Sentencia Social 11/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1627/2024 de 09 de enero del 2025

PRIMERO:La sentencia de fecha 22 de abril de 2024, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, confirmó el recargo de prestaciones en el porcentaje del 50% que el Instituto Nacional de la Seguridad Social había impuesto a la Gescometal 2002, S.L., del que es beneficiario don Jose Pedro.

Frente a tal resolución, interpone la citada empresa recurso de suplicación, denunciando, de conformidad con el artículo 193.a) de la LRJS, la infracción de los artículos 24 de la Constitución, 74 y 97.2 de la LRJS y 218 de la LEC; interesando, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la modificación del relato fáctico de la sentencia impugnada; y alegando, al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, la infracción de los artículos 14 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, en relación con el artículo 21 de la Ley 39/2015, 23 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 17.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; así como de la jurisprudencia dictada en interpretación de tales preceptos.

SEGUNDO:En el primer motivo de su recurso, denuncia la empresa recurrente al amparo del artículo 193.a) de la LRJS, la infracción de los artículos 24 de la Constitución, 74 y 97.2 de la LRJS y 218 de la LEC.

Alega que la sentencia impugnada adolece de un vicio de incongruencia omisiva al no dar respuesta a las cuestiones por ella planteadas, reflejando tanto en sus hechos probados como en su fundamentación jurídica conclusiones extraídas de parte de la documental obrante en autos pero excluyendo, sin razonarlo, la valoración de otras pruebas practicadas, tanto documentales como periciales y testificales.

La STS de 22 de abril de 2016 (rec. 168/2015), con cita de otras anteriores, como la de 31 de marzo de 2015 (rec. 1865/2014), o la de 15 de julio de 2014 (rec. 2442/2013), recoge la doctrina constitucional sobre la incongruencia, indicando: "el Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex silentio en una consolidada doctrina (sentencias 91/2003, de 19 de mayo y 218/2003, de 15 de diciembre de 2003 , entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio (EDJ 1998/8721) y 29/1999, de 8 de marzo (EDJ 1999/1841)) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre (EDJ 1999/36639)). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo (EDJ 2000/11397), 186/2002, de 14 de octubre (EDJ 2002/40165) y 6/2003, de 20 de enero ( EDJ 2003/1401) 2003/1401)".

En el presente caso, ni siquiera alega la recurrente que alguna de las cuestiones por ella planteadas, o dicho de otro modo, de los motivos de oposición al recargo de prestaciones impuesto, haya quedado sin resolver en la sentencia impugnada. La misma da respuesta a cuantas razones aduce la empresa demandante frente al citado recargo, así como al porcentaje del mismo impuesto.

Lo único que se critica a la resolución impugnada es que la misma fundamenta los hechos que considera acreditados en parte de las pruebas practicadas en el procedimiento, excluyendo la valoración de otras.

Pues bien, debemos recordar el principio, asumido por la recurrente, de que la valoración probatoria corresponde al juzgador a quo, teniendo este libertad para, dentro de las reglas de la sana crítica, atribuir mayor credibilidad a unos u otros medios probatorios.

En el presente caso, la juzgadora a quo refleja suficientemente en el relato de hechos probados de su resolución los hechos que considera acreditados y expone en su fundamentación jurídica las razones para entenderlos así, refiriéndose a la prueba practicada en el procedimiento y debiendo entenderse, aunque no se haga mención expresa a cada una de las practicadas (mención que en ningún caso resultaría necesaria), que las que fundamentan conclusiones contradictorias con las asumidas por ella son rechazadas. Ello, como decimos, entra dentro de la libre valoración de la prueba que le corresponde efectuar, sin que deba determinar la consideración de que su resolución incurre en ningún tipo de incongruencia.

Por ello, procede la desestimación del primer motivo del recurso interpuesto.

TERCERO:En los motivos segundo a noveno de su recurso, formulados al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, interesa la recurrente la modificación de los hechos probados segundo y primero, y la adición de otros seis hechos al relato fáctico de la sentencia impugnada.

Cabe recordar, en primer lugar, los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que la modificación del relato fáctico contenido en una resolución judicial a través del recurso extraordinario de suplicación interpuesto frente a ella pueda prosperar:

- En relación con los hechos, se exige que lo que se trate de modificar sea un enunciado contenido en el relato fáctico de la resolución impugnada, o bien una afirmación con valor fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma. Puede pretenderse tanto la modificación de un enunciado en concreto, como su supresión, o la adición de un nuevo hecho al citado relato.

Además, la parte recurrente ha de proponer una redacción alternativa al enunciado que pretende modificar (o simplemente, la redacción del hecho que pretende introducir).

- En relación con la prueba, se exige que la modificación pretendida se desprenda directamente del contenido de una prueba documental o pericial concreta, obrante en las actuaciones y lícita, que sea invocada por la parte recurrente a tal efecto.

No se admite, por tanto, que la modificación se fundamente en pruebas de otro tipo, como puede ser el interrogatorio de parte o la testifical. Además, se excluye el valor de prueba documental a estos efectos de elementos como el acta del juicio, la demanda, las actas de la inspección de trabajo, etc.

Tampoco se admite que se fundamente la supresión de un hecho probado no en una prueba documental o pericial concreta, sino en la falta de prueba del mismo (prueba negativa).

No puede pretenderse a través de este motivo que el órgano judicial encargado de resolver el recurso realice una nueva valoración completa de la prueba practicada en instancia, tarea esta de la valoración de la prueba que corresponde exclusivamente al juez a quo y no puede ser suplida a través de un recurso extraordinario como es el de suplicación.

Asimismo, es necesario que la prueba en la que se fundamenta la pretensión de modificación no haya sido valorada por el órgano que dictó la resolución impugnada, salvo que se ponga de manifiesto el error en que el mismo podría haber incurrido en tal valoración.

- Por último, se exige que la modificación propuesta resulte trascendente, en el sentido de poder afectar al fallo de la resolución que se dicte.

Por todas, STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario, se remite a muchas otras anteriores en relación con los citados requisitos, a la luz de los cuales pasamos a analizar cada uno de los motivos de revisión fáctica planteados.

CUARTO:En el segundo motivo de su recurso, interesa la recurrente la modificación del hecho probado segundo de la sentencia impugnada, mediante la supresión del mismo del siguiente texto:

"(...) siendo descrito el mismo en el Parte de accidentes de trabajo del siguiente modo: "En su trabajo habitual, que es controlar la máquina de la que está encargado, al poner una correa que la maquina necesita para funcionar, se atrapa el dedo, creyendo que la había apagado previamente".

Alega la misma que la inclusión de tal texto, que refleja la forma de acaecer el accidente de trabajo que ocasionó el recargo de prestaciones impugnado descrita en el parte de accidente, resulta predeterminante del fallo. Además, considera que dicha descripción resulta contradictoria con las manifestaciones del trabajador accidentado, recogidas en su escrito de alegaciones del expediente administrativo previo.

Pues bien, no podemos compartir las alegaciones del recurrente. El hecho probado segundo se limita a transcribir la descripción que, del accidente de trabajo, realiza el parte de accidente, sin que ello suponga que tal dinámica resulte admitida, poniéndose de manifiesto a lo largo tanto del resto del relato fáctico como de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, tanto las funciones del trabajador en favor del cual se impuso el recargo como la tarea que acometía en el momento en que tuvo lugar el accidente y la forma de ocurrir el mismo.

La mera inclusión en el relato de hechos probados de la descripción del accidente contenida en el parte no resulta, al contrario de lo invocado por la recurrente, en modo alguno, predeterminante del fallo.

Por ello, no existiendo razón alguna para suprimir el texto indicado en el recurso, procede la desestimación de su segundo motivo.

QUINTO:En el tercero motivo, interesa el recurrente la modificación del hecho probado primero de la sentencia impugnada, consistente en la adición al mismo del siguiente texto:

"Las tareas de operario de línea de reciclado en Gescometal 2002, S.L, consisten en reciclaje de neumáticos usados, cables de cobre, materiales que contienen aluminio, ... etc. Para ello, se dispone de línea de reciclado compuesta por tamices, molinos, separadores y cintas transportadoras que forma un único conjunto. La alimentación de la línea se realiza mediante retros con pulpo, carretillas elevadoras y puente-grúa. Realiza su trabajo en horario a turnos y/o nocturno de lunes a viernes.

Las tareas del personal de mantenimiento en Gescometal 2002, S.L, consisten en tareas de inspección, revisión y mantenimiento de la línea de reciclado y equipos de trabajo empleados en el proceso productivo. Realiza su trabajo en horario a turno y/o nocturno de lunes a viernes".

Fundamenta la recurrente tal adición en el documento 3 por ella aportada (Plan de Prevención de Riesgos Laborales vigente a la fecha).

Lo que la misma pretende acreditar con tal documento, como indica al inicio del motivo tercero de su recurso son "las funciones del Sr. Jose Pedro, en su condición de "operario de línea de reciclado"".

Pues bien, el mero hecho de que en el Plan de Prevención o en cualquier otro documento, se describan unas determinadas funciones como integrantes de un puesto de trabajo, no implica que tales funciones sean precisa y únicamente las que desempeñan los trabajadores destinados a tal puesto.

En la sentencia impugnada se refleja, en base a distintos medios probatorios, que el Sr. Jose Pedro, tenía adjudicadas, entre otras, las de mantenimiento, limpieza y/o ajuste en la línea de reciclado. Así se indica en el fundamento de derecho tercero de tal sentencia y no queda tal afirmación desvirtuada por el mero hecho de que, en principio, tales tareas no se incluyesen, en el Plan de Prevención, entre las que debería acometer un operario de línea de reciclado.

Por ello, el mero reflejo de la previsión de las tareas inherentes a tal puesto de trabajo resulta intrascendente, acreditado, como decimos, que el trabajador accidentado debía encargarse de las de mantenimiento y limpieza en línea de reciclado.

Procede, por ello, la desestimación del tercer motivo del recurso interpuesto.

SEXTO:En el cuarto motivo, interesa la recurrente la adición al relato de hechos probados de la sentencia impugnada de un nuevo hecho tercero bis del tenor literal siguiente:

"Durante el periodo 1/10/2018 a 30/09/2019 la empresa Valora Prevención tenía asignada la realización de actividades preventivas y valoración de la integración de la actividad preventiva en GESCOMETAL 2002, SL. En dicho periodo se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

8.10.2018 Memoria anual de actividad preventiva.

8.10.2018 Programa anual de actividades preventivas.

27.3.2019 Control de las condiciones de trabajo: inspecciones planeadas seguimiento de siniestralidad.

24.4.2019. Formación de trabajadores. Seguridad y salud en el puesto de trabajo. Asistencia 15 trabajadores".

Nuevamente, tal redacción, que fundamenta la recurrente en la memoria anual de actividades preventivas y valoración de la integración de la actividad preventiva de la empresa, aportado por ella como documento 12, resulta intrascendente.

No justifica el documento citado, ni siquiera pretende adicionar la recurrente que el trabajador accidentado se encontrase entre los que recibieron formación en materia de prevención de riesgos laborales en el año 2019, ni tampoco el contenido de dicha formación (la sentencia impugnada considera que una de las causas del accidente fue la falta de formación suficiente del Sr. Jose Pedro en materia de prevención de riesgos laborales, entendiendo justificado únicamente que el mismo recibió un curso de operario de línea de reciclado de cobre impartido por don Santos, administrador único de la empresa).

Por ello, procede la desestimación del cuarto motivo del recurso interpuesto.

SÉPTIMO:En el quinto motivo, interesa la recurrente la adición al relato de hechos probados de un nuevo hecho tercero quater del tenor literal siguiente:

"El plan de prevención de riesgos laborales realiza un análisis de la maquinaria empleada por los operarios de reciclado. Se incluyen los molinos trituradores dentro de los elementos que componen la línea de reciclado, y que define como un elemento formado por tamices, molinos separadores y cinta transportadora que forman un único conjunto

A lo largo del plan de prevención de riesgos laborales, se hacen referencias a los riesgos que presenta el molino triturador, especialmente para el personal que realiza funciones de mantenimiento".

Se remite para justificar tal adición al Plan de Prevención de Riesgos Laborales vigente al tiempo del accidente, por ella aportado como documento número 3.

De tal documento no se desprende inequívocamente, como jurisprudencialmente viene exigiéndose, la modificación interesada.

En tal plan, al contrario de lo que la redacción propuesta por la recurrente da a entender, no se hace mención alguna a los riesgos que presenta, en concreto, el molino triturador, contemplándose únicamente tales riesgos y medidas de seguridad para la "línea de reciclado" o "los equipos de trabajo", menciones genéricas que no pueden dar lugar a considerar cumplida la obligación de consignación de los riesgos concretos del citado molino triturador, obligación que la resolución impugnada considera infringida.

Por ello, procede la desestimación del quinto motivo del recurso interpuesto.

OCTAVO:En el sexto motivo, interesa la recurrente la adición al relato de hechos probados de un nuevo hecho tercero quinquies (al principio del motivo, dice sexies) con el contenido siguiente:

"El molino triturador modelo RMD 160 MTR 1900/9-10 con certificado CE, tiene unos tiempos de parada de 1:30 minutos en vacío y 3 segundos con carga. Los tiempos de parada pueden variar en función de otros factores como el desgaste de los componentes o el material que esté procesando, pero dicha variación es mínima".

Tal texto, que la recurrente deduce del certificado de tiempos de parada del fabricante de tal equipo, aportado como documento 17, en relación con el informe pericial aportado como documento 16, resulta contradictorio con la referencia, contenida en el informe sobre el accidente realizado por el servicio de prevención Valora Prevención a la continuación del movimiento de la correa de transmisión del molino triturador que ocasionó el accidente, durante un tiempo más o menos prolongado tras la detención del citado molino mediante desconexión de su fuente de alimentación (dado que la misma tiene un volante de inercia grande que tiene por misión aportar al sistema una inercia adicional que le permita almacenar energía cinética).

Pretende la recurrente que se tomen en consideración los segundos que el documento por ella citado indica que tarda en detenerse el molino triturador, una vez desconectado; sin que se justifique que tal tiempo se refiera precisamente al que tarda en parar la citada correa de transmisión una vez desconectado el molino, y detenido el mismo, que es lo que resulta relevante, y a lo que atiende la sentencia impugnada.

Procede, no habiéndose justificado error en la consideración del empleo de un lapso de tiempo superior al minuto y medio en vacío o tres segundos con carga para el cese del movimiento de la correa de transmisión origen del accidente, la desestimación del sexto motivo del recurso interpuesto.

Además, aun en el supuesto de que se considerase que los citados son los tiempos que tarda en detenerse la correa de transmisión, ello no implicaría necesariamente, como pretende hacer valer la recurrente que, cuando se produjo el accidente, el trabajador no hubiese accionado la seta de parada de emergencia del equipo.

NOVENO:En el séptimo motivo de su recurso, interesa la recurrente la adición al relato de hechos probados de la sentencia impugnada de un nuevo hecho tercero septies con el contenido siguiente:

"La ventana que señala el informe del IAPRL en su informe del accidente de trabajo, páginas 5/12, 7/12 y 9/12 carece de enclavamientos eléctricos, al ser un elemento del molino triturador que no constituye una puerta de acceso a sus elementos móviles. Su finalidad es facilitar las labores de mantenimiento".

Se remite, para justificar tal adición, a los documentos 9, 16, 19 y 20 de su ramo de prueba.

Pretende, así, la puesta en relación de varias pruebas documentales, y la realización de deducciones que pretendan extraer la conclusión cuya incorporación al relato fáctico interesa.

Pues bien, como venimos reiterando, lo que no puede realizarse a través del motivo de revisión fáctica es una nueva valoración de la prueba documental obrante en autos, pudiendo a través de la misma únicamente corregirse errores o incorporarse al relato de hechos probados datos que se desprendan inequívocamente de un concreto medio probatorio.

En el presente caso, interesa la recurrente que se extraiga de los documentos citados la conclusión de que la ventana a la que uno de ellos se refiere es un elemento que no constituye puerta de acceso a los elementos móviles del molino, razón por la cual, carece de enclavamientos eléctricos.

Pues bien, de la lectura de los documentos citados no se desprende inequívocamente que la citada ventana tenga por exclusiva finalidad la mencionada en el recurso y que no exista obligación de tener enclavamientos eléctricos.

Por ello, procede la desestimación del séptimo motivo del recurso interpuesto.

DÉCIMO:En el octavo motivo de su recurso, interesa la recurrente la adición al relato fáctico de la sentencia impugnada de un nuevo hecho tercero octies con el contenido siguiente:

"El trabajador accede a las correas de distribución a través de un hueco situado en la parte inferior trasera del molino, entre la cinta transportadora y la bancada del Página 22 de 41 molino, (1,20 x 65 cm) e introduce su mano a través de una apertura de 42 cm x 42 cm".

Fundamenta la recurrente tal adición en el informe pericial por ella aportado. No obstante, existiendo contradicción, tal y como se reconoce en el recurso, entre lo considerado en relación con tal aspecto, por el citado informe pericial y por el informe emitido por el Instituto Asturiano de Prevención, al que hace referencia la resolución impugnada, no existe razón alguna para preferir las conclusiones de aquel frente a este. Resulta, además, irrelevante por qué hueco accedió el trabajador accidentado a las correas de distribución, siendo lo que valora la juzgadora a quo, como concausa del accidente, que tales correas resultaban accesibles mientras se encontraban en movimiento, y ello resulta claro, teniendo en cuenta que el Sr. Jose Pedro accedió a ellas y precisamente por eso, tuvo lugar el accidente, siendo indiferente el hueco por el que lo hiciese.

Procede, así, la desestimación del octavo motivo del recurso interpuesto.

UNDÉCIMO:En el noveno motivo de su recurso, solicita la recurrente la adición al relato de hechos probados de la sentencia impugnada de un nuevo hecho tercero nonies del tenor literal siguiente:

"El molino triturador seguía en funcionamiento al tiempo del accidente de trabajo al no haberse consignado previamente".

Tal afirmación resulta contraria a lo que la sentencia refleja que manifestó el trabajador accidentado.

No se desprende la misma, además, inequívocamente de ninguno de los documentos citados por la recurrente, siendo nuevamente lo que la misma pretenda, que se pongan en relación varios documentos con su pericial para extraer de tales pruebas datos que requieren la realización de las deducciones que la misma realiza en su recurso.

No admitiéndose, como ya hemos indicado, tales operaciones en el ámbito del motivo de revisión fáctica de un recurso de suplicación, procede la desestimación del noveno motivo del recurso interpuesto.

DUOCÉCIMO:Entrando ya en sede de censura jurídica, en el décimo motivo de su recurso, denuncia la recurrente la infracción del artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, en relación con el artículo 21 de la Ley 39/2015.

Reitera la alegación vertida en instancia de la caducidad del expediente de imposición de recargo de prestaciones, al haberse superado el plazo máximo de 135 días para su resolución previsto en el citado artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1996; que debería dar lugar a la declaración de nulidad de la resolución por la cual se impuso tal recargo de prestaciones.

Alega que la naturaleza del citado recargo es fundamentalmente sancionadora, por lo que, al contrario de lo que considera la juzgadora a quo, debe aplicarse el plazo citado.

Tal cuestión ha sido resuelta ya, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina que viene manteniendo esta Sala, sin que exista razón alguna para modificarla, por la resolución impugnada.

Exponemos en nuestra Sentencia de 12 de diciembre de 2023, citada ya, como decimos, en la resolución recurrida:

"...La Sala IV ha abordado también el efecto que las paralizaciones del expediente administrativo de imposición del recargo pueden tener sobre el derecho al mismo, afirmando que el procedimiento para su imposición "se deriva del derecho del beneficiario al aumento de las prestaciones reconocidas con cargo al régimen público de la Seguridad Social" ( STS de 13 de febrero de 2008 -rcud. 163/2007 -). 2. Ello ha dado lugar a evaluar la posibilidad de caducidad del expediente y declarar que la caducidad no puede derivarse de lo dispuesto en el art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996, porque lo que allí se señala es el plazo de 135 días a partir del cual se activa el silencio administrativo negativo (esto es lo que, acertadamente, razona en este caso la sentencia recurrida), de ahí que, cuando la resolución administrativa en materia de prestaciones de incapacidad no se dicta en plazo, el interesado no pierde el derecho reclamado, pudiendo entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. El citado plazo se mantiene expresamente en virtud del RD 286/2003, de 7 de marzo, que establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de seguridad social. 3. Asimismo hemos descartado la caducidad del expediente administrativo que está contemplada con carácter general en los arts. 44.2 y 92 LRJAP -PAC. Respecto del art. 44.2 LRJAP -PAC, se rechaza la aplicación porque se refiere a los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras y , aun siendo el del recargo un procedimiento administrativo iniciado en la gran mayoría de los casos de oficio, a instancia de la actuación de la Inspección de Trabajo, hemos puesto en duda la naturaleza sancionadora del objeto del expediente ( STS de 9 octubre de 2006 -rcud. 3279/2005 - (EDJ 2006/282235), 17 de abril de 2007 -rcud. 756/2008 -, 26 de septiembre de 2007 - rcud. 2573/2006 - ( EDJ 2007/184491), 27 de diciembre de 2007 - rcud. 4945/2006 - (EDJ 2007/344054), 30 de enero de 2008 - rcud. 4374/2006 - (EDJ 2008/25814), 26 de mayo de 2008 -rcud. 4755/2006 - (EDJ 2008/90866), 9 de julio de 2008 -rcud. 4534/2006 -, 2 de octubre de 2008 -rcud. 1964/2007 -, 15 de septiembre de 2009 -rcud. 171/2009 -). Igualmente es inaplicable el art. 92 LRJAP -PAC a casos como el que aquí examinamos, porque aquel precepto se refiere a la paralización imputable al interesado a cuya solicitud se inició el expediente, y en estos supuestos nos encontramos con una incoación efectuada a resultas de la actividad de la Inspección de Trabajo". En consecuencia teniendo en cuenta la naturaleza del recargo que no es propiamente sancionatorio, predominando el carácter prestacional del mismo, no le son de aplicación las normas que regulan el procedimiento sancionador, estando sometido al plazo de prescripción de cinco años, en virtud de los dispuesto en el art. 43.2 LGSS (EDL 2015/188234) , la caducidad no puede derivarse de lo dispuesto en el art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996, porque lo que allí se señala es el plazo de 135 días a partir del cual se activa el silencio administrativo negativo, de ahí que, cuando la resolución administrativa en materia de prestaciones de incapacidad no se dicta en plazo, el interesado no pierde el derecho reclamado, pudiendo entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Le es de aplicación el art. 25.1 a) que dispone que "a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo" y no el 25.1 b) de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690) que dispone: "b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95". No le son de aplicación las normas que regulan la caducidad del expediente sancionador, por lo que no puede estimarse que se haya producido la caducidad del mismo, sin que en modo alguno haya transcurrido el plazo de prescripción de 5 años, ..........".

No pudiendo asumirse, conforme a lo indicado, la caducidad del expediente de imposición del recargo de prestaciones, procede la desestimación del décimo motivo del recurso interpuesto.

DECIMOTERCERO:En relación ya, con el fondo del asunto, en los motivos undécimo, duodécimo y decimotercero (por error designado nuevamente como "undécimo") denuncia la recurrente la infracción de los artículos 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; 164 de la LGSS y 17.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de la doctrina y jurisprudencia dictada en interpretación de tales preceptos.

Alega, en suma, la demandada, que de las pruebas practicadas en el procedimiento, no puede extraerse nexo causal alguno entre la infracción por parte de la empresa demandante de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laborales y el accidente sufrido que pueda dar lugar a la imposición de un recargo de prestaciones, habiéndose debido tal accidente a la imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

Critica, en primer lugar, la aplicación del artículo 23 de la Ley 23/2015, que establece la presunción de veracidad de las actas emitidas por la inspección de trabajo.

Considera que tal presunción debe quedar desvirtuada por las pruebas aportadas por la empresa demandante, y que además, el amplio periodo de tiempo transcurrido entre el accidente y el inicio de las actuaciones de comprobación por la inspección de trabajo (y más aún, la emisión del acta de infracción) debe determinar que tal presunción no resulte de aplicación.

Pues bien, la sentencia ahora impugnada, teniendo en cuenta no solo la citada acta de inspección, sino también otros medios probatorios, como son el informe emitido por el Instituto Asturiano de Prevención, la declaración prestada por el trabajador accidentado así como la evaluación de riesgos del puesto de trabajo ocupado por el Sr. Jose Pedro, la documentación relativa a la formación del citado trabajador en materia de prevención, el informe elaborado sobre el accidente por el servicio de prevención Valora Prevención y las testificales practicadas, llega a la conclusión de que el accidente laboral que da lugar al recargo tuvo como causas la ausencia de evaluación de riesgos del equipo de trabajo que intervino en el accidente (molino triturador), la accesibilidad a las partes de tal equipo que implican riesgo de atrapamiento, como son las correas de transmisión del molino, cuando se hallan en movimiento, y la falta de formación e información del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.

Considera que el accidente tuvo lugar de la siguiente manera:

El 10 de abril de 2020, en horario nocturno, don Jose Pedro, que ocupaba en la empresa demandante el puesto de trabajo de operario de línea de reciclado, se encontraba metiendo cable en un molino triturador de cable de cobre, equipo con el que no trabajaba habitualmente, cargando los restos de cable por la tolva superior de tal molino con un pulpo manipulador, cuando, en un momento dado, el molino empezó a hacer un ruido extraño, procediendo el citado trabajador a comprobar si estaban atascadas las correas de distribución situadas detrás del motor, que siguen por inercia en movimiento un tiempo una vez detenido el equipo de trabajo. Para ello, el Sr. Jose Pedro se introdujo por un hueco situado en la parte inferior trasera del molino y metió su mano izquierda por la zona de correas antes de que estas parasen totalmente, momento en el cual se produjo un atrapamiento que le ocasionó una amputación de la primera falange del dedo índice de la mano izquierda y fracturas en los dedos medio y anular que determinaron el reconocimiento de una incapacidad permanente total.

Además de ello, consta en la resolución impugnada que la evaluación de riesgos no contemplaba los riesgos específicos del molino triturador y que únicamente consta la realización por el Sr. Jose Pedro de un curso de operario de línea de reciclado de cobre impartido por el administrador de la empresa, don Santos, en la fecha de su incorporación a la empresa (2016).

Tales circunstancias se reflejan en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada y se parte de las mismas en la fundamentación jurídica de tal resolución para justificar la confirmación del recargo de prestaciones impuesto.

Correspondiendo, como hemos indicado ya en la presente resolución, la tarea de la valoración probatoria a la juzgadora de instancia, y habiendo la misma justificado las razones por las cuales considera acreditadas las circunstancias citadas, ni puede considerarse errónea o abusivamente aplicada la presunción de veracidad de las actas emitidas por la inspección de trabajo, ni ha logrado la recurrente desvirtuar las citadas circunstancias ni modificarlas a través de los motivos de revisión fáctica formulados.

Por ello, y dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación que nos ocupa, es de las mismas de las que debemos partir a la hora de analizar las infracciones jurídicas denunciadas.

Pues bien, el artículo 164 de la LGSS dispone que "todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

De tal precepto se desprende la exigencia de tres requisitos para que pueda imponerse la obligación de abono de recargo de prestaciones a una empresa:

- Que el trabajador haya sido víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Que el empresario haya infringido alguna de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, pudiendo afectar este incumplimiento a las medidas generales o particulares de seguridad, exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores.

- Que exista una relación de causalidad entre el accidente o enfermedad sufridos por el trabajador y el incumplimiento del empresario.

A ellos, además, debe añadirse, el que el accidente o enfermedad haya determinado el reconocimiento, en favor del trabajador o de sus causahabientes, de alguna prestación de Seguridad Social.

En el presente caso, la sentencia impugnada considera acreditados, al menos, tres incumplimientos de la normativa de prevención por parte de la empresa ahora recurrente, que han incidido en el accidente sufrido por don Jose Pedro, como son los siguientes:

- Falta de evaluación de equipos de trabajo: se consigna en la citada resolución que el plan de prevención no reflejaba los riesgos específicos del molino triturador que intervino en el accidente.

- El citado molino triturador mantenía accesibles, durante su funcionamiento, o al menos, antes de su completa detención, partes que presentaban riesgos de atrapamiento como eran las correas de transmisión que lesionaron la mano del trabajador accidentado.

- Falta de formación en materia de prevención del Sr. Jose Pedro.

Indica, además, que la conducta del citado trabajador, si bien no puede considerarse completamente diligente, no puede tacharse de imprudencia temeraria, y no excluye, por tanto, la responsabilidad de la empresa.

Frente a ello, alega la recurrente varias cuestiones:

En primer lugar, y en relación con la falta de evaluación del citado equipo de trabajo, indica que la lectura del plan de prevención de riesgos laborales en su integridad permite apreciar que el molino triturado sí fue analizado, como integrante de la línea de reciclado. Pues bien, lo cierto es que en el citado plan, si bien es cierto que se consigna el riesgo de atrapamiento para algunos puestos de trabajo, no se consigna tal riesgo ni ningún otro en relación expresa con el molino triturador. No puede considerarse suficiente, como pretende la recurrente, la inclusión de tal equipo dentro de la línea de reciclado y la mención genérica de tal riesgo en la citada línea.

La infracción citada, por tanto, sin duda, existe.

Además, es clara su relación con el accidente de trabajo, que se ocasionó precisamente por la actualización de un riesgo que, existiendo, no estaba previsto para el citado equipo de trabajo.

En segundo lugar, en relación con la existencia de partes accesibles que suponían riesgo de atrapamiento durante el funcionamiento del molino, alega la recurrente que el hueco por el que el trabajador accedió al citado equipo no estaba destinado al acceso, razón por la cual no se le extiende la obligación sobre enclavamientos eléctricos.

Pues bien, debemos indicar que en ningún caso está justificado que efectivamente, el trabajador accediese al molino por el hueco que indica la demandante (por el contrario, en el informe emitido por el Instituto Asturiano de Prevención se indica que lo hizo por otro hueco, que tampoco consta que tuviese enclavamientos eléctricos, por cierto.

Además, el que el citado trabajador accediese a las correas de transmisión del molino antes de que las mismas se detuviesen, indica, independientemente del lugar por el que accediese, que las mismas resultaban accesibles antes de su detención, lo que constituía, precisamente, el riesgo cuya actualización dio lugar al accidente.

En tercer lugar, en relación con la falta de formación e información en materia preventiva, se remite la recurrente a la testifical del técnico de prevención de riesgos laborales que redactó el plan de prevención de la empresa para justificar que la formación emitida por la empresa era adecuada y suficiente.

No obstante, lo único que consta es que el trabajador recibió, en el momento de su incorporación a la empresa (2016) un curso impartido por su administrador, desconociéndose incluso su contenido, y con posterioridad al mismo, aun teniendo en cuenta que el equipo con el que operaba el día del accidente no era habitualmente empleado por él, no volvió a recibir formación o información alguna en tal materia. Dice la recurrente que a la formación citada "probablemente" habrán de sumarse las indicaciones que en el día a día reciba el trabajador de sus mandos, pero no consta ni la recepción de tales indicaciones en materia de prevención ni su contenido.

La citada falta de formación sin duda influye también en el accidente y en la conducta seguida por el trabajador quien, al actuar como lo hizo, seguramente no asumió el riesgo de atrapamiento de su mano, riesgo que podría haber previsto de haber recibido la formación e información adecuada.

En cuarto lugar, alega la empresa que la conducta del trabajador debe calificarse como imprudencia temeraria. Parte para tal calificación de la consideración de que el mismo no accionó, antes de acceder a las correas de distribución de la máquina, la seta de parada de emergencia, cuya pulsión habría evitado, sin duda, el accidente.

Pues bien, tal circunstancia no consta. Lo único que sí que consta es que el Sr. Jose Pedro manifestó haber pulsado la seta, y que aun después de accionado el mecanismo de parada del molino, el mismo continúa por inercia durante un periodo de tiempo en movimiento, periodo durante el cual pudo ocurrir el accidente.

Lo que resulta justificado, además de los citados incumplimientos de la empresa, es que el trabajador accedió a las correas de distribución de la máquina en movimiento y a consecuencia de ello, sufrió daños en su mano izquierda, que quedó atrapada por tales correas.

Consta, además que, pese a existir un sistema de guardias de mantenimiento, el trabajador accidentado tenía, entre otras funciones, la de mantenimiento y limpieza en la línea de reciclado, sin que se justifiquen las instrucciones que se le dieron en relación con tal tarea.

Por último, consta la imposición de una sanción a la empresa por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laborales a consecuencia del accidente, que la misma no impugnó, y que como medida correctora tras el accidente se recogió la de establecer un procedimiento de trabajo adecuado para la realización de trabajos de mantenimiento, limpieza y/o ajustes en los equipos de trabajo y dar las debidas instrucciones a los trabajadores para la realización de dichos trabajos.

Conforme a todo lo indicado, debemos considerar que existen los incumplimientos imputados por la juzgadora a quo a la empresa recurrente en materia de prevención, que los mismos contribuyeron al accidente sufrido por el Sr. Jose Pedro y que la conducta del mismo no puede calificarse como imprudencia temeraria ni excluir la responsabilidad de su empresario en el accidente.

Por ello, justificada la imposición del recargo de prestaciones, procede la desestimación de los motivos undécimo, duodécimo y decimotercero del recurso interpuesto.

DECIMOCUARTO:En el motivo decimocuarto del recurso interpuesto (designado erróneamente como duodécimo), denuncia nuevamente la recurrente la infracción del artículo 164 de la LGSS; en relación con la jurisprudencia dictada en interpretación del mismo.

Alega que los incumplimientos en materia de prevención imputados a la empresa demandante no revisten la gravedad suficiente para determinar la imposición de un recargo del 50%, en su grado máximo, por tanto, como lo demuestra que la sanción que se le impuso fue por infracciones graves, en su grado mínimo, y que además, la actuación imprudente del trabajador accidentado debe, si no excluir la imposición del recargo, minorar al mínimo su cuantía.

La cuantía del porcentaje del recargo, que puede ser revisada en suplicación, debe fijarse, como indica la resolución impugnada en atención a determinadas circunstancias como son la gravedad de la falta, negligencia o intencionalidad del infractor, peligrosidad de las actividades desempeñadas, número de trabajadores afectados, carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a tales actividades, gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia de las medidas preventivas necesarias, medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario e instrucciones impartidas por este en orden a la prevención de los riesgos, incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos, inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes y conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales ( art. 39.3 de la LISOS) .

En la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006 (Rec. 4.183/04), en la que se menciona la anterior de 19 de enero de 1996 (Rec. 536/95), se resuelve una controversia sobre el porcentaje de recargo, afirmando que la decisión del juez de instancia sobre la cuantía porcentual de recargo en cuestión, en cuanto predeterminada por un criterio legal -la "gravedad de la falta"-, puede ser reconsiderada en suplicación para comprobar si excede o no del margen de apreciación que le es consustancial porque la apreciación en un caso concreto de la "gravedad de la falta" o infracción de medida de seguridad está guiada por conceptos normativos -peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas reglamentarias, etc.- que han sido establecidos en la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

En el presente caso, a la empresa ahora recurrente se le impuso una sanción de 6.138 euros por tres infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales apreciadas en su grado mínimo.

Junto a ello, debemos tener en cuenta que la dolencia sufrida por el beneficiario del recargo de prestaciones ahora discutido, ha conllevado su declaración en situación de incapacidad permanente total para el desempeño de su profesión habitual, e implica una limitación para el desempeño de todas aquellas actividades que impliquen fuerza o destreza en la mano izquierda.

Por otro lado, debemos valorar que la empresa ahora recurrente no infringió una, sino al menos tres de sus obligaciones en materia de prevención, infracciones que contribuyeron a ocasionar el accidente.

Tales infracciones no ponían en riesgo únicamente la seguridad del Sr. Jose Pedro, sino de todos los demás trabajadores que en su prestación de servicios empleasen el equipo que ocasionó el accidente, cuyos riesgos no estaban adecuadamente determinados ni se adoptaban las medidas necesarias para paliarlos o minimizarlos (como podía ser la garantía de inaccesibilidad de los elementos que podían causar atrapamientos durante su funcionamiento).

Teniendo en cuenta tales circunstancias, se considera adecuado el porcentaje de recargo de prestaciones impuesto por el INSS y confirmado por la sentencia impugnada.

Conforme a todo lo indicado, procede la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia impugnada.

DECIMOQUINTO:Dada la desestimación del recurso, las costas procesales deben ser impuestas a la parte recurrente, incluidos los honorarios del Letrado de la impugnación, en la cuantía de 600 euros más IVA.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de general y pertinente aplicación,