Sentencia Social 165/2026 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 104/2026 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda de despido interpuesta por D. Arturo contra el AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA al considerar conforme a derecho la extinción de su contrato de trabajo de fecha 12 de junio de 2024, por incapacidad permanente total del actor para su profesión operario de polideportivo al no ser viable la adaptación del puesto de trabajo a su situación.

Razona la sentencia de instancia en su fundamento de derecho cuarto que no siendo aplicable con efectos retroactivos la nueva redacción dada al art. 49.1 n ) ET por la Ley 2/2025 de 29 de abril ha resultado acreditado, tras la declaración del actor como afecto de IPT y su solicitud de reincorporación y adaptación de su puesto de trabajo o reubicación en otro puesto, que fue iniciado por la entidad local expediente contradictorio en el que se dio audiencia al trabajador y que recabados informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes fueron tomados en consideración las funciones esenciales del puesto del actor (mantenimiento integral, control y vigilancia en horario extendido y fines de semana) y valorada asimismo la propuesta del actor de realizar funciones administrativas se verificó la inexistencia de vacantes laborales compatibles con las limitaciones del demandante, sin incurrir en carga excesiva para la entidad local, y con ello se dio cumplimiento de la legalidad y jurisprudencia comunitaria. Deniega asimismo la sentencia de instancia la petición de nulidad fundamentada en vulneración de derechos fundamentales y discriminación por discapacidad al no resultar acreditada la relación causal sino venir determinada la extinción del contrato del actor por la norma legal, ni tampoco aprecia indicio alguno de nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad, rechazando asimismo la indemnización de daños y perjuicios reclamada por tal vulneración.

Frente a tal resolución se alza la parte demandante en suplicación interesando en primer lugar la nulidad de la sentencia por omisión y falta de valoración de informe técnico pericial y en segundo y tercer lugar entrando en la revisión de hechos probados e infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Por la parte demandada se impugna el recurso de suplicación interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Fundamenta su primer motivo de recurso la parte actora en el apartado a) del art. 193 LJS por infracción del art. 24 CE, denunciando la valoración arbitraria y selectiva de la prueba, denunciando la omisión de la valoración del informe técnico pericial emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX, el cual fue aportado en la vista y ratificado por su autor.

Para que prosperen tal motivo que determina la declaración de nulidad de lo actuado es necesario que concurran los siguientes requisitos: ( STSJ de Extremadura de 30 de noviembre de 2021):

"a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Es más, el legislador, en la nueva LRJS ha tratado de restringir aún más la estimación del motivo estudiado, siendo que el artículo 202.2 de la LRJS, en cuanto a la estimación del motivo dedicado a la infracción de normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, cuyo efecto general es no entrar a conocer sobre el fondo del asunto planteado y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, determina que si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Al respecto del motivo expuesto, esta Sala se va a remitir a las enseñanzas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en su sentencia de 25 de enero de 2001, RC 1432/2000, razona:

"Respecto de la primera cuestión que se suscita debe precisarse que la regla que como infringida se denuncia, trae causa de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución, al disponer que las sentencias sean siempre motivadas, y del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala como requisito esencial de la sentencia los fundamentos de derecho que sirven de apoyo al fallo, todo ello con la finalidad de facilitar a las partes el conocimiento del proceso lógico que ha seguido el juzgador para fijar los hechos probados y las razones de derecho en que se fundamenta el fallo. Por eso, el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral faculta al juzgador de instancia para apreciar los elementos de convicción, ordenándole que exponga los fundamentos de derecho o los razonamientos que lleven a tal conclusión, y también debe fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo, de donde se deduce que el juzgador de instancia está dotado de facultades plenas para valorar las pruebas practicadas en el proceso, a menos que tal estimación se revele arbitraria o razonablemente injustificada".

A la vista de lo anterior, en primer lugar, viene a resultar que el recurrente no cita norma adjetiva alguna infringida, limitándose a invocar el artículo 24 de la CE, lo que es inadmisible en un recurso de naturaleza extraordinaria como es el de suplicación. Para decretar la nulidad pretendida se exige la cita de la vulneración de normas procedimentales, que debe causar, además, indefensión material y no meramente formal, debiendo haber efectuado la formal protesta. Y en este supuesto el recurrente únicamente invoca indefensión, con cita del artículo 24 de la CE.

En este caso, la sentencia cumple con el mandato legal, sin desconocer ni limitar la garantía que reconoce el artículo 24 de la Constitución para la tutela judicial efectiva, pues en el primer fundamento de derecho afirma que "Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, la testifical-pericial, de conformidad con lo dispuesto en la LRJS ». Para la observancia del precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las pruebas concretas que se hayan practicado, siendo bastante a este propósito con manifestar que por la Sala ha efectuado un examen conjunto y ponderado de la prueba documental practicada a instancia de todas las partes.

El recurrente denuncia toda falta de referencia en la resolución recurrida a la prueba testifical-pericial, concretamente del informe emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX ratificado en el acto de la vista. La objeción carece de fundamento porque si la valoración de la prueba compete al órgano jurisdiccional de instancia, la omisión en la sentencia de consideraciones relativas a la credibilidad de las pruebas testifical y pericial, es signo evidente de que su resultado no logró llevar a la convicción de la Sala la necesidad de incorporar este elemento fáctico a la sentencia, pero en cualquier caso se ha dado cumplimiento al mandato del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la Sala de instancia declaró como probados los hechos que estimó justificados con la prueba documental aportada por las partes, incluida la testifical-pericial. Por esas razones se desestima este primer motivo del recurso.

TERCERO.-El segundo motivo del recurso se ampara en lo dispuesto en la letra b) del art. 193 revisión de hechos probados, y concretamente interesa la revisión del hecho probado séptimo para que se añada el siguiente párrafo "Consta en autos informe técnico emitido por el Servicio de Prevención Ajeno ASIPREX, ratificado en el acto del juicio por la Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que lo suscribe, en el que, tras la evaluación in situ del puesto de trabajo de operario de mantenimiento de instalaciones deportivas y de las limitaciones funcionales del trabajador, se concluye que este resulta apto con restricciones, proponiéndose tres opciones concretas de ajustes razonables: readaptación del puesto mediante reorganización de tareas, cambio al turno de tarde con funciones principalmente administrativas, o reubicación en otro puesto compatible dentro del Ayuntamiento, sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador".Fundamenta tal revisión del hecho probado séptimo en el informe de ASIPREX ratificado en el acto de la vista.

Para que prospera la revisión fáctica de la sentencia se precisa como nos enseña la STS de 17 de febrero de 2022 (Pleno):

" Reiterados pronunciamientos de esta Sala IV del TS perfilan los requerimientos objeto de cumplimentación para instar la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia que se recurre. En esencia, devine necesario que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de que "sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018, entre otras muchas)". STS IV Pleno 20.10.2021, Rec. 121/2021".

Del propio modo, nos enseña la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2014, Rec. 242/2013 " la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 - ;... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)".

No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en tanto que con ella lo que pretende la parte actora es otorgar mayor valor al informe pericial emitido que al resto de las pruebas en el que el juzgador de instancia ha fundamentado su decisión, y otorgado mayor valor, reflejadas en el hecho probado séptimo de tal resolución, cual es el informe del Servicio de RRHH del ayuntamiento demandado y el informe de la concejala del área de deporte del ayuntamiento. No pudiendo el recurrente pretender una valoración diferente de tales pruebas ni el otorgamiento de un valor mayor del informe técnico pericial, aún cuando el mismo fuera ratificado en la vista, frente al resto de la documental aportada y valorada.

Además tal revisión fáctica pretendida incluye una valoración jurídica ("sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador"), sin que tal hecho de inexistencia de carga excesiva para el empleador resulte del documento pericial pretendido ni de las manifestaciones efectuadas en la ratificación de la perito en la vista.

CUARTO.-Finalmente el recurso al amparo de lo establecido en la letra c) del art. 193 se fundamenta en el examen de la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Denuncia la parte actora recurrente la vulneración de lo dispuesto en los art. 14, 35 y 49 CE, art. 2 y 5 de la Directiva 2000/78/CE, art. 21 y 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 2 y 27 de la Convención de la ONU Sobre los derechos de las personas con discapacidad y art. 49.1 e ) ET (redacción vigente a la fecha de la extinción), interpretado conforme al Derecho de la Unión y STJUE de 18 de enero de 2024 (asunto C631 Ca Na Negreta).

Como nos indica la STS de 22 de diciembre de 2025 (nº 1284/2025 rcud 3965/2024) procede partir de "la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22 , Ca Na Negreta, en la que dice que es contrario al artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo. Literalmente:

«El artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 2 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 , debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que tales ajustes constituirían una carga excesiva».

Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.

4. La sentencia 557/2024 de la Sala de 17 de octubre de 2024 Rcud. 2225/2021 ), ya posterior a la del TJUE citada, transcribe uno de los razonamientos de ésta última que hace suyo, y explica que:

«cuando un trabajador deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, un cambio de puesto puede ser una medida adecuada como ajuste razonable a efectos del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , ya que permite a ese trabajador conservar su empleo, garantizando su participación plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores [...] el concepto de "ajustes razonables" implica que un trabajador que, debido a su discapacidad ha sido declarado no apto para las funciones esenciales del puesto que ocupa, sea reubicado en otro puesto para el que disponga de las competencias, las capacidades y la disponibilidad exigidas, siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para su empresario [...].

En el caso de autos, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal resulta que esta permite el despido de un trabajador cuando se le haya declarado formalmente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, sin obligar a su empleador a adoptar previamente las medidas adecuadas, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , o a mantener las medidas adecuadas que ya haya adoptado. En efecto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que el demandante en el litigio principal había sido reubicado en otro puesto dentro de la empresa entre el 6 de agosto de 2018 y el 13 de marzo de 2020, fecha del despido, que fue notificado por el empresario once días después del reconocimiento formal de su incapacidad para ejercer su anterior función habitual. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, el nuevo puesto en que el trabajador había sido reubicado, durante más de un año, parecía compatible con las limitaciones físicas resultantes de su accidente de trabajo [...].

Así pues, una normativa nacional en materia de seguridad social no puede ir en contra, en particular, del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta, convirtiendo la discapacidad del trabajador en una causa de despido, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables para permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar en su caso que tales ajustes constituirían una carga excesiva, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 de la presente sentencia".

QUINTO.-A la vista de lo anterior, incluyéndose la extinción del contrato en lo previsto en el art. 49.e ) ET en la redacción anterior a la Ley 2/2025 de 29 de abril, al ser el despido de 12 de junio de 2024, se ha de examinar si tal extinción resulta o no procedente atendiendo a tal jurisprudencia comunitaria y decisiones jurisprudenciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y TJUE.

Es la entidad local, en este caso Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la que corre con la carga de la prueba, artículo 217 LEC, art. 105.1 LRJS, art. 121.3 LRJS y sentencia 557/2024, de que ha realizado con carácter previo a su decisión los ajustes razonables en el puesto de trabajo para permitir a dicha persona continuar en el mismo, o que le ha ofrecido otro puesto de trabajo acorde y adaptado a su situación, en ambos casos permitiéndole conservar su empleo y sin que a pesar de ello haya sido posible continuar con la prestación de la relación laboral; o que no ha hecho todo lo descrito, porque tales ajustes constituirían una carga excesiva para la empresa.

En tales supuestos como señala la STS de 22 de diciembre de 2025 la función del órgano jurisdiccional será evaluar si la prueba aportada por la empresa que ha decidido extinguir la relación laboral, cumple o no con los requisitos de la carga probatoria que hemos expresado, sin que sea relevante en este caso las consecuencias que para la persona trabajadora tenga la decisión correspondiente con respecto a su relación con las entidades gestoras de la Seguridad Social.

En el presente caso constatamos que conforme al hecho probado séptimo de la sentencia, respecto del cual ninguna revisión fáctica se ha interesado, la entidad local ha acreditado haber cumplido las obligaciones que le impone la norma legal en la redacción vigente en el momento en que se producen los hechos, junio de 2024, concluyendo en su fundamento jurídico cuarto el juzgador de instancia que tras la petición del trabajador de adaptación del puesto de trabajo (sin realizar cargas físicas) o reubicación en otro puesto de trabajo acorde con su situación, la entidad local abrió expediente contradictorio y recabó informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes, estudiándose en ellos la posibilidad de adaptación del puesto de operario de polideportivo del actor o su reubicación en un puesto de trabajo diferente sin que comportase cargas físicas, y de tal estudio resultó que las funciones esenciales del puesto de trabajo del actor (mantenimiento integral del polideportivo más actuaciones de control y vigilancia, en horario de mañana o tarde y fines de semana) comportaban una carga física cuya supresión implicaría desnaturalizar el mismo puesto de trabajo para encomendarle tan solo funciones administrativas, como el propio trabajador solicita en turno de tarde, en perjuicio del otro trabajador operario de la entidad local que cargaría no solo con un turno fijo sino con todas las funciones con exigencias físicas, o bien reubicarle en un puesto de trabajo diferente que se acredita por la entidad local no existe en tanto que los vacantes son el puesto de trabajo de operario de cementerio (con evidente componente físico) u ordenanza (plaza a amortizar) como resulta del hecho probado octavo inmodificado. Igualmente la sentencia de instancia justifica que imponer a la administración la creación de un puesto de administrativo para el actor implicaría una carga excesiva cuya imposición no resulta justificada.

Para impugnar tal fundamentación jurídica el recurrente refiere que el informe pericial de ASIPREX acredita la viabilidad de ajustes razonables para la entidad local. Al respecto procede señalar que las conclusiones de tal informe no se recogen en hechos probados y se ha desestimado la revisión de los mismos.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

La conclusión del informe pericial del servicio de prevención ajeno ASIPREX (apto con restricciones) se contradice con los informes emitidos por el ayuntamiento y a los que el juzgador de instancia ha otorgado prioridad en su valoración, y de los mismos se deduce por un lado que no cabe la reubicación pues no existe puesto vacante en la entidad local ajustado a las condiciones físicas del actor (inmodificado hecho probado octavo) y la creación del mismo supondría una carga excesiva para una entidad local pequeña, conclusiones que en modo alguno resultan contradichas por el informe técnico pericial al que se alude para justificar tal reubicación, y respecto de la adaptación del mismo puesto de trabajo el informe pericial hace referencia a la limitación del demandante para la realización de cargas físicas (no podemos olvidar que tiene reconocida una IPT) y de hecho el demandante interesa la ubicación en tareas puramente administrativas en el polideportivo, desnaturalizando en consecuencia tal puesto de trabajo (de operario con funciones de mantenimiento integral de las instalaciones) y pretendiendo la asignación de tareas residuales como son las administrativas con las consiguientes consecuencias para el otro operario de las mismas instalaciones, lo que en modo alguno constituiría el ajuste razonable que la jurisprudencia comunitaria contempla.

SEXTO.-En cuanto al último motivo al amparo del apartado c) del art. 193 LJS defiende la infracción del art. 183 LJS sobre la indemnización por daños morales. Sin embargo debiéndose confirmarse la sentencia de instancia respecto de la conformidad en derecho de la extinción de contrato del actor, no es dable apreciar vulneración de derechos fundamentales alguna en tanto que la extinción de su contrato de trabajo se ha amparado en lo dispuesto en art. 49.1 e ) ET en la redacción vigente a fecha de los hechos, habiendo examinado la entidad local la posibilidad de realización de ajustes razonables en el puesto de trabajo del actor y concluido con la imposibilidad de su realización por constituir una carga excesiva para la entidad local. Por ello la extinción del contrato se ha mostrado totalmente ajena tanto a la situación de discapacidad del actor como a cualquier reclamación del mismo en orden a la adaptación de su puesto de trabajo, por lo que ninguna vulneración de derechos fundamentales ni discriminación es dable apreciar y con ello ninguna indemnización procedería examinar por daños morales en base al precepto jurídico invocado como infringido.

En consecuencia procede confirmar la sentencia recurrida, desestimatoria de la demanda, sin que proceda la condena en costas de la parte recurrente, "ex" artículo 235.1 de la LRJS, por cuanto que el demandante goza del beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda de despido interpuesta por D. Arturo contra el AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA al considerar conforme a derecho la extinción de su contrato de trabajo de fecha 12 de junio de 2024, por incapacidad permanente total del actor para su profesión operario de polideportivo al no ser viable la adaptación del puesto de trabajo a su situación.

Razona la sentencia de instancia en su fundamento de derecho cuarto que no siendo aplicable con efectos retroactivos la nueva redacción dada al art. 49.1 n ) ET por la Ley 2/2025 de 29 de abril ha resultado acreditado, tras la declaración del actor como afecto de IPT y su solicitud de reincorporación y adaptación de su puesto de trabajo o reubicación en otro puesto, que fue iniciado por la entidad local expediente contradictorio en el que se dio audiencia al trabajador y que recabados informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes fueron tomados en consideración las funciones esenciales del puesto del actor (mantenimiento integral, control y vigilancia en horario extendido y fines de semana) y valorada asimismo la propuesta del actor de realizar funciones administrativas se verificó la inexistencia de vacantes laborales compatibles con las limitaciones del demandante, sin incurrir en carga excesiva para la entidad local, y con ello se dio cumplimiento de la legalidad y jurisprudencia comunitaria. Deniega asimismo la sentencia de instancia la petición de nulidad fundamentada en vulneración de derechos fundamentales y discriminación por discapacidad al no resultar acreditada la relación causal sino venir determinada la extinción del contrato del actor por la norma legal, ni tampoco aprecia indicio alguno de nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad, rechazando asimismo la indemnización de daños y perjuicios reclamada por tal vulneración.

Frente a tal resolución se alza la parte demandante en suplicación interesando en primer lugar la nulidad de la sentencia por omisión y falta de valoración de informe técnico pericial y en segundo y tercer lugar entrando en la revisión de hechos probados e infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Por la parte demandada se impugna el recurso de suplicación interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Fundamenta su primer motivo de recurso la parte actora en el apartado a) del art. 193 LJS por infracción del art. 24 CE, denunciando la valoración arbitraria y selectiva de la prueba, denunciando la omisión de la valoración del informe técnico pericial emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX, el cual fue aportado en la vista y ratificado por su autor.

Para que prosperen tal motivo que determina la declaración de nulidad de lo actuado es necesario que concurran los siguientes requisitos: ( STSJ de Extremadura de 30 de noviembre de 2021):

"a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Es más, el legislador, en la nueva LRJS ha tratado de restringir aún más la estimación del motivo estudiado, siendo que el artículo 202.2 de la LRJS, en cuanto a la estimación del motivo dedicado a la infracción de normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, cuyo efecto general es no entrar a conocer sobre el fondo del asunto planteado y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, determina que si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Al respecto del motivo expuesto, esta Sala se va a remitir a las enseñanzas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en su sentencia de 25 de enero de 2001, RC 1432/2000, razona:

"Respecto de la primera cuestión que se suscita debe precisarse que la regla que como infringida se denuncia, trae causa de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución, al disponer que las sentencias sean siempre motivadas, y del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala como requisito esencial de la sentencia los fundamentos de derecho que sirven de apoyo al fallo, todo ello con la finalidad de facilitar a las partes el conocimiento del proceso lógico que ha seguido el juzgador para fijar los hechos probados y las razones de derecho en que se fundamenta el fallo. Por eso, el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral faculta al juzgador de instancia para apreciar los elementos de convicción, ordenándole que exponga los fundamentos de derecho o los razonamientos que lleven a tal conclusión, y también debe fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo, de donde se deduce que el juzgador de instancia está dotado de facultades plenas para valorar las pruebas practicadas en el proceso, a menos que tal estimación se revele arbitraria o razonablemente injustificada".

A la vista de lo anterior, en primer lugar, viene a resultar que el recurrente no cita norma adjetiva alguna infringida, limitándose a invocar el artículo 24 de la CE, lo que es inadmisible en un recurso de naturaleza extraordinaria como es el de suplicación. Para decretar la nulidad pretendida se exige la cita de la vulneración de normas procedimentales, que debe causar, además, indefensión material y no meramente formal, debiendo haber efectuado la formal protesta. Y en este supuesto el recurrente únicamente invoca indefensión, con cita del artículo 24 de la CE.

En este caso, la sentencia cumple con el mandato legal, sin desconocer ni limitar la garantía que reconoce el artículo 24 de la Constitución para la tutela judicial efectiva, pues en el primer fundamento de derecho afirma que "Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, la testifical-pericial, de conformidad con lo dispuesto en la LRJS ». Para la observancia del precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las pruebas concretas que se hayan practicado, siendo bastante a este propósito con manifestar que por la Sala ha efectuado un examen conjunto y ponderado de la prueba documental practicada a instancia de todas las partes.

El recurrente denuncia toda falta de referencia en la resolución recurrida a la prueba testifical-pericial, concretamente del informe emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX ratificado en el acto de la vista. La objeción carece de fundamento porque si la valoración de la prueba compete al órgano jurisdiccional de instancia, la omisión en la sentencia de consideraciones relativas a la credibilidad de las pruebas testifical y pericial, es signo evidente de que su resultado no logró llevar a la convicción de la Sala la necesidad de incorporar este elemento fáctico a la sentencia, pero en cualquier caso se ha dado cumplimiento al mandato del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la Sala de instancia declaró como probados los hechos que estimó justificados con la prueba documental aportada por las partes, incluida la testifical-pericial. Por esas razones se desestima este primer motivo del recurso.

TERCERO.-El segundo motivo del recurso se ampara en lo dispuesto en la letra b) del art. 193 revisión de hechos probados, y concretamente interesa la revisión del hecho probado séptimo para que se añada el siguiente párrafo "Consta en autos informe técnico emitido por el Servicio de Prevención Ajeno ASIPREX, ratificado en el acto del juicio por la Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que lo suscribe, en el que, tras la evaluación in situ del puesto de trabajo de operario de mantenimiento de instalaciones deportivas y de las limitaciones funcionales del trabajador, se concluye que este resulta apto con restricciones, proponiéndose tres opciones concretas de ajustes razonables: readaptación del puesto mediante reorganización de tareas, cambio al turno de tarde con funciones principalmente administrativas, o reubicación en otro puesto compatible dentro del Ayuntamiento, sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador".Fundamenta tal revisión del hecho probado séptimo en el informe de ASIPREX ratificado en el acto de la vista.

Para que prospera la revisión fáctica de la sentencia se precisa como nos enseña la STS de 17 de febrero de 2022 (Pleno):

" Reiterados pronunciamientos de esta Sala IV del TS perfilan los requerimientos objeto de cumplimentación para instar la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia que se recurre. En esencia, devine necesario que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de que "sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018, entre otras muchas)". STS IV Pleno 20.10.2021, Rec. 121/2021".

Del propio modo, nos enseña la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2014, Rec. 242/2013 " la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 - ;... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)".

No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en tanto que con ella lo que pretende la parte actora es otorgar mayor valor al informe pericial emitido que al resto de las pruebas en el que el juzgador de instancia ha fundamentado su decisión, y otorgado mayor valor, reflejadas en el hecho probado séptimo de tal resolución, cual es el informe del Servicio de RRHH del ayuntamiento demandado y el informe de la concejala del área de deporte del ayuntamiento. No pudiendo el recurrente pretender una valoración diferente de tales pruebas ni el otorgamiento de un valor mayor del informe técnico pericial, aún cuando el mismo fuera ratificado en la vista, frente al resto de la documental aportada y valorada.

Además tal revisión fáctica pretendida incluye una valoración jurídica ("sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador"), sin que tal hecho de inexistencia de carga excesiva para el empleador resulte del documento pericial pretendido ni de las manifestaciones efectuadas en la ratificación de la perito en la vista.

CUARTO.-Finalmente el recurso al amparo de lo establecido en la letra c) del art. 193 se fundamenta en el examen de la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Denuncia la parte actora recurrente la vulneración de lo dispuesto en los art. 14, 35 y 49 CE, art. 2 y 5 de la Directiva 2000/78/CE, art. 21 y 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 2 y 27 de la Convención de la ONU Sobre los derechos de las personas con discapacidad y art. 49.1 e ) ET (redacción vigente a la fecha de la extinción), interpretado conforme al Derecho de la Unión y STJUE de 18 de enero de 2024 (asunto C631 Ca Na Negreta).

Como nos indica la STS de 22 de diciembre de 2025 (nº 1284/2025 rcud 3965/2024) procede partir de "la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22 , Ca Na Negreta, en la que dice que es contrario al artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo. Literalmente:

«El artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 2 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 , debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que tales ajustes constituirían una carga excesiva».

Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.

4. La sentencia 557/2024 de la Sala de 17 de octubre de 2024 Rcud. 2225/2021 ), ya posterior a la del TJUE citada, transcribe uno de los razonamientos de ésta última que hace suyo, y explica que:

«cuando un trabajador deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, un cambio de puesto puede ser una medida adecuada como ajuste razonable a efectos del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , ya que permite a ese trabajador conservar su empleo, garantizando su participación plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores [...] el concepto de "ajustes razonables" implica que un trabajador que, debido a su discapacidad ha sido declarado no apto para las funciones esenciales del puesto que ocupa, sea reubicado en otro puesto para el que disponga de las competencias, las capacidades y la disponibilidad exigidas, siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para su empresario [...].

En el caso de autos, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal resulta que esta permite el despido de un trabajador cuando se le haya declarado formalmente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, sin obligar a su empleador a adoptar previamente las medidas adecuadas, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , o a mantener las medidas adecuadas que ya haya adoptado. En efecto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que el demandante en el litigio principal había sido reubicado en otro puesto dentro de la empresa entre el 6 de agosto de 2018 y el 13 de marzo de 2020, fecha del despido, que fue notificado por el empresario once días después del reconocimiento formal de su incapacidad para ejercer su anterior función habitual. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, el nuevo puesto en que el trabajador había sido reubicado, durante más de un año, parecía compatible con las limitaciones físicas resultantes de su accidente de trabajo [...].

Así pues, una normativa nacional en materia de seguridad social no puede ir en contra, en particular, del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta, convirtiendo la discapacidad del trabajador en una causa de despido, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables para permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar en su caso que tales ajustes constituirían una carga excesiva, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 de la presente sentencia".

QUINTO.-A la vista de lo anterior, incluyéndose la extinción del contrato en lo previsto en el art. 49.e ) ET en la redacción anterior a la Ley 2/2025 de 29 de abril, al ser el despido de 12 de junio de 2024, se ha de examinar si tal extinción resulta o no procedente atendiendo a tal jurisprudencia comunitaria y decisiones jurisprudenciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y TJUE.

Es la entidad local, en este caso Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la que corre con la carga de la prueba, artículo 217 LEC, art. 105.1 LRJS, art. 121.3 LRJS y sentencia 557/2024, de que ha realizado con carácter previo a su decisión los ajustes razonables en el puesto de trabajo para permitir a dicha persona continuar en el mismo, o que le ha ofrecido otro puesto de trabajo acorde y adaptado a su situación, en ambos casos permitiéndole conservar su empleo y sin que a pesar de ello haya sido posible continuar con la prestación de la relación laboral; o que no ha hecho todo lo descrito, porque tales ajustes constituirían una carga excesiva para la empresa.

En tales supuestos como señala la STS de 22 de diciembre de 2025 la función del órgano jurisdiccional será evaluar si la prueba aportada por la empresa que ha decidido extinguir la relación laboral, cumple o no con los requisitos de la carga probatoria que hemos expresado, sin que sea relevante en este caso las consecuencias que para la persona trabajadora tenga la decisión correspondiente con respecto a su relación con las entidades gestoras de la Seguridad Social.

En el presente caso constatamos que conforme al hecho probado séptimo de la sentencia, respecto del cual ninguna revisión fáctica se ha interesado, la entidad local ha acreditado haber cumplido las obligaciones que le impone la norma legal en la redacción vigente en el momento en que se producen los hechos, junio de 2024, concluyendo en su fundamento jurídico cuarto el juzgador de instancia que tras la petición del trabajador de adaptación del puesto de trabajo (sin realizar cargas físicas) o reubicación en otro puesto de trabajo acorde con su situación, la entidad local abrió expediente contradictorio y recabó informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes, estudiándose en ellos la posibilidad de adaptación del puesto de operario de polideportivo del actor o su reubicación en un puesto de trabajo diferente sin que comportase cargas físicas, y de tal estudio resultó que las funciones esenciales del puesto de trabajo del actor (mantenimiento integral del polideportivo más actuaciones de control y vigilancia, en horario de mañana o tarde y fines de semana) comportaban una carga física cuya supresión implicaría desnaturalizar el mismo puesto de trabajo para encomendarle tan solo funciones administrativas, como el propio trabajador solicita en turno de tarde, en perjuicio del otro trabajador operario de la entidad local que cargaría no solo con un turno fijo sino con todas las funciones con exigencias físicas, o bien reubicarle en un puesto de trabajo diferente que se acredita por la entidad local no existe en tanto que los vacantes son el puesto de trabajo de operario de cementerio (con evidente componente físico) u ordenanza (plaza a amortizar) como resulta del hecho probado octavo inmodificado. Igualmente la sentencia de instancia justifica que imponer a la administración la creación de un puesto de administrativo para el actor implicaría una carga excesiva cuya imposición no resulta justificada.

Para impugnar tal fundamentación jurídica el recurrente refiere que el informe pericial de ASIPREX acredita la viabilidad de ajustes razonables para la entidad local. Al respecto procede señalar que las conclusiones de tal informe no se recogen en hechos probados y se ha desestimado la revisión de los mismos.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

La conclusión del informe pericial del servicio de prevención ajeno ASIPREX (apto con restricciones) se contradice con los informes emitidos por el ayuntamiento y a los que el juzgador de instancia ha otorgado prioridad en su valoración, y de los mismos se deduce por un lado que no cabe la reubicación pues no existe puesto vacante en la entidad local ajustado a las condiciones físicas del actor (inmodificado hecho probado octavo) y la creación del mismo supondría una carga excesiva para una entidad local pequeña, conclusiones que en modo alguno resultan contradichas por el informe técnico pericial al que se alude para justificar tal reubicación, y respecto de la adaptación del mismo puesto de trabajo el informe pericial hace referencia a la limitación del demandante para la realización de cargas físicas (no podemos olvidar que tiene reconocida una IPT) y de hecho el demandante interesa la ubicación en tareas puramente administrativas en el polideportivo, desnaturalizando en consecuencia tal puesto de trabajo (de operario con funciones de mantenimiento integral de las instalaciones) y pretendiendo la asignación de tareas residuales como son las administrativas con las consiguientes consecuencias para el otro operario de las mismas instalaciones, lo que en modo alguno constituiría el ajuste razonable que la jurisprudencia comunitaria contempla.

SEXTO.-En cuanto al último motivo al amparo del apartado c) del art. 193 LJS defiende la infracción del art. 183 LJS sobre la indemnización por daños morales. Sin embargo debiéndose confirmarse la sentencia de instancia respecto de la conformidad en derecho de la extinción de contrato del actor, no es dable apreciar vulneración de derechos fundamentales alguna en tanto que la extinción de su contrato de trabajo se ha amparado en lo dispuesto en art. 49.1 e ) ET en la redacción vigente a fecha de los hechos, habiendo examinado la entidad local la posibilidad de realización de ajustes razonables en el puesto de trabajo del actor y concluido con la imposibilidad de su realización por constituir una carga excesiva para la entidad local. Por ello la extinción del contrato se ha mostrado totalmente ajena tanto a la situación de discapacidad del actor como a cualquier reclamación del mismo en orden a la adaptación de su puesto de trabajo, por lo que ninguna vulneración de derechos fundamentales ni discriminación es dable apreciar y con ello ninguna indemnización procedería examinar por daños morales en base al precepto jurídico invocado como infringido.

En consecuencia procede confirmar la sentencia recurrida, desestimatoria de la demanda, sin que proceda la condena en costas de la parte recurrente, "ex" artículo 235.1 de la LRJS, por cuanto que el demandante goza del beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda de despido interpuesta por D. Arturo contra el AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA al considerar conforme a derecho la extinción de su contrato de trabajo de fecha 12 de junio de 2024, por incapacidad permanente total del actor para su profesión operario de polideportivo al no ser viable la adaptación del puesto de trabajo a su situación.

Razona la sentencia de instancia en su fundamento de derecho cuarto que no siendo aplicable con efectos retroactivos la nueva redacción dada al art. 49.1 n ) ET por la Ley 2/2025 de 29 de abril ha resultado acreditado, tras la declaración del actor como afecto de IPT y su solicitud de reincorporación y adaptación de su puesto de trabajo o reubicación en otro puesto, que fue iniciado por la entidad local expediente contradictorio en el que se dio audiencia al trabajador y que recabados informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes fueron tomados en consideración las funciones esenciales del puesto del actor (mantenimiento integral, control y vigilancia en horario extendido y fines de semana) y valorada asimismo la propuesta del actor de realizar funciones administrativas se verificó la inexistencia de vacantes laborales compatibles con las limitaciones del demandante, sin incurrir en carga excesiva para la entidad local, y con ello se dio cumplimiento de la legalidad y jurisprudencia comunitaria. Deniega asimismo la sentencia de instancia la petición de nulidad fundamentada en vulneración de derechos fundamentales y discriminación por discapacidad al no resultar acreditada la relación causal sino venir determinada la extinción del contrato del actor por la norma legal, ni tampoco aprecia indicio alguno de nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad, rechazando asimismo la indemnización de daños y perjuicios reclamada por tal vulneración.

Frente a tal resolución se alza la parte demandante en suplicación interesando en primer lugar la nulidad de la sentencia por omisión y falta de valoración de informe técnico pericial y en segundo y tercer lugar entrando en la revisión de hechos probados e infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Por la parte demandada se impugna el recurso de suplicación interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Fundamenta su primer motivo de recurso la parte actora en el apartado a) del art. 193 LJS por infracción del art. 24 CE, denunciando la valoración arbitraria y selectiva de la prueba, denunciando la omisión de la valoración del informe técnico pericial emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX, el cual fue aportado en la vista y ratificado por su autor.

Para que prosperen tal motivo que determina la declaración de nulidad de lo actuado es necesario que concurran los siguientes requisitos: ( STSJ de Extremadura de 30 de noviembre de 2021):

"a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Es más, el legislador, en la nueva LRJS ha tratado de restringir aún más la estimación del motivo estudiado, siendo que el artículo 202.2 de la LRJS, en cuanto a la estimación del motivo dedicado a la infracción de normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, cuyo efecto general es no entrar a conocer sobre el fondo del asunto planteado y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, determina que si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Al respecto del motivo expuesto, esta Sala se va a remitir a las enseñanzas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en su sentencia de 25 de enero de 2001, RC 1432/2000, razona:

"Respecto de la primera cuestión que se suscita debe precisarse que la regla que como infringida se denuncia, trae causa de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución, al disponer que las sentencias sean siempre motivadas, y del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala como requisito esencial de la sentencia los fundamentos de derecho que sirven de apoyo al fallo, todo ello con la finalidad de facilitar a las partes el conocimiento del proceso lógico que ha seguido el juzgador para fijar los hechos probados y las razones de derecho en que se fundamenta el fallo. Por eso, el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral faculta al juzgador de instancia para apreciar los elementos de convicción, ordenándole que exponga los fundamentos de derecho o los razonamientos que lleven a tal conclusión, y también debe fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo, de donde se deduce que el juzgador de instancia está dotado de facultades plenas para valorar las pruebas practicadas en el proceso, a menos que tal estimación se revele arbitraria o razonablemente injustificada".

A la vista de lo anterior, en primer lugar, viene a resultar que el recurrente no cita norma adjetiva alguna infringida, limitándose a invocar el artículo 24 de la CE, lo que es inadmisible en un recurso de naturaleza extraordinaria como es el de suplicación. Para decretar la nulidad pretendida se exige la cita de la vulneración de normas procedimentales, que debe causar, además, indefensión material y no meramente formal, debiendo haber efectuado la formal protesta. Y en este supuesto el recurrente únicamente invoca indefensión, con cita del artículo 24 de la CE.

En este caso, la sentencia cumple con el mandato legal, sin desconocer ni limitar la garantía que reconoce el artículo 24 de la Constitución para la tutela judicial efectiva, pues en el primer fundamento de derecho afirma que "Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, la testifical-pericial, de conformidad con lo dispuesto en la LRJS ». Para la observancia del precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las pruebas concretas que se hayan practicado, siendo bastante a este propósito con manifestar que por la Sala ha efectuado un examen conjunto y ponderado de la prueba documental practicada a instancia de todas las partes.

El recurrente denuncia toda falta de referencia en la resolución recurrida a la prueba testifical-pericial, concretamente del informe emitido por el servicio de prevención ajeno ASIPREX ratificado en el acto de la vista. La objeción carece de fundamento porque si la valoración de la prueba compete al órgano jurisdiccional de instancia, la omisión en la sentencia de consideraciones relativas a la credibilidad de las pruebas testifical y pericial, es signo evidente de que su resultado no logró llevar a la convicción de la Sala la necesidad de incorporar este elemento fáctico a la sentencia, pero en cualquier caso se ha dado cumplimiento al mandato del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la Sala de instancia declaró como probados los hechos que estimó justificados con la prueba documental aportada por las partes, incluida la testifical-pericial. Por esas razones se desestima este primer motivo del recurso.

TERCERO.-El segundo motivo del recurso se ampara en lo dispuesto en la letra b) del art. 193 revisión de hechos probados, y concretamente interesa la revisión del hecho probado séptimo para que se añada el siguiente párrafo "Consta en autos informe técnico emitido por el Servicio de Prevención Ajeno ASIPREX, ratificado en el acto del juicio por la Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que lo suscribe, en el que, tras la evaluación in situ del puesto de trabajo de operario de mantenimiento de instalaciones deportivas y de las limitaciones funcionales del trabajador, se concluye que este resulta apto con restricciones, proponiéndose tres opciones concretas de ajustes razonables: readaptación del puesto mediante reorganización de tareas, cambio al turno de tarde con funciones principalmente administrativas, o reubicación en otro puesto compatible dentro del Ayuntamiento, sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador".Fundamenta tal revisión del hecho probado séptimo en el informe de ASIPREX ratificado en el acto de la vista.

Para que prospera la revisión fáctica de la sentencia se precisa como nos enseña la STS de 17 de febrero de 2022 (Pleno):

" Reiterados pronunciamientos de esta Sala IV del TS perfilan los requerimientos objeto de cumplimentación para instar la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia que se recurre. En esencia, devine necesario que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de que "sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018, entre otras muchas)". STS IV Pleno 20.10.2021, Rec. 121/2021".

Del propio modo, nos enseña la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2014, Rec. 242/2013 " la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 - ;... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)".

No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en tanto que con ella lo que pretende la parte actora es otorgar mayor valor al informe pericial emitido que al resto de las pruebas en el que el juzgador de instancia ha fundamentado su decisión, y otorgado mayor valor, reflejadas en el hecho probado séptimo de tal resolución, cual es el informe del Servicio de RRHH del ayuntamiento demandado y el informe de la concejala del área de deporte del ayuntamiento. No pudiendo el recurrente pretender una valoración diferente de tales pruebas ni el otorgamiento de un valor mayor del informe técnico pericial, aún cuando el mismo fuera ratificado en la vista, frente al resto de la documental aportada y valorada.

Además tal revisión fáctica pretendida incluye una valoración jurídica ("sin que del citado informe resulte que tales medios supongan una carga excesiva para el empleador"), sin que tal hecho de inexistencia de carga excesiva para el empleador resulte del documento pericial pretendido ni de las manifestaciones efectuadas en la ratificación de la perito en la vista.

CUARTO.-Finalmente el recurso al amparo de lo establecido en la letra c) del art. 193 se fundamenta en el examen de la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Denuncia la parte actora recurrente la vulneración de lo dispuesto en los art. 14, 35 y 49 CE, art. 2 y 5 de la Directiva 2000/78/CE, art. 21 y 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 2 y 27 de la Convención de la ONU Sobre los derechos de las personas con discapacidad y art. 49.1 e ) ET (redacción vigente a la fecha de la extinción), interpretado conforme al Derecho de la Unión y STJUE de 18 de enero de 2024 (asunto C631 Ca Na Negreta).

Como nos indica la STS de 22 de diciembre de 2025 (nº 1284/2025 rcud 3965/2024) procede partir de "la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22 , Ca Na Negreta, en la que dice que es contrario al artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo. Literalmente:

«El artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 2 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 , debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que tales ajustes constituirían una carga excesiva».

Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.

4. La sentencia 557/2024 de la Sala de 17 de octubre de 2024 Rcud. 2225/2021 ), ya posterior a la del TJUE citada, transcribe uno de los razonamientos de ésta última que hace suyo, y explica que:

«cuando un trabajador deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, un cambio de puesto puede ser una medida adecuada como ajuste razonable a efectos del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , ya que permite a ese trabajador conservar su empleo, garantizando su participación plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores [...] el concepto de "ajustes razonables" implica que un trabajador que, debido a su discapacidad ha sido declarado no apto para las funciones esenciales del puesto que ocupa, sea reubicado en otro puesto para el que disponga de las competencias, las capacidades y la disponibilidad exigidas, siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para su empresario [...].

En el caso de autos, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal resulta que esta permite el despido de un trabajador cuando se le haya declarado formalmente no apto para ocupar su puesto debido a una discapacidad sobrevenida, sin obligar a su empleador a adoptar previamente las medidas adecuadas, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , o a mantener las medidas adecuadas que ya haya adoptado. En efecto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que el demandante en el litigio principal había sido reubicado en otro puesto dentro de la empresa entre el 6 de agosto de 2018 y el 13 de marzo de 2020, fecha del despido, que fue notificado por el empresario once días después del reconocimiento formal de su incapacidad para ejercer su anterior función habitual. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, el nuevo puesto en que el trabajador había sido reubicado, durante más de un año, parecía compatible con las limitaciones físicas resultantes de su accidente de trabajo [...].

Así pues, una normativa nacional en materia de seguridad social no puede ir en contra, en particular, del artículo 5 de la Directiva 2000/78 , interpretado a la luz de los artículos 21 y 26 de la Carta, convirtiendo la discapacidad del trabajador en una causa de despido, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables para permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar en su caso que tales ajustes constituirían una carga excesiva, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 de la presente sentencia".

QUINTO.-A la vista de lo anterior, incluyéndose la extinción del contrato en lo previsto en el art. 49.e ) ET en la redacción anterior a la Ley 2/2025 de 29 de abril, al ser el despido de 12 de junio de 2024, se ha de examinar si tal extinción resulta o no procedente atendiendo a tal jurisprudencia comunitaria y decisiones jurisprudenciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y TJUE.

Es la entidad local, en este caso Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la que corre con la carga de la prueba, artículo 217 LEC, art. 105.1 LRJS, art. 121.3 LRJS y sentencia 557/2024, de que ha realizado con carácter previo a su decisión los ajustes razonables en el puesto de trabajo para permitir a dicha persona continuar en el mismo, o que le ha ofrecido otro puesto de trabajo acorde y adaptado a su situación, en ambos casos permitiéndole conservar su empleo y sin que a pesar de ello haya sido posible continuar con la prestación de la relación laboral; o que no ha hecho todo lo descrito, porque tales ajustes constituirían una carga excesiva para la empresa.

En tales supuestos como señala la STS de 22 de diciembre de 2025 la función del órgano jurisdiccional será evaluar si la prueba aportada por la empresa que ha decidido extinguir la relación laboral, cumple o no con los requisitos de la carga probatoria que hemos expresado, sin que sea relevante en este caso las consecuencias que para la persona trabajadora tenga la decisión correspondiente con respecto a su relación con las entidades gestoras de la Seguridad Social.

En el presente caso constatamos que conforme al hecho probado séptimo de la sentencia, respecto del cual ninguna revisión fáctica se ha interesado, la entidad local ha acreditado haber cumplido las obligaciones que le impone la norma legal en la redacción vigente en el momento en que se producen los hechos, junio de 2024, concluyendo en su fundamento jurídico cuarto el juzgador de instancia que tras la petición del trabajador de adaptación del puesto de trabajo (sin realizar cargas físicas) o reubicación en otro puesto de trabajo acorde con su situación, la entidad local abrió expediente contradictorio y recabó informes de recursos humanos y de la concejalía de deportes, estudiándose en ellos la posibilidad de adaptación del puesto de operario de polideportivo del actor o su reubicación en un puesto de trabajo diferente sin que comportase cargas físicas, y de tal estudio resultó que las funciones esenciales del puesto de trabajo del actor (mantenimiento integral del polideportivo más actuaciones de control y vigilancia, en horario de mañana o tarde y fines de semana) comportaban una carga física cuya supresión implicaría desnaturalizar el mismo puesto de trabajo para encomendarle tan solo funciones administrativas, como el propio trabajador solicita en turno de tarde, en perjuicio del otro trabajador operario de la entidad local que cargaría no solo con un turno fijo sino con todas las funciones con exigencias físicas, o bien reubicarle en un puesto de trabajo diferente que se acredita por la entidad local no existe en tanto que los vacantes son el puesto de trabajo de operario de cementerio (con evidente componente físico) u ordenanza (plaza a amortizar) como resulta del hecho probado octavo inmodificado. Igualmente la sentencia de instancia justifica que imponer a la administración la creación de un puesto de administrativo para el actor implicaría una carga excesiva cuya imposición no resulta justificada.

Para impugnar tal fundamentación jurídica el recurrente refiere que el informe pericial de ASIPREX acredita la viabilidad de ajustes razonables para la entidad local. Al respecto procede señalar que las conclusiones de tal informe no se recogen en hechos probados y se ha desestimado la revisión de los mismos.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

La conclusión del informe pericial del servicio de prevención ajeno ASIPREX (apto con restricciones) se contradice con los informes emitidos por el ayuntamiento y a los que el juzgador de instancia ha otorgado prioridad en su valoración, y de los mismos se deduce por un lado que no cabe la reubicación pues no existe puesto vacante en la entidad local ajustado a las condiciones físicas del actor (inmodificado hecho probado octavo) y la creación del mismo supondría una carga excesiva para una entidad local pequeña, conclusiones que en modo alguno resultan contradichas por el informe técnico pericial al que se alude para justificar tal reubicación, y respecto de la adaptación del mismo puesto de trabajo el informe pericial hace referencia a la limitación del demandante para la realización de cargas físicas (no podemos olvidar que tiene reconocida una IPT) y de hecho el demandante interesa la ubicación en tareas puramente administrativas en el polideportivo, desnaturalizando en consecuencia tal puesto de trabajo (de operario con funciones de mantenimiento integral de las instalaciones) y pretendiendo la asignación de tareas residuales como son las administrativas con las consiguientes consecuencias para el otro operario de las mismas instalaciones, lo que en modo alguno constituiría el ajuste razonable que la jurisprudencia comunitaria contempla.

SEXTO.-En cuanto al último motivo al amparo del apartado c) del art. 193 LJS defiende la infracción del art. 183 LJS sobre la indemnización por daños morales. Sin embargo debiéndose confirmarse la sentencia de instancia respecto de la conformidad en derecho de la extinción de contrato del actor, no es dable apreciar vulneración de derechos fundamentales alguna en tanto que la extinción de su contrato de trabajo se ha amparado en lo dispuesto en art. 49.1 e ) ET en la redacción vigente a fecha de los hechos, habiendo examinado la entidad local la posibilidad de realización de ajustes razonables en el puesto de trabajo del actor y concluido con la imposibilidad de su realización por constituir una carga excesiva para la entidad local. Por ello la extinción del contrato se ha mostrado totalmente ajena tanto a la situación de discapacidad del actor como a cualquier reclamación del mismo en orden a la adaptación de su puesto de trabajo, por lo que ninguna vulneración de derechos fundamentales ni discriminación es dable apreciar y con ello ninguna indemnización procedería examinar por daños morales en base al precepto jurídico invocado como infringido.

En consecuencia procede confirmar la sentencia recurrida, desestimatoria de la demanda, sin que proceda la condena en costas de la parte recurrente, "ex" artículo 235.1 de la LRJS, por cuanto que el demandante goza del beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,