Sentencia Social 1579/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 652/2025 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO:La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró que el proceso de incapacidad temporal iniciado por DON Luis Antonio en fecha 8 de junio de 2021 y ya finalizado, deriva de accidente de trabajo, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y a las consecuencias legales inherentes a la misma.

Recurre en suplicación la empresa VALLAS YCIERRES ASTURIAS SL conforme con los artículos 193.a, b y c) de la LJS que es impugnado por el actor y por la mutua Asepeyo.

El recurso en base al artículo 193.a) de la LJS alega la infracción de los artículos 90.3, 92 y 94 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en conexión con los artículos 299, y 330 y 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 9.f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los artículos 156, 157 y 158 de la LGSS, el artículo 202 de la citada Ley Ritual Laboral y los artículos 24.1 y 2 de la vigente Constitución Española y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en relación con la jurisprudencia entre la que invoca las sentencias de 20-4 y 16-5 de 1988, 30 de octubre de 1991, 13 marzo 1990, 30 mayo 1991, 22 junio 1992 y 1-12-2003(recurso 63/2003), en relación con la nulidad de la sentencia.

Lo sostiene en la denegación de la prueba documental que solicitó el recurrente como anticipada (epígrafe 78 del expediente) en la que interesó que se oficiase al SESPA, mutua Universal-Mugenat y mutua Asepeyo para que remitieran copia fehaciente del expediente administrativo y /o de gestión sustanciado por ellas respecto de los periodos de incapacidad temporal iniciados desde enero de 2019 al día de la fecha por el actor, y al Centro de Salud de Sabugo, para que remitiera copia fehaciente de la historia clínica obrante el mismo del actor.

Dicha documental fue admitida el 15 de julio de 2022 limitándose a las patologías psíquicas del actor, lo que fue recurrido por el ahora recurrente y desestimado por Auto de 16 de septiembre del mismo año. En la vista se desestimó el recurso de reposición contra la resolución de 15 de noviembre de 2024 sobre la prueba documental solicitada por el ahora recurrente (epígrafe 188 del expediente) en los mismos términos sobre la que se había resuelto en Providencia de 15 de noviembre de 2024.

Invoca la jurisprudencia constitucional sobre el artículo 24 de la Constitución Española( SSTC 37/2000, 19/2001, 73/2001, 4/2005, 308/2005 42/2007 y 174/2008) en relación con la prueba, porque entiende que esa denegación le causó indefensión porque resulta incuestionable habida cuenta de que tanto en los informes acompañados a la demanda cuanto en aquellos que constan en el expediente administrativo, se hace referencia no sólo a la ansiedad que se dice era padecida por el actor sino a otro tipo de dolencias, como la psoriasis y artropatía psoriásica, así como el mal control de la hipertensión arterial, todas ellas susceptible de ser derivadas de un carácter nervioso del trabajador y que en el presente supuesto se atribuyen al proceso de estrés supuestamente padecido por el actor por sus problemas laborales. Entiende que tiene derecho a acreditar en el expediente el momento temporal en el que debutaron dichas patologías distintas a las de naturaleza psíquica -quizás con estrecha relación con estas últimas, de ahí que la mutilación de la prueba solicitada por la que fue su empleadora en orden a desvirtuar las afirmaciones del trabajador resulta manifiestamente improcedente y causa indefensión. Añade que en el ramo de prueba de la empresa figura un documento(nº 10) en el que figuran parte de los informes médicos aportados por el actor con su demanda interesando el reconocimiento de la incapacidad permanente, en los que figuran otras patologías (dermatitis y artrosis psoriasica) que atribuyen al estrés laboral(2-2-2023) y el trabajador ya no volvió a prestar servicios para su empleadora desde el 8 de junio de 2021, razón por la cual también se justificaba la práctica de la prueba solicitada anticipadamente, por cuanto permitiría acreditar sin ninguna duda la existencia de otras causas para el agravamiento de esas patologías, como es, el caso de la ya citada psoriasis nerviosa padecida, lo que determinaría la concurrencia de un padecimiento psíquico con repercusión física y si acaso coetáneo y coadyuvante al factor laboral, con las consecuencias a ello inherentes. En cuanto a la protección de datos, invoca el artículo 24 de la Constitución y 9.f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 77 de abril de 2016.

La mutua Asepeyo alega, al amparo del artículo 197 de la LJS, que el actor prestó servicios para distintas patronales, en situación de multiactividad y para la que tenía la cobertura de la muerte y supervivencia con ASEPEYO, no consta incidente alguno, de hecho es en sí mismo significativo que ni en el relato factico de la demanda existe referencia a tal. Y ello hasta el punto de que no hay baja médica, no hay proceso de incapacidad temporal iniciado el 8 de junio de 2021 con esa patronal, realizando el trabajador su actividad con normalidad, por tanto no puede generarse en modo alguno ningún tipo de prestación que en si misma y por definición es incompatible con el ejercicio de la actividad, una actividad que insistimos es bajo para esa empresa totalmente normalizada.

No concurre al menos respecto a la actividad realizada bajo cobertura de ASEPEYO, por las razones expuestas, ni el elemento cronológico, ni el teleológico, ni el dinámico para considerar que hay proceso de incapacidad temporal por accidente de trabajo, pues de hecho no hay ni situación de incapacidad temporal y si actividad que es incompatible con esta, por lo que interesa que se tengan por realizadas alegaciones en tiempo y forma al recurso de suplicación interpuesto.

El actor también impugna el recurso de suplicación y en cuanto al primer motivo alega que la prueba inadmitida no tiene trascendencia alguna para el presente procedimiento. El proceso de IT está perfectamente determinado y concretado y los informes médicos emitidos durante el mismo informan en el mismo sentido. La baja se produce por un diagnóstico de trastorno de ansiedad reactiva a un problema laboral. En la totalidad de los informes emitidos durante la IT y aportados en Autos, se informa en el mismo sentido. Además, no se refiere en dichos informes, antecedente psiquiátrico alguno de mi mandante. El hecho de que durante el proceso de IT y como consecuencia de ese estado de ansiedad, se agrave una dermatitis psoriásica que el trabajador ya padecía, nada tiene que ver con la contingencia. La baja, como decimos y como figura en la totalidad de los informes, es por una situación de ansiedad y estrés derivados del problema laboral.

SEGUNDO:Alude literalmente el motivo que el artículo 193.a) LJS regula una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, de modo que tanto ha de ser adecuadamente citada la norma o garantía procesal cuya infracción se denuncia, como el quebrantamiento procesal denunciado debe anudar inescindiblemente dicha indefensión. El derecho a no sufrirla constituye un derecho fundamental, inseparable del derecho de defensa que el artículo 24.2 CE reconoce y garantiza a todos los que son parte en un proceso judicial y cuyo contenido esencial se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto que es objeto del proceso. La infracción denunciada habrá de conllevar un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, siendo la indefensión en su manifestación más trascendente la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa privándola de ejercitar su potestad de alegar y en su caso de justificar los derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( Sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras, 145/1990 de 11 de octubre, 131/1995, de 11 de septiembre y 1/1996, de 15 de enero).

Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a utilizar de los medios de prueba necesarios para su defensa reconocido en el art. 24.2 CE (RCL 1978, 2836), el Tribunal Constitucional ha consolidado un cuerpo de doctrina que puede resumirse en los siguientes términos ( STC 86/2008, de 21 de julio (RTC 2008, 86), FJ 3, por todas):

a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda [por todas, SSTC 133/, 30 de junio , FJ 3 a)].

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o inejecuten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE (RCL 1978, 2836) únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial ( SSTC 1/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 1), FJ 2, y 70/2002, de 3 de abril (RTC 2002, 70), FJ 5, por todas); y, por otro, la prueba denegada o impracticada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( SSTC 217/1998, de 16 de noviembre (RTC 1998, 217), FJ 2 , y 219/1998, de 16 de noviembre (RTC 1998, 219), FJ 3).

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo constitucional (por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio (RTC 2003, 133), FJ 3; 359/2006, de 18 de diciembre (RTC 2006, 359), FJ 2 ; y 77/2007, de 16 de abril (RTC 2007, 77), FJ 3).

f) Finalmente, el art. 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se pudo practicar. En tales supuestos lo relevante no es que las pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la desestimación sea la consecuencia de la previa conculcación por el propio órgano judicial de un derecho fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una aparente resolución judicial fundada en Derecho una efectiva denegación de justicia ( SSTC 37/2000, de 14 de febrero ( RTC 2000, 37), FJ 4 ; 19/2001, de 29 de enero (RTC 2001, 19), FJ 6; 73/2001, de 26 de marzo (RTC 2001, 73) , FJ 4; 4/2005, de 17 de enero (RTC 2005, 4), FJ 5; 308/2005, de 12 de diciembre (RTC 2005, 308), FJ; 42/2007, de 26 de febrero (RTC 2007, 42), FJ 5 y 174/2008, de 22 de diciembre (RTC 2008, 174), FJ 2).

Esta doctrina se reitera en la STC 212/2013 de 16 de diciembre.

El artículo 9.2.f) del Reglamento comunitario 2016/679 sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de los mismos, se refiere al tratamiento de categorías especiales de datos personales estableciendo una prohibición general cuando revelen el origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, etc y estable varias excepciones entre las que se encuentra(apartado f) cuando "el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial."

El recurrente solicitó como prueba anticipada, en dos ocasiones y en los mismos términos, informes sobre la historia clínica del actor y respecto de los periodos de incapacidad temporal iniciados desde enero de 2019 al día de la fecha por el mismo.

Fue admitida sólo respecto de las dolencias psíquicas en los términos del recurso de reposición resuelto por Auto de 16 de septiembre de 2022 que refiere la normativa y la interpretación jurisprudencial, porque el diagnóstico del proceso de incapacidad temporal cuya contingencia se discute, fue el de "ansiedad". En la providencia dictada el 15 de noviembre de 2024 se estuvo a lo ya resuelto y en la vista se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra esta resolución.

Sólo puede confirmarse lo resuelto desestimando el motivo de nulidad porque consta probado que el actor inició un proceso de incapacidad temporal el 8 de junio de 2021, por tanto posterior a la fecha de inicio de la información que interesa la recurrente, con un diagnóstico de "ansiedad" y que en la historia clínica del centro de salud, no consta otro periodo de incapacidad temporal por causa psíquica, como se declara probado, además de otros informes médicos de los años 2021 y 2022 sobre su estado de salud que figuran en los hechos.

Otras posibles patologías no son relevantes a estos efectos porque el diagnóstico es único, no hay antecedentes de otros periodos incapacitantes y por tanto relevantes desde el punto de vista de la capacidad laboral y del objeto del proceso, y debe preservarse el derecho a la intimidad del trabajador, por lo que prevalece el derecho a la protección de datos personales. La referencia a otras dolencias que dice figuran en el procedimiento en el que se interesó el reconocimiento de la incapacidad permanente, no fueron motivo de la baja y además se trata de una exacerbación de la sintomatología consecuencia de la ansiedad y no al revés; incluso se declara probado (hecho 3º) que el cuadro clínico valorado en dicho expediente fue el de "trastorno de adaptación", sin referencia al resto de enfermedades a que se refiere el recurso.

TERCERO:Al amparo del artículo 193.b) de la LJS, la recurrente interesa la modificación de los hechos probados 3º y 5º.

En relación con el hecho probado 3º propone la adición del siguiente texto: "EL ACTOR INICIO PROCESO DE IT DERIVADO DE ENFERMEDAD COMUN EL 8 6-21 POR NERVIOS/ANSIEDAD. EN EL INFORME DE SALUD DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2021, SE REFIERE LO SIGUIENTE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE SABUGO QUE PRESENTA HTA CON MAL CONTROL. REALIZADA MAPA (PICOS DE 154/106, 153/106, 163/97, 181/92) Y DERMATITIS EN AMBASMANOS QUE ATRIBUYE A SITUACION DE ESTRÉS SECUNDARIA A PROBLEMAS LABORALES. POR SU PARTE, EN EL INFORME DE SALUD DE FECHA 7 DE JULIO DE 2021 SE HACE CONSTAR: PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE SABUGO QUE PRESENTA LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES PERSONALES: ANSIEDAD REACTIVA A PROBLEMAS LABORALES SEGÚNREFIERE. DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO APATÍA PINCHAZOS OCASIONALES EN CABEZA, MIALGIAS DIFUSAS, PALPITACIONES OCASIONALES. DIFICULTAR PARA CONCENTRARSE. PSORIASIS Y ARTROPATÍA PSORIÁTICA, EXACERBADA POR EL PROCESO DE ESTRÉS. HTA QUE HA PRECISADO MODIFICACION DE TRATAMIENTO POR MAL CONTROL, ACENTUADO POR LA SITUACIÓN DE ESTRÉS LABORAL"

Lo fundamenta en el parte médico de baja y en los informes médicos de las fechas que se indican en el texto(folios 37, 39 y 50 del expediente) alegando que son hábiles para la revisión en cuanto documentos públicos, que fueron tenidos en cuenta por la magistrada para la elaboración de los hechos probados, aunque sólo en parte y es trascendente la modificación no sólo porque hace referencia a patologías expresamente invocadas por el trabajador que difícilmente tienen su origen en el ámbito laboral, sino porque también viene a referir una sintomatología, que no se compadece con la prestación de servicios que a la sazón venía realizando para la empresa Vallina Alquiler de Maquinaría S.A. a quien no comunicó su baja médica tras varias semanas después de su baja acaecida el 8 de junio de 2021.

Lo impugna el actor que reitera los argumentos del motivo anterior porque entiende es una propuesta parecida.

Las reglas básicas que ha venido compendiando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la forma en que se ha de efectuar la revisión fáctica son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 1995).

3º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989 , de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero, con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980, 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994 ).

4º) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental pública o privada en el sentido ya expuesto, y la pericial (artículo 193.b) de la LJS) .

5º) Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

Para que prospere la revisión fáctica se requiere: 1º.- Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso. 2º.- En segundo lugar, que se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado. 3º.- Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida. 4º.- que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos, y al mismo tiempo ha de proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados. 5º.- que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables. ; 6º.- que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso pues la revisión debe operar sobre la prueba documental y pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

El recurrente propone añadir al hecho probado 3º datos que figuran en los informes médicos de referencia, que conforme con lo dispuesto en el artículo 97 de la LJS ya fueron valorados por la magistrada de instancia sin que se aprecie error en ello, dado que se declara acreditado aquello que tiene relación con el proceso de incapacidad temporal que inició en junio de 2021 cuya contingencia se discute, en consonancia con lo ya resuelto sobre la prueba anticipada. Incluso el texto propuesto, reproducción de los documentos, vincula la exacerbación de las dolencias previas por el conflicto laboral, pero en todo caso no fueron ni son causa de la incapacidad temporal, como si lo es la ansiedad, sin que la referencia a "nervios" que interesa, aporte ningún dato con trascendencia en el Fallo.

Por todo ello se desestima el motivo.

CUARTO:Al amparo del artículo 193.b) de la LJS propone el siguiente texto para el hecho probado 5º: "EL TRABAJADOR PRESTÓ SERVICIOS HASTA EL 8 DE JULIO DE 2021 Y NO COMUNICÓ LA BAJA MÉDICA A LA EMPRESA VALLINA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. HASTA SEMANAS DESPUES, CONTINUANDO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTA EMPLEADORA CON NORMALIDAD. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE JUNIO Y EL 22 DE JUNIO DE 2021. EL TRABAJADOR HIZO USO DE LA TARJETA BANCARIA QUE LA EMPRESA PONIA A SU DISPOSICIÓN PARA GASTOS DE REPRE SENTACIÓN LOS DIAS 9, 14, 15 18 Y 22 DE JUNIO".

Lo sustenta en el documento nº 8 de su ramo( sentencia dictada por el juzgado de lo social nº 3, el 15 de enero de 2024(autos nº 599/2022) en la que figura el texto en el hecho probado 11º siendo trascendente, según la recurrente, porque acredita que el trabajador disponía de aptitud laboral suficiente para realizar las tareas habituales, evidenciando una simulación de la enfermedad, lo que evidencia el error en el que incurre la juzgadora a quo al infravalorar y/o prescindir de los datos habidos de forma más precisa en orden a evidenciar la inexistente situación de incapacidad temporal invocada por el trabajador, convirtiendo en inútil la discusión relativa a la contingencia de la que deriva.

Lo impugna el actor porque entiende que carece de trascendencia y si bien pudo tenerla en su momento por una denuncia relativa a la baja, no afecta a este procedimiento dado su objeto. El propio hecho de que el trabajador no fuera capaz de acudir a trabajar a Vallas y cierres y sí a Vallina, profundiza más si cabe en el hecho de que fue el acoso causado por la primera empresa lo que originó la baja por ansiedad.

No puede estimarse el motivo porque no es objeto del procedimiento la baja laboral sino la contingencia, dado que el recurso se refiere a irregularidades durante los primeros días de la incapacidad temporal que pudieron ser alegados en el momento oportuno siendo hoy un hecho no discutido y con trascendencia jurídica la baja médica que determina la incapacidad temporal, y el diagnóstico.

QUINTO:El recurrente articula un motivo al amparo del artículo 193.c) de la LJS por vulneración, aplicación indebida y/o interpretación errónea de los artículos señalados con el número 156, 157 y 158, en relación con los señalados con los números 42, 169 a 176 y del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 31 de octubre de 2015, en conexión con la doctrina jurisprudencial.

Reproduce el artículo 156 de la LGSS y se remite a la jurisprudencia (( SSTS 22/03/09, Rec. 5.194/97 ; 27/02/08, Rec. 2716/06) sobre el tipo de dolencias que permiten esa calificación, sobre la relación con el trabajo( SSTS 4/07/88, RJ 5752 ; 15/06/10, RJ 2705 y STS 6/03/07, Rec. 3415/05 ) y sobre la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la LGSS( SSTS 14/03/12, RJ 4702 ; 27/02/08, RJ 1546; 15/06/10, RJ 2705 ; 20/10/09, RJ 7608 ; 27/09/07 , RJ 8879).

Analiza los supuestos de enfermedad psíquica como derivada de accidente de trabajo estableciendo una clasificación:

1) Casos en que ha mediado un previo accidente en sentido propio o estricto sensu que a su vez distingue entre a) supuestos en que el trabajador no era portador de ninguna alteración psíquica previa, y b) supuestos en que el trabajador tiene dolencias psíquicas previas que el accidente agrava, intensifica o saca de su estado latente la sintomatología que le es propia

2) Casos en que no ha existido ningún accidente en sentido propio con anterioridad y si el trabajo es el único elemento que ha incidido causalmente en la génesis o aparición del trastorno psicosomático, este sería calificable como conforme al artículo accidente de trabajo156.2.e) LGSS. En este supuesto no son subsumibles los casos en que el trastorno mental tiene un origen multifactorial, habiendo sido los elementos externos relacionados con el trabajo solo uno de los múltiples agentes causales que han provocado su desencadenamiento, pues no se daría el requisito legalmente exigido de la causalidad laboral exclusiva ni aquellos otros en que la enfermedad está originada por factores internos o

elementos endógenos de la propia personalidad, carácter o forma de ser del trabajador que le hagan vivenciar subjetivamente de manera patológica o enfermiza situaciones y acontecimientos que normal y ordinariamente no son detonantes de la aparición de un trastorno psíquico.

En el caso concreto, entiende que no ha queda acreditado que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 8 de Junio de 2021, con el diagnóstico de "nervios, ansiedad", tenga su origen en la actividad laboral desempeñada en el seno de la empresa demandada, por los siguientes motivos:

- Se rompió el nexo causal porque es doctrina jurisprudencial reiterada que el hecho de realizar la parte trabajadora una determinada actividad durante su situación de incapacidad temporal implica una de estas dos cosas: a) O bien, constituye un perjuicio para su curación, prolongando indebidamente la situación de incapacidad.

b) O bien, evidencia la existencia de aptitud para el trabajo, por requerir los mismos esfuerzos físicos y psíquicos que las tareas propias del puesto de trabajo del empleado en situación de incapacidad temporal.

Ex abundatia, debe tenerse en cuenta que una simulación de enfermedad se puede dar tanto cuando se finge padecer una patología inexistente, como cuando, habiendo una enfermedad objetivamente constatada, se pretende atribuir a la misma sintomatología invalidante de la que carece. Es irrelevante, que la conducta incompatible con la situación de incapacidad temporal sea o no lucrativa, pues el perjuicio para la empresa deriva del hecho de tener que estar cotizando y abonando (en pago delegado) prestaciones de incapacidad temporal a quien podría estar prestando servicios efectivos y no los realiza de forma voluntaria e indebida. Teniendo en cuenta estos criterios, si la emisión de un parte de incapacidad temporal obliga a presumir, que el demandante no está en condiciones de desempeñar las tareas esenciales de su trabajo sea por imposibilidad física o psíquica, es patente que la realización de dichas tareas habituales durante más de un mes, evidencia que el actor podía realizar sin problema alguno sus tareas de representación comercial tal y como consta como hecho probado en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Oviedo de fecha 15 de enero de 2024 a la que se refiere la revisión fáctica propuesta en el anterior motivo de suplicación, La juzgadora de instancia infravalora la trascendencia de la compatibilización por el trabajador de la prestación de servicios durante la situación de incapacidad temporal, sin dar una mínima explicación y aludiendo a los antecedentes derivados de las decisiones adoptadas en los procedimientos judiciales suscitados, lo cual no releva al trabajador de su obligación de acreditar el nexo causal en el procedimiento de incapacidad temporal cuya contingencia profesional reclama.

- Falta de acreditación de que la causa sea exclusivamente laboral conforme con el artículo 156.2.e) de la LGSS, independientemente del contenido de las sentencias dictadas en cascada tras la emisión del acta de infracción que no corresponde ya rebatir atendiendo a su respectiva firmeza, lo cierto que es que en el presente proceso el trabajador no ha acreditado que el trabajo haya sido la única causa de sus padecimientos, no existiendo la más mínima prueba en las actuaciones, salvo sus propias manifestaciones, que los padecimientos relativos a la ansiedad, a la hipertensión arterial y/o a la dermatitis padecida sea exclusivamente consecuencia de la prestación de sus tareas laborales y/o de la conducta de la mercantil suplicante, no constando en el relato de hechos declarado probado conductas concretas de la empleadora motivadoras en exclusiva del trastorno de ansiedad que motivó la baja laboral, máxime cuando consta acreditada la prestación de servicios del trabajador durante el proceso de incapacidad temporal, lo que a todas luces desvirtúa y pone en cuestión, no sólo la exclusividad de la causa laboral generadora de dicho proceso, sino también la credibilidad del actor a la hora de referir sus padecimientos.

Se refiere a la demanda sobre incapacidad permanente en relación a la alegación del estrés que produce su trabajo, por lo que suplica :

- a) Se acuerde la nulidad de actuaciones desde el momento del acto de juicio, reponiendo las mismas a dicho instante procesal, a fin de que, con señalamiento de día y hora, se celebre la vista oral en la que se practique la prueba documental solicitada y denegada. b) subsidiariamente, se proceda a revocación de la sentencia recurrida, desestimando la demanda, y absolviendo a todas las codemandadas de las pretensiones formuladas frente a ellas, además de confirmar la resolución administrativa impugnada, y acordar la devolución del depósito especial consignado para recurrir; con el resto de pronunciamientos a los que hubiere lugar en Derecho.

El actor lo impugna porque entiende que se pretende una nueva valoración de la prueba, vedada en esta instancia, e intenta imponer su valoración, estando a lo resuelto.

Conforme con el artículo 156 de la LGSS , es accidente de trabajo toda lesión corporal que sufra el trabajador en tiempo y lugar de trabajo, salvo que se pruebe de manera inequívoca que se ha producido la ruptura del nexo de causalidad entre el trabajo y la enfermedad, poniendo de manifiesto que , o bien se trata de una enfermedad que no es susceptible de una etiología laboral, o bien que esa etiología ha sido excluida mediante la oportuna prueba.

Así basta para estimar que se ha producido un accidente de trabajo con una relación causal directa o indirecta de la lesión con la exposición del sujeto a los riesgos inherentes al trabajo, aunque queda excluida la ocasionalidad pura. El accidente de trabajo no sólo comprende la lesión inmediata entendida como hecho traumático, súbito, violento y externo ( artículo 100 de la Ley 50/80 de 8 de octubre de contrato de seguro), sino también la lesión lenta o enfermedad contraída por el trabajador en el desempeño de su actividad, excepto cuando la enfermedad presente una desconexión causal con el trabajo, en cuyo caso de tratará de enfermedad común. Es decir, debe constar algún nexo de unión entre el quehacer laboral y la aparición de la patología, más allá de haberse iniciado el proceso determinante de la situación invalidante en el tiempo y lugar de trabajo, porque si se constata que no hay relación entre la lesión y la actividad profesional, se pierde ese vínculo y esa presunción "iuris tantum" del artículo 156.3 de la citada norma.

Como esta Sala ha tenido ocasión de afirmar en reiteradas ocasiones, " Es cierto que el Art. 156.1 y 2. f) LGSS considera accidente de trabajo toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, así como las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Ocurre, con las enfermedades degenerativas o de desgaste, con independencia de que las mismas puedan tener "ab initio" la consideración de enfermedad profesional o común. Es frecuente que tal desgaste físico que se va produciendo por el transcurso del tiempo adquiera efectos incapacitantes con motivo de un suceso repentino, calificable como accidente laboral. En dichos casos tales efectos tienen como causa dicho accidente, al interaccionar con la patología previa del trabajador y, de esta forma, se llega a la protección de enfermedades de etiología común como accidente de trabajo. Se diferencian de las enfermedades del trabajo, en sentido estricto, que tienen por causa exclusiva el trabajo desempeñado, por su causalidad no exclusiva en el trabajo desempeñado. Son supuestos en los que el concepto de accidente de trabajo se decide por el legislador y con apoyo previo en la doctrina de los tribunales, pero llega más allá de lo que a dicho concepto le sería natural. Para ello se tiene en cuenta que el daño, la lesión, la patología, la dolencia que el trabajador sufre, queda agravado o desencadenado por un evento exterior, el accidente, agudizándolo o extrayéndolo de su estado latente, oculto o asintomático, de manera tal que se puede afirmar que, de no haber concurrido ese siniestro o evento exterior accidental, el daño, la dolencia, la patología, la lesión no se habría patentizado o, al menos, no puede asegurarse que se hubiera terminado por manifestar, ( SSTS, entre otras, de 21-1-1991 , de 27-10-1992 y de 15-2-1996 ) [...] Ahora bien como advierte la jurisprudencia, la presunción legal sobre el nexo causal no alcanza a los elementos básicos en que se sustenta, ni por ende exonera al trabajador de acreditar que la enfermedad ha surgido o se ha agravado durante el periodo de actividad laboral "( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 25 de julio de 2.018, rsu. 1449/2.018).

Lo que se valora, en el marco del artículo 156.2 f) de la LGSS, es la acción del trabajo como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del Art. 156.3 de la LGSS y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección.

La sentencia declara probados los siguientes hechos:

- El actor prestó servicios para la recurrente, con la categoría profesional de Comercial, desde el 16 de enero de 2002, estando cubiertas las contingencias profesionales y la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes por la mutua Universal-Mugenat.

- El juzgado de lo social nº 1 de Gijón dictó sentencia el 20 de mayo de 2021 que estimó la demanda interpuesta por Luis Antonio contra Vallas y Cierres Asturias SL en la que interesaba la extinción de la relación laboral por vulneración del derecho fundamental de integridad moral, y condenó a la empresa al abono de la indemnización derivada de la extinción y otra por la vulneración del derecho. Dicha sentencia es firme.

- El juzgado de lo social nº 3 de Oviedo dictó sentencia el 15 de enero de 2024(autos nº 599/2022) que desestimó la demanda interpuesta por la hoy recurrente contra la resolución de la Consejería de 22 de junio de 2022 que confirmaba en reposición la resolución sancionadora de 5-5-22 derivada del Acta de Infracción de la Inspección de trabajo y Seguridad Social nº NUM003 de 22 de diciembre de 2021 confirmándola por ser conforme a derecho asi como la sanción que se vino a imponer. En la misma se declara probado, entre otras cosas, que la visita de la inspectora se realizó el 16 de abril de 2021 y revisó la documentación aportada el 22 de diciembre del mismo año, y comprobó:

-que una vez que la empresa recibió la citación de la UMAC en relación con una reclamación salarial interpuesta por el actor, le comunicó la implantación de nuevas normas de trabajo, tras una prestación de servicios de 20 años en otras condiciones, como pasar a desarrollar "exclusivamente" su labor comercial desde el interior de las oficinas de la empresa, conformada por una mesa, una silla y un ordenador fijo de reducidas dimensiones, según se pudo comprobar durante la visita inspectora, en una zona compartida con otros trabajadores. En el caso de que tenga que hacer inevitablemente una visita a un cliente, debe solicitar autorización a alguno de los trabajadores y superiores de acuerdo con el organigrama creado por el administrador de la empresa días después de la recepción de la citación ante la UMAC. Igualmente, para efectuar la visita debe solicitar la autorización y justificante de la empresa cliente, para lo cual el trabajador refiere que es humillante ("en especial en empresas con las que ha trabajado desde hace 12 años") y que en muchas ocasiones los clientes se niegan a emitir dicho certificado diciendo que por qué motivo tienen ellos que certificar ese aspecto (hecho probado 2º). La inspectora comprobó que se realiza por parte del empresario un control exhaustivo de cada una de las anotaciones y gestiones realizadas, procediéndose a su lectura en cada reunión semanal sin que se aprecie un valor productivo de esta actividad, con vista a mejorar los resultados del trabajador, siendo esta una de las reivindicaciones del empresario ante la inspectora. El empresario es conocedor del malestar del trabajador sobre el nuevo sistema de trabajo como se puede también comprobar en el correo electrónico del trabajador de fecha 6 de mayo de 2021 y respuesta del empresario de fecha 11 de mayo de 2021. En este sentido, sobre las manifestaciones por escrito del trabajador relativas al acoso laboral, resulta relevante la respuesta del empresario, en correo electrónico de fecha 11 de mayo y que se reproduce: ..."Indicas también que estas sufriendo un acoso en tu forma de trabajar, te recuerdo que venimos haciendo presupuestos desde 2016 y te adjunto una tabla en donde puedes analizar tus resultados con respecto a los de la empresa en donde se ve claramente tu trayectoria y es a esto a lo que no estoy dispuesto a tolerar sin previo análisis a los malos resultados, habiéndote ofrecido en todas las reuniones nuestra colaboración para mejorarlos, sin resultados positivos...". Se comprueba que el empresario no tiene una mínima consideración a las quejas y situación personal y profesional expuesta por el trabajador al empresario sobre el nuevo sistema de trabajo y control de la actividad laboral después de casi 20 años, mostrándose inflexible y reiterándose en su conducta desde el 25 de enero, sin que se aprecie la consideración debida por parte del empresario, que mantiene un sistema exhaustivo de control de la actividad llevada a cabo por el trabajador. La inspectora constató que el empresario adoptó unas medidas de vigilancia y control de la actividad del trabajador, sin guardar en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad, sobrepasando manifiestamente los límites normales del ejercicio de su poder de dirección, durante el periodo comprendido enero el 25 de enero y 8 de junio de 2021, fecha en la que el trabajador causó baja por incapacidad temporal, y sin que tampoco se entienda justificado con base a los objetivos por ventas del trabajador, cualquiera que sea el resultado. Concluye la inspectora, que los hechos constituyen una infracción del artículo 5.1 de la LISOS, calificada como muy grave( artículo 8.11) en cuanto contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores y le impuso una sanción, en su grado mínimo, conforme con los artículos correspondientes de la citada norma.

- el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal el 8 de junio de 2021 con el diagnóstico de ansiedad, siendo éste el primer episodio de incapacidad temporal por una causa psíquica. En un informe de salud de 7 de julio de 2021, figura una sintomatología de dificultad para la conciliación del sueño, apatía, palpitaciones ocasiones y dificultad para concentrase.

La recurrente dice que obvia lo que califica de "cascada" de sentencias cuando precisamente de esos pronunciamientos obtiene la magistrada de instancia la conclusión sobre el objeto del procedimiento.

No se trata de discutir la baja en si misma, como parece se desprende de alguna de sus alegaciones, sino de examinar la contingencia.

No hay antecedentes de enfermedades psíquicas que le hubieran impedido trabajar y si de la imposición por parte de la empresa después del 19 de enero de 2021, fecha en que recibió la comunicación de la UMAC de una reclamación salarial del actor, de un nuevo sistema de trabajo tras 20 años de relación laboral, que la inspectora declaró que excedía del poder de dirección y no había mejorado las ventas, que era la razón dada por la empresa. Se trata de un comercial al que se le obliga a permanecer en la oficina y solicitar autorización de la dirección o de otros trabajadores, para realizar visitas, mientras con anterioridad llevaba a cabo sus tareas en la calle, realizando las visitas que correspondían, y con un mejor resultado de ventas. A ello se une la imposición de que lleve a cabo un registro de todas sus tareas acompañado de una certificación de los clientes sobre su veracidad.

No sólo se trata de la valoración cualificada de la inspección que le impuso una sanción por estos hechos que calificó como falta muy grave, confirmada por la sentencia dictada, sino que el sistema es claramente degradante para un trabajador cuyo trabajo exige libertad para realizar visitas a los posibles clientes y un margen de maniobra propio de su categoría profesional, teniendo en cuenta que no se discute el derecho de la empresa al control sobre los trabajadores, sino que se trata de un exceso en ese control, sin repercusión en la mejora del rendimiento, que es la razón de la empresa manifestada a la inspectora. Existe una relación directa entre la dolencia del actor y la actitud de la empresa que atentó contra la dignidad del trabajador al coartar su actividad profesional, con un control excesivo que no tiene justificación ni en la actitud previa del trabajador ni en medidas de mejora del rendimiento, manifestándose aquélla tras un periodo de la implantación del nuevo sistema, por lo que concurren los requisitos para calificar como derivado de accidente de trabajo y no de enfermedad común, el proceso de incapacidad temporal, de cuya prestación responde la mutua Universal a la vista de lo declarado en el hecho probado 1º sobre las mutuas que cubrían las contingencias profesionales, lo que lleva a la desestimación del recurso, siendo aplicable el artículo 235 de la LJS.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,