Sentencia Social 2408/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5472/2025 de 26 de mayo del 2026

PRIMERO.- Recurre el actor la Sentencia desestimatoria de su demanda, solicitando -vía artículo 193.a ) LJS- la reposición de las actuaciones al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión ( artículos 14.2 CE, 6 CEDH y 219.11 LOPJ, junto con diversa jurisprudencia que cita), la alteración -a través del artículo 193.b ) LJS- del relato histórico y denunciando -por el cauce del artículo 193.c ) LJS- la infracción del artículo 157.1 LGSS, en relación con el código 6J0209 del RD 1299/06 y artículo 6.3 Directiva 2003/18/CE, junto con diversa jurisprudencia que cita (presunción de laboralidad); de las SSTS 21/09/20, 17/05/21 y 14/12/20 (principio in dubio pro operario); de las SSTS 12/04/19 y 23/03/21 y STC 98/2019 (prueba diabólica); de las SSTS (multicausalidad y concausas de enfermedad profesionales); de los artículos 96.2 LJS y 217 LEC, junto con distinta jurisprudencia (distribución de la carga probatoria); de los artículos 4.3 RD 1300/95 y 348 LEC, junto con distinta jurisprudencia (valoración del dictamen del EVI y prueba pericial); y, finalmente, de los artículos 14, 16, 18, 19 y 23 LPRL, RD 665/97 y RD 374/01, junto con distinta jurisprudencia (normativa de prevención).

SEGUNDO.- 1.- El primero de los motivos concierne a una nulidad por vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial. No acogemos la pretensión del actor por dos motivos: En primer lugar, hemos de recordar que el expediente de nulidad -no lo olvidemos- constituye «un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación causa indefensión» ( SSTS 11/12/03 Ar. 2004/2577; y 30/01/04 -rcud 3221/02-) -conforme al artículo 240.3 LOPJ-, y, además, como ya apuntábamos en otras ocasiones (entre otras, SSTSJ Galicia 04/06/24 R. 1789/24, 07/02/24 R. 3707/22, 07/02/24 R. 3686/22, 07/02/24 R. 2950/22, 09/01/24 R. 1235/22, etc.), debe que tenerse presente -las afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar e improcedente aplicación del principio «da mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso extraordinario [ STS 30/03/05 -rcud 226/04-], por su carácter acentuadamente técnico-jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que «los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso», de modo que «no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida» ( SSTS 29/09/03 -rcud 4775/02-; 27/04/05 -rcud 4596/03-; 16/01/ 06 -rcud 670/05-; 07/07/06 -rcud 1077/05-; y 30/05/07 -rco 167/05-). Es más, la parte actora no dirigió respetuosa protesta en relación a la pregunta dirigida al perito y, por ello, se aquietó con esa situación procesal. Como han señalado las SSTC 293/2000, de 11/Diciembre y 42/2002, de 25/Febrero F. 3, a las partes compete una actuación con diligencia en el proceso, sin que pueda alegar indefensión quien no actuó con diligencia razonablemente exigible, por lo que sólo son susceptibles de causar indefensión los errores imputables al órgano judicial, no a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que le atienden. Y aquí concurre efectivamente esta pasividad por la recurrente, que ante -la teórica vulneración de sus derechos por una pregunta, que califica de parcial- no protestó convenientemente, ni hizo mención o consideración alguna que se reflejase en el acta. Y, precisamente, esto último se puede individualizar en la necesidad de la protesta previa de la parte que posteriormente alegará dicha vulneración, puesto que así lo ha venido estableciendo unánime doctrina de Suplicación (así, siguiendo multitud de precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, las SSTSJ Galicia 02/10/24 R. 5499/23, 06/07/21 R. 2268/21, 20/02/18 R. 2870/17, 05/06/16 R. 950/16,...), de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta ( SSTC 135/1986; 98/1987; 41/1989, de 16/Febrero; 207/1989; 145/1990, de 01/Octubre; 06/1992; 289/1993; 140/1996; 52/1997, de 17/Marzo; y 124/1997, de 01/Julio).

Y, en segundo lugar, el artículo 87.3 LJS indica preceptivamente que «[e]l órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos»; esto es, la posibilidad de preguntar es una facultad que el Juez no solo puede, sino debe hacerlo para entender el objeto de debate y llegar a una conclusión sobre el marco fáctico. Por lo tanto, puede ser discutible la formulación de esa concreta pregunta -incluso es criticable la forma de hacerla-, pero no puede achacarse falta de imparcialidad, pues con ella se trata -de manera poco afortunada- de reflejar la discordancia respecto de un informe que no reflejaba el tabaquismo y quería inferir la credibilidad de dicho informe, dado que el resto sí referían dicho hábito como la causa principal del cáncer de pulmón. Se da la circunstancia de que la perito que elaboró dicho informe no acudió a ratificarlo y, por lo tanto, esa pregunta no se le pudo formular directamente. A criterio de esta Sala no hay ninguna vulneración de la imparcialidad del juzgador y, por ende, del derecho de defensa con esa pregunta, sino una pregunta sin más, dentro de un contexto de un juicio de casi cuatro horas de duración, que -además- responde a una evidencia: es el único informe que no hace mención a la condición de fumador durante 25 años del sujeto de media cajetilla. Se rechaza el motivo.

2.- Esta Sala quiere poner de manifiesto, como lo hará en otros apartados de esta Sentencia, que los entrecomilladas tanto de las SSTC 142/2015 y 60/2008, como de la STS 459/2022, de 11/05 son inventados y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones; aparte de que otras citas que sirven para amparar el motivo no tienen que ver con lo realmente discutido en ese (por ejemplo, la STS 892/2021 concierne a la motivación de la sentencia y no a la imparcialidad).

TERCERO.- No acogemos las revisiones fácticas, porque no identifican correctamente los documentos, ya que los cita sin indicar en qué pdf/acontecimientos/pasos se contienen, cuando se trata de un EJE (habla de «informes de Cualtis 2021- 2024», «procedimiento de trabajo», «informe ISSGA 23/03/2021» y así, sin indicar ni el pdf del EJE -hay 793-, ni el folio o página concreto dentro de ese pdf que se corresponda con el número de documento clave -cita 7 genéricamente -). Por lo tanto, no resultan debidamente identificados los folios en los que se funda, cuando el artículo 26 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, indica que el Juzgado ha de poner a disposición de las parte del EJE y que este EJE es único ( artículo 230.2 LOPJ) ; por lo que a esta Sala le resulta imposible localizarlos, salvo que lleve a cabo una labor de búsqueda que ni le corresponde ni va a hacer, pues es función de la parte. Tal como se desprende de los artículos 190 y siguientes LJS -por todas, SSTSJ Galicia 08/05/26 R. 3801/25, 22/04/26 R. 5560/25, 15/026 R. 73/26, 25/03/26 R. 3808/25, 25/03/26 R. 3130/25, 18/03/26 R. 1782/26, etc.-, la Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que sólo permite -excepcionalmente- fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo si el error valorativo sufrido en la instancia por el Juzgador se evidencia de documentos y pericias (artículo 193: «El recurso de suplicación tendrá por objeto: [...] b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas»), citadas con la adecuada precisión (artículo 196.3: «También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende») y acompañadas de la oportuna argumentación (artículo 196.2: «En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos»). Y ello, bajo el presupuesto de que el posible éxito de la revisión siempre está condicionado -además- a que por la parte recurrente haga precisa especificación de la modificación que se propone, con redacción definitiva del texto tras la supresión o adición de parte del relato fáctico que se propone, sin que en ningún caso la Sala pueda auxiliar en la construcción de recursos defectuosos en su formulación. Prevenciones que son desatendidas en el presente recurso, cuando se solicita una revisión sin identificar correctamente el archivo - acontecimiento y folio, en un Expediente Digital- que contiene los informes, actos administrativos,..., que lo basan, por referencias que no casan ya con la estructura de este EJE; sin que se pueda pretender que este Tribunal localice informes que no ha sabido identificar, para después, dentro de ellos, busque un concreto folio que tampoco ha sabido hacer. La Sala no va auxiliar a la recurrente a localizar los correspondientes documentos, ésta es una carga de la parte y como tal a ella incumbe.

CUARTO.- 1.- Ya en el campo jurídico, hemos de destacar que muchas de las distintas -y profusas, hacen nueve- causas alegadas carecen de una argumentación clara y suficiente, puesto que se hace de una manera telegráfica y muy genérica, que entendemos que no cubre las necesidad de individualización (argumentación) exigible al articular un motivo jurídico de suplicación; valga como ejemplo la justificación del quinto motivo, que recoge en apenas dos líneas el razonamiento aplicado al caso de lo que podría convertirse en una revocación de la Sentencia. Esta manera que estructurar diversas causas del recurso no es aceptable y, en buena lid, debería conducirnos a rechazar esa parte jurídica del recurso directamente. Aparte de que el aparato jurisprudencial empleado no tiene que ver con lo argumentado o directamente es apócrifo, como esta Sala ha podido comprobar.

2.- Se ha de recordar, ante todo, que el actor tiene, en la fecha del hecho causante, 39 años, que ha fumado durante 25 años entre media y tres cuartos de cajetilla diariamente (10 - 15 pitillos/día); que presta servicios en una zona del almacén, donde tiene contacto con los productos ya finalizados y preparados para el consumidor final, sin que accediese a la fábrica de electrodos. El almacén está separado totalmente de la fábrica y de las denominadas zonas sucias. El polvo de grafito no es un agente cancerígeno. Su enfermedad está directamente -según todos los estudios médicos- relacionada con el consumo del tabaco. No presenta ningún dato patológico de exposición al polvo de carbón. En la zona de almacén no hay mediciones ambientales, porque no se preveía la realidad de un riesgo a exposición de HAPS u otro agente cancerígeno, de hecho, en más de veinticinco años ningún trabajador de la empresa (incluso en los centros en el extranjero) ha desarrollado la dolencia del Sr. Arturo.

QUINTO.- 1.- Comenzaremos por los motivos cuarto, quinto, séptimo y octavo, que constituyen la misma infracción (sana crítica) y han sido articulados indebidamente, dado que nos hallamos ante un motivo realmente de nulidad y no de censura, lo que abocaría de manera directa a su rechazo. En todo caso, podríamos recordar en este punto el criterio expuesto en otras decisiones anteriores -por todas, SSTSJ Galicia 07/04/26 R. 5618/25, 11/02/26 R. 2567/25, 13/05/25 R. 3149/24, 11/02/25 R. 1851/24, 04/06/24 R. 2111/23, etc.-, donde decíamos que la valoración de la prueba ha de llevarse a cabo conforme a las reglas de la sana crítica ( STC 272/1994, de 17/Octubre); y ello, implica que el Juzgador de instancia ha de realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, lo que excluye deducciones arbitrarias, irracionales o absurdas ( STC 175/1985, de 15/Febrero), habiéndose afirmado - STS 31/05/90 (ECLI:ES:TS:1990:4148)- que la facultad de libre apreciación de la prueba otorgada al Juez de instancia no puede convertirse en instrumento que permita llegar a conclusiones fácticas inadmisibles o contrarias a la lógica jurídica, y que su libre apreciación sea además razonada para que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano judicial ( STC 24/1990, de 15/Febrero). Y, en todo caso, esa actuación de acuerdo a las reglas de la sana crítica presupone una mínima actividad probatoria que sirva de fundamento a las conclusiones de hecho [ STC 37/1985, de 08/Marzo; STS 21/03/90 ( ECLI:ES:TS:1990:4148); y SSTSJ Galicia -entre otros- 30/01/24 R. 5404/23, 11/11/22 R. 4879/22,...]. Pues bien, la deducción obtenida de la prueba practicada no nos parece que sea irracional, arbitraria o absurda, por lo que la censura dirigida debe ser rechazada, habida cuenta de que, ante el material probatorio aportado por ambas partes, infiere el relato -y las circunstancias- reflejado en la Sentencia, un criterio que, al margen de que compartimos, no merece un reproche como el dirigido contra él. Es más, la pretensión del recurrente es elegir un determinado material probatorio frente a otro, que ha sido el elegido en la Instancia, justificándolo. No puede sostenerse reproche alguno a la apreciación de los hechos probados sobre la base de la prueba practicada.

Al margen de que ha habido un proceso con todas las garantías y un pronunciamiento fundado en derecho y atribuyendo (conforme al artículo 217 LEC) la carga de la prueba a la parte a la que corresponde (los hechos constitutivos han de demostrarse por beneficiario: presencia del agente mórbido, entre otros). En definitiva, no se ha producido una infracción de la carga de la prueba, puesto que, tal como tenemos señalado en precedentes ocasiones -valgan por todas, SSTSJ Galicia 30/01/26 R. 4272/25, 08/07/24 R. 6928/22, 05/09/23 R. 4903/23, 07/03/23 R. 461/23, 18/11/22 R. 5464/22, etc.- y conforme a reiterados precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, la actual doctrina jurisprudencial es unánime a la hora de negar la posibilidad de que en trámite del presente recurso se pueda alegar la infracción del artículo 217 LEC (antiguo artículo 1.214 del Código Civil). En palabras de la STS 11/02/92 Ar. 974, ese artículo 1.214 «no contiene norma alguna sobre valoración de la prueba, sino simplemente regula la distribución de su carga. No se trata, por ello, de que se hubiera infringido o inaplicado tal precepto, sino de si el juzgador de instancia ha apreciado las pruebas conforme lo que previene el artículo 97.2 de la LPL [actual artículo 97.2 LJS], para cuyo caso debería de haberse apoyado en alguna revisión a que se refiere el artículo 191.b) de la LPL [actual artículo 193.b) LJS]». La doctrina de los Tribunales tan sólo admite una excepción, y es la de que la indicada norma sobre el onus probandi hubiese sido el único apoyo positivo utilizado en la sentencia impugnada para fundamentar el sentido de la parte dispositiva, atribuyendo aquella carga a quien no correspondía la obligación de soportarla. Mas este no es el supuesto presente, dado que el Magistrado de Instancia se ha fundado en distintos informes periciales, declaraciones testificales, etc., para descartar la presencia de HAPS en la zona de almacén, considerando insuficientes las pruebas aportadas por el actor -que es quien debe demostrar los hechos constitutivos de su demanda, y, por lo tanto, que a él correspondía probar ( artículo 217 LEC) .

2.- Nuevamente, destacamos que distintas resoluciones judiciales empleadas nada tienen que ver con lo que se discute, presentándose como base de su argumentación e, incluso, directamente se han inventado. Entre ellas, esta Sala puede indicar, a modo de ejemplo, la STS 12/04/19 R. 4123/17, que se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo y en el que se ha entrecomillado una cita, que es falsa; la STC 98/2019, que atañe a la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña y cuya cita también es inventada; la STS 23/03/21 R. 2341/19, que no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18, que concuerda con un ATS y cuyo texto entrecomillado es mendaz; y así otras.

SEXTO.- 1.- La censura jurídica es inviable, porque no podemos encajar ni el agente mórbido, ni la actividad ni la lesión en la enfermedad profesional 6J0209. En este punto, debemos recordar que, en nuestro sistema de Seguridad Social, la enfermedad tiene cabida entre las contingencias profesionales por tres caminos diferentes: uno, la propiamente llamada enfermedad profesional ( artículo 157 LGSS ), otro, como enfermedad del trabajo [ artículo 156.2.e) LGSS], y el último, como dolencia preexistente [ artículo 156.2.f) LGSS].

2.- Aquí nos centraremos exclusivamente en el primero, que es el caso presente, porque la llamada «enfermedad profesional» se entiende - artículo 157 LGSS- como «la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional». De esta forma es claro -valgan por todas, SSTSJ Galicia 13/05/26 R. 5078/25, 16/04/26 R. 4447/25, 03/12/25 R. 1300/25, 07/05/25 R. 4934/24, 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.- que la EP requiere el triple presupuesto de estar listados -en sistema de lista cerrada, salvo en algunos apartados abiertos que razonablemente permiten la vía analógica- la enfermedad, la actividad profesional y el agente causante; o lo que es igual, son necesarios los elementos etiológico y enumerativo, y además ha de darse una rígida relación de causalidad -«por consecuencia», no «con ocasión»- entre el trabajo y elemento desencadenante de la patología.

La primera cuestión que ha de resolverse es si se ha construido una presunción al definir las enfermedades profesionales y, consecuentemente, su carácter (iuris tantum o iuris et de iure), porque será la base necesaria para alcanzar la solución al conflicto jurídico planteado. De manera resumida, es nuestro parecer (expresado en las SSTSJ Galicia 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.-,...; donde se podrá encontrar el completo razonamiento) que la descripción que en el artículo 157 LGSS se hace de aquélla, supone una presunción, puesto que acreditado por el interesado la existencia de una enfermedad listada, de la propia actividad y del agente desencadenante, se dispensa de prueba acerca de la condición profesional de la patología sufrida (y así se ha calificado en algunas SSTSJ Cantabria 20/11/03 AS 2004\778, 27/11/92 AS 5594 o Andalucía\Málaga 27/03/95 AS 1028), La segunda cuestión es si dicha presunción ha de calificarse como iuris tantum o iuris et de iure, esto es, de si cabe o no prueba en contrario o, en palabras del artículo 385.2 LEC, de si puede o no demostrarse «[...] tanto [...] la inexistencia del hecho presunto como [...] que no existe [...] el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción» o, por el contrario, la ley lo prohíbe. Por decirlo de manera sucinta (véanse las SSTJG citadas), nuestra opinión es entender que el actual artículo 157 LGSS construye simplemente una presunción iuris tantum, ya que hacerlo de otro modo contradiría no sólo la normativa anterior ( artículos 1249 a 1251 del Código Civil -ya derogados-), sino también la actual ( artículos 4.2 del Código Civil y 385.3 LEC) . De esta forma, nuestro parecer es que en el artículo 157 LGSS se ha elaborado una mera presunción de esa clase, que podría desvirtuarse mediante una demostración suficiente que acreditase que el correspondiente agente mórbido no ha estado jamás presente en la vida laboral del beneficiario o que no es susceptible en su caso de causar sus padecimientos (por ejemplo, por no presentar reacciones alérgicas frente al mismo) o, en definitiva, que no desarrolló la actividad reglada ni sufrió alguna de las enfermedades recogidas en el cuadro anexo al RD. Criterio éste que también se ha visto recogido en la STS 09/05/06 -rcud 2932/04-, y mantenido en las más recientes SSTS 08/07/22 -rcud 24/20-; y 28/11/23 -rcud 3453/20-.

3.- En este concreto supuesto, coincidimos con la Instancia en que no están presentes los tres elementos a los que nos referíamos: enfermedad, actividad y agente desencadenante, porque la enfermedad profesional se describe, bajo el epígrafe 6J0209 «Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), productos de destilación del carbón: hollín, alquitrán, betún, brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta y a los compuestos, productos, residuos de estas sustancias y a otros factores carcinógenos. Destilación de la hulla», «Carcinoma de células escamosas», «Fabricación de electrodos»; y la cuestión aquí es que el actor no se dedica a la fabricación de electrodos -nunca lo ha hecho, ni ha accedido a las zonas industriales donde se fabrican, así lo declaran los hechos probados-, sino al empaquetado y almacenaje del producto final, lo que hace inane la remisión a la definición de la enfermedad profesional, pues está ausente no solo la actividad, sino -y sobre todo- el agente mórbido.

4.- Debemos dar nuevamente cuenta de que los entrecomillados empleados de resoluciones judiciales no existen y son claramente inventados, sin que -además- las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 concuerden -en absoluto- con asuntos de enfermedades profesionales, pues todas ellas son Autos y no Sentencias, relativas a una inadmisión, un recargo de prestaciones y un desempleo, respectivamente; y la STJUE correspondiente al número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado.

SÉPTIMO.- Los dos siguientes motivos los rechazamos de plano, porque no tienen válida denuncia normativa o jurisprudencial, ya que el rec. núm. 1832/18 se corresponde con un ATS sobre la estabilización de las dolencias en un proceso de IP, el rec. núm. 2134/20, también es un ATS y relativo al devengo de una retribución variable; el rec. núm. 3421/19, a una jubilación anticipada; el rec. núm. 2341/19 no existe; la STJUE C-404/21 se refiere a la transferencia de derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones al régimen de pensiones del BCE; y, finalmente, la STSJ Asturias, trata de una IP que no expresa lo que la parte recurrente ha entrecomillado.

Podemos reiterar (sólo entre las últimas, SSTSJ Galicia 13/05/25 R. 3885/25, 14/04/26 R. 5261/25, 08/04/26 R. 4145/25, 08/04/26 R. 5002/25, 04/02/26 R. 3715/25, etc.) que la naturaleza extraordinaria del recurso ( STS 07/05/96 -rcud 3544/94-) implica que el Tribunal de suplicación tan solo deba examinar -cuestiones de orden público procesal aparte- aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por los recurrentes, no siéndole hacedero abordar las infracciones no denunciadas o que no lo hubiesen sido con arreglo a las referidas formalidades, porque ( STS 24/06/92 -rec. 2010/91-) el incumplimiento de tal carga procesal de la parte no puede ser suplida por el órgano judicial, abocado a la neutralidad y a velar por el equilibrio procesal y tutela judicial en los términos exigidos por el artículo 75 LJS.

OCTAVO.- Y, finalmente, el motivo relativo a la prevención de riesgos laborales carece de relevancia en este ámbito, en el que se está discutiendo la contingencia de una baja; podría tenerlo en otros ámbitos, pero no en este; aparte de que no se ha constatado ninguna infracción específica, porque en la zona del almacén no hay presencia de HAPS ni otro agente cancerígeno, ya que el actor manipula el mismo producto que llega al consumidor final, lo que hace inane cualquier argumentación sobre esta eventual obligación. Las dos SSTS no se identifican correctamente, porque el rec. núm. 2341/20 se corresponde con la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia; y el rec. núm. 1234/21, se corresponde con un ATS relativo a la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija, esto significa que los párrafos entrecomillados que se recogen no existen y, por lo tanto y como en la mayoría de sentencias citadas, son claramente resultado de la creatividad del recurrente.

NOVENO.- Finalmente y a lo largo de esta Sentencia hemos dejado constancia de múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas, que se han detectado en el Recurso de Suplicación. Recurso que tiene una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de inteligencia artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes «alucinaciones» ofrecidas. Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio. La otra opción, que el Letrado haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz), comportaría un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos quizás, aparte la censura moral, y que esta Sala quiere descartar de entrada.

Todos los textos entrecomillados y las propias Sentencias, atribuidos al Tribunal Supremo y a otros Tribunales a lo largo del escrito interpuesto hilvanan un discurso coherente y ponderado, pero se hallan extramuros a lo que esta Sala ha conseguido verificar en el CENDOJ: son falsas. En total, son veinticuatro citas -y sus textos adicionados- las que se desgranan a lo largo del escrito de suplicación y constituyen -¡qué duda cabe!- un ejercicio de libérrima creatividad jurídica. Veámoslas agrupadas:

(a) Las citas de las SSTC 142/2015 y 60/2008, así como la de la STS 459/2022 son inventadas y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones. Y la STS 892/2021 no tiene que ver con la imparcialidad, sino con la motivación.

(b) Las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 no existen, pues son todas ellas autos y no sentencias, sus fechas no casan con los números de recursos y, además, sus entrecomillados son falsos; y la STJUE con ese número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado, que es fruto del ingenio del Letrado.

(c) Las citas de las SSTS 21/09/20 R. 1832/18, 14/12/22 R. 2134/20, 12/04/19 R. 4123/17, 23/03/21 R. 2341/19, 18/06/20 R. 3241/18, 05/03/13 R. 1478/12, 14/04/21 R. 2156/19, 12/11/20 R. 3421/18 y 342/2022, y de la STC 98/2019, son apócrifas, porque o bien no existen o bien no se corresponden con lo que se hace constar. Es más, la STS 21/09/20 R. 1832/18, concuerda con un ATS sobre la estabilización en las dolencias de una IPT; la STS 14/12/22 R. 2134/20, es un ATS sobre retribuciones variables; la STS 12/04/19 R. 4123/17 se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo; la STC 98/2019 tiene que ver con la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña; la STS 23/03/21 R. 2341/19 no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18 encaja con un ATS sobre sucesión de empresas; la STS 14/04/21 R. 2156/19, con un ATS sobre un despido; la STS 12/11/20 R. 3421/18, con otro ATS sobre responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo; y la STS 342/2022, se corresponde con un asunto relativo a un préstamo hipotecario con consumidores y la nulidad de cláusulas abusivas.

(d) Las citas de las SSTS 23/03/21 R. 2341/19 y 15/02/22 R. 3421/20, la STJUE C-404/21 y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 tampoco son auténticas. Así, la STS 15/02/22 R. 3421/20 es un ATS referido a una jubilación parcial; la STJUE C-404/21 se refiere en realidad a derechos de pensiones y no a enfermedades profesionales; y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 resuelve el debate sobre la base reguladora de una pensión de incapacidad, y la cosa juzgada. Y,

(e) Las citas de las STS 27/01/23 R. 1234/21 y 15/09/22 R. 2341/20, y STJUE C-49/00 son nuevamente inventadas. De hecho, la STS 27/01/23 R. 1234/21 encaja con un ATS relativo la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija; y la STS 15/09/22 R. 2341/20 se corresponde con una sentencia sobre la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia.

Aunque no es algo insólito en la práctica forense en los últimos tiempos [podría recordarse, para todos, el muy fundado ATSJ Canarias (Sala de lo Civil y Penal) 10/02/26 R. 140/25, sobre una actuación similar y que nos sirve de orientación], tales hallazgos, a juicio de la Sala, evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo -a lo que creemos-, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos. Presunta falta esta que, lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal al Letrado firmante del recurso de suplicación. En consecuencia,

PRIMERO.- Recurre el actor la Sentencia desestimatoria de su demanda, solicitando -vía artículo 193.a ) LJS- la reposición de las actuaciones al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión ( artículos 14.2 CE, 6 CEDH y 219.11 LOPJ, junto con diversa jurisprudencia que cita), la alteración -a través del artículo 193.b ) LJS- del relato histórico y denunciando -por el cauce del artículo 193.c ) LJS- la infracción del artículo 157.1 LGSS, en relación con el código 6J0209 del RD 1299/06 y artículo 6.3 Directiva 2003/18/CE, junto con diversa jurisprudencia que cita (presunción de laboralidad); de las SSTS 21/09/20, 17/05/21 y 14/12/20 (principio in dubio pro operario); de las SSTS 12/04/19 y 23/03/21 y STC 98/2019 (prueba diabólica); de las SSTS (multicausalidad y concausas de enfermedad profesionales); de los artículos 96.2 LJS y 217 LEC, junto con distinta jurisprudencia (distribución de la carga probatoria); de los artículos 4.3 RD 1300/95 y 348 LEC, junto con distinta jurisprudencia (valoración del dictamen del EVI y prueba pericial); y, finalmente, de los artículos 14, 16, 18, 19 y 23 LPRL, RD 665/97 y RD 374/01, junto con distinta jurisprudencia (normativa de prevención).

SEGUNDO.- 1.- El primero de los motivos concierne a una nulidad por vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial. No acogemos la pretensión del actor por dos motivos: En primer lugar, hemos de recordar que el expediente de nulidad -no lo olvidemos- constituye «un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación causa indefensión» ( SSTS 11/12/03 Ar. 2004/2577; y 30/01/04 -rcud 3221/02-) -conforme al artículo 240.3 LOPJ-, y, además, como ya apuntábamos en otras ocasiones (entre otras, SSTSJ Galicia 04/06/24 R. 1789/24, 07/02/24 R. 3707/22, 07/02/24 R. 3686/22, 07/02/24 R. 2950/22, 09/01/24 R. 1235/22, etc.), debe que tenerse presente -las afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar e improcedente aplicación del principio «da mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso extraordinario [ STS 30/03/05 -rcud 226/04-], por su carácter acentuadamente técnico-jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que «los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso», de modo que «no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida» ( SSTS 29/09/03 -rcud 4775/02-; 27/04/05 -rcud 4596/03-; 16/01/ 06 -rcud 670/05-; 07/07/06 -rcud 1077/05-; y 30/05/07 -rco 167/05-). Es más, la parte actora no dirigió respetuosa protesta en relación a la pregunta dirigida al perito y, por ello, se aquietó con esa situación procesal. Como han señalado las SSTC 293/2000, de 11/Diciembre y 42/2002, de 25/Febrero F. 3, a las partes compete una actuación con diligencia en el proceso, sin que pueda alegar indefensión quien no actuó con diligencia razonablemente exigible, por lo que sólo son susceptibles de causar indefensión los errores imputables al órgano judicial, no a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que le atienden. Y aquí concurre efectivamente esta pasividad por la recurrente, que ante -la teórica vulneración de sus derechos por una pregunta, que califica de parcial- no protestó convenientemente, ni hizo mención o consideración alguna que se reflejase en el acta. Y, precisamente, esto último se puede individualizar en la necesidad de la protesta previa de la parte que posteriormente alegará dicha vulneración, puesto que así lo ha venido estableciendo unánime doctrina de Suplicación (así, siguiendo multitud de precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, las SSTSJ Galicia 02/10/24 R. 5499/23, 06/07/21 R. 2268/21, 20/02/18 R. 2870/17, 05/06/16 R. 950/16,...), de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta ( SSTC 135/1986; 98/1987; 41/1989, de 16/Febrero; 207/1989; 145/1990, de 01/Octubre; 06/1992; 289/1993; 140/1996; 52/1997, de 17/Marzo; y 124/1997, de 01/Julio).

Y, en segundo lugar, el artículo 87.3 LJS indica preceptivamente que «[e]l órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos»; esto es, la posibilidad de preguntar es una facultad que el Juez no solo puede, sino debe hacerlo para entender el objeto de debate y llegar a una conclusión sobre el marco fáctico. Por lo tanto, puede ser discutible la formulación de esa concreta pregunta -incluso es criticable la forma de hacerla-, pero no puede achacarse falta de imparcialidad, pues con ella se trata -de manera poco afortunada- de reflejar la discordancia respecto de un informe que no reflejaba el tabaquismo y quería inferir la credibilidad de dicho informe, dado que el resto sí referían dicho hábito como la causa principal del cáncer de pulmón. Se da la circunstancia de que la perito que elaboró dicho informe no acudió a ratificarlo y, por lo tanto, esa pregunta no se le pudo formular directamente. A criterio de esta Sala no hay ninguna vulneración de la imparcialidad del juzgador y, por ende, del derecho de defensa con esa pregunta, sino una pregunta sin más, dentro de un contexto de un juicio de casi cuatro horas de duración, que -además- responde a una evidencia: es el único informe que no hace mención a la condición de fumador durante 25 años del sujeto de media cajetilla. Se rechaza el motivo.

2.- Esta Sala quiere poner de manifiesto, como lo hará en otros apartados de esta Sentencia, que los entrecomilladas tanto de las SSTC 142/2015 y 60/2008, como de la STS 459/2022, de 11/05 son inventados y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones; aparte de que otras citas que sirven para amparar el motivo no tienen que ver con lo realmente discutido en ese (por ejemplo, la STS 892/2021 concierne a la motivación de la sentencia y no a la imparcialidad).

TERCERO.- No acogemos las revisiones fácticas, porque no identifican correctamente los documentos, ya que los cita sin indicar en qué pdf/acontecimientos/pasos se contienen, cuando se trata de un EJE (habla de «informes de Cualtis 2021- 2024», «procedimiento de trabajo», «informe ISSGA 23/03/2021» y así, sin indicar ni el pdf del EJE -hay 793-, ni el folio o página concreto dentro de ese pdf que se corresponda con el número de documento clave -cita 7 genéricamente -). Por lo tanto, no resultan debidamente identificados los folios en los que se funda, cuando el artículo 26 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, indica que el Juzgado ha de poner a disposición de las parte del EJE y que este EJE es único ( artículo 230.2 LOPJ) ; por lo que a esta Sala le resulta imposible localizarlos, salvo que lleve a cabo una labor de búsqueda que ni le corresponde ni va a hacer, pues es función de la parte. Tal como se desprende de los artículos 190 y siguientes LJS -por todas, SSTSJ Galicia 08/05/26 R. 3801/25, 22/04/26 R. 5560/25, 15/026 R. 73/26, 25/03/26 R. 3808/25, 25/03/26 R. 3130/25, 18/03/26 R. 1782/26, etc.-, la Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que sólo permite -excepcionalmente- fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo si el error valorativo sufrido en la instancia por el Juzgador se evidencia de documentos y pericias (artículo 193: «El recurso de suplicación tendrá por objeto: [...] b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas»), citadas con la adecuada precisión (artículo 196.3: «También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende») y acompañadas de la oportuna argumentación (artículo 196.2: «En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos»). Y ello, bajo el presupuesto de que el posible éxito de la revisión siempre está condicionado -además- a que por la parte recurrente haga precisa especificación de la modificación que se propone, con redacción definitiva del texto tras la supresión o adición de parte del relato fáctico que se propone, sin que en ningún caso la Sala pueda auxiliar en la construcción de recursos defectuosos en su formulación. Prevenciones que son desatendidas en el presente recurso, cuando se solicita una revisión sin identificar correctamente el archivo - acontecimiento y folio, en un Expediente Digital- que contiene los informes, actos administrativos,..., que lo basan, por referencias que no casan ya con la estructura de este EJE; sin que se pueda pretender que este Tribunal localice informes que no ha sabido identificar, para después, dentro de ellos, busque un concreto folio que tampoco ha sabido hacer. La Sala no va auxiliar a la recurrente a localizar los correspondientes documentos, ésta es una carga de la parte y como tal a ella incumbe.

CUARTO.- 1.- Ya en el campo jurídico, hemos de destacar que muchas de las distintas -y profusas, hacen nueve- causas alegadas carecen de una argumentación clara y suficiente, puesto que se hace de una manera telegráfica y muy genérica, que entendemos que no cubre las necesidad de individualización (argumentación) exigible al articular un motivo jurídico de suplicación; valga como ejemplo la justificación del quinto motivo, que recoge en apenas dos líneas el razonamiento aplicado al caso de lo que podría convertirse en una revocación de la Sentencia. Esta manera que estructurar diversas causas del recurso no es aceptable y, en buena lid, debería conducirnos a rechazar esa parte jurídica del recurso directamente. Aparte de que el aparato jurisprudencial empleado no tiene que ver con lo argumentado o directamente es apócrifo, como esta Sala ha podido comprobar.

2.- Se ha de recordar, ante todo, que el actor tiene, en la fecha del hecho causante, 39 años, que ha fumado durante 25 años entre media y tres cuartos de cajetilla diariamente (10 - 15 pitillos/día); que presta servicios en una zona del almacén, donde tiene contacto con los productos ya finalizados y preparados para el consumidor final, sin que accediese a la fábrica de electrodos. El almacén está separado totalmente de la fábrica y de las denominadas zonas sucias. El polvo de grafito no es un agente cancerígeno. Su enfermedad está directamente -según todos los estudios médicos- relacionada con el consumo del tabaco. No presenta ningún dato patológico de exposición al polvo de carbón. En la zona de almacén no hay mediciones ambientales, porque no se preveía la realidad de un riesgo a exposición de HAPS u otro agente cancerígeno, de hecho, en más de veinticinco años ningún trabajador de la empresa (incluso en los centros en el extranjero) ha desarrollado la dolencia del Sr. Arturo.

QUINTO.- 1.- Comenzaremos por los motivos cuarto, quinto, séptimo y octavo, que constituyen la misma infracción (sana crítica) y han sido articulados indebidamente, dado que nos hallamos ante un motivo realmente de nulidad y no de censura, lo que abocaría de manera directa a su rechazo. En todo caso, podríamos recordar en este punto el criterio expuesto en otras decisiones anteriores -por todas, SSTSJ Galicia 07/04/26 R. 5618/25, 11/02/26 R. 2567/25, 13/05/25 R. 3149/24, 11/02/25 R. 1851/24, 04/06/24 R. 2111/23, etc.-, donde decíamos que la valoración de la prueba ha de llevarse a cabo conforme a las reglas de la sana crítica ( STC 272/1994, de 17/Octubre); y ello, implica que el Juzgador de instancia ha de realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, lo que excluye deducciones arbitrarias, irracionales o absurdas ( STC 175/1985, de 15/Febrero), habiéndose afirmado - STS 31/05/90 (ECLI:ES:TS:1990:4148)- que la facultad de libre apreciación de la prueba otorgada al Juez de instancia no puede convertirse en instrumento que permita llegar a conclusiones fácticas inadmisibles o contrarias a la lógica jurídica, y que su libre apreciación sea además razonada para que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano judicial ( STC 24/1990, de 15/Febrero). Y, en todo caso, esa actuación de acuerdo a las reglas de la sana crítica presupone una mínima actividad probatoria que sirva de fundamento a las conclusiones de hecho [ STC 37/1985, de 08/Marzo; STS 21/03/90 ( ECLI:ES:TS:1990:4148); y SSTSJ Galicia -entre otros- 30/01/24 R. 5404/23, 11/11/22 R. 4879/22,...]. Pues bien, la deducción obtenida de la prueba practicada no nos parece que sea irracional, arbitraria o absurda, por lo que la censura dirigida debe ser rechazada, habida cuenta de que, ante el material probatorio aportado por ambas partes, infiere el relato -y las circunstancias- reflejado en la Sentencia, un criterio que, al margen de que compartimos, no merece un reproche como el dirigido contra él. Es más, la pretensión del recurrente es elegir un determinado material probatorio frente a otro, que ha sido el elegido en la Instancia, justificándolo. No puede sostenerse reproche alguno a la apreciación de los hechos probados sobre la base de la prueba practicada.

Al margen de que ha habido un proceso con todas las garantías y un pronunciamiento fundado en derecho y atribuyendo (conforme al artículo 217 LEC) la carga de la prueba a la parte a la que corresponde (los hechos constitutivos han de demostrarse por beneficiario: presencia del agente mórbido, entre otros). En definitiva, no se ha producido una infracción de la carga de la prueba, puesto que, tal como tenemos señalado en precedentes ocasiones -valgan por todas, SSTSJ Galicia 30/01/26 R. 4272/25, 08/07/24 R. 6928/22, 05/09/23 R. 4903/23, 07/03/23 R. 461/23, 18/11/22 R. 5464/22, etc.- y conforme a reiterados precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, la actual doctrina jurisprudencial es unánime a la hora de negar la posibilidad de que en trámite del presente recurso se pueda alegar la infracción del artículo 217 LEC (antiguo artículo 1.214 del Código Civil). En palabras de la STS 11/02/92 Ar. 974, ese artículo 1.214 «no contiene norma alguna sobre valoración de la prueba, sino simplemente regula la distribución de su carga. No se trata, por ello, de que se hubiera infringido o inaplicado tal precepto, sino de si el juzgador de instancia ha apreciado las pruebas conforme lo que previene el artículo 97.2 de la LPL [actual artículo 97.2 LJS], para cuyo caso debería de haberse apoyado en alguna revisión a que se refiere el artículo 191.b) de la LPL [actual artículo 193.b) LJS]». La doctrina de los Tribunales tan sólo admite una excepción, y es la de que la indicada norma sobre el onus probandi hubiese sido el único apoyo positivo utilizado en la sentencia impugnada para fundamentar el sentido de la parte dispositiva, atribuyendo aquella carga a quien no correspondía la obligación de soportarla. Mas este no es el supuesto presente, dado que el Magistrado de Instancia se ha fundado en distintos informes periciales, declaraciones testificales, etc., para descartar la presencia de HAPS en la zona de almacén, considerando insuficientes las pruebas aportadas por el actor -que es quien debe demostrar los hechos constitutivos de su demanda, y, por lo tanto, que a él correspondía probar ( artículo 217 LEC) .

2.- Nuevamente, destacamos que distintas resoluciones judiciales empleadas nada tienen que ver con lo que se discute, presentándose como base de su argumentación e, incluso, directamente se han inventado. Entre ellas, esta Sala puede indicar, a modo de ejemplo, la STS 12/04/19 R. 4123/17, que se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo y en el que se ha entrecomillado una cita, que es falsa; la STC 98/2019, que atañe a la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña y cuya cita también es inventada; la STS 23/03/21 R. 2341/19, que no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18, que concuerda con un ATS y cuyo texto entrecomillado es mendaz; y así otras.

SEXTO.- 1.- La censura jurídica es inviable, porque no podemos encajar ni el agente mórbido, ni la actividad ni la lesión en la enfermedad profesional 6J0209. En este punto, debemos recordar que, en nuestro sistema de Seguridad Social, la enfermedad tiene cabida entre las contingencias profesionales por tres caminos diferentes: uno, la propiamente llamada enfermedad profesional ( artículo 157 LGSS ), otro, como enfermedad del trabajo [ artículo 156.2.e) LGSS], y el último, como dolencia preexistente [ artículo 156.2.f) LGSS].

2.- Aquí nos centraremos exclusivamente en el primero, que es el caso presente, porque la llamada «enfermedad profesional» se entiende - artículo 157 LGSS- como «la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional». De esta forma es claro -valgan por todas, SSTSJ Galicia 13/05/26 R. 5078/25, 16/04/26 R. 4447/25, 03/12/25 R. 1300/25, 07/05/25 R. 4934/24, 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.- que la EP requiere el triple presupuesto de estar listados -en sistema de lista cerrada, salvo en algunos apartados abiertos que razonablemente permiten la vía analógica- la enfermedad, la actividad profesional y el agente causante; o lo que es igual, son necesarios los elementos etiológico y enumerativo, y además ha de darse una rígida relación de causalidad -«por consecuencia», no «con ocasión»- entre el trabajo y elemento desencadenante de la patología.

La primera cuestión que ha de resolverse es si se ha construido una presunción al definir las enfermedades profesionales y, consecuentemente, su carácter (iuris tantum o iuris et de iure), porque será la base necesaria para alcanzar la solución al conflicto jurídico planteado. De manera resumida, es nuestro parecer (expresado en las SSTSJ Galicia 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.-,...; donde se podrá encontrar el completo razonamiento) que la descripción que en el artículo 157 LGSS se hace de aquélla, supone una presunción, puesto que acreditado por el interesado la existencia de una enfermedad listada, de la propia actividad y del agente desencadenante, se dispensa de prueba acerca de la condición profesional de la patología sufrida (y así se ha calificado en algunas SSTSJ Cantabria 20/11/03 AS 2004\778, 27/11/92 AS 5594 o Andalucía\Málaga 27/03/95 AS 1028), La segunda cuestión es si dicha presunción ha de calificarse como iuris tantum o iuris et de iure, esto es, de si cabe o no prueba en contrario o, en palabras del artículo 385.2 LEC, de si puede o no demostrarse «[...] tanto [...] la inexistencia del hecho presunto como [...] que no existe [...] el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción» o, por el contrario, la ley lo prohíbe. Por decirlo de manera sucinta (véanse las SSTJG citadas), nuestra opinión es entender que el actual artículo 157 LGSS construye simplemente una presunción iuris tantum, ya que hacerlo de otro modo contradiría no sólo la normativa anterior ( artículos 1249 a 1251 del Código Civil -ya derogados-), sino también la actual ( artículos 4.2 del Código Civil y 385.3 LEC) . De esta forma, nuestro parecer es que en el artículo 157 LGSS se ha elaborado una mera presunción de esa clase, que podría desvirtuarse mediante una demostración suficiente que acreditase que el correspondiente agente mórbido no ha estado jamás presente en la vida laboral del beneficiario o que no es susceptible en su caso de causar sus padecimientos (por ejemplo, por no presentar reacciones alérgicas frente al mismo) o, en definitiva, que no desarrolló la actividad reglada ni sufrió alguna de las enfermedades recogidas en el cuadro anexo al RD. Criterio éste que también se ha visto recogido en la STS 09/05/06 -rcud 2932/04-, y mantenido en las más recientes SSTS 08/07/22 -rcud 24/20-; y 28/11/23 -rcud 3453/20-.

3.- En este concreto supuesto, coincidimos con la Instancia en que no están presentes los tres elementos a los que nos referíamos: enfermedad, actividad y agente desencadenante, porque la enfermedad profesional se describe, bajo el epígrafe 6J0209 «Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), productos de destilación del carbón: hollín, alquitrán, betún, brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta y a los compuestos, productos, residuos de estas sustancias y a otros factores carcinógenos. Destilación de la hulla», «Carcinoma de células escamosas», «Fabricación de electrodos»; y la cuestión aquí es que el actor no se dedica a la fabricación de electrodos -nunca lo ha hecho, ni ha accedido a las zonas industriales donde se fabrican, así lo declaran los hechos probados-, sino al empaquetado y almacenaje del producto final, lo que hace inane la remisión a la definición de la enfermedad profesional, pues está ausente no solo la actividad, sino -y sobre todo- el agente mórbido.

4.- Debemos dar nuevamente cuenta de que los entrecomillados empleados de resoluciones judiciales no existen y son claramente inventados, sin que -además- las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 concuerden -en absoluto- con asuntos de enfermedades profesionales, pues todas ellas son Autos y no Sentencias, relativas a una inadmisión, un recargo de prestaciones y un desempleo, respectivamente; y la STJUE correspondiente al número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado.

SÉPTIMO.- Los dos siguientes motivos los rechazamos de plano, porque no tienen válida denuncia normativa o jurisprudencial, ya que el rec. núm. 1832/18 se corresponde con un ATS sobre la estabilización de las dolencias en un proceso de IP, el rec. núm. 2134/20, también es un ATS y relativo al devengo de una retribución variable; el rec. núm. 3421/19, a una jubilación anticipada; el rec. núm. 2341/19 no existe; la STJUE C-404/21 se refiere a la transferencia de derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones al régimen de pensiones del BCE; y, finalmente, la STSJ Asturias, trata de una IP que no expresa lo que la parte recurrente ha entrecomillado.

Podemos reiterar (sólo entre las últimas, SSTSJ Galicia 13/05/25 R. 3885/25, 14/04/26 R. 5261/25, 08/04/26 R. 4145/25, 08/04/26 R. 5002/25, 04/02/26 R. 3715/25, etc.) que la naturaleza extraordinaria del recurso ( STS 07/05/96 -rcud 3544/94-) implica que el Tribunal de suplicación tan solo deba examinar -cuestiones de orden público procesal aparte- aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por los recurrentes, no siéndole hacedero abordar las infracciones no denunciadas o que no lo hubiesen sido con arreglo a las referidas formalidades, porque ( STS 24/06/92 -rec. 2010/91-) el incumplimiento de tal carga procesal de la parte no puede ser suplida por el órgano judicial, abocado a la neutralidad y a velar por el equilibrio procesal y tutela judicial en los términos exigidos por el artículo 75 LJS.

OCTAVO.- Y, finalmente, el motivo relativo a la prevención de riesgos laborales carece de relevancia en este ámbito, en el que se está discutiendo la contingencia de una baja; podría tenerlo en otros ámbitos, pero no en este; aparte de que no se ha constatado ninguna infracción específica, porque en la zona del almacén no hay presencia de HAPS ni otro agente cancerígeno, ya que el actor manipula el mismo producto que llega al consumidor final, lo que hace inane cualquier argumentación sobre esta eventual obligación. Las dos SSTS no se identifican correctamente, porque el rec. núm. 2341/20 se corresponde con la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia; y el rec. núm. 1234/21, se corresponde con un ATS relativo a la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija, esto significa que los párrafos entrecomillados que se recogen no existen y, por lo tanto y como en la mayoría de sentencias citadas, son claramente resultado de la creatividad del recurrente.

NOVENO.- Finalmente y a lo largo de esta Sentencia hemos dejado constancia de múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas, que se han detectado en el Recurso de Suplicación. Recurso que tiene una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de inteligencia artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes «alucinaciones» ofrecidas. Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio. La otra opción, que el Letrado haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz), comportaría un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos quizás, aparte la censura moral, y que esta Sala quiere descartar de entrada.

Todos los textos entrecomillados y las propias Sentencias, atribuidos al Tribunal Supremo y a otros Tribunales a lo largo del escrito interpuesto hilvanan un discurso coherente y ponderado, pero se hallan extramuros a lo que esta Sala ha conseguido verificar en el CENDOJ: son falsas. En total, son veinticuatro citas -y sus textos adicionados- las que se desgranan a lo largo del escrito de suplicación y constituyen -¡qué duda cabe!- un ejercicio de libérrima creatividad jurídica. Veámoslas agrupadas:

(a) Las citas de las SSTC 142/2015 y 60/2008, así como la de la STS 459/2022 son inventadas y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones. Y la STS 892/2021 no tiene que ver con la imparcialidad, sino con la motivación.

(b) Las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 no existen, pues son todas ellas autos y no sentencias, sus fechas no casan con los números de recursos y, además, sus entrecomillados son falsos; y la STJUE con ese número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado, que es fruto del ingenio del Letrado.

(c) Las citas de las SSTS 21/09/20 R. 1832/18, 14/12/22 R. 2134/20, 12/04/19 R. 4123/17, 23/03/21 R. 2341/19, 18/06/20 R. 3241/18, 05/03/13 R. 1478/12, 14/04/21 R. 2156/19, 12/11/20 R. 3421/18 y 342/2022, y de la STC 98/2019, son apócrifas, porque o bien no existen o bien no se corresponden con lo que se hace constar. Es más, la STS 21/09/20 R. 1832/18, concuerda con un ATS sobre la estabilización en las dolencias de una IPT; la STS 14/12/22 R. 2134/20, es un ATS sobre retribuciones variables; la STS 12/04/19 R. 4123/17 se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo; la STC 98/2019 tiene que ver con la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña; la STS 23/03/21 R. 2341/19 no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18 encaja con un ATS sobre sucesión de empresas; la STS 14/04/21 R. 2156/19, con un ATS sobre un despido; la STS 12/11/20 R. 3421/18, con otro ATS sobre responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo; y la STS 342/2022, se corresponde con un asunto relativo a un préstamo hipotecario con consumidores y la nulidad de cláusulas abusivas.

(d) Las citas de las SSTS 23/03/21 R. 2341/19 y 15/02/22 R. 3421/20, la STJUE C-404/21 y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 tampoco son auténticas. Así, la STS 15/02/22 R. 3421/20 es un ATS referido a una jubilación parcial; la STJUE C-404/21 se refiere en realidad a derechos de pensiones y no a enfermedades profesionales; y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 resuelve el debate sobre la base reguladora de una pensión de incapacidad, y la cosa juzgada. Y,

(e) Las citas de las STS 27/01/23 R. 1234/21 y 15/09/22 R. 2341/20, y STJUE C-49/00 son nuevamente inventadas. De hecho, la STS 27/01/23 R. 1234/21 encaja con un ATS relativo la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija; y la STS 15/09/22 R. 2341/20 se corresponde con una sentencia sobre la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia.

Aunque no es algo insólito en la práctica forense en los últimos tiempos [podría recordarse, para todos, el muy fundado ATSJ Canarias (Sala de lo Civil y Penal) 10/02/26 R. 140/25, sobre una actuación similar y que nos sirve de orientación], tales hallazgos, a juicio de la Sala, evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo -a lo que creemos-, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos. Presunta falta esta que, lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal al Letrado firmante del recurso de suplicación. En consecuencia,

PRIMERO.- Recurre el actor la Sentencia desestimatoria de su demanda, solicitando -vía artículo 193.a ) LJS- la reposición de las actuaciones al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión ( artículos 14.2 CE, 6 CEDH y 219.11 LOPJ, junto con diversa jurisprudencia que cita), la alteración -a través del artículo 193.b ) LJS- del relato histórico y denunciando -por el cauce del artículo 193.c ) LJS- la infracción del artículo 157.1 LGSS, en relación con el código 6J0209 del RD 1299/06 y artículo 6.3 Directiva 2003/18/CE, junto con diversa jurisprudencia que cita (presunción de laboralidad); de las SSTS 21/09/20, 17/05/21 y 14/12/20 (principio in dubio pro operario); de las SSTS 12/04/19 y 23/03/21 y STC 98/2019 (prueba diabólica); de las SSTS (multicausalidad y concausas de enfermedad profesionales); de los artículos 96.2 LJS y 217 LEC, junto con distinta jurisprudencia (distribución de la carga probatoria); de los artículos 4.3 RD 1300/95 y 348 LEC, junto con distinta jurisprudencia (valoración del dictamen del EVI y prueba pericial); y, finalmente, de los artículos 14, 16, 18, 19 y 23 LPRL, RD 665/97 y RD 374/01, junto con distinta jurisprudencia (normativa de prevención).

SEGUNDO.- 1.- El primero de los motivos concierne a una nulidad por vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial. No acogemos la pretensión del actor por dos motivos: En primer lugar, hemos de recordar que el expediente de nulidad -no lo olvidemos- constituye «un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación causa indefensión» ( SSTS 11/12/03 Ar. 2004/2577; y 30/01/04 -rcud 3221/02-) -conforme al artículo 240.3 LOPJ-, y, además, como ya apuntábamos en otras ocasiones (entre otras, SSTSJ Galicia 04/06/24 R. 1789/24, 07/02/24 R. 3707/22, 07/02/24 R. 3686/22, 07/02/24 R. 2950/22, 09/01/24 R. 1235/22, etc.), debe que tenerse presente -las afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar e improcedente aplicación del principio «da mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso extraordinario [ STS 30/03/05 -rcud 226/04-], por su carácter acentuadamente técnico-jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que «los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso», de modo que «no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida» ( SSTS 29/09/03 -rcud 4775/02-; 27/04/05 -rcud 4596/03-; 16/01/ 06 -rcud 670/05-; 07/07/06 -rcud 1077/05-; y 30/05/07 -rco 167/05-). Es más, la parte actora no dirigió respetuosa protesta en relación a la pregunta dirigida al perito y, por ello, se aquietó con esa situación procesal. Como han señalado las SSTC 293/2000, de 11/Diciembre y 42/2002, de 25/Febrero F. 3, a las partes compete una actuación con diligencia en el proceso, sin que pueda alegar indefensión quien no actuó con diligencia razonablemente exigible, por lo que sólo son susceptibles de causar indefensión los errores imputables al órgano judicial, no a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que le atienden. Y aquí concurre efectivamente esta pasividad por la recurrente, que ante -la teórica vulneración de sus derechos por una pregunta, que califica de parcial- no protestó convenientemente, ni hizo mención o consideración alguna que se reflejase en el acta. Y, precisamente, esto último se puede individualizar en la necesidad de la protesta previa de la parte que posteriormente alegará dicha vulneración, puesto que así lo ha venido estableciendo unánime doctrina de Suplicación (así, siguiendo multitud de precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, las SSTSJ Galicia 02/10/24 R. 5499/23, 06/07/21 R. 2268/21, 20/02/18 R. 2870/17, 05/06/16 R. 950/16,...), de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta ( SSTC 135/1986; 98/1987; 41/1989, de 16/Febrero; 207/1989; 145/1990, de 01/Octubre; 06/1992; 289/1993; 140/1996; 52/1997, de 17/Marzo; y 124/1997, de 01/Julio).

Y, en segundo lugar, el artículo 87.3 LJS indica preceptivamente que «[e]l órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos»; esto es, la posibilidad de preguntar es una facultad que el Juez no solo puede, sino debe hacerlo para entender el objeto de debate y llegar a una conclusión sobre el marco fáctico. Por lo tanto, puede ser discutible la formulación de esa concreta pregunta -incluso es criticable la forma de hacerla-, pero no puede achacarse falta de imparcialidad, pues con ella se trata -de manera poco afortunada- de reflejar la discordancia respecto de un informe que no reflejaba el tabaquismo y quería inferir la credibilidad de dicho informe, dado que el resto sí referían dicho hábito como la causa principal del cáncer de pulmón. Se da la circunstancia de que la perito que elaboró dicho informe no acudió a ratificarlo y, por lo tanto, esa pregunta no se le pudo formular directamente. A criterio de esta Sala no hay ninguna vulneración de la imparcialidad del juzgador y, por ende, del derecho de defensa con esa pregunta, sino una pregunta sin más, dentro de un contexto de un juicio de casi cuatro horas de duración, que -además- responde a una evidencia: es el único informe que no hace mención a la condición de fumador durante 25 años del sujeto de media cajetilla. Se rechaza el motivo.

2.- Esta Sala quiere poner de manifiesto, como lo hará en otros apartados de esta Sentencia, que los entrecomilladas tanto de las SSTC 142/2015 y 60/2008, como de la STS 459/2022, de 11/05 son inventados y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones; aparte de que otras citas que sirven para amparar el motivo no tienen que ver con lo realmente discutido en ese (por ejemplo, la STS 892/2021 concierne a la motivación de la sentencia y no a la imparcialidad).

TERCERO.- No acogemos las revisiones fácticas, porque no identifican correctamente los documentos, ya que los cita sin indicar en qué pdf/acontecimientos/pasos se contienen, cuando se trata de un EJE (habla de «informes de Cualtis 2021- 2024», «procedimiento de trabajo», «informe ISSGA 23/03/2021» y así, sin indicar ni el pdf del EJE -hay 793-, ni el folio o página concreto dentro de ese pdf que se corresponda con el número de documento clave -cita 7 genéricamente -). Por lo tanto, no resultan debidamente identificados los folios en los que se funda, cuando el artículo 26 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, indica que el Juzgado ha de poner a disposición de las parte del EJE y que este EJE es único ( artículo 230.2 LOPJ) ; por lo que a esta Sala le resulta imposible localizarlos, salvo que lleve a cabo una labor de búsqueda que ni le corresponde ni va a hacer, pues es función de la parte. Tal como se desprende de los artículos 190 y siguientes LJS -por todas, SSTSJ Galicia 08/05/26 R. 3801/25, 22/04/26 R. 5560/25, 15/026 R. 73/26, 25/03/26 R. 3808/25, 25/03/26 R. 3130/25, 18/03/26 R. 1782/26, etc.-, la Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que sólo permite -excepcionalmente- fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo si el error valorativo sufrido en la instancia por el Juzgador se evidencia de documentos y pericias (artículo 193: «El recurso de suplicación tendrá por objeto: [...] b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas»), citadas con la adecuada precisión (artículo 196.3: «También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende») y acompañadas de la oportuna argumentación (artículo 196.2: «En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos»). Y ello, bajo el presupuesto de que el posible éxito de la revisión siempre está condicionado -además- a que por la parte recurrente haga precisa especificación de la modificación que se propone, con redacción definitiva del texto tras la supresión o adición de parte del relato fáctico que se propone, sin que en ningún caso la Sala pueda auxiliar en la construcción de recursos defectuosos en su formulación. Prevenciones que son desatendidas en el presente recurso, cuando se solicita una revisión sin identificar correctamente el archivo - acontecimiento y folio, en un Expediente Digital- que contiene los informes, actos administrativos,..., que lo basan, por referencias que no casan ya con la estructura de este EJE; sin que se pueda pretender que este Tribunal localice informes que no ha sabido identificar, para después, dentro de ellos, busque un concreto folio que tampoco ha sabido hacer. La Sala no va auxiliar a la recurrente a localizar los correspondientes documentos, ésta es una carga de la parte y como tal a ella incumbe.

CUARTO.- 1.- Ya en el campo jurídico, hemos de destacar que muchas de las distintas -y profusas, hacen nueve- causas alegadas carecen de una argumentación clara y suficiente, puesto que se hace de una manera telegráfica y muy genérica, que entendemos que no cubre las necesidad de individualización (argumentación) exigible al articular un motivo jurídico de suplicación; valga como ejemplo la justificación del quinto motivo, que recoge en apenas dos líneas el razonamiento aplicado al caso de lo que podría convertirse en una revocación de la Sentencia. Esta manera que estructurar diversas causas del recurso no es aceptable y, en buena lid, debería conducirnos a rechazar esa parte jurídica del recurso directamente. Aparte de que el aparato jurisprudencial empleado no tiene que ver con lo argumentado o directamente es apócrifo, como esta Sala ha podido comprobar.

2.- Se ha de recordar, ante todo, que el actor tiene, en la fecha del hecho causante, 39 años, que ha fumado durante 25 años entre media y tres cuartos de cajetilla diariamente (10 - 15 pitillos/día); que presta servicios en una zona del almacén, donde tiene contacto con los productos ya finalizados y preparados para el consumidor final, sin que accediese a la fábrica de electrodos. El almacén está separado totalmente de la fábrica y de las denominadas zonas sucias. El polvo de grafito no es un agente cancerígeno. Su enfermedad está directamente -según todos los estudios médicos- relacionada con el consumo del tabaco. No presenta ningún dato patológico de exposición al polvo de carbón. En la zona de almacén no hay mediciones ambientales, porque no se preveía la realidad de un riesgo a exposición de HAPS u otro agente cancerígeno, de hecho, en más de veinticinco años ningún trabajador de la empresa (incluso en los centros en el extranjero) ha desarrollado la dolencia del Sr. Arturo.

QUINTO.- 1.- Comenzaremos por los motivos cuarto, quinto, séptimo y octavo, que constituyen la misma infracción (sana crítica) y han sido articulados indebidamente, dado que nos hallamos ante un motivo realmente de nulidad y no de censura, lo que abocaría de manera directa a su rechazo. En todo caso, podríamos recordar en este punto el criterio expuesto en otras decisiones anteriores -por todas, SSTSJ Galicia 07/04/26 R. 5618/25, 11/02/26 R. 2567/25, 13/05/25 R. 3149/24, 11/02/25 R. 1851/24, 04/06/24 R. 2111/23, etc.-, donde decíamos que la valoración de la prueba ha de llevarse a cabo conforme a las reglas de la sana crítica ( STC 272/1994, de 17/Octubre); y ello, implica que el Juzgador de instancia ha de realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, lo que excluye deducciones arbitrarias, irracionales o absurdas ( STC 175/1985, de 15/Febrero), habiéndose afirmado - STS 31/05/90 (ECLI:ES:TS:1990:4148)- que la facultad de libre apreciación de la prueba otorgada al Juez de instancia no puede convertirse en instrumento que permita llegar a conclusiones fácticas inadmisibles o contrarias a la lógica jurídica, y que su libre apreciación sea además razonada para que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano judicial ( STC 24/1990, de 15/Febrero). Y, en todo caso, esa actuación de acuerdo a las reglas de la sana crítica presupone una mínima actividad probatoria que sirva de fundamento a las conclusiones de hecho [ STC 37/1985, de 08/Marzo; STS 21/03/90 ( ECLI:ES:TS:1990:4148); y SSTSJ Galicia -entre otros- 30/01/24 R. 5404/23, 11/11/22 R. 4879/22,...]. Pues bien, la deducción obtenida de la prueba practicada no nos parece que sea irracional, arbitraria o absurda, por lo que la censura dirigida debe ser rechazada, habida cuenta de que, ante el material probatorio aportado por ambas partes, infiere el relato -y las circunstancias- reflejado en la Sentencia, un criterio que, al margen de que compartimos, no merece un reproche como el dirigido contra él. Es más, la pretensión del recurrente es elegir un determinado material probatorio frente a otro, que ha sido el elegido en la Instancia, justificándolo. No puede sostenerse reproche alguno a la apreciación de los hechos probados sobre la base de la prueba practicada.

Al margen de que ha habido un proceso con todas las garantías y un pronunciamiento fundado en derecho y atribuyendo (conforme al artículo 217 LEC) la carga de la prueba a la parte a la que corresponde (los hechos constitutivos han de demostrarse por beneficiario: presencia del agente mórbido, entre otros). En definitiva, no se ha producido una infracción de la carga de la prueba, puesto que, tal como tenemos señalado en precedentes ocasiones -valgan por todas, SSTSJ Galicia 30/01/26 R. 4272/25, 08/07/24 R. 6928/22, 05/09/23 R. 4903/23, 07/03/23 R. 461/23, 18/11/22 R. 5464/22, etc.- y conforme a reiterados precedentes del extinguido Tribunal Central de Trabajo, la actual doctrina jurisprudencial es unánime a la hora de negar la posibilidad de que en trámite del presente recurso se pueda alegar la infracción del artículo 217 LEC (antiguo artículo 1.214 del Código Civil). En palabras de la STS 11/02/92 Ar. 974, ese artículo 1.214 «no contiene norma alguna sobre valoración de la prueba, sino simplemente regula la distribución de su carga. No se trata, por ello, de que se hubiera infringido o inaplicado tal precepto, sino de si el juzgador de instancia ha apreciado las pruebas conforme lo que previene el artículo 97.2 de la LPL [actual artículo 97.2 LJS], para cuyo caso debería de haberse apoyado en alguna revisión a que se refiere el artículo 191.b) de la LPL [actual artículo 193.b) LJS]». La doctrina de los Tribunales tan sólo admite una excepción, y es la de que la indicada norma sobre el onus probandi hubiese sido el único apoyo positivo utilizado en la sentencia impugnada para fundamentar el sentido de la parte dispositiva, atribuyendo aquella carga a quien no correspondía la obligación de soportarla. Mas este no es el supuesto presente, dado que el Magistrado de Instancia se ha fundado en distintos informes periciales, declaraciones testificales, etc., para descartar la presencia de HAPS en la zona de almacén, considerando insuficientes las pruebas aportadas por el actor -que es quien debe demostrar los hechos constitutivos de su demanda, y, por lo tanto, que a él correspondía probar ( artículo 217 LEC) .

2.- Nuevamente, destacamos que distintas resoluciones judiciales empleadas nada tienen que ver con lo que se discute, presentándose como base de su argumentación e, incluso, directamente se han inventado. Entre ellas, esta Sala puede indicar, a modo de ejemplo, la STS 12/04/19 R. 4123/17, que se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo y en el que se ha entrecomillado una cita, que es falsa; la STC 98/2019, que atañe a la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña y cuya cita también es inventada; la STS 23/03/21 R. 2341/19, que no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18, que concuerda con un ATS y cuyo texto entrecomillado es mendaz; y así otras.

SEXTO.- 1.- La censura jurídica es inviable, porque no podemos encajar ni el agente mórbido, ni la actividad ni la lesión en la enfermedad profesional 6J0209. En este punto, debemos recordar que, en nuestro sistema de Seguridad Social, la enfermedad tiene cabida entre las contingencias profesionales por tres caminos diferentes: uno, la propiamente llamada enfermedad profesional ( artículo 157 LGSS ), otro, como enfermedad del trabajo [ artículo 156.2.e) LGSS], y el último, como dolencia preexistente [ artículo 156.2.f) LGSS].

2.- Aquí nos centraremos exclusivamente en el primero, que es el caso presente, porque la llamada «enfermedad profesional» se entiende - artículo 157 LGSS- como «la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional». De esta forma es claro -valgan por todas, SSTSJ Galicia 13/05/26 R. 5078/25, 16/04/26 R. 4447/25, 03/12/25 R. 1300/25, 07/05/25 R. 4934/24, 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.- que la EP requiere el triple presupuesto de estar listados -en sistema de lista cerrada, salvo en algunos apartados abiertos que razonablemente permiten la vía analógica- la enfermedad, la actividad profesional y el agente causante; o lo que es igual, son necesarios los elementos etiológico y enumerativo, y además ha de darse una rígida relación de causalidad -«por consecuencia», no «con ocasión»- entre el trabajo y elemento desencadenante de la patología.

La primera cuestión que ha de resolverse es si se ha construido una presunción al definir las enfermedades profesionales y, consecuentemente, su carácter (iuris tantum o iuris et de iure), porque será la base necesaria para alcanzar la solución al conflicto jurídico planteado. De manera resumida, es nuestro parecer (expresado en las SSTSJ Galicia 03/03/25 R. 3246/24, 22/09/24 R. 5822/23, 08/07/24 R. 5026/23, 06/05/24 R. 2796/23, etc.-,...; donde se podrá encontrar el completo razonamiento) que la descripción que en el artículo 157 LGSS se hace de aquélla, supone una presunción, puesto que acreditado por el interesado la existencia de una enfermedad listada, de la propia actividad y del agente desencadenante, se dispensa de prueba acerca de la condición profesional de la patología sufrida (y así se ha calificado en algunas SSTSJ Cantabria 20/11/03 AS 2004\778, 27/11/92 AS 5594 o Andalucía\Málaga 27/03/95 AS 1028), La segunda cuestión es si dicha presunción ha de calificarse como iuris tantum o iuris et de iure, esto es, de si cabe o no prueba en contrario o, en palabras del artículo 385.2 LEC, de si puede o no demostrarse «[...] tanto [...] la inexistencia del hecho presunto como [...] que no existe [...] el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción» o, por el contrario, la ley lo prohíbe. Por decirlo de manera sucinta (véanse las SSTJG citadas), nuestra opinión es entender que el actual artículo 157 LGSS construye simplemente una presunción iuris tantum, ya que hacerlo de otro modo contradiría no sólo la normativa anterior ( artículos 1249 a 1251 del Código Civil -ya derogados-), sino también la actual ( artículos 4.2 del Código Civil y 385.3 LEC) . De esta forma, nuestro parecer es que en el artículo 157 LGSS se ha elaborado una mera presunción de esa clase, que podría desvirtuarse mediante una demostración suficiente que acreditase que el correspondiente agente mórbido no ha estado jamás presente en la vida laboral del beneficiario o que no es susceptible en su caso de causar sus padecimientos (por ejemplo, por no presentar reacciones alérgicas frente al mismo) o, en definitiva, que no desarrolló la actividad reglada ni sufrió alguna de las enfermedades recogidas en el cuadro anexo al RD. Criterio éste que también se ha visto recogido en la STS 09/05/06 -rcud 2932/04-, y mantenido en las más recientes SSTS 08/07/22 -rcud 24/20-; y 28/11/23 -rcud 3453/20-.

3.- En este concreto supuesto, coincidimos con la Instancia en que no están presentes los tres elementos a los que nos referíamos: enfermedad, actividad y agente desencadenante, porque la enfermedad profesional se describe, bajo el epígrafe 6J0209 «Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), productos de destilación del carbón: hollín, alquitrán, betún, brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta y a los compuestos, productos, residuos de estas sustancias y a otros factores carcinógenos. Destilación de la hulla», «Carcinoma de células escamosas», «Fabricación de electrodos»; y la cuestión aquí es que el actor no se dedica a la fabricación de electrodos -nunca lo ha hecho, ni ha accedido a las zonas industriales donde se fabrican, así lo declaran los hechos probados-, sino al empaquetado y almacenaje del producto final, lo que hace inane la remisión a la definición de la enfermedad profesional, pues está ausente no solo la actividad, sino -y sobre todo- el agente mórbido.

4.- Debemos dar nuevamente cuenta de que los entrecomillados empleados de resoluciones judiciales no existen y son claramente inventados, sin que -además- las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 concuerden -en absoluto- con asuntos de enfermedades profesionales, pues todas ellas son Autos y no Sentencias, relativas a una inadmisión, un recargo de prestaciones y un desempleo, respectivamente; y la STJUE correspondiente al número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado.

SÉPTIMO.- Los dos siguientes motivos los rechazamos de plano, porque no tienen válida denuncia normativa o jurisprudencial, ya que el rec. núm. 1832/18 se corresponde con un ATS sobre la estabilización de las dolencias en un proceso de IP, el rec. núm. 2134/20, también es un ATS y relativo al devengo de una retribución variable; el rec. núm. 3421/19, a una jubilación anticipada; el rec. núm. 2341/19 no existe; la STJUE C-404/21 se refiere a la transferencia de derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones al régimen de pensiones del BCE; y, finalmente, la STSJ Asturias, trata de una IP que no expresa lo que la parte recurrente ha entrecomillado.

Podemos reiterar (sólo entre las últimas, SSTSJ Galicia 13/05/25 R. 3885/25, 14/04/26 R. 5261/25, 08/04/26 R. 4145/25, 08/04/26 R. 5002/25, 04/02/26 R. 3715/25, etc.) que la naturaleza extraordinaria del recurso ( STS 07/05/96 -rcud 3544/94-) implica que el Tribunal de suplicación tan solo deba examinar -cuestiones de orden público procesal aparte- aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por los recurrentes, no siéndole hacedero abordar las infracciones no denunciadas o que no lo hubiesen sido con arreglo a las referidas formalidades, porque ( STS 24/06/92 -rec. 2010/91-) el incumplimiento de tal carga procesal de la parte no puede ser suplida por el órgano judicial, abocado a la neutralidad y a velar por el equilibrio procesal y tutela judicial en los términos exigidos por el artículo 75 LJS.

OCTAVO.- Y, finalmente, el motivo relativo a la prevención de riesgos laborales carece de relevancia en este ámbito, en el que se está discutiendo la contingencia de una baja; podría tenerlo en otros ámbitos, pero no en este; aparte de que no se ha constatado ninguna infracción específica, porque en la zona del almacén no hay presencia de HAPS ni otro agente cancerígeno, ya que el actor manipula el mismo producto que llega al consumidor final, lo que hace inane cualquier argumentación sobre esta eventual obligación. Las dos SSTS no se identifican correctamente, porque el rec. núm. 2341/20 se corresponde con la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia; y el rec. núm. 1234/21, se corresponde con un ATS relativo a la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija, esto significa que los párrafos entrecomillados que se recogen no existen y, por lo tanto y como en la mayoría de sentencias citadas, son claramente resultado de la creatividad del recurrente.

NOVENO.- Finalmente y a lo largo de esta Sentencia hemos dejado constancia de múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas, que se han detectado en el Recurso de Suplicación. Recurso que tiene una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de inteligencia artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes «alucinaciones» ofrecidas. Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio. La otra opción, que el Letrado haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz), comportaría un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos quizás, aparte la censura moral, y que esta Sala quiere descartar de entrada.

Todos los textos entrecomillados y las propias Sentencias, atribuidos al Tribunal Supremo y a otros Tribunales a lo largo del escrito interpuesto hilvanan un discurso coherente y ponderado, pero se hallan extramuros a lo que esta Sala ha conseguido verificar en el CENDOJ: son falsas. En total, son veinticuatro citas -y sus textos adicionados- las que se desgranan a lo largo del escrito de suplicación y constituyen -¡qué duda cabe!- un ejercicio de libérrima creatividad jurídica. Veámoslas agrupadas:

(a) Las citas de las SSTC 142/2015 y 60/2008, así como la de la STS 459/2022 son inventadas y no se corresponden con ningún párrafo de dichas resoluciones. Y la STS 892/2021 no tiene que ver con la imparcialidad, sino con la motivación.

(b) Las SSTS 23/01/20 R. 2832/17, 15/03/22 R. 4123/19 o 28/09/21 R. 1543/19 no existen, pues son todas ellas autos y no sentencias, sus fechas no casan con los números de recursos y, además, sus entrecomillados son falsos; y la STJUE con ese número de recurso (C-127/2019) trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pite ti (Rumanía) el 18/02/19, donde -evidentemente- no se recoge el texto entrecomillado empleado, que es fruto del ingenio del Letrado.

(c) Las citas de las SSTS 21/09/20 R. 1832/18, 14/12/22 R. 2134/20, 12/04/19 R. 4123/17, 23/03/21 R. 2341/19, 18/06/20 R. 3241/18, 05/03/13 R. 1478/12, 14/04/21 R. 2156/19, 12/11/20 R. 3421/18 y 342/2022, y de la STC 98/2019, son apócrifas, porque o bien no existen o bien no se corresponden con lo que se hace constar. Es más, la STS 21/09/20 R. 1832/18, concuerda con un ATS sobre la estabilización en las dolencias de una IPT; la STS 14/12/22 R. 2134/20, es un ATS sobre retribuciones variables; la STS 12/04/19 R. 4123/17 se corresponde con un ATS sobre la indemnización de un despido objetivo; la STC 98/2019 tiene que ver con la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña; la STS 23/03/21 R. 2341/19 no existe; la STS 18/06/20 R. 3241/18 encaja con un ATS sobre sucesión de empresas; la STS 14/04/21 R. 2156/19, con un ATS sobre un despido; la STS 12/11/20 R. 3421/18, con otro ATS sobre responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo; y la STS 342/2022, se corresponde con un asunto relativo a un préstamo hipotecario con consumidores y la nulidad de cláusulas abusivas.

(d) Las citas de las SSTS 23/03/21 R. 2341/19 y 15/02/22 R. 3421/20, la STJUE C-404/21 y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 tampoco son auténticas. Así, la STS 15/02/22 R. 3421/20 es un ATS referido a una jubilación parcial; la STJUE C-404/21 se refiere en realidad a derechos de pensiones y no a enfermedades profesionales; y la STSJ Asturias núm. 753/2020, 28/04/20 resuelve el debate sobre la base reguladora de una pensión de incapacidad, y la cosa juzgada. Y,

(e) Las citas de las STS 27/01/23 R. 1234/21 y 15/09/22 R. 2341/20, y STJUE C-49/00 son nuevamente inventadas. De hecho, la STS 27/01/23 R. 1234/21 encaja con un ATS relativo la conversión del contrato temporal de interinidad por vacante en una relación indefinida fija; y la STS 15/09/22 R. 2341/20 se corresponde con una sentencia sobre la reclamación de un trabajador que superó un proceso de selección para la contratación temporal convocado por una fundación pública dependiente de la Xunta de Galicia.

Aunque no es algo insólito en la práctica forense en los últimos tiempos [podría recordarse, para todos, el muy fundado ATSJ Canarias (Sala de lo Civil y Penal) 10/02/26 R. 140/25, sobre una actuación similar y que nos sirve de orientación], tales hallazgos, a juicio de la Sala, evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo -a lo que creemos-, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos. Presunta falta esta que, lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal al Letrado firmante del recurso de suplicación. En consecuencia,