Sentencia Social 5906/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1685/2024 de 29 de octubre del 2024

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Tortosa ha dictado sentencia de fecha 18-1-2024 en Autos 271/2023 sobre incapacidad permanente, seguidos a instancia de D. Balbino contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que estima parcialmente la demanda y declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir el 100% de la base reguladora mensual de 1.066,70 euros con fecha de efectos jurídicos de 9-2-2023 y fecha de efectos económicos a regularizar en ejecución de sentencia.

SEGUNDO.- La parte actora formula recurso de suplicación frente a dicha sentencia, en el que alega un único motivo, amparado en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se revoque la misma, y se declare a la actor en situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, o subsidiariamente, en grado de absoluta, con las consecuencias inherentes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social también formula recurso de suplicación frente a dicha sentencia, en el que plantea un único motivo amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se revoque la misma, y se declare al actor en situación de incapacidad permanente parcial, o en su defecto, una incapacidad permanente total.

La parte actora ha presentado escrito de impugnación del recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se opone al motivo esgrimido en el mismo.

TERCERO.- En primer lugar, se ha de examinar el recurso de suplicación formulado por la parte actora. El único motivo alegado viene amparado en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la revisión de los hechos probados.

En este motivo, la parte recurrente, solicita la modificación del Hecho Probado Sexto, para que se rectifique la agudeza visual del ojo izquierdo, y se indique "MM",que significa "Movimiento Manos", en lugar de la reflejada por el Magistrado de instancia "CD 70M",citando como fundamento de dicha modificación su prueba pericial de la Dra. Santiaga y el informe de 16-10-2023 del Dr. Luis Francisco. Realizando una serie de alegaciones en las que señala que el actor debe seguir gran reposo, lo que sería constitutivo de Gran invalidez; y que la sentencia ha infringido el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al no contener un resumen suficiente de los hechos que fueron objeto de debate en el proceso, y que se ha incurrido en un error de apreciación o valoración de los hechos, por lo que los elementos de convicción judicial quedaron afectados por una visión parcial que llevó a un conclusión arbitraria. Y por ello, considera que la gravedad de la infracción es productora de indefensión por lo que debe llevar a la modificación del sentido de la sentencia o, en su caso, a declarar la nulidad de la misma.

CUARTO.- Debe tenerse en cuenta, en relación a los requisitos que debe cumplir el recurso de suplicación,que el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece: "El recurso de suplicación tendrá por objeto:

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia."

Por otra parte, el artículo 196 de la misma Leydispone: "1. El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, con tantas copias cuantas sean las partes recurridas.

2. En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos.

3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende."

En cuanto al motivo de revisión fáctica, con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 ( Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

Por otra parte, y en cuanto a la formulación del motivo de censura jurídica, debe recordarse también, la jurisprudencia en esta materia, recogida en sentencias de esta Sala, entre otras, la de 24-7-2020 (Rec 1593/2020), donde se expone: <

Dicha doctrina se manifiesta en armonía con lo decidido en la posterior sentencia del mismo Tribunal de 6 de febrero de 2019 cuando (por remisión a su pronunciamiento de 5 de mayo de 2007 -RCUD 219/2006 -) reitera que todo recurso extraordinario (tanto el de casación que examina como el de suplicación que analizamos) "debe estar fundado en un motivo de infracción de ley..." y que "la exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además... es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia ". Riguroso criterio que es el seguido en las posteriores resoluciones de este Tribunal Superior de 9 de enero , 6 de febrero y 8 de mayo de 2019 cuando (en concordancia con dicha doctrina jurisprudencial) hacen expresa referencia a la "omisión de toda cita normativa" como causa de inadmisión del recurso extraordinario.>>

QUINTO.- Aplicando los criterios expuestos, en este caso, no puede prosperar el único motivo alegado por la parte actora en su recurso.

En primer lugar, debe señalarse que el motivo está encauzado a través del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuyo objeto es la revisión fáctica de la sentencia, si bien se entremezclan también alegaciones sobre la infracción de una norma procesal, el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando que le ha ocasionado indefensión, y cuyo cauce adecuado, sería el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Como motivo de revisión fáctica, si bien se haya procesalmente bien formulado, no puede estimarse por cuanto lo que se pretende es una nueva valoración de la prueba, que sustituye a la realizada por el Magistrado de instancia. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia, dentro de sus facultades la valoración del acervo probatorio, aplicando criterios de la sana crítica ( artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ), prevaliendo la misma por su mayor objetividad e imparcialidad; y en ese caso el Magistrado de instancia expone dicha valoraciónen el Fundamento de Derecho Cuarto, donde se realiza un análisis de los distintos informes; sin que se evidencie un error palmario en la valoración judicial, ni tampoco que la misma sea arbitraria ilógica ni irracional.

Tampoco puede prosperar como motivo de nulidad; pues lo que la parte recurrente alega es un error en la apreciación de la prueba, y una disconformidad con la valoración que el Magistrado realiza de los documentos aportados, pero ello no puede dar lugar a la nulidad de la sentencia.

Finalmente, tampoco puede estimarse como motivo de censura jurídico sustantiva, que debería haber sido encauzado por el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; pues no se cita el precepto sustantivo o jurisprudencia que considera infringidos, y tampoco existe una argumentación alguna sobre este aspecto.

SEXTO.- En segundo lugar, ha de examinarse el recurso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Alega un único motivo, amparado en el en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

El Instituto Nacional de la Seguridad Social denuncia la infracción de los artículos 193, 194 y 200 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En síntesis, argumenta, que nos hallamos en un procedimiento de revisión por mejoría del estado del actor, y que la patología principal que presenta implica una disminución de la agudeza visual que, ha experimentado mejoría, respecto al reconocimiento inicial, ya que partiendo de la agudeza visual del 0,6 en el ojo derecho tomada por el Magistrado de instancia, y en el ojo izquierdo de cuenta dedos a 70 cm, que equivaldría a una cifra inferior a 0,05, y aplicando como criterio orientativo el Reglamento de accidentes de trabajo y las Tablas de la Escala de Wecker, resultaría una merma combinada que se sitúa en el 44%, valor que no corresponde a la incapacidad permanente absoluta.

La parte actora, en su escrito de impugnación se opone a este motivo. En esencia, alega que la sentencia de instancia no incurre en infracción de norma alguna ni de la jurisprudencia, y que, no combatidos los hechos declarados probados, debe mantenerse el criterio del Magistrado de instancia, considerando que le debería ser reconocido una incapacidad permanente en grado de gran invalidez.

SÉPTIMO.- Para resolver este motivo del recurso de suplicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debe tenerse en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicables.

Debe precisarse que nos encontramos ante un supuesto en el que el actor fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con efectos de mayo de 2022, y que por resolución de 14-3-2023, le ha sido revisada por mejoría, declarando al actor afecto de una incapacidad permanente parcial; habiendo sido esta resolución la impugnada en la demanda.

Se ha de tener en cuenta que el artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194. "5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión y oficio"; "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le rete capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4.88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mimas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión y oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna realización de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allá cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimo de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88). No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá incapacidad permanente absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88). Es en tal sentido que se ha declarado que lo establecido en dicho precepto, al definir la incapacidad absoluta para todo trabajo, no debe ser objeto de una interpretación literal y rígida, que llevaría a una imposibilidad de su aplicación, sino que ha de serlo de forma flexible (TS 11-3-86).

Por otra parte, y en cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Finalmente, y en cuanto a la revisión de grado, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( 143 de la LGSS de 1994): "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Y el TS tiene dicho que estos procesos de revisión por mejoría son idénticos en lo esencial a los procesos de declaración de incapacidades, pues ambos están encaminados a la misma finalidad, la evaluación de las capacidades o incapacidades de trabajo o de ganancia de una persona a la vista de la apreciación conjunta de las secuelas de todas sus dolencias ( STS 2-10-1997), por lo que atendiendo a los requisitos para que proceda la estimación de la revisión de grado por mejoría establecidos por el TS y la doctrina de esta Sala (STS 31-10-2005, 20-2 y 29-4-1982 y 15-1-1987, entre otras y STSJCAT nº 9623/2000 de 20-11), es preciso comparar entre dos situaciones en conflicto para decidir si aquélla sobre las que fundamenta el INSS su denegación a la actora de la incapacidad permanente, constituye una mejoría respecto a la inicialmente considerada como incapacidad permanente y, de ser así, si la mejoría tiene suficiente relevancia o entidad como para determinar la supresión de la incapacidad permanente reconocida.

OCTAVO.- Expuesta la normativa y la jurisprudencia aplicables, se ha de examinar el caso enjuiciado.

Lo que debe determinarse en este caso, es si ha existido una mejoría sustancial en la situación patológica del actor que dio lugar a la declaración en incapacidad permanente absoluta; debiendo compararse ambos cuadros patológicos, el existente en el momento de dicha declaración y el actual.

Para ello, hemos de partir del relato fáctico contenido en la sentencia, que permanece inalterado, y, que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta sentencia, se tiene aquí por reproducido. Del mismo resulta que cuando el actor fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta presentaba las siguientes patologías: "herpes ojo izquierdo control por oftalmología. Ojo derecho: AV=0.2 (0.3). Ojo izauierdo: AV=CD. Leucoma central ojo izquierdo de aspecto neurofrótico. Controles oftalmología y neurología."(Hecho Probado Segundo).

Y en el momento actual, el actor presenta las siguientes patologías:

"herpes ojo izquierdo control por oftalmología. Ojo derecho: V=0.6 + Ojo izquierdo: AV=CD 70M. Leucoma central tenue ojo izquierdo." (Hecho Probado Sexto).

El Magistrado de instancia sobre la comparación de ambos cuadros, ha concluido que, si bien se constata una mejoría en la agudeza visual del ojo derecho, la práctica visión nula en el ojo izquierdo, considera que se mantiene una limitación en su capacidad laboral prácticamente igual, y que no ha existido una mejoría de la capacidad funcional; por lo que le mantiene la incapacidad permanente en el grado de absoluta.

La Sala no comparte la conclusión del Magistrado de instancia. Sí se evidencia una mejoría relevante, pues, aunque la agudeza visual en el ojo izquierdo se mantiene, siendo de práctica ceguera, la agudeza visual del ojo derecho ha mejorado, pues ha pasado de ser de 0,2 a 0,6.

Debe recordarse la jurisprudencia en materia de agudeza visual, se ha pronunciado esta Sala, en múltiples ocasiones sobre la visión monocular, con remisión a la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias de 2-6-2020 (Rec. 6335/2019), y de 29-6-2020 (Rec. 515/2020), y 2-7-2020 (Rec. 956/2020) por citar la más recientes; la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, acude como criterio orientativo al Reglamento de accidentes de trabajo, así como las tablas de la Escala de Wecker, así, entre otras, sentencias TS de 21-3-2005, y 23-12-2014 ( recurso 360/2014), de 29-9-2020 ( Rcud 1098/2018).

En este caso, partiendo de la Escala de Wecker, en el que la incapacidad permanente absoluta, estaría en una disminución de la agudeza visual combinada superior al 50%, la incapacidad permanente total, se sitúa entre el 37% y el 50%, y la incapacidad permanente parcial, entre el 24% y el 36%, el actor tiene una disminución del 44%, por lo que no sería tributario de la incapacidad permanente absoluta, sino de la total. Teniendo en cuenta también que su profesión habitual es la de operario de avicultura, en la que, según la Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CNO-11: 6205), los requerimientos de agudeza visual y campo visual están valorados de 2 sobre 4, pero que suben a 3, si se necesita conducir vehículos o tareas en el exterior; es decir, son de exigencia moderada o intensa.

Por todo lo expuesto debe estimarse parcialmente el único motivo del recurso de suplicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, declarando al actor en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de enfermedad común.

NOVENO.-En virtud de todo lo expuesto, se desestima el recurso de suplicación formulado por la parte actora y se estima parcialmente el recurso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, revocando la sentencia de instancia. En consecuencia, se estima parcialmente la demanda interpuesta, declarando al actor en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión mensual consistente en el 55% de la base reguladora de 1.066,70 euros, con fecha de efectos jurídicos 9-2-2023, y fecha de efectos económicos a regularizar en ejecución de sentencia (según se recoge en el Hecho Probado Séptimo).

DÉCIMO.-Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación