Sentencia Social 445/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4413/2025 de 27 de enero del 2026

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social Nº 29 de Barcelona (en la actualidad Sección Social del Tribunal de Instancia de Barcelona Plaza nº 29), se ha seguido procedimiento sobre incapacidad permanente(Autos 785/2024), a instancia de Dª María Angeles contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, habiéndose dictado sentencia en fecha 8-4-2025 en la que estima la demanda, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, con las consecuencias legales inherentes.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formula el presente recurso de suplicación, en el que alegan sendos motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que se revoque la de instancia, absolviendo a dicho Instituto de los pedimentos de la demanda.

La parte actora ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos esgrimidos en el mismos, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- En el primer motivo del recurso de recurso la parte recurrente esgrime la revisión fáctica, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Solicita la modificación del Hecho Probado Quinto.

La parte actora, en su escrito de impugnación, se opone a la modificación, alegando, en resumen, que no se evidencia un error en la valoración judicial.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los parámetros expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica pretendida.

Se solicita la modificación del Hecho Probado Quinto, cuya redacción es la siguiente: "Las lesiones de la parte actora se concretan en: Fibromialgia en grados III, IV, síndrome de fatiga crónica en grado grave (FIQr 65,0), síndrome del colon irritable (ritmo deposicional alternante), ovario poliquístico en control y/o tratamiento con funcionalismo conservado a la exploración física, sin déficit cognitivo."

Como texto alternativo, se proponeque, respecto al síndrome de fatiga crónica se suprima el calificativo de grave.

Alega la parte recurrente que no existe ninguna prueba objetiva que determine que dicha patología sea de grado grave, pues el cuestionario FIQ R, consiste en un cuestionario que efectúa el propio paciente.

Ha de desestimarse la modificación interesada.La parte recurrente no cita prueba documental ni pericial en que se fundamenta. Debe señalarse que la Magistrada de instancia, según recoge en el Fundamento de Derecho Tercero, valora la gravedad tanto de la fibromialgia como de la fatiga crónica con fundamento en el documento nº 3 de la parte actora, informe de 12-3-2025, de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Vall d'Hebron, y la sintomatología recogida en el mismo.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, se dirige a la censura jurídica, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Se denuncia, la infracción del artículo 194.5 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria vigesimosexta del mismo.

La parte recurrente, en síntesis, argumenta que las patologías más relevantes de la actora son fibromialgia y fatiga crónica, dos patologías que no son susceptibles de determinación objetiva; y que la mismas se valoran en relación a un cuestionario (FIG), en EL que se recoge la valoración subjetiva del paciente, y que el mismo no es una prueba objetiva, que acredite la gravedad, con cita se la sentencia de esta Sala de 9-12-2022 (Rec. 5206/2022). Concluye que la valoración del SGAM es correcta en el sentido de que no existe clínica invalidante.

La parte actora, en su escrito de impugnación, se opone a este motivo, alegando, en sustancia, que el cuadro de severidad en la fibromialgia y de la fatiga crónica ha quedado probado, por los informes de seguimiento de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Vall d'Hebron desde el año 2019.

SEXTO.- Para la resolución de este motivo del recurso, se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ,en la redacción aplicable en este caso, establece, con carácter general: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación."

Conforme al artículo 194.1 del citado Textola incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la actualidad Gran incapacidad, modificado por la Ley 2/2025, de 29 de abril).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto,hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194. "5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión y oficio".

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de incapacidad más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4.88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mimas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión y oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna realización de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allá cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimo de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88), o un incremento del riesgo físico propio o ajeno ( SS del TSJ de Castilla-La Mancha de 22 de febrero de 1994 , 25 de abril de 1995 y 10 de febrero de 1998). No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá incapacidad permanente absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88). Es en tal sentido que se ha declarado que lo establecido en dicho precepto, al definir la incapacidad absoluta para todo trabajo, no debe ser objeto de una interpretación literal y rígida, que llevaría a una imposibilidad de su aplicación, sino que ha de serlo de forma flexible ( SSTS de de 2 de marzo de 1.979, 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009, y 1 de diciembre de 2009).

La aptitud laboral no puede interpretarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, como la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal, sino que ha de referirse a la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa, habiendo precisado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que la definición legal de la incapacidad absoluta "no puede entenderse en sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular en determinados empleos", lo que hace que la calificación de la incapacidad permanente absoluta sea "un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador", que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1.979 , 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009 , y 1 de diciembre de 2009 -cita literal -, y 6 de marzo de 1.989).

SÉPTIMO.- Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial aplicable, debe examinarse el presente caso.

Debe partirse del relato fáctico de la sentencia, que permanece inalterado al haberse desestimado la pretensión revisoria, y que consta en los antecedentes de hecho de esta sentencia, dándose aquí por reproducido. En concreto, del Hecho Probado Quinto, que describe las patologías que presenta la actora, y donde se indican las siguientes: Fibromialgia en grados III, IV, síndrome de fatiga crónica en grado grave (FIQr 65,0), síndrome del colon irritable (ritmo deposicional alternante), ovario poliquístico en control y/o tratamiento con funcionalismo conservado a la exploración física, sin déficit cognitivo."

Por otra parte, en el Fundamento de Derecho Tercero, con base en el informe de evolución emitido por la Unidad de Fatiga crónica del Hospital de la Vall d'Hebron de fecha 12-3-2025 (documento nº 3 de la parte actora), se señala, con valor de hecho probado: "A lo largo del seguimiento la paciente ha presentado un empeoramiento de la síntomatología de la fatiga, la cual se presenta con la realización de mínimas actividades cotidianas. Ante pequeños esfuerzos padece de malestar postesfuerzo que se prolonga más allá de 72 horas después de realizar el esfuerzo. Se acompaña de sueño no reparador, hecho que contribuyea perpetuar la sintomatología de la fatiga. Desde el punto de vista cognitivo presenta dificultades en la concentración, en la memoria inmediata, "brainfog" y padece de dificultades en la evocación del lenguaje. Padece cefaleas frecuentes. Ha desarrollado hipersensibilidad a la luz intensa. lntolera los cambios de temperatura, especialmente el calor. Añade mareos de forma ocasional. Presenta aftas orales recurrentes. La paciente presenta dolores en forma de artromialgias generalizadas, con escaso control con tratamiento farmacológico y a pesar de terapia multicomponente. Se ha recomendado el iniciar suplementos de coenzimaQ10 y NADH, compuesto que ha demostrado escasa evidencia en mejorar los síntomas del síndrome de fatiga crónica. Por todo ello la paciente presenta importantes limitaciones para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, tanto domésticas como laborales, físicas e intelectuales, lo que conlleva a una clara disminución de la calidad de vida. No es esperable que la paciente presente mejoría alguna a medio-largo plazo dada la historia natural del síndrome de fatiga crónica y la ausencia de tratamientos efectivos en la actualidad".

Con fundamento en el cuadro patológico expuesto, la Magistrada de instancia ha concluido que la actora es tributaria de la situación de incapacidad permanente absoluta. Conclusión que es compartida por esta Sala; atendiendo especialmente a las patologías de fibromialgia grado III-IV y fatiga crónica grave que padece, así como la sintomatología y la afectación funcional intensa que se declara probada.

En este sentido respecto a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica ya se ha pronunciado esta Sala en reiteradas sentencias, señalando que las mismas pueden dar lugar a una incapacidad permanente absoluta o total, en función de que produzcan imposibilidad para realizar las tareas más livianas, o impliquen la limitación exclusivamente para esfuerzos intensos por aparecer un cansancio precoz, y, finalmente, inexistencia de repercusión funcional alguna, al ser posible el desarrollo de un actividad laboral normalizada [ Sentencias de esta Sala de 20-12-2022 ( Rec. 3199/2022) de 14-12-2022 ( Rec. 6651/2022), entre otras]. Se aprecia la incapacidad permanente absoluta, cuando existe una notoria [ STSJ Catalunya de 10 de diciembre de 2005 (JUR 20054637), de 3 de Noviembre del 2010 ( ROJ: STSJ CAT 8520/2010) Recurso: 1120/2010; del 22 de Abril del 2010 ( ROJ: STSJ CAT 4507/2010) Recurso: 3575/2009 1352/2008] o también cuando concurre con otras enfermedades significativas [ STSJ Catalunya 23 marzo 2006 JUR 200641267). SSTSJ 12 de Enero del 2011 ( ROJ: STSJ CAT 15/2011) Recurso: 2112/2010. STSJ, 5 de Diciembre del 2009 (ROJ: STSJ CAT 14398/2009); 21 de Julio del 2009 ( ROJ: STSJ CAT 9437/2009), Recurso: 4966/2008]. Se aprecia la incapacidad permanente total para profesiones de esfuerzo físico, cuando se haya calificada como moderada ( SS. de 19-11-2010, 29-11-2010 , 13-12-2010 , 30-9-2011 , 20-3-2012 , 26-3-2012 y 28-3-2012).

En este caso se cumplen los requisitos expuestos, para considerar a la actora tributaria de incapacidad permanente absoluta. Debe señalarse que, contrariamente a lo señalado por la parte recurrente, la gravedad tanto de la fibromialgia como de la fatiga crónica no se fundamenta únicamente en la encuesta FIQ R, sino en la existencia de una sintomatología y afectación funcional extensa descrita en el informe de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital de la Vall d'Hebron, de la sanidad pública, en la que se hace el seguimiento de la actora.

Razones que llevan, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada, a desestimar este segundo motivo del recurso.

OCTAVO.-Por todo lo expuesto, ha de desestimarse el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,