Sentencia Social 228/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 129/2025 de 04 de abril del 2025

PRIMERO.-En la instancia se estima la demanda declarando al actor en situación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión, derivada de enfermedad común. Básicamente, teniendo por acreditado el cuadro que le afecta, que la juzgadora deduce del informe de valoración médica, obrante en el expediente administrativo tramitado; complementado con informe del servicio de Neurología de fecha 26-1-2023.

De los que concluye que se constata que el actor padece un cuadro pluripatológico de naturaleza neurológica y osteoarticular: leucodistrofia de perfil heredodegenerativa, no tipifidacada genéticamente, y, espondiloartrosis cervical con hernia discal C4-C5, con mielopatía secundaria.

Valorando en conjunto dicho cuadro, del que destaca las limitaciones derivadas de la leucodistrofia. Con una evolución clínica progresiva del mismo, con mayor inestabilidad de la marcha, temblores de MMII, pérdida de sensibilidad en pierna izquierda y radiológica (mayor extensión de las lesiones cerebrales sugestivas de leucodistrofia) que, en enero de 2023, sigue empeorando. Cada vez tiene mayores limitaciones motoras y dolor, mayor inestabilidad a la marcha con frecuentes desequilibrios. También, claudicación a la marcha, cada vez con distancias más cortas, sobre todo con EEII. Muy limitado para la actividad física, incluso ligera, déficit sensitivo en pierna izquierda, claudicación de piernas al bajar escaleras por clonus, dolores en brazos y piernas de perfil radicular. En la EF: marcha atáxica con imposibilidad para la marcha en tándem, Romberg positivos.Signos de piramidalismo en miembros inferiores con hiporreflexia patelar y clonus aquileo bilateral, inagotable en el lado derecho. Hipoestesia en pierna izquierda desde la raíz.

Dada esta evolución crónica y desfavorable del estado clínico del actor, concluye que está limitado hasta para la realización de las profesiones de naturaleza liviana o sedentaria que implican, en todo caso, el traslado a un centro de trabajo y la permanencia en el mismo durante una jornada laboral, realizando una actividad profesional, aunque no sea de esfuerzo.

SEGUNDO.-Frentea esta decisión formula recurso la representación letrada de las entidades demandadas, con amparo en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, proponiendo la revisión del derecho aplicado en la instancia, denunciando infracción de lo establecido en los artículos 208.1, 209.4 y 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con relación a los artículos 24.1 de la Constitución Española y artículos 71.1, 72 y 85.1 de la citada LRJS.

Solicitando la declaración de nulidad de la sentencia recurrida, por infracción de normas o garantías del procedimiento que -afirma- le causan indefensión. Al admitirse la ampliación de la demanda, reconociendo un grado de incapacidad permanente superior al pretendido en vía administrativa y en el escrito de demanda, en el que se reclama la incapacidad permanente total. Denunciando que la recurrida incurre en incongruencia con la acción ejercitada, respecto de la demanda y reclamación previa presentada. Presentando la parte actora escrito antes de la celebración del juicio oral y en fase de alegaciones solicita el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, modificando su pretensión inicial.

Lo que la parte justifica, en el doc. 2 que acompaña con dicho escrito de ampliación, en la tramitación de un expediente administrativo posterior al que dio lugar a la presentación de la reclamación previa y demanda, con informe médico de síntesis de fecha 13-9-2022. Con la oportuna impugnación de este nuevo expediente posterior. Considerando que no puede ser analizado en este procedimiento la petición reconocida en la recurrida, en atención a doctrina suplicacional que refiere.

Interesando la nulidad de la recurrida para que con libertad de criterio la juzgadora se pronuncie, exclusivamente, sobre el grado de incapacidad permanente total reclamado en demanda. Considerando que lo actuado supone un fraude de ley o abuso de derecho, con indefensión y perjuicios a la entidad gestora, que debe anticiparse, frente a nuevos efectos económicos no pedidos antes, así como, patologías y diagnósticos novedosos, alegados por primera vez en el juicio oral; más de un año después, de la evaluación administrativa.

De forma subsidiaria postula, conforme al art. 202.1 de la citada LRJS, que la sala se pronuncie, exclusivamente, sobre el grado de incapacidad permanente total reclamado en demanda.

1.-La cuestión suscitada ha sido objeto de doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en la STS/4ª de fecha 6-2-2019 (rec. 46/2017) en la que se expresa que "...no se ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la tramitación del expediente, pero no fueron detectadas por los servicios médicos".

En el caso presente no cabe duda que el informe de NRL que también se acoge en la recurrida, es posterior a la evaluación administrativa contenida en el expediente administrativo tramitado del que trae causa el presente procedimiento. Pero, también, que se trata de un cuadro degenerativo y evolutivo, progresivo; ya presente, cuandofue evaluado y se trata de esta posible aportación de pruebas por el beneficiario hasta el momento de la celebración del juicio oral, que la juzgadora de instancia puede valorar como le incumbe.

Lo que revela que se trata, sin duda, de la misma enfermedad cuyo grado de afectación se pone de relieve por una prueba posterior a la resolución administrativa que puso fin a la vía previa, de la que lógicamente se puede extraer el nivel de deterioro de la salud del demandante en orden a la pretensión de la declaración de un determinado grado de incapacidad permanente.

Sin que, ello, suponga incongruencia alguna, cuando esta agravación, al referido momento, la parte actora ya considera que supone un grado superior al inicialmente reclamado ( SSTS/4ª de fecha 23-1-2023, rec. 484/2017; 1-3-2018, rec. 1881/2016; y, 23-4-2013, rec. 729/2012). En especial, cuando precisamente en este litigio consta la petición expresa del actor, por escrito de ampliación de demanda antes del juicio oral, que encuentra fundamento en la agravación de las secuelas valoradas por el EVI, acreditada mediante informes médicos emitidos con posterioridad a la resolución desestimatoria de la reclamación previa y recogidos en el relato de hechos probados que sustenta la sentencia recurrida. Alegación fáctica y jurídica que puede ser jurídicamente relevante en la medida que el art. 72.1 LRJS, no se considera afectada por la prohibición que consagra y excepciona para los llamados hechos nuevos o que no se hubieran podido conocer antes.

Siendo lo solicitado desde el inicio por el actor que por la gestora o judicialmente se reconozca el grado de incapacidad permanente que corresponde al estado del enfermo, aunque inicialmente solo haga referencia expresa a la incapacidad permanente total para su profesión habitual. Ante la válida alegación en el proceso de que las secuelas tomadas en consideración por el EVI han evolucionado negativamente una vez finalizada la vía administrativa, lo que permite sostenercon cierto fundamento que tal alegato constituye justo título para amparar la pretensión de que, en base a esa circunstancia sobrevenida, se reconozca en el proceso un grado de incapacidad permanente superior al postulado en aquella vía o la inicial demanda. Máxime cuando el nuevo artículo 143.4 de la LRJS, reitera la posibilidad de aducir hechos nuevos o no conocidos antes, en el proceso.

Y sin que se considere que la recurrente, respecto de la nulidad de la sentencia pedida, con carácter principal, acredite que se le haya producido indefensión. Cuando, como ya se ha dicho, es posible aludir a la evolución del cuadro que afecta al enfermo hasta el juicio oral, lo que no supone modificación sustancial de los hechos, sino una diferente calificación de los mismos con base en informes médicos posteriores que se incorporaron al relato de hechos probados. Cuando aquí en el expediente administrativo constaba ya la enfermedad padecida y su gravedad. Siendo, en todo caso "lacalificación del grado de la incapacidad permanente es una cuestión jurídica", lo que permite a la juzgadora hacer una calificación diferente sin que ello suponga indefensión de la entidad recurrente, al así valorarlo.

2.-Enatención a lo expuesto, al no incurrir la recurrida en incongruencia ni indefensión de la recurrente, que se ha podido defender en el juicio oral de las pretensiones deducidas en su contra, y con la proposición de prueba que ha estimado pertinente, sin que le haya sido denegada por la juzgadora la práctica de ninguna prueba. No ha lugar a la declaración de nulidad de la recurrida, ni a la subsidiaria petición de limitar la revisión del recurso al grado de incapacidad permanente total, inicialmente pedido en demanda.

En especial en este proceso en el que la gestora conoce antes del juicio oral por la ampliación formal de demanda, el nuevo y superior grado de incapacidad permanente absoluta, pedido y reconocido, por la agravación del cuadro sufrido por el enfermo.

TERCERO.-Con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicita la modificación del hecho declarado probado cuarto. Lo que sustenta, documentalmente, en el informe de la misma fecha emitido por el servicio de neurología que acompaña el escrito de ampliación de demanda, de fecha 18 de agosto de 2021, en atención a que se alega una evolución negativa de la enfermedad. Interesando se haga contar que la fecha de efectos mencionada en este ordinal, para el caso de reconocimiento del grado de incapacidad permanente total; y, la del día 26 de enero de 2023, para el caso de incapacidad permanente absoluta.

Conforme al precepto en que se sustenta el recurso con relación al art. 196.3 del mismo Texto legal, la parte recurrente necesita la cita de documento fehaciente que evidencie el relato propuesto sin necesidad de análisis ni conjeturas.

Y, como lo que está en cuestión en este motivo del recurso es la fijación de una u otra fecha de efectos económicos, según el grado de incapacidad permanente total o absoluta valorado, a diferencia del fijado en la parte dispositiva de la sentencia recurrida. No estamos, propiamente, ante una cuestión fáctica sino jurídica y controvertida entre los litigantes. Por lo que, el relato atacado es predeterminante del fallo, como el propuesto, por lo que son ambos inatendibles.

Debiendo fijarse en el relato los hechos determinantes de la aplicación de la normativa que se estime ajustada a la solución adoptada o pretendida, para posteriormente en los motivos destinados a la denuncia de infracción de normas, analizarse las cuestiones suscitadas entre los litigantes, como apoyo de la decisión que se adopte a tal efecto.

A lo que, enatención a la referida cuestión de los efectos de la prestación reconocida o pretendida, es suficiente la fijación en hechos probados tanto del dictamen-propuesta del EVI y otras circunstancias como altas o bajas del enfermo, y la fecha de los informes especializados, propuesto o el finalmente acogido en la recurrida, para concluir el estado que sustenta su decisión.

CUARTO.-Finalmente,con cita del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción en la recurrida, por errónea interpretación, de lo establecido en el artículo 194.1.d) de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (DT 26ª).

La parte recurrente considera que, dado el cuadro clínico declarado probado, derivado de informe médico de síntesis obrante en el expediente administrativo tramitado, que ha dado lugar a las presentes actuaciones. Con mielopatía cervical del trabajador, sin modificaciones desde 2017, con grado funcional 2 y limitaciones para requerimientos elevados del tren inferior y raquis.

Realizando ejercicios de bicicleta de 40-50-km., y marcha de 10-15 km. En atención a criterio suplicacional contenidoen resoluciones que refeire. No justifica el grado de incapacidad permanente reconocido y efectos económicos muy anteriores al informe cuyo relato sustenta la recurrida.

Por lo que, solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra. Subsidiariamente, soliicta los efectos económicos de la situación reconocida desde enero de 2023.

1.-En primer lugar, debemos volver a lo ya dicho en los motivos del recurso anteriores, en cuanto a que el cuadro clínico y limitativo funcional del enfermo ponderado en la recurrida, conforme a la objetividad de la valoración de la juzgadora de instancia de la totalidad de los informes unidos a las actuaciones, cuando se atiene al relato del informe de NRL del 26-1-2023, no puede ser sustituido por la interesada valoración de parte de la recurrente del mismo activo conjunto ( ATS/4ª de 15-7-2015, rec. 3906/2014):

En su atención, si al momento de la valoración del expediente, la dolencia principal es enfermedad desimielizante delsistema nervioso central, no especificada. Leucodistrofia y mielopatía cervical. Hernia discal C4-C5 con mielopatía secundaria y otros signos que detalla de C4 a C7 (estenosis foraminal bilateral). Que provocaba torpeza motora a expensas de la EII, e inestabilidad leve a la marcha, con progresión clínica. GF neurológico y del raquis 2. Con limitación para requerimientos elevados del tren inferior y raquis.

Esto es, una limitación que, conforme al informe de NRL de 26-1-2023, se ha agravado hasta el cuadro detallado al inicio de esta resolución. Cuadro pluripatológico denaturaleza neurológica y osteoarticular: leucodistrofia de perfil heredodegeneratia, no tipifidacada genéticamente, y espondiloartrosis cervicalcon hernia discal C4-C5, y mielopatía secundaria. Valorando en conjunto dicho cuadro, del que destaca las limitaciones derivadas de la leucodistrofia. Con una evolución clínica progresiva del cuadro, con mayor inestabilidad de la marcha, temblores de MMII, pérdida de sensibilidad en pierna izquierda y radiológica (mayor extensión de las lesiones cerebrales sugestivas de leucodistrofia). Que, en enero de 2023, sigue empeorando, cada vez tiene mayores limitaciones motoras y dolor. Mayor inestabilidad a la marcha, con frecuentes desequilibrios; también, claudicación a la marcha, cada vez con distancias más cortas, sobre todo con EEII. Muy limitado para la actividad física, incluso ligera. Déficit sensitivo en pierna izquierda. Claudicación de piernas al bajar escaleras por clonus. Dolores en brazos y piernas de perfil radicular.

EF: marcha atáxica con imposibilidad para la marcha en tándem, y Romberg positivos. Signos de piramidalismo en miembros inferiores, con hiporreflexia patelar y clonus aquileo bilateral, inagotable en el lado derecho. Hipoestesia en pierna izquierda desde la raíz.

Especialmente, por el cuadro neurológico; pero, a lo que también contribuye la afectación articular cervical y los signos objetivos detallados en dichos informes acogidos. Estando comprometida seriamente la capacidad deambulatoria del enfermo hasta pequeñas distancias por la inestabilidad con temblores y falta de sensibilidad en ambas EEII (más en la izquierda), y muy limitado para cualquier actividad física por ligera que sea, no solo las intensas.

2.-Debiendo evaluarse el estado conjunto del enfermo en que están comprometidas la capacidad mínimamente de deambular hasta un centro de trabajo o realizar hasta los esfuerzos ligeros, presentes en cualquier empleo por liviano o sedentario que sea. La clínica limitativa funcional descrita en la recurrida que no ha sido modificada, debiendo contemplarse la capacidad residual de trabajo que le resta con unas condiciones mínimas de atención, rendimiento y productividad propia de una jornada laboral, de un trabajo rentable. En el momento actual, y con carácter de crónico, puesto que ni siquiera como posible a medio plazo se prevén tratamientos que curen al enfermo ( art. 193.1 LGSS) , se considera como en la instancia, justificado el grado de incapacidad permanente absoluta reconocido.

En definitiva, con un grado limitativo funcional permanente o de incierta curación, lejos del estado moderado que ciertamente contempla esta sala con carácter orientativo y siempre relativo a situaciones similares, nunca idénticas. Pues, aquí no consta que las limitaciones sean de la escasa o moderada afectación que pretenden las recurrentes, sino intercurrentemente todas las dolencias y déficits, grave, suficiente a considerar no productiva la capacidad que le resta, ni en los livianos o sedentarios.

En la materia no caben generalizaciones, pues la doctrina jurisprudencial, viene declarando reiteradamente que no son posibles reconocimientos estandarizados, ya que, debe estarse a las concretas limitaciones funcionales que una misma enfermedad pueden ocasionar en los diferentes enfermos ( ATS/4ª de 23-2-2006, EDJ 2006/60769). Constituyendo, los pronunciamientos jurisprudenciales que invoca la recurrente, decisiones sobre situaciones similares, meros criterios orientativos. Pues una misma dolencia puede no significar una misma limitación funcional en todo enfermo, pero ya se destaca que las resoluciones que cita, contemplan cuadros menos agravados con menor limitación o solo deambulatoria, respecto de la que presente en el actor, junto a otros déficits añadidos.

Siendo, también, numerosos los pronunciamientos de la sala que, con la acreditación de la marcha muy dificultosa con dolor constante a pequeñas distancias, contraindicado por su particular estado a esfuerzos ligeros, también es reiterada la doctrina de la sala que reconoce la incapacidad para todo trabajo (SSTSJ Cantabria/Social de fecha 16-6-2023, rec. 308/2023; 5-4-2022 rec. 209/2022; rec. 301/2017; y, 29-9-2015, rec. 432/2015). Sin que aquí concurran especiales circunstancias que autoricen un pronunciamiento diferente.

3.-En cuanto a la fecha de efectos económicos pretendida por las recurrentes, relativa a la del informe de NRL que sustenta el reconocimiento de la instancia, a diferencia del evaluado administrativamente por dictamen oficial anterior y que remite a un informe del mismo servicio especializado de más de un año antes del acogido. Es doctrina de la sala contenida en la STSJ Cantabria/Social de fecha 11-7-2024 (rec. 455/2024), sobre esta cuestión, cuando, como aquí sucede, se trata de un enfermo en el que las dolencias se han agravado hasta el estado ponderado en la recurrida, por informes posteriores a los evaluados en la exploración administrativa directa, por lo que la fecha que ha de tenerse en consideración como hecho causante, a los efectos de determinación de los efectos económicos de la prestación, ha de ser la fecha del examen de valoración del EVI.

Y es que los episodios jurisprudenciales a que remite, pese a la progresiva ampliación de las posibilidades referidas de alegación, no pueden afectar al esquema clásico del hecho causante y los efectos se deben retrotraer, con carácter general, a la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, incluso, a pesar de que en aquel momento las secuelas no fueran incapacitantes. No se deben fijar así los efectos económicos en otro momento posterior; como el de la fecha de los informes médicos que acrediten el agravamiento de las dolencias o el de la sentencia que reconoce la incapacidad (sea la dictada por el Juzgado en instancia o por la Sala que la reconoce al resolver el recurso de suplicación) o cualquier otro como el propuesto por la recurrente. Avalado este criterio, igualmente, por el principio de seguridad jurídica.

Sin que tampoco se considere que se pruebe enriquecimiento injusto del beneficiario, ya que la efectividad económica desde la fecha del dictamen del EVI, no tendría virtualidad en el caso de que el trabajador siguiera trabajando. Supuesto en el que los efectos económicos se producirían desde la fecha del cese. Si se hubiera cobrado el desempleo o una prestación no contributiva durante el período intermedio, serían incompatibles también con la incapacidad permanente. Circunstancias que, en este supuesto, no constan concurrentes.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso formulado y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,