Sentencia Social 1000/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 588/2023 de 26 de marzo del 2025

PRIMERO.-La Sentencia de 13 de junio de 2022, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras, en el procedimiento de Seguridad Social nº, desestima la demanda formulada por D. Gabino frente a la empresa ACERINOX EUROPA S.A.U. y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIŽA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas de adverso.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal del demandante invocando dos motivos de recurso al amparo del art. 193 apartados B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por la representación de la mercantil demandada se presentó escrito de impugnación al recurso formalizado de contrario.

SEGUNDO.-Se formaliza el siguiente motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando la recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así, resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la recurrente añadir un nuevo hecho probado proponiendo la siguiente redacción:

"No constando la realización de un reconocimiento médico previo alguno a la admisión del trabajador para el desempeño de un puesto de trabajado en el que existía riesgo de enfermedad profesional, no es hasta el año 1991 cuando se comienzan a realizar reconocimientos médicos con realización de audiometrías. Dichos reconocimientos médicos con práctica de audiometría fueron realizados en las siguientes fechas:

.- 29 de julio de 1991.

.- 19 de junio de 1995.

.- 3 de octubre de 1998.

.- 22 de enero de 2001.

.- 13 de enero de 2003.

.- 17 de enero de 2006.

.- 21 de septiembre de 2010.

Así mismo, el día 22 de marzo de 2012, por parte del Facultativo de Acerinox, se emite certificado en cuya conclusión se establece que hay un agravamiento auditivo de carácter evolutivo en las audiometrías practicadas en los exámenes de salud a lo largo de su vida laboral. A pesar de lo manifestado anteriormente y en vista de la situación sufrida por el trabajador, no existe constancia de que la empresa adoptara medida alguna destinada a revisar la evaluación o las medidas para eliminar o reducir el riesgo, o adoptara alguna medida específica destinada a la protección del operario"

La adición que se propone se basa en el documento obrante en el ramo de prueba documental de la mercantil codemandada, folios 217 a 242, consistente en el conjunto de los reconocimientos médicos realizados al trabajador durante su vida laboral e informe emitido por el servicio médico de la empresa

El motivo no puede ser estimado por dos razones esenciales: la primera, porque pretende introducir hechos no probados o negativos, algo proscrito en el apartado destinado precisamente a los hechos que se dan por probados y, la segunda, por su marcado carácter valorativo, que no determina un error en el magistrado de instancia, sino una discrepancia en la valoración de la prueba.

A continuación, pretende adicionar un nuevo hecho probado séptimo, proponiendo la siguiente redacción:

"Desde el año 1994, a instancia de la mercantil empleadora, el trabajador ha realizado los cursos que se relacionan a continuación:

.- Curso de hidráulica básica, 22/04/1994.

.- Curso de hidráulica proporcional y servoválvulas, 06/10/1995.

.- Curso de inspección de construcciones soldadas, 01/12/1999.

.- Curso de inspección de construcciones soldadas, 23/12/1999.

.- Curso de protección contra incendios, (fecha indeterminada)

.- Curso de neumática, 19/04/2002.

.- Curso sobre compresores Centat (fecha indeterminada)

Así mismo consta la participación del trabajador, en el año 1996, en cursos de seguridad e higiene. No existe constancia alguna de que el trabajador recibiera una formación específica relativa a los riesgos derivados de la exposición al ruido".

La adición que se propone deriva del documento obrante en el ramo de prueba documental de la codemandada Acerinox, folios 207 a 216, consistente en certificados de asistencias a cursos

Por las mismas razones antes expuestas, la presente revisión debe ser rechazada.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación del demandante el último motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala; En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo del 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con los artículos 242 y 244 del mismo cuerpo normativo, así como a los artículo 14, 15, 17.1, 18 y 19 Ley 31/1995, de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Específicamente, los artículos 9 y 11 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, así como de lo prevenido en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Para la justificación del motivo, la parte se centra en que la empresa no realiza una adecuada valoración de todas las medidas de prevención que debió adoptar. La ausencia de prueba de la impartición de la formación necesaria al trabajador, así como en la existencia de graves defectos en la realización de los reconocimientos médicos especializados periódicos, cuyo cumplimiento adecuado hubiera determinado la adopción de medidas preventivas para evitar la aparición de la enfermedad profesional o, al menos, su agravación. Ello unido a la inexistencia del reconocimiento inicial previo al acceso del puesto de trabajo, así como que los reconocimientos médicos realizados con audiometrías, no comenzaron a practicarse hasta el año 1991. Entiende que por parte de la empresa no se prueba la existencia de actividad alguna destinada a revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos, encontrándonos que, a pesar de tener constancia de la evolución de la enfermedad, no consta que por la mercantil demandada se planteara el cambio de puesto de trabajo del actor o, al menos, la adaptación del mismo. Las únicas medidas que constan acreditadas vienen constituidas por la realización de nuevas mediciones de ruido el día 27/03/2012, todo ello derivado de la intervención de la inspección de trabajo y cuando el trabajador ya había sido declarado en situación de IPT, es decir, cuando ya la enfermedad se había desarrollado en tal grado que imposibilitaba la prestación de los servicios profesionales del trabajador.

Por su parte, el escrito de impugnación se centra en la vinculación de los hechos probados y en la correcta fundamentación de la sentencia de instancia.

CUARTO.-Dispone el artículo 14.2 de la LPRL: "En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo".

Dispone el artículo 16.2 de la LPRL:

"2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos".

Tales preceptos son desarrollados por los artículos 3 a 7 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención.

Tal y como se observa a la luz de dicha normativa las obligaciones en materia preventiva se imponen al empresario, y es el empresario el que tiene la obligación de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, realizando la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Y el mismo artículo 14.4 de la LPRL señala que la acción preventiva que debe realizar el empresario podrá venir completada por el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de prevención, que en este caso es el Servicio de Prevención citado. Pero el propio artículo dispone expresamente que "sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona".

En el mismo sentido el artículo 16 de la LPRL impone al empresario el deber de cumplir con la realización del Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.

Por lo tanto, es el empresario el responsable de la actividad preventiva, sin perjuicio de que pueda asesorarse o apoyarse por servicios de prevención.

En cuanto a la formación el art. 19.1 de le LPRL dispone que:

"1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario".

El art 3.4 del R.D 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: dispone

" 4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el anexo II del presente Real Decreto.

Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello".

Y el art. 5 del mismo RD dispone: " 1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

a) Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.

b) Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

c) Cualquier otra información de utilidad preventiva.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores.

3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.

4. Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una formación específica adecuada"

Partiendo de lo anterior, dispone el artículo 164 de la LGSS:

"Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción."

El recargo es una institución compleja que contiene elementos sancionatorios, indemnizatorios y prestacionales ( STS 21-12-2016 Rec. 3373/2015). Y es un presupuesto básico, tanto del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, como del resarcimiento de daños y perjuicios por responsabilidad civil, derivados ambos de contingencias profesionales, la relación de causalidad entre el incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte del empresario y las lesiones que constituyen el daño derivado de su inobservancia ( STS 14-4-2018 Rec. 205/2016).

Según constante doctrina jurisprudencial (por todas, SSTS de 12 de julio de 2007 -rec. 938/2006 - y 26 de mayo de 2009 -rec. 2.304/2008 -), procede el recargo cuando se constate la comisión de alguna infracción por la empresa consistente en el incumplimiento de medidas de seguridad generales o especiales, que hayan producido un daño efectivo en la persona del trabajador, existiendo un nexo de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. Estos requisitos resultan avalados en el art. 96.2 LRJS con la carga probatoria que establece en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al disponer que corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo, probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad, de manera que la empresa ha de acreditar que adoptó las medidas que le eran exigibles.

La sentencia del TS de 28-2-2019, recurso 508/2017, explica que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga "a la adopción de las medidas que sean razonables y factibles y que permiten a los estados excluir y minorar la responsabilidad de los empresarios por hechos y circunstancias que les sean ajenas o sean anormales e imprevisible o que no se hubieran podido evitar a pesar de la diligencia empleada (...) Lo antes dicho abona nuestra doctrina sobre la inexistencia de responsabilidad objetiva y la exigencia de un principio de culpa que determine la responsabilidad del empleador, así como que sea él quien venga obligado a probar que obró con la diligencia debida: la exigible conforme a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar y en definitiva a un buen empresario de la misma actividad en que se encuentre encuadrado (...)"

"El precepto establece para la procedencia de recargo, la necesidad de que exista una relación de causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido, pudiéndose romper esta conexión cuando la infracción es imputable al propio interesado ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1985, 21 de abril de 1988 y 6 de mayo de 1998).

De ahí que puedan resumirse en tres los requisitos precisos para que proceda la responsabilidad empresarial que analizamos: a) que un trabajador sufra lesiones en un accidente de trabajo o por enfermedad profesional; b) que el empresario haya incumplido alguna norma de seguridad; c) que ese incumplimiento haya sido elemento decisivo en la producción de la lesión. Adviértase bien el sentido de esa regulación querida por nuestro legislador: no impone el recargo al empresario normalmente incumplidor de sus obligaciones en materia de seguridad, cuando resulta que una lesión concreta no se debe a uno de esos incumplimientos que a diario realiza; por el contrario, quien puede ser modélico cumpliendo esas obligaciones pero tiene un puntual fallo del que deriva lesión, ha de responder con el recargo.

Como se ha dicho, es requisito necesario que exista relación de causalidad entre la medida inobservada y el accidente, al exigirse que la infracción haya sido causa o concausa del siniestro, esto es, que la inobservancia "fuera causa del accidente o influyera en su producción"( SSTS de 18-12-1969, 23-12-1969, 31-01-1970, 19-04-1971, 20-10-1971, 15-06-1972, 28-05-1975 y 08-06-1987, entre otras), siendo deber del empresario no sólo proveer los mecanismos de seguridad, sino obligar a su uso ( SSTS de 29-05-1970, 04-11-1970 y 06-11-1976), facilitándoselos a los operarios (STCT de 02-12-1975), a los que debe instruir sobre los mismos y vigilar la seguridad del trabajo ( STS de 06-03-1980)) impidiendo que el trabajo arriesgado se realice sin la vigilancia de experto (STCT de 27-06-1978).

Respecto a la responsabilidad empresarial en materia de recargo, como dice el TS en sentencia de 29-2-2019 R. 508/2017:

" B) Doctrina sobre la culpa.

El requisito típico de la responsabilidad es que los daños y perjuicios se hayan causado mediante culpa o negligencia ( arts. 1.101, 1.103 Y 1.902 del Código Civil) .

Además debe recordarse que, conforme al art. 1.105 del Código Civil, fuera de los casos mencionados por la ley y de aquéllos en que la obligación lo señale, "nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables".

La exigencia de culpa ha sido flexibilizada por la jurisprudencia que debatiéndose entre las exigencias de un principio de culpa y del principio de responsabilidad objetiva, ha llegado a configurar una responsabilidad cuasi objetiva, pues, aunque no ha abandonado la exigencia de un actuar culposo del sujeto, ha ido reduciendo la importancia de ese obrar en el nacimiento de esa responsabilidad bien mediante la aplicación de la teoría de riesgo, bien por el procedimiento de exigir la máxima diligencia y cuidado para evitar los daños, bien invirtiendo las normas que regulan la carga de la prueba.

La clave de este cambio radica en la forma de abordar el problema de la apreciación y valoración de la culpa. En que debe tenerse en cuenta que, como la carga de la prueba, conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, gravita sobre el empresario, será éste quien deba probar que obró con la diligencia debida, que adoptó todas las medidas de seguridad reglamentarias y las demás previsibles en atención a las circunstancias y que el hecho causante del daño no le era imputable. El art. 1.104 del Código Civil, aplicable en los supuestos de responsabilidad contractual, considera que existe culpa o negligencia del deudor (de seguridad) cuando el mismo omite aquella diligencia que requiere la naturaleza de su obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Añade, además, que, cuando la obligación no exprese la diligencia exigible, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia, mandato que la jurisprudencia interpreta en el sentido de ser exigible la diligencia que adopta una persona razonable y sensata que actúa en el sector del tráfico mercantil, comercial, industrial o social de la misma clase de actividad que se enjuicia ( Sentencias de la Sala 1.ª del TS de 25 de enero de 1985 , 8 de mayo de 1986 , 9 de febrero de 1998y 10 de julio de 2003). Por consiguiente, es el empresario quien debe probar que obró con la diligencia que le era exigible y que el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de sus empleados no le era imputable, pues así se deriva de lo dispuesto en los preceptos citados y en el art. 1.183 del Código Civil, donde se establece la presunción "iuris tantum" de que si la cosa se pierde en poder del deudor se presume que el incumplimiento de la obligación se debe a la culpa del deudor, presunción que el Tribunal Supremo (Sala 1.ª), en Sentencia de 2 de octubre de 1995, extiende al incumplimiento de las obligaciones de hacer. Lo que es lógico, ya que el daño prueba la realidad del incumplimiento imputable al deudor mientras no acredite lo contrario, esto es, que hizo todo lo posible para cumplir con su obligación.

Estas ideas son las que han motivado la sentencia de la Sala 4ª de 30 de junio de 2010 (Rcud. 4123/2008), dictada en Sala General. En ella, sobre la base de que el empresario es deudor de seguridad, se concluye que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que conlleva, conforme al art. 217 de la L.E.C. y al 1.183 del Código Civil , que sea el empresario quien deba probar que actuó con toda la diligencias que le era exigible, quedando exento de responsabilidad, como en esta sentencia, se dice "cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente". Doctrina que no objetiva la responsabilidad del empresario por las razones que da la sentencia comentada y que antes se expusieron".

QUINTO.-Por la sentencia recurrida se estima que la empresa cumplimentó debidamente la obligación de proporcionar al trabajador accidentado una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, además de los materiales, EPIS y ropa de trabajo, constando cumplimentada su deuda de seguridad.

Conforme a los hechos probados relevantes, consta:

1. El actor, Sr. Gabino, que ha venido prestando servicios para la empresa A ACERINOX EUROPA SAU desde el 20-10-1975 en el departamento de Mantenimiento Mecánico Grupo de Carretillas y Compresores, con una categoría de Ayudante de Ingeniero (desde el 01-03-2007) y en el puesto de trabajo de Jefe de Grupo, fue declarado afecto a una IPT cualificada (+20%) por enfermedad profesional derivada de "Hipoacusia neurosensorial bilateral avanzada. Índice de Klockkhoff en ambos oídos VI/VI. Afectación frecuencias conversacionales (índice de Sal: 86.67 en OD y 63.33% en OI. Acúfenos, vértigos episódicos e importante alt. comunicación verbal. Exp.laboral ruido no documentada" por lo que presentaba una "Limitación auditiva grado II/IV".

2. El trabajador, al tener que realizar el mantenimiento de los equipos, prácticamente estaba expuesto a niveles de ruido durante toda su jornada laboral, ya que debía comprobar el estado de las instalaciones en funcionamiento.

3. Al trabajador se le han practicado reconocimientos médicos periódicos por parte del Servicio de Prevención propio de la empresa.

4. Se le han practicado audiometrías desde el año 1991, a través de las cuales se ha ido observando una Hipoacusia Mixta en oído derecho, manteniéndose el oído izquierdo en límites normales.

5. En la audiometría practicada en el año 2010, se detectó una Hipoacusia Mixta Bilateral con acúfenos en oído derecho, el médico certifica por tanto, que se ha detectado un agravamiento auditivo de carácter evolutivo en las audiometrías practicadas en los exámenes de salud, a lo largo de su vida laboral.

6. La empresa presenta la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo, en el que se han practicado las mediciones de ruido mediante un dosímetro Bruel-Kjaer modelo 4436, dando como resultado un nivel diario equivalente a 85,8 dB A para una jornada de 8 horas.

7. En función de estos valores, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos ocasionados con la exposición la ruido, la empresa ha proporcionado protectores auditivos al trabajador según norma EN-352, imponiendo su obligatoriedad en la sala de compresores y grupos electrógenos.

8. La empresa, como medida colectiva, ha recubierto los compresores y grupos con carcasas para disminuir los niveles de ruido, aunque, como se ha señalado anteriormente, las protecciones deben retirarse para operar en el interior de los equipos.

9. La empresa y trabajadores señalan que las medidas de protección se hicieron más rigurosas a partir del año 1995, tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; no se aportan mediciones anteriores, que según la empresa fueron realizadas por la mutua ASEPEYO en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Tampoco se han podido constara las medidas de protección adoptadas por la empresa antes de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

10. Según informe del servicio de prevención de fecha 27-03-2012, refleja los siguientes resultados de medición:

( En la Sala de Compresores. Ruido estacionado, tiempo de 5-15 minutos:

? Nivel presión acústica: LEQ: 90,8 dBA

? Nivel pico: 104,8 dBC < 137 dBC

( En el Compresor de Emergencia/Acería. Ruido estacionado, tiempo 5-15 minutos:

? Nivel presión acústica: LEQ: 98,2 dBA

? Nivel pico: 120,8 dBC < 137 dBC

( En la Sala de Grupo Electrógeno/Subestación. Ruido estacionado, tiempo 5-15 minutos:

? Nivel presión acústica: LEQ: 106,2 dBA

? Nivel pico: 124,0 dBC < 137 dBC

( Sala de Compresores Laminación Frío. Ruido estacionado, tiempo 5-15 minutos:

? Nivel presión acústica: LEQ: 87,7 dBA

? Nivel pico: 112,4 dBC < 137 dBC

A tal efecto, consta que la empresa adoptó las medidas de seguridad exigibles según las circunstancias del caso. Consta la existencia de plan de prevención específico, formación al trabajador, equipos de protección individual y control de seguimiento y cumplimentación.

Más en concreto, existe evaluación de riesgos del puesto de trabajo, que se ha dotado de medidas preventivas tanto de carácter colectivo como individual para evitar el riesgo, siendo obligatorio el uso de protectores auditivos que además se encuentra señalizado; los niveles de ruido no superan los límites establecidos en el artículo 5 del RD 286/2006, de 10 de marzo, y que además, tal como se exponen en los datos fácticos de la fundamentación jurídica, fueron mediciones tomadas en presencia del actor que le manifestó que en las tareas que realizaba allí no le ocupaba más de 15 minutos, por lo que no estaba toda la jornada con esos niveles de ruido; las protecciones auditivas mitigan el ruido de forma considerable. El actor es un paciente que de por sí presenta un problema de otosclerosis que es un problema de fusión de los huesos del oído por lo que es un trabajador vulnerable desde el punto de vista acústico y que va a sufrir más el ruido, que se le han ido haciendo mediciones periódicas. Las averías, las tenía la empresa subcontratada con empresas externas, por lo que el actor se limitaba a comprobar si había una avería y a comprobar que se había arreglado después. Las averías eran muy escasas y se podían ver en el Display sin necesidad de quitar las carcasas, sin que consten averías graves. El hecho de que la reparación de las averías estuviera subcontratada , implicaba que el actor, como responsable de equipo, lo que hacía era chequear y sólo iba a ver el equipo si había un problema grave, y estos equipos electrógenos se averiaban menos que los compresores pero que las averías no son diarias.

Por tanto, la deuda de seguridad de la empresa consta debidamente saldada, compartiendo la Sala las conclusiones alcanzadas por la magistrada de instancia.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.-En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiario del sistema de Seguridad Social del recurrente y su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita - art. 2d) de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita-.

De conformidad con los arts. 229 y 230 de la LRJS, no procede efectuar pronunciamiento en materia de consignaciones y depósitos, dada la exención del recurrente de formalizar unas y otro.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,