Sentencia Social 162/2026 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1610/2025 de 03 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.-En la demanda origen del procedimiento 622/2024 del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, el demandante impugnaba la desestimación en vía administrativa de la reclamación previa que había formulada frente a la resolución del INSS de 23.2.2024, denegatoria de incapacidad permanente bajo el argumento de que las lesiones que padece no disminuyen de manera suficiente su capacidad laboral. En ese escrito inicial (sucinto resumen de la demanda) relata que la lumbalgia crónica de años de evolución, con dolor exacerbado e irradiado a miembro inferior derecho y limitación de la movilidad, más el dolor de tobillo izquierdo de características mixtas y predominio mecánico, también de años de evolución, le impiden acometer las tareas de la profesión habitual de mecánico de automóviles.

2.-En la sentencia de instancia, que identifica las notas que la doctrina considera características de toda incapacidad permanente y los elementos que configuran el grado de parcial, el Fundamento de Derecho (FD) Tercero es del siguiente tenor literal: "Aplicando la doctrina expuesta al presente caso, poniendo en relación las lesiones padecidas por el actor, según consta en el hecho probado tercero, con los requerimientos de su profesión habitual de mecánico, estas no son de suficiente entidad como para no permitirle realizar todas y cada una de las tareas fundamentales de su profesión, ni le suponen una disminución del 33% de su rendimiento habitual. Los déficit padecidos por el actor, no merman de forma sensible los movimientos de su mano izda pues en la misma presenta un STC leve, según informe de FHA de 11-2-25, respecto al dx de STC de intensidad moderada que afecta a su mano derecha es de reciente dx y ha sido incluido en LEQ por lo que no están agotadas las posibilidades terapéuticas. En cuanto a su patología de espalda, el medico evaluador tras la exploración concluye que no presenta radiculopatia ni pérdida de fuerza ni claudicación en MMII, y en todo caso ha sido derivado a Unidad del dolor para tratamiento según informe de 25-3-25 por lo que debe esperarse a ver evolución. Se aportan informes de Cardiologia en el ramo de prueba, pero en los mismos se recoge que no presenta cardiopatía estructural y se le remite a control por MAP, por lo que no se aprecia que dicha dolencia sea invalidante.

Aun cuando las referidas secuelas han de suponer, evidentemente, una limitación para el desempeño de su trabajo habitual, no cabe estimar - que sus secuelas, en su actual evolución configuren una disminución que alcance como mínimo el 33 por 100 en su rendimiento habitual en el desempeño de la mencionada profesión, tal como exige la Ley General de la Seguridad Social. Por lo que se desestima la demanda".

3.-En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo de los tres motivos previstos en el artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , para examinar las infracciones de normas de procedimiento o garantías procesales que hayan producido indefensión, revisar los hechos probados y examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Solicita de la Sala sentencia que, estimando íntegramente el recurso de suplicación, revoque la de instancia, declare la nulidad de la misma, retrotraiga las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia, para que por el Magistrado a quo se dicte otra en congruencia con lo interesado por esta parte, subsanando los defectos observados en el relato de hechos probados. Subsidiariamente, de considerar que no procede la declaración de nulidad interesa sea dicte sentencia que revoque la dictada, declare que el demandante se encuentra afecto de incapacidad permanente parcial, para su profesión habitual, derivada de enfermedad común, y condene a las partes a estar y pasar por esta declaración, y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al abono de una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de 2.496.68€ (indemnización de importe único de 59.920,32€ s.e.u.o).

SEGUNDO.-Al amparo del motivo de recurso previsto en el apartado a) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , que tiene por objeto reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, el recurrente formula dos denuncias dirigidas a solicitar la nulidad de la sentencia del Juzgado de lo Social:

1ª.-Por infracción del artículo 97.2 de la LJS.

Fundamenta esta denuncia en que la sentencia recurrida carece de razonamiento válido sobre la declaración de hechos probados, que descansa esencial y exclusivamente en el criterio del facultativo evaluador, pese a que ello está desautorizado por sentencia del Tribunal Supremo (TS), Sala de lo Contencioso Administrativo, nº 202/2022, de 17 de febrero -rec 5631/2019, y vulnera la tutela judicial efectiva, en la medida en que implícitamente otorga al informe del evaluador, proveniente de la Administración, el carácter de prueba tasada o legal y de ese modo, ante la ausencia de razonamiento válido sobre porqué aquel relato de hechos probados, al recurrente le resulta imposible articular un motivo de recurso para instar la modificación del ese relato, al amparo del artículo 193.b) de la LJS.

Entiende que procede anular la sentencia para que en la instancia se dice otra en la que la juzgadora haga un análisis comparativo de los argumentos desarrollados en los distintos informes y dictámenes aportados, examine la mayor o menor solidez de cada una de las pruebas, teniendo en cuenta sus fuentes y el desarrollo argumental o expositivo.

En la sentencia de instancia encontramos análisis de más prueba que el informe médico de síntesis. Hemos trascrito el FD 3º, donde podemos ver que la Magistrada del Juzgado de lo Social ha tenido en cuenta ese informe, pero también otros a los que expresamente se refiere.

La STS que cita el recurrente no nos vincula. La jurisprudencia a la que debemos atenernos proviene de la Sala de lo Social del TS.

En el ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 97 LRJS para construir la versión de los hechos con plena libertad de apreciación y valoración de la prueba, el juez de instancia puede elegir el informe que a su juicio, revista mayores garantías de objetividad e imparcialidad, de suerte que en fase de recurso la Sala mantiene la prioridad de aquel informe médico que haya servido de soporte a la sentencia recurrida, sin que esa opción pueda ser combatida con éxito en suplicación, si no se acredita que se haya postergado el dictamen de mayor valor científico, de mayor objetividad e imparcialidad.

El artículo 97.2 de la LJS señala que "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

La identificación expresa en el FD 3º de la base probatoria que sirvió para alcanzar certeza sobre los hechos que permitieron a la juzgadora decidir sobre la pretensión del demandante, aunque ciertamente parca, nos permite tener por cumplida la exigencia del artículo anterior en materia de razonamiento sobre el soporte de los hechos declarados probados.

Como señala el recurrente, la Magistrada ha otorgado al informe médico de síntesis valor de prueba suficiente sobre lo ahí detallado acerca del estado funcional del trabajador, revelado a través de la exploración que realizó el médico evaluador. Ello no genera indefensión alguna, si como dice la parte la misma tiene lugar porque no puede articular en forma un motivo de recurso basado en revisión de hechos probados, necesariamente hemos de desestimar que la indefensión sea real, pues en su escrito de recurso el demandante ha hecho amplio uso del motivo previsto en el apartado b) del artículo 193 de la LJS, uno de los apartados de tal motivo precisamente para añadir particulares del informe médico de síntesis.

2ª.-Por infracción de los artículos 24.1 y 2, en relación con el 117.1 de la Constitución (CE); 97.2 de la LJS; 209, 216, 218 apartados 1, 2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), y la Jurisprudencia que los interpreta. En el desarrollo de la denuncia cita STS ( STS 1031/2024, de 17 de julio -rec. 204/2022, sobre incongruencia de la sentencia, y STS de 13.10.2021 sobre hechos nuevos), sentencias del Tribunal Constitucional (TC) (86/1983, 199/1991, 210/1991, de 1 y 14 diciembre de 1992, de 14 y 28 de septiembre de 1992) sobre motivación de las sentencias y tutela judicial efectiva.

Argumenta que: (i) Al elaborar el HP 3º a partir del informe médico de síntesis, la sentencia de instancia traslada a esta parte la carga de confeccionar el relato de hechos probados, no la de revisar el mismo a la vista de las pruebas practicadas. (ii) Según deja ver en el FD 3º la juzgadora, en contra de lo interesado por esta parte, introdujo hechos nuevos, que lo son por ajenos y posteriores al informe médico de síntesis, al contemplar y considerar relevante la afectación que presenta el trabajador en las manos y no apreciar el carácter permanente de las dolencias a tener en cuenta, pese a que el demandante ha basado su pretensión en las consecuencias que derivan del estado de la columna dorsolumbar y el tobillo izquierdo, ambas patologías ya irreversibles. (iii) En la sentencia hay omisiones inadmisibles, como la falta de análisis y valoración de la afectación a nivel del tobillo izquierdo, del segmento vertebral dorsal y lumbar, del hallux derecho, del porcentaje (36%) de discapacidad que tiene reconocido. (iv) El razonamiento de la juzgadora es contrario a las reglas de la lógica y la razón, la parte no puede entender las conclusiones alcanzadas si las pone en relación con las razones aducidas por la juzgadora, la sentencia resulta arbitraria, irrazonable, ilógica e incongruente, no contiene una exposición de hechos probados suficientes para decidir la demanda, se da un desajuste entre los hechos acreditados y la decisión judicial.

El derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de los respectivos derechos e intereses legítimos, a no sufrir indefensión (24.1 CE) sin duda pasa por obtener una sentencia motivada. A esa necesaria motivación se refiere el artículo 97.2 de la LJS, que ya hemos trascrito al dar respuesta a la denuncia anterior. El artículo 218 de la LEC citado en el recurso trata también de la motivación, además de la exhaustividad y la congruencia que ha de guardar la sentencia: ¡1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

La incongruencia es el desajuste entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, porque en aquella se concede más o menos, o cosa distinta de lo pedido. Ello resultará de confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso, delimitado este por sus elementos subjetivos y objetivos, causa de pedir y petitum. Se habrá incurrido en incongruencia omisiva si falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido deducida oportunamente en el pleito, siempre que no quepa razonablemente interpretar el silencio judicial como una desestimación tácita ( sentencias del Tribunal Constitucional 20/1982, 136/1988, 215/1999, 124/2000, 186/2002 6/2003, 91/2003, 218/2003, entre otras muchas).

El TS/Sala de lo Social advierte que el pronunciamiento judicial deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). Ha analizado la incongruencia en todas sus modalidades y entiende que se produce la omisiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [ SSTS/Sala IV, 1022/2020, de 24 de noviembre (rcud 3640/2018); 717/2024, de 22 de mayo (rcud 475/2021); 576/2025, de 11 de junio de 2025 ( rcud. 3776/2023);703/2025, de 4 de julio de 2025 (rcud. 1096/2024); 843/2025, de 1 de octubre (rc 211/2023)].

Ese derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros, el derecho a obtener una resolución que, salvo que concurra causa legal que prevea la inadmisión, resolverá el fondo del asunto mediante el dictado de una resolución congruente con los pedimentos de las partes, pero también motivada y fundada en Derecho, no incursa en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente ( SSTC 132/2007, de 4 de junio, y 115/2024, de 23 de septiembre). Con la obligación de motivar las sentencias se trata, entre otros fines, de que las partes puedan conocer las razones de la decisión judicial y posibilitar su control mediante el sistema de recursos, por lo que la sentencia ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y la motivación ha de estar fundada en Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad o de un error patente ( SSTC 24/2021 y 28/2024,). No pueden considerarse razonadas ni motivadas las resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas ( SSTC 214/1999, 164/2002, 228/2005, 59/2006, 132/2007, 115/2024)

En la sentencia dictada no se aparta de la razón de pedir, no introduce hechos nuevos que desvirtúen la pretensión del demandante, el material probatorio reside en el expediente administrativo y en la prueba aportada por la parte actora, y de ahí extrajo la Magistrada los hechos que analiza para resolver sobre la incapacidad permanente parcial, que deniega en base a razones claras, expresadas en el FD 3º. Encontramos en la sentencia un nexo preciso entre lo que es objeto del litigio, los hechos declarados probados y las razones que sustentan la decisión judicial, cuyo control de legalidad desplegaremos a través de la respuesta al recurso de suplicación.

En este caso la indefensión alegada no es una realidad.

TERCERO.- 1.-Al amparo del motivo de recurso previsto en el apartado b) del artículo 193 de la LJS, para revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, el recurrente solicita tres revisiones:

1ª.- Para suprimir del HP 3º el segundo párrafo que dice "Dx de STC derecho moderado, incluido en LEQ para enurolisi del mediano derecho. Ha sido derivado a Unidad de Dolor del HCUA para tratamiento de neuropatía croncoa de MMII",porque esos padecimientos no estaban incorporados al expediente cuando el trabajador se sometió a examen por el Equipo de Valoración de incapacidades (EVI), son hechos nuevos que no procede incorporar al relato de hechos probados, sin perjuicio -añade- de que redundan en el carácter limitativo de las lesiones a nivel de extremidades superiores relacionadas con la afectación en columna cérvico-dorsal y la irradiación braquial a ambos brazos, afectadas con el síndrome del túnel carpiano bilateral. Todo ello porque aunque esta parte aportó la prueba de esos nuevos padecimientos, lo hizo en unión de los que originaron el expediente.

Afirma que esos nuevos hechos, indebidamente incorporados al relato fáctico, han tenido una máxima relevancia en el fallo de instancia, en la medida en que se ha desestimado la demanda porque dichos padecimientos no contribuyen a la declaración de incapacidad permanente en detrimento de otros que si juegan ese papel.

2ª.-Para añadir un HP 3º Bis, transcribir el apartado 4º del informe médico de síntesis "Solicitada IP a instancia de oficio de SPS en relación a lumbalgia . -Revisado informe propuesta de IP por SPS : valorado por COT el 15/11/23 ,DX principal :artrosis facetaria leve a nivel L2-L3 y moderada L4-L5.Rizolisis en el 2022 L4-L5 derecha sin mejoría. Recomiendan no cargar peso ni hacer esfuerzos .Por lo demás puede hacer vida normal según tolerancia al dolor . - Revisada Historia de SPS desde alta PIT en Feb/23 : *15/11/23 COT Hjarrio : Sigue con dolor lumbar. El mismo desde hace años sin referir cambios. EF: Dolor sobre todo con la extensión lumbar. Marcha sin asistencia pero refiere dolor al caminar. SLRT negativo. Fuerza y sensibilidad de miembros inferiores conservadas. No clínica compatible con radiculopatía ni con síndrome de cola de caballo. RMN de 2021 con artrosis facetaria leve a nivel L2 - L3 y moderada L4 - L5 por los que se procedió a rizólisis. Consideran tras rizólisis no efectiva y dados los resultados de la RMN que el paciente ya no puede realizar su trabajo habitual debido al deterioro progresivo de su columna dorsolumbar y de su tobillo izquierdo. Plan: Solicitar cita en consultas externas de traumatología con resultados de última RMN. Refiere lumbalgia irradiada a MID de predominio en sedestación. Refiere tomar Celebrex y gabapentina /8h . Refiere caminar . NO acude a piscina ni realiza pilates . El 20/2/24 tiene cita en COT para revisión de RNM realizada en HJove ( 18/1/24) Aporta informe de RNM (18/1/24) : Leves cambios degenerativos espondiloartrósicos en articulaciones interapofisarias de L2/L3, L3/L4 y L5/S1 y moderados cambios en L4/L5 con estenosis leve del canal y de ambos forámenes de conjunción con predominio derecho a este nivel.Hiperlordosis lumbosacra. Anterolistesis grado I de L4 sobre L5 no visible en estudio previo, con disco adaptado al platillo superior de L5.Depresión central del cuerpo vertebral de L1 secundario a fractura crónica de ambos platillos con predominio de afectación del platillo superior, con pérdida de altura ligeramente superior al 50% y retropulsión del muro posterior condicionando estenosis leve del canal este nivel, tratada con placas y tornillos transpediculares bilaterales en T12, L1 y L2.Discopatía degenerativa con aparición de pequeñas protrusiones de base amplia postero centrales y paracentrales bilaterales en L2/L3 y L3/L4, asimétrica hacia el foramen de conjunción derecho en L2/L3, sin demostrar claro contacto radicular. Tratam actual : Gabapentina 300 mg/8h+celebrex 200mg /24h+Diovan 160 mg724h+Omeprazol/24h."

Como soporte probatorio de la revisión ofrece el citado informe médico de síntesis (folios 54 a 57 del expediente), solo parcialmente reproducido en el HP Tercero.

3ª.-Para añadir un HP 3º 2 Bis, que diga "En informe del Servicio de Traumatología del Hospital de Jarrio, de 25/03/2025, se indica; "además presenta degeneración artrósica C6-C7 con intenso edema en esos cuerpos cervicales con protusión para medial disco de C4-C5 con estenosis moderada de agujero de conjunción que le producen cervicalgía e hipoestesia en 3º, 4º y 5º dedos, (ahora refiere que todos), sobre todo mano derecha. Ahora mismo edema en tobillo antiguamente fracturado con degeneración artrósica, inflamación de rodilla del mismo lado...... En la exploración física, columna dorso-lumbar 2P. Limitación de movilidad para ambas rotaciones, sobre todo la derecha. Dolor a la palpación de zona central y paravertebral. Maniobras de Lasegue y de Bragad Negativas.

Miembros inferiores: Dolor con la flexión de rodilla con crepitación a nivel de rótula. Tumefacción y limitación de la movilidad del tobillo izquierdo. Fuerza levemente disminuida. Miembros superiores: parestesias en tres primeros dedos de ambas manos con limitación de fuerza de presión".

Sostiene que el informe reseñado es idóneo porque del mismo se concluye el progresivo deterioro dorso-lumbar que padece el actor, y que es documento válido como obrante en autos al documento número tres del ramo de prueba de esta parte (documento número 41 del eje).

Defiende la utilidad del añadido en que de ese modo se corrige lo expresado en el informe médico de síntesis sobre lo constatado en la exploración de la columna cervical.

Todo ello porque no se ha relacionado adecuadamente el cuadro clínico con los requerimientos de la profesión habitual, de imposible desempeño con los actuales padecimientos.

2.-La revisión de hechos probados se rige por lo previsto en los artículos 193.b) y 196.3 de la LJS, y por los criterios reiteradamente establecidos en sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo (TS) en paralelo a los propios de la revisión de hechos probados para el recurso de casación. En vía de suplicación se podrán revisar los hechos probados a la vista de concretas pruebas documentales o periciales, que el recurrente señale de manera suficiente, al tiempo que ofrezca un texto alternativo (artículos 193 b y 196.3 LJS) . El punto de partida está en la denuncia de que algún extremo de la declaración de hechos probados resulte equivocado por exceso o por defecto, seguido de la concurrencia de los presupuestos fijados de manera reiterada por la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (entre muchas, la STS 960/2022, de 14 de diciembre, dictada en el rc. 131/2022, referida a la revisión de hechos probados en el recurso de casación, extrapolable al recurso de suplicación):

a) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

b) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

c) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

d) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

e) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

f) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

g) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

h) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

i) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

Esas líneas generales se completan con precisiones como estas: 1) Una cosa es el error en la apreciación de la prueba, que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados, y otra muy distinta que la valoración jurídica de los comportamientos conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable. 2) Se rechazan las pretensiones que instan una nueva valoración de la prueba, pues en ello se desconsidera el carácter extraordinario y limitado del recurso, además de la competencia exclusiva y amplia del Juez de instancia para cumplir ese cometido; se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juez de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en la práctica de la prueba, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. 3) Los documentos sobre los que se pretenda efectuar la revisión han de tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, sin necesidad de argumentos, conjeturas, deducciones o interpretaciones valorativas. 4) Salvo supuestos de error palmario, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento en que se ha basado la sentencia recurrida para sentar sus conclusiones, pues también en ese caso se sustituiría el criterio objetivo del Juez por el subjetivo juicio de evaluación de la parte. 5) Si existe en los hechos probados constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia. ( SSTS 13/11/2007 rec. 77/2006, de 16/4/2014 rec. 57/2013, de 18/3/2014 rec. 125/2013, de 9/2/1996 rec. 2429/1994, de 28/6/2013 rec. 15/2012, 20/4/2015 rec. 354/2014, de 7/7/2016 rec. 174/2015, de 9/1/2019 rec 108/2018, de 21.10.2021 rec 143/2020, de 27.6.2024 re.216/2022, de 9.7.2024 rec. 234/2022).

3.-No procede retirar del HP 3º el párrafo que declara probado el diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, que en el FD 3º la sentencia de instancia pone en relación con uno de los informes médicos aportados por la parte actora. Que esa dolencia no formara parte del expediente administrativo ni, como hemos visto, la explicitara el trabajador en la demanda, no convierte su cita como hecho probado en hecho nuevo de improcedente incorporación y valoración. Baste al efecto tener en cuenta que en la demanda la parte actora relataba los requerimientos a nivel de manos como uno más a los que el trabajador debe dar respuesta al desarrollar las tareas de la profesión habitual. Y sobre el límite temporal para introducir dolencias que puedan tener repercusión funcional con vistas a una declaración de incapacidad permanente, será el acto de juicio el momento que pone cierre a esa posibilidad, pues ese el momento final de valoración del cuadro clínico del trabajador a efectos de determinar cuál sea su capacidad funcional.

En modo alguno se desprende de la sentencia que la valoración judicial del síndrome bilateral de túnel carpiano sea la causa de desestimación de la demanda.

4.-Aunque son varios los informes médicos citados en sentencia, el informe médico de síntesis se revela como la prueba que ha permitido a la Magistrada de instancia obtener certeza acerca del estado del trabajador en relación con la capacidad laboral. Del mismo solo trascribe el apartado relativo a la exploración del trabajador en la Unidad. Procede incorporar al relato de hechos la parte del mismo que el recurrente quiere añadir como HP 3º Bis, sin que ello presuponga la modificación del Fallo. Dice así:

"4. Enfermedad actual

-Solicitada IP a instancia de oficio de SPS en relación a lumbalgia.

-Revisado informe propuesta de IP por SPS: valorado por COT el 15/11/23. DX principal:artrosis facetaria leve a nivel L2-L3 y moderada L4-L5.Rizolisis en el 2022 L4-L5 derecha sin mejoría. Recomiendan no cargar peso ni hacer esfuerzos. Por lo demás puede hacer vida normal según tolerancia al dolor .

- Revisada Historia de SPS desde alta PIT en Feb/2 :

*15/11/23 COT Hjarrio : Sigue con dolor lumbar. El mismo desde hace años sin referir cambios.

EF: Dolor sobre todo con la extensión lumbar. Marcha sin asistencia pero refiere dolor al caminar. SLRT negativo. Fuerza y sensibilidad de miembros inferiores conservadas. No clínica compatible con radiculopatía ni con síndrome de cola de caballo.

RMN de 2021 con artrosis facetaria leve a nivel L2 - L3 y moderada L4 - L5 por los que se procedió a rizólisis. Consideran tras rizólisis no efectiva y dados los resultados de la RMN que el paciente ya no puede realizar su trabajo habitual debido al deterioro progresivo de su columna dorso-lumbar y de su tobillo izquierdo. Plan: Solicitar cita en consultas externas de traumatología con resultados de última RMN.

Refiere lumbalgia irradiada a MID de predominio en sedestación. Refiere tomar Celebrex y gabapentina /8h . Refiere caminar . NO acude a piscina ni realiza pilates . El 20/2/24 tiene cita en COT para revisión de RNM realizada en HJove ( 18/1/24)

Aporta informe de RNM (18/1/24): Leves cambios degenerativos espondiloartrósicos en articulaciones interapofisarias de L2/L3, L3/L4 y L5/S1 y moderados cambios en L4/L5 con estenosis leve del canal y de ambos forámenes de conjunción con predominio derecho a este nivel. Hiperlordosis lumbosacra. Anterolistesis grado I de L4 sobre L5 no visible en estudio previo, con disco adaptado al platillo superior de L5.Depresión central del cuerpo vertebral de L1 secundario a fractura crónica de ambos platillos con predominio de afectación del platillo superior, con pérdida de altura ligeramente superior al 50% y retropulsión del muro posterior condicionando estenosis leve del canal este nivel, tratada con placas y tornillo transpediculares bilaterales en T12, L1 y L2.Discopatía degenerativa con aparición de pequeñas protrusiones de base amplia postero centrales y paracentralesbilaterales en L2/L3 y L3/L4, asimétrica hacia el foramen de conjunción derecho en L2/L3, sin demostrar claro contactoradicular.

Tratam actual : Gabapentina 300 mg/8h+celebrex 200mg /24h+Diovan 160 mg724h+Omeprazol/24h".

5.-En principio los informes médicos no son idóneos para revisar los hechos de la sentencia de instancia, pues no tienen especial eficacia probatoria ni gozan de plena certeza de contenido. Ello es motivo de desestimación de la tercera revisión propuesta.

CUARTO.- 1.-Al amparo del motivo de recurso previsto en el apartado c) del artículo 193 de la LJS, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 45.1, 80.2 letra a), 156.1, 194.1 a) y 196.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/15, de 30 de Octubre, en relación con la Disposición transitoria 26ª del mismo cuerpo legal y artículo 194.2 y 3 de la citada disposición, en concordancia con los arts. 11.1 a) y 12.1 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1.969.

Trascribe informes médicos y sostiene que en este caso concurren patologías a nivel de columna cervical, columna lumbar y tobillo, definitivas, crónicas, de larga evolución y con mal pronóstico funcional, no tributarias de tratamiento quirúrgico, que solo minoraría el dolor y sobre el que no hay garantía de éxito: Degeneración artrósica C6.7 con intenso edema, protrusión para medial en C4.5 con estenosis moderada de agujero de conjunción, cervicalgia e hipoestesia en 3º, 4º y 5º dedos, especialmente en mano derecha. Espondiloartrosis en articulaciones interapofisiarias de L2.3, L3.4 y L5.S1, moderados cambios en L4.5 con estenosis leve de canal y de ambos forámenes de conjunción con predominio derecho, hiperlordosis lumbosacra, anterolistesis grado 1 de L4 sobre L5 con disco adaptado al platillo superior de L5, depresión central del cuero vertebral de L1 secundario a fractura crónica de ambos platillos con predominio de afectación del platillo superior, pérdida de altura ligeramente superior al 50% y retropulsión del muro posterior condicionado estenosis leve del canal a este nivel, tratada con placas y tornillos transpediculares bilaterales en T12, L1 y L2, discopatía degenerativa con aparición de pequeñas protusiones de base amplia postero centrales y paracentrales bilaterales en L2.3 y L3.4, asimétrica hacia el foramen de conjunción derecho en L2.3, de años de evolución, sin mejoría sostenida con tratamiento analgésico habitual, con reposo, o con tratamiento rehabilitador. Edema en tobillo fracturado con degeneración artrósica e inflamación de rodilla del mismo lado.

Considera que el cuadro impide o disminuye severamente la capacidad laboral o, en su caso, subsidiariamente, reduce la capacidad para desempeñar la actividad profesional de mecánico de automóviles, en condiciones mínimas y suficientes de eficacia, permanencia y rendimiento, al menos en un grado igual o superior al 33%, pues es esa una profesión que exige mantener la posición de cuclillas o reclinado, la manipulación manual de piezas de diferentes pesos y formas con movimientos repetitivos de las extremidades superiores, adoptar posturas forzadas de miembros superiores (flexión y giros de muñeca y codo/hombro), de la espalda y el tronco (flexionado y/o girado ocasionalmente), mantener la bipedestación prolongada.

Con cita de la Guía de Valoración Profesional del INSS, se refiere a requerimientos elevados de carga física y carga biomecánica medio/alta de brazos, piernas, tronco, giros de cabeza y especialmente de manos; a requerimiento moderado en la manipulación de cargas, destreza manual, atención y coordinación.

2.-Los artículos 193 y 194 de la LGSS, Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre este último completado a través de la Disposición Transitoria 26ª de ese texto legal, ofrecen el concepto de incapacidad permanente y la definición de sus distintos grados, de entre los que aquí interesa el de incapacidad permanente total.

El artículo 193 (concepto de incapacidad permanente contributiva) dice así "1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación".

El artículo 194 de esa Ley (grados de incapacidad permanente) indica "1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial [....].

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente [....].

La Disposición Transitoria 26ª (Artículo 194. Grados de incapacidad permanente) añade:

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

[...]

.2. Se entenderá por profesión habitual [...]. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. [...].

La incapacidad permanente es un concepto formado por inseparables componentes personales, laborales y jurídicos. A los jurídicos ya nos hemos referido al dejar constancia del concepto legal de incapacidad permanente, a lo que se suman requisitos específicos que tienen que ver con normas reguladoras de la afiliación, alta en el sistema de Seguridad Social, cotizaciones etc. De los personales tenemos en cuenta las repercusiones funcionales que presenta el trabajador como secuelas de las enfermedades o lesiones que tiene diagnosticadas y, de manera excepcional, algunos otros factores de índole personal o social si de los mismos se desprenden particularidades en el trabajador susceptibles de repercutir en aquellas secuelas; en concreto, tenemos en cuenta si muestra de manera objetiva limitaciones derivadas de repercusiones orgánicas o funcionales sobrevenidas a su incorporación al sistema de Seguridad Social, que sean presumiblemente definitivas, porque estén agotadas las posibilidades sanitarias al uso tendentes a la curación o si esta desde el punto de vista médico se estima incierta o solo posible a largo plazo. De las laborales consideramos las circunstancias que deben estar presentes para desarrollar cualquier tipo de trabajo, en aras a constatar si el trabajador reúne condiciones físicas y/o mentales que le permitan iniciar, desarrollar y consumar tareas dentro de niveles considerados generales o comunes en cuanto a ritmo, esfuerzo, rendimiento, diligencia, profesionalidad y seguridad. En la incapacidad permanente parcial valoramos la disminución del rendimiento y la minoración en la capacidad de trabajo, causada por la merma del rendimiento en el porcentaje legalmente exigido, por el mayor esfuerzo a realizar para mantener el rendimiento o vencer la limitación funcional que experimenta el trabajador, de modo que el trabajo le resulta más penoso, más difícil de lo que sería un desempeño en condiciones funcionales normales.

En el informe médico de síntesis, base del HP 3º de la sentencia y del HP3º Bis introducido vía artículo 193.b) de la LJS, se recoge que el trabajador tiene antecedentes de fractura inestable de L1 con invasión de más del 50% del canal medular que precisó artrodesis en 2002 de T12-L2 ,y fractura espiroidea del tercio inferior de la tibia izda tratada con osteosíntesis en maléolo, posteriormente extraído. En el año 2020 vio denegada la incapacidad permanente cuando presentaba cervicalgia (hernias intraesponjosas y cambios degenerativos en C6.7, abombamiento discal en C4.5), lumbalgia (artrodesis postero-lateral T12-L2 sin signos de aflojamiento), artralgias inespecíficas (artrosis tobillo izdo y artrosis de la 1ª MTF dcha), sin compromiso radicular ni de canal,. Pasa por un proceso de incapacidad temporal en 2022 por ciática y rizólisis, otro de 10.10.2023 a 11.1.2024 que desemboca en la valoración de incapacidad permanente a partir de un diagnóstico principal de lumbalgia secundaria a artrosis facetaria leve a nivel L2-L3 y moderada L4-L5, con rizolisis (por radiofrecuencia) lumbar derecha L4.5 practicada en el año 2022, que no dio en mejoría.

En noviembre de 2023 refiere que mantiene el mismo dolor lumbar de antaño, irradiado a miembro inferior derecho y al caminar. En el servicio de traumatología se informa de que no tiene alterada la fuerza ni la sensibilidad en las extremidades ni radiculopatías, se le recomienda no cargar peso ni hacer esfuerzos..

En radiografía de 18.1.2024 se informa de leves cambios degenerativos espondiloartrósicos en articulaciones interapofisarias de L2 a S1, moderados cambios en L4.5 con estenosis leve del canal y de ambos forámenes de conjunción con predominio derecho; de hiperlordosis lumbosacra, de anterolistesis grado I de L4 sobre L5, de depresión central del cuerpo vertebral de L1 secundario a fractura crónica de ambos platillos, con predominio de afectación del platillo superior, con pérdida de altura ligeramente superior al 50% y retropulsión del muro posterior condicionando leve estenosis del canal, tratada con placas y tornillo transpediculares bilaterales en T12, L1 y L2, de discopatía degenerativa con aparición de pequeñas protrusiones de base amplia postero centrales y paracentrales bilaterales en L2.3 y L3.4, asimétrica hacia el foramen de conjunción derecho en L2.3, sin muestra de claro contacto radicular.

Realiza las maniobras de desvestido/vestido y calzado con gestos de dolor intermitente ya sea en bipedestación, en sedestación o en decúbito, que desaparecen con maniobras de distracción..

No muestra dolor a la palpación de apófisis espinosas cervicales, contracturas ni amiotrofias y conserva la dinámica cervical.

A nivel de columna lumbar muestra dolor a la palpación de apófisis espinosas lumbares altas, no a la palpación de articulaciones sacroilíacas ni musculatura paravertebral. No muestra contracturas ni amiotrofia. La dinámica lumbar está limitada por dolor a la extensión, en la flexión deja 20 cm de distancia en el recorrido dedos/suelo, realiza rotaciones e inclinaciones sin dolor. Las prueba radiculares (Lassegue) son negativas en decúbito y sedestación, las repercusiones osteotendinosas rotulianas y aquíleas son indiferentes. Muestra obesidad abdominal.

Conserva el balance articular completo de caderas, las pruebas Fader y Fadir son negativas. Las rodillas están secas y estables, con arco completo de movilidad, las maniobras ligamentosas y meniscales son negativas. La fuerza proximal y distal plantar y dorsal alcanza 5 sobre 5 máximo. No presenta atrofias.

Camina sin apoyos ni claudicación. Realiza la marca de puntera/talón con dificultad por la lesión crónica de tobillo. Mantiene posición monopodal. Realiza cuclillas.

Los diagnósticos no pueden sustentar una declaración de incapacidad permanente si la clínica que los acompaña no repercute funcionalmente. Este es el caso que nos ocupa. Las pruebas de imagen y los informes médicos ofrecen diagnósticos pero el resultado funcional del conjunto no es susceptible de reducir de manera significativa la capacidad de respuesta laboral para atender con criterios de normalidad a los requerimientos de la profesión habitual. El resultado de la exploración realizada por el médico evaluador solo deja ver una limitación en la movilidad lumbar, que no es susceptible de recortar la aptitud física necesaria para desarrollar el trabajo de mecánico en taller de automóviles. El resultado exploratorio es una evidencia de que el trabajador conserva capacidad para la profesión habitual, aun cuando tiene alteraciones en columna y tobillo, además de otras alteraciones. La suya es una patología de años atrás, que salvo los puntuales procesos de incapacidad temporal, resultó compatible con el trabajo, y no hay agravación actual que justifique merma en el rendimiento, susceptible de sostener una declaración de incapacidad permanente parcial. En consecuencia, la sentencia que desestima la demanda no incurre en las infracciones citadas en el recurso.

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación