Sentencia Social 818/2024 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 780/2024 de 28 de octubre del 2024

PRIMERO.- Dª Tarsila recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza que estimando la demanda interpuesta por la entidad RESIDENCIA VILLA DE SÁDABA SL frente al INSS y frente a Dª Tarsila deja sin efecto la Resolución del INSS de fecha 24.08.2023 que declaró la existencia de responsabilidad de la empresa demandante Residencia Villa de Sádaba SL por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por la demandada Sra. Tarsila en fecha 10.02.2020 e imponía a la actora el 30% de recargo de las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo citado.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El INSS y la Residencia Villa de Sádaba SL han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- Recurre la empresa, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- Con amparo en el precitado artículo 193-c) de la Ley procesal, impugna la actora la Sentencia de instancia, alegando la infracción del artículo 24.1 de la Constitución solicitando la nulidad de actuaciones por habérsele vedado la utilización de medios pertinentes para su defensa, concretamente, la declaración testifical de Dª Salvadora, Inspectora de Trabajo autora del informe de fecha 19.9.2022 sobre el accidente de trabajo y de Dª Palmira, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales Prevensalud que emite el informe sobre el accidente laboral y que fue realizado el 21 de julio de 2021.

De entrada debemos señalar que la actora no basa su motivo en el artículo 193 a) de la LRJS, que permite solicitar la nulidad de actuaciones, sino en el artículo 193 c), dedicado a denunciar la infracción de la normativa y jurisprudencia de aplicación.

En relación con la inadmisión de la prueba testifical de la Inspectora de Trabajo, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 93-1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el sentido de que "no será necesaria ratificación de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate". Por tanto, para valorar judicialmente las actuaciones, diligencias o informes de la Inspección de Trabajoy Seguridad Social no eran necesarias la citación y declaración como testigo en el acto del juicio de la Inspectora actuante.

La sentencia del TC 75/2010 dijo: "debemos analizar, no obstante, la queja de carácter procesal que aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante desde la perspectiva del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE) , en relación con la limitación impuesta en la instancia antes del acto del juicio por la Juez de lo Social respecto del número de testigos propuestos, que habría impedido la práctica de la totalidad de la prueba testifical propuesta por el actor, así como por la denegación de la prueba consistente en una grabación magnetofónica que supuestamente contenía conversaciones mantenidas entre los trabajadores despedidos y representantes de ambas empresas afectadas".

Y el tratamiento jurídico de ese problema fue éste: " Como hemos señalado en numerosas ocasiones, la apreciación de la existencia de una vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa consagrado en el art. 24.2 CE está rigurosamente condicionada a la existencia de indefensión material. En efecto, este Tribunal ha destacado de manera reiterada que el alcance de dicha garantía queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental, lo que exige que, para apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución. Igualmente hemos sostenido que tal situación de indefensión debe ser justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda, pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por este Tribunal Constitucional mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente en amparo. Esta carga de la argumentación se traduce en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite, tanto la relación entre los hechos que se quisieron, y no se pudieron probar, y las pruebas inadmitidas o no practicadas, como el hecho de que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haberse admitido y practicado dichas pruebas , quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa, resultará ya evidente ab initio, sin necesidad de ulterior análisis, que no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos señalado, el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (entre las últimas, SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2 ; y 258/2007, de 18 de diciembre , FJ 3)".

En iguales términos se pronuncia la STC de 16 de diciembre de 2013 dictada en el recurso de amparo 5790/2012.

Así pues, los dos presupuestos que deben concurrir para apreciar que la inadmisión o denegación de práctica de una prueba por parte de un órgano judicial genera indefensión a la parte que pretendía valerse de aquélla son: 1) Conexión entre, por una parte, los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y, por otra, las pruebas inadmitidas o no practicadas. 2) Trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso.

Como recuerda la STS Sala Cuarta de fecha 8 de febrero de 2018 rcud. 1062/2016 refiriéndose a ello (con cita de la STS 20 julio 2011 (rec. 848/2010 ) )

"... A) El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, establecido en el art. 24.2 CE , es de configuración legal, de manera tal que su manto protector únicamente se despliega en aquellos casos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y se hayan solicitado respetándola legalidad procesal, en cuanto al tiempo y forma de su proposición ( STC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2; 140/2000, de 29 de mayo; 173/2000, de 26 de junio; 186/2000, de 10 de julio; 19/2001, de 29 de enero , FJ 4º; 165/2001, de 16 de julio).

El derecho a utilizar los medios de prueba, como un derecho inseparable del derecho mismo de defensa, "no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes." ( SSTC 237/1999, 26/2000 y 19/2001, entre otras).

B) Por otra parte, la vulneración del art. 24.2 de la Carta Magna exige asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 165/2001, de 16 de julio; 208/2001, 22 de octubre); tarea que precisa la necesaria actividad del quejoso que, en mermado su derecho de defensa, sin que la tarea de verificar si la misma era decisiva, a tales efectos, corresponda asumirla de oficio al Tribunal ( STC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2).

C) La anterior exigencia se proyecta, en sendos planos de causalidad lógica, en uno de ellos de relación entre el hecho que se pretendía probar y la inadmisión o práctica de la prueba propuesta con esa finalidad; y el segundo la incidencia que tal prueba hubiera podido tener en el desenlace final del proceso si se hubiera llevado a efecto, de manera que se acredite que la prueba omitida hubiera podido incidir favorablemente en los intereses legítimos de la parte que invoca la lesión de dicha garantía constitucional; por ejemplo, en este sentido puede verse la STC 165/2001, de 16 de julio .

De ahí que la trascendencia de la denegación del medio de prueba se halle en la ponderación de la relevancia de la misma sobre la solución a alcanzar en el litigio, de suerte que podría apreciarse un menoscabo efectivo del derecho del recurrente cuando, de haberse practicado la prueba omitida - o de haberse practicado correctamente la prueba admitida-, la resolución final de proceso hubiera podido ser distinta ( STC 101/1999, entre otras).

En este caso no se aprecia la denunciada indefensión pues consta en autos el Informe de Inspección de Trabajo,que goza de presunción de veracidad, sin que haya impedido o limitado a la trabajadora la práctica de otros medios de prueba. Lo mismo ocurre con la declaración testifical de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Y además tales pruebas fueron inadmitidas por providencia de 8 de marzo de 2024 que no fue recurrida por la ahora recurrente siendo que incluso se le otorgó la posibilidad de solicitar las ampliaciones que considerara necesarias de tales informes. Por otra parte la sentencia recurrida ya ha valorado los mismos, que además fueron emitidos bastante tiempo después del accidente y sin examen alguno de la escalera.

CUARTO.- En segundo lugar solicita la revisión del relato de hechos probados con base en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

En primer lugar la trabajadora solicita la revisión de los hechos probados octavo y noveno para darles la siguiente redacción: "La escalera de mano no reunía las condiciones de seguridad y funcionalidad debidas al haber sido sustituidos sus sistemas anti-apertura por unos simples alambres ajenos a la estructura original de la escalera.

Asimismo, el control específico de la escalera de aluminio se realizaba a través de las correspondientes fichas de control que se realizan trimestralmente, y sin embargo la escalera con la que sobrevino el accidente laboral de la trabajadora desde hacía al menos 9 meses que no se le había realizado ninguna ficha de control a la citada escalera.

Para corroborar la falta de funcionalidad de la escalera, obra en autos el informe de la inspección de trabajo emitido por Doña Salvadora, la cual en relación a la citada escalera "observa que su sistema anti apertura se compone de dos alambres finos y semi rígidos sujetado por medio de remaches a las patas de la escalera y cuyo tramo medio presenta una apariencia diferente el uno del otro, pudiendo observarse como uno de ellos presenta esquirlas en su parte central y el otro de los cables parece arreglado o subsanado con una pieza metálica"

Concluyendo en dicho informe que "puede comprobarse que el estado de conservación de la escalera es claramente defectuoso puesto que dicho sistema anti- apertura de la escalera no ofrece las condiciones mínimas de seguridad."

Desestimamos dicha revisión que se basa en el informe de Inspección de Trabajo que ha sido ya valorado en la instancia.

A continuación insta la revisión del hecho probado tercero para que conste esta redacción: "La causa del accidente sufrido por la actora Tarsila se debe al hecho de que la escalera se abrió hasta 180º aproximadamente, cayendo al suelo la trabajadora- junto con el cubo de la limpieza de detergente, y quedando la pierna de esta atrapada entre los peldaños de la escalera y sufriendo por ello un fuerte par de torsión al efecto tras la caída de la escalera".

Se basa en el Informe de la Clínica Universidad de Navarra de fecha 16/12/2020, y en el informe pericial del médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, realizado a requerimiento del Juzgado de lo Social nº5 de Pamplona, aportado a los autos P.O nº 758/2022, emitido por la médico forense Mariana de fecha 18 de enero de 2024, así como en el Informe de la Inspección de Trabajo.

Desestimamos dicha revisión pues de tales documentos no se desprende esa redacción propuesta por la actora, e incluso el informe de la Clínica Universitaria de Navarra señala que la trabajadora "indica que se le quedó enganchado el pie derecho entre un escalón y otro y realizó flexión plantar forzada con entorsis", no que se abriera la escalera.

A continuación solicita la adición de un nuevo hecho probado con la siguiente redacción: "La empresa RESIDENCIA VILLADESADABA S.L no permitió el acceso al perito arquitecto Don Lorenzo, quien junto con el letrado Luis, concurrieron a la Residencia de Ancianos en Sádaba en fecha 15 de julio de 2021 a realizar la pericial correspondiente en orden a determinar el estado constructivo que presentaba la escalera de aluminio con la cual mi representada Doña Tarsila sufrió el accidente laboral".

Desestimamos dicha revisión por ser irrelevante para la resolución del procedimiento y desconocer las circunstancias en que se emitió el informe pericial y la propia recurrente alega que la residencia les impidió el acceso por estar en plena pandemia COPVID y no portar mascarillas, lo que resulta comprensible dada la situación que entonces se vivía en las residencias.

QUINTO.- Con amparo en el artículo 193-c) de la Ley procesal, impugna la recurrente la Sentencia de instancia, alegando el error de hecho y de derecho en la valoración conjunta de la prueba e infracción del principio de la sana crítica del artículo 548 de la LEC e infracción del principio de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC.

En este motivo del recurso la trabajadora entiende que la sentencia ha valorado indebidamente la prueba practicada y así alega que no debió darse relevancia a la declaración testifical de Dª Esperanza, enfermera de la residencia VILLA DESADABA SL, manifestando su discrepancia con el informe de la técnico de prevención de riesgos así como con el informe pericial del arquitecto D. Braulio.

Debemos señalar que el recurso pretende una nueva revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, sobre todo de la prueba testifical. No podemos olvidar que el recurso de suplicación no es una apelación sino que tiene carácter extraordinario, destacando las amplias facultades que en orden a la valoración conjunta de los distintos elementos de convicción atribuye el artículo 97.2 de la LRJS al Juez de instancia, a quien corresponde apreciarlos en plenitud, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, sin que esta Sala esté habilitada para realizar una revisión general de la valoración realizada por aquél, para extraer de ella una nueva conclusión, máxime si la convicción judicial descansa en un medio de prueba, como es la testifical, cuya valoración no puede ser revisada en suplicación.

En definitiva, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre, 24/1990 de 15 de febrero, entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

SEXTO.- En el siguiente motivo denuncia la infracción del Real Decreto 1215/1997 del 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y las disposiciones específicas sobre la utilización de la escalera de mano, apartado 4.2 de este cuerpo legal:

"4.2 Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.

4.2.1 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo".

Entendemos que la sentencia recurrida no ha infringido tales disposiciones pues argumenta que la causa del accidente sufrido por la Sra. Tarsila fue una mala pisada al descender del último peldaño de la escalera, y no un deficiente estado de la escalera, que contaba con un sistema antiapertura, que no resultó dañado en el accidente. Y en cualquier caso, lo relevante es que no existe relación de causalidad entre el estado en que la escalera pudiera encontrarse al momento del accidente porque el accidente se produjo porque la trabajadora pisó mal el suelo.

SÉPTIMO.- En el siguiente motivo del recurso la trabajadora denuncia la infracción de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales artículos 14.2, 15.1 y 17 y la doctrina en materia de responsabilidad empresarial en conexión con los artículos 1.101 y 1.902 del Código civil. En el siguiente motivo del recurso denuncia la infracción de los artículos 4.2 y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 1.101 del Código Civil, artículo 42.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en conexión con la normativa CEN en el manejo de las escaleras de mano en conexión con la infracción del artículo 164 de la LGSS.

Alega la recurrente que la empresa no había previsto las medidas de prevención y protección de riesgos en este caso las previsiones necesarias concernientes al uso de escaleras portátiles metálicas. Y que la escalera de mano que utilizaba la trabajadora no reunía las condiciones mínimas de seguridad, cuyos tirantes de seguridad habían sido suplidos por meros alambres metálicos incumpliendo con ello la normativa de las escaleras portátiles.

Dispone el artículo 164 de la LGSS:

"Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción."

El recargo es una institución compleja que contiene elementos sancionatorios, indemnizatorios y prestacionales ( STS 21-12-2016 Rec. 3373/2015). Y es un presupuesto básico, tanto del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, como del resarcimiento de daños y perjuicios por responsabilidad civil, derivados ambos de contingencias profesionales, la relación de causalidad entre el incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte del empresario y las lesiones que constituyen el daño derivado de su inobservancia ( STS 14-4-2018 Rec. 205/2016).

Según constante doctrina jurisprudencial (por todas, SSTS de 12 de julio de 2007 -rec. 938/2006 - y 26 de mayo de 2009 -rec. 2.304/2008 -), procede el recargo cuando se constate la comisión de alguna infracción por la empresa consistente en el incumplimiento de medidas de seguridad generales o especiales, que hayan producido un daño efectivo en la persona del trabajador, existiendo un nexo de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. Estos requisitos resultan avalados en el art. 96.2 LRJS con la carga probatoria que establece en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al disponer que corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo, probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad, de manera que la empresa ha de acreditar que adoptó las medidas que le eran exigibles.

La sentencia del TS de 28-2-2019, recurso 508/2017, explica que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga "a la adopción de las medidas que sean razonables y factibles y que permiten a los estados excluir y minorar la responsabilidad de los empresarios por hechos y circunstancias que les sean ajenas o sean anormales e imprevisible o que no se hubieran podido evitar a pesar de la diligencia empleada (...) Lo antes dicho abona nuestra doctrina sobre la inexistencia de responsabilidad objetiva y la exigencia de un principio de culpa que determine la responsabilidad del empleador, así como que sea él quien venga obligado a probar que obró con la diligencia debida: la exigible conforme a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar y en definitiva a un buen empresario de la misma actividad en que se encuentre encuadrado (...)"

Como ha afirmado esta Sala, en sentencia, entre otras de 6-11-2019 R. 515/2019: "El precepto establece para la procedencia de recargo, la necesidad de que exista una relación de causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido, pudiéndose romper esta conexión cuando la infracción es imputable al propio interesado ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1985, 21 de abril de 1988 y 6 de mayo de 1998).

En el caso que nos ocupa no se ha acreditado la infracción denunciada, concretamente del artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y artículo 17.1 del mismo texto legal, sobre equipos de trabajo.

Y sobre todo no se ha probado una relación de causalidad entre las deficiencias que pudiera tener la escalera y el accidente sufrido por la trabajadora y así lo razona la sentencia recurrida valorando la prueba practicada según las reglas de la sana crítica. En primer lugar tiene en cuenta la declaración espontánea de la trabajadora nada más sufrir el accidente el día 10 de febrero de 2020, quien dijo a la gobernante que al bajar de la escalera a la que se había subido para limpiar unos cristales pisó mal en el suelo torciéndose el tobillo. La misma versión de lo sucedido dio la actora a la persona que le atendió en la enfermería en el mismo centro de trabajo, y que ha declarado en juicio. Es más tarde cuando la trabajadora cambia la versión de lo sucedido y señala que se cayó porque la escalera se abrió 180º debido a que no contaba con los mecanismos de seguridad necesarios, tanto la bandeja superior como una barra fina de acero que impide que la escalera se abra más de su posición máxima.. Con independencia de que los mecanismos antiapertura fueran o no estéticos, lo cierto es que contaba con ellos y de haberse abierto 180º se habrían roto y la escalera se habría destrozado, lo que no ocurrió. Incluso la escalera permaneció de pie delante del ventanal tras el accidente, según declaración testifical de la enfermera. Por otra parte el encargado de mantenimiento declaró que a diario controlaba visualmente el correcto estado de la escalera y así se declara probado, sin que dichas pruebas testificales puedan ser ahora revisadas en esta instancia.

Por lo tanto no existe un elemento necesario para la aplicación del recargo de prestaciones cual es la relación de causalidad entre la omisión de medidas preventivas por parte del empresario, que tampoco se han probado, y el resultado dañoso, que en este caso se debió a un mal apoyo de la trabajadora.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de suplicación.

OCTAVO.- No procede efectuar imposición de costas a la trabajadora recurrente ( artículo 235.1 LRJS) .