Sentencia Social 334/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 923/2024 de 04 de febrero del 2025

PRIMERO.-Recurren en suplicación tanto el trabajador codemandado D. Conrado como el Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante que estima la pretensión subsidiaria de la demanda interpuesta por FREMAP en relación con el importe de la base reguladora de la IPT derivada de accidente de trabajo de D. Conrado y la fija en 1361,40 euros mensuales, al apreciar la existencia de cosa juzgada positiva habida cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, de fecha 19/6/2019 que fue confirmada por sentencia de esta Sala al desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, entonces demandante, D. Conrado.

Ambos recurrentes proponen sendas revisiones fácticas por lo que examinaremos las mismas en primer lugar si bien antes resulta de interés recordar que es criterio jurisprudencial constante reflejado en la sentencia del Tribunal Supremo de 18/1/2011 (recurso 98/09) y las en ella citadas (como la de 11/10/2007 y 5/11/2008) que para que pueda apreciarse error en la valoración de la prueba han de concurrir los requisitos siguientes:

1).- Que se concrete con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato histórico ( S.T.S 24/5/2000). 2).- Se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración censurada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos, sin contener al efecto valoraciones o conclusiones de carácter jurídico. 3).- Se citen de forma precisa y concreta, los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea viable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. 4).- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente y, de forma incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o a argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, sin que en ningún caso coexistan documentos o pericias que presenten conclusiones plurales o contradictorias. 5).- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, y con clara influencia en la variación del signo del pronunciamiento, pues en otro caso resultaría inútil la modificación y por el principio de economía procesal debe impedirse la incorporación de hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico por no resultar suficientes para cambiar la resolución del litigio aunque deben tomarse en consideración todas las diferentes soluciones que con respecto al fondo del asunto se puedan adoptar, y con el fin de no incurrir en la denominada incongruencia omisiva ( Sentencia del Tribunal Supremo de 17/7/00). Todo ello partiendo de la premisa de que el órgano jurisdiccional de instancia ostenta una amplia libertad para apreciar las pericias y los documentos probatorios.

Conforme a dicho criterio resolveremos las modificaciones interesadas.

Propugna el trabajador codemandado la adición de un nuevo hecho probado que de prosperar sería el tercero y tendría el siguiente tenor:

"TERCERO. - Según informe de bases de cotización emitido por la TGSS y aportado por la representación del trabajador como documento núm. 7 (folio número 485 de los autos), consta que las bases de cotización de los salarios realmente percibidos durante el año anterior al accidente de trabajo de 6 de noviembre de 2015 son las siguientes:

1. Noviembre de 2014: 1.342,01

2. Diciembre de 2014: 1.342,01

3. Enero de 2015: 1.562,89

4. Febrero de 2015: 1.598,96

5. Marzo de 2015: 1.963,81

6. Abril de 2015: 1.963,81

7. Mayo de 2015: 1.963,81

8. Junio de 2015: 1.963,81

9. Julio de 2015: 1.963,81

10. Agosto de 2015: 1.963,81

11. Septiembre de 2015: 1.963,81

12. Octubre de 2015: 1.963,81"

La adición solicitada se extrae de las bases de cotización que constan registradas por la Tesorería General de la Seguridad Social, y que corresponden con los complementos salariales percibidos por el actor y son las que ha tenido en cuenta el INSS a la hora de calcular la base reguladora de 1.896,88 euros que le es reconocida en resolución de 21 de abril de 2022 por la que lo declararan afecto de una IPT (documento núm. 20 de la parte recurrente, folio núm. 527 de los autos.), así como en las páginas 33 y 34 del expediente administrativo y ha de ser acogida por desprenderse de los documentos en los que se sustenta y ser relevantes para dilucidar cuál es la cuantía de la base reguladora de la IPT reconocida al trabajador.

A continuación, examinaremos la modificación fáctica solicitada por la Entidad Gestora que afecta al hecho probado primero para que se adicione tras el cuarto párrafo del mismo, el siguiente contenido: "Con posterioridad al accidente de trabajo hubo una regularización de bases de cotización por parte de la empresa HOTELES VASCO-CATALANES, SA.

El cálculo de la base reguladora realizado por el INSS es la suma de las bases de cotización ya actualizadas del año anterior al accidente, según la regularización de la empresa."

También solicita que se haga constar que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante en el que se fijaba la base reguladora para la IPT en el importe de 1.361,41 euros desestimó la demanda, teniéndose aquí por reproducida la nueva redacción resultante de dichas adiciones que se fundamentan en las páginas 33 y 34 del expediente administrativo y en la propia sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, obrante el folio 475 y han de ser estimadas por desprenderse de los documentos en los que se fundamentan y ser relevantes para dilucidar la cuantía de la base reguladora de la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo reconocida a D. Conrado en vía administrativa, así como la responsabilidad en el abono de dicha prestación y la determinación de la cosa juzgada positiva en relación con la susodicha base reguladora.

SEGUNDO.-A continuación examinaremos el segundo motivo del recurso interpuesto por la Entidad Gestora que se fundamenta en el apartado a del art. 193 LRJS y en el que se denuncia la infracción del art. 222.4 LEC al no haberse producido el efecto positivo de la cosa juzgada por cuanto la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, en los autos 535/2018 fue desestimatoria de la pretensión del trabajador demandante sobre incapacidad permanente total, además de que con posterioridad el trabajador solicitó a la empresa unas diferencias salariales que dieron lugar a unas bases de cotización superiores, que son las tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de 22.762,56 euros/año o 1896,88 euros/mes. Diferencias que han sido pagadas por parte de la empresa, habiendo recibido FREMAP las cotizaciones de dichas diferencias.

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, del 15 de septiembre de 2021 ( ROJ: STS 3546/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3546 ), Sentencia: 893/2021 Recurso: 184/2019 en la que se evoca la recapitulación acerca del instituto de la cosa juzgada realizada por la STS de fecha 2.03.2021, rcud 1577/2019, en el FD 4º que reproduce: "Como hemos recordado, entre otras, en nuestra STS 26 diciembre 2013, Rcud. 386/2013 , esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del alcance del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo ha hecho, en variadas ocasiones (por todas: SSTS de 3 de mayo de 2010, Rec. 185/07 , y de 18 de abril de 2012, Rec. 163/11 ), en las que ha establecido el criterio flexible con que han de interpretarse, aplicarse y apreciarse las identidades a que se refiere el mencionado precepto. Esta concepción amplia de la cosa juzgada deriva de la aplicación de los criterios de la LEC al enumerar las identidades que han de concurrir entre el primero y el segundo litigio en su artículo 222 que ha mitigado el rigor en la apreciación de las identidades, con especial incidencia en la subjetiva pues, según este precepto, en relación con el artículo 10 del propio texto legal, la cosa juzgada afecta a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, tanto de las que comparezcan y actúen en juicio como a los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

Con la nueva normativa hemos venido declarando que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio pues no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si pudieran discutirse los ya firmes, equivaldría a poder revisar subrepticiamente la ejecutoria ( STS de 9 de diciembre de 2010, Rec. 46/2009 ). A diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse excluiría el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluya el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado.

Por su parte la STS de 4 de marzo de 2010, recurso 134/07 , estableció: "1.- A tal afirmación llegamos, partiendo de las siguientes consideraciones: a) la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, exigiendo que las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 190/1999 ; 58/2000 ; 135/2002 ; 200/2003 Y 15/2006 ) b) por ello se impone una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos (entre las recientes, SSTS de 9 de diciembre de 2010, Rec. 46/2009 ; 5 de diciembre de 2005, rec. 996/04 y 6 de junio de 2006, rec. 1234/05 ); c) con mayor motivo se impone esa flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse el efecto de cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes ( SSTS de 30 de septiembre de 2004, rec. 1793/03 y 20 de diciembre de 2004, rec. 4058/2003 , que hacen eco de la precedente de 29 de mayo de 1995 ; y d) conforme al 222 LEC , "la cosa juzgada ... excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [párrafo 1] y que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada ... vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

En definitiva, se trata del llamado "efecto positivo" de la cosa juzgada, respecto del cual esta Sala ha sostenido que se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. ( STS de 25 de mayo de 2011, rcud. 1582/2010 ), de forma que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio ( SSTS de 9 de diciembre de 2010, rec. 46/2009 , antes citada, criterio que se sigue ya en la STS de 23 de octubre de 1995, rcud. 627/1995 ; y es reiterado en sentencia recientes, como la STS de 3 de marzo de 2009, rcud. 1319/2008 ; y de 20 de enero de 2010, RCUD. 3540/2008 ). Por tanto, "lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse" ( SSTS de 25 de mayo de 2011, rcud. 1582/2010 y de 4 octubre 2012, Rec. 273/ 2011 )."

En el presente caso no cabe apreciar el efecto positivo de la cosa juzgada en relación con la determinación de la base reguladora de la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo de D. Conrado por varias razones: en primer lugar porque la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, de fecha 12/11/2019, recaída en los autos 535/2918, si bien fija en un hecho probado la cuantía de la base reguladora de la IPT del Sr. Conrado, lo hace en atención a la alegada por el INSS aunque la misma fue impugnada por el Sr. Conrado, es decir, fue objeto de controversia si bien la Magistrada "a quo" no resolvió dicha controversia porque consideró que la infracotización alegada por el trabajador y la determinación de la contingencia no eran objeto del proceso de incapacidad permanente total. Es cierto que dicha controversia volvió a ser suscitada en suplicación a través de la revisión fáctica en relación con la base reguladora, pero se desestimó al no apreciarse un error evidente en su cálculo, cuando en realidad no estábamos ante un dato fáctico sino ante una cuestión jurídica cuya resolución quedó imprejuzgada.

Por otra parte, es de destacar que la meritada sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante desestimó la demanda sobre IPT interpuesta por el Sr. Conrado por lo que la constatación de la base reguladora que la misma efectúa carece de virtualidad y no se ve amparada por el instituto de la cosa juzgada en la medida en que no se traslada al fallo.

Por último, pero no menos importante, con posterioridad al accidente de trabajo sufrido por el Sr. Conrado se efectúo por la empresa Hoteles Vasco-Catalanes una regularización de las cotizaciones que no constaba en la fecha en que se llevó a cabo el cálculo de la base reguladora por parte del INSS y que fue asumido por la susodicha sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante, por lo que el referido hecho posterior también impide la aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada.

Al haberse apreciado indebidamente el efecto positivo de la cosa juzgada y no haber entrado a conocer la sentencia recurrida sobre la determinación de la base reguladora conforme a las cotizaciones ya regularizadas la consecuencia sería en principio la reposición de los autos al momento anterior a dictarse la sentencia impugnada para que se dictase una nueva sentencia, teniendo en cuenta dicha regularización. Ahora bien, como la Sala cuenta con datos suficientes para conocer de dicha cuestión, la misma entrará a resolverla, dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 202. 2 LRJS.

TERCERO.-A continuación resolveremos el segundo motivo del recurso interpuesto por D. Conrado y el tercer motivo del recurso interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, dada su íntima conexión.

Ambos se fundamentan en el apartado c del art. 193 LRJS.

En el recurso interpuesto por el Sr. Conrado se denuncia la infracción del art. 147 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la disposición adicional undécima del Real Decreto 4/1988, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para 1998 y la infracción del art. 167.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

En el recurso interpuesto por la entidad gestora se denuncia la infracción del art. 60 del Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo.

En ambos recursos se defiende que el cálculo de la base reguladora de la incapacidad permanente total, derivada del accidente de trabajo, de D. Conrado ha de ser la que resulta de las cotizaciones realizadas respecto a dicho trabajador durante el año anterior al accidente de trabajo, teniendo en cuenta la regularización de dichas cotizaciones, y que arroja el importe de 1896,88 euros mensuales que es la solicitada por los recurrentes y la que resulta ajustada a la normativa que las partes denuncian como infringida lo que determina la estimación de dichos recursos en cuanto a la determinación de la base reguladora controvertida.

En cuanto a la entidad responsable del abono de la prestación de incapacidad permanente total conforme a la indicada base reguladora y que según los recurrentes ha de ser FREMAP, se ha de decir que al haber existido infracotización por parte de Hoteles Vasco-Catalanes en la fecha del accidente de trabajo, la referida empresa es responsable de la diferencia de prestación resultante de la base reguladora de 1896,88 euros mensuales y la resultante de la base reguladora de 1361,40 euros mensuales, si bien FREMAP anticipará el importe de la prestación y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social como sucesor del Fondo Nacional de Garantía de Accidentes de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social en su condición de reaseguradora.

En el sentido expuesto se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en la reciente sentencia de 27 de octubre de 2022 ( ROJ: STS 4054/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4054 ), Sentencia: 866/2022, Recurso: 3629/2019, en la que la cuestión que se plantea es si la empresa puede ser declarada responsable, en la parte correspondiente, de la pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo, al haber existido infracotización por parte de aquella en periodos previos a la fecha del accidente y en la que se declara que "De conformidad con lo establecido por la STS 26 de febrero de 2008 (rcud 2341/2006), que reitera la doctrina de las sentencias anteriores que menciona, la fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar la entidad responsable de las secuelas del accidente de trabajo y de las correspondientes prestaciones es la fecha en que se produjo el accidente. Ha de estarse, en consecuencia, a esta fecha y si en esa fecha existía infracotización por parte de la empresa, esta será proporcionalmente responsable, y no solo la correspondiente mutua, de la prestación de la Seguridad Social.

3. En efecto, según señala la STS 26 de febrero de 2008 (rcud 2341/2006),

"la situación que hay que tomar en consideración, al objeto de determinar las responsabilidades empresariales en el pago de prestaciones derivadas de accidente laboral, es necesariamente la situación existente en el momento en que el accidente se produjo. Por consiguiente, aplicando este criterio al caso de autos, resulta evidente que, cuando aconteció el accidente laboral de autos el empresario no había abonado las diferencias pendientes de pago en el importe de sus cotizaciones a la Seguridad Social relativas al actor, pues tales diferencias no las hizo efectivas hasta ... después de ese siniestro, ... No cabe duda que, en el momento de dicho accidente la infracotización en que incurrió la compañía demandada, no había sido subsanada y que por ello dicha empresa tiene que asumir las responsabilidades que de tal situación se derivan."

El artículo 167.2 LGSS establece que el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva. Como precisa la STS 26 de febrero de 2008 (rcud 2341/2006), en referencia al artículo 126.2 LGSS de 1994 (actual artículo 167.2 LGSS de 2015), el incumplimiento no se circunscribe a la ausencia de cotización, sino que abarca también la cotización por cantidad inferior a la procedente en la medida en que influya sobre el importe de una prestación.

En todo caso, el artículo 94.2 c) de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966 establece que corresponde a la empresa el abono de la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada por el trabajador, de haber cumplido correctamente el empresario su obligación de cotización, y la que le corresponda asumir a la Seguridad Social (o a la correspondiente mutua) por las cuotas efectivamente ingresadas."

Las consideraciones jurídicas anteriores determinan la estimación parcial de los recursos y la revocación parcial de la sentencia recurrida en el sentido de estimar la demanda interpuesta por FREMAP solo en cuanto a que la empresa Hoteles Vasco-Catalanes S.A. será la responsable directa del abono de la diferencia de la prestación de incapacidad permanente total resultante de la base reguladora de 1896,88 euros mensuales y la resultante de la base reguladora de 1361,40 euros mensuales, si bien FREMAP anticipará el importe de la prestación y, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social como sucesor del Fondo Nacional de Garantía de Accidentes de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social en su condición de reaseguradora.