Sentencia Social 3628/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6426/2024 de 25 de junio del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Reus ha dictado sentencia de fecha 1-5-2024 en procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 1047//2021 ), seguidos a instancia de D. Valeriano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, derivada de enfermedad común, absolviendo a las entidades demandadas de los pedimentos formulados, y confirmando las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 18-7-2021 y 8-10-2021.

Consta que la parte actora, en el acto de juicio, desistió respecto a las demandadas Activa Mutua 2008 y Autocares Nika, S.L.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se revoque la sentencia de instancia, y se declare al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común (esta última solicitud no se recoge en el suplico del recurso, pero se evidencia del motivo de censura jurídica).

No se ha presentado escrito de impugnación de dicho recurso.

TERCERO.- El primer motivo de recurso, con amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Solicita la parte recurrente la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: <

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat (Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils de 14 de abril de 2023).

-"Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 24 de agosto de 2023).

-Asma no especificada (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 23 de enero de 2024 y Cuap Salou de 25 de enero de 2024).

- Incapacidad temporal derivada de enfermedad común (inicio: 5 de noviembre de 2022; última confirmación: 20 de septiembre de 2023; fecha de la siguiente revisión: 14 de octubre de 2023).>>

Como texto alternativo, propone la parte recurrente el siguiente:

<

Sigue controles por ORL que informan de escasa mejoría con la rehabilitación vestibular (29/5/2019) aunque posterior mejoría y normalización de la función vestibular por la compensación por la rehabilitación, a pesar de lo cual se recomienda no pasar largas jornadas de conducción.

En julio de 2020 es tratado por clínica del dolor por síndrome de dolor miofascial. A lo largo del año 2021 presenta cefaleas que precisan tratamiento de urgencias con analgesia intramuscular. Se le realizan diversas pruebas audiométricas que siguen identificando el déficit auditivo completo de oído derecho.

En agosto de 2021 el servicio de ORL de HSJR informa que se desaconseja la exposición a situación visualmente complejas o dinámicas que conlleven cinestosis (percepción inusual de movimiento) como sería la conducción de un vehículo, dada la patología de oído y equilibrio que presenta. En el mismo sentido se informa el 3/2/2022.

A lo largo del año 2022 presenta crisis vertiginosas que incluso condicionan caídas. En último informe de médico de familia se indica textualmente: "... no puede realizar trabajo habitual de conductor ni de mantenimiento, como hasta el momento por interferencia con el problema de vértigo. Ha intentado hacer estas tareas teniendo que coger la baja de nuevo por incompatibilidad por mareo realizando las faenas. No puede hacer trabajo en altura (ni en escalera), ya que la extensión del cuello le provoca mareo e inestabilidad".>>

La parte recurrente, como como fundamento de dicha modificación cita su prueba pericial emitida por el Dr. Carmelo; y la documental consistente en el dictamen de la SGAM de 5-3-2020, el informe médico de urgencias de HSJR de 5-9-2018, el informe médico de Activa Mutua de 5-9-2020, y el informe clínico de médico de familia, sin concretar la fecha.

Se desestima la modificación solicitada.La Magistrada de instancia recoge en el Hecho Probado el cuadro médico del actor en la actualidad; y la parte recurrente pretende introducir datos relativos a la historia médica del actor desde el año 2016, con base en una serie de documentos, algunos de los cuales no vienen correctamente identificados, y que no tienen relevancia. Pues debe tenerse en cuenta que, en la demanda lo que se impugna es la resolución administrativa de 19-7-2021, confirmada por la posterior de 8-10-2021, en la que, por mejoría, se ha revocado la incapacidad permanente total que se le había reconocido al actor por resolución de 22-8-2018; recogiéndose en el Hecho Probado Segundo las patologías que dieron lugar a dicho reconocimiento, lo relevante es tener en cuenta la situación médica del actor en el momento actual, que es lo que refleja la Magistrada de instancia en el Hecho Probado cuya modificación se interesa.

QUINTO.- En el segundo motivo de recurso, que encauza a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la censura jurídico sustantiva.

En el recurso, si bien no se cita la norma ni la jurisprudencia que se considera infringida, de las alegaciones expuestas por la parte recurrente, se evidencia que pretende el mantenimiento de la incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, que le fue reconocida por resolución de 22-8-2018, al considerar que sus patologías no han mejorado, por lo que se ha de entender que se denuncia la infracción del artículo 194.4 y 200 de la Ley General de la Seguridad Social

La parte recurrente efectúa una larga exposición en la que se contienen referencias a distintos informes médicos, con transcripción de parte de algunos de ellos, todo ello impropio del motivo de censura jurídica. Por ello hemos de centrarnos en los argumentos jurídicos contenidos en dicha exposición; y, en síntesis, la parte recurrente aduce que la Magistrada de instancia no ha valorado debidamente las patologías que presenta el actor, y que la situación médica por la que se le reconoció la incapacidad permanente total, y que afectaba al oído derecho con déficit vestibular, no ha mejorado, manteniéndose una cofosis o hipoacusia completa del oído derecho, y si bien el nivel vestibular, tras rehabilitación presentó mejoría y normalización inicial, el trastorno del equilibrio se le ha reproducido; por lo que presenta alteraciones en el equilibrio y procesos de vértigo y mareo, situación incompatible con el desempeño de su trabajo habitual de conductor de autobús, existiendo riesgo para sí y para terceros.

SEXTO.- Para resolver este motivo del recurso, se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece, con carácter general, que la incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por último, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Y el TS tiene dicho que estos procesos de revisión por mejoría son idénticos en lo esencial a los procesos de declaración de incapacidades, pues ambos están encaminados a la misma finalidad, la evaluación de las capacidades o incapacidades de trabajo o de ganancia de una persona a la vista de la apreciación conjunta de las secuelas de todas sus dolencias ( STS 2-10-1997), por lo que atendiendo a los requisitos para que proceda la estimación de la revisión de grado por mejoría establecidos por el TS y la doctrina de esta Sala (STS 31-10-2005, 20-2 y 29-4-1982 y15-1-1987, entre otras y STSJCAT nº 9623/2000 de 20-11), es preciso comparar entre dos situaciones en conflicto para decidir si aquélla sobre las que fundamenta el INSS su denegación a la actora de la incapacidad permanente, constituye una mejoría respecto a la inicialmente considerada como incapacidad permanente y, de ser así, si la mejoría tiene suficiente relevancia o entidad como para determinar la supresión de la incapacidad permanente reconocida.

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

La cuestión que debe examinarse, en este caso, es si el actor, al que le fue reconocida una incapacidad permanente total, derivada enfermedad común, para su profesión habitual de conductor de autobús, por resolución de 22-8-2018, ha experimentado una mejoría significativa en su situación médica y clínica, o, por el contrario, sigue presentando la misma o similar.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta sentencia, y damos aquí por reproducido. Del mismo resulta que el cuadro que dio lugar a la declaración en situación de incapacidad permanente total es: "Cofosi oida dreta. Déficit vestibular dret (46%)"(Hecho Probado Segundo).

El estado clínico que presenta el actor en la actualidad, se recoge en el Hecho Probado Quinto, y es el siguiente:

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat.

-Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud.

-Asma no especificada."

Con base en las situaciones médicas descritas, la Sala no puede compartir los argumentos ni la conclusión de la Magistrada de instancia.

De la comparación del estado del actor cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total y el acreditado en la actualidad, no se evidencia la existencia de una mejoría significativa. Pues el actor padece una patología auditiva que cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total, presentaba un déficit vestibular, que afecta al equilibrio, y en la actualidad sigue presentando inestabilidad, vértigos y mareos; lo que evidencia que está limitado para realizar las fundamentales tareas de su profesión habitual de conductor de camión.

Razones que llevan a estimar el motivo de censura jurídico sustantiva.

OCTAVO.-En virtud de los artículos 201.1 y 202.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha de estimarse el recurso de suplicación formulado revocando la sentencia de instancia. En consecuencia, debe estimarse la demanda interpuesta, declarando al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión consistente en el 55% de la base reguladora de 1.951,07 euros mensuales, con efectos desde el 15-7-2021.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede su imposición al estimarse el recurso de suplicación formulado.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Reus ha dictado sentencia de fecha 1-5-2024 en procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 1047//2021 ), seguidos a instancia de D. Valeriano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, derivada de enfermedad común, absolviendo a las entidades demandadas de los pedimentos formulados, y confirmando las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 18-7-2021 y 8-10-2021.

Consta que la parte actora, en el acto de juicio, desistió respecto a las demandadas Activa Mutua 2008 y Autocares Nika, S.L.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se revoque la sentencia de instancia, y se declare al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común (esta última solicitud no se recoge en el suplico del recurso, pero se evidencia del motivo de censura jurídica).

No se ha presentado escrito de impugnación de dicho recurso.

TERCERO.- El primer motivo de recurso, con amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Solicita la parte recurrente la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: <

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat (Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils de 14 de abril de 2023).

-"Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 24 de agosto de 2023).

-Asma no especificada (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 23 de enero de 2024 y Cuap Salou de 25 de enero de 2024).

- Incapacidad temporal derivada de enfermedad común (inicio: 5 de noviembre de 2022; última confirmación: 20 de septiembre de 2023; fecha de la siguiente revisión: 14 de octubre de 2023).>>

Como texto alternativo, propone la parte recurrente el siguiente:

<

Sigue controles por ORL que informan de escasa mejoría con la rehabilitación vestibular (29/5/2019) aunque posterior mejoría y normalización de la función vestibular por la compensación por la rehabilitación, a pesar de lo cual se recomienda no pasar largas jornadas de conducción.

En julio de 2020 es tratado por clínica del dolor por síndrome de dolor miofascial. A lo largo del año 2021 presenta cefaleas que precisan tratamiento de urgencias con analgesia intramuscular. Se le realizan diversas pruebas audiométricas que siguen identificando el déficit auditivo completo de oído derecho.

En agosto de 2021 el servicio de ORL de HSJR informa que se desaconseja la exposición a situación visualmente complejas o dinámicas que conlleven cinestosis (percepción inusual de movimiento) como sería la conducción de un vehículo, dada la patología de oído y equilibrio que presenta. En el mismo sentido se informa el 3/2/2022.

A lo largo del año 2022 presenta crisis vertiginosas que incluso condicionan caídas. En último informe de médico de familia se indica textualmente: "... no puede realizar trabajo habitual de conductor ni de mantenimiento, como hasta el momento por interferencia con el problema de vértigo. Ha intentado hacer estas tareas teniendo que coger la baja de nuevo por incompatibilidad por mareo realizando las faenas. No puede hacer trabajo en altura (ni en escalera), ya que la extensión del cuello le provoca mareo e inestabilidad".>>

La parte recurrente, como como fundamento de dicha modificación cita su prueba pericial emitida por el Dr. Carmelo; y la documental consistente en el dictamen de la SGAM de 5-3-2020, el informe médico de urgencias de HSJR de 5-9-2018, el informe médico de Activa Mutua de 5-9-2020, y el informe clínico de médico de familia, sin concretar la fecha.

Se desestima la modificación solicitada.La Magistrada de instancia recoge en el Hecho Probado el cuadro médico del actor en la actualidad; y la parte recurrente pretende introducir datos relativos a la historia médica del actor desde el año 2016, con base en una serie de documentos, algunos de los cuales no vienen correctamente identificados, y que no tienen relevancia. Pues debe tenerse en cuenta que, en la demanda lo que se impugna es la resolución administrativa de 19-7-2021, confirmada por la posterior de 8-10-2021, en la que, por mejoría, se ha revocado la incapacidad permanente total que se le había reconocido al actor por resolución de 22-8-2018; recogiéndose en el Hecho Probado Segundo las patologías que dieron lugar a dicho reconocimiento, lo relevante es tener en cuenta la situación médica del actor en el momento actual, que es lo que refleja la Magistrada de instancia en el Hecho Probado cuya modificación se interesa.

QUINTO.- En el segundo motivo de recurso, que encauza a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la censura jurídico sustantiva.

En el recurso, si bien no se cita la norma ni la jurisprudencia que se considera infringida, de las alegaciones expuestas por la parte recurrente, se evidencia que pretende el mantenimiento de la incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, que le fue reconocida por resolución de 22-8-2018, al considerar que sus patologías no han mejorado, por lo que se ha de entender que se denuncia la infracción del artículo 194.4 y 200 de la Ley General de la Seguridad Social

La parte recurrente efectúa una larga exposición en la que se contienen referencias a distintos informes médicos, con transcripción de parte de algunos de ellos, todo ello impropio del motivo de censura jurídica. Por ello hemos de centrarnos en los argumentos jurídicos contenidos en dicha exposición; y, en síntesis, la parte recurrente aduce que la Magistrada de instancia no ha valorado debidamente las patologías que presenta el actor, y que la situación médica por la que se le reconoció la incapacidad permanente total, y que afectaba al oído derecho con déficit vestibular, no ha mejorado, manteniéndose una cofosis o hipoacusia completa del oído derecho, y si bien el nivel vestibular, tras rehabilitación presentó mejoría y normalización inicial, el trastorno del equilibrio se le ha reproducido; por lo que presenta alteraciones en el equilibrio y procesos de vértigo y mareo, situación incompatible con el desempeño de su trabajo habitual de conductor de autobús, existiendo riesgo para sí y para terceros.

SEXTO.- Para resolver este motivo del recurso, se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece, con carácter general, que la incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por último, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Y el TS tiene dicho que estos procesos de revisión por mejoría son idénticos en lo esencial a los procesos de declaración de incapacidades, pues ambos están encaminados a la misma finalidad, la evaluación de las capacidades o incapacidades de trabajo o de ganancia de una persona a la vista de la apreciación conjunta de las secuelas de todas sus dolencias ( STS 2-10-1997), por lo que atendiendo a los requisitos para que proceda la estimación de la revisión de grado por mejoría establecidos por el TS y la doctrina de esta Sala (STS 31-10-2005, 20-2 y 29-4-1982 y15-1-1987, entre otras y STSJCAT nº 9623/2000 de 20-11), es preciso comparar entre dos situaciones en conflicto para decidir si aquélla sobre las que fundamenta el INSS su denegación a la actora de la incapacidad permanente, constituye una mejoría respecto a la inicialmente considerada como incapacidad permanente y, de ser así, si la mejoría tiene suficiente relevancia o entidad como para determinar la supresión de la incapacidad permanente reconocida.

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

La cuestión que debe examinarse, en este caso, es si el actor, al que le fue reconocida una incapacidad permanente total, derivada enfermedad común, para su profesión habitual de conductor de autobús, por resolución de 22-8-2018, ha experimentado una mejoría significativa en su situación médica y clínica, o, por el contrario, sigue presentando la misma o similar.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta sentencia, y damos aquí por reproducido. Del mismo resulta que el cuadro que dio lugar a la declaración en situación de incapacidad permanente total es: "Cofosi oida dreta. Déficit vestibular dret (46%)"(Hecho Probado Segundo).

El estado clínico que presenta el actor en la actualidad, se recoge en el Hecho Probado Quinto, y es el siguiente:

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat.

-Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud.

-Asma no especificada."

Con base en las situaciones médicas descritas, la Sala no puede compartir los argumentos ni la conclusión de la Magistrada de instancia.

De la comparación del estado del actor cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total y el acreditado en la actualidad, no se evidencia la existencia de una mejoría significativa. Pues el actor padece una patología auditiva que cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total, presentaba un déficit vestibular, que afecta al equilibrio, y en la actualidad sigue presentando inestabilidad, vértigos y mareos; lo que evidencia que está limitado para realizar las fundamentales tareas de su profesión habitual de conductor de camión.

Razones que llevan a estimar el motivo de censura jurídico sustantiva.

OCTAVO.-En virtud de los artículos 201.1 y 202.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha de estimarse el recurso de suplicación formulado revocando la sentencia de instancia. En consecuencia, debe estimarse la demanda interpuesta, declarando al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión consistente en el 55% de la base reguladora de 1.951,07 euros mensuales, con efectos desde el 15-7-2021.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede su imposición al estimarse el recurso de suplicación formulado.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Reus ha dictado sentencia de fecha 1-5-2024 en procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 1047//2021 ), seguidos a instancia de D. Valeriano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, derivada de enfermedad común, absolviendo a las entidades demandadas de los pedimentos formulados, y confirmando las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 18-7-2021 y 8-10-2021.

Consta que la parte actora, en el acto de juicio, desistió respecto a las demandadas Activa Mutua 2008 y Autocares Nika, S.L.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se revoque la sentencia de instancia, y se declare al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común (esta última solicitud no se recoge en el suplico del recurso, pero se evidencia del motivo de censura jurídica).

No se ha presentado escrito de impugnación de dicho recurso.

TERCERO.- El primer motivo de recurso, con amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Solicita la parte recurrente la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: <

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat (Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils de 14 de abril de 2023).

-"Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 24 de agosto de 2023).

-Asma no especificada (Hospital Universitario Sant Joan de Reus de 23 de enero de 2024 y Cuap Salou de 25 de enero de 2024).

- Incapacidad temporal derivada de enfermedad común (inicio: 5 de noviembre de 2022; última confirmación: 20 de septiembre de 2023; fecha de la siguiente revisión: 14 de octubre de 2023).>>

Como texto alternativo, propone la parte recurrente el siguiente:

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Sigue controles por ORL que informan de escasa mejoría con la rehabilitación vestibular (29/5/2019) aunque posterior mejoría y normalización de la función vestibular por la compensación por la rehabilitación, a pesar de lo cual se recomienda no pasar largas jornadas de conducción.

En julio de 2020 es tratado por clínica del dolor por síndrome de dolor miofascial. A lo largo del año 2021 presenta cefaleas que precisan tratamiento de urgencias con analgesia intramuscular. Se le realizan diversas pruebas audiométricas que siguen identificando el déficit auditivo completo de oído derecho.

En agosto de 2021 el servicio de ORL de HSJR informa que se desaconseja la exposición a situación visualmente complejas o dinámicas que conlleven cinestosis (percepción inusual de movimiento) como sería la conducción de un vehículo, dada la patología de oído y equilibrio que presenta. En el mismo sentido se informa el 3/2/2022.

A lo largo del año 2022 presenta crisis vertiginosas que incluso condicionan caídas. En último informe de médico de familia se indica textualmente: "... no puede realizar trabajo habitual de conductor ni de mantenimiento, como hasta el momento por interferencia con el problema de vértigo. Ha intentado hacer estas tareas teniendo que coger la baja de nuevo por incompatibilidad por mareo realizando las faenas. No puede hacer trabajo en altura (ni en escalera), ya que la extensión del cuello le provoca mareo e inestabilidad".>>

La parte recurrente, como como fundamento de dicha modificación cita su prueba pericial emitida por el Dr. Carmelo; y la documental consistente en el dictamen de la SGAM de 5-3-2020, el informe médico de urgencias de HSJR de 5-9-2018, el informe médico de Activa Mutua de 5-9-2020, y el informe clínico de médico de familia, sin concretar la fecha.

Se desestima la modificación solicitada.La Magistrada de instancia recoge en el Hecho Probado el cuadro médico del actor en la actualidad; y la parte recurrente pretende introducir datos relativos a la historia médica del actor desde el año 2016, con base en una serie de documentos, algunos de los cuales no vienen correctamente identificados, y que no tienen relevancia. Pues debe tenerse en cuenta que, en la demanda lo que se impugna es la resolución administrativa de 19-7-2021, confirmada por la posterior de 8-10-2021, en la que, por mejoría, se ha revocado la incapacidad permanente total que se le había reconocido al actor por resolución de 22-8-2018; recogiéndose en el Hecho Probado Segundo las patologías que dieron lugar a dicho reconocimiento, lo relevante es tener en cuenta la situación médica del actor en el momento actual, que es lo que refleja la Magistrada de instancia en el Hecho Probado cuya modificación se interesa.

QUINTO.- En el segundo motivo de recurso, que encauza a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la censura jurídico sustantiva.

En el recurso, si bien no se cita la norma ni la jurisprudencia que se considera infringida, de las alegaciones expuestas por la parte recurrente, se evidencia que pretende el mantenimiento de la incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, que le fue reconocida por resolución de 22-8-2018, al considerar que sus patologías no han mejorado, por lo que se ha de entender que se denuncia la infracción del artículo 194.4 y 200 de la Ley General de la Seguridad Social

La parte recurrente efectúa una larga exposición en la que se contienen referencias a distintos informes médicos, con transcripción de parte de algunos de ellos, todo ello impropio del motivo de censura jurídica. Por ello hemos de centrarnos en los argumentos jurídicos contenidos en dicha exposición; y, en síntesis, la parte recurrente aduce que la Magistrada de instancia no ha valorado debidamente las patologías que presenta el actor, y que la situación médica por la que se le reconoció la incapacidad permanente total, y que afectaba al oído derecho con déficit vestibular, no ha mejorado, manteniéndose una cofosis o hipoacusia completa del oído derecho, y si bien el nivel vestibular, tras rehabilitación presentó mejoría y normalización inicial, el trastorno del equilibrio se le ha reproducido; por lo que presenta alteraciones en el equilibrio y procesos de vértigo y mareo, situación incompatible con el desempeño de su trabajo habitual de conductor de autobús, existiendo riesgo para sí y para terceros.

SEXTO.- Para resolver este motivo del recurso, se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece, con carácter general, que la incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

En cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por último, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Y el TS tiene dicho que estos procesos de revisión por mejoría son idénticos en lo esencial a los procesos de declaración de incapacidades, pues ambos están encaminados a la misma finalidad, la evaluación de las capacidades o incapacidades de trabajo o de ganancia de una persona a la vista de la apreciación conjunta de las secuelas de todas sus dolencias ( STS 2-10-1997), por lo que atendiendo a los requisitos para que proceda la estimación de la revisión de grado por mejoría establecidos por el TS y la doctrina de esta Sala (STS 31-10-2005, 20-2 y 29-4-1982 y15-1-1987, entre otras y STSJCAT nº 9623/2000 de 20-11), es preciso comparar entre dos situaciones en conflicto para decidir si aquélla sobre las que fundamenta el INSS su denegación a la actora de la incapacidad permanente, constituye una mejoría respecto a la inicialmente considerada como incapacidad permanente y, de ser así, si la mejoría tiene suficiente relevancia o entidad como para determinar la supresión de la incapacidad permanente reconocida.

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

La cuestión que debe examinarse, en este caso, es si el actor, al que le fue reconocida una incapacidad permanente total, derivada enfermedad común, para su profesión habitual de conductor de autobús, por resolución de 22-8-2018, ha experimentado una mejoría significativa en su situación médica y clínica, o, por el contrario, sigue presentando la misma o similar.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta sentencia, y damos aquí por reproducido. Del mismo resulta que el cuadro que dio lugar a la declaración en situación de incapacidad permanente total es: "Cofosi oida dreta. Déficit vestibular dret (46%)"(Hecho Probado Segundo).

El estado clínico que presenta el actor en la actualidad, se recoge en el Hecho Probado Quinto, y es el siguiente:

-Pacient home de 40 anys amb antecedents i pla de medicació adjunt qui no pot realitzar treball habitual de conductor ni de manteniment, com fins el moment per interferència amb el problema de vertigen. Ha intentat fer aquestes feines havent d?agafar la baixa de nou per incompatibilitat per mareig fent les feines. No pot fer feines en alçada (ni en escala), ja que l?extensió del coll li provoca mareig i inestabilitat.

-Otitis externa no especificada, orella esquerra; otitis mitjana no especificada, orella esquerra", dándose el alta el mismo día con la pauta de control por su equipo de salud.

-Asma no especificada."

Con base en las situaciones médicas descritas, la Sala no puede compartir los argumentos ni la conclusión de la Magistrada de instancia.

De la comparación del estado del actor cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total y el acreditado en la actualidad, no se evidencia la existencia de una mejoría significativa. Pues el actor padece una patología auditiva que cuando le fue reconocida la incapacidad permanente total, presentaba un déficit vestibular, que afecta al equilibrio, y en la actualidad sigue presentando inestabilidad, vértigos y mareos; lo que evidencia que está limitado para realizar las fundamentales tareas de su profesión habitual de conductor de camión.

Razones que llevan a estimar el motivo de censura jurídico sustantiva.

OCTAVO.-En virtud de los artículos 201.1 y 202.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha de estimarse el recurso de suplicación formulado revocando la sentencia de instancia. En consecuencia, debe estimarse la demanda interpuesta, declarando al actor en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión consistente en el 55% de la base reguladora de 1.951,07 euros mensuales, con efectos desde el 15-7-2021.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede su imposición al estimarse el recurso de suplicación formulado.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación