Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1217/2024 de 11 de julio del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima la demanda en la que se interesaba prestación de IT con cargo a la mutua y recurre la representación letrada del beneficiario con varios motivos destinados a la revisión fáctica al amparo del art 193 b del art 193. De la LRJS y el último destinado a la censura jurídica.

SEGUNDO.-El primero de los motivos interesa la modificación del hecho probado primero proponiendo la siguiente redacción alternativa:

"El actor, causó alta en el RETA con fecha 1 de febrero de 2023, tras haber agotado

previamente la situación de desempleo contributivo en la que estuvo incurso desde Julio

de 2022 a 23 de enero de 2023.

Previa a la baja actual, objeto de este proceso, el actor estuvo incurso en otro proceso de

incapacidad temporal por la misma patología cuando se encontraba afiliado al

Régimen General, prestando servicios como pintor y empapelador por cuenta y orden

de la empresa PINTURAS CANURIA, S.L.U., con póliza de cobertura de contingencias

comunes y profesionales suscritas con FREMAP. Proceso que finalizó el 29/03/2022

mediante resolución el INSS por la que acordaba emitir el alta médica con efectos de

31/03/2022. Dicha resolución fue impugnada judicialmente por el actor, recayendo

sentencia del Juzgado de lo Social N.º 4 de León, de 22 de julio de 2022, desestimando

la pretensión del actor y confirmado el alta emitida por la Entidad Gestora.

Con fecha 2 de marzo de 2023 se emite, por el Servicio Público de Salud, parte médico

de baja relativo al citado trabajador autónomo, por contingencias comunes que se inició

tras ser convocado de manera inesperada al quedar un quirófano libre para realizar

inmediatamente la intervención quirúrgica de la que se encontraba pendiente y en lista

de espera desde abril de 2022". Se cita a efectos revisores la siguiente prueba documental:

la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 4 de León, páginas 82 a 88 del Expediente

Administrativo aportado por el INSS, el Informe del Servicio de Neurocirugía del CAULE de 31/10/2023. documento n.º 3 del ramo de prueba del actor (acont. n.º 41).

y el Informe de Vida Laboral del actor, documento n.º 4 de su ramo de prueba (acont. n.º

42).

Para la revisión de hechos declarados probados han de acreditarse los siguientes presupuestos que se extraen de la ley ( LRJS art.193 y 196. 2 y 3 )y de la jurisprudencia referida fundamentalmente a la revisión fáctica casacional que sirve de modelo, con las necesarias adaptaciones, para la suplicacional (por todas STS de 22 de marzo de 2018, recurso 41/2017 ):

a) Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su interpretación. Desde un punto de vista formal debe identificarse con precisión el hecho que debe ser revisado indicando el ordinal de la relación fáctica de instancia que lo contiene e incluyendo aquellos hechos que -impropiamente- se contienen en la fundamentación jurídica. Por último, no cabe introducir cuestiones fácticas nuevas, en el sentido de no planteadas en la instancia, salvo por el cauce del art. 233 LRJS .

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial -que obre en autos o haya sido aportada en el trámite de suplicación válidamente ( art.233 LRJS )-y que, por sí sola, demuestra la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara (literosuficiente), no contradicha por otros elementos probatorios unidos al proceso y sin necesidad de argumentaciones, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas. Así en relación a la prueba documental se ha exigido que el documento invocado tenga "un decisivo valor probatorio" y "un poder de convicción concluyente por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad" ( SSTS de 20 de enero de 1988, RJ 22 y de 31 de octubre de 1988, RJ 8189). La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de meras presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991) como tampoco cabe fundar la revisión fáctica en la ausencia de prueba o prueba negativa ( STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002 ).No cabe pretenderse, en fin, una valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 28 de noviembre de 2018, recurso 231/2017 ,con cita de otras muchas). Por incumplir el requisito de concreción en la identificación no es admisible una alusión global a la prueba documental obrante en autos ( SSTS de 4 de octubre de 1988, RJ 7517, y de 14 de noviembre de 1989, RJ 8059) ni una cita genérica e indiscriminada de una pluralidad de pruebas documentales o periciales ( SSTS de 26 de julio de 1995, recurso 2675/1994 y 15 de julio de 1995, recurso 3021/1994 ).

c) Precisar a través de un texto alternativo los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, según haya que adicionar, suprimir o modificar algo en ellos. A tal efecto debe considerarse que el recurrente no se puede limitar a instar la inclusión de los datos convenientes a su postura procesal, pues lo que la ley persigue mediante la revisión es corregir el presunto error cometido en instancia (TS 1-12-15, EDJ 270003). A estos efectos hay que considerar que no procede reproducir los hechos que constan en documentos que se dan por reproducidos (TS 28-7-15, EDJ 168202).

d) Necesidad de que la modificación del hecho probado tenga influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida. En el caso contrario, cuando careciera de transcendencia, su variación devendría inútil (entre otras ver TS 13-3-14, EDJ 42927). Si bien esta exigencia casacional debe adaptarse a la suplicación al no ser el último grado de jurisdicción, por lo que se deben incluir en la instancia o en suplicación los hechos necesarios para el dejar configurada definitivamente la versión judicial de los hechos que permita el examen de la cuestión litigiosa aun cuando por ser considerados de forma diversa por el juez o por la Sala no permitan llegar a una solución distinta de la adoptada. ( SSTS de 19 de enero de 1998, recurso 1662/1997 y 12 de julio de 2001, recurso 4722/2000 ).

Con lectura de los documentos citados así resulta y puede ser determinante a efectos del fallo por cuanto la denegación de la prestación ha sido invocando preexistencia de lesiones incapacitantes y fraude que en la sentencia se valora de modo indiciario por lo que han de constar todos los datos concurrentes para poder valorar los indicios de los que se obtienen las conclusiones, pues el magistrado solo da por probados los hechos que constan en la resolución de la Mutua y no otros que son de interés en el pleito y que resultan acreditados por la documental designada.

TERCERO.-El segundo motivo con el mismo amparo procesal pretende se modifique la redacción del tercer hecho probado con cita del acontecimiento 39, 40 y 41 del expediente digital proponiendo la siguiente redacción:

"Tras la práctica de la prueba ha quedado acreditado que el actor prestode manera real trabajos por los que se le pagó y que declaró durante el mes de febrero de 2023como

atestigua el hecho de la emisión de facturas y posterior liquidación de los impuestos

correspondiente; y que fue llamado de la lista de espera quirúrgica en que se encontraba

incurso en marzo de 2023 de manera inesperada e inminente ante la existencia de un

quirófano adicional."

Conteniendo la redacción expresiones que no constituyen hechos sino valoración de la prueba como la referencia a que "ha quedado acreditado", la modificación no tiene sino parcial favorable acogida para recoger lo que en negrita se resalta que resulta de la documental designada, facturas, liquidación de IVA e informe del servicio de neurología sin perjuicio de indicar que la redacción del apartado que se pretende modificar está inadecuadamente redactado pues no recoge un hecho sino una conclusión del magistrado y omite datos de relevancia para la valoración de la concurrencia o no de fraude.

CUARTO.-Se articula el tercer motivo o de recurso al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS ,alegando infracción de los artículos 175.1.a ) y 172 de la LGSS y de los arts 80. 1 del RD 1993/1995 y los arts 35 y 43 de la CE ,al entender la sentencia ahora recurrida que el beneficiario había actuado fraudulentamente para obtener la prestación.

Al respecto, el artículo 175. 1 de la LGSS ,dispone que "El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido: a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación (...)..

la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 mayo 2009 , con cita de la anterior del 14 de mayo de 2008 (recurso 884/2007), recopila la constante doctrina de esa Sala que afirma que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por el que lo invoca ( SSTS/Social 16-febrero-1993 -recurso 2655/1991 -, 18-julio-1994 -recurso 137/1994 -, 21-junio-2004 -recurso 3143/2003 - y 14-marzo-2005 -recurso 6/2004 -), pues su existencia - como la del abuso de derecho - sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ).

El Tribunal Supremo, rectificando un criterio anterior y aislado en el que se había indicado que "esta Sala ha declarado reiteradamente el fraude de Ley no puede derivarse de meras presunciones" ( STS/Social 21-junio-1990 , de forma unánime proclama en la actualidad que sí podrá acreditarse su existencia mediante pruebas directas o indirectas, admitiéndose entre estas últimas a las presunciones ( SSTS 4-febrero-1999-recurso 896/1998 , 24-febrero-2003 -recurso 4369/2001 - y 21-junio-2004 -recurso 3143/2003 -).

En este sentido se afirma, como recuerda la citada STS/IV 14-mayo-2008 , que cuando se dice que el fraude no se presume, ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, la "praesumptio hominis" del antiguo artículo 1253 Código Civil , hoy derogado, cuando entre los hechos demostrados... y el que se trata de deducir... hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( STS 29 marzo 1993 -rec. 795/92 , reproducida por las de 24/02/03 -rec. 4369/01 - y 30/03/06 -rcud 53/05 -;esta última en obiter dicta).

La jurisprudencia -de la Sala IV y de la I del Tribunal Supremo- no ha sido siempre uniforme, oscilando entre la tesis objetiva (atiende al resultado prohibido) y la subjetiva (contempla la intención defraudatoria), sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS/Sala I de 22-diciembre-1997 (recurso 1667/1993 ),que caracterizaba la figura "como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 , llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 ".

Esta oscilación entre las teorías -objetiva y subjetiva- igualmente podemos apreciarla en la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como analiza la citada STS/IV de 14-mayo-2008 .

No faltan así resoluciones que, para apreciar el fraude, atienden a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma (al margen de la intención o propósito del autor). Se ha afirmado así por el Tribunal Supremo que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS/IV 19-junio-1995 -recurso 2371/1994 , citada por la de 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 ).

Sin embargo, mayoritariamente, la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS/IV 11-octubre-1991 -recurso 195/1991 y 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ), pues entiende el Alto Tribunal que "en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS/IV 6-febrero-2003 -recurso 1207/2002 )".

Considera el Tribunal Supremoque "en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS/IV 16-enero-1996 -recurso 693/1995 -;y 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 -)".

Dicho lo anterior, la sentencia recurrida concluye que hubo fraude para obtener la prestación de IT discutida, sobre la base, como razona en sede de fundamentación jurídica, de que el art. 386 de la LEC permite la prueba de indicios pero omite en el relato de hechos probados circunstancias que han de valorarse para la inferencia que se contiene y que se han añadido por la estimación de los motivos destinados a la revisión fáctica ya que el magistrado solo da por probados los hechos de la resolución de la Mutua y no los alegados por el ahora recurrente y que resultan de la documental designada como antes se indicaba.

Como datos más significativos, debemos partir de la evidencia de que el recurrente tenía problemas por lumbago con ciática desde 2021 y estuvo de baja por IT hasta finales de marzo de 2022 en que fue alta. Esta alta fue impugnada por el beneficiario y con oposición de la misma Mutua FREMAP , fue confirmada en sede judicial, luego al menos desde tal fecha está capacitado para el trabajo sin que pueda alegarse como hace la mutua en su resolución que las lesiones eran preexistentes, pues si no son invalidantes no le impiden como autónomo el trabajo si como asalariado estaba ya capacitado para la misma profesión al ser alta en marzo de 2022. La circunstancia de estar en lista de espera para intervención quirúrgica desde abril de 2022 no le impide necesariamente el trabajo como autónomo lo que evidenciaba que hasta la fecha del inicio de la baja de fecha 2 de marzo de 2023 podía trabaja como la propia Mutua sostuvo al oponerse a la impugnación del alta médica en 2022.

A mayor abundamiento, la denegación del subsidio de IT tuvo lugar por parte de la mutua recurrida por haber "fraude, lesiones preexistentes y abuso de derecho", sin referencia alguna en la sentencia a causa alguna que no sea fraude.

Por tanto, pese a que el recurrente se encontraba aquejado de una determinada patología, en concreto lumbago, dada su expresa consideración como no incapacitante a la vista del alta dada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en marzo de 2022 ello no podía impedirle su continuación laboral y agotada la prestación de desempleo, se da de alta como autónomo por lo que ha cotizado, pese al riesgo de agravación que pueda implicar pues algún ingreso ha de obtener tras el agotamiento de la prestación de desempleo.

Con la omisión en la sentencia de tales circunstancias que resultan acreditadas por la documental aportada, la sentencia pretende basar el fraude en la proximidad entre el alta en el RETA y la baja pero es lo cierto que según la adición estimada la entrada en el quirófano fue imprevista según consta en un informe del servicio de neurocirugía del servicio público de salud. Aunque la resolución deniega por varios motivos la sentencia fundamenta su fallo en el fraude cuando con toda claridad fue alta en marzo de 2022 por el lumbago y en lista de espera quirúrgica desde abril de 2022 y tras agotar prestación por desempleo al no constar patología aguda se da de alta en el RETA trabajando como autónomo hasta que es avisado de que va a ser intervenido.

El artículo 175.1 alude como motivo para denegar la prestación el fraude para obtener o conservar la prestación pero si tras el alta en el RETA es convocado para intervención quirúrgica para la que estaba en lista de espera no se justifica la denegación teniendo en cuenta además que previamente había agotado la prestación por desempleo.

En suma, no concurriendo en el presente caso indicios diversos, notorios y unívocos de una conducta fraudulenta, no puede considerarse acreditada, mediante prueba de presunciones, la existencia de fraude en la obtención de prestaciones de la Seguridad Social, por lo que aplicando dicho criterio al presente procedimiento el recurso debe prosperar, al evidenciarse error valorativo del Magistrado que tras la trascripción de la resolución denegatoria de la mutua se limita a indicar que han quedado acreditados los hechos expuestos por la mutua sin valorar los hechos expuestos por el beneficiario y que con la estimación de la revisión fáctica hemos expresado que quedan también acreditados y que se han de tener igualmente en cuenta para concluir que tras breve período de alta ante la llamada para la intervención quirúrgica la situación de incapacidad temporal ha de ser objeto de la prestación correspondiente por la Mutua recurrida.

El motivo y por tanto recurso es estimado y con revocación de la sentencia de instancia procede declarar el derecho del ahora recurrente a la prestación de incapacidad temporal por contingencia comunes iniciada el 2 de marzo de 2023 condenando a la mutua FREMAP a su abono en la cuantía que corresponda hasta el alta médica sin perjuicio de la responsabilidad del resto de las entidades codemandadas .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,