Sentencia Social 511/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 862/2024 de 23 de junio del 2025

PRIMERO:La sentencia de instancia ha confirmado la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 23-02-2023 "por la que se impone a los demandantes un recargo del 40 % en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador el día 14-1-2021, absolviendo a los demandados de los pedimentos ejercitados en su contra.".

Frente a dicho fallo, la representación letrada de PROYECTOS Y OBRAS BAYÓN Y AZA S.L. interpone recurso de suplicación formulando dos motivos destinados a la revisión de hechos probados y tres motivos a la censura jurídica.

También interpone recurso de suplicación la representación letrada de ESTRUCTURAS CATAY S.L. formulando un motivo destinado a la revisión fáctica y dos motivos a la censura jurídica. Posteriormente, presentó escrito de fecha 22-11-2024 denominado de complemento de recurso de suplicación y aportación de documento nuevo consistente en Resolución del Viceconsejero de Economía y Empleo por el que se resuelven los recursos de alzada interpuestos por Doña Gregoria, en nombre y representación de Estructuras Catay, S.L. y por Doña Sonia Rodriguez Sánchez, en nombre y representación de Proyectos y Obras Bayón y Aza, S.L. Por Auto de 7 de enero de 2025 se admitió el documento. En fecha 24-01-2025 se complementa el recurso formulando dos motivos destinados a la revisión de hechos probados y otros dos motivos a la censura jurídica.

El recurso y el complemento del mismo han sido impugnados por la representación letrada de Guillermo. La representación letrada de Guillermo interesa que se inadmita el recurso porque Estructuras Catay S.L. ha depositado 300 € para recurrir pero no ha procedido a ingresar ni el capital coste ni ha presentado aval que garantice el mismo. La pretensión se desestima porque el artículo 230.2.a) de la LRJS, dispone en cuanto a la consignación:

"2. En materia de Seguridad Social se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del secretario.

El mismo ingreso deberá efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en vía judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijación por la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo correspondiente.

En los casos en los que no proceda el ingreso del capital coste o del importe de la prestación se estará a las reglas generales del apartado 1 de este artículo",y la sentencia recurrida ha desestimado la pretensión de las empresas demandantes.

SEGUNDO:Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L. interesa:

1.-La revisión del hecho probado cuarto proponiendo la siguiente redacción:

"El día 14-01-2021, entre los trabajos que debía realizar D. Guillermo se encontraba el corte de piezas de madera para el posterior encofrado de pilares y muros de sótano, cortes que debía realizar con arreglo a unas determinadas medidas y empleando para ello la mesa tronzadora, del fabricante SIMA, cuyas fotografías obran a los documentos 9 y 11.

D. Guillermo ha recibido la formación adecuada para el uso de dicha mesa tronzadora, teniendo como formación el curso de 2º Ciclo de formación en prevención de riesgos laborales de encofrado que incluye el manejo de equipos de corte como sierra circular, tronzadora, etc. (Como consta en el documento 4 aportado por Estructuras Catay obrante en Autos como 055 del expediente digital).

Para realizar el corte de las piezas, el operario debía colocar la pieza a cortar sobre la mesa contra la guía-tope, seleccionar el ángulo de corte para, a continuación, aproximar el disco de corte a la pieza para iniciar el corte accionando el brazo destinado a ello.

Durante la jornada laboral, cuando el trabajador realizaba cortes con la mesa tronzadora, se descuidó y el disco de la mesa le enganchó el guante que llevaba puesto, arrastrando la mano hacia su interior, provocando el corte en el pulgar de la mano derecha. (Informe de investigación del accidente aportado como doc 1 por Estructuras Catay obrante como 052 en el expediente digital)"

La revisión se desestima al introducir valoraciones impropias del relato de hechos probados.

2.-La revisión del hecho probado séptimo proponiendo como texto alternativo:

"Igualmente, la Inspección de Trabajo emitió acta de infracción número NUM004 de fecha 28-09-2022, que propuesto la imposición de una sanción consistente en multa de 5.046,00 euros con cargo a ambas empresas.

El acta obra a las páginas 123/187 a 133/187 del expediente administrativo y aquí se da por reproducida.

Ambas empresas formularon alegaciones y recurso de alzada frente al acta, estando pendiente de resolución y sin que la misma haya alcanzado firmeza"

Al haberse dictado resolución resolviendo los recursos de alzada debe estarse a su contenido debiendo indicarse que contra la misma cabe interponer demanda ante la jurisdicción social.

Estructuras Catay S.L. interesa la adición de un hecho con el siguiente contenido:

"Según consta en su vida laboral el demandante trabajó en empresas de construcción desde el 06/02/2002".

La adición se desestima porque de la misma no se desprende en que puestos de trabajo ha prestado sus servicios para otras empresas del sector, ni que formación o capacitación ha adquirido o que tenga formación necesaria para el manejo de una máquina tronzadora.

En el escrito de complemento del recurso de suplicación solicita la adición de un hecho con el siguiente contenido:

"Por Resolución de 28/07/2024 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid se estima el recurso de alzada presentado por "Estructuras Catay, S.L." y "Proyectos y Obras Bayón y Aza, S.L.", y resuelve anular el acta de infracción número NUM004 de fecha 28-9-2022 que propuso la imposición de una sanción consistente en multa de 5.046,00 euros con cargo a ambas empresas".

La adición debe prosperar debiendo estarse al contenido de la resolución.

También propone la adición de un párrafo al hecho probado séptimo con el siguiente contenido:

"Por Resolución de 28/07/2024 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid se estima el recurso de alzada presentado por "Estructuras Catay, S.L." y "Proyectos y Obras Bayón y Aza, S.L.", y resuelve anular el acta de infracción número NUM004 de fecha 28-9-2022 que propuso la imposición de una sanción consistente en multa de 5.046,00 euros con cargo a ambas empresas"

La adición es innecesaria porque ya se ha estimado la adición de un hecho con el contenido de la resolución.

TERCERO:Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L. alega errónea aplicación de lo estipulado en el artículo 151.8 de la LRJS y jurisprudencia interpretativa, que no cita sin que la sentencia de un tribunal superior de justicia constituya jurisprudencia a tenor del artículo 1.6 del Código Civil.

En esencia expone, que se ha aplicado erróneamente la presunción de certeza de las actas de infracción habiéndose desvirtuados los indicios respecto a la falta de medidas de seguridad de la maquinaria, que ha sido la causa directa de la imposición del recargo de prestaciones.

Continúa indicando que el trabajador había realizado el curso de formación de 20 horas de 2º ciclo de formación Prevención de Riesgos Laborales que incluye el manejo de máquinas tronzadoras, por lo que la empresa subcontratista y la empresa principal han cumplido con sus obligaciones en materia de formación, y el accidente no puede ser debido a incumplimiento empresarial de medidas de seguridad o formación e información.

Es cierto que la resolución del viceconsejero de econonía y empleo por la que resuelve los recursos de alzada contra la resolución de16 de marzo de 2023, de la dirección general de trabajo, adoptada en el procedimiento sancionador 4566/2022, anula la misma "por insuficiencia del relato fáctico del acta que no permite la acreditación de existencia de las dos infracciones, de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto de este escrito.", pero debe tenerse en cuenta que el recargo de prestaciones por accidente de trabajo puede ser iniciado por el trabajador, sus representantes o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el procedimiento administrativo se insta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que resuelve sobre la petición interesada y como señala la juzgadora de instancia el accidente de trabajo provoca la intervención de la inspección de trabajo, de oficio o a petición del trabajador, que da lugar a una investigación que puede terminar en archivo del asunto por la inspección de trabajo o a la emisión de dos tipos de propuestas:

1º.-Propuesta de infracción que se remite a la autoridad laboral autónica competente para la tramitación del expediente administrativo sancionador, lo que se efectúa emitiéndose por la inspección de trabajo acta de infracción.

2.-Propuesta de recargo en las prestaciones de seguridad social.

Ambas propuestas se emiten por separado y no están vinculadas entre sí, no condicionándose el procedimiento de recargo a la previa firmeza del acta de infracción sobre el que se haya incoado el procedimiento administrativo sancionador.

Lo que sí es cierto es que, si al tiempo de tramitarse y resolverse el recargo, el acta de infracción es firme, por haberse confirmado en el procedimiento administrativo sancionador, el contenido del acta de infracción es vinculante para las partes en el procedimiento de recargo.

Si al imponerse el recargo, el acta no es firme, por haber sido revocada o por no haber concluido el expediente sancionador o por haberse archivado por caducidad, las partes pueden desplegar todo tipo de pruebas tendentes a desvirtuar lo que refleja el acta, sin que esté condicionado el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la efectiva firmeza y confirmación del acta de infracción para resolver sobre el recargo.

El trabajador tiene como formación el curso de 2º ciclo de formación en prevención de riesgos laborales de encofrado y la recurrente entiende que, según la norma convencional aplicable a su actividad, es el que debe realizar para poder desarrollar el trabajo, sin necesidad de otra formación obviando que el artículo 19.4 del ET dispone que:

"El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean de aplicación.".

Lo expuesto lleva a desestimar el motivo.

CUARTO:Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L. en el cuarto motivo alega vulneración de lo establecido en los artículos 123.1 de la LGSS y 24 de la CE.

En esencia, expone que existe una directa vinculación de las actas de infracción con la declaración del recargo de prestaciones y al no ser firme el acta se debería haber paralizado la imposición del recargo.

Continúa indicando que en el tercer fundamento de derecho de la sentencia recurrida se indica que únicamente en caso de ser firme el acta de infracción el contenido de la misma es vinculante, lo que genera indefensión y al no haberse suspendido el procedimiento se está ante un acta de infracción que ha sido revocada y anulada y el recargo de prestaciones ha sido estimado cuando es consecuencia del acta y debería correr la misma suerte.

En el segundo motivo, la empresa Estructuras Catay S.L. alega vulneración de los artículos 5.2 de la LISOS, 4 y 19 del Estatuto de los Trabajadores, 14, 15 y 17 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 3 y Anexo I punto 1.8 RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 25 de la CE y 23 de la ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esencia, expone que las dos causas por las que se ha impuesto el recargo indicadas en la resolución recurrida que declara la existencia de responsabilidad empresarial por faltas de medidas de seguridad en el accidente de trabajo del demandante, son:

1ª.-De la investigación del accidente se desprende que la causa fundamental del acciente fue la utilización de una tronzadora sin protección del disco e corte, y sin medios para fijar la pieza a cortar.

2ª.-A ello hay añadir la falta de formación en la utilización de una máquina considerada como peligrosa

Y esas dos circunstancias son las que deben analizarse y en la sentencia recurrida "no se refleja en ningún momento que la máquina no tuviera la protección del disco de corte ni los medios para ser fijada",que hay que tener en cuenta que el acta de infracción se levanta sin prueba ninguna; que el trabajador accidentado realizó las tareas propias de su categoría, tenía experiencia en el sector de la construcción de al menos 20 años y formación específica en riesgos laborales para la profesión de encofrador, realizada dos años antes de su accidente y que la máquina en que se produjo el accidente es sencilla y de piezas básicas, no siendo una máquina pesada o de precisión que requiera un estudio previo de su operatividad.

En el tercer motivo del escrito de complemento del recurso de suplicación alega que se ha producido carencia sobrevenida del objeto del procedimiento regulada en el artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el recargo al igual que el procedimiento sancionador provienen de una idéntica actuación administrativa inspectora y declarándose la nulidad de la resolución administrativa, por insuficiencia del relato fáctico que no acreditó la existencia de las infracciones, que dio origen al procedimiento administrativo, produce la carencia sobrevenida del objeto del procedimiento, con revocación de la sentencia recurrida.

En el cuarto motivo del escrito de complemento del recurso de suplicación alega infracción de los artículos 9.3 y 24.2 de la CE.

En esencia, expone que una vez declarada nula por la administración la actuación administrativa sancionadora que dio origen a la resolución del recargo de prestaciones de seguridad social, procede estimar el recurso de suplicación máxime habida cuenta que nos hallamos en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador.

Los motivos se analizan conjuntamente dada su conexión.

La STS de 13 de marzo de 2012, rcud. nº 3779/2011, analiza la cuestión que se plantea consiste en determinar la incidencia que una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la que se anule la sanción impuesta a la empresa por la autoridad laboral por infracción de medidas de seguridad puede tener en la sentencia del orden social en la que se resuelva sobre el recargo de prestaciones ex art. 123 LGSS por infracción de las medidas de seguridad. Tras hacer recordatorio de la doctrina constitucional relativa a la vinculación a las sentencias firmes dictadas en otro orden con la posibilidad de separarse de ellas si existe en la ulterior sentencia motivación suficiente que exteriorice el fundamento de la conclusión contradictoria, se concluye que partiendo del mantenimiento del principio general de vinculación de la sentencia firme del orden contencioso-administrativo respecto a la que deba dictarse posteriormente en el orden social no obstante la sentencia recurrida contiene un pronunciamiento distinto pero exteriorizándose con una motivación detallada y suficiente del fundamento de la conclusión contradictoria.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social no está condicionado a la efectiva firmeza y confirmación del acta de infracción para resolver sobre el recargo, procediendo desestimar los motivos por lo expuesto al resolver el tercer motivo de la empresa Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L, y los que se indican en este fundamento de derecho.

QUINTO:En el quinto motivo, la representación letrada de Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L. alega vulneración de los artículos 4, 19 y 42 del Estatuto de los Trabajadores, 5.2 de la LISOS, 14 a 17 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y jurisprudencia interpretativa, que no cita.

En esencia, expone que en el cuarto fundamento de derecho de la sentencia recurrida se establece que existe una falta de formación e información en el uso de la máquina que sustenta la responsabilidad empresarial en el accidente y que la máquina no contaba con el mecanismo de seguridad basándose en el acta de infracción y en el acto de juicio se acreditó que el trabajador tenía formación e información para el uso de la maquinaria, así como, que la maquinaria tenía el certificado CE y contaba con todas las medidas de seguridad, y la misma prueba ha sido presentada en vía administrativa que ha tenido como resultado la anulación del acta de infracción.

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo supone un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, siendo su responsabilidad que los equipos de trabajo sean los adecuados.

El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias y desarrollando una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y disponer lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención.

La STS de 4/05/2015, rcud nº 1281/2014, analiza el caso de una trabajadora de una empresa de cartonaje que sufrió un accidente. Dicha trabajadora procedía de una ETT y experimentó dicho percance una vez incorporada a la empresa usuaria, debido a que metió una pieza de cartón en una máquina sin tener en cuenta las instrucciones que le habían dado. La máquina estaba certificada y homologada, pero el resultado fue el aplastamiento del brazo de la trabajadora, ya que los sistemas de seguridad que estaban implantados no eran aptos para evitar el accidente.

Si bien la trabajadora había recibido advertencias sobre que dicha tarea conllevaba unos riesgos, los avisos habían sido excesivamente genéricos. Toda empresa debe incluir como un importante factor de riesgo los descuidos de sus trabajadores, así como la realidad laboral de que los empleados acumulan cansancio y automatizan los trabajos físicos repetitivos.

El Tribunal Supremo estableció que el empresario no le había aportado a la trabajadora una auténtica protección con respecto a la seguridad e higiene en el trabajo. Como deudor de seguridad, debería haber acreditado la suficiencia de las medidas de seguridad necesarias para que eso no ocurriera, no bastando con la certificación y homologación de la máquina.

El juzgado de lo social no desconoce la vinculación de la jurisdicción social a los pronunciamientos de la sala de lo contencioso -administrativa y a las resoluciones administrtivas firmes, pero su pronunciamiento sobre el recargo está suficientemente motivado indicando:

"Y así, el hecho probado primero resulta de los datos personales y profesionales consignados en la propuesta de recargo, expediente de Ibermutua (página 4/187 del expediente administrativo) y expediente de incapacidad permanente; del documento de los aportados por Estructuras Catay (certificado relativo a la actividad preventiva prestada por Preving Consultores); y del documento 4 de los aportados por Estructuras Catay (certificado de formación en prevención riesgos laborales encofrador).

El hecho probado segundo resulta de los documentos 9, 11, 6 y 5 de los aportados por Estructuras Catay. En este punto hay que destacar que, según se indica en el escrito aportando la prueba, el documento 5 se aporta con la finalidad de acreditar la evaluación de riesgos de la máquina tronzadora, identificándose con lo que en la evaluación de riesgos laborales se denomina Sierra Tronzador Radial (páginas 6 y 92 del informe). Si se acude a la página 6 del informe de evaluación de riesgos laborales, esa sierra no se identifica con marca y modelo; pero si se acude a la página 84, el fabricante de esa máquina es "ALBA". Si ahora se compara esa máquina de ese fabricante, como la evaluada, con las fotografías de los documentos 9 y 11 y con el manual aportado como documento 6, se observa cómo la máquina que utilizaba el trabajador al sufrir el accidente (y según alega la propia empresa), es del fabricante SIMA S.A. (eso resulta no sólo de los logos que reflejan las fotografías, sino de la página 3 del manual que identifica al fabricante Sima y no Alba). Por tanto, no consta acreditado que la máquina hubiera sido objeto de evaluación de riesgos laborales, no pudiéndose declarar probada su conformidad con las prescripciones del fabricante y con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

El hecho probado tercero resulta de la actividad de las empresas consignada en la propuesta de recargo no discutida por las empresas; así como de la ubicación y características de la obra, consignada tanto en la propuesta de recargo como en el informe de investigación del accidente aportado con el número 1 por Estructuras Catay.

En relación al hecho probado cuarto hay que señalar que no se cuenta con la versión de alguna persona que presenciara el accidente. El testigo propuesto por Estructuras Catay, trabajador y autor del informe de investigación del accidente, no presenció éste. Por tanto, únicamente puede declararse probado, por ser un hecho indiscutido, que D. Guillermo sufrió un corte durante el uso de la máquina. La empresa aporta fotografía de un guante de protección y el documento de información para el usuario (documentos 7 y 8), pero no articula prueba alguna que permita declarar probado que a fecha del accidente se hubiera entregado ese u otro guante con las mismas o diferentes características al trabajador. Tampoco aporta documento alguno que acredite haber facilitado al trabajador formación o información en el uso de máquina ni copia del manual de instrucciones. La empresa parece fundar su falta de responsabilidad en el hecho de haber recibido D. Guillermo un curso en el año 2018 (momento en que el trabajador no mantenía vínculo laboral con la empresa y sin que conste que el curso incluyese formación en el uso de este tipo de máquinas) y en la supuesta sencillez en el manejo de la máquina.

El hecho probado quinto resulta del expediente de incapacidad permanente incorporado a los autos. El hecho probado sexto resulta de la propuesta de recargo unida a las páginas 118/187 a 122/187 del expediente administrativo.

El hecho probado séptimo resulta del acta de infracción unida a las páginas 123/187 a 133/187 del expediente administrativo.

El hecho probado octavo resulta del expediente administrativo de recargo.

(...).- Se plantea en primer término por Proyectos y Obras Bayón y Aza S.L., la imposibilidad de tramitar y resolver el expediente de recargo mientras no sea firme el acta de infracción. Hay que señalar que, ocurrido un accidente de trabajo que provoca la intervención de la Inspección de Trabajo (ya sea una intervención de oficio o a petición del trabajador accidentado), ello da lugar a una investigación que, puede dar lugar al archivo del asunto por la Inspección de Trabajo o, como en el presente caso, puede dar lugar a la emisión de dos tipos de propuestas: 1º. Propuesta de infracción que se remite a la autoridad laboral autonómica competente para la tramitación del expediente administrativo sancionador (lo que se efectúa emitiéndose por la Inspección de Trabajo acta de infracción); 2º. Propuesta de recargo, que se remite al INSS como competente para resolver sobre la imposición o no de un recargo en las prestaciones de Seguridad Social. Ambas propuestas se emiten por separado y no están vinculadas entre sí, no condicionándose el procedimiento de recargo a la previa firmeza del acta de infracción sobre el que se haya incoado el procedimiento administrativo sancionador. Lo sí es cierto es que, si al tiempo de tramitarse y resolverse el recargo, el acta de infracción es firme (por haber sido confirmada en el procedimiento administrativo sancionador), el contenido del acta de infracción es vinculante para las partes en el procedimiento de recargo; si al imponerse el recargo, el acta no es firme (por haber sido revocada, por no haber concluido el expediente sancionador o por haberse archivado por caducidad), las partes pueden desplegar todo tipo de pruebas tendentes a desvirtuar lo que refleja ese acta. Pero en ningún caso, está condicionado el INSS a la efectiva firmeza y confirmación del acta de infracción para resolver sobre el recargo. Por todo ello, no cabe apreciar nulidad en el expediente de recargo por el hecho de no constar la firmeza del acta de infracción."

Lo expuesto lleva a desestimar los motivos.

SEXTO:En el tercer motivo de recurso, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, la representación letrada de Estructuras Catay S.L. alega vulneración del artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al principio de proporcionalidad, y el artículo 164.1 de la LGSS.

En esencia, expone que si se mantuviera la imposición del recargo estima que ha de proceder a su graduación en su tramo mínimo (30 %), en consonancia y coherencia con las sanciones impuestas en su grado mínimo a la empresa por el mismo accidente en el acta de inspección.

El artículo 164.1 de la LGSS dispone:

"Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.".

El precepto no contiene criterios precisos de atribución del porcentaje de recargo pero si indica una directriz para la concreción del referido recargo que es "la gravedad de la falta",pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde proporción con ésta directriz legal, por lo que, además del carácter leve, grave o muy grave de la infracción habrá de tenerse en cuenta las posibles circunstancias agravantes y la concurrencia de culpas.

La infracción se ha calificado de grave con propuesta de sanción en grado mínimo por la inspección de trabajo y la Sala considera que la desestimación de reducir el porcentaje de recargo que ha realizado la sentencia de instancia es adecuada de acuerdo a la gravedad de la falta teniendo en cuenta que la empresa "exponía a todos los trabajadores al uso de una máquina que no había sido objeto de evaluación"y ese incumplimiento generaba un riesgo objetivo e incrementado a sufrir un corte por los trabajadores.

Lo expuesto lleva a desestimar el motivo y el recurso.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,