Sentencia Social 410/2024 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 428/2024 de 27 de mayo del 2024

PRIMERO.- El demandante solicitó la pensión de jubilación anticipada el NUM001/2017.

En la solicitud, el actor indicó como fecha de la jubilación el NUM001/2017, fecha de la extinción de la prestación de desempleo contributiva que percibía. La prestación de desempleo derivaba de un cese involuntario en la empresa "Ibercaja Banco, SA", el 03/07/2015.

En la fecha del hecho causante de la jubilación, el NUM001/2017, el interesado acreditaba 45 años y 4 meses cotizados, por lo que su edad ordinaria de jubilación eran los 65 años. Accedió a la jubilación a la edad de 63 años.

Consta acta ante el SAMA de Zaragoza de fecha 03/07/2015, en el que, previa solicitud del actor de extinción de la relación laboral formulada contra la entidad IBERCAJA BANCO S.A., conforme a lo dispuesto en el art. 50.1.a) del ET, se llegó a un acuerdo por el que se extingue la relación laboral reconociendo la citada entidad el perjuicio causado al trabajador. Se reconoce el percibo de la cantidad de 255.000 euros brutos en concepto de indemnización, indicándose que se abonarán el día 30/07/2015 en la cuenta que venía percibiendo la nómina.

No consta aportado el cobro de la correspondiente indemnización.

El 26/09/2022 el actor presentó escrito solicitando el complemento de maternidad al ser progenitor de dos hijos, conforme a la documental aportada. Dicha reclamación fue denegada por Resolución de 07/12/2022, por prescripción y por no ser el complemento de aplicación a la pensión de jubilación voluntaria anticipada.

Interpuesta demanda fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca.

Interpuesto recurso de suplicación por el demandante, fue impugnado por el INSS.

SEGUNDO.-Por el recurrente demandante, al amparo de lo dispuesto en el art. 233 de la LRJS, aporta un documento consistente en un certificado de la entidad Ibercaja S.A de fecha 20 de marzo de 2024 que acredita que el actor percibió el importe de la indemnización que consta en el Acta del SAMA de fecha 3 de julio de 2015, aportada como documento nº 3 con la demanda.

Alega que el recurrente, aportó, no solo el recibo bancario de la indemnización recibida en el momento de solicitar su jubilación ante el funcionario competente de la administración, sino que además aportó la carta de despido y el acta del SAMA de fecha 3 de julio de 2015.

Que por diligencia final se acordó la remisión del expediente administrativo por parte del INSS, que no fue remitido, por lo que es absolutamente necesario la aportación del documento nº 1 certificación de la entidad bancaria en el que consta el recibo del importe de la indemnización.

Por la parte impugnantedel recurso se opone a la aportación de dicho certificado , en base al principio de facilidad de la prueba, y si como sostiene otra documentación al expediente tramitado en el año 2017, debía haber aportado al menos una justificación (documentos con el sello de entrada del organismo) de la aportación de más documentación que la obrante en el expediente, pudiendo en el acto de vista haber aportado la documentación que ahora pretende sea incorporada, o podía haber comunicado en el acto de juicio la existencia de dicho certificado y la imposibilidad de aportar justificación del alcance de la actuación realizada en defensa de sus intereses, y solicitar, en su caso, al órgano juzgador, como diligencia final, un plazo para la aportación de dicho documento. Nada de eso fue realizado ni en el tiempo ni en la forma legalmente prevista, por lo que no se reúnen los requisitos establecidos en el citado artículo y procedería la Inadmisión de la documentación aportada de contrario.

TERCERO.- En cuanto a la aportación de nuevo documento, al amparo de lo dispuesto en el art. 233 de la LRJS, documento consistente en la certificación del abono de la indemnización pactada en el acto de conciliación , debe de tenerse en cuenta que por diligencia final fue requerido el INSS para la aportación de expediente administrativo, que fue aportado por la entidad gestora, como consta en el Expediente Judicial Electrónico, en el que consta el escrito de solicitud del complemento de maternidad, en el que se dice se aporta la siguiente documentación: Documento nº 2: Vida laboral; Documento nº 3 Libro de Familia; Documento nº 4 Declaración de jubilación anticipada involuntaria. Procedente de despido y desempleo, sin que conste certificado alguno del abono de la indemnización.

En dicho expediente constan como documentos: Certificado de Jubilación Ordinaria, Certificado de importes al cobro, Certificado de Rentas 2021, Informe de vida laboral, Libro de Familia, DNI, Resolución del INSS denegando el complemento de maternidad por prescripción , reclamación previa contra la resolución y resolución desestimando la reclamación previa ,en base a la existencia de prescripción y por el motivo de que: "no se tendrá derecho al complemento de maternidad, en los supuestos de acceso a la jubilación por voluntad de la interesada", justificantes de la notificación de las resoluciones.

Junto con la demanda se aportaron: 1) documento comunicado revalorización de pensión ,2) informe de vida laboral, 3) acta de conciliación en el SAMA de fecha 3 de julio de 2015, finalizado con avenencia en el que la empresa : "reconoce el perjuicio ocasionado al trabajador por las causas expresadas en el escrito de iniciación, se procede a extinguir la relación laboral en virtud de lo dispuesto en el art. 50.1 a) del ET , reconociendo el derecho del mismo al percibo de la cantidad de 255.000 euros brutos en concepto de indemnización, y la cantidad de 6.324,78 euros brutos en concepto de salarios adeudados y liquidación la ceses. El total de las cantidades adeudadas por importe de 261.324,78 euros brutos serán abonados al trabajador, una vez efectuadas las retenciones oportunas, el día 30 de julio de 2015, mediante bancaria en la cuanta en la que venía percibiendo su nómina.".4) Libro de Familia, 5) informe negativo de rechazos emitido por el Instituto Aragonés de Empleo.

Dice el artículo 233.1 de la LRJS: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

El TS ha manifestado en sentencia de fecha 20/6/20 (RCUD 4342/2022):

"Sobre la admisión de documentos durante la tramitación del recurso de casación para unificación de doctrina (RCUD), debemos partir del artículo 233.1 de la LRJS, que establece: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

En el mismo sentido, el art. 271 de la LEC, tras fijar igual prohibición sobre admisión de documentos después de la vista o juicio, añade: "2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o rectificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso (...)".

La doctrina de la Sala IV al respecto, según recuerdan, por todos, los AATS de 30 de septiembre de 2019 (R. 4947/2018), 30 de enero de 2023 (R. 924/2022) y 6 de febrero de 2023 (R. 2669/2021), 1 de junio de 2023 (R. 1279/2023), es de este tenor:

"(...) los únicos documentos que podrán ser admitidos en estas circunstancias son las sentencias y las resoluciones judiciales o administrativas firmes, así como otros documentos, pero siempre que unas y otros resulten condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y además que no se hubiesen podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables a la parte que lo pretende.

La doctrina de la Sala, relativa al alcance de art. 233.1 LRJS, viene diciendo lo siguiente:

1) En los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.

2) La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) Las sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) Que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso. y c) En el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.

3) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva.

4) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso su alcance en la propia sentencia o auto que haya de dictar" [ ATS de 25 de julio de 2019, rcud 4050/2015 y los que en él se citan] (...)".

Esto es, el artículo 233 de la LRJS, sobre admisión de documentos nuevos, parte de la regla general de la inadmisibilidad al respecto y sólo, a modo de excepción ("no obstante"), alude a documentos "decisivos" para la resolución del recurso que la parte no hubiera podido aportar anteriormente por causas que no le fueran imputables, o cuando pudiese sustentar la revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental".

En este caso los documentos que pretende adicionar no reúnen tales requisitos, pues no son sentencia o resolución administrativa o judicial firmes, ni son documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, pues se trata de documento que no fue aportado al expediente administrativo, ni fue aportado en el acto del juicio, pese a ser un documento que podía haber sido aportado por el demandante en cualquier momento del procedimiento

Por lo antes expuesto y no siendo admitidos dichos documentos procede la desestimación de la revisión fáctica solicitada.

No obstante la inadmisión del documento, carece de transcendencia para el resultado del fallo, como se dirá.

CUARTO.-Por la parte recurrente, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la LRJS se solicita en base al contenido del expediente administrativo, folios 13,27,28 y 29 se modifique el hecho probado tercero que decía :

"El 08/03/2017 se resolvió por Resolución de la Dirección Provincial del INSS la pensión de jubilación en la modalidad de anticipada voluntaria. Se aplicó un distingue la modalidad de jubilación reconocida."

Por el texto:

"El 08/03/2017 se resolvió por Resolución de la Dirección Provincial del INSS la pensión de jubilación en la modalidad de anticipada no voluntaria. Se aplicó un coeficiente reductor del 0,88%.Ni la resolución ni la base de datos de pensiones distingue la modalidad de jubilación reconocida."

En la resolución del INSS se dice "no se tendrá derecho al complemento de maternidad, en los supuestos de acceso a la jubilación por voluntad de la interesada"

Con la revisión fáctica lo que se pretende es una valoración jurídica. Reiterados pronunciamientos de los Tribunales de suplicación sostienen que la inclusión en el relato histórico de valoraciones jurídicas controvertidas predeterminantes del fallo resulta improcedente (por todas, sentencias de esta Sala n° 377/2005, de 11-5; 76/2007, de 31; 80/2009, de 11-2; 176/2010, de 10-3; 978/2010, de 29-12; 290/2011, de 27-4; 444/2012, de 18-7; 728/2012, de 21 - 12 y 151/2013, de 23-3), lo que impide incorporarlas al relato histórico.

El motivo, en consecuencia se desestima.

QUINTO.-Por la parte recurrente se denuncia la infracción del art. 207 de la LGSS.

Alega que la sentencia impugnada incide en que la extinción de la relación laboral no se produjo en base a ninguno de los supuestos expresamente recogidos en el art. 207.1. d) de la LGSS de la regulación anterior, considerados como una relación numerus clausus, y por tanto no puede considerarse que se haya accedido a la jubilación anticipada involuntaria porque no se ha dado uno de los supuestos previstos a pesar de que en la extinción laboral del actor, se debió a un incumplimiento empresarial.

Que ante la inexistencia hasta el momento de un pronunciamiento sobre la cuestión por parte del Tribunal Supremo, debe acogerse la interpretación que del citado precepto realizan en sentencias como: TSJ de Madrid nº105/2018 de 2 de febrero y nº 358/2018 de 21 de mayo, TSJ de Cataluña de 24-01-2018 (rec.6785/2017), que consideran que la doctrina que acogen se ajusta a la ampliación del concepto de despido derivado de la sentencia del TJUE de 11/11/2015, (C- despido ex artículo 1.1.a) de la Directiva 98/59/CE a la extinción contractual derivada de una modificación unilateral del contrato de trabajo introducida por el empresario, al considerarse un cese del trabajador por motivos no inherentes a su persona.

De este modo, en el presente caso y al igual que en el supuesto de hecho de la sentencia anterior, el carácter del cese en el trabajo tiene una causa económica objetiva, si bien, se sustituyó la comunicación formal del despido, por la vía del hecho de degradar al trabajador en sus funciones y puesto de trabajo, salario y reconocimiento profesional, pretendiendo así el ahorro económico coherente con la situación de reestructuración empresarial que sufrió la entidad Caja 3 para la que trabajaba el actor al ser absorbida por Ibercaja.

Por tanto, en el presente caso se trata de un cese involuntario del trabajador motivado por un incumplimiento empresarial consecuencia de una situación de reestructuración que menoscababa la dignidad del trabajador, en tales términos ,que le llevaron a tener que solicitar la extinción de la relación laboral, lo que, conforme a la expuesta Disposición Transitoria 4ª de la LGSS, determina una situación legal de desempleo, y que según la doctrina del TJUE, es equivalente o asimilable a un despido, debiendo por ello incluirse este supuesto extintivo dentro de las causas de extinción contractual previstas en el art. 207.1d) LGSS y que pueden dar acceso a la jubilación anticipada.

El artículo 50 ET viene a reconocer el derecho del trabajador a extinguir la relación laboral ante un incumplimiento empresarial con derecho a la indemnización del despido improcedente basada en las causas señaladas en dicho precepto.

SÉPTIMO.-Por la parte impugnante se alega que, de la simple lectura del art. 207 de la LGSS, resulta que las únicas causas que permitían, al momento en que el actor accedió a la jubilación, la configuración de la jubilación como "involuntaria" son las vinculadas a causas previstas en el artículo 51 y 52 c del Estatuto de los Trabajadores, mientras que la extinción del Sr. Tristán se justificó en lo dispuesto en el art. 50.1.a del ET ,tal y como consta en el hecho probado cuarto de la Sentencia que refiere el contenido del documento nº 3 de la demanda.

Que no resulta ajustado a las mínimas reglas en derecho, como de contrario se pretende, la de configurar equivalencias entre supuestos legales, causas de extinción del art. 50 del ET y art. 51, que responde a razones y motivaciones distintas y a las que el legislador ha otorgado efectos jurídicos distintos tanto a los efectos indemnizatorios que en cada caso se reconoce: baste recordar que el artículo 50 ET preveía una indemnización de 45 días por año de trabajo, mientras que en los supuestos de extinción por causas objetivas, art. 51 y 52 c del ET, ex art. 53 ET la indemnización era de 20 días por año de trabajo, si fuesen supuestos análogos o equivalentes la indemnización debería ser idéntica.

Como correctamente indica la propia sentencia que se impugna, pese a lo alegado de contrario, el Tribunal Supremo ha establecido doctrina, en diferentes sentencias, entre otras las citadas, en interpretación de la norma alegada estableciendo que nos encontramos ante un numerus clausus,en cuanto a los supuestos en que pueden ser calificados como "involuntarios", a los efectos de la calificación de la extinción, no pudiendo extender a supuestos no previstos expresamente en la normativa de aplicación al momento de acceso a la jubilación, en base al principio de "legis regit actum".

RESOLUCIÓN DEL RECURSO

OCTAVO.- Es de aplicación al presente supuesto la redacción del art. 60 de la LGSS anterior a la reforma efectuada por RDL 3/2021 de 2 de febrero y, del art. 207 de la LGSS antes de la reforma efectuada por Ley 21/2021 de 28 de diciembre

Conforme dichos preceptos el art. 60.4 de la LGSS disponía que :

"El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refiere respectivamente los artículos 208 y 2015"

El art. 207 no incluía dentro de los supuestos de la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador el cese en el trabajo, al amparo de lo dispuesto en el art. 50 del ET, que si fue incluido con posterioridad en la reforma efectuada por L. 21/2021 de 28 de diciembre.

Es consolidada la jurisprudencia según la cual las prestaciones de seguridad social se rigen por la normativa vigente de la fecha del hecho causante de las mismas. Es clara al respecto la reciente STS 13/6/22 (RCUD 542/22):

"es conocida la doctrina según la cual ha de estarse a la regla general de la Disposición Transitoria 1ª de la LGSS que, en orden a determinar la norma aplicable en casos de sucesión normativa, atiende al hecho causante de la prestación como determinante de la misma ( STS de 26 de abril de 2005, rcud 2247/2004, y posteriores).

El derecho a la pensión solo se produce a partir del hecho causante y de conformidad con la normativa entonces vigente. Por ello, se acude al concepto de pensión causada como aquella que surge cuando concurren las condiciones necesarias para su reconocimiento. Y así lo ha venido entendiendo esta Sala, por ejemplo, en relación con el reconocimiento de las situaciones de invalidez ( STS de 23 de diciembre de 1987, 3 de febrero de 1989, en las que se deja a salvo las reglas sobre efectos económicos)".

En igual sentido muchas otras SSTS, entre las cuales la de 17/1/05 (RCUD 4891/03) citada en recurso, al señalar: "Es doctrina consolidada y uniforme de esta Sala, que en materia de prestaciones de Seguridad Social la legislación aplicable es la vigente en el momento de producirse el hecho causante de la prestación. La recogen, entre otras muchas, las sentencias de 5-6-92 (RJ 1992, 4527) (rec. 2148/1991), 30-11-92 (RJ 1992, 8846) (rec. 783/1992), 10-4-96 (RJ 1996, 3073) (rec. 3409/95), 28-2-97 RJ1997, 2162) (rec. 2424/96), 18-3-97 (RJ 1997, 2574) (rec. 3527/96), 20-3-97 ( recs. 3027/96 [ RJ 1997, 2596] y 3366/96 [ RJ 1997, 2600]), 22-4-97 (RJ 1997, 3490) (rec. 2669/96), 5-5-97 (RJ 1997, 3653) (rec. 3977/96) 7-7-97 (RJ 1997, 5698) (rec.2805/96), 17-12-97 (RJ 1997, 9187) (rec. 1232/97), 22-7-98 (RJ1998, 6214) (rec. 3559/97) y 3-11-99 (RJ 1999, 8516) (rec 1006/99)".

Como afirma la STS de 14-2-2024 nº 281/2024 R, 419/2023:

"El punto que en este litigio resulta objeto de debate consiste específicamente en la determinación de si la concreta baja del actor puede calificarse de voluntaria -en cuyo caso no tendría derecho al complemento de maternidad del art. 60 LGSS /2015- o de involuntaria, en definitiva, que la causa de la baja -utilizando los términos del art. 207 LGSS -no sea imputable al trabajador.

Hemos de partir del tenor del art. 207.1 LGSS ,en la redacción que presentaba en la fecha del hecho causante:

"Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.

1. El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el artículo anterior.

b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:

1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .

2.ª El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .

3.ª La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal .

4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ,o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .

En los supuestos contemplados en las causas 1.ª y 2.ª, para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada."

Con posterioridad al hecho causante de la prestación de jubilación del actor, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, incluyó expresamente en el citado art. 207.1 LGSS "La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1 , 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ",regulando el art. 40.1 ET los supuestos de movilidad geográfica. Pero tal reforma no alcanzó a las jubilaciones anteriores a la entrada en vigor de la norma en tanto ninguna retroactividad dispuso.

2.Expuesto el marco normativo y los términos de la controversia, ha de recordarse que la extinción del contrato del actor tuvo lugar en el seno de un expediente de despido colectivo y movilidad geográfica, en concreto derivado de una movilidad geográfica no aceptada.

El Auto del Tribunal Constitucional 114/2018, de 20 de noviembre (rec. 3307/2018 ) ha venido a declarar que "la vía del artículo 207 LGSS responde a supuestos de hecho tasados, ajenos a la voluntad del trabajador, claramente diferenciados de los que dan derecho a la jubilación del artículo 208 LGSS ,en el que el juzgado ha subsumido previamente el caso de la demandante en el proceso a quo, que se jubila al término de un contrato temporal. Dado que la fecha de finalización del mismo es conocida de antemano, cabe anticiparse a ella con la búsqueda de un nuevo empleo. Por consiguiente, desde el prisma de un complemento de pensión que pretende compensar a las madres que de forma involuntaria y por las causas recogidas en el artículo 207 LGSS ven reducida su "carrera de seguro", la diferencia introducida por el legislador en el artículo 60.4 LGSS tiene una justificación objetiva y razonable".

Esa idea de "lista cerrada" es reiterada por nuestra jurisprudencia. Así, en STS de 22 de junio de 2022 (rcud. 1073/2020 ) o en la de 14 de noviembre de 2023 (rcud 3387/2022 )en la que razonamos que: "Sostener lo contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que expresa y taxativamente ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada y, para ello, ha definido un concepto, elaborado "ad hoc", como es el de la "reestructuración empresarial", fijando y concretando el contenido y alcance del mismo.

Como en varias ocasiones hemos puesto de relieve, los supuestos previstos por el artículo 207.1.d) LGSS son tasados o cerrados, lo que excluye, sin descender ahora a mayores detalles, los supuestos extintivos por voluntad del trabajador, cuya jubilación anticipada deberá encauzarse por el artículo 208 LGSS y no por el artículo 207 Ley General de la Seguridad Social ".

Esa reiteración no resulta empañada por aquellos pronunciamientos emitidos en materia de desempleo o de prestaciones de garantía salarial, en cuanto se ubican en planos diferentes o ajenos y no equiparables al despido objetivo.

3. La necesidad de atenernos al listado tasado vedará a su vez la proyección del art. 60 y el complemento de pensión que regula, entrando en juego la excepción que inicialmente diseñó el legislador: el complemento de pensión no se aplicaría en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se referían, respectivamente, los arts. 208 y 215 LGSS /2015."

En consecuencia según la referida jurisprudencia el art. 207 de la LGSS aplicable, lo es en su redacción vigente a la fecha del hecho causante, esto es en la fecha de la jubilación , conteniendo el art. 207 una "lista cerrada", y la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, incluyó expresamente en el citado art. 207.1 LGSS "La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1 , 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ",regulando el art. 40.1 ET los supuestos de movilidad geográfica. Pero tal reforma no alcanzó a las jubilaciones anteriores a la entrada en vigor de la norma en tanto ninguna retroactividad dispuso.

En coherencia, fijado el hecho causante de la jubilación de la recurrente en NUM001/2017 procede aplicar la normativa vigente en ese momento en materia de CM ( art. 207 LGSS) que, como hemos visto, no permite el acceso a la prestación que ella pretende pues, dentro de los supuestos de Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, no se incluía la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El motivo se desestima.

En atención a lo expuesto