Sentencia Social 608/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 489/2025 de 25 de julio del 2025

PRIMERO.-D. Felix recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza que desestima su demanda interpuesta frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) en la que se impugna la Resolución de fecha 16 de julio de 2024 del Servicio Público de Empleo Estatal, denegatoria de la solicitud de la capitalización de la prestación por desempleo.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El SEPE ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.-En primer lugar el trabajador solicita la revisión del relato de hechos probados de la sentencia recurrida con base en el artículo 193 b) de la LRJS.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989 , y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero ).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

El recurrente solicita la supresión del último párrafo del hecho probado primero según el cual "caso de declararse la improcedencia de este despido al actor le hubiera correspondido una indemnización por importe de 19.283,56 euros".

No procede la supresión de dicho párrafo pues el recurrente no demuestra error del Juzgador, con independencia de que le correspondiera a la empresa la opción por la readmisión o por la indemnización.

TERCERO.-El trabajador denuncia la infracción de la normativa y jurisprudencia de aplicación de conformidad con el artículo 193 c) de la LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.-El recurrente denuncia la infracción por la sentencia recurrida del artículo 296.3 de la LGSS, artículo 34 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo, así como de la doctrina y jurisprudencia de aplicación que los interpreta y en relación con el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 11 de la declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 de la Convención americana de Derechos Humanos y artículo 24.2 de la Constitución española, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dice el artículo 34.1 regla 1ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo:

"Artículo 34. Capitalización de la prestación por desempleo.

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no se oponga a las reglas siguientes:

1.ª La entidad gestora podrá abonar a los beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo hasta el 100 por cien del valor actual del importe de dicha prestación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando pretendan constituirse como trabajadores autónomos. En este supuesto, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que corresponda a la inversión necesaria para el desarrollo de la actividad por cuenta propia, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad.

No se incluirán en este supuesto quienes se constituyan como trabajadores autónomos económicamente dependientes suscribiendo un contrato con una empresa con la que hubieran mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella".

El artículo 3.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio dice: "1. El trabajador que desee percibir su prestación de una sola vez podrá solicitarlo en la Dirección Provincial del INEM, conjuntamente con el reconocimiento de la prestación o en cualquier momento posterior, acompañando a la solicitud memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como cuanta documentación acredite la viabilidad del proyecto".

Y según el artículo 262.1 de la LGSS: "1. El presente título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos previstos en el artículo 267", el cual regula las situaciones legales de desempleo".

Dice la STS de 5-4-2017, r. 694/16: "El RD 1044/85 de 19 de junio, constituye una medida tendente a cumplir dos objetivos de rango constitucional: una política orientada al pleno empleo ( art. 40.1 CE ) y el mantenimiento de prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 4l). De ahí que el RD se haya aprobado "como medida de fomento de empleo" tal como consta en su denominación, y que su finalidad declarada sea, según explica la propia exposición de motivos, la "de propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados, facilitando la incorporación como socios a Cooperativas de trabajo asociado o a Sociedades laborales, a aquellas personas que hubieran perdido su trabajo anterior". Finalidad a la que habría que adicionar el objetivo complementario de crear los puestos de trabajo por cuenta ajena que surgen en muchas ocasiones a consecuencia del funcionamiento de las Cooperativas y Sociedades de carácter laboral. Lo que la norma pretende en definitiva es ser un estímulo para que los trabajadores desempleados, en lugar de permanecer inactivos, con grave frustración personal, durante el tiempo de consumo de la prestación de desempleo en su modalidad ordinaria, opten por crear Cooperativas o Sociedades laborales o por potenciar las ya existentes.... Según explicaba la exposición de motivos del RD 1413/05, "en la línea marcada por la Estrategia Europea de Empleo, para promover el autoempleo mediante el paso de políticas pasivas de protección por desempleo a políticas activas de empleo", el principal objetivo de dicha norma consistía en "incentivar en mayor medida la obtención del propio empleo por los beneficiarios de las prestaciones por desempleo". Esa misma finalidad se advertía igualmente en el preámbulo del RD 1044/85, de 19 de junio, que reguló por vez primera la modalidad de pago único ("propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados")".

Sobre el concepto de fraude de ley nos dice el art. 6.4 Cc que "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Y es que el fraude de Ley se define doctrinalmente como la realización de actos productores de un resultado contrario a la norma que aparecen amparados por otra norma dictada con una finalidad diferente, por lo que son sus requisitos la realización de un acto al amparo de tal norma, es decir, la llamada Ley de cobertura, y la persecución de un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a la Ley defraudada ( STS 19.5.97).

Señala la STS de 31/5/2007 que el fraude de ley "es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico, que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial ( STS 16/01/96 [ RJ 1996\191] -rec. 693/95-). Pero a pesar de que también el fraude de Ley no se presume, sino que debe ser probado por la parte que lo alega ( SSTS 16/02/93 [ RJ 1993\1174] -rec. 2655/91-; 18/07/94 [ RJ 1994\7055] -rec. 137/94-; 21/06/04 [ RJ 2004\7466] -rec. 3143/03-; y 14/03/05 [ RJ 2005\3191] -cas. 6/04-), esto no significa que tenga que justificarse específicamente la intencionalidad fraudulenta, sino que es suficiente que los datos objetivos revelen el amparo en el texto de una norma y la obtención de un resultado prohibido o contrario a la Ley ( STS 19/06/95 [ RJ 1995\5204] -cas. 2371/94-); o que se acredite su existencia mediante pruebas directas o indirectas, como las presunciones ( SSTS 29/03/93 [ RJ 1993\2218] -rec. 795/92-; 04/02/99 [ RJ 1999\1587] -rec. 896/98-; 24/02/03 [ RJ 2003\3018] -rec. 4369/01-; y 21/06/04 [ RJ 2004\7466] -rec. 3143/03-).

Recordemos, en este sentido que, como señalan las SSTS de 29 de marzo de 1993 y 24 de febrero de 2003, la expresión «no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones (la «praesumptio hominis» del art. 1253 del Código Civil [LEG 1889\27]) cuando entre los hechos demostrados (...) y el que se trata de deducir (...) hay «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano».

Por otra parte, y atendiendo al caso que nos ocupa, el mero hecho de causar baja en un contrato indefinido no es indicio de fraude por sí solo. Pero puede serlo si a esas circunstancias se unen otras de cuyo conjunto quepa apreciar una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían. La STS de 6/2/03 lo admite: " no cabe presumir, por la mera sucesión de contratos como los descritos, y sin ninguna circunstancia adicional relevante, la existencia de fraude. Ello sin perjuicio de que en casos en que concurran circunstancias especiales o significativas, sí quepa llevar a cabo una tal presunción".

QUINTO.-En este caso el Magistrado de instancia concluye que ha quedado debidamente acreditada la existencia de fraude, de tal forma que el actor habría buscado eludir las consecuencias de la extinción contractual voluntaria en relación con la prestación por desempleo para lucrar dicha prestación en su modalidad de pago único y así buscar financiación para su nueva actividad. Y así se deduce de los hechos analizados y que constan en el relato de hechos probados y en el fundamento jurídico cuarto: el actor trabajaba como Conductor para SASTAGOTRANS SL desde el 27 de noviembre de 2007 y en fecha 30 de abril de 2024 la empresa le comunica su despido disciplinario con la carta que se reproduce en el hecho probado primero, que adolece de la suficiente concreción y es totalmente genérica.

El actor no impugnó tal despido. El 6 de mayo de 2024 el SEPE le reconoce al actor la prestación por desempleo y el día 16 de mayo de 2024 solicita la capitalización de la prestación por desempleo aportando la memoria explicativa de su actividad profesional de transporte de mercancías por carretera, adjuntando factura pro forma de la compra de un camión. Le fue denegada por Resolución de 16 de julio de 2024.

Consta asimismo que el 29 de julio de 2024 abonó el precio de un camión que ascendía a 25.410 euros y que se dio de alta en el RETA el 1 de agosto de 2024, comunicando en tal fecha el inicio de su actividad en el censo de empresarios como transportista autónomo.

Por todos los indicios se llega a la conclusión de que ha existido una situación de desempleo buscada por el actor en fraude de ley para obtener financiación para el inicio de su nueva actividad profesional, situándose de forma fictícea en una situación de desempleo que no es tal.

Hemos dicho en sentencia de esta Sala de 11 de febrero de 2020 (recurso 6/2020): "teniendo en cuenta que en el presente supuesto existía una contratación indefinida que se prolongaba en el tiempo durante más de tres años y medio en el sector de albañilería, que fue extinguida el 5/9/2018 por despido disciplinario (con causa genérica de transgresión de buena fe y disminución de rendimiento), conciliado el 12/9/2018 como improcedente con transferencia por la empresa al actor de la indemnización y finiquito, que solicitó el demandante prestación por desempleo el siguiente día 13 y el 26 del mismo mes el pago único de la prestación, para iniciar desde octubre un negocio de albañilería por cuenta propia, y que un familiar suyo también fue despedido de la misma empresa y forma, con igual causa y consecuencias del despido, solicitando también la prestación en pago único con la misma finalidad negocial; por todo ello, se acreditan indicios suficientes como para concluir lógicamente, como hace la sentencia recurrida, que la extinción del contrato del demandante fue voluntaria y preordenada para la creación de una actividad autónoma financiada, en todo o en parte, con la prestación de desempleo en pago único, es decir, de dichos indicios se concluye la existencia de fraude de ley en cuanto se creó ficticiamente una situación de desempleo no involuntaria, sino ocultando una baja voluntaria, que no permite el acceso legal a la prestación".

Por lo tanto debemos concluir que el actor preparó una situación legal de desempleo para evitar las consecuencias del artículo 267.2 a) LGSS esto es, la exclusión de la situación legal de desempleo respecto a su inicial baja voluntaria, con el fin de acogerse a la modalidad de pago único e iniciar una nueva actividad profesional por cuenta propia. Y esta no es la finalidad de la prestación analizada, pues en este caso se ha buscado una situación fictícea de desempleo para poder obtener una ayuda estatal con la que financiar el cambio a su posición de autónomo. Y así se desprende del hecho cierto de que se le efectúe un despido disciplinario genérico y que lejos de impugnarlo, con la consiguiente posibilidad de obtención de una indemnización que ascendería a cerca de 20.000 euros, se aquieta al mismo obteniendo así la necesaria prestación por desempleo, presupuesto necesario para su posterior capitalización. El hecho de que el SEPE concediera al actor la prestación por desempleo o que no haya iniciado un procedimiento sancionador por fraude en su obtención en nada impide para denegar la capitalización de la prestación si se estima que esta prestación ha sido buscada para obtener la necesaria financiación para su actividad de autónomo, que no es la finalidad de la prestación.

Por lo tanto procede la desestimación del recurso de suplicación.