Sentencia Social 820/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 480/2024 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, a excepción de los que se indican a continuación, al haberse estimado motivos de revisión fáctica planteados por la parte recurrente:

- Hecho Probado 8º, pasa a decir: "Que se ha dictado sentencia firme en procedimiento de impugnación de alta médica Nº1004/2022 de fecha 12 de julio de 2023 en el Juzgado de lo social Nº2. En dicha sentencia firme, constan como hechos probados:

Primero.- Don Jesús Carlos, afiliado al Régimen general de la Seguridad Social y de profesión, sepulturero (fosero), viene prestando servicios para la entidad, cementerios de Tenerife S.A. en el desarrollo de su profesión, realiza las siguientes funciones:

. Manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales

.proceso de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y cenizas.

.manejo de los equipos de trabajo utilizados en los procesos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o cenizas

.tratamiento de gestión de residuos en cementerios

.operaciones básicas para el manteamiento de jardines, parques y zonas verdes

.mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinaras

Véase ficha de descripción del puesto de trabajo, obrante al documento número 2 del ramo de prueba de la empresa, en lo demás, hechos no controvertidos.

Segundo.- en el mes de septiembre de 2022, la empresa ordenó al trabajador funciones consistentes en el mantenimiento de jardines y acopio de agrava. Así, en fecha de 30 de septiembre d 2022, cuando estaba en su puesto de trabajo, presentó dolor en la mano derecha y molestias.

Inició un proceso de incapacidad temporal calificado de accidente de trabajo, el 30 de septiembre de 2022, con fecha de alta dde 7 de octubre de 2022, con el diagnostico de "cervicobraquialgia derecha".

Véase copia del parte de baja y alta médica así como informe de investigaciones de accidnete, ambos, obrantes a los documentos 3 y 4 del ramo de prueba de la empresa.

Tercero.- Disconforme el trabajador con dicha alta, en fecha 10 de octubre de 2022, presentó solicitud de revisión y, con fecha de salida de 9 de noviembre de 2022, la entidad gestora dictó resolución que resolvió determinar que la fecha de efectos del alta médica era de 7 de octubre de 2022, siendo coincidente con el alta médica emitida por la Mutua Fremap (entidad con la que la empresa tenía concertada la cobertura de los procesos derivados de accidente de trabajo).

Véase, copia de la citada resolución administrativa, obrante al folio 1 del expediente administrativo.

Cuarto.- a la fecha del alta médica, el trabajador (diestro) presentaba una radiculopatía denervativa C6 derecha de evolución crónica. Una atrofia de trapecio superior derecho, apofisalgias cervicales, sin francas contracturas ni tumefacción, no crepitantes. Dolor selectivo a la inserción distal de bíceps y pronador redondo con indemnidad a la palpación. Sin signo de Popeye. Balance muscular 5/5. Rot conservados y simétricos. spurling ++. Palm up resistido doloroso, pero, con fuerza. Balance articular de codo completo y libre, con molestias la pulsión, en concreto, dolor en la inserción del bíceps, con esfuerzo. Balance cervical completo.

Véase, informe de evaluación de la mutua fremap, obrante a su ramo de prueba así como informe médico emitido el 7 de noviembre de 2022, en el procedimiento de revisión del alta médica emitida por la mutua, realizado por el médico inspector, obrante a los folios 4 y 5 del expediente administrativo del Instituto Nacional De la Seguridad Social.

Quinto.- tras al alta médica, el trabajador se reincorporó a su puesto de trabajo, el 12 de noviembre de 2022, y el día 28 de noviembre del mismo año, estando en su puesto de trabajo, manifestó al encargado que se iba a la mutua porque le dolía le brazo. La empresa remitió correo electrónico a la mutua, el mismo día, a las 07:34 horas, informando que le trabajador se dirigía a sus dependencias por dolencias en le brazo.

Véase copia del citado correo electrónico, obrante al documento número 6 del ramo de prueba de la empresa; en relación a los demás extremos, hecho no controvertido.

Sexto.- el día 28 de noviembre de 2022, el Servicio Canario de salud expidió la baja médica del trabajador, por enfermedad común, con el diagnostico de "lesiones de raíces cervicales no clasificable, epicondilitis medial". Y sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Canario de Salud requirió la trabajador para la aportación de documentación por considerar que dicho proceso guardaría relación con un accidente laboral y no estando cubierta la asistencia médica prestada por el Servicio Canario de salud. El día

14 de diciembre de 2022, el trabajador presentó escrito ante dicho Servicio en contestación a dicho requerimiento.

Véase, folios 16 y 18 del ramo de prueba del trabajador.

Séptimo.- Finalmente, el trabajador causó alta médica del proceso de baja médica de noviembre de 2022, el 5 de junio de 2023.

Véase, copia de la nomina correspondiente a la mensualidad de junio de 2023, acompañada por la empresa a su escrito de alegaciones complementarias, de 4 de julio de 2023, obrante ni autos.

La sentencia del Juzgado de lo social número 2 de 12 de julio de 2013 señala expresamente en su último fundamento.

"la anterior conclusión se corrobora por la circunstancia de que persistieran las mismas molestias de la enfermedad, tras la reincorporación a su puesto de trabajo, tras el alta médica el 12 de noviembre de 2022, pues, a los pocos días de dicha reincorporación, en concreto, el 28 de noviembre de 2022, el trabajador aquejado de dolor en la mano derecha, acudió a la Mutua siéndole expedida una baja médica, por igual o similar patología, no por aquella sino por el servicio canario de salud que, sin embargo, dicho organismo consideró que guardaría relación con el incidente previo, acontecido en tiempo y lugar de trabajo, de 30 de septiembre de 2022.

Finalmente le fallo de la citada sentencia expone:

Se estima la demanda presentada por don Jesús Carlos al Instituto Nacional y tesorería general de la Seguridad social, la mutua Fremap y la entidad, Cementerios de Tenerife S.A y en consecuencia, se declara indebida el alta médica de 7 de octubre de 2022 y se repone al trabajador en la situación anterior, haciendo estar y pasar por dicha declaración a los demandados y con la obligación de abono de la prestación económica correspondiente, por parte de la mutua Fremap, con la responsabilidad subsidiaria de la entidad gestora para el caso de insolvencia de ésta última y, todo ello, hasta que concurra causa legal de extinción".

SEGUNDO.- El demandante, que trabaja como sepulturero, estuvo en incapacidad temporal entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre de 2022, proceso que se declaró derivado de accidente de trabajo ocurrido el 23 de septiembre de 2022, y que derivó de un espasmo muscular de antebrazo derecho y síndrome cervicobraquial difuso. El actor impugnó judicialmente el alta médica emitida por la mutua en octubre de 2022, dictándose sentencia en julio de 2023 que declaró el alta indebida. El 28 de noviembre de 2022 inició un nuevo proceso de incapacidad temporal, por dolor en el mismo antebrazo derecho, que tanto la mutua como el Instituto Nacional de la Seguridad Social se negaron a considerar de origen profesional al no constatarse mecanismo lesional en tiempo y lugar de trabajo. La demanda rectora de los autos pretende que se declare que la segunda incapacidad temporal también deriva de contingencia profesional, alegando que el dolor en el brazo apareció en tiempo y lugar de trabajo y que la segunda incapacidad temporal sería recaída del primer proceso. La sentencia de instancia desestima la demanda tras un relato de hechos probados que no se pronuncia en absoluto sobre hechos sustantivos y se limita esencialmente a recoger resoluciones e informes, fundamentando luego el pronunciamiento en que el informe médico forense, que había solicitado la parte actora, había concluido que las lesiones que presentaba el demandante eran degenerativas. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo para la revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por las demandadas "Cetensa Canarias, Sociedad Anónima" y Mutua Fremap, las cuales se oponen al mismo, piden que se desestime, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Solicita el demandante ampliar el contenido del hecho probado 8º para recoger en el mismo los hechos que se declararon probados en la sentencia firme sobre impugnación de alta médica, de la que obra una copia a los folios 104 y siguientes de las actuaciones. El texto que se propone es el siguiente: "Que se ha dictado sentencia firme en procedimiento de impugnación de alta médica Nº1004/2022 de fecha 12 de julio de 2023 en el Juzgado de lo social Nº2. En dicha sentencia firme, constan como hechos probados:

Primero.- Don Jesús Carlos, afiliado al Régimen general de la Seguridad Social y de profesión, sepulturero (fosero), viene prestando servicios para la entidad, cementerios de Tenerife S.A. en el desarrollo de su profesión, realiza las siguientes funciones:

. Manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales

.proceso de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y cenizas.

.manejo de los equipos de trabajo utilizados en los procesos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o cenizas

.tratamiento de gestión de residuos en cementerios

.operaciones básicas para el manteamiento de jardines, parques y zonas verdes

.mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinaras

Véase ficha de descripción del puesto de trabajo, obrante al documento número 2 del ramo de prueba de la empresa, en lo demás, hechos no controvertidos.

Segundo.- en el mes de septiembre de 2022, la empresa ordenó al trabajador funciones consistentes en el mantenimiento de jardines y acopio de agrava. Así, en fecha de 30 de septiembre d 2022, cuando estaba en su puesto de trabajo, presentó dolor en la mano derecha y molestias.

Inició un proceso de incapacidad temporal calificado de accidente de trabajo, el 30 de septiembre de 2022, con fecha de alta dde 7 de octubre de 2022, con el diagnostico de "cervicobraquialgia derecha".

Véase copia del parte de baja y alta médica así como informe de investigaciones de accidnete, ambos, obrantes a los documentos 3 y 4 del ramo de prueba de la empresa.

Tercero.- Disconforme el trabajador con dicha alta, en fecha 10 de octubre de 2022, presentó solicitud de revisión y, con fecha de salida de 9 de noviembre de 2022, la entidad gestora dictó resolución que resolvió determinar que la fecha de efectos del alta médica era de 7 de octubre de 2022, siendo coincidente con el alta médica emitida por la Mutua Fremap (entidad con la que la empresa tenía concertada la cobertura de los procesos derivados de accidente de trabajo).

Véase, copia de la citada resolución administrativa, obrante al folio 1 del expediente administrativo.

Cuarto.- a la fecha del alta médica, el trabajador (diestro) presentaba una radiculopatía denervativa C6 derecha de evolución crónica. Una atrofia de trapecio superior derecho, apofisalgias cervicales, sin francas contracturas ni tumefacción, no crepitantes. Dolor selectivo a la inserción distal de bíceps y pronador redondo con indemnidad a la palpación. Sin signo de Popeye. Balance muscular 5/5. Rot conservados y simétricos. spurling ++. Palm up resistido doloroso, pero, con fuerza. Balance articular de codo completo y libre, con molestias la pulsión, en concreto, dolor en la inserción del bíceps, con esfuerzo. Balance cervical completo.

Véase, informe de evaluación de la mutua fremap, obrante a su ramo de prueba así como informe médico emitido el 7 de noviembre de 2022, en el procedimiento de revisión del alta médica emitida por la mutua, realizado por el médico inspector, obrante a los folios 4 y 5 del expediente administrativo del Instituto Nacional De la Seguridad Social.

Quinto.- tras al alta médica, el trabajador se reincorporó a su puesto de trabajo, el 12 de noviembre de 2022, y el día 28 de noviembre del mismo año, estando en su puesto de trabajo, manifestó al encargado que se iba a la mutua porque le dolía le brazo. La empresa remitió correo electrónico a la mutua, el mismo día, a las 07:34 horas, informando que le trabajador se dirigía a sus dependencias por dolencias en le brazo.

Véase copia del citado correo electrónico, obrante al documento número 6 del ramo de prueba de la empresa; en relación a los demás extremos, hecho no controvertido.

Sexto.- el día 28 de noviembre de 2022, el Servicio Canario de salud expidió la baja médica del trabajador, por enfermedad común, con el diagnostico de "lesiones de raíces cervicales no clasificable, epicondilitis medial". Y sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Canario de Salud requirió la trabajador para la aportación de documentación por considerar que dicho proceso guardaría relación con un accidente laboral y no estando cubierta la asistencia médica prestada por el Servicio Canario de salud. El día

14 de diciembre de 2022, el trabajador presentó escrito ante dicho Servicio en contestación a dicho requerimiento.

Véase, folios 16 y 18 del ramo de prueba del trabajador.

Séptimo.- Finalmente, el trabajador causó alta médica del proceso de baja médica de noviembre de 2022, el 5 de junio de 2023.

Véase, copia de la nomina correspondiente a la mensualidad de junio de 2023, acompañada por la empresa a su escrito de alegaciones complementarias, de 4 de julio de 2023, obrante ni autos.

La sentencia del Juzgado de lo social número 2 de 12 de julio de 2013 señala expresamente en su último fundamento.

"la anterior conclusión se corrobora por la circunstancia de que persistieran las mismas molestias de la enfermedad, tras la reincorporación a su puesto de trabajo, tras el alta médica el 12 de noviembre de 2022, pues, a los pocos días de dicha reincorporación, en concreto, el 28 de noviembre de 2022, el trabajador aquejado de dolor en la mano derecha, acudió a la Mutua siéndole expedida una baja médica, por igual o similar patología, no por aquella sino por el servicio canario de salud que, sin embargo, dicho organismo consideró que guardaría relación con el incidente previo, acontecido en tiempo y lugar de trabajo, de 30 de septiembre de 2022.

Finalmente le fallo de la citada sentencia expone:

Se estima la demanda presentada por don Jesús Carlos al Instituto Nacional y tesorería general de la Seguridad social, la mutua Fremap y la entidad, Cementerios de Tenerife S.A y en consecuencia, se declara indebida el alta médica de 7 de octubre de 2022 y se repone al trabajador en la situación anterior, haciendo estar y pasar por dicha declaración a los demandados y con la obligación de abono de la prestación económica correspondiente, por parte de la mutua Fremap, con la responsabilidad subsidiaria de la entidad gestora para el caso de insolvencia de ésta última y, todo ello, hasta que concurra causa legal de extinción".

SEXTO.- Se estimará el motivo en la medida en que los datos que se propone introducir resultan directamente del documento, que es hábil para modificar los hechos probados, y la adición resulta necesaria para poder tener algo que pueda considerarse un relato de hechos probados en debida forma sobre los extremos relevantes para resolver la controversia, ya que la sentencia recurrida, limitándose a reproducir resoluciones administrativas o informes, no hace nada que pueda calificarse de pronunciamiento sobre los hechos controvertidos.

SÉPTIMO.- En censura jurídica denuncia el recurrente infracción del artículo 156 de La Ley reguladora de la Seguridad social alegando que la baja médica de noviembre de 2022 de produjo tras sufrir dolor en su brazo en lugar y puesto de trabajo, y además alega que la segunda incapacidad temporal ha de considerarse recaída de la primera incapacidad temporal, por accidente laboral, que se extendió del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2022, cuya alta médica fue anulada judicialmente, al tratarse de la misma patología que afectó al mismo brazo derecho y que, aunque pudiera estar presente con anterioridad, resultó agravada con el accidente de trabajo, no estando el actor completamente recuperado cuando se emitió el alta médica el 7 de octubre de 2022, y no tenía el mismo procesos de incapacidad temporal anteriores causados por esa enfermedad de base.

OCTAVO.- El artículo 156 del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena; y tras concretar una serie de supuestos y situaciones que se consideran accidente de trabajo, establece en su apartado 3 una presunción general: "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo". Esta presunción de laboralidad alcanza a la lesión surgida en tiempo y lugar de trabajo, y no se desvirtúa porque se hubieran presentado síntomas anteriores al inicio del trabajo, ni porque con anterioridad al trabajo se padeciera la enfermedad - Sentencias de Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1996 o 12 de julio de 1999, ya que lo determinante para que se aplique la presunción es que la situación crítica se desencadene en el tiempo y lugar de trabajo - Sentencia de 14 de julio de 1997-. El trabajador tiene, así, la carga de probar que el accidente ha ocurrido en el tiempo y en el lugar de trabajo, y la lesión que deriva del mismo.

NOVENO.- La presunción de laboralidad alcanza a la lesión surgida en tiempo y lugar de trabajo, y no se desvirtúa porque se hubieran presentado síntomas anteriores al inicio del trabajo, ni porque con anterioridad al trabajo se padeciera la enfermedad - Sentencias de Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1996 o 12 de julio de 1999, ya que lo determinante para que se aplique la presunción es que la situación crítica se desencadene en el tiempo y lugar de trabajo - Sentencia de 14 de julio de 1997-.

DÉCIMO.- Aunque es cierto que el hecho de que una enfermedad de etiología común se revele exteriormente con ocasión del ejercicio de una ocupación laboral no dota a la misma sin más de la característica jurídica de accidente de trabajo, debe tenerse en cuenta que, a los efectos del artículo 156.2.f) de la Ley General de la Seguridad Social (antiguo 115.2.f) la jurisprudencia, sintetizada en Sentencias como la del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 u 8 de marzo de 2005, estima que el precepto establece una presunción de mayor intensidad incluso que la del artículo 156.3; dice tal sentencia que "en el número tercero del artículo 115 que nos ocupa, se establece con carácter de "iuris tantum", salvo prueba en contrario, dicha relación de causalidad cuando el efecto dañoso se exterioriza en el tiempo y lugar del trabajo; mientras que por el contrario esa relación se establece con mayor intensidad: tendrán la consideración de accidente de trabajo, dice el precepto, los que sufra el las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven a consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Ello produce una inversión en los principios de la carga de la prueba, puesto que en los supuestos de aparición súbita de la dolencia en el tiempo y lugar de trabajo, el lesionado o sus causahabientes únicamente han de justificar esa ubicación en el tiempo y en el espacio, recayendo sobre el patrono o las correspondientes entidades subrogadas la carga de justificar que la lesión, trauma o defecto no se produjo a consecuencia de la realización de la tarea". Señalando la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2007, recurso 853/2006, que lo que se valora a estos efectos no es la acción del trabajo como causa de la patología de base (que en ese supuesto admitía que sería en principio común), sino "la acción del trabajo en el marco del artículo 115.2.f) LGSS como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del art. 115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección".

UNDÉCIMO.- En relación con esto, y complementando esos argumentos, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2007, recurso 35/2005, señala que, en casos de enfermedades que presentan distintos episodios o crisis a lo largo del tiempo, dando lugar a períodos diferentes de incapacidad temporal, y en los que una o varias de las situaciones de crisis o agudización primeramente producidas han aparecido "durante el tiempo y en el lugar del trabajo", dando lugar a la aplicación presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, la existencia de episodios o crisis posteriores no manifestados en tiempo y lugar de trabajo, que dan lugar a procesos de incapacidad temporal nuevos e independientes -por no ser recaída del proceso anterior de incapacidad temporal, al haber mediado más de seis meses entre el alta y la nueva baja-, no implica que esos posteriores procesos de baja deban en todo caso calificarse de contingencia profesional, sino que "debe mantenerse, como regla general derivada del mandato establecido por el art. 115-3 de la LGSS, que la presunción que el mismo estatuye, sólo se aplica a cada concreto período de IT en que se cumplen las exigencias ordenadas por él, ésto es el período concreto de IT en que la dolencia haya aparecido o se haya manifestado "durante el tiempo y en el lugar del trabajo".

DUODÉCIMO.- Todo ello sin perjuicio de que tal regla general -no aplicación de la presunción de laboralidad si la crisis no se desencadena en tiempo y lugar de trabajo, pese la existencia de antecedentes de incapacidad temporal en la que sí se aplicó esa presunción- pueda enervarse si se acreditan datos o circunstancias que permitan concluir una relación de causalidad entre el trabajo y el nuevo proceso de incapacidad temporal. Y en particular, esa relación de causalidad entre el trabajo y el nuevo proceso de incapacidad temporal se presume cuando la nueva incapacidad temporal ha de considerarse, en lo que sería aplicación del actual artículo 169.2 de la Ley General de la Seguridad Social, recaída del proceso anterior, es decir "cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior" y es el criterio que, con una normativa distinta (por aquél entonces de rango puramente reglamentario, el artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1967) aplican tanto esa sentencia citada como las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2000, recurso 4415/1999, o 3 de julio de 2013, recurso 1899/2012.

DECIMOTERCERO.- Expuesto lo anterior, y a pesar de los esfuerzos mostrados por la asistencia letrada de la parte actora en instancia para perjudicarse, pidiendo una prueba tan inútil, impertinente, y contraproducente para sus intereses como es el informe médico forense, cuando la demanda se planteó no por cuestiones médicas sino por aplicación de la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social y por la doctrina de las recaídas, para las que nada de provecho se podía esperar de una pericial médica, el recurso ha de ser estimado. Es evidente, de la lectura de la sentencia de instancia, que el juzgador ha basado su Fallo en que el informe médico forense (solicitado, como es habitual, por el demandante, con la habitual inconsciencia de lo contraproducente que le puede llegar a ser esa prueba en procedimientos de determinación de contingencia) no apreció relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, cosa esperable porque el concepto de "accidente de trabajo" no es médico, sino jurídico, y la aplicación de las presunciones legales de laboralidad depende de criterios puramente jurídicos partiendo de hechos que, o no requieren especiales conocimientos médicos para su valoración (como es la comparación del diagnóstico de la primera y la segunda incapacidad temporal, a efectos de aplicar la doctrina de las recaídas), o que no son en absoluto de tipo médico (determinar si la crisis incapacitante se produjo en tiempo y lugar de trabajo, o si la segunda incapacidad temporal se inició antes de transcurrir seis meses desde que finalizó la primera).

DECIMOCUARTO.- Pero lo que ha obviado de forma patente el juzgador es que en la demanda ya se planteaba que la segunda incapacidad temporal se inició menos de seis meses después de emitirse el alta médica de la primera, y por la misma patología, por lo que si la contingencia del primer proceso de incapacidad temporal se consideró pacíficamente de carácter laboral, la contingencia de la segunda también se debe considerar laboral. Y estos datos fácticos necesarios para aplicar la doctrina de las recaídas resultaban de los hechos probados de la sentencia firme sobre alta médica, pues la incapacidad temporal iniciada el 30 de septiembre de 2022 lo fue por cervicobraquialgia derecha, considerándose laboral porque el dolor en la extremidad superior derecha se manifestó cuando el demandante estaba trabajando; mientras que la incapacidad temporal iniciada el 28 de noviembre de 2022 lo fue por lesiones de raíces cervicales, y afectó al mismo brazo derecho. La nueva incapacidad temporal se inició menos de seis meses después de haberse emitido el alta en la primera (alta que fue, además, anulada), por lo que, aunque en noviembre de 2022 no puede considerarse probado que el episodio crítico se desencadenara en tiempo y lugar de trabajo, siendo en todo caso la misma o similar patología que la determinante del proceso de incapacidad temporal tramitado por accidente de trabajo, y no mediando entre el alta médica y la nueva baja más de seis meses, la segunda incapacidad temporal se ha de considerar recaída de la primera, a todos los efectos, incluyendo su misma consideración como contingencia profesional. No habiéndolo entendido así el juzgador de instancia, procede estimar el recurso, revocar la sentencia recurrida, y en lugar de lo en ella resuelto estimar la demanda y declarar que la incapacidad temporal iniciada el 28 de noviembre de 2022 se ha de considerar derivada de accidente laboral por ser recaída de la incapacidad temporal iniciada el 30 de septiembre de 2022.

DECIMOQUINTO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.