Sentencia Social 190/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 905/2024 de 21 de febrero del 2025

PRIMERO.-El actor presentó demanda el 20 de diciembre de 2.023 en reclamación del complemento de aportación demográfica en su pensión de jubilación reconocida en noviembre de 2.016.

Se citó a las partes para el acto del juicio el a tener lugar el 26 de junio de 2.024, quedando reducida la Litis a la petición de indemnización solicitada por vulneración de los derechos fundamentales en tanto que se había dado lugar en vía administrativa al complemento reclamado el 29 de mayo de 2.024.

La Sentencia del Juzgado de lo social estimó la petición de la parte fijando como indemnización la suma de 1.800 € ateniéndose a la doctrina fijada por el TS en la Sentencia de 15 de noviembre de 2.023.

Disconforme con el sentido del fallo, la parte demandada se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto a través de dos motivos que, bajo la cobertura de la letra c) del artículo 193 de la ley procesal laboral denuncian en primer lugar la infracción del artículo 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil y con ello, entre otras, la doctrina unificada del Tribunal Supremo recogida en sentencia de 3 de julio de 2022, º 658/2022, recurso 2828/2019. Así mismo, se considera vulnerado el artículo 235 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora De La Jurisdicción Social y, en términos de estricta defensa, esta parte considera que se ha llevado a cabo una incorrecta interpretación de la Sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo, (pleno), de 15/11/23, rcud 5547/22y de la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/2 ).

Se considera que, para poder lucrar la indemnización solicitada es preciso:

a) Solicitud por el varón de un complemento de maternidad (en adelante CM).

b) Denegación por el INSS del Complemento de Maternidad con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019,

c) Necesidad de acudir a los órganos judiciales para la obtención y reconocimiento del complemento.

d) El carácter discriminatorio de la resolución desestimatoria del INSS, tal como resulta de la STJU de 14 de septiembre de 2023 y de la sentencia del Tribunal Supremo (Fundamento Jurídico 3.a)

Concluye señalando que, en todo caso, el derecho del actor se ha visto satisfecho puesto que existe una resolución de 25 de mayo de 2.024 que dio lugar a su petición.

Si nos atenemos al discurso que se hace en el recurso podemos afirmar que el actor cumple con los cuatro requisitos que la entidad gestora entiende relevantes en orden a estimar tanto la existencia de una vulneración de derechos fundamentales como la necesidad de indemnizar el daño sufrido por ello.

El actor, que tenía reconocida su pensión de jubilación en noviembre de 2.016, solicita el 19-10-2022 el reconocimiento de complemento de maternidad de la pensión de Jubilación. Se dicta Resolución el 12-12-2022 desestimando la pretensión por prescripción ex art 53 LGSS.

De estos hechos obtenemos dos conclusiones: la entidad gestora no le reconoció el complemento tras la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2.019 siendo que el motivo en aquel momento nunca hubiese podido ser la prescripción.

Las sucesivas reclamaciones que efectúa el demandante no obtienen respuesta por parte del INSS que solo contesta de forma positiva, es decir, sin hacer valer la prescripción, el 29 de mayo de 2024, menos de un mes antes de la celebración del acto del juicio.

En definitiva, el actor solicita el complemento, se le deniega, debe acudir a los Tribunales para hacer efectivo su derecho y cuando queda menos de un mes para la celebración del acto del juicio, se le concede.

Esta sección ha tenido oportunidad de resolver en fechas recientes un recurso de idéntica redacción interpuesto por la entidad Gestora en un asunto muy similar.

En relación con el primer núcleo de las alegaciones, señalamos en nuestra Sentencia de 13 de diciembre de 2.024 dictada en el recurso 703/24:

I.-En el primer y único motivo de recurso que articula, al amparo del apartado c) del art. 193 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social señala como quebrantado el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual, sostiene, el Letrado de la Administración de Justicia debió decretar la terminación del litigio por satisfacción extraprocesal de la pretensión deducida, lo que no hizo, y dio lugar a la celebración de la vista, en la que el actor reclamó una indemnización a la que no tiene derecho puesto que no existe una resolución administrativa que le deniegue el complemento controvertido en base a circunstancias discriminatorias.

II.-La viabilidad de la censura formulada se enfrenta a dos obstáculos formales, cualquiera de los cuales basta, por sí solo, para justificar su rechazo.

A) El primero de ellos radica en que si bien la parte demandada, con anterioridad a la vista del juicio, presentó escrito solicitando la aplicación del precepto cuya vulneración invoca, sobre la que no recayó resolución, y reiteró su alegación en dicho acto, no formulando la preceptiva protesta.

En este punto, constituye doctrina jurisprudencial constante y notoria que los litigantes no pueden guardar silencio ante una eventual anomalía procesal cometida en el proceso de instancia para, posteriormente, una vez dictada sentencia adversa a sus intereses, ponerla de manifiesta en fase de recurso. Ello es así, porque las transgresiones susceptibles de ser corregidas por el Juzgado de lo Social han de ser aducidas ante el mismo, no resultando admisible que, en este segundo grado de la jurisdicción, sean alegadas por quien pudiendo haber propiciado la corrección de la falta perpetrada en el momento en que se produjo, no lo hizo.

B)El segundo óbice a la prosperabilidad del motivo estriba en que la juzgadora se pronunció sobre la excepción de falta de acción o falta de interés legítimo opuesta por la demandada citando la norma que ahora señala como vulnerada, y la desestimó por los argumentos que expone, sin que la recurrente los haya impugnado, por lo que la decisión adoptada al respecto ha devenido firme.

Sobre el segundo bloque argumental resolvimos;

Cuanto se deja expuesto determina el fracaso del recurso, atendiendo a los términos en los que aparece formulado, sin necesidad de mayores disquisiciones sobre los argumentos que emplea la defensora de la Administración para oponerse a la indemnización fijada por el Juzgado de lo Social, si bien no está de más señalar que del hecho de que la causa alegada por la entidad gestora en la resolución de 20 de octubre de 2023 para denegar el complemento fuese la prescripción de la acción no permite afirmar que su actuación fuese ajena a la condición de varón del actor, habida cuenta que el órgano de casación social, en sentencias de 17 de febrero (dos ) y 30 de abril de 2022 ( Rec. 2872/2021 , 23379/2021 y 3192/2021 ), a la luz de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/2028 ), acuñó la doctrina de que los principios de interpretación conforme del Derecho de la Unión, de cooperación leal y de efecto útil, conducían a retrotraer el momento de producción de las consecuencias jurídicas anudadas al reconocimiento del complemento debatido a los varones al acaecimiento del hecho causante, sin que fuese dable entender que su solicitud tardía comportase la prescripción del derecho ni permitiera limitar sus efectos mediante la aplicación de la retroacción de los económicos a los tres meses anteriores a la solicitud. Y ello, teniendo en cuenta de un lado que el Tribunal comunitario no estableció ninguna limitación temporal en su pronunciamiento, y, de otro, que al tratarse de una discriminación por razón de sexo contraria al principio de no discriminación y al derecho a la igualdad, su íntegra reparación no podía ser otra que la expresada.

A la vista de la doctrina expuesta, se puede inferir con fundamento que la verdadera razón de la decisión denegatoria adoptada por la entidad gestora el 20 de octubre de 2023 no fue la explicitada en la resolución emitida en esa fecha, sino la condición de varón del actor, conclusión que se refuerza si se tiene en cuenta que el 12 de abril de 2024 la ahora recurrente le concedió finalmente el complemento litigioso sin exponer las razones por las que cambió de criterio, lo que tampoco ha hecho en este trámite de recurso.

La reclamación del actor acumulaba dos peticiones: el derecho a percibir el complemento del artículo 60 de la LGSS por aportación demográfica y la petición deindemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Difícilmente puede afirmarse que ha existido satisfacción extraprocesal de su petición cuando uno de sus extremos no ha sido objeto de reconocimiento por la entidad gestora, lo que permite al demandante mantener su pretensión.

No compartimos que el hecho de haber obtenido respuesta a la petición principal suponga que se ha resarcido la vulneración del derecho tutelado - no discriminación por razón de sexo- puesto que esta cuestión ha sido establecida por la Sentencia del TJUE de 14/09/2023 (C-113/22 ) al señalar "el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de una demanda presentada frente a esa resolución denegatoria, debe ordenar a dicha autoridad no solo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, en caso de que la resolución denegatoria se haya adoptado de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial"

Negar la posibilidad de resarcimiento por el hecho de que la administración, apenas unas fechas antes del acto del juicio, cumple con una obligación a la que, en todo caso, debió dar lugar tras la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre 2.019, sería tanto como admitir que depende de la entidad gestora fijar la procedencia o improcedencia de la indemnización derivada de la violación de derechos fundamentales.

Y es que, como hemos tenido la oportunidad de señalar en diversas ocasiones, entre otras en la Sentencia de 5 de febrero de 2.025 dictada en recurso 794/24, con cita de la jurisprudencia del TS:

STS, 4ª, de 4 de junio de 2024, nº 851/2024, Recurso 1714/2023 :

"El TJUE, ante la evidencia de que, una vez dictada su STJUE de 12 de diciembre de 2019 , el INSS no sólo siguió aplicando una norma nacional contraria a la Directiva 79/7, sino que también mantuvo una práctica administrativa recogida en el Criterio de Gestión 1/2020, que se publicó a raíz de la STJUE de 12 de diciembre de 2019 , en cuya virtud el INSS continuó concediendo, a la espera de la adaptación del artículo 60 de la LGSS a la citada sentencia, el complemento de pensión litigioso únicamente a las mujeres que cumplían los requisitos exigidos en este último precepto, sin perjuicio de la obligación de ejecutar aquellas sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia que reconocían el citado complemento de pensión a los hombres, entendió que ello genera para los afiliados de sexo masculino, con independencia de la discriminación directa por razón de sexo que se deriva de los requisitos materiales previstos en la norma controvertida en el litigio principal, una discriminación relativa a los requisitos procedimentales que regulan la concesión del complemento de pensión litigioso.

Añadió el TJUE que dicha práctica implica, únicamente para los hombres, la necesidad de hacer valer por vía judicial su derecho al complemento, lo que, en particular, los expone a un plazo más largo para la obtención del complemento y, en su caso, a gastos adicionales.

Consecuencia de todo lo anterior resulta ser para el TJUE, como dijimos en nuestra sentencia 977/2023, de 15 de noviembre (rcud. 5547/2022 ), lo siguiente:

"a) El órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a dicha resolución no puede limitarse a adoptar, en favor del afiliado de sexo masculino de que se trate, la medida consistente en reconocerle el derecho a ese complemento de pensión con efectos retroactivos; ya que si bien tal reconocimiento retroactivo permite, en principio, restablecer la igualdad de trato en lo que respecta a los requisitos materiales de concesión del complemento de pensión litigioso, no sirve para subsanar los perjuicios derivados, en detrimento de dicho afiliado, del carácter discriminatorio de los referidos requisitos procedimentales.

b) Ese afiliado debe poder disfrutar igualmente, además del reconocimiento retroactivo del complemento de pensión litigioso, de la medida consistente en una reparación pecuniaria adecuada en el sentido de que ha de permitir compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables".

La aplicación de la doctrina del TJUE expuesta condujo a precisar y adecuar la aplicación de nuestra jurisprudencia en el sentido expresado y así, afirmamos en la citada Sentencia 977/2023 que, en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad regulado en el artículo 60 LGSS , en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021, de 2 de febrero, y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C- 450/18 ), teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Resulta, por tanto, correcta la doctrina contenida en la sentencia de contraste y no en la de recurrida.

Entendió la Sala, también, que, en su labor unificadora y conformadora de la jurisprudencia, debía pronunciarse sobre la cuantificación de la referida indemnización de suerte que permitiera a los distintos órganos judiciales del orden social operar al respecto con homogeneidad, aportando seguridad jurídica y evitando la multiplicación de los litigios sobre la cuestión, toda vez que la actuación del INSS que generaba ese perjuicio era una y la misma para todos los afectados, sin dar lugar a agravios comparativos derivados de posibles soluciones dispares que pudieren generar una desigualdad difícilmente justificable. Puesto que la finalidad de la indemnización es la de compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, resultaba objetivamente irrazonable considerar que en ese ámbito pudieran presentarse diferencias relevantes en la valoración de esos perjuicios.

En este sentido, la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22 ) reiteró que la reparación económica adecuada debía fijarse según las leyes nacionales, sin perjuicio de que estableciese algunas consideraciones que la Sala tuvo en cuenta, a saber: que dicha reparación debía ser adecuada en el sentido de que permitiera compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, y garantizar que dicho perjuicio tuviese una reparación efectiva de forma disuasoria y proporcionada, teniendo en cuenta, en todo caso, que los gastos, incluidas las costas y los honorarios de abogado, en que haya incurrido el afiliado para hacer valer su derecho al complemento de pensión litigioso, debían tenerse en cuenta en concepto de reparación pecuniaria, siempre que tales gastos hayan sido provocados por la aplicación al afiliado de los requisitos procedimentales discriminatorios que regulan la concesión del complemento.

Tuvimos en cuenta, también, que los perjuicios económicos directos habían sido compensados en la medida en que el reconocimiento del derecho se hizo, de conformidad con nuestra jurisprudencia, con efectos ex nunc, de suerte que el complemento se reconoció con efectos de la propia prestación a la que se adhiere.

Es por ello que, el daño a compensar es el que deriva de la denegación del derecho por parte del INSS cuando el mismo ha sido reconocido por el TJUE que ha considerado discriminatoria la regulación legal y contraria a la normativa comunitaria, lo que ha obligado a los solicitantes a tener que acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, de ahí que la referida sentencia del TJUE se detenga en precisar que los gastos unidos ineludiblemente a la necesidad de acudir a los tribunales deben ser contemplados.

Teniendo en cuenta todo ello, esta Sala en su sentencia 977/2023 , entendió que: "la cantidad adecuada en orden a la compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros. Dicha cuantía se estimó que es la que mejor se adecúa a la exigencia de reparación del daño sufrido en los términos que se derivan de la reiterada sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 y de la normativa interna y doctrina jurisprudencial sobre la materia, debiendo, por tanto, ser aplicada por los órganos judiciales, en todos aquellos supuestos en los que exista controversia sobre la cuantía de la referida indemnización y, teniendo presente -como ocurre en el presente caso- la solicitud de la parte demandante de la aludida indemnización.

Conviene advertir, asimismo, que consideramos que esa cantidad permite una reparación integral del perjuicio sufrido. La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales (de Abogacía o colegiados como Graduados Sociales). Seguimos, de conformidad con lo apuntado por la repetida STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22 ), las pautas habituales en nuestro ordenamiento, Como se sabe, esta Sala, no viene estableciendo el importe de la condena en costas a la vista de la mayor o menor profundidad de la actuación procesal desempeñada por la parte recurrida sino de su existencia o inexistencia (personación, impugnación). Analógicamente, entendemos que esta compensación procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE 19 diciembre 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión".

Una última precisión: No estamos ante el mismo supuesto contemplando en nuestra reciente sentencia de 10 de enero de 2025. nº 6/2025. Rec. 675/2024 , en el que más de seis meses antes de la celebración del juicio, valorando las circunstancias ahí concurrentes, consideramos que la zozobra, inquietud o tensión que genera la existencia y asistencia a un procedimiento de estas características a un ciudadano que se presume ajeno al mundo judicial y ante un resultado normalmente incierto había quedado atenuado, por lo que reducimos la indemnización a 600 euros.

En corolario, siendo que el artículo 60 LGSS discriminaba al hombre por razón de su sexo al privarle por esta única razón del derecho a percibir este complemento en su pensión que la norma nacional reconocía exclusiva y excluyentemente a las mujeres, reuniendo el asegurado las otras dos condiciones que exigía la Ley para acceder al complemento, esto es ser pensionista de jubilación contributiva y tener dos o más hijos, y siendo que, aun así, la Dirección Provincial le obligó a acudir a los Tribunales, estamos ante lo que el Tribunal Supremo, de forma meridianamente clara, ha definido

como una vulneración de su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, por lo que procede indemnizarle, cuya cuantía, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2023 , se fija en el importe de 1.800,00 €, tal como solicita en el escrito de ampliación de la demanda

Como vemos la vulneración y el derecho a la indemnización nace de la obligación que se impone al varón que no ha visto satisfechos sus derechos en vía administrativa y precisa de acudir a los Tribunales paras hacerlos valer. Este es el caso que se nos trae a nuestra consideración.

No podemos admitir que el complemento se denegase por prescripción puesto que los propios actos de la administración ponen de relieve que la propia entidad gestora reconoce que no concurría puesto que da lugar a la petición, siendo que, reiteramos, debió hacerse efectivo desde el momento en el que el Tribunal europeo señaló que era discriminatorio excluir a los varones de su devengo.

Procede rechazar el primer motivo.

SEGUNDO.-Se afirma por la recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 183 de la LRJS puesto que, la reclamación de un indemnización por vulneración de derechos fundamentes es accesoria a la petición principal.

Entiende que no es posible entrar a conocer sobre el fondo para obtener un pronunciamiento sobre una indemnización, exclusivamente sobre la base de que "El actor por tanto tuvo que acudir a la vía judicial en reclamación de su derecho".

Nuevamente tenemos que discrepar con la entidad gestora puesto que la indemnización no se basa en que una persona tenga que acudir a los Tribunales, sino que, reiterando lo ya señalado en el fundamento que antecede, se indemniza el que un varón haya tenido que acudir a los Tribunales para reclamar un complemento a un prestación que no se le otorgó en su momento por el hecho de ser varón y que, pese a que ha existido un reconocimiento a lucrarlo, se le ha producido un perjuicio por tener que acudir a los Tribunales para hacerlo valer, lo que se estima como un daño. La sentencia del Tribunal Supremo que hemos reproducido en el fundamento anterior no deja lugar a dudas.

Finalmente y sobre la base de los artículos 97 y 235 de la LRJS se estima que la indemnización fijada es excesiva en tanto que la parte lo único que ha tenido que hacer es presentar demanda, considerando más adecuada la de 600 € que se adapta a la condena en costas que pueda darse lugar en la instancia.

Partiendo de que el recurso y la oposición a la demanda deducida por las entidades gestoras no se limita a la cuantía de la indemnización sino a su propia procedencia y de que es el hecho de imponer el tener que acudir a los Tribunales lo que genera el perjuicio, no la instancia en la que se vean satisfechas las pretensiones.

Como señalábamos en nuestra sentencia de 7 de febrero de 2.024, recurso 801/24, recordando nuevamente la doctrina del Tribunal Supremo:

Tras el dictado por el TJUE de la sentencia de 14-9-2023 , el TS elaboró la fechada el 15-11-2023; ambas ya mencionadas. Donde se llegó a la conclusión que:

"...en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad regulado en el artículo 60 LGSS , en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021, de 2 de febrero, y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C- 450/18 ), teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo...".

Para continuar resaltando que: "...puesto que la finalidad de la indemnización es la de compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, resulta objetivamente irrazonable considerar que en ese ámbito puedan presentarse diferencias relevantes en la valoración de esos perjuicios...".

De ahí que la fijara en 1.800 euros. Aclarando también que: "...El daño a compensar, por tanto, es el que deriva de la denegación del derecho por parte del INSS cuando el mismo ha sido reconocido por el TJUE que ha considerado discriminatoria la regulación legal y contraria a la normativa comunitaria, lo que ha obligado a los solicitantes a tener que acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, de ahí que la referida sentencia del TJUE se detenga en precisar que los gastos unidos ineludiblemente a la necesidad de acudir a los tribunales deben ser contemplados...".

Así como que: "...La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales..."

Atendiendo a lo expuesto y siendo un supuesto sustancialmente idéntico, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

TERCERO.-Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,