Sentencia Social 54/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 922/2025 de 26 de enero del 2026

PRIMERO.-Enla instancia se desestima la demanda planteada, respecto de la contingencia de enfermedad profesional que postula el trabajador con relación a la situación de baja por Incapacidad Temporal (IT) que le afectó, desde el día 9 de julio de 2021 al día 11 de junio de 2023, derivada administrativamente de enfermedad común. Con el diagnostico de "síndrome ciervicobraquial (difuso)". Así como que, dicho proceso finalizó con reconocimiento de incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de función, a consecuencia de dolencia principal: epicondilitis yneuropatía cubital del lado derecho, pendiente de intervención, contractura de trapecio derecho y lesión de slap en el mismo hombro.

Situación que ha sido revisada por mejoría a finales de 2023, impugnada judicialmente, siendo desestimada en la instancia en atención al cuadro: codo derecho: tendinopatía crónica del tendón extensor común; hombro derecho: artrosis acromioclavicular; leve dolor en el codo derecho; y dolor residual en hombro derecho (hechos probados tercero y cuarto). La STSJ de Cantabria de 10 de enero de 2025, recurso 928/2024, revocó la sentencia y declaró al actor afecto a una incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de fundición. En los procedimientos judiciales referidos no se cuestionó la contingencia de enfermedad común.

En definitiva, el juzgador concluye que, siendo coincidentes los diagnósticos del proceso de incapacidad temporal y de la incapacidad permanente y no habiéndose cuestionado la contingencia por enfermedad común en este último, la sentencia recaída en el proceso de incapacidad permanente produce efectos de cosa juzgada positiva sobre la contingencia del proceso de incapacidad temporal. Pues, considera que, lo contrario daría lugar a sentencias contradictorias, según doctrina jurisprudencial que estima de aplicación ( STS de 11 de junio de 2025, recurso 3524/2023, en relación a dos procesos de incapacidad temporal con los mismos diagnósticos).

Existiendo coincidencia de diagnósticos entre el proceso de incapacidad temporal e incapacidad permanente; y, en este último, ha recaído sentencia firme declarando al actor en situación de incapacidad permanente derivada de enfermedad común.

La incapacidad temporal se inició el 9 de julio de 2021 como enfermedad común con el diagnóstico de "síndrome cerviobraquial". Ese mismo día ya consta en el informe de la Mutua que el actor se quejaba de dolor en codo y hombro derecho de larga evolución y se le diagnostica cérvico artrosis, epicondilitis/epitrocleitis derecha y tendinitis de rotadores. El actor realizó tratamiento del codo y hombro. El proceso finalizó con la aprobación de la incapacidad permanente con efectos de 12 de junio de 2023, para la profesión de peón de fundición. El informe médico de síntesis de 6 de junio de 2023, que dio lugar a dicha incapacidad, recoge, como patologías, epicondilitis y neuropatía cubital derechas, contractura de trapecio derecho y lesión de salp en el hombro derecho. Dicho informe destaca la epicondilitis, como patología principal.

A finales de 2023 el INSS aprobó la revisión por mejoría y dejó sin efecto la incapacidad permanente. El actor impugnó judicialmente la decisión del INSS. La sentencia de instancia (SJS nº 3 de Santander de 21 de octubre de 2024, autos 368/2024) desestimó la demanda lo que fue revocado y reconocida la IPT por la sala, en atención al mismo cuadro y contingencia enfermedad común.

SEGUNDO.-Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada del actor al amparo del artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y concordantes, postulando la nulidad de actuaciones. Considerando vulnerado lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española, en concurrencia con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, así como los arts. 218, 317 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto de los principios de motivación, valoración de pruebas, aplicación e interpretación del derecho, precisión, pretensión y congruencia, debiendo ser las sentencias motivadas y responder a las cuestiones planteadas. Así como, doctrina jurisprudencial que estima de aplicación en interpretación de los mismos.

Pretendiendo que la recurrida incurre en incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre el contenido de la demanda, que es la determinación de la causa de la IT iniciada el día 9 de julio de 2021. Solicitando se repongan las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia, para que con libertad de criterio se pronuncie sobre ello; o, subsidiariamente, se revisen los hechos declarados probados en atención a la documental aportada y la infracción de normas denunciada. En atención al apartado c) del citado art. 193 LRJS. Por pretendida indefensión del recurrente. Pudiendo la sala emitir tal pronunciamiento, en atención a lo actuado.

1.-Esto es, el recurrente pretende que en la recurrida se omite el pronunciamiento fáctico o razonamientos jurídicos tendentes a justificar los elementos fácticos relativos a su situación de IT y contenido funcional de la profesión habitual, respecto de la pretensión de contingencia de enfermedad profesional.

Cuando, en la recurrida, en su relato se analiza la prueba aportada por los litigantes (también, los demandados), respecto tanto a la situación clínica que le afectó al momento de la baja cuya continencia cuestiona, así como el contenido profesional, junto con la situación de incapacidad permanente y su evolución posterior a la finalización de la IT, así como la sentencia firme sobre este proceso que determina que deriva de enfermedad común, anudada al cuadro expresamente ponderado.

Concluyendo, por último, con la desestimación de la demanda, y con claridad que la contingencia del proceso cuestionado de IT es la enfermedad común, en lugar de la enfermedad profesional pedida, por los motivos que explicita. Aplicando la excepción de cosa juzgada positiva del proceso de incapacidad permanente seguido.

2.-En la materia de que tratamos, sobre incongruencia omisiva, se mantiene por la doctrina constitucional y jurisprudencial, que el derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso ( SSTC 186/2001, de 17/septiembre, F. 6; y 218/2004, de 29/noviembre, F. 2). También, se afirma que la congruencia viene referida al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un "desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido"( SSTC 20/1982, de 5/mayo; 136/1998, de 29/junio; 29/1999, de 8/marzo; 113/1999, de 14/junio; 124/2000, de 16/mayo, F. 3; 182/2000, de 10/julio; 172/2001, de 19/julio; 91/2003, de 19/mayo; y, 114/2003, de 16/junio, F. 3).

Al efecto, la indicada congruencia debe valorarse siempre "en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y la parte dispositiva de la sentencia"sin incurrir en indefensión ( STS/4ª de 8-11-2006, rec. 135/2005 y la doctrina en ella referida). El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos [partes] y objetivos [causa de pedir y petitum],en los que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi,alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.

No obstante, el principio de congruencia no alcanza a proteger a los litigantes de razonamientos jurídicos, en su caso, defectuosos o equivocados; y que es compatible con la utilización por el órgano judicial del principio tradicional del cambio del punto de vista jurídico expresado en el aforismo iura novit curia,en cuya virtud los Jueces y Tribunales no están obligados, al motivar sus sentencias, a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes.

Igualmente, la incongruencia entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando esa desviación "sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal",con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes. Señalando respecto de la omisiva que es contraria a que no pueda deducirse del conjunto de la resolución la existencia de, al menos, una desestimación tácita de la cuestión planteada. Y, en estas circunstancias la falta de pronunciamiento sobre una determinada cuestión se convierte en una denegación tácita de justicia y resulta por lo tanto contraria al artículo 24.1 CE; o, lo que es igual, para que una sentencia incurra en el vicio de incongruencia por omisión es preciso que se dé una falta de respuesta razonada en la resolución judicial al planteamiento de un elemento esencial de la pretensión cuyo conocimiento y decisión por el Tribunal sean trascendentes para fijar el fallo. Sólo así se daría una denegación tácita de justicia contraria al art. 24.1 CE.

3.-Lasanteriores consideraciones jurisprudenciales y constitucionales, aplicadas al presente litigio y pretensión de la parte recurrente, es una pretendida incongruencia omisiva, por no pronunciarse la recurrida sobre la pretensión del actor de la contingencia profesional que reclama respecto de la IT iniciada en julio de 2021. Respecto de la demanda formulada en las presentes actuaciones en que se ratificó el actor en el acto del juicio oral y expresamente reitera esta pretensión.

Aludiendo el juzgador en su desestimación íntegra de la demanda a que se trata de cuestión que fue resuelta con carácter firme, respecto de la situación de incapacidad permanente y en atención a las lesiones que expresamente se ponderan en cada proceso, aplicando la excepción de cosa juzgada positiva. Lo que implica, su pronunciamiento expreso, en iguales términos que la precedente sentencia judicial firme, por ser un antecedente lógico determinante de tal conclusión desestimatoria ( art. 222.4 LEC). Esto es, se ha pronunciado expresamente sobre el fondo de la determinación de contingencia, si bien, en sentido desestimatorio de su pretensión.

Lo que, claramente conoce el recurrente, como lo evidencia que también impugna este pronunciamiento por la vía del art. 193.c) LRJS, en el recurso.

Sin que ello le cause indefensión, ni falta de tutela judicial efectiva ante dicho pronunciamiento. Pues, este efecto de cosa juzgada positiva, determina que sí ha expuesto las razones jurídicas que llevan a la desestimación de la pretensión del recurrente. Cuestión distinta de la impugnación que, de este razonamiento, por motivos de infracción de normas, también propone la recurrente.

Pero, no consta omisión de pronunciamiento, sino que la parte recurrente no es conforme con la desestimación de su pretensión contenida en la recurrida. A lo que añade que, en la recurrida, igualmente, se valora la prueba aportada con relación tanto a la lesión sufrida como contenido básico o esencial de su trabajo, con relación a la EP pedida. Lo que tampoco le causa indefensión ni supone falta de pronunciamiento.

Conociendo el recurrente y, por ello, puede defenderse, los motivos, que llevan a la desestimación de su pretensión, reproducida en el juicio oral y recurso. Que no son otros que habiendo podido impugnar la contingencia del proceso de incapacidad permanente valorado tras su IT, que ahora cuestiona, no lo hizo, dejando firme la contingencia común del proceso que le afectó, con relación al art. 400 de la LEC.

Lo que supone la conclusión en la instancia de la necesidad de partir de lo ya juzgado en el anterior proceso, como punto de partida del proceso ulterior, siempre que aquel pronunciamiento sea el presupuesto lógico jurídico de éste del art. 222.4 LEC, cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. Como sucede en el supuesto de efecto positivo de la cosa juzgada aplicado en la recurrida.

En consecuencia, se desestima la pretensión de nulidad de la resolución recurrida.

TERCERO.-Subsidiariamente, con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, la parte recurrente denuncia infracción en la recurrida de lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con relación al RD 1299/2006, de 10 de noviembre.

Niega el efecto de cosa juzgada positiva de la sentencia sobre incapacidad permanente total, respecto de la situación de IT ahora cuestionada. Reiterando el reconocimiento de la contingencia de enfermedad profesional de la misma, y los efectos económicos inherentes a esta declaración. Al ser un proceso autónomo e independiente de aquel, sin que estime que el hecho de que la patología del codo persistente a la fecha de la incapacidad permanente conlleve que se extienda al supuesto de su baja previa. Siendo las patologías revisadas en la sentencia relativa a la incapacidad permanente múltiples, no exclusivamente la epicondilitis, objeto del actual proceso de baja, siendo ello por lo que en la permanente -dice- no se cuestionó la contingencia de enfermedad común. Siendo de hecho la patología en hombro la que determinó aquel proceso, pendiente de intervención, para la desestimación de la revisión por mejoría acordada. Y, aludiendo al listado abierto profesional.

En concreto, exigiendo su trabajo manipulación de cargas de manera reiterada, mecánico y de impacto, padeciendo varios operarios la epicondilitis del codo, siendo reconocida su enfermedad profesional, según documental aportada por esta parte a que remite.

1.-No obstante, y como antes se ha expuesto, en la recurrida no se limita en su relato fáctico a referir la sentencia sobre proceso de incapacidad permanente a que atribuye valor de cosa juzgada positiva. Sino que explicita cual essu profesión y el motivo de la baja cuya contingencia cuestiona. Sin que el recurrente solicite en forma la modificación del referido relato, ni cite documento fehaciente que evidencie su error, cuando así lo concluye.

No siéndolo, por lo demás, documental a que genéricamente y sin proponer revisión fáctica expresa, alude el recurrente.

2.-En la doctrina unificada sobre la aplicación de la cosa juzgada positiva, como la contenida en la STS/4ª de fecha 23-2-2021 (rec. 1241/2018), se declara, cuando estamos ante resoluciones judiciales en materia de reconocimiento de incapacidad permanente e incapacidad temporal, si en ellas se analizan determinadas circunstancias que son esenciales a su reconocimiento (base reguladora, grado de incapacidad...), respecto de una pensión pública "son factores indisolublemente unidos en la pretensión y en la sentencia firme de reconocimiento de derecho a prestaciones".Sin que pueda sustentarse que dichos elementos (lo que es igualmente predicable de la contingencia de que el proceso deriva), no haya sido juzgada en sentencia firme de reconocimiento de derecho a prestaciones debido a que el debate procesal no se hubiera centrado en ella. Ya que, las alegaciones del proceso posterior sobre la misma bien pudieron formularse en el curso del pleito precedente ( art. 400 LEC). Y, dejando a salvo las vías excepcionales de los procesos de revisión y de audiencia al rebelde, "el instituto de la cosa juzgada impone por razones de seguridad jurídica la eficacia plena de la resolución dictada en todos sus aspectos, con independencia de posibles errores o desajustes en los hechos o en el derecho aplicado".

3.-La aplicación de la expuesta doctrina conlleva la desestimación del recurso, ya que es claro que en el supuesto examinado en el anterior proceso en el que el actor reclamó la prestación de Incapacidad permanente total, que finalizó por sentencia firme en que se reconoce por la sala tal pensión, derivada de enfermedad común, según el inalterado relato de la recurrida y el contenido literal de dicha resolución judicial firme, se valora tanto la epicondilitis yneuropatía izquierda, dolor en codo irradiado a hombro y cuello, que determinó la baja cuya contingencia cuestiona y que, inicialmente se otorga por cercvicobraquialgia difusa (HP 1º y 4º), con un contenido concreto que incluía el mismo relato que ahora sustenta su pretensión de diferencias en la valoración del cuadro merecedor de la prestación de IT y la IPT reconocida.

A lo que se suma, que tampoco se declara probado y no se insta su modificación fáctica que la situación de la referida baja no se debe, como la incapacidad permanente, únicamente a epicondilitis, con relación a la relación de enfermedades contenida en la Reglamentación que invoca la recurrente, sino a un cuadro de mayor entidad extendido a la ESD y cuello. Que es el que motiva los tratamientos seguidos en los procesos temporal y permanente analizados.

Por tanto, la determinación de la contingencia del proceso de incapacidad permanente, como se concluye en la instancia, en un proceso derivado de enfermedad común, quedó establecida en la sentencia y adquirió firmeza. En dicho proceso, el actor pudo alegar lo que estimó por conveniente, también, respecto de aquella prestación con reflejo e influencia en la cuantía de la prestación y responsabilidad de su pago, base reguladora..., con la que aquella debía calcularse. Por ello, a salvo supuestos de revisión que no concurre en este recurso, la fuerza del artículo 222.4 LEC debe imponerse manteniendo la eficacia total de la sentencia firme que reconoció la prestación solicitada y la consecuente eficacia de cosa juzgada respecto de futuras reclamaciones, como la actual en que se cuestiona la contingencia de la baja que determinó el mismo proceso de incapacidad permanente seguido.

Basta recordar al efecto lo prescrito por el art. 222 de la LEC, relativo a la cosa juzgada material, en especial lo que dispone en su apartado cuarto: "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

En el caso de autos concurren los presupuestos exigidos por este precepto, según se razona seguidamente.

En primer lugar, es firme la sentencia recaída en el previo proceso de incapacidad permanente (la dictada el 10 de enero de 2025, rec. núm. 928/2024, por esta Sala de lo Social), según consta como dato fáctico en la sentencia ahora recurrida, concretamente en los HHP 1º, 4º y el fundamento jurídico tercero.

En segundo lugar, el proceso de incapacidad temporal (objeto de este recurso) y la declaración de incapacidad permanente total (la determinación de cuya contingencia es el objeto de los presentes autos) son consecutivos y se sustentan sobre los mismos hechos y lesiones.

En tercer lugar, ambos procesos tienen por objeto o pueden tenerlo, establecer cuál sea la contingencia (enfermedad común o profesional) determinante de las lesiones que motivaron inicialmente el proceso de incapacidad temporal y luego la declaración de incapacidad permanente. Así pues, el objeto de uno y otro proceso es el mismo o pudo serlo, aunque antes no se discutió por el recurrente, en cuanto a la determinación de la contingencia, aun cuando difieran en cuanto a las prestaciones y situaciones de incapacidad.

En cuarto lugar, las partes en el presente proceso -Mutua Universal Mugenat, el recurrente, INSS y TGSS y empresa- fueron parte también en el proceso que versó sobre la incapacidad permanente. Sin que, no obstante, jurisprudencialmente se exija que se trate de procesos totalmente idénticos sino conexos. Siendo lo necesario que las partes del segundo proceso (el afectado por la vinculación) hayan sido también parte en el primero (en el que se haya dictado la sentencia cuya vinculación se invoca), tal y como efectivamente sucede en el presente caso.

Y ello es así porque los afectados por tal vinculación (sea en sentido favorable, sea en sentido desfavorable a sus intereses) son quienes sean parte en el segundo proceso, los cuales, por tal razón, deberán haber tenido en el primer proceso la oportunidad de hacer valer todas las alegaciones y pruebas necesarias para la defensa de sus intereses ( STS/4ª de 14-4-2005, rec. 1850/2004).

Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que es de aplicación al caso de autos el art. 222.4 LEC y que, en consecuencia, debe entenderse que, tal y como recoge la sentencia recurrida, en la que se declara la contingencia común respecto del proceso de incapacidad permanente, es vinculante respecto de la sentencia del presente proceso en cuanto a la determinación de la contingencia de la incapacidad temporal reconocida al trabajador que, en consecuencia, es la enfermedad común.

4.-Sin que, por lo demás, y como ya antes se anticipó, el relato de la recurrida sustente su pretensión del reconocimiento de la enfermedad profesional como contingencia de que dimana la IT impugnada, no siendo únicamente, ni lo determinante, la epicondilitis quesustenta el recurso respecto baja otorgada por "síndrome cervicobraquial difuso", respecto de profesión peón de función, que ni está listada en el Reglamento al que genéricamente alude la recurrente. Ni es encuadrable en el apartado 2D0201 del Reglamento aprobado por Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. Compresivo de la epitrocleitis y epicondilitis del codo y antebrazo. Como, tampoco, se declara que en su trabajo se produzca los movimientos de flexo-extensión forzada de muñeca con la intensidad prevista reglamentariamente.

Debiendo concluirse, por tanto, que el componente de las tareas habituales que como peón de función le ocupan, no permite establecer que todas o la mayor parte sean de las listadas.

Siendo el apartado cuestionado de la reglamentación aplicable, el contenido en el apartado 2D0201 del RD 1299/2006, en el que se expone, respecto de las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo. Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas:

"Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis.

Trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexo-extensión forzada de la muñeca, como pueden ser: carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles".

Aun admitiendo que se trata de un listado abierto, susceptible de acreditarse por el empleado que concurren los movimientos precisos. Lo contemplado en el indicado precepto es la afectación del codo y antebrazo por epicondilitis (dolencia concurrente en el más amplio proceso analizado en el proceso de incapacidad permanente no determinante de su baja inicial, cuya contingencia cuestiona).

La enfermedad profesional viene definida en el artículo 157 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que está proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

La definición que nuestra Ley General de Seguridad Social hace de la enfermedad Profesional en el citado artículo, parte de la concurrencia, para la aplicación de la presunción de la contingencia reclamada de dos nexos causales: 1) la relación de causalidad entre la lesión y el trabajo que desarrolla el sujeto protegido, incluido en la lista de actividades que relaciona el Cuadro de Enfermedades Profesionales vigente; y, 2) la conexión causal entre la dolencia y el agente enfermante o sustancia causante del daño (igualmente recogido en el reseñado cuadro), que está presente en el lugar de trabajo y que provoca la patología.

En nuestro sistema la calificación de la enfermedad profesional se basa en un sistema de lista, de modo que, las patologías profesionales que adquieran aquella categoría son las que aparecen listadas. Las enfermedades profesionales no comprenden un cuadro abierto, sino que constituyen según la normativa vigente un determinado número de supuestos no ampliable, por regir el sistema de "numerus clausus" de conformidad con lo prevenido por el artículo 157 de la LGSS.

La presunción está destinada a evitar los problemas insolubles de prueba que se presentarían si se exigiese acreditar una relación causal en materia de enfermedades, ya que normalmente será imposible trazar con certeza el desarrollo del proceso mórbido hasta su causa, de forma que sólo podrán realizarse conjeturas con mayor o menor índice de verosimilitud. La solución a dicha imposibilidad de obtener una certeza suficiente es el establecimiento normativo de una presunción, puesto que aplicando las reglas probatorias ordinarias sería casi siempre imposible calificar como profesional la enfermedad. Por lo tanto, y a diferencia de lo que pretende la parte recurrente si "no se ha probado ningún nexo causal", la carga de la prueba debe versar (y ello se niega en la recurrida), acerca de la presencia de una actividad listada en una de las profesiones especificadas, aquí por asimilación, dada sus exigencias físicas.

Tales exigencias no se han cumplido por la recurrente.

El 19-12-2006 se publicó el Real Decreto 1299/2006, de 10-11, que aprobó el nuevo cuadro de enfermedades profesionales y donde se establecen los criterios para su notificación y registro.

En ella, respecto al Grupo II, Enfermedades causadas por agentes físicos, se añadieron determinadas ocupaciones respecto a las enfermedades causadas por agentes físicos. Ahora (respecto de la anterior reglamentación de 1978), la lista es más precisa respecto de las enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis subcutáneas (bursitis, tendinitis, etc.), enfermedades por fatiga e inflamación de vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas, arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosas y parálisis de los nervios debidos a la presión y lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión asociadas dando lugar a fisuras o roturas completas.

Dentro de este grupo han sido, y son muy frecuentes, las enfermedades del aparato muscular y esquelético como las que ahora se valoran.

La epicondilitis, cuenta con una previsión específica, antes indicada. Pero, puesto que se niega en el relato de la recurrida que la dolencia causante de la baja sea ésta, sino que en su curso se valora la epicondilitis, dentro de un cuadro más amplio con dolor hasta el cuello de la extremidad afectada. Sin que la cervicobraquialgia sea la causa que motiva el recurso, respecto del completo cuadro ponderado (de igual forma que en la sentencia reconocedora de la IPT) sea de los subsumibles en la reglamentación invocada por la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, ninguna vulneración de los preceptos citados se aprecia en la sentencia recurrida, lo que conlleva la desestimación del recurso y su confirmación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,