Sentencia Social 559/2026 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 373/2025 de 23 de abril del 2026

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda presentada para reclamación de la indemnización de daños y perjuicios, condenado a las empresas Sansofe Sur, SL y Fred Olsen, SA y a la aseguradora Allianz, SA a abonar a la parte actora la suma de 118.750,69 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo acaecido el 25 de noviembre de 2021, sin descuento alguno por franquicia y con absolución de la aseguradora Generali España SA.

La sentencia estima la demanda tras descartar una actuación imprudente del trabajador en el accidente sufrido, pues tal y como resulta del acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, la empresa subcontratista no había prevenido ni evaluado correctamente el riesgo derivado de la realización de una actividad de corte con un equipo inadecuado, en este caso una amoladora con un disco de corte de diámetro superior al permitido y sin protección, en una postura inadecuada y sin guantes, equipo de protección que ni siquiera sabía el trabajador, que debía utilizar, ante el riesgo materializado por cortes en ambos brazos sufridos al perder el control de la de la radial con la que efectuaba cortes en madera para construir un lavadero. Estos incumplimientos determinan la condena de Sansofe, empleadora del actor. Respecto de la empresa Fred Olsen, que había subcontratado con la anterior las tareas de mantenimiento, amarre y desamarre, nivel de rampas y escalas, control de parking y de pasajeros de la naviera en el Puerto de Morro Jable, la responsabilidad la hace derivar de ser propio el objeto de la actividad subcontratada, que es la propia de la naviera y desarrollarse en su centro de trabajo. Ello determina la aplicación del art. 24 LPRL, con extensión solidaria a Allianz, que aseguraba a Fred Olsen. Generali, España, SA aseguradora codemandada, resultó absuelta al acoger la sentencia de instancia la principal causa de oposición formulada por ésta .

Frente a la sentencia se alza en suplicación Fred Olsen, SA y Allianz, en un recurso que ha sido impugnado de contrario por el trabajador demandante y Generali.

SEGUNDO.- Por el cace de la letra b) del art. 193 LRJS, la recurrente pretende la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Los requisitos para la revisión de hechos probados son, como sintetiza la STS de 15 de octubre de 2025, RUD núm. 247/2022):

«a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos).

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.».

Son dos las propuestas revisoras:

- Rectificación y adición al HECHO PROBADO SEGUNDO de:

"Por Decreto de fecha 24 de Julio de 2024, en su parte dispositiva el juzgador a quo acordó tener por ampliada la demanda frente a Fred Olsen S.A. y se la requirió para informar sobre la compañía aseguradora de la RC. En fecha 31 de Julio de 2024, se personó la Entidad Fred Olsen comunicando que tenía concertado póliza de responsabilidad civil patronal con la compañía de Seguros Allianz, reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas en el folio 344.

Que en fecha 9 de Septiembre de 2024, se personó en las actuaciones judiciales la compañía de seguros Allianz, en calidad de aseguradora de Fred Olsen (folio 354).

El contrato de seguro suscrito, modalidad Allianz Responsabilidad Civil, con número de póliza NUM002, entre cuyas garantías se encuentra cubierta la Responsabilidad Civil Patronal, con un límite por víctima de 1.000.000 euros."

La finalidad es dejar constancia de la fecha en que la compañía recurrente tuvo conocimiento de la demanda.

Generali y el trabajador recurrido se oponen por carecer de relevancia de cara a modificar el fallo de la sentencia.

En la sentencia consta que el escrito de ampliación se presentó el 11 de julio de 2024, y al revisar los autos consta efectivamente que el 24 de julio de 2024 se tuvo por ampliada la demanda contra Fred Olsen, SA requiriéndose a la misma para que en plazo de tres días señalara a la compañía que aseguraba el riesgo, lo que tuvo lugar el 31 del mismo mes, personándose Allianz en el procedimiento el 9 de septiembre de ese año.

El iter procesal propuesto es cierto, se ha comprobado, pero ajeno al relato de hechos probados, pues es en los antecedentes de hecho donde debe figurar al tratarse de un "hecho procesal" no de un "hecho sustantivo". Si esta circunstancia procesal es la premisa de un motivo para censura jurídica, no será necesario llevarlo a los hechos probados, pues cabe tenerlo en cuenta simplemente examinando los autos.

En cuanto al último párrafo, el hecho probado segundo ya recoge, que "La empresa Fred Olsen tenía póliza n.º NUM002 suscrita con la aseguradora Allianz para la cobertura de la Responsabilidad Civil Patronal derivada de accidente de trabajo la cual estaba vigente a fecha 25-11-21 (reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas obrante en el folio 344 reverso de los autos a través de su representación procesal común)", siendo irrelevante el límite de la cobertura a la vista de la cantidad objeto de condena, inferior.

- Rectificación al HECHO PROBADO CUARTO, de:

" El disco de sierra utilizado no era apto para cortar madera, ya que estaba expresamente prohibido por el fabricante utilizar la amoladora para cortar madera, motivo por el cual el disco era de una dimensión superior a la de los demás discos e impedía cerrar el casco de protección (datos fácticos extraídos del informe de accidente de trabajo en el expediente NUM000 obrante en los folios 65 y siguientes de los autos)".

Explica la recurrente que resulta de importancia destacar que el disco utilizado en la amoladora no se correspondía con la misma, dado que era imposible colocar el casco protector del disco.

La recurridas se oponen al no ser relevante el hecho.

Se desestima, el fundamento de la responsabilidad de la empleadora del trabajador no es discutido. Además, del resto del relato de hechos se colige que la falta de protección de la amoladora se debía a la colocación un disco de diámetro superior al correspondiente a esta herramienta.

TERCERO.- Por el cauce de la letra c) del art. 193 LRJS, las recurrentes postulan un motivo para censura jurídica de la sentencia por infracción de lo dispuesto en los artículos 222, apartados 1 y 4, de la LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 9.3, 24 y 117 de la Constitución Española, así como de la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el "efecto positivo de cosa juzgada que produce el procedimiento administrativo firme previo en materia de acta de infracción sobre el procedimiento judicial en materia de responsabilidad civil". En concreto, cita sentencias de 22 de junio de 2015, rec 853/2014 y de 17 de abril de 2022, recurso 445/2022, sobre el efecto de cosa juzgada, y las del mismo Tribunal Sala de lo Contencioso administrativo de 12 de junio de 1997, rec 3753/1992 y del Tribunal Constitucional sentencia 60/2015, de 18 de marzo.

Lo que explica la recurrente es que las dos empresas demandadas habían suscrito un contrato para que Sansofe Sur, SL prestase a Fred Olsen en el Puerto de Morro Jable servicios de amarre y desamarre, organización de parking y control de embarques, control semanal de niveles en niveles de rampas hidráulicas y escalas y tareas de mantenimiento como: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros, así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el parking. Y en esta actividad de mantenimiento fue que el Sr Juan María sufrió un accidente de trabajo con una radial, perdiendo el control de la herramienta tras la realización con esta de unos cortes sobre un trozo de madera para la construcción de un lavadero. En fecha 26 de enero de 2022, la Inspección de Trabajo emitió un informe aportado como documento nº 3 de su ramo, en el que se hizo constar por el Inspector actuante, que la propietaria de la amoladora era Sansofe y que el disco que sobresalía de la misma, fue proporcionado también por ella. Dicho informe señala como causa del accidente el uso de la amoladora con este disco prohibido por el fabricante, siendo tal valoración la que llevó a levantar Acta de infracción el 10 de febrero de 2022, única y exclusivamente, frente a Sansofe. Dicha Acta de Infracción ha devenido firme, por lo que, entiende, la exoneración de Fred Olsen de la responsabilidad en los hechos determina la imposibilidad de condenarla en este proceso, al resultar no responsable de infracción alguna por haber cumplido todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, en especial en materia de coordinación de actividades empresariales.

Termina alegando, que la condena de Fred Olsen en la instancia supone que existen dos pronunciamientos contradictorios, lo que justifica la denuncia de la infracción del art. 222.4 LEC.

La aseguradora Generali se opuso alegando que el resultado del Acta de Infracción no prejuzga la responsabilidad civil de Fred Olsen en el accidente laboral, por lo que debe desestimarse este motivo del recurso, siendo aplicable el art. 222.4 LEC únicamente en relación con pronunciamientos judiciales, siendo las sentencias señaladas como infringidas en su doctrina referidas a otra jurisdicción y casos ajenos al de autos.

Por su parte, el trabajador demandante considera que la sentencia recurrida ha respetado los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, únicos que vinculan al Juez de no resultar desvirtuados de contrario, habiendo explicado la sentencia que el Acta de la Inspección traída al procedimiento "ha desplegado plenos efectos en el caso de autos en cuanto a sus datos fácticos por conformidad de todas las partes con los mismos" (FDº Primero in fine).

Como señala el trabajador el art 53.2 de la LISOS establece que:

"Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Y el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que:

"Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.."

Esta es la vinculación legal del Juez, que resuelve sobre una pretensión indemnizatoria por responsabilidad empresarial, respecto del contenido y resolución de un Acta de Infracción, no la que la parte pretende.

Como resume con amplia cita jurisprudencial la STS 445/2022, de 17 de mayo (rcud 2480/2019), la Sala 4ª del Tribunal Supremo viene diciendo que la Sala está vinculada por la cosa juzgada a la hora de decidir sobre el fondo, pero que el "efecto positivo de la cosa juzgada que regula el artículo 222.4 LEC se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en el segundo cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos" ( STS 26 de abril de 2023, rcud 1865/2020).

Lo que igualmente resulta de las sentencias citadas por la parte recurrente, así la sentencia núm. 445/2022, de 17 de abril de 2022 (Rec. 2480/2019): "Para lo que debemos estar a la consolidada doctrina de esta Sala que recoge la STS 16/7/2020, rcud. 3565/2017, en la que decimos: "La relación entre las sentencias que, de forma definitiva, resuelven la cuestión de las sanciones impuestas en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos que se susciten con posterioridad respecto de la imposición del recargo de prestaciones del art. 123 LGSS, ha dado lugar a esta Sala a sostener que la jurisprudencia constitucional mantiene el principio general de vinculación.

(.). Tras lo que definitivamente concluimos, que "Lo relevante, por tanto, es determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en sentencia firme recaída en el proceso de impugnación de la sanción impuesta a la empresa, en lo que respecta a la existencia de la infracción que la motiva, y a los hechos en que se funda esa apreciación, puede proyectarse sobre la decisión que corresponde adoptar en el litigio sobre recargo de prestaciones".

Como señalan las impugnantes, no cabe invocar la infracción del art. 222.4 LEC cuando el procedimiento en el que se dita la resolución que se pretende cause el efectos de cosa juzgada es administrativo, porque solo está previsto respecto de resoluciones judiciales. Recordar que el párrafo cuarto del art. 222 LEC dice: "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal ".

Ateniéndonos a este preceptos, no solo no estamos ante resoluciones judiciales, sino que serlo tampoco cabría aplicar el precepto al no ser las partes del expediente administrativo sancionador las mismas que en el judicial de autos (en aquel no fueron parte las aseguradoras ni el trabajador demandante aunque fuera entrevistado por el funcionario actuante).

En cuanto a la sentencia del TS dictada el 12 de junio de 1997, rec. 3753/1992, señalar que carece de aplicabilidad porque se refiere a un caso en el que se planteaba si era procedente la impugnación jurisdiccional de una liquidación tributaria que constituía un acto de ejecución de una resolución administrativa firme y consentida, planteando la empresa cuestiones que no fueron objeto de debate en la vía económico-administrativa, y resolviendo que no procedía porque los actos de ejecución dependen de la validez del acto principal firme y consentido, supuesto ajeno al de autos en que la pretensión del trabajador accidentado no es que se imponga una sanción a los demandados (acción para la que carece de legitimación), sino que se les condene a una indemnización por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la STC 60/2015, en ella se declara la inconstitucionalidad de un precepto sobre limitación de una bonificación de una cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones, que nada tiene que ver con el planteamiento del motivo.

Se desestima.

CUARTO.- En un tercer motivo, las recurrentes, al amparo del art. 193 c) LRJS denuncian la infracción de los art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en relación con los arts. 7 y 8 del RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, así como de la jurisprudencia uniforme, con la finalidad de obtener una declaración de inexistencia de infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

Lo que explica es que la obligación de coordinación de las actividades empresariales del art. 24 LPRL no fue incumplida por la empresa Fred Olsen , ya que dicho precepto lo que exige es que el empresario titular del centro de trabajo adopte las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. Está fue respetada, no alcanzando a Fred Olsen la del párrafo tercero del mismo precepto, referido a empresas que contraten y subcontraten a la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, que impone el deber de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales, porque la actividad de mantenimiento que desarrollaba el trabajador en el momento del accidente no era una actividad propia de Fred Olsen. Como titular del centro de trabajo donde se desarrollaba la actividad de mantenimiento subcontratada por Sansofe, habría cumplido con las obligaciones de información por riesgos propios del centro de trabajo que pueden serle exigibles.

Añade, que el cumplimiento de esta obligación entiende fue un cumplimiento material y no formal en materia de prevención de riesgos laborales, en contra de lo que sostiene el Juez de instancia, porque puso a disposición de Sansofe un Manual de Seguridad donde se indican los riesgos propios del centro de trabajo que pudieran afectar a las actividades por ellos desarrolladas; informó a la subcontratista de las medidas preventivas referidas a la prevención de tales riesgos, y dio instrucciones específicas dirigidas a la prevención de dichos riesgos. Además, en el contrato de subcontratación de servicios, los equipos de trabajo (entre otros, amoladoras) serían aportados por Sansofe, siendo de su cuenta el mantenimiento y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, y la evaluación de los riesgos que la utilización de dicho equipo concreto conllevaría, sin que Fred Olsen pudiera hacerlo, dado que sus trabajadores en el Puerto de Morro Jable no realizan actividades de mantenimiento subcontratadas.

La aseguradora Generali se opone sosteniendo que la tarea de mantenimiento realizada por el accidentado se llevaba a cabo en el muelle de carga de Fred Olsen, esto es, en su centro de trabajo, siendo una actividad propia de la naviera, y ello, porque como resulta de los hechos probados, Fred Olsen establecía las tareas a realizar por la subcontrata a través de un "delegado"; "no se efectuó una evaluación específica de equipos de trabajo y en consonancia, al no haber evaluado los riesgos, no fue posible desplegar el resto de actuaciones preventivas en relación con los mismos" y "en el contrato de subcontratación de servicios celebrado el día 31-03 15 entre Fred Olsen y Sansofe, se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales". Además, en su FDº 3º, la sentencia concluye que "la subcontrata por tanto, tiene por objeto la propia actividad de la contrata que estaba desarrollando Fred Olsen y además se desarrolla en el mismo centro (muelle de Morro Jable) en el que Fred Olsen desarrollaba su actividad" . Concluye que la responsabilidad de Fred Olsen se deriva del incumplimiento material de su deber de vigilancia respecto de las actividades de la subcontrata.

El trabajador, alega que la actividad de la subcontrata en toda su extensión, era indispensable para el desarrollo de la propia de Fred Olsen que es la de transporte de viajeros y de vehículos. Cita sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2002, rec 2291/2004, que consideró, que los servicios para el mantenimiento y operación de instalaciones, respondían a la propia actividad de la empresa principal, al llevarse a cabo esos servicios en un centro de trabajo de la empresa principal.

Esta Sala en sentencia de 24 de enero de 2020, recurso 1061/2019, explicaba sobre la responsabilidad en caso de subcontrata, que cita la del TS de 22 de noviembre de 2020, rud 3904/2001, que dice:

"La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las empresas contratistas en estos supuestos, ha venido sosteniendo la tesis de la extensión de la responsabilidad a las mismas cuando los trabajos de la empresa contratada sean incardinables en la propia actividad de la empresa contratista, entendiendo , en síntesis, que lo que determina que una actividad sea propia de la empresa es su condición de "inherente a su ciclo productivo" sentencia del Tribunal Supremo 22-11-2002). La jurisprudencia ha venido matizando dicho criterio, en doctrina unificada desde la sentencia de 18 abril 1992 (RJ 1992849), la cual señala que "cuando se desarrolla el trabajo en el centro de trabajo de la empresa principal, con sus instrumentos de producción y bajo su control «es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e, incluso, que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste» y por ello en estos casos el empresario principal puede ser «empresario infractor» a efectos del artículo 93.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (hoy artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 [RCL 1994825 ]). Aunque esta conclusión se establece en un caso claro de contrata para una obra o servicio correspondiente a la propia actividad , lo decisivo no es tanto esta calificación como el que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad". Esta doctrina parte del dato fundamental de la incardinación de los trabajos en la propia actividad de la empresa , y posibilita también la extensión de la responsabilidad en los casos en los que exista una actuación incorrecta o negligente por parte del empresario principal, cuando los trabajos se desarrollan en el centro de trabajo de ésta. Así, la STS de 18 de septiembre de 2018 (Recud 144/2017), en materia de recargo de prestaciones en contratas y subcontratas , determinó que cabe extender la responsabilidad al empresario principal la responsabilidad aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. En todo caso, tal y como expresamente se contiene en esta sentencia (FJ3º):

" (.)lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad (.)".

Doctrina extrapolable a la responsabilidad por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando se reclama no el recargo sino una indemnización.

Para su aplicación debemos recordar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al menos aquellos que nos interesan para resolver este motivo:

-El actor era trabajador indefinido desde mayo de 2014 de Sansofe Sur, SL.

- Sansofe en calidad de subcontratista y la empresa Fred Olsen, SA en calidad de contratista en la prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga entre el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y el puerto de Morro Jable, celebraron el día 31 de marzo de 2015 un contrato en virtud del cual la empresa subcontratista se obligó a prestar los siguientes servicios en el puerto de Morro Jable:

Amarre y desamarre a la llegada y salida del barco.

Organización del párking y control de embarques.

Control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas.

Tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking .

- La actividad económica de la empresa Fred Olsen es el transporte marítimo de pasajeros y cargas rodadas.

-La actividad económica de Sansofe es amarre, desamarre pre embarque, control de embarque y acceso a terminal así como tareas de mantenimiento de instalaciones .

-Fred Olsen explota el muelle de Morro Jable en la rampa de carga por medio de una concesión administrativa.

-El trabajador recurrido sufrió un accidente de trabajo el 25 de noviembre de 2021 prestando sus servicios en el Muelle de MorroJable. Realizaba tareas de mantenimiento en la rampa carga lateral izquierda del muelle que consistían en corte de madera y tubos de PVCpara la construcción de un lavadero en dicha zona. La máquina que empleaba era una amoldora angular marca AICER modelo AC1364 con nº de serie 000142 con un disco colocado para cortar sin una cubierta protectora. El disco era de sierra, a priori apto para cortar madera dado que los discos de corte de metal o cemento son lisos. Pero este disco estaba prohibido por el fabricante sin las protecciones adecuadas en el equipo de trabajo. La persona trabajadora se encontraba cortando piezas de madera. Los trabajos se efectuaban sujetando la pieza con la mano izquierda mientras que con la derecha sujetaba el equipo. Los trabajos se realizaban mediante dorso-flexión con una inclinación del torso porque el trabajador mantenía las piernas rectas y el corte de las piezas se realizaba cerca del suelo. No portaba guantes. Al terminar había sufrido cortes en extremidades superiores e inferiores.

- La prestación de servicios de Sansofe se desarrollaba con intervención de un delegado de la empresa contratista Fred Olsen que establecía las distintas tareas de mantenimiento, amarre y desamarre a realizar por la empresa subcontratista Sansofe, necesarias en un periodo semanal. Dentro de cada semana las actividades de mantenimiento se solían desarrollar martes y jueves (el día del accidente era jueves). Una vez establecidas las instrucciones generales, el Gerente de la empresa subcontratista Sansofe, distribuía la realización de dichas tareas en los distintos días y puestos de trabajo.

-En el contrato se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales previstas en la LPRL pero también se adjuntaba un "Manual de Seguridad" elaborado por Fred Olsen el cual se adjuntó al contrato. En dicho manual se recogía el riesgo nº 7 "Golpes/Cortes por objeto o herramientas" en "Manipulación de objetos, materiales, herramientas y máquinas de instalación portuaria". El mismo se calificaba como "moderado". Como medidas preventivas específicas para combatir dicho riesgo se preveíanal respecto entre otras: La utilización de EPIs y en concreto "calzado de seguridad con suela antideslizanteEN-345" y "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388". Emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo.

En la evaluación de puestos del personal de amarre efectuada por el Servicio de Prevención de Sansofe se identificaba entre los riesgos el de "golpe/corte/pinchazo por objetos, materiales o herramientas", con una valoración "tolerable". Dentro de las medidas preventivas aplicables, se establecía: "Se deberán emplear los métodos de trabajo adecuados y los EPIs necesarios en el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos. No se permitirá el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos, a personas trabajadoras no autorizadas o no formados sobe su utilización."

En la cláusula 4ª del citado contrato se estableció que Sansofe aportaría la maquinaria que resultara precisa para el desarrollo y perfecta culminación de los trabajos tales como "amoladoras" siendo de su cuenta el mantenimiento "y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento". No obstante por su parte Fred Olsen, se haría cargo de proporcionar a Sansofe el "utillaje y materiales consumibles para desarrollar las tareas de mantenimiento, tales como brochas, pintura, rodillas o cepillos para lijar".

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta a los hechos que anteceden, no cuestionados por las partes, son dos las conclusiones que se alcanzan.

La primera, sí es actividad propia de la naviera Fred Olsen el mantenimiento asociado a las tareas de amarre y desamarre a la llegada y salida del barco, organización del párking y control de embarques y control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas, pues no se concibe que la actividad de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga, que es la propia de Fred Olsen no exija que los elementos físicos que permiten el amarre y desamarre, y la subida y bajada de pasajeros, carga y vehículos al barco, como rampas y escalas, que deben mantenerse adecuadamente. De hecho, el contrato celebrado entre ambas mercantiles se describe o se subcontrata expresamente en un punto final del contrato como "tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking" .

Añadir, que si los elementos a mantener eran de Fred Olsen en el muelle y rampa de carga explotados por la misma, con mayor motivo carece de fundamento la alegación de las recurrentes. Además, si no era propia la actividad de mantenimiento, no parece razonable que un responsable de la naviera asignara el trabajo a realizar a Sansofé, como de hecho resulta de la sentencia y lo hiciera semanalmente. En contra de lo que sostiene la naviera recurrente sí había empleados propios encargados del mantenimiento.

Fijado lo anterior, la segunda conclusión o consideración que se hace es que siendo la tarea de mantenimiento desarrollada por el trabajador en el momento del accidente de las propias de Fred Olsen, la responsabilidad de la empresa principal es la que resulta de la sentencia de instancia, cuando extiende la de Sansofe por no cumplimiento de las medidas efectivas de prevención que resultaban del propio Manual de Seguridad anexado al contrato por Fred Olsen. En él, para combatir el riesgo por cortes por herramientas, se señalaba como medida preventiva la utilización de EPIs y en concreto "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388" y emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo . Ambas omitidas en este caso. Pero, además, la de falta de evaluación del riesgo que para la persona trabajadora implica la utilización de una amoldadora en trabajos de mantenimiento, siendo la misma causa indirecta del accidente sufrido por el trabajador.

El art. 24 LPRL establece que:

"Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales...".

Incumplida esta labor de vigilancia de Fred Olsen sobre la actividad de mantenimiento subcontrada que impone el anterior precepto, al permitirse el uso de un equipo inadecuado para cortar madera, con el riesgo que suponía que careciera de protección por ser el disco de corte de mayor diámetro al permitido, en una postura inadecuada (agachado y con ambas manos en el equipo y la madera) y no llevando guantes, la responsabilidad solidaria apreciada en la instancia debe confirmarse, siendo la naviera empresa principal de una actividad que es la propia.

Lo que igualmente procede por extensión de la prevista en el mismo precepto para el titular del centro de trabajo, al no haberse acreditado más que un cumplimiento formal de las obligaciones de coordinación e información del párrafo primero del art. 24 LRPL. Se desestima el motivo.

QUINTO.- En un motivo seguido por el mismo cauce que el anterior, se dice que la sentencia de instancia infringe el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la circulación de vehículos a motor. Título IV donde se establece el Sistemas para la Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modificado por la Ley 35/2015 de 22 de Septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación.

Lo que explica es que el Juez incurre en error en el cálculo de la indemnización correspondiente a las secuelas fisiológicas y el perjuicio estético, porque el art. 104.6 de la Ley 35/2015, establece que "la indemnización básica por secuelas, en su doble dimensión psicofísica, orgánica y sensorial, por un lado, y, estética, por otro, está constituída por el importe que resulta de sumar las cantidades de los dos apartados anteriores". El Juez habría aplicado la norma acudiendo al Baremo indemnizatorio vigente para el año 2023, estabilización de las secuelas pero errando al aplicar las normas contenidas en el citado sistema de valoración al determinar la edad del trabajador, porque ésta debe ser la edad en la fecha del accidente, que en el caso de autos es 57 años. A este error se añadiría el que resulta de sumar "los puntos correspondientes a las secuelas psicofísicas, orgánicas y sensorial con el perjuicio estético, llegando a una puntuación de 33 puntos y estableciendo la cuantía indemnizatoria correspondiente en la tabla de secuelas a 33 puntos, cuando lo correcto y ajustado hubiera sido calcularlo de la siguiente manera:

Indemnización perjuicio físico (puntuación secuelas físicas 13 puntos): cuantía correspondiente a los 13 puntos.

Indemnización perjuicio estético (puntuación 20 puntos): cuantía indemnizatoria correspondiente a los 20 puntos.

Total cuantía indemnizatoria: Importe que resulta de sumar las cantidades de los dos conceptos anteriores (indemnización de secuelas físicas + indemnización perjuicio estético)."

Y sigue diciendo que:

"...procede establecer en concepto de indemnización por secuelas la cuantía de 41.068,31 euros, rectificando la establecida en sentencia.

No constituye objeto del presente recurso, las partidas indemnizatorias correspondientes al Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, que se ha establecido en la cantidad de 21.229,18 euros, cantidad que entendemos ajustada a las normas del baremo indemnizatorio y perfectamente explicado en el informe pericial médico que obra en las actuaciones y debidamente ratificado en el acto del juicio la fórmula obtenida para su cálculo.

De la misma forma, se acepta el importe indemnizatorio correspondiente al perjuicio patrimonial: Lucro cesante, que se fija en la cuantía de 8.764 euros .

En consecuencia, el importe indemnizatorio total ascendería al resultado de la suma de las siguientes cantidades: 32.161,12 + 41.068,31 +21.229,18 + 8.764 = 103.222,61 euros"

El trabajador no tiene nada que oponer a la minoración de la indemnización en los términos interesados por la representación legal de Fred Olsen y Allianz

Generali tampoco se opone. Señala como aplicable la doctrina que resulta de la STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, de 5 de septiembre de 2018, Rec. 2210/2017 conforme a la que: "no procede sumar los puntos por secuelas y perjuicio estético y valorar después la suma de puntos según la tabla 2.A.2, sino que han de valorarse separadamente". Sumar previamente los puntos de los perjuicios psicofísico y estético para luego aplicar el valor resultante en la Tabla A.2.A anula el efecto acumulativo y específico de cada concepto, vulnerando el régimen progresivo del baremo. Este sistema progresivo asegura que el valor de los puntos, que depende tanto de la gravedad de las secuelas como de la edad, sea calculado de manera justa y proporcional, evitando distorsiones en el importe indemnizatorio."

El motivo se estima, declarando que el cálculo de la indemnización se limita a 103.222,61 euros.

SEXTO.-En un último motivo seguido para censura jurídica de la sentencia ( art. 193.c LRJS) las recurrentes denuncian la infracción del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Lo que argumenta la parte es que el Art. 20.6 de la LCS dispone que: "Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, en cuyo caso el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro". Y el párrafo 8º del mismo art. 20 de la LCS que "no habrá lugar a la indemnización por mora cuando la falta de pago de la indemnización o del importe mínimo por parte del asegurado esté fundada en causa justificada o que no le fuere imputable" . Con apoyo en este precepto, sostiene que no fue hasta el emplazamiento a juicio por Decreto de 18 de julio de 2024, de Fred Olsen requiriéndola para que señalara en tres días la compañía que cubría la responsabilidad patronal en el accidente, que pudo tener conocimiento de los hechos, habiéndose personado el 6 de septiembre de 2024 en autos. Antes no fue remitido el parte de accidente dado que el trabajador recurrido no es empleado de su asegurada. Tampoco el trabajador cursó reclamación alguna. Además, las circunstancias del caso son controvertidas, dado que la ITSS nunca apreció responsabilidad de Fred Olsen en los hechos. Por ello, pide que no le sean impuestos intereses moratorios, y de entenderse lo contrario, se limite su devengo a la fecha de personación de Fred Olsen en los autos, el 31 de julio de 2024.

Generali, en su escrito de impugnación señala que el art. 20.6 de la LCS establece que el término inicial para el cómputo de los intereses moratorios es la fecha del siniestro, salvo que el asegurador acredite no haber tenido conocimiento del mismo con anterioridad al ejercicio de la acción directa por el perjudicado. Pero no habiendo aportado prueba en este sentido Allianz y siendo de la misma la carga de la prueba de este hecho, se opone al motivo.

El trabajador solicita la desestimación del motivo para que se confirme la condena a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros a abonar los intereses del art. 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, pues entiende que correspondía a esta entidad aseguradora demostrar que el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no habían cumplido con el deber de comunicar el siniestro dentro de plazo.

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de febrero de 2025, rud 2109/2022, explica sobre los intereses reclamados a la aseguradora conforme al art. 20 LCS, analizando la doctrina de las sentencias dictadas hasta la fecha:

"C) Concordancia de las soluciones diversas

La STS 851/2022, de 26 octubre (rcud. 1108/2019) señala que "Esta Sala IV del Tribunal Supremo ha venido aplicando esos mismos criterios ( STS de 5 de diciembre de 2019, R. 2706/2017) y, en base a ellos, ha moderado la responsabilidad de la aseguradora en relación con los intereses moratorios en los casos siguientes: a) cuando era controvertida la inclusión del actor en la póliza ( STS/4ª de 15 marzo 1999 -R. 1134/1998); b) cuando la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente ( STS/4ª de 18 abril 2000 -R. 3112/1999); c) cuando se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante ( STS/4ª de 14 noviembre 2000 -R. 3857/1999); d) cuando estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, la cual no quedó fijada hasta que se dictó la sentencia recurrida ( STS/4ª de 26 junio 2001 -R.. 3054/2000-, 10 noviembre 2006 -R. 3744/2005 y 30 abril 2007 -R. 618/2006); y, e) cuando estaba en discusión el salario que servía de base para el cálculo ( STS/4ª de 26 julio 2006 -R. 2107/2005). Mas, fuera de estos supuestos específicos, hemos declarado que no basta con argumentar que había de estarse a la espera del resultado del litigio. Por lo que hemos rechazado la exoneración en los casos en que la aseguradora "ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente" ( STS/4ª de 3 mayo 2017 -R. 3452/2015)."

A mayor abundamiento, conforme a la sentencia que Generali aporta en fundamento de su oposición al motivo, STSJª Cataluña de 6 de marzo de 2017, rec. 7157/2016: "En cuanto a las alegaciones de la recurrente: - respecto del hecho de que la aseguradora desconocía el siniestro; hay que oponer que respecto del trabajador tercero perjudicado, la aseguradora, conforme al art. 20.6 LCS tenía la carga de probar que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso se daría por término inicial del cómputo de los intereses la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa. Dicha prueba era sencilla, bastándole a la aseguradora llamar a su asegurada, y si no la ha colmado en la instancia, que es donde correspondía, no puede en suplicación beneficiarse de la falta de prueba de dicho hecho."

Esta Sala coincide con el antedicho criterio y no estando en este caso, en discusión ninguna de las cuestiones que señala el Tribunal Supremo pueden variar la fecha de inicio del cómputo de intereses, siendo responsabilidad de la asegurada Fred Olsen las obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales ya examinadas, no cabe estimar el motivo, debiendo confirmarse el pronunciamiento de instancia.

SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS (L 36/11), no procede condena en costas, toda vez que la estimación, total o parcial, del recurso de suplicación implica que no haya parte vencida en el mismo, a efectos de imponer el pago de las costas generadas en el mismo a alguno de los litigantes ( SSTS 14/02/07, RJ 2177; 29/01/09,1051).

Conforme al art. 203.3 LRJS (L 36/11) se acuerda la devolución al recurrente del depósito al haberse estimado parcialmente el recurso de suplicación.

OCTAVO.- A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda presentada para reclamación de la indemnización de daños y perjuicios, condenado a las empresas Sansofe Sur, SL y Fred Olsen, SA y a la aseguradora Allianz, SA a abonar a la parte actora la suma de 118.750,69 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo acaecido el 25 de noviembre de 2021, sin descuento alguno por franquicia y con absolución de la aseguradora Generali España SA.

La sentencia estima la demanda tras descartar una actuación imprudente del trabajador en el accidente sufrido, pues tal y como resulta del acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, la empresa subcontratista no había prevenido ni evaluado correctamente el riesgo derivado de la realización de una actividad de corte con un equipo inadecuado, en este caso una amoladora con un disco de corte de diámetro superior al permitido y sin protección, en una postura inadecuada y sin guantes, equipo de protección que ni siquiera sabía el trabajador, que debía utilizar, ante el riesgo materializado por cortes en ambos brazos sufridos al perder el control de la de la radial con la que efectuaba cortes en madera para construir un lavadero. Estos incumplimientos determinan la condena de Sansofe, empleadora del actor. Respecto de la empresa Fred Olsen, que había subcontratado con la anterior las tareas de mantenimiento, amarre y desamarre, nivel de rampas y escalas, control de parking y de pasajeros de la naviera en el Puerto de Morro Jable, la responsabilidad la hace derivar de ser propio el objeto de la actividad subcontratada, que es la propia de la naviera y desarrollarse en su centro de trabajo. Ello determina la aplicación del art. 24 LPRL, con extensión solidaria a Allianz, que aseguraba a Fred Olsen. Generali, España, SA aseguradora codemandada, resultó absuelta al acoger la sentencia de instancia la principal causa de oposición formulada por ésta .

Frente a la sentencia se alza en suplicación Fred Olsen, SA y Allianz, en un recurso que ha sido impugnado de contrario por el trabajador demandante y Generali.

SEGUNDO.- Por el cace de la letra b) del art. 193 LRJS, la recurrente pretende la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Los requisitos para la revisión de hechos probados son, como sintetiza la STS de 15 de octubre de 2025, RUD núm. 247/2022):

«a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos).

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.».

Son dos las propuestas revisoras:

- Rectificación y adición al HECHO PROBADO SEGUNDO de:

"Por Decreto de fecha 24 de Julio de 2024, en su parte dispositiva el juzgador a quo acordó tener por ampliada la demanda frente a Fred Olsen S.A. y se la requirió para informar sobre la compañía aseguradora de la RC. En fecha 31 de Julio de 2024, se personó la Entidad Fred Olsen comunicando que tenía concertado póliza de responsabilidad civil patronal con la compañía de Seguros Allianz, reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas en el folio 344.

Que en fecha 9 de Septiembre de 2024, se personó en las actuaciones judiciales la compañía de seguros Allianz, en calidad de aseguradora de Fred Olsen (folio 354).

El contrato de seguro suscrito, modalidad Allianz Responsabilidad Civil, con número de póliza NUM002, entre cuyas garantías se encuentra cubierta la Responsabilidad Civil Patronal, con un límite por víctima de 1.000.000 euros."

La finalidad es dejar constancia de la fecha en que la compañía recurrente tuvo conocimiento de la demanda.

Generali y el trabajador recurrido se oponen por carecer de relevancia de cara a modificar el fallo de la sentencia.

En la sentencia consta que el escrito de ampliación se presentó el 11 de julio de 2024, y al revisar los autos consta efectivamente que el 24 de julio de 2024 se tuvo por ampliada la demanda contra Fred Olsen, SA requiriéndose a la misma para que en plazo de tres días señalara a la compañía que aseguraba el riesgo, lo que tuvo lugar el 31 del mismo mes, personándose Allianz en el procedimiento el 9 de septiembre de ese año.

El iter procesal propuesto es cierto, se ha comprobado, pero ajeno al relato de hechos probados, pues es en los antecedentes de hecho donde debe figurar al tratarse de un "hecho procesal" no de un "hecho sustantivo". Si esta circunstancia procesal es la premisa de un motivo para censura jurídica, no será necesario llevarlo a los hechos probados, pues cabe tenerlo en cuenta simplemente examinando los autos.

En cuanto al último párrafo, el hecho probado segundo ya recoge, que "La empresa Fred Olsen tenía póliza n.º NUM002 suscrita con la aseguradora Allianz para la cobertura de la Responsabilidad Civil Patronal derivada de accidente de trabajo la cual estaba vigente a fecha 25-11-21 (reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas obrante en el folio 344 reverso de los autos a través de su representación procesal común)", siendo irrelevante el límite de la cobertura a la vista de la cantidad objeto de condena, inferior.

- Rectificación al HECHO PROBADO CUARTO, de:

" El disco de sierra utilizado no era apto para cortar madera, ya que estaba expresamente prohibido por el fabricante utilizar la amoladora para cortar madera, motivo por el cual el disco era de una dimensión superior a la de los demás discos e impedía cerrar el casco de protección (datos fácticos extraídos del informe de accidente de trabajo en el expediente NUM000 obrante en los folios 65 y siguientes de los autos)".

Explica la recurrente que resulta de importancia destacar que el disco utilizado en la amoladora no se correspondía con la misma, dado que era imposible colocar el casco protector del disco.

La recurridas se oponen al no ser relevante el hecho.

Se desestima, el fundamento de la responsabilidad de la empleadora del trabajador no es discutido. Además, del resto del relato de hechos se colige que la falta de protección de la amoladora se debía a la colocación un disco de diámetro superior al correspondiente a esta herramienta.

TERCERO.- Por el cauce de la letra c) del art. 193 LRJS, las recurrentes postulan un motivo para censura jurídica de la sentencia por infracción de lo dispuesto en los artículos 222, apartados 1 y 4, de la LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 9.3, 24 y 117 de la Constitución Española, así como de la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el "efecto positivo de cosa juzgada que produce el procedimiento administrativo firme previo en materia de acta de infracción sobre el procedimiento judicial en materia de responsabilidad civil". En concreto, cita sentencias de 22 de junio de 2015, rec 853/2014 y de 17 de abril de 2022, recurso 445/2022, sobre el efecto de cosa juzgada, y las del mismo Tribunal Sala de lo Contencioso administrativo de 12 de junio de 1997, rec 3753/1992 y del Tribunal Constitucional sentencia 60/2015, de 18 de marzo.

Lo que explica la recurrente es que las dos empresas demandadas habían suscrito un contrato para que Sansofe Sur, SL prestase a Fred Olsen en el Puerto de Morro Jable servicios de amarre y desamarre, organización de parking y control de embarques, control semanal de niveles en niveles de rampas hidráulicas y escalas y tareas de mantenimiento como: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros, así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el parking. Y en esta actividad de mantenimiento fue que el Sr Juan María sufrió un accidente de trabajo con una radial, perdiendo el control de la herramienta tras la realización con esta de unos cortes sobre un trozo de madera para la construcción de un lavadero. En fecha 26 de enero de 2022, la Inspección de Trabajo emitió un informe aportado como documento nº 3 de su ramo, en el que se hizo constar por el Inspector actuante, que la propietaria de la amoladora era Sansofe y que el disco que sobresalía de la misma, fue proporcionado también por ella. Dicho informe señala como causa del accidente el uso de la amoladora con este disco prohibido por el fabricante, siendo tal valoración la que llevó a levantar Acta de infracción el 10 de febrero de 2022, única y exclusivamente, frente a Sansofe. Dicha Acta de Infracción ha devenido firme, por lo que, entiende, la exoneración de Fred Olsen de la responsabilidad en los hechos determina la imposibilidad de condenarla en este proceso, al resultar no responsable de infracción alguna por haber cumplido todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, en especial en materia de coordinación de actividades empresariales.

Termina alegando, que la condena de Fred Olsen en la instancia supone que existen dos pronunciamientos contradictorios, lo que justifica la denuncia de la infracción del art. 222.4 LEC.

La aseguradora Generali se opuso alegando que el resultado del Acta de Infracción no prejuzga la responsabilidad civil de Fred Olsen en el accidente laboral, por lo que debe desestimarse este motivo del recurso, siendo aplicable el art. 222.4 LEC únicamente en relación con pronunciamientos judiciales, siendo las sentencias señaladas como infringidas en su doctrina referidas a otra jurisdicción y casos ajenos al de autos.

Por su parte, el trabajador demandante considera que la sentencia recurrida ha respetado los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, únicos que vinculan al Juez de no resultar desvirtuados de contrario, habiendo explicado la sentencia que el Acta de la Inspección traída al procedimiento "ha desplegado plenos efectos en el caso de autos en cuanto a sus datos fácticos por conformidad de todas las partes con los mismos" (FDº Primero in fine).

Como señala el trabajador el art 53.2 de la LISOS establece que:

"Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Y el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que:

"Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.."

Esta es la vinculación legal del Juez, que resuelve sobre una pretensión indemnizatoria por responsabilidad empresarial, respecto del contenido y resolución de un Acta de Infracción, no la que la parte pretende.

Como resume con amplia cita jurisprudencial la STS 445/2022, de 17 de mayo (rcud 2480/2019), la Sala 4ª del Tribunal Supremo viene diciendo que la Sala está vinculada por la cosa juzgada a la hora de decidir sobre el fondo, pero que el "efecto positivo de la cosa juzgada que regula el artículo 222.4 LEC se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en el segundo cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos" ( STS 26 de abril de 2023, rcud 1865/2020).

Lo que igualmente resulta de las sentencias citadas por la parte recurrente, así la sentencia núm. 445/2022, de 17 de abril de 2022 (Rec. 2480/2019): "Para lo que debemos estar a la consolidada doctrina de esta Sala que recoge la STS 16/7/2020, rcud. 3565/2017, en la que decimos: "La relación entre las sentencias que, de forma definitiva, resuelven la cuestión de las sanciones impuestas en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos que se susciten con posterioridad respecto de la imposición del recargo de prestaciones del art. 123 LGSS, ha dado lugar a esta Sala a sostener que la jurisprudencia constitucional mantiene el principio general de vinculación.

(.). Tras lo que definitivamente concluimos, que "Lo relevante, por tanto, es determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en sentencia firme recaída en el proceso de impugnación de la sanción impuesta a la empresa, en lo que respecta a la existencia de la infracción que la motiva, y a los hechos en que se funda esa apreciación, puede proyectarse sobre la decisión que corresponde adoptar en el litigio sobre recargo de prestaciones".

Como señalan las impugnantes, no cabe invocar la infracción del art. 222.4 LEC cuando el procedimiento en el que se dita la resolución que se pretende cause el efectos de cosa juzgada es administrativo, porque solo está previsto respecto de resoluciones judiciales. Recordar que el párrafo cuarto del art. 222 LEC dice: "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal ".

Ateniéndonos a este preceptos, no solo no estamos ante resoluciones judiciales, sino que serlo tampoco cabría aplicar el precepto al no ser las partes del expediente administrativo sancionador las mismas que en el judicial de autos (en aquel no fueron parte las aseguradoras ni el trabajador demandante aunque fuera entrevistado por el funcionario actuante).

En cuanto a la sentencia del TS dictada el 12 de junio de 1997, rec. 3753/1992, señalar que carece de aplicabilidad porque se refiere a un caso en el que se planteaba si era procedente la impugnación jurisdiccional de una liquidación tributaria que constituía un acto de ejecución de una resolución administrativa firme y consentida, planteando la empresa cuestiones que no fueron objeto de debate en la vía económico-administrativa, y resolviendo que no procedía porque los actos de ejecución dependen de la validez del acto principal firme y consentido, supuesto ajeno al de autos en que la pretensión del trabajador accidentado no es que se imponga una sanción a los demandados (acción para la que carece de legitimación), sino que se les condene a una indemnización por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la STC 60/2015, en ella se declara la inconstitucionalidad de un precepto sobre limitación de una bonificación de una cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones, que nada tiene que ver con el planteamiento del motivo.

Se desestima.

CUARTO.- En un tercer motivo, las recurrentes, al amparo del art. 193 c) LRJS denuncian la infracción de los art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en relación con los arts. 7 y 8 del RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, así como de la jurisprudencia uniforme, con la finalidad de obtener una declaración de inexistencia de infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

Lo que explica es que la obligación de coordinación de las actividades empresariales del art. 24 LPRL no fue incumplida por la empresa Fred Olsen , ya que dicho precepto lo que exige es que el empresario titular del centro de trabajo adopte las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. Está fue respetada, no alcanzando a Fred Olsen la del párrafo tercero del mismo precepto, referido a empresas que contraten y subcontraten a la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, que impone el deber de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales, porque la actividad de mantenimiento que desarrollaba el trabajador en el momento del accidente no era una actividad propia de Fred Olsen. Como titular del centro de trabajo donde se desarrollaba la actividad de mantenimiento subcontratada por Sansofe, habría cumplido con las obligaciones de información por riesgos propios del centro de trabajo que pueden serle exigibles.

Añade, que el cumplimiento de esta obligación entiende fue un cumplimiento material y no formal en materia de prevención de riesgos laborales, en contra de lo que sostiene el Juez de instancia, porque puso a disposición de Sansofe un Manual de Seguridad donde se indican los riesgos propios del centro de trabajo que pudieran afectar a las actividades por ellos desarrolladas; informó a la subcontratista de las medidas preventivas referidas a la prevención de tales riesgos, y dio instrucciones específicas dirigidas a la prevención de dichos riesgos. Además, en el contrato de subcontratación de servicios, los equipos de trabajo (entre otros, amoladoras) serían aportados por Sansofe, siendo de su cuenta el mantenimiento y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, y la evaluación de los riesgos que la utilización de dicho equipo concreto conllevaría, sin que Fred Olsen pudiera hacerlo, dado que sus trabajadores en el Puerto de Morro Jable no realizan actividades de mantenimiento subcontratadas.

La aseguradora Generali se opone sosteniendo que la tarea de mantenimiento realizada por el accidentado se llevaba a cabo en el muelle de carga de Fred Olsen, esto es, en su centro de trabajo, siendo una actividad propia de la naviera, y ello, porque como resulta de los hechos probados, Fred Olsen establecía las tareas a realizar por la subcontrata a través de un "delegado"; "no se efectuó una evaluación específica de equipos de trabajo y en consonancia, al no haber evaluado los riesgos, no fue posible desplegar el resto de actuaciones preventivas en relación con los mismos" y "en el contrato de subcontratación de servicios celebrado el día 31-03 15 entre Fred Olsen y Sansofe, se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales". Además, en su FDº 3º, la sentencia concluye que "la subcontrata por tanto, tiene por objeto la propia actividad de la contrata que estaba desarrollando Fred Olsen y además se desarrolla en el mismo centro (muelle de Morro Jable) en el que Fred Olsen desarrollaba su actividad" . Concluye que la responsabilidad de Fred Olsen se deriva del incumplimiento material de su deber de vigilancia respecto de las actividades de la subcontrata.

El trabajador, alega que la actividad de la subcontrata en toda su extensión, era indispensable para el desarrollo de la propia de Fred Olsen que es la de transporte de viajeros y de vehículos. Cita sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2002, rec 2291/2004, que consideró, que los servicios para el mantenimiento y operación de instalaciones, respondían a la propia actividad de la empresa principal, al llevarse a cabo esos servicios en un centro de trabajo de la empresa principal.

Esta Sala en sentencia de 24 de enero de 2020, recurso 1061/2019, explicaba sobre la responsabilidad en caso de subcontrata, que cita la del TS de 22 de noviembre de 2020, rud 3904/2001, que dice:

"La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las empresas contratistas en estos supuestos, ha venido sosteniendo la tesis de la extensión de la responsabilidad a las mismas cuando los trabajos de la empresa contratada sean incardinables en la propia actividad de la empresa contratista, entendiendo , en síntesis, que lo que determina que una actividad sea propia de la empresa es su condición de "inherente a su ciclo productivo" sentencia del Tribunal Supremo 22-11-2002). La jurisprudencia ha venido matizando dicho criterio, en doctrina unificada desde la sentencia de 18 abril 1992 (RJ 1992849), la cual señala que "cuando se desarrolla el trabajo en el centro de trabajo de la empresa principal, con sus instrumentos de producción y bajo su control «es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e, incluso, que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste» y por ello en estos casos el empresario principal puede ser «empresario infractor» a efectos del artículo 93.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (hoy artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 [RCL 1994825 ]). Aunque esta conclusión se establece en un caso claro de contrata para una obra o servicio correspondiente a la propia actividad , lo decisivo no es tanto esta calificación como el que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad". Esta doctrina parte del dato fundamental de la incardinación de los trabajos en la propia actividad de la empresa , y posibilita también la extensión de la responsabilidad en los casos en los que exista una actuación incorrecta o negligente por parte del empresario principal, cuando los trabajos se desarrollan en el centro de trabajo de ésta. Así, la STS de 18 de septiembre de 2018 (Recud 144/2017), en materia de recargo de prestaciones en contratas y subcontratas , determinó que cabe extender la responsabilidad al empresario principal la responsabilidad aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. En todo caso, tal y como expresamente se contiene en esta sentencia (FJ3º):

" (.)lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad (.)".

Doctrina extrapolable a la responsabilidad por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando se reclama no el recargo sino una indemnización.

Para su aplicación debemos recordar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al menos aquellos que nos interesan para resolver este motivo:

-El actor era trabajador indefinido desde mayo de 2014 de Sansofe Sur, SL.

- Sansofe en calidad de subcontratista y la empresa Fred Olsen, SA en calidad de contratista en la prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga entre el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y el puerto de Morro Jable, celebraron el día 31 de marzo de 2015 un contrato en virtud del cual la empresa subcontratista se obligó a prestar los siguientes servicios en el puerto de Morro Jable:

Amarre y desamarre a la llegada y salida del barco.

Organización del párking y control de embarques.

Control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas.

Tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking .

- La actividad económica de la empresa Fred Olsen es el transporte marítimo de pasajeros y cargas rodadas.

-La actividad económica de Sansofe es amarre, desamarre pre embarque, control de embarque y acceso a terminal así como tareas de mantenimiento de instalaciones .

-Fred Olsen explota el muelle de Morro Jable en la rampa de carga por medio de una concesión administrativa.

-El trabajador recurrido sufrió un accidente de trabajo el 25 de noviembre de 2021 prestando sus servicios en el Muelle de MorroJable. Realizaba tareas de mantenimiento en la rampa carga lateral izquierda del muelle que consistían en corte de madera y tubos de PVCpara la construcción de un lavadero en dicha zona. La máquina que empleaba era una amoldora angular marca AICER modelo AC1364 con nº de serie 000142 con un disco colocado para cortar sin una cubierta protectora. El disco era de sierra, a priori apto para cortar madera dado que los discos de corte de metal o cemento son lisos. Pero este disco estaba prohibido por el fabricante sin las protecciones adecuadas en el equipo de trabajo. La persona trabajadora se encontraba cortando piezas de madera. Los trabajos se efectuaban sujetando la pieza con la mano izquierda mientras que con la derecha sujetaba el equipo. Los trabajos se realizaban mediante dorso-flexión con una inclinación del torso porque el trabajador mantenía las piernas rectas y el corte de las piezas se realizaba cerca del suelo. No portaba guantes. Al terminar había sufrido cortes en extremidades superiores e inferiores.

- La prestación de servicios de Sansofe se desarrollaba con intervención de un delegado de la empresa contratista Fred Olsen que establecía las distintas tareas de mantenimiento, amarre y desamarre a realizar por la empresa subcontratista Sansofe, necesarias en un periodo semanal. Dentro de cada semana las actividades de mantenimiento se solían desarrollar martes y jueves (el día del accidente era jueves). Una vez establecidas las instrucciones generales, el Gerente de la empresa subcontratista Sansofe, distribuía la realización de dichas tareas en los distintos días y puestos de trabajo.

-En el contrato se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales previstas en la LPRL pero también se adjuntaba un "Manual de Seguridad" elaborado por Fred Olsen el cual se adjuntó al contrato. En dicho manual se recogía el riesgo nº 7 "Golpes/Cortes por objeto o herramientas" en "Manipulación de objetos, materiales, herramientas y máquinas de instalación portuaria". El mismo se calificaba como "moderado". Como medidas preventivas específicas para combatir dicho riesgo se preveíanal respecto entre otras: La utilización de EPIs y en concreto "calzado de seguridad con suela antideslizanteEN-345" y "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388". Emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo.

En la evaluación de puestos del personal de amarre efectuada por el Servicio de Prevención de Sansofe se identificaba entre los riesgos el de "golpe/corte/pinchazo por objetos, materiales o herramientas", con una valoración "tolerable". Dentro de las medidas preventivas aplicables, se establecía: "Se deberán emplear los métodos de trabajo adecuados y los EPIs necesarios en el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos. No se permitirá el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos, a personas trabajadoras no autorizadas o no formados sobe su utilización."

En la cláusula 4ª del citado contrato se estableció que Sansofe aportaría la maquinaria que resultara precisa para el desarrollo y perfecta culminación de los trabajos tales como "amoladoras" siendo de su cuenta el mantenimiento "y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento". No obstante por su parte Fred Olsen, se haría cargo de proporcionar a Sansofe el "utillaje y materiales consumibles para desarrollar las tareas de mantenimiento, tales como brochas, pintura, rodillas o cepillos para lijar".

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta a los hechos que anteceden, no cuestionados por las partes, son dos las conclusiones que se alcanzan.

La primera, sí es actividad propia de la naviera Fred Olsen el mantenimiento asociado a las tareas de amarre y desamarre a la llegada y salida del barco, organización del párking y control de embarques y control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas, pues no se concibe que la actividad de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga, que es la propia de Fred Olsen no exija que los elementos físicos que permiten el amarre y desamarre, y la subida y bajada de pasajeros, carga y vehículos al barco, como rampas y escalas, que deben mantenerse adecuadamente. De hecho, el contrato celebrado entre ambas mercantiles se describe o se subcontrata expresamente en un punto final del contrato como "tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking" .

Añadir, que si los elementos a mantener eran de Fred Olsen en el muelle y rampa de carga explotados por la misma, con mayor motivo carece de fundamento la alegación de las recurrentes. Además, si no era propia la actividad de mantenimiento, no parece razonable que un responsable de la naviera asignara el trabajo a realizar a Sansofé, como de hecho resulta de la sentencia y lo hiciera semanalmente. En contra de lo que sostiene la naviera recurrente sí había empleados propios encargados del mantenimiento.

Fijado lo anterior, la segunda conclusión o consideración que se hace es que siendo la tarea de mantenimiento desarrollada por el trabajador en el momento del accidente de las propias de Fred Olsen, la responsabilidad de la empresa principal es la que resulta de la sentencia de instancia, cuando extiende la de Sansofe por no cumplimiento de las medidas efectivas de prevención que resultaban del propio Manual de Seguridad anexado al contrato por Fred Olsen. En él, para combatir el riesgo por cortes por herramientas, se señalaba como medida preventiva la utilización de EPIs y en concreto "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388" y emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo . Ambas omitidas en este caso. Pero, además, la de falta de evaluación del riesgo que para la persona trabajadora implica la utilización de una amoldadora en trabajos de mantenimiento, siendo la misma causa indirecta del accidente sufrido por el trabajador.

El art. 24 LPRL establece que:

"Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales...".

Incumplida esta labor de vigilancia de Fred Olsen sobre la actividad de mantenimiento subcontrada que impone el anterior precepto, al permitirse el uso de un equipo inadecuado para cortar madera, con el riesgo que suponía que careciera de protección por ser el disco de corte de mayor diámetro al permitido, en una postura inadecuada (agachado y con ambas manos en el equipo y la madera) y no llevando guantes, la responsabilidad solidaria apreciada en la instancia debe confirmarse, siendo la naviera empresa principal de una actividad que es la propia.

Lo que igualmente procede por extensión de la prevista en el mismo precepto para el titular del centro de trabajo, al no haberse acreditado más que un cumplimiento formal de las obligaciones de coordinación e información del párrafo primero del art. 24 LRPL. Se desestima el motivo.

QUINTO.- En un motivo seguido por el mismo cauce que el anterior, se dice que la sentencia de instancia infringe el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la circulación de vehículos a motor. Título IV donde se establece el Sistemas para la Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modificado por la Ley 35/2015 de 22 de Septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación.

Lo que explica es que el Juez incurre en error en el cálculo de la indemnización correspondiente a las secuelas fisiológicas y el perjuicio estético, porque el art. 104.6 de la Ley 35/2015, establece que "la indemnización básica por secuelas, en su doble dimensión psicofísica, orgánica y sensorial, por un lado, y, estética, por otro, está constituída por el importe que resulta de sumar las cantidades de los dos apartados anteriores". El Juez habría aplicado la norma acudiendo al Baremo indemnizatorio vigente para el año 2023, estabilización de las secuelas pero errando al aplicar las normas contenidas en el citado sistema de valoración al determinar la edad del trabajador, porque ésta debe ser la edad en la fecha del accidente, que en el caso de autos es 57 años. A este error se añadiría el que resulta de sumar "los puntos correspondientes a las secuelas psicofísicas, orgánicas y sensorial con el perjuicio estético, llegando a una puntuación de 33 puntos y estableciendo la cuantía indemnizatoria correspondiente en la tabla de secuelas a 33 puntos, cuando lo correcto y ajustado hubiera sido calcularlo de la siguiente manera:

Indemnización perjuicio físico (puntuación secuelas físicas 13 puntos): cuantía correspondiente a los 13 puntos.

Indemnización perjuicio estético (puntuación 20 puntos): cuantía indemnizatoria correspondiente a los 20 puntos.

Total cuantía indemnizatoria: Importe que resulta de sumar las cantidades de los dos conceptos anteriores (indemnización de secuelas físicas + indemnización perjuicio estético)."

Y sigue diciendo que:

"...procede establecer en concepto de indemnización por secuelas la cuantía de 41.068,31 euros, rectificando la establecida en sentencia.

No constituye objeto del presente recurso, las partidas indemnizatorias correspondientes al Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, que se ha establecido en la cantidad de 21.229,18 euros, cantidad que entendemos ajustada a las normas del baremo indemnizatorio y perfectamente explicado en el informe pericial médico que obra en las actuaciones y debidamente ratificado en el acto del juicio la fórmula obtenida para su cálculo.

De la misma forma, se acepta el importe indemnizatorio correspondiente al perjuicio patrimonial: Lucro cesante, que se fija en la cuantía de 8.764 euros .

En consecuencia, el importe indemnizatorio total ascendería al resultado de la suma de las siguientes cantidades: 32.161,12 + 41.068,31 +21.229,18 + 8.764 = 103.222,61 euros"

El trabajador no tiene nada que oponer a la minoración de la indemnización en los términos interesados por la representación legal de Fred Olsen y Allianz

Generali tampoco se opone. Señala como aplicable la doctrina que resulta de la STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, de 5 de septiembre de 2018, Rec. 2210/2017 conforme a la que: "no procede sumar los puntos por secuelas y perjuicio estético y valorar después la suma de puntos según la tabla 2.A.2, sino que han de valorarse separadamente". Sumar previamente los puntos de los perjuicios psicofísico y estético para luego aplicar el valor resultante en la Tabla A.2.A anula el efecto acumulativo y específico de cada concepto, vulnerando el régimen progresivo del baremo. Este sistema progresivo asegura que el valor de los puntos, que depende tanto de la gravedad de las secuelas como de la edad, sea calculado de manera justa y proporcional, evitando distorsiones en el importe indemnizatorio."

El motivo se estima, declarando que el cálculo de la indemnización se limita a 103.222,61 euros.

SEXTO.-En un último motivo seguido para censura jurídica de la sentencia ( art. 193.c LRJS) las recurrentes denuncian la infracción del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Lo que argumenta la parte es que el Art. 20.6 de la LCS dispone que: "Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, en cuyo caso el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro". Y el párrafo 8º del mismo art. 20 de la LCS que "no habrá lugar a la indemnización por mora cuando la falta de pago de la indemnización o del importe mínimo por parte del asegurado esté fundada en causa justificada o que no le fuere imputable" . Con apoyo en este precepto, sostiene que no fue hasta el emplazamiento a juicio por Decreto de 18 de julio de 2024, de Fred Olsen requiriéndola para que señalara en tres días la compañía que cubría la responsabilidad patronal en el accidente, que pudo tener conocimiento de los hechos, habiéndose personado el 6 de septiembre de 2024 en autos. Antes no fue remitido el parte de accidente dado que el trabajador recurrido no es empleado de su asegurada. Tampoco el trabajador cursó reclamación alguna. Además, las circunstancias del caso son controvertidas, dado que la ITSS nunca apreció responsabilidad de Fred Olsen en los hechos. Por ello, pide que no le sean impuestos intereses moratorios, y de entenderse lo contrario, se limite su devengo a la fecha de personación de Fred Olsen en los autos, el 31 de julio de 2024.

Generali, en su escrito de impugnación señala que el art. 20.6 de la LCS establece que el término inicial para el cómputo de los intereses moratorios es la fecha del siniestro, salvo que el asegurador acredite no haber tenido conocimiento del mismo con anterioridad al ejercicio de la acción directa por el perjudicado. Pero no habiendo aportado prueba en este sentido Allianz y siendo de la misma la carga de la prueba de este hecho, se opone al motivo.

El trabajador solicita la desestimación del motivo para que se confirme la condena a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros a abonar los intereses del art. 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, pues entiende que correspondía a esta entidad aseguradora demostrar que el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no habían cumplido con el deber de comunicar el siniestro dentro de plazo.

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de febrero de 2025, rud 2109/2022, explica sobre los intereses reclamados a la aseguradora conforme al art. 20 LCS, analizando la doctrina de las sentencias dictadas hasta la fecha:

"C) Concordancia de las soluciones diversas

La STS 851/2022, de 26 octubre (rcud. 1108/2019) señala que "Esta Sala IV del Tribunal Supremo ha venido aplicando esos mismos criterios ( STS de 5 de diciembre de 2019, R. 2706/2017) y, en base a ellos, ha moderado la responsabilidad de la aseguradora en relación con los intereses moratorios en los casos siguientes: a) cuando era controvertida la inclusión del actor en la póliza ( STS/4ª de 15 marzo 1999 -R. 1134/1998); b) cuando la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente ( STS/4ª de 18 abril 2000 -R. 3112/1999); c) cuando se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante ( STS/4ª de 14 noviembre 2000 -R. 3857/1999); d) cuando estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, la cual no quedó fijada hasta que se dictó la sentencia recurrida ( STS/4ª de 26 junio 2001 -R.. 3054/2000-, 10 noviembre 2006 -R. 3744/2005 y 30 abril 2007 -R. 618/2006); y, e) cuando estaba en discusión el salario que servía de base para el cálculo ( STS/4ª de 26 julio 2006 -R. 2107/2005). Mas, fuera de estos supuestos específicos, hemos declarado que no basta con argumentar que había de estarse a la espera del resultado del litigio. Por lo que hemos rechazado la exoneración en los casos en que la aseguradora "ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente" ( STS/4ª de 3 mayo 2017 -R. 3452/2015)."

A mayor abundamiento, conforme a la sentencia que Generali aporta en fundamento de su oposición al motivo, STSJª Cataluña de 6 de marzo de 2017, rec. 7157/2016: "En cuanto a las alegaciones de la recurrente: - respecto del hecho de que la aseguradora desconocía el siniestro; hay que oponer que respecto del trabajador tercero perjudicado, la aseguradora, conforme al art. 20.6 LCS tenía la carga de probar que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso se daría por término inicial del cómputo de los intereses la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa. Dicha prueba era sencilla, bastándole a la aseguradora llamar a su asegurada, y si no la ha colmado en la instancia, que es donde correspondía, no puede en suplicación beneficiarse de la falta de prueba de dicho hecho."

Esta Sala coincide con el antedicho criterio y no estando en este caso, en discusión ninguna de las cuestiones que señala el Tribunal Supremo pueden variar la fecha de inicio del cómputo de intereses, siendo responsabilidad de la asegurada Fred Olsen las obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales ya examinadas, no cabe estimar el motivo, debiendo confirmarse el pronunciamiento de instancia.

SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS (L 36/11), no procede condena en costas, toda vez que la estimación, total o parcial, del recurso de suplicación implica que no haya parte vencida en el mismo, a efectos de imponer el pago de las costas generadas en el mismo a alguno de los litigantes ( SSTS 14/02/07, RJ 2177; 29/01/09,1051).

Conforme al art. 203.3 LRJS (L 36/11) se acuerda la devolución al recurrente del depósito al haberse estimado parcialmente el recurso de suplicación.

OCTAVO.- A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda presentada para reclamación de la indemnización de daños y perjuicios, condenado a las empresas Sansofe Sur, SL y Fred Olsen, SA y a la aseguradora Allianz, SA a abonar a la parte actora la suma de 118.750,69 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo acaecido el 25 de noviembre de 2021, sin descuento alguno por franquicia y con absolución de la aseguradora Generali España SA.

La sentencia estima la demanda tras descartar una actuación imprudente del trabajador en el accidente sufrido, pues tal y como resulta del acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, la empresa subcontratista no había prevenido ni evaluado correctamente el riesgo derivado de la realización de una actividad de corte con un equipo inadecuado, en este caso una amoladora con un disco de corte de diámetro superior al permitido y sin protección, en una postura inadecuada y sin guantes, equipo de protección que ni siquiera sabía el trabajador, que debía utilizar, ante el riesgo materializado por cortes en ambos brazos sufridos al perder el control de la de la radial con la que efectuaba cortes en madera para construir un lavadero. Estos incumplimientos determinan la condena de Sansofe, empleadora del actor. Respecto de la empresa Fred Olsen, que había subcontratado con la anterior las tareas de mantenimiento, amarre y desamarre, nivel de rampas y escalas, control de parking y de pasajeros de la naviera en el Puerto de Morro Jable, la responsabilidad la hace derivar de ser propio el objeto de la actividad subcontratada, que es la propia de la naviera y desarrollarse en su centro de trabajo. Ello determina la aplicación del art. 24 LPRL, con extensión solidaria a Allianz, que aseguraba a Fred Olsen. Generali, España, SA aseguradora codemandada, resultó absuelta al acoger la sentencia de instancia la principal causa de oposición formulada por ésta .

Frente a la sentencia se alza en suplicación Fred Olsen, SA y Allianz, en un recurso que ha sido impugnado de contrario por el trabajador demandante y Generali.

SEGUNDO.- Por el cace de la letra b) del art. 193 LRJS, la recurrente pretende la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Los requisitos para la revisión de hechos probados son, como sintetiza la STS de 15 de octubre de 2025, RUD núm. 247/2022):

«a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos).

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.».

Son dos las propuestas revisoras:

- Rectificación y adición al HECHO PROBADO SEGUNDO de:

"Por Decreto de fecha 24 de Julio de 2024, en su parte dispositiva el juzgador a quo acordó tener por ampliada la demanda frente a Fred Olsen S.A. y se la requirió para informar sobre la compañía aseguradora de la RC. En fecha 31 de Julio de 2024, se personó la Entidad Fred Olsen comunicando que tenía concertado póliza de responsabilidad civil patronal con la compañía de Seguros Allianz, reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas en el folio 344.

Que en fecha 9 de Septiembre de 2024, se personó en las actuaciones judiciales la compañía de seguros Allianz, en calidad de aseguradora de Fred Olsen (folio 354).

El contrato de seguro suscrito, modalidad Allianz Responsabilidad Civil, con número de póliza NUM002, entre cuyas garantías se encuentra cubierta la Responsabilidad Civil Patronal, con un límite por víctima de 1.000.000 euros."

La finalidad es dejar constancia de la fecha en que la compañía recurrente tuvo conocimiento de la demanda.

Generali y el trabajador recurrido se oponen por carecer de relevancia de cara a modificar el fallo de la sentencia.

En la sentencia consta que el escrito de ampliación se presentó el 11 de julio de 2024, y al revisar los autos consta efectivamente que el 24 de julio de 2024 se tuvo por ampliada la demanda contra Fred Olsen, SA requiriéndose a la misma para que en plazo de tres días señalara a la compañía que aseguraba el riesgo, lo que tuvo lugar el 31 del mismo mes, personándose Allianz en el procedimiento el 9 de septiembre de ese año.

El iter procesal propuesto es cierto, se ha comprobado, pero ajeno al relato de hechos probados, pues es en los antecedentes de hecho donde debe figurar al tratarse de un "hecho procesal" no de un "hecho sustantivo". Si esta circunstancia procesal es la premisa de un motivo para censura jurídica, no será necesario llevarlo a los hechos probados, pues cabe tenerlo en cuenta simplemente examinando los autos.

En cuanto al último párrafo, el hecho probado segundo ya recoge, que "La empresa Fred Olsen tenía póliza n.º NUM002 suscrita con la aseguradora Allianz para la cobertura de la Responsabilidad Civil Patronal derivada de accidente de trabajo la cual estaba vigente a fecha 25-11-21 (reconocimiento de hechos efectuada por ambas empresas obrante en el folio 344 reverso de los autos a través de su representación procesal común)", siendo irrelevante el límite de la cobertura a la vista de la cantidad objeto de condena, inferior.

- Rectificación al HECHO PROBADO CUARTO, de:

" El disco de sierra utilizado no era apto para cortar madera, ya que estaba expresamente prohibido por el fabricante utilizar la amoladora para cortar madera, motivo por el cual el disco era de una dimensión superior a la de los demás discos e impedía cerrar el casco de protección (datos fácticos extraídos del informe de accidente de trabajo en el expediente NUM000 obrante en los folios 65 y siguientes de los autos)".

Explica la recurrente que resulta de importancia destacar que el disco utilizado en la amoladora no se correspondía con la misma, dado que era imposible colocar el casco protector del disco.

La recurridas se oponen al no ser relevante el hecho.

Se desestima, el fundamento de la responsabilidad de la empleadora del trabajador no es discutido. Además, del resto del relato de hechos se colige que la falta de protección de la amoladora se debía a la colocación un disco de diámetro superior al correspondiente a esta herramienta.

TERCERO.- Por el cauce de la letra c) del art. 193 LRJS, las recurrentes postulan un motivo para censura jurídica de la sentencia por infracción de lo dispuesto en los artículos 222, apartados 1 y 4, de la LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 9.3, 24 y 117 de la Constitución Española, así como de la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el "efecto positivo de cosa juzgada que produce el procedimiento administrativo firme previo en materia de acta de infracción sobre el procedimiento judicial en materia de responsabilidad civil". En concreto, cita sentencias de 22 de junio de 2015, rec 853/2014 y de 17 de abril de 2022, recurso 445/2022, sobre el efecto de cosa juzgada, y las del mismo Tribunal Sala de lo Contencioso administrativo de 12 de junio de 1997, rec 3753/1992 y del Tribunal Constitucional sentencia 60/2015, de 18 de marzo.

Lo que explica la recurrente es que las dos empresas demandadas habían suscrito un contrato para que Sansofe Sur, SL prestase a Fred Olsen en el Puerto de Morro Jable servicios de amarre y desamarre, organización de parking y control de embarques, control semanal de niveles en niveles de rampas hidráulicas y escalas y tareas de mantenimiento como: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros, así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el parking. Y en esta actividad de mantenimiento fue que el Sr Juan María sufrió un accidente de trabajo con una radial, perdiendo el control de la herramienta tras la realización con esta de unos cortes sobre un trozo de madera para la construcción de un lavadero. En fecha 26 de enero de 2022, la Inspección de Trabajo emitió un informe aportado como documento nº 3 de su ramo, en el que se hizo constar por el Inspector actuante, que la propietaria de la amoladora era Sansofe y que el disco que sobresalía de la misma, fue proporcionado también por ella. Dicho informe señala como causa del accidente el uso de la amoladora con este disco prohibido por el fabricante, siendo tal valoración la que llevó a levantar Acta de infracción el 10 de febrero de 2022, única y exclusivamente, frente a Sansofe. Dicha Acta de Infracción ha devenido firme, por lo que, entiende, la exoneración de Fred Olsen de la responsabilidad en los hechos determina la imposibilidad de condenarla en este proceso, al resultar no responsable de infracción alguna por haber cumplido todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, en especial en materia de coordinación de actividades empresariales.

Termina alegando, que la condena de Fred Olsen en la instancia supone que existen dos pronunciamientos contradictorios, lo que justifica la denuncia de la infracción del art. 222.4 LEC.

La aseguradora Generali se opuso alegando que el resultado del Acta de Infracción no prejuzga la responsabilidad civil de Fred Olsen en el accidente laboral, por lo que debe desestimarse este motivo del recurso, siendo aplicable el art. 222.4 LEC únicamente en relación con pronunciamientos judiciales, siendo las sentencias señaladas como infringidas en su doctrina referidas a otra jurisdicción y casos ajenos al de autos.

Por su parte, el trabajador demandante considera que la sentencia recurrida ha respetado los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, únicos que vinculan al Juez de no resultar desvirtuados de contrario, habiendo explicado la sentencia que el Acta de la Inspección traída al procedimiento "ha desplegado plenos efectos en el caso de autos en cuanto a sus datos fácticos por conformidad de todas las partes con los mismos" (FDº Primero in fine).

Como señala el trabajador el art 53.2 de la LISOS establece que:

"Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Y el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que:

"Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.."

Esta es la vinculación legal del Juez, que resuelve sobre una pretensión indemnizatoria por responsabilidad empresarial, respecto del contenido y resolución de un Acta de Infracción, no la que la parte pretende.

Como resume con amplia cita jurisprudencial la STS 445/2022, de 17 de mayo (rcud 2480/2019), la Sala 4ª del Tribunal Supremo viene diciendo que la Sala está vinculada por la cosa juzgada a la hora de decidir sobre el fondo, pero que el "efecto positivo de la cosa juzgada que regula el artículo 222.4 LEC se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en el segundo cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos" ( STS 26 de abril de 2023, rcud 1865/2020).

Lo que igualmente resulta de las sentencias citadas por la parte recurrente, así la sentencia núm. 445/2022, de 17 de abril de 2022 (Rec. 2480/2019): "Para lo que debemos estar a la consolidada doctrina de esta Sala que recoge la STS 16/7/2020, rcud. 3565/2017, en la que decimos: "La relación entre las sentencias que, de forma definitiva, resuelven la cuestión de las sanciones impuestas en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos que se susciten con posterioridad respecto de la imposición del recargo de prestaciones del art. 123 LGSS, ha dado lugar a esta Sala a sostener que la jurisprudencia constitucional mantiene el principio general de vinculación.

(.). Tras lo que definitivamente concluimos, que "Lo relevante, por tanto, es determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en sentencia firme recaída en el proceso de impugnación de la sanción impuesta a la empresa, en lo que respecta a la existencia de la infracción que la motiva, y a los hechos en que se funda esa apreciación, puede proyectarse sobre la decisión que corresponde adoptar en el litigio sobre recargo de prestaciones".

Como señalan las impugnantes, no cabe invocar la infracción del art. 222.4 LEC cuando el procedimiento en el que se dita la resolución que se pretende cause el efectos de cosa juzgada es administrativo, porque solo está previsto respecto de resoluciones judiciales. Recordar que el párrafo cuarto del art. 222 LEC dice: "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal ".

Ateniéndonos a este preceptos, no solo no estamos ante resoluciones judiciales, sino que serlo tampoco cabría aplicar el precepto al no ser las partes del expediente administrativo sancionador las mismas que en el judicial de autos (en aquel no fueron parte las aseguradoras ni el trabajador demandante aunque fuera entrevistado por el funcionario actuante).

En cuanto a la sentencia del TS dictada el 12 de junio de 1997, rec. 3753/1992, señalar que carece de aplicabilidad porque se refiere a un caso en el que se planteaba si era procedente la impugnación jurisdiccional de una liquidación tributaria que constituía un acto de ejecución de una resolución administrativa firme y consentida, planteando la empresa cuestiones que no fueron objeto de debate en la vía económico-administrativa, y resolviendo que no procedía porque los actos de ejecución dependen de la validez del acto principal firme y consentido, supuesto ajeno al de autos en que la pretensión del trabajador accidentado no es que se imponga una sanción a los demandados (acción para la que carece de legitimación), sino que se les condene a una indemnización por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la STC 60/2015, en ella se declara la inconstitucionalidad de un precepto sobre limitación de una bonificación de una cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones, que nada tiene que ver con el planteamiento del motivo.

Se desestima.

CUARTO.- En un tercer motivo, las recurrentes, al amparo del art. 193 c) LRJS denuncian la infracción de los art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en relación con los arts. 7 y 8 del RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, así como de la jurisprudencia uniforme, con la finalidad de obtener una declaración de inexistencia de infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

Lo que explica es que la obligación de coordinación de las actividades empresariales del art. 24 LPRL no fue incumplida por la empresa Fred Olsen , ya que dicho precepto lo que exige es que el empresario titular del centro de trabajo adopte las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. Está fue respetada, no alcanzando a Fred Olsen la del párrafo tercero del mismo precepto, referido a empresas que contraten y subcontraten a la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, que impone el deber de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales, porque la actividad de mantenimiento que desarrollaba el trabajador en el momento del accidente no era una actividad propia de Fred Olsen. Como titular del centro de trabajo donde se desarrollaba la actividad de mantenimiento subcontratada por Sansofe, habría cumplido con las obligaciones de información por riesgos propios del centro de trabajo que pueden serle exigibles.

Añade, que el cumplimiento de esta obligación entiende fue un cumplimiento material y no formal en materia de prevención de riesgos laborales, en contra de lo que sostiene el Juez de instancia, porque puso a disposición de Sansofe un Manual de Seguridad donde se indican los riesgos propios del centro de trabajo que pudieran afectar a las actividades por ellos desarrolladas; informó a la subcontratista de las medidas preventivas referidas a la prevención de tales riesgos, y dio instrucciones específicas dirigidas a la prevención de dichos riesgos. Además, en el contrato de subcontratación de servicios, los equipos de trabajo (entre otros, amoladoras) serían aportados por Sansofe, siendo de su cuenta el mantenimiento y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, y la evaluación de los riesgos que la utilización de dicho equipo concreto conllevaría, sin que Fred Olsen pudiera hacerlo, dado que sus trabajadores en el Puerto de Morro Jable no realizan actividades de mantenimiento subcontratadas.

La aseguradora Generali se opone sosteniendo que la tarea de mantenimiento realizada por el accidentado se llevaba a cabo en el muelle de carga de Fred Olsen, esto es, en su centro de trabajo, siendo una actividad propia de la naviera, y ello, porque como resulta de los hechos probados, Fred Olsen establecía las tareas a realizar por la subcontrata a través de un "delegado"; "no se efectuó una evaluación específica de equipos de trabajo y en consonancia, al no haber evaluado los riesgos, no fue posible desplegar el resto de actuaciones preventivas en relación con los mismos" y "en el contrato de subcontratación de servicios celebrado el día 31-03 15 entre Fred Olsen y Sansofe, se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales". Además, en su FDº 3º, la sentencia concluye que "la subcontrata por tanto, tiene por objeto la propia actividad de la contrata que estaba desarrollando Fred Olsen y además se desarrolla en el mismo centro (muelle de Morro Jable) en el que Fred Olsen desarrollaba su actividad" . Concluye que la responsabilidad de Fred Olsen se deriva del incumplimiento material de su deber de vigilancia respecto de las actividades de la subcontrata.

El trabajador, alega que la actividad de la subcontrata en toda su extensión, era indispensable para el desarrollo de la propia de Fred Olsen que es la de transporte de viajeros y de vehículos. Cita sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2002, rec 2291/2004, que consideró, que los servicios para el mantenimiento y operación de instalaciones, respondían a la propia actividad de la empresa principal, al llevarse a cabo esos servicios en un centro de trabajo de la empresa principal.

Esta Sala en sentencia de 24 de enero de 2020, recurso 1061/2019, explicaba sobre la responsabilidad en caso de subcontrata, que cita la del TS de 22 de noviembre de 2020, rud 3904/2001, que dice:

"La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las empresas contratistas en estos supuestos, ha venido sosteniendo la tesis de la extensión de la responsabilidad a las mismas cuando los trabajos de la empresa contratada sean incardinables en la propia actividad de la empresa contratista, entendiendo , en síntesis, que lo que determina que una actividad sea propia de la empresa es su condición de "inherente a su ciclo productivo" sentencia del Tribunal Supremo 22-11-2002). La jurisprudencia ha venido matizando dicho criterio, en doctrina unificada desde la sentencia de 18 abril 1992 (RJ 1992849), la cual señala que "cuando se desarrolla el trabajo en el centro de trabajo de la empresa principal, con sus instrumentos de producción y bajo su control «es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e, incluso, que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste» y por ello en estos casos el empresario principal puede ser «empresario infractor» a efectos del artículo 93.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (hoy artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 [RCL 1994825 ]). Aunque esta conclusión se establece en un caso claro de contrata para una obra o servicio correspondiente a la propia actividad , lo decisivo no es tanto esta calificación como el que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad". Esta doctrina parte del dato fundamental de la incardinación de los trabajos en la propia actividad de la empresa , y posibilita también la extensión de la responsabilidad en los casos en los que exista una actuación incorrecta o negligente por parte del empresario principal, cuando los trabajos se desarrollan en el centro de trabajo de ésta. Así, la STS de 18 de septiembre de 2018 (Recud 144/2017), en materia de recargo de prestaciones en contratas y subcontratas , determinó que cabe extender la responsabilidad al empresario principal la responsabilidad aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. En todo caso, tal y como expresamente se contiene en esta sentencia (FJ3º):

" (.)lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad (.)".

Doctrina extrapolable a la responsabilidad por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando se reclama no el recargo sino una indemnización.

Para su aplicación debemos recordar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al menos aquellos que nos interesan para resolver este motivo:

-El actor era trabajador indefinido desde mayo de 2014 de Sansofe Sur, SL.

- Sansofe en calidad de subcontratista y la empresa Fred Olsen, SA en calidad de contratista en la prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga entre el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y el puerto de Morro Jable, celebraron el día 31 de marzo de 2015 un contrato en virtud del cual la empresa subcontratista se obligó a prestar los siguientes servicios en el puerto de Morro Jable:

Amarre y desamarre a la llegada y salida del barco.

Organización del párking y control de embarques.

Control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas.

Tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking .

- La actividad económica de la empresa Fred Olsen es el transporte marítimo de pasajeros y cargas rodadas.

-La actividad económica de Sansofe es amarre, desamarre pre embarque, control de embarque y acceso a terminal así como tareas de mantenimiento de instalaciones .

-Fred Olsen explota el muelle de Morro Jable en la rampa de carga por medio de una concesión administrativa.

-El trabajador recurrido sufrió un accidente de trabajo el 25 de noviembre de 2021 prestando sus servicios en el Muelle de MorroJable. Realizaba tareas de mantenimiento en la rampa carga lateral izquierda del muelle que consistían en corte de madera y tubos de PVCpara la construcción de un lavadero en dicha zona. La máquina que empleaba era una amoldora angular marca AICER modelo AC1364 con nº de serie 000142 con un disco colocado para cortar sin una cubierta protectora. El disco era de sierra, a priori apto para cortar madera dado que los discos de corte de metal o cemento son lisos. Pero este disco estaba prohibido por el fabricante sin las protecciones adecuadas en el equipo de trabajo. La persona trabajadora se encontraba cortando piezas de madera. Los trabajos se efectuaban sujetando la pieza con la mano izquierda mientras que con la derecha sujetaba el equipo. Los trabajos se realizaban mediante dorso-flexión con una inclinación del torso porque el trabajador mantenía las piernas rectas y el corte de las piezas se realizaba cerca del suelo. No portaba guantes. Al terminar había sufrido cortes en extremidades superiores e inferiores.

- La prestación de servicios de Sansofe se desarrollaba con intervención de un delegado de la empresa contratista Fred Olsen que establecía las distintas tareas de mantenimiento, amarre y desamarre a realizar por la empresa subcontratista Sansofe, necesarias en un periodo semanal. Dentro de cada semana las actividades de mantenimiento se solían desarrollar martes y jueves (el día del accidente era jueves). Una vez establecidas las instrucciones generales, el Gerente de la empresa subcontratista Sansofe, distribuía la realización de dichas tareas en los distintos días y puestos de trabajo.

-En el contrato se estableció en su cláusula 5ª que Sansofe debía estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales previstas en la LPRL pero también se adjuntaba un "Manual de Seguridad" elaborado por Fred Olsen el cual se adjuntó al contrato. En dicho manual se recogía el riesgo nº 7 "Golpes/Cortes por objeto o herramientas" en "Manipulación de objetos, materiales, herramientas y máquinas de instalación portuaria". El mismo se calificaba como "moderado". Como medidas preventivas específicas para combatir dicho riesgo se preveíanal respecto entre otras: La utilización de EPIs y en concreto "calzado de seguridad con suela antideslizanteEN-345" y "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388". Emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo.

En la evaluación de puestos del personal de amarre efectuada por el Servicio de Prevención de Sansofe se identificaba entre los riesgos el de "golpe/corte/pinchazo por objetos, materiales o herramientas", con una valoración "tolerable". Dentro de las medidas preventivas aplicables, se establecía: "Se deberán emplear los métodos de trabajo adecuados y los EPIs necesarios en el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos. No se permitirá el empleo de equipos de trabajo y materiales con riesgo de golpes, cortes o pinchazos, a personas trabajadoras no autorizadas o no formados sobe su utilización."

En la cláusula 4ª del citado contrato se estableció que Sansofe aportaría la maquinaria que resultara precisa para el desarrollo y perfecta culminación de los trabajos tales como "amoladoras" siendo de su cuenta el mantenimiento "y la compra de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento". No obstante por su parte Fred Olsen, se haría cargo de proporcionar a Sansofe el "utillaje y materiales consumibles para desarrollar las tareas de mantenimiento, tales como brochas, pintura, rodillas o cepillos para lijar".

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta a los hechos que anteceden, no cuestionados por las partes, son dos las conclusiones que se alcanzan.

La primera, sí es actividad propia de la naviera Fred Olsen el mantenimiento asociado a las tareas de amarre y desamarre a la llegada y salida del barco, organización del párking y control de embarques y control semanal de niveles en rampas hidráulicas y escalas, pues no se concibe que la actividad de transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga, que es la propia de Fred Olsen no exija que los elementos físicos que permiten el amarre y desamarre, y la subida y bajada de pasajeros, carga y vehículos al barco, como rampas y escalas, que deben mantenerse adecuadamente. De hecho, el contrato celebrado entre ambas mercantiles se describe o se subcontrata expresamente en un punto final del contrato como "tareas de mantenimiento de los elementos pertenecientes a Fred Olsen que se encuentran en el puerto, entre otros: rascar, miniar y pintar las escalas de pasajeros así como las rampas y otros elementos varios como los soportes de las defensas en la línea de atraque o aquellos que se encuentren en el párking" .

Añadir, que si los elementos a mantener eran de Fred Olsen en el muelle y rampa de carga explotados por la misma, con mayor motivo carece de fundamento la alegación de las recurrentes. Además, si no era propia la actividad de mantenimiento, no parece razonable que un responsable de la naviera asignara el trabajo a realizar a Sansofé, como de hecho resulta de la sentencia y lo hiciera semanalmente. En contra de lo que sostiene la naviera recurrente sí había empleados propios encargados del mantenimiento.

Fijado lo anterior, la segunda conclusión o consideración que se hace es que siendo la tarea de mantenimiento desarrollada por el trabajador en el momento del accidente de las propias de Fred Olsen, la responsabilidad de la empresa principal es la que resulta de la sentencia de instancia, cuando extiende la de Sansofe por no cumplimiento de las medidas efectivas de prevención que resultaban del propio Manual de Seguridad anexado al contrato por Fred Olsen. En él, para combatir el riesgo por cortes por herramientas, se señalaba como medida preventiva la utilización de EPIs y en concreto "Guantes de protección frente a riesgos mecánicos EN 388" y emplear las herramientas o útiles apropiados en cada trabajo . Ambas omitidas en este caso. Pero, además, la de falta de evaluación del riesgo que para la persona trabajadora implica la utilización de una amoldadora en trabajos de mantenimiento, siendo la misma causa indirecta del accidente sufrido por el trabajador.

El art. 24 LPRL establece que:

"Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales...".

Incumplida esta labor de vigilancia de Fred Olsen sobre la actividad de mantenimiento subcontrada que impone el anterior precepto, al permitirse el uso de un equipo inadecuado para cortar madera, con el riesgo que suponía que careciera de protección por ser el disco de corte de mayor diámetro al permitido, en una postura inadecuada (agachado y con ambas manos en el equipo y la madera) y no llevando guantes, la responsabilidad solidaria apreciada en la instancia debe confirmarse, siendo la naviera empresa principal de una actividad que es la propia.

Lo que igualmente procede por extensión de la prevista en el mismo precepto para el titular del centro de trabajo, al no haberse acreditado más que un cumplimiento formal de las obligaciones de coordinación e información del párrafo primero del art. 24 LRPL. Se desestima el motivo.

QUINTO.- En un motivo seguido por el mismo cauce que el anterior, se dice que la sentencia de instancia infringe el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la circulación de vehículos a motor. Título IV donde se establece el Sistemas para la Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modificado por la Ley 35/2015 de 22 de Septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación.

Lo que explica es que el Juez incurre en error en el cálculo de la indemnización correspondiente a las secuelas fisiológicas y el perjuicio estético, porque el art. 104.6 de la Ley 35/2015, establece que "la indemnización básica por secuelas, en su doble dimensión psicofísica, orgánica y sensorial, por un lado, y, estética, por otro, está constituída por el importe que resulta de sumar las cantidades de los dos apartados anteriores". El Juez habría aplicado la norma acudiendo al Baremo indemnizatorio vigente para el año 2023, estabilización de las secuelas pero errando al aplicar las normas contenidas en el citado sistema de valoración al determinar la edad del trabajador, porque ésta debe ser la edad en la fecha del accidente, que en el caso de autos es 57 años. A este error se añadiría el que resulta de sumar "los puntos correspondientes a las secuelas psicofísicas, orgánicas y sensorial con el perjuicio estético, llegando a una puntuación de 33 puntos y estableciendo la cuantía indemnizatoria correspondiente en la tabla de secuelas a 33 puntos, cuando lo correcto y ajustado hubiera sido calcularlo de la siguiente manera:

Indemnización perjuicio físico (puntuación secuelas físicas 13 puntos): cuantía correspondiente a los 13 puntos.

Indemnización perjuicio estético (puntuación 20 puntos): cuantía indemnizatoria correspondiente a los 20 puntos.

Total cuantía indemnizatoria: Importe que resulta de sumar las cantidades de los dos conceptos anteriores (indemnización de secuelas físicas + indemnización perjuicio estético)."

Y sigue diciendo que:

"...procede establecer en concepto de indemnización por secuelas la cuantía de 41.068,31 euros, rectificando la establecida en sentencia.

No constituye objeto del presente recurso, las partidas indemnizatorias correspondientes al Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, que se ha establecido en la cantidad de 21.229,18 euros, cantidad que entendemos ajustada a las normas del baremo indemnizatorio y perfectamente explicado en el informe pericial médico que obra en las actuaciones y debidamente ratificado en el acto del juicio la fórmula obtenida para su cálculo.

De la misma forma, se acepta el importe indemnizatorio correspondiente al perjuicio patrimonial: Lucro cesante, que se fija en la cuantía de 8.764 euros .

En consecuencia, el importe indemnizatorio total ascendería al resultado de la suma de las siguientes cantidades: 32.161,12 + 41.068,31 +21.229,18 + 8.764 = 103.222,61 euros"

El trabajador no tiene nada que oponer a la minoración de la indemnización en los términos interesados por la representación legal de Fred Olsen y Allianz

Generali tampoco se opone. Señala como aplicable la doctrina que resulta de la STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, de 5 de septiembre de 2018, Rec. 2210/2017 conforme a la que: "no procede sumar los puntos por secuelas y perjuicio estético y valorar después la suma de puntos según la tabla 2.A.2, sino que han de valorarse separadamente". Sumar previamente los puntos de los perjuicios psicofísico y estético para luego aplicar el valor resultante en la Tabla A.2.A anula el efecto acumulativo y específico de cada concepto, vulnerando el régimen progresivo del baremo. Este sistema progresivo asegura que el valor de los puntos, que depende tanto de la gravedad de las secuelas como de la edad, sea calculado de manera justa y proporcional, evitando distorsiones en el importe indemnizatorio."

El motivo se estima, declarando que el cálculo de la indemnización se limita a 103.222,61 euros.

SEXTO.-En un último motivo seguido para censura jurídica de la sentencia ( art. 193.c LRJS) las recurrentes denuncian la infracción del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Lo que argumenta la parte es que el Art. 20.6 de la LCS dispone que: "Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, en cuyo caso el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro". Y el párrafo 8º del mismo art. 20 de la LCS que "no habrá lugar a la indemnización por mora cuando la falta de pago de la indemnización o del importe mínimo por parte del asegurado esté fundada en causa justificada o que no le fuere imputable" . Con apoyo en este precepto, sostiene que no fue hasta el emplazamiento a juicio por Decreto de 18 de julio de 2024, de Fred Olsen requiriéndola para que señalara en tres días la compañía que cubría la responsabilidad patronal en el accidente, que pudo tener conocimiento de los hechos, habiéndose personado el 6 de septiembre de 2024 en autos. Antes no fue remitido el parte de accidente dado que el trabajador recurrido no es empleado de su asegurada. Tampoco el trabajador cursó reclamación alguna. Además, las circunstancias del caso son controvertidas, dado que la ITSS nunca apreció responsabilidad de Fred Olsen en los hechos. Por ello, pide que no le sean impuestos intereses moratorios, y de entenderse lo contrario, se limite su devengo a la fecha de personación de Fred Olsen en los autos, el 31 de julio de 2024.

Generali, en su escrito de impugnación señala que el art. 20.6 de la LCS establece que el término inicial para el cómputo de los intereses moratorios es la fecha del siniestro, salvo que el asegurador acredite no haber tenido conocimiento del mismo con anterioridad al ejercicio de la acción directa por el perjudicado. Pero no habiendo aportado prueba en este sentido Allianz y siendo de la misma la carga de la prueba de este hecho, se opone al motivo.

El trabajador solicita la desestimación del motivo para que se confirme la condena a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros a abonar los intereses del art. 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, pues entiende que correspondía a esta entidad aseguradora demostrar que el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no habían cumplido con el deber de comunicar el siniestro dentro de plazo.

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de febrero de 2025, rud 2109/2022, explica sobre los intereses reclamados a la aseguradora conforme al art. 20 LCS, analizando la doctrina de las sentencias dictadas hasta la fecha:

"C) Concordancia de las soluciones diversas

La STS 851/2022, de 26 octubre (rcud. 1108/2019) señala que "Esta Sala IV del Tribunal Supremo ha venido aplicando esos mismos criterios ( STS de 5 de diciembre de 2019, R. 2706/2017) y, en base a ellos, ha moderado la responsabilidad de la aseguradora en relación con los intereses moratorios en los casos siguientes: a) cuando era controvertida la inclusión del actor en la póliza ( STS/4ª de 15 marzo 1999 -R. 1134/1998); b) cuando la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente ( STS/4ª de 18 abril 2000 -R. 3112/1999); c) cuando se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante ( STS/4ª de 14 noviembre 2000 -R. 3857/1999); d) cuando estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, la cual no quedó fijada hasta que se dictó la sentencia recurrida ( STS/4ª de 26 junio 2001 -R.. 3054/2000-, 10 noviembre 2006 -R. 3744/2005 y 30 abril 2007 -R. 618/2006); y, e) cuando estaba en discusión el salario que servía de base para el cálculo ( STS/4ª de 26 julio 2006 -R. 2107/2005). Mas, fuera de estos supuestos específicos, hemos declarado que no basta con argumentar que había de estarse a la espera del resultado del litigio. Por lo que hemos rechazado la exoneración en los casos en que la aseguradora "ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente" ( STS/4ª de 3 mayo 2017 -R. 3452/2015)."

A mayor abundamiento, conforme a la sentencia que Generali aporta en fundamento de su oposición al motivo, STSJª Cataluña de 6 de marzo de 2017, rec. 7157/2016: "En cuanto a las alegaciones de la recurrente: - respecto del hecho de que la aseguradora desconocía el siniestro; hay que oponer que respecto del trabajador tercero perjudicado, la aseguradora, conforme al art. 20.6 LCS tenía la carga de probar que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso se daría por término inicial del cómputo de los intereses la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa. Dicha prueba era sencilla, bastándole a la aseguradora llamar a su asegurada, y si no la ha colmado en la instancia, que es donde correspondía, no puede en suplicación beneficiarse de la falta de prueba de dicho hecho."

Esta Sala coincide con el antedicho criterio y no estando en este caso, en discusión ninguna de las cuestiones que señala el Tribunal Supremo pueden variar la fecha de inicio del cómputo de intereses, siendo responsabilidad de la asegurada Fred Olsen las obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales ya examinadas, no cabe estimar el motivo, debiendo confirmarse el pronunciamiento de instancia.

SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS (L 36/11), no procede condena en costas, toda vez que la estimación, total o parcial, del recurso de suplicación implica que no haya parte vencida en el mismo, a efectos de imponer el pago de las costas generadas en el mismo a alguno de los litigantes ( SSTS 14/02/07, RJ 2177; 29/01/09,1051).

Conforme al art. 203.3 LRJS (L 36/11) se acuerda la devolución al recurrente del depósito al haberse estimado parcialmente el recurso de suplicación.

OCTAVO.- A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,