseguradas las contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban aseguradas las contingencias profesionales.

Quinto: La regla general es que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante. Sin embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias. [...] la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos.">>

De la doctrina expuesta, se evidencia que, para determinar la entidad aseguradora responsable de la prestación de incapacidad permanente, en las enfermedades profesionales, no se ha de estar al hecho causante, sino al tiempo en que la persona trabajadora ha prestado servicios con exposición al riesgo. Y cuando ha existido un aseguramiento de sucesivas entidades, durante el tiempo de exposición, se ha de distribuir la responsabilidad entre las mismas, siendo el criterio establecido, el efectuar dicha distribución en función del tiempo de aseguramiento de cada una de las entidades, es decir, en proporción al tiempo de cobertura del riesgo por cada una de ellas.

En este caso, según consta en los hechos probados de la sentencia, con las modificaciones fácticas estimadas, resulta que la actora ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, para la empresa Ratnagiri-NG, S.L., dedicada a la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, pasando subrogada a la empresa Baker Vallès, S.L., el 28-7-2016 en la que ha prestado servicios como auxiliar de tienda pizzería, hasta el 4-6-2018. Por otra parte, también consta probado que la actora está afecta de "Rinitis y Asma por hipersensibilidad tipo I (mediada por IGE), frente a alérgenos del ámbito laboral de elaboración de pizzas, proteínas del arroz (alérgeno predominante), harina de avena, tomate."; y que esta patología que es conocida como "Asma del panadero", tiene su etiología en la aspiración prolongada de sustancias de alto peso molecular, como el polvo de harina en suspensión, presente en las actividades relacionadas con la industria alimentaria, panadería e industria de la cerveza.

Por tanto, la actora padece una enfermedad profesional, producida por la exposición de alérgenos presentes en la elaboración de pizzas, que ha contraído por dicha exposición a lo largo del tiempo en que ha desempeñado su trabajo, dentro de la actividad de pizzería, desde el 22-2-2010 hasta el 4-6-2018, y ello, aunque el primer proceso de incapacidad temporal lo iniciara el 12-3-2018.

En consecuencia, en este caso se ha de distribuir la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad profesional, entre las Mutuas aseguradoras de las contingencias profesionales en el total periodo de exposición a los alérgenos, es decir, la Mutua Asepeyo y la Mutua Fremap, en proporción al periodo de cobertura del riesgo por cada una, en los términos reclamados por la parte recurrente; correspondiendo a la Mutua Asepeyo el 78% por ser el tiempo de su cobertura desde el 22-2-2010 hasta el 27-7-2016, y el 22% a la Mutua Fremap, por ser su tiempo de cobertura desde el 28-7-2016 hasta el 4-6-2018.

SÉPTIMO.-Por todo lo expuesto, debe estimarse el recurso de suplicación formulado, revocando parcialmente la sentencia de instancia, únicamente respecto a la entidad responsable del pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional reconocida a la actora, condenando a la Mutua Asepeyo al pago del 78% de dicha prestación y la Mutua Fremap al pago del 22% de dicha prestación; confirmando el resto de pronunciamientos.

OCTAVO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de las costas al estimarse el recurso formulado.

NOVENO.-En virtud del articulo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir, por la parte recurrente.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,