Sentencia Social 1173/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4624/2025 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.-Por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, aclarada por posterior auto, que: a) estimando (parcialmente, no obstante no expresarlo en estos términos) la demanda interpuesta frente a la empresa South Europe Ground Services, declaró la improcedencia del despido efectuado con fecha de efectos 19 febrero 2024 por parte de la empresa demandada, teniendo por extinguida la relación laboral por opción anticipada de esta en la fecha del indicado despido, condenando a ésta a que abone a la actora la cantidad de 100.620,22 euros en concepto de indemnización; y b) desestimó el resto de las pretensiones formuladas por la actora contra las codemandadas Swissport Handling, S. A., South Europe Ground Services, S. L. El recurso ha sido impugnado por la parte actora y la codemandada Swissport Handling, S. A., que interesaron su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la nulidad de la sentencia y subsidiariamente la válida extinción de la relación laboral.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 218.2 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 24 CE y 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se argumenta que la sentencia de instancia infringe las reglas de la sana crítica y de la motivación en la valoración de la prueba testifical al haberse excluido de forma arbitraria y sin justificación razonada los testimonios de don Mateo (Secretario de AENA en Reus) y de doña Concepción (Jefa de Escala de IBERIA en Reus), testigos que fueron propuestos por su relevancia directa en relación con el objeto del proceso -la determinación del rol funcional de la demandante-, siendo así que valora únicamente el testigo propuesto por la codemandada Swissport, que presenta vínculos con esta entidad. Basándose en tales alegaciones, se insta la nulidad de la sentencia, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que la argumentación del recurso parte de un error conceptual y procesal de base, dado que lo que en realidad subyace es una discrepancia con la valoración que el juzgador realizó de la prueba testifical, por lo que debería haberse encauzado por la vía del artículo 193.c ) LRJS y no erróneamente por la vía de la letra a). Se insta, por ello, la desestimación del motivo formulado.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que en absoluto existe una ausencia de motivación en la sentencia de los motivos por los cuales el juzgador, dentro del principio básico de que debe prevalecer su libre apreciación de la prueba, entiende que dos de esa las testificales practicadas no son relevantes de cara precisamente a resolver, por lo que procede desestimar la causa de nulidad invocada de contrario.

Conviene precisar que si bien se articula el primero de los motivos del recurso basándose en la falta de motivación y en la valoración de la prueba testifical, constriñe aquélla a esta última, esto es, se denuncia la insuficiente o errónea motivación de las razones que conducen a otorgar superior virtualidad probatoria a determinadas declaraciones testificales, propuestas por la contraparte, frente a la propuesta por la recurrente.

En efecto, la sentencia de instancia concluye, en su fundamento jurídico tercero, que, en relación a la categoría de la trabajadora demandante, otorga plena virtualidad probatoria a la declaración del testigo don Victorino, Director del Aeropuerto de Reus, al ratificar el correo que constituye el doc. 13 del ramo de prueba de Swissport, frente a las declaraciones testificales de don Mateo y doña Concepción, atendido al contenido de las mismas en relación al objeto del pleito. Ahora bien, contrariamente a lo sostenido en el recurso, tal ponderación no resulta de una mera declaración de voluntad por parte del juzgador, sino que responde a las razones que, en la prolija ponderación global del acervo probatorio contenida en la sentencia, son expuestas. Así, en el referido fundamento jurídico de la sentencia se hace referencia a la relación de amistad del Sr. Mateo y de la Sra. Concepción con la actora, puesta de manifiesto por ellos mismos, así como al propio contenido de sus declaraciones, ponderación que se efectúa de forma conjunta con la documental obrante en autos, refiriendo tanto la credibilidad otorgada a parte de la misma como la ausencia de aquélla por lo que respecta a determinados documentos aportados por la codemandada Iberia, y con la propia actuación procesal de Iberia al darle traslado para contestación a la demanda, al manifestar en relación a la categoría, antigüedad y salario de la trabajadora, no conocerlo o desconocerlo, cuando al mismo tiempo sostiene la codemandada que la actora no era personal subrogable al tratarse de jefa de escala.

Nos encontramos, por ello, ante una ponderación que en modo alguno puede tildarse de arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica sino, por el contrario, acorde a las mismas y fruto de una ponderación global del acervo probatorio sobradamente motivada, en salvaguarda del principio de defensa proclamado por el artículo 24 de la Constitución. A tal efecto, conviene recordar que tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de la prueba al juzgador o juzgadora de instancia, en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, STS/4ª de 17 de diciembre de 1990, y SSTC 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero). Asimismo, de conformidad con los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores).

No pudiendo pretenderse una nueva valoración total de la prueba practicada ( SSTS/4ª de 28 mayo 2013, rec. 5/20112, 3 julio 2013, rec. 88/2012, 25 marzo 2014, rec. 161/2013, y 24 e noviembre de 2020, rec. 51/2019), ni correspondiendo a esta Sala una nueva ponderación de aquélla dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ( STC 18/1993), decae el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente insta la adición al relato de hechos probados de la sentencia de instancia del siguiente tenor literal o redacción sustancialmente equivalente:

"En el documento no 4 del ramo de prueba de SOUTH EUROPE GROUND SERVICE constan diversas actas de reuniones operativas celebradas en el aeropuerto de Reus entre marzo de 2021 y octubre de 2023, organizadas por AENA y con participación de distintos proveedores, entre estos SWISSPORT, IBERIA y RYANAIR. En dichas actas figura la demandante identificada en algunas ocasiones como "Jefa de Escala" y en otras como "representante de SWISSPORT". Asimismo, constan correos electrónicos remitidos por personal de AENA a los asistentes a dichas reuniones adjuntándoles las actas, entre los que se encuentra la dirección de correo electrónico corporativo de la demandante, figurando ésta como remitente. El contenido de las actas versa sobre materias operativas y de seguridad aeroportuaria propias de la gestión del aeropuerto".

Como fundamento de esta pretensión revisora, se invoca el citado documento, aduciendo de que del mismo resulta la participación e la actora en las reuniones como "Jefa de escala" o "representante de Swissport". Sin embargo, nos encontramos ante documento oportunamente ponderado por el magistrado de instancia, en la forma argumentada en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, concluyendo que no teniendo la naturaleza de documento público, no lo considera dotado de superior valor de convicción frente al resto de prueba practicada en la litis.

Si bien se argumenta en el recurso que, no aludiéndose a tales actas en la fundamentación jurídica, no puede considerarse efectuada una verdadera valoración probatoria, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual revisten valor fáctico las aseveraciones de tal naturaleza contenida en la fundamentación jurídica de la sentencia ( STS/4ª de 17 de enero de 2018, rcud. 1263/2016, por todas). Ostentando el referido valor la citada referencia, hemos de aplicar la doctrina constitucional conforme a la cual a efectos revisores, únicamente ostentan virtualidad los documentos aportados como medio de prueba, a través del cauce previsto al efecto, y que no hayan sido tenidos en cuenta por el juzgador o la juzgadora, sin que pueda incluirse el supuesto en que el órgano judicial, habiendo ponderado todos los elementos probatorios aportados al proceso, incluida la prueba documental, haya fijado los hechos que considere probados, los cuales no tienen por qué coincidir con los que la parte ha tratado de probar mediante idéntica prueba, sometida a la apreciación del juzgador o la juzgadora "pues en tal supuesto el recurrente no trata de demostrar error en la apreciación de la prueba, sino de discrepar de la valoración que a los mismos ha dado el órgano judicial"( STC 73/1990).

Subsumiendo la revisión instada en la doctrina expuesta, así como en la atinente a los requisitos exigibles en materia de modificación de hechos probados (por todas, STS/4ª de 23 de abril de 2025, rcud. 66/2023), decae el segundo de los motivos del recurso.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, como tercer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia, de forma subsidiaria a la pretensión de nulidad, la infracción del articulo 79 del V Convenio del Sector, en relación con los artículos 3.1 del Código Civil y 1.4, singularmente, los principios generales del Derecho de la buena fe, confianza legítima y coherencia con los propios actos. Se argumenta que el juzgador de instancia acierta en la delimitación de la controversia pero al entrar a resolverla no aborda el fondo del análisis funcional requerido por la norma convencional, sino que reconduce el debate a la categoría profesional formal atribuida a la demandante (Jefa Administrativa / Servicio), siendo así que la controversia no gira en torno a una cuestión de nomenclatura contractual sino a la realidad del rol funcional desempeñado por la Sra. Paulina durante los años previos a la subrogación dentro de la operativa diaria del aeropuerto de Reus, debiendo repararse en la que la rectificación del criterio se produce por un "error tipográfico" conforme al testigo Sr. Victorino, el cual se habría producido una vez iniciado el proceso de subrogación, por lo que debe estarse a la función realmente desempeñada por la actora, que determina la ausencia de obligación de subrogación por la empresa. Se insta, por ello, la revocación del pronunciamiento de instancia.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que el motivo no puede prosperar porque se apoya en una premisa fáctica que ha sido expresamente descartada por la sentencia, esto es, que la actora desempeñaba funciones de Jefa de Escala, cuando lo realmente acreditado por la sentencia es que la actora realizaba funciones de Jefa Administrativa o Jefa de Servicios (Hechos Probados primero y noveno y Fundamento de Derecho tercero) por lo que no puede construirse una infracción jurídica sobre una premisa fáctica inexistente o rechazada por el juzgador. Se insta, por ello, la confirmación del pronunciamiento de instancia. Con carácter subsidiario, se postula, para el improbable supuesto de que se considerara por la Sala que la actora no era personal subrogable, la declaración de que la extinción contractual producida sigue constituyendo un despido improcedente, del que debería responder la empresa Swissport Handling S.A., en su condición de última empleadora formal que extinguió el vínculo.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que el escrito de formalización de recurso no cumple con lo prescrito en el artículo 196 de la norma rituaria laboral. De forma subsidiaria, se esgrime que la eventual estimación del recurso de suplicación planteado por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. no conllevaría en ningún caso su condena porque la Sala está legitimada para entrar a resolver de oficio, como mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en casos de cambio de titularidad, sobre la existencia de una sucesión de empresa y, en este caso, en base a lo recogido en la propia sentencia y en la documental que consta en autos, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE, en particular, la doctrina sentada en su sentencia del asunto Somoza, debería mantenerse la condena de la parte recurrente. Asimismo, se argumenta que en ningún caso cabe su condena al haber quedado fijado en sentencia elemento alguno que pueda llevar a concluir que mi representada procedió al despido de la actora, por lo que se insta la desestimación del recurso.

Como necesaria premisa previa a dirimir sobre el fondo de la cuestión planteada, pese a instarse la inadmisión del recurso (referencia que hemos de entender efectuada por remisión al artículo 196 de la norma rituaria laboral), el interpuesto cumple con las formalidades necesarias para tener por formulados cada uno de los motivos, desprendiéndose del mismo tanto la infracción denunciada como la necesaria precisión y claridad para que tanto por esta Sala como por las otras partes intervinientes se conozca aquél, salvaguardando el derecho de defensa de estas últimas. Debe, en consecuencia, rechazarse el motivo de inadmisión postulado en el escrito de impugnación d ella codemandada Swissport Handling.

Circunscribiéndose la cuestión controvertida a la obligación de la empresa codemandada South Europe Ground Services de subrogar a la parte actora una vez producida la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport Handling, procede consignar que aquélla derivará de la consideración de si trataba de personal subrogable al amparo de la normativa convencional aplicable.

Esta última viene constituída por el V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, que fue registrado y publicado por Resolución de 19 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V. En virtud de su art. 70, todos los servicios de asistencia en tierra son subrogables (excepto servicio de rampa), regulando en el art. 74 la comunicación y trámite de publicación de la oferta de subrogación, disponiendo que " la empresa cesionaria vendrá obligada a incorporar a su plantilla a los trabajadores y trabajadores que hayan solicitado voluntariamente su pase a la misma en las condiciones expresamente contempladas en el art 73 del presente capítulo",añadiendo que "en ningún caso podrá invocarse la existencia de defectos en la documentación facilitada o discrepancias en cuanto a los trabajadores y trabajadoras a subrogar y sus condiciones , como impeditiva de subrogación, salvo que la entidad de las mismas la hicieran imposible según la comisión paritaria"y que " tampoco podrá cuestionarse la subrogación con motivo de discrepancias en cuanto a la antigüedad u otras condiciones de los trabajadores ,con independencia de la solución que, de común acuerdo por los interesados , o a través de la jurisdicción competente, quepa adoptar a la cuestión controvertida".

Por su parte, su artículo 79, al regular la comunicación y trámite de publicación de oferta de subrogación voluntaria, establece:

"La empresa afectada por la pérdida total o parcial de actividad, una vez identificado el número de trabajadores y trabajadoras a subrogar de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, hará pública la siguiente oferta.

Oferta:

La empresa publicará, en cada centro de trabajo afectado, una oferta de Recolocación Voluntaria dirigida a su personal. En dicha oferta se concretará:

- Nombre del operador/es donde se oferta el pase voluntario.

- Número de personas trabajadoras que pueden acogerse por tipo de contrato y grupo laboral. A los efectos de la subrogación, el personal con contrato de obra o servicio se computará como personal con contrato por tiempo indefinido.

Dentro de los tipos de contrato o modalidades contractuales legalmente establecidas, a efectos de subrogación, deberán constar por bloques separados los que son a jornada completa de los que son a tiempo parcial, considerándose los de tiempo parcial como un único bloque.

Dentro del contrato fijo a tiempo parcial se distinguirá, como un bloque separado, el de los fijos discontinuos.

- Las condiciones en las que se producirá el citado cambio y que se corresponden íntegramente con las contempladas más adelante.

Podrá acogerse a dicha oferta cualquier trabajador o trabajadora de ese Centro de trabajo cuyo tipo de contrato y grupo laboral coincida con la oferta realizada y hasta agotar el número publicado. El plazo de acogimiento a tal pase voluntario será el establecido por cada empresa en cada momento, haciendo constar su conocimiento y aceptación formal de las condiciones ofertadas.

Los jefes de escala, delegados, o puestos de análogo nivel y responsabilidad no se considerarán personal subrogable, como tampoco el personal adscrito a la actividad de aviación general".

Se cuestiona en el recurso que, frente a la conclusión alcanzada por la sentencia de instancia sobre el puesto de trabajo de la actora, como jefa de escala, la misma ostenta el puesto de jefa de servicio, por lo que debió considerarse personal no subrogable. Sin embargo, se trata esta de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento al dirimir sobre la revisión fáctica postulada, así como sobre la causa de nulidad formal de la sentencia esgrimida al amparo del apartado a) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, siendo así que de conformidad con la doctrina jurisprudencial en la materia, inmodificada tal conclusión fáctica, procede estar a la improsperabilidad de la denuncia jurídica anudada a aquélla ( STS/4ª de 28 de marzo de 2012, rcud. 119/2010, por todas).

Así, ha sido acreditado que la actora aceptó en fecha 2 de febrero de 2024 la oferta de recolocación voluntaria en Iberia LAU, S. A. U. para ser subrogada con fecha de efectos 19 de febrero de 2024, previamente ofertada en fecha 1 de febrero de 2024 por Swissport Handling, S. A. por pérdida de actividad. En fecha 2 de febrero de 2024 se suscribió acta entre las compañías Iberia LAE, S. A. y Swissport Handling sobre aplicación de V Convenio Colectivo General del Sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos (handling) como consecuencia de la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport en el aeropuerto de Reus y la pérdida de handling de pasajeros en lo que concierne a esta última en el referido aeropuerto y su captación por parte de Iberia. El 6 de febrero de 2024 se produjo comunicación entre Swissport e Iberia con la lista de personas trabajadoras a subrogar. En dicha lista costa la actora. La empresa demandada IBERIA alegó que la actora no es susceptible de ser subrogada atendido el artículo 79 de la norma convencional.

Argumenta la parte recurrente que la actora ostentaba el cargo de jefa de escala, basándose en las pruebas que fueron alegadas para revisar los hechos probados, siendo así que el fracaso del motivo determina, tal como se anticipó, el de la denuncia jurídica que toma aquélla como presupuesto. De este modo, el juzgador de instancia concluye, en extremo inmodificado en esta sede, que la actora ostentaba el cargo de jefa de servicio, habiendo sido así designada por Swissport Handling en fecha 1 de julio de 2017 en el aeropuerto de Reus con efectividad 1 julio 2017. Del mismo modo, de la declaración testifical del director del aeropuerto de Reus, a la que el juzgador a quo otorgó pleno valor de convicción (nuevamente en conclusión no revisada en esta sede) resultó que la actora no ostentaba la máxima responsabilidad en los supuestos de surgir algún problema en el aeropuerto, encontrándose siempre presente de forma presencial si bien debiendo reportar aquél a su superior, Sr. Edemiro; añadiéndose por el testigo que lo más común, la persona del día a día es el duty manager, y cuando hay un problema superior, se llama a jefe de escala. A ello añade la sentencia de instancia la credibilidad otorgada a las nóminas obrantes en autos, y la ponderación global del acervo probatorio practicado.

Se argumenta asimismo en el recurso la inactividad probatoria de la parte demandante y de la codemandada Swissport, con cita del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero constituye esta argumentación una reiteración de la que fue objeto de pronunciamiento en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, debiendo estarse al inmodificado relato fáctico de la sentencia de instancia, fruto de las facultades conferidas ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, sin que hayan sido vulneradas las normas sobre carga de la prueba. Tampoco procede acoger el argumento de que no han sido acreditadas las reales funciones desempeñadas por la trabajadora, por cuanto de la fundamentación jurídica de la sentencia se colige que aquéllas no eran las propias de jefa de escala, debiendo reportar la trabajadora cualquier incidencia a quien ostentaba tal puesto de trabajo. Se alude asimismo por la recurrente al dato retributivo como indicio revelador de una función de mayor responsabilidad; circunstancia que en modo alguno enerva la conclusión alcanzada en la instancia sobre la labor desempeñada por la actora, a la vista de la valoración del acervo probatorio de forma acorde a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, no habiendo sido acreditado que la actora ostente la condición de personal no subrogable, la entidad Iberia S. A. U. debió ser subrogada en fecha 19 de febrero de 2024, al haber aceptado la actora la oferta de recolocación voluntaria, lo que determina que la entidad codemandada recurrente, que actualmente presta el referido servicio (asistencia en rampa en el aeropuerto) deba ser condenada a las consecuencias derivadas de la improcedencia del despido. No cuestionándose éstas, ha lugar a desestimar la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte recurrente, las cuales incluirán los honorarios de los Letrados de las partes impugnantes en cuantía, para cada una de ellas, de quinientos euros (500 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de aquella norma, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, aclarada por posterior auto, que: a) estimando (parcialmente, no obstante no expresarlo en estos términos) la demanda interpuesta frente a la empresa South Europe Ground Services, declaró la improcedencia del despido efectuado con fecha de efectos 19 febrero 2024 por parte de la empresa demandada, teniendo por extinguida la relación laboral por opción anticipada de esta en la fecha del indicado despido, condenando a ésta a que abone a la actora la cantidad de 100.620,22 euros en concepto de indemnización; y b) desestimó el resto de las pretensiones formuladas por la actora contra las codemandadas Swissport Handling, S. A., South Europe Ground Services, S. L. El recurso ha sido impugnado por la parte actora y la codemandada Swissport Handling, S. A., que interesaron su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la nulidad de la sentencia y subsidiariamente la válida extinción de la relación laboral.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 218.2 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 24 CE y 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se argumenta que la sentencia de instancia infringe las reglas de la sana crítica y de la motivación en la valoración de la prueba testifical al haberse excluido de forma arbitraria y sin justificación razonada los testimonios de don Mateo (Secretario de AENA en Reus) y de doña Concepción (Jefa de Escala de IBERIA en Reus), testigos que fueron propuestos por su relevancia directa en relación con el objeto del proceso -la determinación del rol funcional de la demandante-, siendo así que valora únicamente el testigo propuesto por la codemandada Swissport, que presenta vínculos con esta entidad. Basándose en tales alegaciones, se insta la nulidad de la sentencia, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que la argumentación del recurso parte de un error conceptual y procesal de base, dado que lo que en realidad subyace es una discrepancia con la valoración que el juzgador realizó de la prueba testifical, por lo que debería haberse encauzado por la vía del artículo 193.c ) LRJS y no erróneamente por la vía de la letra a). Se insta, por ello, la desestimación del motivo formulado.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que en absoluto existe una ausencia de motivación en la sentencia de los motivos por los cuales el juzgador, dentro del principio básico de que debe prevalecer su libre apreciación de la prueba, entiende que dos de esa las testificales practicadas no son relevantes de cara precisamente a resolver, por lo que procede desestimar la causa de nulidad invocada de contrario.

Conviene precisar que si bien se articula el primero de los motivos del recurso basándose en la falta de motivación y en la valoración de la prueba testifical, constriñe aquélla a esta última, esto es, se denuncia la insuficiente o errónea motivación de las razones que conducen a otorgar superior virtualidad probatoria a determinadas declaraciones testificales, propuestas por la contraparte, frente a la propuesta por la recurrente.

En efecto, la sentencia de instancia concluye, en su fundamento jurídico tercero, que, en relación a la categoría de la trabajadora demandante, otorga plena virtualidad probatoria a la declaración del testigo don Victorino, Director del Aeropuerto de Reus, al ratificar el correo que constituye el doc. 13 del ramo de prueba de Swissport, frente a las declaraciones testificales de don Mateo y doña Concepción, atendido al contenido de las mismas en relación al objeto del pleito. Ahora bien, contrariamente a lo sostenido en el recurso, tal ponderación no resulta de una mera declaración de voluntad por parte del juzgador, sino que responde a las razones que, en la prolija ponderación global del acervo probatorio contenida en la sentencia, son expuestas. Así, en el referido fundamento jurídico de la sentencia se hace referencia a la relación de amistad del Sr. Mateo y de la Sra. Concepción con la actora, puesta de manifiesto por ellos mismos, así como al propio contenido de sus declaraciones, ponderación que se efectúa de forma conjunta con la documental obrante en autos, refiriendo tanto la credibilidad otorgada a parte de la misma como la ausencia de aquélla por lo que respecta a determinados documentos aportados por la codemandada Iberia, y con la propia actuación procesal de Iberia al darle traslado para contestación a la demanda, al manifestar en relación a la categoría, antigüedad y salario de la trabajadora, no conocerlo o desconocerlo, cuando al mismo tiempo sostiene la codemandada que la actora no era personal subrogable al tratarse de jefa de escala.

Nos encontramos, por ello, ante una ponderación que en modo alguno puede tildarse de arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica sino, por el contrario, acorde a las mismas y fruto de una ponderación global del acervo probatorio sobradamente motivada, en salvaguarda del principio de defensa proclamado por el artículo 24 de la Constitución. A tal efecto, conviene recordar que tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de la prueba al juzgador o juzgadora de instancia, en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, STS/4ª de 17 de diciembre de 1990, y SSTC 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero). Asimismo, de conformidad con los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores).

No pudiendo pretenderse una nueva valoración total de la prueba practicada ( SSTS/4ª de 28 mayo 2013, rec. 5/20112, 3 julio 2013, rec. 88/2012, 25 marzo 2014, rec. 161/2013, y 24 e noviembre de 2020, rec. 51/2019), ni correspondiendo a esta Sala una nueva ponderación de aquélla dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ( STC 18/1993), decae el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente insta la adición al relato de hechos probados de la sentencia de instancia del siguiente tenor literal o redacción sustancialmente equivalente:

"En el documento no 4 del ramo de prueba de SOUTH EUROPE GROUND SERVICE constan diversas actas de reuniones operativas celebradas en el aeropuerto de Reus entre marzo de 2021 y octubre de 2023, organizadas por AENA y con participación de distintos proveedores, entre estos SWISSPORT, IBERIA y RYANAIR. En dichas actas figura la demandante identificada en algunas ocasiones como "Jefa de Escala" y en otras como "representante de SWISSPORT". Asimismo, constan correos electrónicos remitidos por personal de AENA a los asistentes a dichas reuniones adjuntándoles las actas, entre los que se encuentra la dirección de correo electrónico corporativo de la demandante, figurando ésta como remitente. El contenido de las actas versa sobre materias operativas y de seguridad aeroportuaria propias de la gestión del aeropuerto".

Como fundamento de esta pretensión revisora, se invoca el citado documento, aduciendo de que del mismo resulta la participación e la actora en las reuniones como "Jefa de escala" o "representante de Swissport". Sin embargo, nos encontramos ante documento oportunamente ponderado por el magistrado de instancia, en la forma argumentada en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, concluyendo que no teniendo la naturaleza de documento público, no lo considera dotado de superior valor de convicción frente al resto de prueba practicada en la litis.

Si bien se argumenta en el recurso que, no aludiéndose a tales actas en la fundamentación jurídica, no puede considerarse efectuada una verdadera valoración probatoria, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual revisten valor fáctico las aseveraciones de tal naturaleza contenida en la fundamentación jurídica de la sentencia ( STS/4ª de 17 de enero de 2018, rcud. 1263/2016, por todas). Ostentando el referido valor la citada referencia, hemos de aplicar la doctrina constitucional conforme a la cual a efectos revisores, únicamente ostentan virtualidad los documentos aportados como medio de prueba, a través del cauce previsto al efecto, y que no hayan sido tenidos en cuenta por el juzgador o la juzgadora, sin que pueda incluirse el supuesto en que el órgano judicial, habiendo ponderado todos los elementos probatorios aportados al proceso, incluida la prueba documental, haya fijado los hechos que considere probados, los cuales no tienen por qué coincidir con los que la parte ha tratado de probar mediante idéntica prueba, sometida a la apreciación del juzgador o la juzgadora "pues en tal supuesto el recurrente no trata de demostrar error en la apreciación de la prueba, sino de discrepar de la valoración que a los mismos ha dado el órgano judicial"( STC 73/1990).

Subsumiendo la revisión instada en la doctrina expuesta, así como en la atinente a los requisitos exigibles en materia de modificación de hechos probados (por todas, STS/4ª de 23 de abril de 2025, rcud. 66/2023), decae el segundo de los motivos del recurso.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, como tercer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia, de forma subsidiaria a la pretensión de nulidad, la infracción del articulo 79 del V Convenio del Sector, en relación con los artículos 3.1 del Código Civil y 1.4, singularmente, los principios generales del Derecho de la buena fe, confianza legítima y coherencia con los propios actos. Se argumenta que el juzgador de instancia acierta en la delimitación de la controversia pero al entrar a resolverla no aborda el fondo del análisis funcional requerido por la norma convencional, sino que reconduce el debate a la categoría profesional formal atribuida a la demandante (Jefa Administrativa / Servicio), siendo así que la controversia no gira en torno a una cuestión de nomenclatura contractual sino a la realidad del rol funcional desempeñado por la Sra. Paulina durante los años previos a la subrogación dentro de la operativa diaria del aeropuerto de Reus, debiendo repararse en la que la rectificación del criterio se produce por un "error tipográfico" conforme al testigo Sr. Victorino, el cual se habría producido una vez iniciado el proceso de subrogación, por lo que debe estarse a la función realmente desempeñada por la actora, que determina la ausencia de obligación de subrogación por la empresa. Se insta, por ello, la revocación del pronunciamiento de instancia.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que el motivo no puede prosperar porque se apoya en una premisa fáctica que ha sido expresamente descartada por la sentencia, esto es, que la actora desempeñaba funciones de Jefa de Escala, cuando lo realmente acreditado por la sentencia es que la actora realizaba funciones de Jefa Administrativa o Jefa de Servicios (Hechos Probados primero y noveno y Fundamento de Derecho tercero) por lo que no puede construirse una infracción jurídica sobre una premisa fáctica inexistente o rechazada por el juzgador. Se insta, por ello, la confirmación del pronunciamiento de instancia. Con carácter subsidiario, se postula, para el improbable supuesto de que se considerara por la Sala que la actora no era personal subrogable, la declaración de que la extinción contractual producida sigue constituyendo un despido improcedente, del que debería responder la empresa Swissport Handling S.A., en su condición de última empleadora formal que extinguió el vínculo.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que el escrito de formalización de recurso no cumple con lo prescrito en el artículo 196 de la norma rituaria laboral. De forma subsidiaria, se esgrime que la eventual estimación del recurso de suplicación planteado por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. no conllevaría en ningún caso su condena porque la Sala está legitimada para entrar a resolver de oficio, como mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en casos de cambio de titularidad, sobre la existencia de una sucesión de empresa y, en este caso, en base a lo recogido en la propia sentencia y en la documental que consta en autos, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE, en particular, la doctrina sentada en su sentencia del asunto Somoza, debería mantenerse la condena de la parte recurrente. Asimismo, se argumenta que en ningún caso cabe su condena al haber quedado fijado en sentencia elemento alguno que pueda llevar a concluir que mi representada procedió al despido de la actora, por lo que se insta la desestimación del recurso.

Como necesaria premisa previa a dirimir sobre el fondo de la cuestión planteada, pese a instarse la inadmisión del recurso (referencia que hemos de entender efectuada por remisión al artículo 196 de la norma rituaria laboral), el interpuesto cumple con las formalidades necesarias para tener por formulados cada uno de los motivos, desprendiéndose del mismo tanto la infracción denunciada como la necesaria precisión y claridad para que tanto por esta Sala como por las otras partes intervinientes se conozca aquél, salvaguardando el derecho de defensa de estas últimas. Debe, en consecuencia, rechazarse el motivo de inadmisión postulado en el escrito de impugnación d ella codemandada Swissport Handling.

Circunscribiéndose la cuestión controvertida a la obligación de la empresa codemandada South Europe Ground Services de subrogar a la parte actora una vez producida la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport Handling, procede consignar que aquélla derivará de la consideración de si trataba de personal subrogable al amparo de la normativa convencional aplicable.

Esta última viene constituída por el V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, que fue registrado y publicado por Resolución de 19 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V. En virtud de su art. 70, todos los servicios de asistencia en tierra son subrogables (excepto servicio de rampa), regulando en el art. 74 la comunicación y trámite de publicación de la oferta de subrogación, disponiendo que " la empresa cesionaria vendrá obligada a incorporar a su plantilla a los trabajadores y trabajadores que hayan solicitado voluntariamente su pase a la misma en las condiciones expresamente contempladas en el art 73 del presente capítulo",añadiendo que "en ningún caso podrá invocarse la existencia de defectos en la documentación facilitada o discrepancias en cuanto a los trabajadores y trabajadoras a subrogar y sus condiciones , como impeditiva de subrogación, salvo que la entidad de las mismas la hicieran imposible según la comisión paritaria"y que " tampoco podrá cuestionarse la subrogación con motivo de discrepancias en cuanto a la antigüedad u otras condiciones de los trabajadores ,con independencia de la solución que, de común acuerdo por los interesados , o a través de la jurisdicción competente, quepa adoptar a la cuestión controvertida".

Por su parte, su artículo 79, al regular la comunicación y trámite de publicación de oferta de subrogación voluntaria, establece:

"La empresa afectada por la pérdida total o parcial de actividad, una vez identificado el número de trabajadores y trabajadoras a subrogar de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, hará pública la siguiente oferta.

Oferta:

La empresa publicará, en cada centro de trabajo afectado, una oferta de Recolocación Voluntaria dirigida a su personal. En dicha oferta se concretará:

- Nombre del operador/es donde se oferta el pase voluntario.

- Número de personas trabajadoras que pueden acogerse por tipo de contrato y grupo laboral. A los efectos de la subrogación, el personal con contrato de obra o servicio se computará como personal con contrato por tiempo indefinido.

Dentro de los tipos de contrato o modalidades contractuales legalmente establecidas, a efectos de subrogación, deberán constar por bloques separados los que son a jornada completa de los que son a tiempo parcial, considerándose los de tiempo parcial como un único bloque.

Dentro del contrato fijo a tiempo parcial se distinguirá, como un bloque separado, el de los fijos discontinuos.

- Las condiciones en las que se producirá el citado cambio y que se corresponden íntegramente con las contempladas más adelante.

Podrá acogerse a dicha oferta cualquier trabajador o trabajadora de ese Centro de trabajo cuyo tipo de contrato y grupo laboral coincida con la oferta realizada y hasta agotar el número publicado. El plazo de acogimiento a tal pase voluntario será el establecido por cada empresa en cada momento, haciendo constar su conocimiento y aceptación formal de las condiciones ofertadas.

Los jefes de escala, delegados, o puestos de análogo nivel y responsabilidad no se considerarán personal subrogable, como tampoco el personal adscrito a la actividad de aviación general".

Se cuestiona en el recurso que, frente a la conclusión alcanzada por la sentencia de instancia sobre el puesto de trabajo de la actora, como jefa de escala, la misma ostenta el puesto de jefa de servicio, por lo que debió considerarse personal no subrogable. Sin embargo, se trata esta de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento al dirimir sobre la revisión fáctica postulada, así como sobre la causa de nulidad formal de la sentencia esgrimida al amparo del apartado a) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, siendo así que de conformidad con la doctrina jurisprudencial en la materia, inmodificada tal conclusión fáctica, procede estar a la improsperabilidad de la denuncia jurídica anudada a aquélla ( STS/4ª de 28 de marzo de 2012, rcud. 119/2010, por todas).

Así, ha sido acreditado que la actora aceptó en fecha 2 de febrero de 2024 la oferta de recolocación voluntaria en Iberia LAU, S. A. U. para ser subrogada con fecha de efectos 19 de febrero de 2024, previamente ofertada en fecha 1 de febrero de 2024 por Swissport Handling, S. A. por pérdida de actividad. En fecha 2 de febrero de 2024 se suscribió acta entre las compañías Iberia LAE, S. A. y Swissport Handling sobre aplicación de V Convenio Colectivo General del Sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos (handling) como consecuencia de la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport en el aeropuerto de Reus y la pérdida de handling de pasajeros en lo que concierne a esta última en el referido aeropuerto y su captación por parte de Iberia. El 6 de febrero de 2024 se produjo comunicación entre Swissport e Iberia con la lista de personas trabajadoras a subrogar. En dicha lista costa la actora. La empresa demandada IBERIA alegó que la actora no es susceptible de ser subrogada atendido el artículo 79 de la norma convencional.

Argumenta la parte recurrente que la actora ostentaba el cargo de jefa de escala, basándose en las pruebas que fueron alegadas para revisar los hechos probados, siendo así que el fracaso del motivo determina, tal como se anticipó, el de la denuncia jurídica que toma aquélla como presupuesto. De este modo, el juzgador de instancia concluye, en extremo inmodificado en esta sede, que la actora ostentaba el cargo de jefa de servicio, habiendo sido así designada por Swissport Handling en fecha 1 de julio de 2017 en el aeropuerto de Reus con efectividad 1 julio 2017. Del mismo modo, de la declaración testifical del director del aeropuerto de Reus, a la que el juzgador a quo otorgó pleno valor de convicción (nuevamente en conclusión no revisada en esta sede) resultó que la actora no ostentaba la máxima responsabilidad en los supuestos de surgir algún problema en el aeropuerto, encontrándose siempre presente de forma presencial si bien debiendo reportar aquél a su superior, Sr. Edemiro; añadiéndose por el testigo que lo más común, la persona del día a día es el duty manager, y cuando hay un problema superior, se llama a jefe de escala. A ello añade la sentencia de instancia la credibilidad otorgada a las nóminas obrantes en autos, y la ponderación global del acervo probatorio practicado.

Se argumenta asimismo en el recurso la inactividad probatoria de la parte demandante y de la codemandada Swissport, con cita del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero constituye esta argumentación una reiteración de la que fue objeto de pronunciamiento en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, debiendo estarse al inmodificado relato fáctico de la sentencia de instancia, fruto de las facultades conferidas ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, sin que hayan sido vulneradas las normas sobre carga de la prueba. Tampoco procede acoger el argumento de que no han sido acreditadas las reales funciones desempeñadas por la trabajadora, por cuanto de la fundamentación jurídica de la sentencia se colige que aquéllas no eran las propias de jefa de escala, debiendo reportar la trabajadora cualquier incidencia a quien ostentaba tal puesto de trabajo. Se alude asimismo por la recurrente al dato retributivo como indicio revelador de una función de mayor responsabilidad; circunstancia que en modo alguno enerva la conclusión alcanzada en la instancia sobre la labor desempeñada por la actora, a la vista de la valoración del acervo probatorio de forma acorde a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, no habiendo sido acreditado que la actora ostente la condición de personal no subrogable, la entidad Iberia S. A. U. debió ser subrogada en fecha 19 de febrero de 2024, al haber aceptado la actora la oferta de recolocación voluntaria, lo que determina que la entidad codemandada recurrente, que actualmente presta el referido servicio (asistencia en rampa en el aeropuerto) deba ser condenada a las consecuencias derivadas de la improcedencia del despido. No cuestionándose éstas, ha lugar a desestimar la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte recurrente, las cuales incluirán los honorarios de los Letrados de las partes impugnantes en cuantía, para cada una de ellas, de quinientos euros (500 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de aquella norma, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, aclarada por posterior auto, que: a) estimando (parcialmente, no obstante no expresarlo en estos términos) la demanda interpuesta frente a la empresa South Europe Ground Services, declaró la improcedencia del despido efectuado con fecha de efectos 19 febrero 2024 por parte de la empresa demandada, teniendo por extinguida la relación laboral por opción anticipada de esta en la fecha del indicado despido, condenando a ésta a que abone a la actora la cantidad de 100.620,22 euros en concepto de indemnización; y b) desestimó el resto de las pretensiones formuladas por la actora contra las codemandadas Swissport Handling, S. A., South Europe Ground Services, S. L. El recurso ha sido impugnado por la parte actora y la codemandada Swissport Handling, S. A., que interesaron su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la nulidad de la sentencia y subsidiariamente la válida extinción de la relación laboral.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 218.2 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 24 CE y 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se argumenta que la sentencia de instancia infringe las reglas de la sana crítica y de la motivación en la valoración de la prueba testifical al haberse excluido de forma arbitraria y sin justificación razonada los testimonios de don Mateo (Secretario de AENA en Reus) y de doña Concepción (Jefa de Escala de IBERIA en Reus), testigos que fueron propuestos por su relevancia directa en relación con el objeto del proceso -la determinación del rol funcional de la demandante-, siendo así que valora únicamente el testigo propuesto por la codemandada Swissport, que presenta vínculos con esta entidad. Basándose en tales alegaciones, se insta la nulidad de la sentencia, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que la argumentación del recurso parte de un error conceptual y procesal de base, dado que lo que en realidad subyace es una discrepancia con la valoración que el juzgador realizó de la prueba testifical, por lo que debería haberse encauzado por la vía del artículo 193.c ) LRJS y no erróneamente por la vía de la letra a). Se insta, por ello, la desestimación del motivo formulado.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que en absoluto existe una ausencia de motivación en la sentencia de los motivos por los cuales el juzgador, dentro del principio básico de que debe prevalecer su libre apreciación de la prueba, entiende que dos de esa las testificales practicadas no son relevantes de cara precisamente a resolver, por lo que procede desestimar la causa de nulidad invocada de contrario.

Conviene precisar que si bien se articula el primero de los motivos del recurso basándose en la falta de motivación y en la valoración de la prueba testifical, constriñe aquélla a esta última, esto es, se denuncia la insuficiente o errónea motivación de las razones que conducen a otorgar superior virtualidad probatoria a determinadas declaraciones testificales, propuestas por la contraparte, frente a la propuesta por la recurrente.

En efecto, la sentencia de instancia concluye, en su fundamento jurídico tercero, que, en relación a la categoría de la trabajadora demandante, otorga plena virtualidad probatoria a la declaración del testigo don Victorino, Director del Aeropuerto de Reus, al ratificar el correo que constituye el doc. 13 del ramo de prueba de Swissport, frente a las declaraciones testificales de don Mateo y doña Concepción, atendido al contenido de las mismas en relación al objeto del pleito. Ahora bien, contrariamente a lo sostenido en el recurso, tal ponderación no resulta de una mera declaración de voluntad por parte del juzgador, sino que responde a las razones que, en la prolija ponderación global del acervo probatorio contenida en la sentencia, son expuestas. Así, en el referido fundamento jurídico de la sentencia se hace referencia a la relación de amistad del Sr. Mateo y de la Sra. Concepción con la actora, puesta de manifiesto por ellos mismos, así como al propio contenido de sus declaraciones, ponderación que se efectúa de forma conjunta con la documental obrante en autos, refiriendo tanto la credibilidad otorgada a parte de la misma como la ausencia de aquélla por lo que respecta a determinados documentos aportados por la codemandada Iberia, y con la propia actuación procesal de Iberia al darle traslado para contestación a la demanda, al manifestar en relación a la categoría, antigüedad y salario de la trabajadora, no conocerlo o desconocerlo, cuando al mismo tiempo sostiene la codemandada que la actora no era personal subrogable al tratarse de jefa de escala.

Nos encontramos, por ello, ante una ponderación que en modo alguno puede tildarse de arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica sino, por el contrario, acorde a las mismas y fruto de una ponderación global del acervo probatorio sobradamente motivada, en salvaguarda del principio de defensa proclamado por el artículo 24 de la Constitución. A tal efecto, conviene recordar que tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de la prueba al juzgador o juzgadora de instancia, en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, STS/4ª de 17 de diciembre de 1990, y SSTC 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero). Asimismo, de conformidad con los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores).

No pudiendo pretenderse una nueva valoración total de la prueba practicada ( SSTS/4ª de 28 mayo 2013, rec. 5/20112, 3 julio 2013, rec. 88/2012, 25 marzo 2014, rec. 161/2013, y 24 e noviembre de 2020, rec. 51/2019), ni correspondiendo a esta Sala una nueva ponderación de aquélla dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ( STC 18/1993), decae el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, amparado en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente insta la adición al relato de hechos probados de la sentencia de instancia del siguiente tenor literal o redacción sustancialmente equivalente:

"En el documento no 4 del ramo de prueba de SOUTH EUROPE GROUND SERVICE constan diversas actas de reuniones operativas celebradas en el aeropuerto de Reus entre marzo de 2021 y octubre de 2023, organizadas por AENA y con participación de distintos proveedores, entre estos SWISSPORT, IBERIA y RYANAIR. En dichas actas figura la demandante identificada en algunas ocasiones como "Jefa de Escala" y en otras como "representante de SWISSPORT". Asimismo, constan correos electrónicos remitidos por personal de AENA a los asistentes a dichas reuniones adjuntándoles las actas, entre los que se encuentra la dirección de correo electrónico corporativo de la demandante, figurando ésta como remitente. El contenido de las actas versa sobre materias operativas y de seguridad aeroportuaria propias de la gestión del aeropuerto".

Como fundamento de esta pretensión revisora, se invoca el citado documento, aduciendo de que del mismo resulta la participación e la actora en las reuniones como "Jefa de escala" o "representante de Swissport". Sin embargo, nos encontramos ante documento oportunamente ponderado por el magistrado de instancia, en la forma argumentada en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, concluyendo que no teniendo la naturaleza de documento público, no lo considera dotado de superior valor de convicción frente al resto de prueba practicada en la litis.

Si bien se argumenta en el recurso que, no aludiéndose a tales actas en la fundamentación jurídica, no puede considerarse efectuada una verdadera valoración probatoria, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual revisten valor fáctico las aseveraciones de tal naturaleza contenida en la fundamentación jurídica de la sentencia ( STS/4ª de 17 de enero de 2018, rcud. 1263/2016, por todas). Ostentando el referido valor la citada referencia, hemos de aplicar la doctrina constitucional conforme a la cual a efectos revisores, únicamente ostentan virtualidad los documentos aportados como medio de prueba, a través del cauce previsto al efecto, y que no hayan sido tenidos en cuenta por el juzgador o la juzgadora, sin que pueda incluirse el supuesto en que el órgano judicial, habiendo ponderado todos los elementos probatorios aportados al proceso, incluida la prueba documental, haya fijado los hechos que considere probados, los cuales no tienen por qué coincidir con los que la parte ha tratado de probar mediante idéntica prueba, sometida a la apreciación del juzgador o la juzgadora "pues en tal supuesto el recurrente no trata de demostrar error en la apreciación de la prueba, sino de discrepar de la valoración que a los mismos ha dado el órgano judicial"( STC 73/1990).

Subsumiendo la revisión instada en la doctrina expuesta, así como en la atinente a los requisitos exigibles en materia de modificación de hechos probados (por todas, STS/4ª de 23 de abril de 2025, rcud. 66/2023), decae el segundo de los motivos del recurso.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, como tercer motivo, la parte codemandada recurrente denuncia, de forma subsidiaria a la pretensión de nulidad, la infracción del articulo 79 del V Convenio del Sector, en relación con los artículos 3.1 del Código Civil y 1.4, singularmente, los principios generales del Derecho de la buena fe, confianza legítima y coherencia con los propios actos. Se argumenta que el juzgador de instancia acierta en la delimitación de la controversia pero al entrar a resolverla no aborda el fondo del análisis funcional requerido por la norma convencional, sino que reconduce el debate a la categoría profesional formal atribuida a la demandante (Jefa Administrativa / Servicio), siendo así que la controversia no gira en torno a una cuestión de nomenclatura contractual sino a la realidad del rol funcional desempeñado por la Sra. Paulina durante los años previos a la subrogación dentro de la operativa diaria del aeropuerto de Reus, debiendo repararse en la que la rectificación del criterio se produce por un "error tipográfico" conforme al testigo Sr. Victorino, el cual se habría producido una vez iniciado el proceso de subrogación, por lo que debe estarse a la función realmente desempeñada por la actora, que determina la ausencia de obligación de subrogación por la empresa. Se insta, por ello, la revocación del pronunciamiento de instancia.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que el motivo no puede prosperar porque se apoya en una premisa fáctica que ha sido expresamente descartada por la sentencia, esto es, que la actora desempeñaba funciones de Jefa de Escala, cuando lo realmente acreditado por la sentencia es que la actora realizaba funciones de Jefa Administrativa o Jefa de Servicios (Hechos Probados primero y noveno y Fundamento de Derecho tercero) por lo que no puede construirse una infracción jurídica sobre una premisa fáctica inexistente o rechazada por el juzgador. Se insta, por ello, la confirmación del pronunciamiento de instancia. Con carácter subsidiario, se postula, para el improbable supuesto de que se considerara por la Sala que la actora no era personal subrogable, la declaración de que la extinción contractual producida sigue constituyendo un despido improcedente, del que debería responder la empresa Swissport Handling S.A., en su condición de última empleadora formal que extinguió el vínculo.

Por la codemandada Swissport Handling, S. A. se opone, en su escrito de impugnación, que el escrito de formalización de recurso no cumple con lo prescrito en el artículo 196 de la norma rituaria laboral. De forma subsidiaria, se esgrime que la eventual estimación del recurso de suplicación planteado por la codemandada South Europe Ground Services, S. L. no conllevaría en ningún caso su condena porque la Sala está legitimada para entrar a resolver de oficio, como mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en casos de cambio de titularidad, sobre la existencia de una sucesión de empresa y, en este caso, en base a lo recogido en la propia sentencia y en la documental que consta en autos, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE, en particular, la doctrina sentada en su sentencia del asunto Somoza, debería mantenerse la condena de la parte recurrente. Asimismo, se argumenta que en ningún caso cabe su condena al haber quedado fijado en sentencia elemento alguno que pueda llevar a concluir que mi representada procedió al despido de la actora, por lo que se insta la desestimación del recurso.

Como necesaria premisa previa a dirimir sobre el fondo de la cuestión planteada, pese a instarse la inadmisión del recurso (referencia que hemos de entender efectuada por remisión al artículo 196 de la norma rituaria laboral), el interpuesto cumple con las formalidades necesarias para tener por formulados cada uno de los motivos, desprendiéndose del mismo tanto la infracción denunciada como la necesaria precisión y claridad para que tanto por esta Sala como por las otras partes intervinientes se conozca aquél, salvaguardando el derecho de defensa de estas últimas. Debe, en consecuencia, rechazarse el motivo de inadmisión postulado en el escrito de impugnación d ella codemandada Swissport Handling.

Circunscribiéndose la cuestión controvertida a la obligación de la empresa codemandada South Europe Ground Services de subrogar a la parte actora una vez producida la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport Handling, procede consignar que aquélla derivará de la consideración de si trataba de personal subrogable al amparo de la normativa convencional aplicable.

Esta última viene constituída por el V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, que fue registrado y publicado por Resolución de 19 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V. En virtud de su art. 70, todos los servicios de asistencia en tierra son subrogables (excepto servicio de rampa), regulando en el art. 74 la comunicación y trámite de publicación de la oferta de subrogación, disponiendo que " la empresa cesionaria vendrá obligada a incorporar a su plantilla a los trabajadores y trabajadores que hayan solicitado voluntariamente su pase a la misma en las condiciones expresamente contempladas en el art 73 del presente capítulo",añadiendo que "en ningún caso podrá invocarse la existencia de defectos en la documentación facilitada o discrepancias en cuanto a los trabajadores y trabajadoras a subrogar y sus condiciones , como impeditiva de subrogación, salvo que la entidad de las mismas la hicieran imposible según la comisión paritaria"y que " tampoco podrá cuestionarse la subrogación con motivo de discrepancias en cuanto a la antigüedad u otras condiciones de los trabajadores ,con independencia de la solución que, de común acuerdo por los interesados , o a través de la jurisdicción competente, quepa adoptar a la cuestión controvertida".

Por su parte, su artículo 79, al regular la comunicación y trámite de publicación de oferta de subrogación voluntaria, establece:

"La empresa afectada por la pérdida total o parcial de actividad, una vez identificado el número de trabajadores y trabajadoras a subrogar de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, hará pública la siguiente oferta.

Oferta:

La empresa publicará, en cada centro de trabajo afectado, una oferta de Recolocación Voluntaria dirigida a su personal. En dicha oferta se concretará:

- Nombre del operador/es donde se oferta el pase voluntario.

- Número de personas trabajadoras que pueden acogerse por tipo de contrato y grupo laboral. A los efectos de la subrogación, el personal con contrato de obra o servicio se computará como personal con contrato por tiempo indefinido.

Dentro de los tipos de contrato o modalidades contractuales legalmente establecidas, a efectos de subrogación, deberán constar por bloques separados los que son a jornada completa de los que son a tiempo parcial, considerándose los de tiempo parcial como un único bloque.

Dentro del contrato fijo a tiempo parcial se distinguirá, como un bloque separado, el de los fijos discontinuos.

- Las condiciones en las que se producirá el citado cambio y que se corresponden íntegramente con las contempladas más adelante.

Podrá acogerse a dicha oferta cualquier trabajador o trabajadora de ese Centro de trabajo cuyo tipo de contrato y grupo laboral coincida con la oferta realizada y hasta agotar el número publicado. El plazo de acogimiento a tal pase voluntario será el establecido por cada empresa en cada momento, haciendo constar su conocimiento y aceptación formal de las condiciones ofertadas.

Los jefes de escala, delegados, o puestos de análogo nivel y responsabilidad no se considerarán personal subrogable, como tampoco el personal adscrito a la actividad de aviación general".

Se cuestiona en el recurso que, frente a la conclusión alcanzada por la sentencia de instancia sobre el puesto de trabajo de la actora, como jefa de escala, la misma ostenta el puesto de jefa de servicio, por lo que debió considerarse personal no subrogable. Sin embargo, se trata esta de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento al dirimir sobre la revisión fáctica postulada, así como sobre la causa de nulidad formal de la sentencia esgrimida al amparo del apartado a) del artículo 193 de la norma rituaria laboral, siendo así que de conformidad con la doctrina jurisprudencial en la materia, inmodificada tal conclusión fáctica, procede estar a la improsperabilidad de la denuncia jurídica anudada a aquélla ( STS/4ª de 28 de marzo de 2012, rcud. 119/2010, por todas).

Así, ha sido acreditado que la actora aceptó en fecha 2 de febrero de 2024 la oferta de recolocación voluntaria en Iberia LAU, S. A. U. para ser subrogada con fecha de efectos 19 de febrero de 2024, previamente ofertada en fecha 1 de febrero de 2024 por Swissport Handling, S. A. por pérdida de actividad. En fecha 2 de febrero de 2024 se suscribió acta entre las compañías Iberia LAE, S. A. y Swissport Handling sobre aplicación de V Convenio Colectivo General del Sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos (handling) como consecuencia de la pérdida de licencia de handling de rampa por parte de Swissport en el aeropuerto de Reus y la pérdida de handling de pasajeros en lo que concierne a esta última en el referido aeropuerto y su captación por parte de Iberia. El 6 de febrero de 2024 se produjo comunicación entre Swissport e Iberia con la lista de personas trabajadoras a subrogar. En dicha lista costa la actora. La empresa demandada IBERIA alegó que la actora no es susceptible de ser subrogada atendido el artículo 79 de la norma convencional.

Argumenta la parte recurrente que la actora ostentaba el cargo de jefa de escala, basándose en las pruebas que fueron alegadas para revisar los hechos probados, siendo así que el fracaso del motivo determina, tal como se anticipó, el de la denuncia jurídica que toma aquélla como presupuesto. De este modo, el juzgador de instancia concluye, en extremo inmodificado en esta sede, que la actora ostentaba el cargo de jefa de servicio, habiendo sido así designada por Swissport Handling en fecha 1 de julio de 2017 en el aeropuerto de Reus con efectividad 1 julio 2017. Del mismo modo, de la declaración testifical del director del aeropuerto de Reus, a la que el juzgador a quo otorgó pleno valor de convicción (nuevamente en conclusión no revisada en esta sede) resultó que la actora no ostentaba la máxima responsabilidad en los supuestos de surgir algún problema en el aeropuerto, encontrándose siempre presente de forma presencial si bien debiendo reportar aquél a su superior, Sr. Edemiro; añadiéndose por el testigo que lo más común, la persona del día a día es el duty manager, y cuando hay un problema superior, se llama a jefe de escala. A ello añade la sentencia de instancia la credibilidad otorgada a las nóminas obrantes en autos, y la ponderación global del acervo probatorio practicado.

Se argumenta asimismo en el recurso la inactividad probatoria de la parte demandante y de la codemandada Swissport, con cita del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero constituye esta argumentación una reiteración de la que fue objeto de pronunciamiento en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, debiendo estarse al inmodificado relato fáctico de la sentencia de instancia, fruto de las facultades conferidas ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, sin que hayan sido vulneradas las normas sobre carga de la prueba. Tampoco procede acoger el argumento de que no han sido acreditadas las reales funciones desempeñadas por la trabajadora, por cuanto de la fundamentación jurídica de la sentencia se colige que aquéllas no eran las propias de jefa de escala, debiendo reportar la trabajadora cualquier incidencia a quien ostentaba tal puesto de trabajo. Se alude asimismo por la recurrente al dato retributivo como indicio revelador de una función de mayor responsabilidad; circunstancia que en modo alguno enerva la conclusión alcanzada en la instancia sobre la labor desempeñada por la actora, a la vista de la valoración del acervo probatorio de forma acorde a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, no habiendo sido acreditado que la actora ostente la condición de personal no subrogable, la entidad Iberia S. A. U. debió ser subrogada en fecha 19 de febrero de 2024, al haber aceptado la actora la oferta de recolocación voluntaria, lo que determina que la entidad codemandada recurrente, que actualmente presta el referido servicio (asistencia en rampa en el aeropuerto) deba ser condenada a las consecuencias derivadas de la improcedencia del despido. No cuestionándose éstas, ha lugar a desestimar la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte recurrente, las cuales incluirán los honorarios de los Letrados de las partes impugnantes en cuantía, para cada una de ellas, de quinientos euros (500 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de aquella norma, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,