Sentencia Social 1064/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 652/2023 de 27 de marzo del 2025

PRIMERO.- I.-En fecha 13 de diciembre de 2022, el Juzgado de lo Social núm. 5 de los de Córdoba dictó sentencia en el procedimiento núm. 611/21, frente a la que se alza la empresa recurrente. En la referida resolución se estima parcialmente la demanda formulada por D. Cosme contra la empresa EMERGIA CONTACT CENTER, declarando que la extinción de la relación laboral llevada a cabo con efectos del 22/3/2021 tiene la consideración de un despido improcedente, con condena de la empresa a que opte entre la readmisión del trabajador de forma inmediata en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que estaban vigentes en aquel momento o la extinción del contrato de trabajo con la consiguiente indemnización, que ascenderá a la cuantía de 214,68 euros, debiendo abonar la empleadora además al actor la suma de 1730 euros por las comisiones dejadas de percibir durante el desarrollo de la relación laboral, más 173,00 euros en concepto de intereses de demora.

Las razones, en cuanto a lo relevante para nuestro recurso, de la magistrada de instancia para adoptar tal decisión son las siguientes:

- "La empresa alega que ha dejado de prestar dicho servicio y aporta un documento de sucesión empresarial (documento 6 de su ramo de prueba) en el que se acredita que fecha 12/3/2021 la empresa KONECTA BTO, S.L.U. adquiere la Unidad de Producción Autónoma "Servicios CVM Córdoba", asumiendo por subrogación los contratos de todos los trabajadores adscritos a la citada unidad productiva. La relación de KONECTA BTO, S.L.U. Y "Servicios CVM Córdoba" con el contrato mercantil entre XFERA MÓVILES, S.A. y EMERGIA CONTACT CENTER no ha sido explicada ni probada en ningún momento del proceso, por lo que se entiende una cuestión ajena a dicha relación mercantil que, en ausencia de prueba en contra, debe entenderse vigente a fecha de la terminación de la prórroga del contrato temporal, lo que convierte la extinción del contrato en un despido improcedente, con derecho a la indemnización de 335,47 euros de la que se debe restar los 120,79 euros abonados en concepto de indemnización por terminación de contrato temporal, ascendiendo a un total de 214,68 euros."

- "Nada se ha acreditado sobre las comisiones correspondientes a las altas y ventas a las que se refieren los documentos 1 y 3 de la Más documental del demandante, que el testigo ha reconocido como perteneciente a la empresa, si bien ha matizado que de dichos importes el trabajador sólo tiene derecho al cobro de la mitad. La afirmación del testigo no va acompañada de prueba documental alguna, resultando extraño que se documente tan cumplidamente el tema de las ratios para el cobro de incentivos y no se haya aportado nada en relación con la tabla de comisiones que sí aporta la parte actora; por tanto, la ausencia de prueba que contradiga o matice la tabla y listado aportados por el actor, teniendo en este caso la empresa la facilidad probatoria conforme al art. 217 LEC para aportar documentos justificativos de la real actividad del actor."

II.-Frente a la anterior sentencia, interpone recurso de suplicación la demandada alegando tres motivos al amparo de la letra b) y dos de la letra c) del art. 193 LRJS. Consta impugnación de la demandada.

SEGUNDO.- I.-Según una consolidada jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que recogen y aplican las sentencias de 2 de marzo de 2016 (Rco. 221/2015 ), 13 de mayo de 2019 (Rec. 246/2018 ) y 4 de julio de 2019 (Rec. 89/2018 ), la viabilidad de la reforma fáctica en sede de recurso extraordinario está supeditada a que se cumplan entre otros los siguientes requisitos: 1.º) Ha de fundarse en un elemento probatorio obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de prueba documental o pericial, con exclusión de otros medios, y la eficacia propia de aquéllos; 2.º) La prueba designada ha de evidenciar el error denunciado de forma clara, directa y patente por su propia fuerza demostrativa directa sin necesidad de acudir a deducciones, conjeturas o suposiciones más o menos lógicas o a interpretaciones valorativas, no pudiéndose sustituir totalmente la valoración judicial por la de la parte; 3.º) El dato evidenciado por el documento alegado no puede entrar en contradicción con lo que resulte de otros elementos de prueba a los que el Juez de instancia haya otorgado razonadamente mayor valor pues en tal caso no se trata de un problema de error de hecho sino de discrepancia con la valoración de los medios de prueba, la cual corresponde al órgano "a quo"; 4.º) La modificación propuesta debe tener trascendencia para una eventual modificación del fallo de instancia, si bien no se puede descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal juicio de intrascendencia podría no ser compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver en unificación de doctrina; de forma que solo debe ser rechazada la revisión cuando ésta sea banal, es decir, se refiera a hechos irrelevantes absolutamente ajenos a la cuestión litigiosa; 5.º) La modificación que se pretenda no debe comportar valoraciones jurídicas, pues las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

II.-Descendiendo al caso concreto sometido a la consideración de la Sala, interesa el recurrente la revisión del hecho primero para el que propone la siguiente redacción (se recogen en negrita las modificaciones interesadas):

"D. Cosme ha prestado servicios para la empresa demandada desde el 12/11/2020 hasta el 11/3/2021, fecha en que expira el plazo del tiempo convenido en la comunicación de prórroga de su contrato temporal.Su categoría profesional era de Teleoperador Nivel 11, con jornada a tiempo parcial de 25 horas semanales y salario a efectos de despido de 742,10 euros al mes.

El contrato tiene una fecha de terminación de 11/1/2021, si bien es prorrogado desde el día 12/1/2021 hasta el día 11/3/2021, día en el que al trabajador se le comunica la finalización de la prórroga de su contrato de trabajo temporal por correo electrónico. El trabajador finaliza su relación laboral con la empresa el día 11/3/2021 mientras que la empresa, hasta el 22/3/2021, cotiza por las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas por el trabajado, y cuyo abono se realiza junto con la liquidación de haberes correspondiente a la finalización de la relación laboral.

El objeto de la contratación, según se indica en el contrato, es proporcionar los servicios de atención telefónica para la Compañía Xfera Moviles, S.A. en la gestión de todas las llamadas de carácter general y de carácter técnico (...). En concreto, el objeto del contrato es la prestación de cobertura de los citados servicios contratados por XFERA MÓVILES, S.A. a EMERGIA CONTACT CENTER y que vienen regulados en el contrato mercantil firmado por las partes (documentos 1 a 3 de la parte demandada)."

Ciertamente de los documentos citados, en particular de la comunicación de finalización del contrato cursada por la empresa al actor, se deduce de manera directa e incontestable que la fecha de cese del trabajador coincide con la establecida en el documento de prórroga, 11 de marzo de 2021, obedeciendo las posteriores cotizaciones de la empleadora por el productor en Seguridad Social a los días de vacaciones pendientes de disfrute que le fueron compensados económicamente en la liquidación de haberes, por lo que aún cuando en el siguiente ordinal fáctico se alude a tales circunstancias, para evitar toda posible confusión se entiende que procede atender la revisión propuesta por ser la información en la que se centra de trascendencia para la resolución de la controversia.

III.-A continuación se solicita la adición al primer párrafo del hecho probado segundo de un inciso, proponiendo que se dé al mismo la siguiente redacción (el añadido está en negrita):

"Con fecha 12/3/2021 la empresa KONECTA BTO, S.L.U adquiere de Más Móvil (Xfera Móviles S.A.), en virtud de Contrato de Compraventa de activos y pasivos de fecha 12 de marzo de 2021la Unidad de Producción Autónoma "Servicios CVM Córdoba" asumiendo por subrogación los contratos de todos los trabajadores adscritos a la citada unidad productiva (documento 6 de la demandada)."

De la documentación indicada -documento 6 de la demandada- que es precisamente la tenida en cuenta por la juez que presidió la vista y a la que corresponde hacer valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se desprende que Más Móvil fue la que, en virtud de contrato de compraventa de activos y pasivos de fecha 12 de marzo de 2021 transmitió la UPA en cuestión a Konecta BTO, S.L.U., por lo que se admite el complemento del hecho probado en tal sentido, en cuanto que ello ofrece mayor claridad en torno a la operación descrita, con independencia de la relevancia que ello haya de tener en el resultado del litigio. No se desprende, sin embargo, del meritado documento la identidad que se pretende entre Más Móvil y Xfera Móviles, S.A. lo que determina la omisión de tal dato.

IV.-Por último se solicita la sustitución de los párrafos tercero y cuarto del hecho probado tercero por un texto del siguiente tenor:

"Los datos de incentivos de enero indican que el trabajador generó en diciembre el derecho de cobro por comisiones en concepto de bajas de terminales la cantidad de 63,00 €; por ventas realizadas, 38,00 € y por televisiones, 2,40 €, correspondiéndole un total de 103,40 y fueron abonados en la nómina de enero. Los datos de incentivos de febrero indican que el trabajador generó en enero el derecho de cobro por comisiones en concepto de terminales 120,00 €; por ventas, 20,00€ y por bajas de terminales 32,46€, correspondiéndole un total de 174,36 euros en el mes de enero, abonados en la nómina de febrero (documento 3 de la demandada)."

Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1986 "los conceptos jurídicos son expresiones técnicas jurídicas de matiz sustantivo, con las que el legislador da a conocer o define la esencia o núcleo de la institución de que se trata, que sean asequibles ordinariamente a la comprensión de sólo los juristas, no siendo propias del lenguaje común ordinario, que es el que el juzgador debe emplear, para narrar las conductas sometidas a su enjuiciamiento y decisión; la predeterminación del fallo es anticipar obligadamente el mismo porque al reproducir las palabras de la definición legal supongan juicios de valor que conduzcan positivamente a la calificación jurídica de la institución, adelantando inadecuadamente apreciaciones cuyo lugar justo ha de ser el de los fundamentos de la resolución y negativamente en cuanto si se suprimen dejan sin base el hecho y por tanto el juicio de valor que encierran ... los conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, además, no tienen otro alcance que el de su eliminación o más bien tenerlos por no puestos, según reiterada y constante doctrina de esta Sala plasmada en numerosas sentencias". En atención a tal criterio la revisión a la que se aspira del hecho probado discutido no puede ser admitida, en cuanto que la redacción que alternativamente se propone da prematura respuesta a la cuestión sometida a controversia cuya resolución ha de acometerse dentro de los fundamentos de derecho y no en la resultancia fáctica.

TERCERO.-Al amparo del apartado c del art. 193 de la LRJS, dentro de la censura jurídica, se denuncia vulneración de los arts. 15, 49.1.c), 55 y 56 del Estatuto de los trabajadores, estos últimos en relación con el 147.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

Mantiene la recurrente que "la premisa de la que parte el juzgador a quo no es cierta, puesto que de la documental aportada en el plenario, en concreto, la carta de subrogación que se entrega a la RLPT de los trabajadores, sí que se evidencia cuál es la conexión entre ambas situaciones. En esa comunicación se indica que la empresa de la de la que KONECTA adquirió la Unidad Productiva Autónoma fue de Yoigo Más Móvil, siendo esta denominación el nombre comercial de la denominación social XFERA MÓVILES S.A. Con base en todo lo indicado, la causa que motiva la formalización del contrato temporal desaparece una vez que se ha transmitido la UPA de XFERA MÓVILES S.A a KONECTA BTO suponiendo ello que la finalización del contrato temporal del demandante se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores en relación con el 49.1.c)."

Razones las expuestas que la Sala comparte por cuanto que del hecho de que Más Móvil transmitiera a Konecta BTO la UPA en relación con la cual la recurrente concertó el contrato mercantil de prestación de servicios que constituía el objeto del contrato temporal suscrito con el actor en el proceso, se infiere el término de la contrata, en cuanto que dificilmente podía subsistir la contrata concertada por Emergia con Más Móvil (Xfera Móviles, S.A.), una vez que ésta había dejado de ser la titular de la unidad productiva a la que se habían de proporcionar los servicios de atención telefónica convenidos. En consecuencia, han de ser estimadas las pretensiones del suplicante por ajustarse la finalización del contrato a lo establecido en el art. 49.1.c) del TRLET.

Muestra, asimismo, la empresa su disconformidad con la fecha tenida en cuenta en la sentencia como de terminación de la relación laboral que no es otra -se mantiene- que la prevista en la prórroga del contrato y la que se comunica al trabajador, de 11/03/2022, y no la coincidente con la de finalización de cotización de las vacaciones compensadas económicamente y ciertamente ello es así por cuanto que lo decisivo es la fecha del cese efectivo y real de la prestación de servicios que aquí se fija en la comunicación empresarial en la data expresada, a partir de la cual ha de entenderse extinguido el vínculo sin perjuicio de que la empleadora hubiera mantenido con posterioridad de alta al productor en Seguridad Social, en este caso, para cubrir el periodo correspondiente a las vacaciones que no fueron disfrutadas y sí compensadas económicamente, todo ello de conformidad con lo previsto en la LGSS. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo al tratar una cuestión relativa al cómputo del plazo de caducidad, estableciendo: "el dies a quo para el cómputo es el del cese real y efectivo en la prestación de servicios en la empresa ( TS 25-9-1995, R. 39/95 ), no aquel otro, como erróneamente decidió el Juez de instancia, en el que finaliza el devengo teórico de las vacaciones que, compensadas en metálico, correspondían al trabajador despedido, y cuyo tratamiento legal ( artículos 125.1, [situación asimilada al alta con cotización], 209.3 [situación de desempleo y nacimiento del derecho a la pertinente prestación] y 210.4 [cómputo a efectos prestacionales] de la Ley General de la Seguridad Social ) ninguna relación tiene con el plazo normativamente establecido para impugnar el despido.".

Ha de ser considerada, pues, la repetida data, 11 de marzo de 2022, como la de extinción de la relación laboral por finalización del contrato, según se interesa.

CUARTO.-En el segundo motivo de censura jurídica se denuncia infracción de los artículos 217 y 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 88.3 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social. En relación con la jurisprudencia, entendiéndose vulnerada la existente en torno a la carga de la prueba de los hechos negativos, recogida, -se dice- en concreto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/1987 de 10 de junio (F.J. 3) así como en la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1992 de 10 de febrero (F.J.2), ambas citadas en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 1158/2021 de 24 de noviembre de 2021. Además, se entiende vulnerada también la jurisprudencia existente sobre el deber de razonabilidad a la hora a la hora de valorar aquellos documentos contradictorios sobre los que pudiesen extraerse conclusiones incompatibles, en concreto la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1994.

Entiende la recurrente que la juzgadora a quo hace una interpretación errónea y contraria a la normativa que regula la carga de la prueba, así como de aquella que regula la valoración de los documentos privados cuyo contenido no ha sido reconocido y que, además, es contradictorio con el contenido de la documental propuesta por esta parte.

Parte la empresa de una premisa incorrecta cual es la relativa a que la juez de primer grado que, se ha de reiterar, es a la que corresponde hacer una valoración conjunta de la prueba practicada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, obtiene sus conclusiones fácticas, de forma exclusiva, de los documentos privados elaborados y aportados por el trabajador cuando en la propia resolución se argumenta que los documentos en cuestión fueron adverados por el testigo propuesto por la empresa que los reconoció como pertenecientes a la empleadora, todo lo cual conduce a considerar inaplicables al caso las críticas valorativas expuestas en torno a la ineficacia probatoria de tales documentos en cuanto que es la prueba testifical la que conduce a la juzgadora a dar por acreditados los datos consignados en los mismos. En otro orden de cosas, tampoco cabe tildar de irracionales las apreciaciones que en torno a su interpretación se hacen en sentencia, por cuanto que aún cuando el testigo, en lo que al importe de las comisiones se refiere,indica que se abonaba al trabajador el 50% de las cuantías establecidas, ninguna indicación al respecto consta en las relaciones por el mismo ratificadas, ni se ofrece tampoco explicación alguna que justifique tal deducción, por lo que se ha de considerar sensata y cabal la conclusión a la que llega la juzgadora. Lo expuesto conduce, para terminar, al rechazo de las alegaciones que se efectúan en torno a la prueba diabólica negativa que se dice se le ha exigido a la recurrente, en cuanto que con independencia de que fueran infructuosas las diligencias finales acordadas, se ha entendido suficiente la prueba practicada en el acto de juicio -documental avalada por la testifical antes referidas- para la constatación de las operaciones llevadas a término por el actor en el proceso y del sistema de comisiones pactado, de los que resulta la deuda declarada, no habiendo sido impugnados tales cálculos.

Debe ser, por lo indicado, rechazado el motivo en estudio.

Todo ello sin imposición de costas (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,