Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2121/2024 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Justino, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que, estimando las pretensiones deducidas en la demanda, se le reconociese la incapacidad permanente absoluta, por revisión por agravación.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, en la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Justino frente al INSS, la TGSS, la empresa CYOPSA SISOCIA SA y MUTUA CYCLOPS, absolviendo a los demandados de las pretensiones frente a ellos dirigidas, confirmando la resolución administrativa impugnada.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Justino, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que revocando la de instancia resuelva estimando la petición de la demanda, se revise el grado de incapacidad del actor y se declare que es merecedor de una incapacidad permanente en el grado de ABSOLUTA para todo trabajo y, en consecuencia, se condene a las demandadas en sus respectivas responsabilidades a abonarle las prestaciones económicas correspondientes a ese grado desde la fecha de efectos ya reseñada, con la base reguladora postulada por la parte y con todo lo demás que en derecho le corresponda.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las codemandadas, mercantil Cyopsa Sisocia S.A. y Mutal Midat Ciclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 1, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia, solicitando además la mercantil la expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Falta de señalamiento concreto del documento con remisión genérica al expediente administrativo. 2º Referencias interesadas de parte actora ya valoradas. 3º Pericial ya valorada y valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica. Desestimación

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar un HECHO PROBADO SÉPTIMO con el siguiente tenor literal:

"En la solicitud de consulta del Servicio de Atención Primaria del Centro de Salud Bierzo al Servicio de Traumatología y C. Ortopédica del Hospital del Bierzo, de fecha 22/11/2022, entre otras cosas, señala:

Proceso clínico: ROTURA DE MANGUITOS DE LOS ROTADORES.

Motivo de consulta:

Paciente de 45 años con rotura traumática del manguito en 2008 sin posibilidad reparadora. Desde entonces, hombro pseudoparalítico. En Unidad del Dolor han desistido ya tratamiento. El paciente tiene vida muy limitada por dolor e inmovilidad. Solicita valoración para amputación".

b) - Adicionar un HECHO PROBADO OCTAVO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico del servicio de Psiquiatría de 02/04/2024, señala expresamente:

En el momento de acudir a consulta refería empeoramiento en los últimos meses de su patología orgánica, lo que daba lugar a reagudización de sintomatología mixta de ansiedad y depresión. Bajo estado de ánimo, apatía, anhedonia. Situación vital muy empobrecida, con escasa cantidad de actividades tanto dentro como fuera de casa. Aumento de los niveles de ansiedad, rumiativo y sentimientos de indefensión, ya que no se están dando las alternativas terapéuticas por él esperadas (amputación).

Alteraciones en el sueño. Quejas sobre funcionamiento cognitivo como dificultades de concentración y memoria debidas tanto a su psicopatología como por el uso de distintos psicofármacos entre los que se encuentran mórficos.

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

La tendencia es a la cronicidad, ya que su estado de ánimo está muy mediatizado por un proceso orgánico de dichas características".

c) - Adicionar un HECHO PROBADO NOVENO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico pericial elaborado por el Dr. Roque de fecha 16 de abril de 2024, entre otras cosas, señala expresamente:

EVOLUCIÓN CÍNICA - HECHOS PROBADOS

D. Justino sufre accidente laboral por aplastamiento en el año 2008 con el resultado de:

-TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO: Luxación anterior de hombro. Contusión de Troquiter. Rotura del Labrum Glenoideo anterior-inferior. Rotura masiva del Tendón Subescapular. Rotura del Supraespinoso. Luxación del Tendón largo del Biceps.

-TRAUMATISMO PIE DERECHO: Fractura del polo anterior del Astrágalo, con esquirla ósea en maléolo interno.

-RABDOMIOLISIS.

Es intervenido quirúrgicamente con reconstrucción del manguito y cápsula de hombro derecho. Agotadas las posibilidades de recuperación, con fecha 25/06/2009 se le concede una Incapacidad Permanente Total (IPT), reconociendo el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: "Limitación de la movilidad del hombro derecho prácticamente completa (hace +- 20º), con pérdida importante de masa muscular y fuerza. Limitación de la flexoextensión del pie derecho (BA: 20º y de prácticamente toda inversión/eversión".

Con el paso de los años no ha mejorado la movilidad del hombro derecho, presentando una movilidad activa nula, pero si ha ido aumentando el dolor en los últimos años, motivo por el que va aumentando el nivel de analgesia y es estudiado nuevamente por el Servicio de Traumatología del Hospital del Bierzo, solicitando paralelamente segunda opinión en el Servicio de Traumatología de Clínica Ponferrada, para valorar opciones terapéuticas.

Le ha realizado estudios de imagen (RMN) y electromiografía (EMG), mostrando:

Artro Resonancia Magnética de hombro derecho: marcada atrofia deltoidea. Subluxación de articulación acromioclavicular con cambios degenerativos. Atrofia y adelgazamiento del tendón supraespinoso en relación con rotura parcial de aproximadamente el 50%. Entesopatía del tendón supraespinoso e infraespinoso. Probable rotura completa del tendón de la porción larga del bíceps. Pequeña rotura del labrum a las 9.

Electromiografía de hombro derecho: afectación del nervio axilar.

Tras estudio y valoración el Servicio de Traumatología del H. del Bierzo y de Clínica Ponferrada, llegan a la conclusión de que no hay indicación quirúrgica.

Ante el dolor muy intenso que presenta, a pesar de la combinación terapéutica con derivados opiáceos a dosis altas, como la Morfina (20 mg/12 h), Fentanilo (75 mg/72 h), asociados a otros analgésicos como Paracetamol (1 gr/8 h), Gabapentina (400 mg/12 h), y también con antiinflamatorios coticosteroides con Metilprepnisolona 0,1% 30 gr (una aplicación/12 h), , la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo se plantea realizar infiltraciones y bloqueo articular para intentar bajar las dosis de opioides, y le realizan infiltración del supraescapular derecho, infiltración en Nervio Axilar derecho, infiltración del Circunflejo, radiofrecuencia pulsada del Supraespinoso derecho, del Nervio Axilar, bloqueo intraarticular. A pesar de todos los tratamientos referidos presenta nula mejoría, por lo que exponen el caso en sesión clínica de la Unidad del Dolor, decidiendo de forma conjunta DESESTIMIENTO TERAPÉUTICO, por no estar justificado continuar con nuevas técnicas invasivas.

Presenta igualmente clínica de dolor cervical con limitación a la movilidad de la misma, por lo que el S. de Traumatología le solicita una RMN cervical, presentando: "rectificación de la lordosis cervical. Incipientes uncoartrosis bilaterales en C3-C4 y C4-C5. Pinzamiento y leve protrusión disco osteofitaria con uncoartrosis bilateral C6-C6. También presenta a nivel lumbar, según EMN realizada: "Disco artrosis leve a nivel de L2-L3, L3-L4, L4-L5. Disco artrosis L5-S1 con intenso y difuso pinzamietno, edema óseo adyacente a platillos, osteofitos marginales, protrusión posterior difusa no comprensiva, foco de rotura de fibras anulares postero izquierdo.

El paciente se le asocia clínica ansiedad, angustia, tristeza, insomnio, ante el empeoramiento del cuadro de dolor de hombro derecho, motivo por el que su MAP le deriva al Servicio de Psiquiatría del H. del Bierzo, siendo diagnosticado de Síndrome Adaptativo Ansioso Depresivo, y ajustando tratamiento con Duloxetina (120 mg/24 h), Amitriptilina (50 mg/24 h), Lorazepam (2,5 mg/24 h). Le han indicado tratamiento con sesiones de psicoterapia.

Además de lo referido, está en seguimiento y tratamiento por otras patologías crónicas, como son:

Diabetes Mellitus tipo 2, en tratamiento con Metformina 850 mg.

Hipertensión arterial, en tratamiento con Bisoprobol.

Hipercolesterolemia e hipertrigleciremia, en tratamiento con Pavastatina y Fenobribato.

Continua seguimiento y tratamiento con su MAP, S. de Traumatología y Salud Mental".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desgranándolo en tres submotivos, letras a) a c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el informe del Centro de Salud, aportado con la solicitud de revisión de la incapacidad, incorporado por el INSS al expediente administrativo, entendiendo que resulta trascendente para acreditar los dolores que sigue soportando el actor, a pesar del tratamiento medicamentoso.

2- Las recurridas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que no debe ser admitido, según la Mutua, puesto que ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, por cierto, muy voluminoso, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible y, según la empresa, porque se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado y el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible amén de que se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

b) 1-El recurrente en esta alzada fundamenta su pretensión en el documento número 1 de la parte actora, incorporado a las actuaciones como documento adjunto al escrito de 13 de mayo de 2024 (acontecimiento nº 98), entendiendo que resulta trascendente por evidenciar que las patologías de tipo psiquiátrico además de deteriorarse tienden a la cronicidad.

2- Las codemandadas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua, por inoperante e intrascendente, ya que, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el hecho sexto de la Sentencia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo que se recoge en el documento que se cita de contrario y, según la empresa, porque se trata de un relato del paciente y no del facultativo ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende que nos encontramos ante una revisión del relato fáctico que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del documento y la trascendencia de la adición, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el HP 6ª de la Sentencia de instancia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, por lo que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada de instancia sin darle la conclusión que la parte quiere introducir, ello sin contar con que también aparece analizado en el dictamen pericial de la propia parte actora valorado expresamente por la magistrada de instancia.

c) 1- D. Justino, a través de su representante procesal, sostiene la adición pretendida en el documento adjunto al escrito de 29 de septiembre de 2021 (acontecimiento nº 98), fundamentando que resulta esencial por evidenciar, además de las patologías de tipo físico y psíquico, el tratamiento medicamentoso, que entiende va a influir de forma extraordinaria en el resultado de la reclamación.

2- Las recurridas en esta alzada impugnan el motivo propuesto, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua Mutal Midat Ciclops, por tratarse de una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente ya tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin que pueda prevalecer la prueba de la parte actora por encima de las restantes practicadas y, según la empresa Cyopsa Sisocia S.A., porque se trata de una transcripción de las conclusiones del informe pericial de parte del propio recurrente que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada a quo.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, entiende que el submotivo propuesto debe correr la misma suerte que los precedentes y está conducido al fracaso, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba pericial obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del acontecimiento y la trascendencia de la adición, nos encontramos ante una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente, que ya ha sido tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin darle la conclusión que se pretende por la recurrente, debiendo recordarse que no puede pretender el recurrente una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, sostiene que la Sentencia de instancia infringe: a) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo 137.5 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hoy regulado en el artículo 194 y en la Disposición transitoria vigésimo sexta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, sus modificaciones así como la jurisprudencia que los interpreta; y b) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo único del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, en relación con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sus modificaciones, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Entiende, en síntesis, que:

a) reconoce que el empeoramiento de las dolencias es por el dolor pero que, aunque el dolor sea un elemento subjetivo, sí ha quedado suficientemente acreditado mediante pruebas indirectas objetivas, por lo que la Sentencia de instancia incurre en error al afirmar lo contrario. Se argumenta que la persistencia del dolor se demuestra por el sometimiento del actor a múltiples tratamientos especializados en la Unidad del Dolor sin éxito, la necesidad continuada de medicación potente y no inocua, y la propia solicitud del paciente de valorar una amputación como última alternativa, conductas que resultarían irracionales si no existiera un dolor intenso y real. Asimismo, se añade que la ausencia de soluciones terapéuticas está favoreciendo la cronificación de los padecimientos psiquiátricos, conforme al informe aportado en el procedimiento.

b) la sentencia fija erróneamente la fecha de efectos en el 25/04/2024 (día siguiente al dictamen del EVI), ya que la solicitud de revisión de incapacidad permanente se presentó el 30 de enero de 2023 y, conforme al plazo máximo de resolución de 135 días previsto en el anexo del Real Decreto 286/2023, el INSS debía haber resuelto antes del 28 de julio de 2023; al no hacerlo, se produjo una desestimación por silencio administrativo en esa fecha, que debe considerarse como la fecha de efectos económicos en caso de reconocerse la revisión al grado de incapacidad permanente absoluta, con independencia de que la resolución expresa se dictara posteriormente.

2- Por su parte, las codemandadas, ahora recurridas, impugnan los motivos postulados, entendiendo, en síntesis:

a) que la situación patológica y limitaciones que presenta el recurrente no ha sufrido agravación alguna con respecto a la situación que presentaba en 2009, y únicamente se añade como nueva patología, el trastorno adaptativo mixto, que en absoluto puede considerarse ni consta acreditado que dicho padecimiento incapacite al recurrente en grado alguno.

b) que la fecha de efectos de la hipotética pensión, en caso de reconocérsele el nuevo grado, debe situarse en el día siguiente a la resolución del INSS denegando el incremento de grado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicandoen que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por haber fracasado la revisión fáctica pretendida, la Sala entiende que los motivos deben fracasar, lo que se abordará en el siguiente Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método.

CUARTO.- Existencia de agravación que no inhabilita para toda profesión u oficio. Consecuente irrelevancia de la fecha de efectos.

a) En primer lugar, esta Sala entiende que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

En todo caso, ello no puede considerarse motivo suficiente para no entrar a conocer del fondo del asunto, debiendo partir de la base de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de diciembre de 2009 [ROJ: STS 8386/2009], en interpretación del artículo 143 LGSS 1994, ha señalado que la agravación o la mejoría que justifique la revisión exige conceptualmente no sólo comparar dos situaciones patológicas (la que determinó la declaración de incapacidad permanente y la existente cuando se lleva cabo la revisión) y llegar a la conclusión de que ha variado el cuadro de dolencias, sino -sobre todo- que esta variación tiene trascendencia cualitativa en orden a la capacidad de trabajo del declarado en incapacidad permanente, en tanto que alcance a justificar la modificación del grado reconocido, de forma tal que si las secuelas permanecen sustancialmente idénticas no hay cauce legal para modificar la calificación en su día efectuada.

Y en la Sentencia de 5 de julio de 2022 [ROJ: STS 2874/2022], dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha precisado que la acción de revisión de la incapacidad permanente es distinta, en su naturaleza y finalidad, de la declaración inicial de incapacidad permanente, en tanto que se están introduciendo hechos o elementos nuevos que han abocado al nacimiento del nuevo derecho, novedades que, por lo general, se identifican con un nuevo cuadro de padecimientos que pueden conllevar una nueva situación jurídica que afecta al grado, y que solo la concurrencia de nuevos datos producidos con posterioridad podría calificarse de situación novedosa y propia del nuevo derecho.

Pues bien, aplicando dicha doctrina al caso de autos, resulta que, en realidad, las dolencias, tal y como reconoce la propia parte recurrente, son exactamente las mismas que las que dieron lugar a la IPT, únicamente cambia, a su parecer, el dolor que va en aumento y que, para los recurridos ello se traduce en la patología de trastorno adaptativo mixto, en consecuencia, se cumple parcialmente la premisa de agravación de las dolencias pero resta por determinar si la agravación sufrida por la parte actora le impide desempeñar cualquier profesión u oficio.

Para ello debe tenerse en cuenta que no debe equipararse inhabilidad para el trabajo con imposibilidad material de efectuar cualquier quehacer y así se desprende del artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio [en adelante, LGSS 1994] - artículo 198.2 de la LGSS 2015- que admite la compatibilidad de ese grado con la realización de trabajos marginales pues esa pérdida de habilidad ha de entenderse como pérdida de la aptitud psicofísica necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por tanto, con la necesaria continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador, fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte, encontrándose en la situación de incapacidad permanente absoluta cuando la persona afectada carezca de facultades reales para consumar con eficacia y un mínimo de profesionalidad y rendimiento las tareas componentes de cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. La declaración de incapacidad permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral, atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales, o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura, de 7 de febrero del 2013 [ROJ: STSJ EXT 243/2013], contiene un resumen jurisprudencial sobre la materia).

Partiendo de lo expuesto, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe compartir el criterio de la magistrada de instancia al considerar que "no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total".

Tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]), sin que tampoco conste, no solo que no pueda efectuar tareas con riesgo sino, y más allá de la mera manifestación de la parte actora, que el trastorno adaptativo mixto tienda a la cronificación.

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora, no le impiden realizar cualquier profesión u oficio, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen, que, en este caso, son esencialmente las mismas que dieron lugar a la IPT.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

b) No existiendo una agravación que pueda dar lugar a acceder a una IPA, resulta totalmente intrascendente la fecha de efectos económicos, pero, en todo caso, no consta en la Sentencia que se tratara de una cuestión controvertida al no venir una fundamentación sobre tal cuestión, sino más bien de un hecho admitido o conforme, por lo que la parte, tal y como manifiesta Enrique, tendría que haber sostenido un motivo al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS fundamentándolo en una supuesta infracción de los arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC, para a continuación añadir, al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, los hechos que fundamentan su pretensión de censura normativa.

En todo caso, tampoco se hubiese producido la infracción normativa denunciada, toda vez que la desestimación por silencio produce el efecto de abrir al solicitante la posibilidad de acudir a la vía judicial, pero no modifica que, llegado el caso de un eventual reconocimiento, los efectos hayan de ser los del día siguiente a la de la Resolución del INSS de fecha de 24 de abril de 2024, por lo que la fecha debe ser la del 25 de abril de 2024, y así se deriva de los artículos 21.a del Decreto 3158/1966 y 40.a) de la orden de 15 de abril de 1969, resultando que el TS/SOC ha venido entendiendo de forma reiterada que en los casos en que la resolución administrativa deniega la solicitud de revisión, como es el caso, si una posterior Sentencia revocase dicha denegación administrativa y reconoce el nuevo grado de incapacidad permanente, la fecha a tener en cuenta a la hora de fijar los efectos de dicha revisión es la de la resolución administrativa denegatoria ( SSTS/SOC de 16/01/2002 [rec. 3926/2000] y 08/04/2009 [rec. 1940/2008]).

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Justino contra la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Justino, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que, estimando las pretensiones deducidas en la demanda, se le reconociese la incapacidad permanente absoluta, por revisión por agravación.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, en la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Justino frente al INSS, la TGSS, la empresa CYOPSA SISOCIA SA y MUTUA CYCLOPS, absolviendo a los demandados de las pretensiones frente a ellos dirigidas, confirmando la resolución administrativa impugnada.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Justino, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que revocando la de instancia resuelva estimando la petición de la demanda, se revise el grado de incapacidad del actor y se declare que es merecedor de una incapacidad permanente en el grado de ABSOLUTA para todo trabajo y, en consecuencia, se condene a las demandadas en sus respectivas responsabilidades a abonarle las prestaciones económicas correspondientes a ese grado desde la fecha de efectos ya reseñada, con la base reguladora postulada por la parte y con todo lo demás que en derecho le corresponda.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las codemandadas, mercantil Cyopsa Sisocia S.A. y Mutal Midat Ciclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 1, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia, solicitando además la mercantil la expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Falta de señalamiento concreto del documento con remisión genérica al expediente administrativo. 2º Referencias interesadas de parte actora ya valoradas. 3º Pericial ya valorada y valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica. Desestimación

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar un HECHO PROBADO SÉPTIMO con el siguiente tenor literal:

"En la solicitud de consulta del Servicio de Atención Primaria del Centro de Salud Bierzo al Servicio de Traumatología y C. Ortopédica del Hospital del Bierzo, de fecha 22/11/2022, entre otras cosas, señala:

Proceso clínico: ROTURA DE MANGUITOS DE LOS ROTADORES.

Motivo de consulta:

Paciente de 45 años con rotura traumática del manguito en 2008 sin posibilidad reparadora. Desde entonces, hombro pseudoparalítico. En Unidad del Dolor han desistido ya tratamiento. El paciente tiene vida muy limitada por dolor e inmovilidad. Solicita valoración para amputación".

b) - Adicionar un HECHO PROBADO OCTAVO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico del servicio de Psiquiatría de 02/04/2024, señala expresamente:

En el momento de acudir a consulta refería empeoramiento en los últimos meses de su patología orgánica, lo que daba lugar a reagudización de sintomatología mixta de ansiedad y depresión. Bajo estado de ánimo, apatía, anhedonia. Situación vital muy empobrecida, con escasa cantidad de actividades tanto dentro como fuera de casa. Aumento de los niveles de ansiedad, rumiativo y sentimientos de indefensión, ya que no se están dando las alternativas terapéuticas por él esperadas (amputación).

Alteraciones en el sueño. Quejas sobre funcionamiento cognitivo como dificultades de concentración y memoria debidas tanto a su psicopatología como por el uso de distintos psicofármacos entre los que se encuentran mórficos.

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

La tendencia es a la cronicidad, ya que su estado de ánimo está muy mediatizado por un proceso orgánico de dichas características".

c) - Adicionar un HECHO PROBADO NOVENO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico pericial elaborado por el Dr. Roque de fecha 16 de abril de 2024, entre otras cosas, señala expresamente:

EVOLUCIÓN CÍNICA - HECHOS PROBADOS

D. Justino sufre accidente laboral por aplastamiento en el año 2008 con el resultado de:

-TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO: Luxación anterior de hombro. Contusión de Troquiter. Rotura del Labrum Glenoideo anterior-inferior. Rotura masiva del Tendón Subescapular. Rotura del Supraespinoso. Luxación del Tendón largo del Biceps.

-TRAUMATISMO PIE DERECHO: Fractura del polo anterior del Astrágalo, con esquirla ósea en maléolo interno.

-RABDOMIOLISIS.

Es intervenido quirúrgicamente con reconstrucción del manguito y cápsula de hombro derecho. Agotadas las posibilidades de recuperación, con fecha 25/06/2009 se le concede una Incapacidad Permanente Total (IPT), reconociendo el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: "Limitación de la movilidad del hombro derecho prácticamente completa (hace +- 20º), con pérdida importante de masa muscular y fuerza. Limitación de la flexoextensión del pie derecho (BA: 20º y de prácticamente toda inversión/eversión".

Con el paso de los años no ha mejorado la movilidad del hombro derecho, presentando una movilidad activa nula, pero si ha ido aumentando el dolor en los últimos años, motivo por el que va aumentando el nivel de analgesia y es estudiado nuevamente por el Servicio de Traumatología del Hospital del Bierzo, solicitando paralelamente segunda opinión en el Servicio de Traumatología de Clínica Ponferrada, para valorar opciones terapéuticas.

Le ha realizado estudios de imagen (RMN) y electromiografía (EMG), mostrando:

Artro Resonancia Magnética de hombro derecho: marcada atrofia deltoidea. Subluxación de articulación acromioclavicular con cambios degenerativos. Atrofia y adelgazamiento del tendón supraespinoso en relación con rotura parcial de aproximadamente el 50%. Entesopatía del tendón supraespinoso e infraespinoso. Probable rotura completa del tendón de la porción larga del bíceps. Pequeña rotura del labrum a las 9.

Electromiografía de hombro derecho: afectación del nervio axilar.

Tras estudio y valoración el Servicio de Traumatología del H. del Bierzo y de Clínica Ponferrada, llegan a la conclusión de que no hay indicación quirúrgica.

Ante el dolor muy intenso que presenta, a pesar de la combinación terapéutica con derivados opiáceos a dosis altas, como la Morfina (20 mg/12 h), Fentanilo (75 mg/72 h), asociados a otros analgésicos como Paracetamol (1 gr/8 h), Gabapentina (400 mg/12 h), y también con antiinflamatorios coticosteroides con Metilprepnisolona 0,1% 30 gr (una aplicación/12 h), , la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo se plantea realizar infiltraciones y bloqueo articular para intentar bajar las dosis de opioides, y le realizan infiltración del supraescapular derecho, infiltración en Nervio Axilar derecho, infiltración del Circunflejo, radiofrecuencia pulsada del Supraespinoso derecho, del Nervio Axilar, bloqueo intraarticular. A pesar de todos los tratamientos referidos presenta nula mejoría, por lo que exponen el caso en sesión clínica de la Unidad del Dolor, decidiendo de forma conjunta DESESTIMIENTO TERAPÉUTICO, por no estar justificado continuar con nuevas técnicas invasivas.

Presenta igualmente clínica de dolor cervical con limitación a la movilidad de la misma, por lo que el S. de Traumatología le solicita una RMN cervical, presentando: "rectificación de la lordosis cervical. Incipientes uncoartrosis bilaterales en C3-C4 y C4-C5. Pinzamiento y leve protrusión disco osteofitaria con uncoartrosis bilateral C6-C6. También presenta a nivel lumbar, según EMN realizada: "Disco artrosis leve a nivel de L2-L3, L3-L4, L4-L5. Disco artrosis L5-S1 con intenso y difuso pinzamietno, edema óseo adyacente a platillos, osteofitos marginales, protrusión posterior difusa no comprensiva, foco de rotura de fibras anulares postero izquierdo.

El paciente se le asocia clínica ansiedad, angustia, tristeza, insomnio, ante el empeoramiento del cuadro de dolor de hombro derecho, motivo por el que su MAP le deriva al Servicio de Psiquiatría del H. del Bierzo, siendo diagnosticado de Síndrome Adaptativo Ansioso Depresivo, y ajustando tratamiento con Duloxetina (120 mg/24 h), Amitriptilina (50 mg/24 h), Lorazepam (2,5 mg/24 h). Le han indicado tratamiento con sesiones de psicoterapia.

Además de lo referido, está en seguimiento y tratamiento por otras patologías crónicas, como son:

Diabetes Mellitus tipo 2, en tratamiento con Metformina 850 mg.

Hipertensión arterial, en tratamiento con Bisoprobol.

Hipercolesterolemia e hipertrigleciremia, en tratamiento con Pavastatina y Fenobribato.

Continua seguimiento y tratamiento con su MAP, S. de Traumatología y Salud Mental".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desgranándolo en tres submotivos, letras a) a c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el informe del Centro de Salud, aportado con la solicitud de revisión de la incapacidad, incorporado por el INSS al expediente administrativo, entendiendo que resulta trascendente para acreditar los dolores que sigue soportando el actor, a pesar del tratamiento medicamentoso.

2- Las recurridas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que no debe ser admitido, según la Mutua, puesto que ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, por cierto, muy voluminoso, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible y, según la empresa, porque se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado y el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible amén de que se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

b) 1-El recurrente en esta alzada fundamenta su pretensión en el documento número 1 de la parte actora, incorporado a las actuaciones como documento adjunto al escrito de 13 de mayo de 2024 (acontecimiento nº 98), entendiendo que resulta trascendente por evidenciar que las patologías de tipo psiquiátrico además de deteriorarse tienden a la cronicidad.

2- Las codemandadas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua, por inoperante e intrascendente, ya que, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el hecho sexto de la Sentencia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo que se recoge en el documento que se cita de contrario y, según la empresa, porque se trata de un relato del paciente y no del facultativo ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende que nos encontramos ante una revisión del relato fáctico que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del documento y la trascendencia de la adición, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el HP 6ª de la Sentencia de instancia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, por lo que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada de instancia sin darle la conclusión que la parte quiere introducir, ello sin contar con que también aparece analizado en el dictamen pericial de la propia parte actora valorado expresamente por la magistrada de instancia.

c) 1- D. Justino, a través de su representante procesal, sostiene la adición pretendida en el documento adjunto al escrito de 29 de septiembre de 2021 (acontecimiento nº 98), fundamentando que resulta esencial por evidenciar, además de las patologías de tipo físico y psíquico, el tratamiento medicamentoso, que entiende va a influir de forma extraordinaria en el resultado de la reclamación.

2- Las recurridas en esta alzada impugnan el motivo propuesto, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua Mutal Midat Ciclops, por tratarse de una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente ya tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin que pueda prevalecer la prueba de la parte actora por encima de las restantes practicadas y, según la empresa Cyopsa Sisocia S.A., porque se trata de una transcripción de las conclusiones del informe pericial de parte del propio recurrente que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada a quo.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, entiende que el submotivo propuesto debe correr la misma suerte que los precedentes y está conducido al fracaso, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba pericial obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del acontecimiento y la trascendencia de la adición, nos encontramos ante una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente, que ya ha sido tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin darle la conclusión que se pretende por la recurrente, debiendo recordarse que no puede pretender el recurrente una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, sostiene que la Sentencia de instancia infringe: a) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo 137.5 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hoy regulado en el artículo 194 y en la Disposición transitoria vigésimo sexta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, sus modificaciones así como la jurisprudencia que los interpreta; y b) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo único del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, en relación con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sus modificaciones, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Entiende, en síntesis, que:

a) reconoce que el empeoramiento de las dolencias es por el dolor pero que, aunque el dolor sea un elemento subjetivo, sí ha quedado suficientemente acreditado mediante pruebas indirectas objetivas, por lo que la Sentencia de instancia incurre en error al afirmar lo contrario. Se argumenta que la persistencia del dolor se demuestra por el sometimiento del actor a múltiples tratamientos especializados en la Unidad del Dolor sin éxito, la necesidad continuada de medicación potente y no inocua, y la propia solicitud del paciente de valorar una amputación como última alternativa, conductas que resultarían irracionales si no existiera un dolor intenso y real. Asimismo, se añade que la ausencia de soluciones terapéuticas está favoreciendo la cronificación de los padecimientos psiquiátricos, conforme al informe aportado en el procedimiento.

b) la sentencia fija erróneamente la fecha de efectos en el 25/04/2024 (día siguiente al dictamen del EVI), ya que la solicitud de revisión de incapacidad permanente se presentó el 30 de enero de 2023 y, conforme al plazo máximo de resolución de 135 días previsto en el anexo del Real Decreto 286/2023, el INSS debía haber resuelto antes del 28 de julio de 2023; al no hacerlo, se produjo una desestimación por silencio administrativo en esa fecha, que debe considerarse como la fecha de efectos económicos en caso de reconocerse la revisión al grado de incapacidad permanente absoluta, con independencia de que la resolución expresa se dictara posteriormente.

2- Por su parte, las codemandadas, ahora recurridas, impugnan los motivos postulados, entendiendo, en síntesis:

a) que la situación patológica y limitaciones que presenta el recurrente no ha sufrido agravación alguna con respecto a la situación que presentaba en 2009, y únicamente se añade como nueva patología, el trastorno adaptativo mixto, que en absoluto puede considerarse ni consta acreditado que dicho padecimiento incapacite al recurrente en grado alguno.

b) que la fecha de efectos de la hipotética pensión, en caso de reconocérsele el nuevo grado, debe situarse en el día siguiente a la resolución del INSS denegando el incremento de grado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicandoen que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por haber fracasado la revisión fáctica pretendida, la Sala entiende que los motivos deben fracasar, lo que se abordará en el siguiente Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método.

CUARTO.- Existencia de agravación que no inhabilita para toda profesión u oficio. Consecuente irrelevancia de la fecha de efectos.

a) En primer lugar, esta Sala entiende que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

En todo caso, ello no puede considerarse motivo suficiente para no entrar a conocer del fondo del asunto, debiendo partir de la base de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de diciembre de 2009 [ROJ: STS 8386/2009], en interpretación del artículo 143 LGSS 1994, ha señalado que la agravación o la mejoría que justifique la revisión exige conceptualmente no sólo comparar dos situaciones patológicas (la que determinó la declaración de incapacidad permanente y la existente cuando se lleva cabo la revisión) y llegar a la conclusión de que ha variado el cuadro de dolencias, sino -sobre todo- que esta variación tiene trascendencia cualitativa en orden a la capacidad de trabajo del declarado en incapacidad permanente, en tanto que alcance a justificar la modificación del grado reconocido, de forma tal que si las secuelas permanecen sustancialmente idénticas no hay cauce legal para modificar la calificación en su día efectuada.

Y en la Sentencia de 5 de julio de 2022 [ROJ: STS 2874/2022], dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha precisado que la acción de revisión de la incapacidad permanente es distinta, en su naturaleza y finalidad, de la declaración inicial de incapacidad permanente, en tanto que se están introduciendo hechos o elementos nuevos que han abocado al nacimiento del nuevo derecho, novedades que, por lo general, se identifican con un nuevo cuadro de padecimientos que pueden conllevar una nueva situación jurídica que afecta al grado, y que solo la concurrencia de nuevos datos producidos con posterioridad podría calificarse de situación novedosa y propia del nuevo derecho.

Pues bien, aplicando dicha doctrina al caso de autos, resulta que, en realidad, las dolencias, tal y como reconoce la propia parte recurrente, son exactamente las mismas que las que dieron lugar a la IPT, únicamente cambia, a su parecer, el dolor que va en aumento y que, para los recurridos ello se traduce en la patología de trastorno adaptativo mixto, en consecuencia, se cumple parcialmente la premisa de agravación de las dolencias pero resta por determinar si la agravación sufrida por la parte actora le impide desempeñar cualquier profesión u oficio.

Para ello debe tenerse en cuenta que no debe equipararse inhabilidad para el trabajo con imposibilidad material de efectuar cualquier quehacer y así se desprende del artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio [en adelante, LGSS 1994] - artículo 198.2 de la LGSS 2015- que admite la compatibilidad de ese grado con la realización de trabajos marginales pues esa pérdida de habilidad ha de entenderse como pérdida de la aptitud psicofísica necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por tanto, con la necesaria continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador, fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte, encontrándose en la situación de incapacidad permanente absoluta cuando la persona afectada carezca de facultades reales para consumar con eficacia y un mínimo de profesionalidad y rendimiento las tareas componentes de cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. La declaración de incapacidad permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral, atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales, o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura, de 7 de febrero del 2013 [ROJ: STSJ EXT 243/2013], contiene un resumen jurisprudencial sobre la materia).

Partiendo de lo expuesto, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe compartir el criterio de la magistrada de instancia al considerar que "no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total".

Tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]), sin que tampoco conste, no solo que no pueda efectuar tareas con riesgo sino, y más allá de la mera manifestación de la parte actora, que el trastorno adaptativo mixto tienda a la cronificación.

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora, no le impiden realizar cualquier profesión u oficio, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen, que, en este caso, son esencialmente las mismas que dieron lugar a la IPT.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

b) No existiendo una agravación que pueda dar lugar a acceder a una IPA, resulta totalmente intrascendente la fecha de efectos económicos, pero, en todo caso, no consta en la Sentencia que se tratara de una cuestión controvertida al no venir una fundamentación sobre tal cuestión, sino más bien de un hecho admitido o conforme, por lo que la parte, tal y como manifiesta Enrique, tendría que haber sostenido un motivo al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS fundamentándolo en una supuesta infracción de los arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC, para a continuación añadir, al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, los hechos que fundamentan su pretensión de censura normativa.

En todo caso, tampoco se hubiese producido la infracción normativa denunciada, toda vez que la desestimación por silencio produce el efecto de abrir al solicitante la posibilidad de acudir a la vía judicial, pero no modifica que, llegado el caso de un eventual reconocimiento, los efectos hayan de ser los del día siguiente a la de la Resolución del INSS de fecha de 24 de abril de 2024, por lo que la fecha debe ser la del 25 de abril de 2024, y así se deriva de los artículos 21.a del Decreto 3158/1966 y 40.a) de la orden de 15 de abril de 1969, resultando que el TS/SOC ha venido entendiendo de forma reiterada que en los casos en que la resolución administrativa deniega la solicitud de revisión, como es el caso, si una posterior Sentencia revocase dicha denegación administrativa y reconoce el nuevo grado de incapacidad permanente, la fecha a tener en cuenta a la hora de fijar los efectos de dicha revisión es la de la resolución administrativa denegatoria ( SSTS/SOC de 16/01/2002 [rec. 3926/2000] y 08/04/2009 [rec. 1940/2008]).

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Justino contra la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Justino, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que, estimando las pretensiones deducidas en la demanda, se le reconociese la incapacidad permanente absoluta, por revisión por agravación.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, en la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Justino frente al INSS, la TGSS, la empresa CYOPSA SISOCIA SA y MUTUA CYCLOPS, absolviendo a los demandados de las pretensiones frente a ellos dirigidas, confirmando la resolución administrativa impugnada.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Justino, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que revocando la de instancia resuelva estimando la petición de la demanda, se revise el grado de incapacidad del actor y se declare que es merecedor de una incapacidad permanente en el grado de ABSOLUTA para todo trabajo y, en consecuencia, se condene a las demandadas en sus respectivas responsabilidades a abonarle las prestaciones económicas correspondientes a ese grado desde la fecha de efectos ya reseñada, con la base reguladora postulada por la parte y con todo lo demás que en derecho le corresponda.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las codemandadas, mercantil Cyopsa Sisocia S.A. y Mutal Midat Ciclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 1, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia, solicitando además la mercantil la expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Falta de señalamiento concreto del documento con remisión genérica al expediente administrativo. 2º Referencias interesadas de parte actora ya valoradas. 3º Pericial ya valorada y valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica. Desestimación

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar un HECHO PROBADO SÉPTIMO con el siguiente tenor literal:

"En la solicitud de consulta del Servicio de Atención Primaria del Centro de Salud Bierzo al Servicio de Traumatología y C. Ortopédica del Hospital del Bierzo, de fecha 22/11/2022, entre otras cosas, señala:

Proceso clínico: ROTURA DE MANGUITOS DE LOS ROTADORES.

Motivo de consulta:

Paciente de 45 años con rotura traumática del manguito en 2008 sin posibilidad reparadora. Desde entonces, hombro pseudoparalítico. En Unidad del Dolor han desistido ya tratamiento. El paciente tiene vida muy limitada por dolor e inmovilidad. Solicita valoración para amputación".

b) - Adicionar un HECHO PROBADO OCTAVO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico del servicio de Psiquiatría de 02/04/2024, señala expresamente:

En el momento de acudir a consulta refería empeoramiento en los últimos meses de su patología orgánica, lo que daba lugar a reagudización de sintomatología mixta de ansiedad y depresión. Bajo estado de ánimo, apatía, anhedonia. Situación vital muy empobrecida, con escasa cantidad de actividades tanto dentro como fuera de casa. Aumento de los niveles de ansiedad, rumiativo y sentimientos de indefensión, ya que no se están dando las alternativas terapéuticas por él esperadas (amputación).

Alteraciones en el sueño. Quejas sobre funcionamiento cognitivo como dificultades de concentración y memoria debidas tanto a su psicopatología como por el uso de distintos psicofármacos entre los que se encuentran mórficos.

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

La tendencia es a la cronicidad, ya que su estado de ánimo está muy mediatizado por un proceso orgánico de dichas características".

c) - Adicionar un HECHO PROBADO NOVENO con el siguiente tenor literal:

"El informe médico pericial elaborado por el Dr. Roque de fecha 16 de abril de 2024, entre otras cosas, señala expresamente:

EVOLUCIÓN CÍNICA - HECHOS PROBADOS

D. Justino sufre accidente laboral por aplastamiento en el año 2008 con el resultado de:

-TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO: Luxación anterior de hombro. Contusión de Troquiter. Rotura del Labrum Glenoideo anterior-inferior. Rotura masiva del Tendón Subescapular. Rotura del Supraespinoso. Luxación del Tendón largo del Biceps.

-TRAUMATISMO PIE DERECHO: Fractura del polo anterior del Astrágalo, con esquirla ósea en maléolo interno.

-RABDOMIOLISIS.

Es intervenido quirúrgicamente con reconstrucción del manguito y cápsula de hombro derecho. Agotadas las posibilidades de recuperación, con fecha 25/06/2009 se le concede una Incapacidad Permanente Total (IPT), reconociendo el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: "Limitación de la movilidad del hombro derecho prácticamente completa (hace +- 20º), con pérdida importante de masa muscular y fuerza. Limitación de la flexoextensión del pie derecho (BA: 20º y de prácticamente toda inversión/eversión".

Con el paso de los años no ha mejorado la movilidad del hombro derecho, presentando una movilidad activa nula, pero si ha ido aumentando el dolor en los últimos años, motivo por el que va aumentando el nivel de analgesia y es estudiado nuevamente por el Servicio de Traumatología del Hospital del Bierzo, solicitando paralelamente segunda opinión en el Servicio de Traumatología de Clínica Ponferrada, para valorar opciones terapéuticas.

Le ha realizado estudios de imagen (RMN) y electromiografía (EMG), mostrando:

Artro Resonancia Magnética de hombro derecho: marcada atrofia deltoidea. Subluxación de articulación acromioclavicular con cambios degenerativos. Atrofia y adelgazamiento del tendón supraespinoso en relación con rotura parcial de aproximadamente el 50%. Entesopatía del tendón supraespinoso e infraespinoso. Probable rotura completa del tendón de la porción larga del bíceps. Pequeña rotura del labrum a las 9.

Electromiografía de hombro derecho: afectación del nervio axilar.

Tras estudio y valoración el Servicio de Traumatología del H. del Bierzo y de Clínica Ponferrada, llegan a la conclusión de que no hay indicación quirúrgica.

Ante el dolor muy intenso que presenta, a pesar de la combinación terapéutica con derivados opiáceos a dosis altas, como la Morfina (20 mg/12 h), Fentanilo (75 mg/72 h), asociados a otros analgésicos como Paracetamol (1 gr/8 h), Gabapentina (400 mg/12 h), y también con antiinflamatorios coticosteroides con Metilprepnisolona 0,1% 30 gr (una aplicación/12 h), , la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo se plantea realizar infiltraciones y bloqueo articular para intentar bajar las dosis de opioides, y le realizan infiltración del supraescapular derecho, infiltración en Nervio Axilar derecho, infiltración del Circunflejo, radiofrecuencia pulsada del Supraespinoso derecho, del Nervio Axilar, bloqueo intraarticular. A pesar de todos los tratamientos referidos presenta nula mejoría, por lo que exponen el caso en sesión clínica de la Unidad del Dolor, decidiendo de forma conjunta DESESTIMIENTO TERAPÉUTICO, por no estar justificado continuar con nuevas técnicas invasivas.

Presenta igualmente clínica de dolor cervical con limitación a la movilidad de la misma, por lo que el S. de Traumatología le solicita una RMN cervical, presentando: "rectificación de la lordosis cervical. Incipientes uncoartrosis bilaterales en C3-C4 y C4-C5. Pinzamiento y leve protrusión disco osteofitaria con uncoartrosis bilateral C6-C6. También presenta a nivel lumbar, según EMN realizada: "Disco artrosis leve a nivel de L2-L3, L3-L4, L4-L5. Disco artrosis L5-S1 con intenso y difuso pinzamietno, edema óseo adyacente a platillos, osteofitos marginales, protrusión posterior difusa no comprensiva, foco de rotura de fibras anulares postero izquierdo.

El paciente se le asocia clínica ansiedad, angustia, tristeza, insomnio, ante el empeoramiento del cuadro de dolor de hombro derecho, motivo por el que su MAP le deriva al Servicio de Psiquiatría del H. del Bierzo, siendo diagnosticado de Síndrome Adaptativo Ansioso Depresivo, y ajustando tratamiento con Duloxetina (120 mg/24 h), Amitriptilina (50 mg/24 h), Lorazepam (2,5 mg/24 h). Le han indicado tratamiento con sesiones de psicoterapia.

Además de lo referido, está en seguimiento y tratamiento por otras patologías crónicas, como son:

Diabetes Mellitus tipo 2, en tratamiento con Metformina 850 mg.

Hipertensión arterial, en tratamiento con Bisoprobol.

Hipercolesterolemia e hipertrigleciremia, en tratamiento con Pavastatina y Fenobribato.

Continua seguimiento y tratamiento con su MAP, S. de Traumatología y Salud Mental".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desgranándolo en tres submotivos, letras a) a c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el informe del Centro de Salud, aportado con la solicitud de revisión de la incapacidad, incorporado por el INSS al expediente administrativo, entendiendo que resulta trascendente para acreditar los dolores que sigue soportando el actor, a pesar del tratamiento medicamentoso.

2- Las recurridas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que no debe ser admitido, según la Mutua, puesto que ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, por cierto, muy voluminoso, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible y, según la empresa, porque se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado y el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, ni si quiera se identifica claramente el documento en que basa su pretensión revisora, esto es, no se identifica el acontecimiento ni el folio en que obra dicho documento, no sirviendo la remisión al expediente administrativo, obligando a la Sala a una búsqueda inadmisible amén de que se trata de un mero motivo de consulta ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

b) 1-El recurrente en esta alzada fundamenta su pretensión en el documento número 1 de la parte actora, incorporado a las actuaciones como documento adjunto al escrito de 13 de mayo de 2024 (acontecimiento nº 98), entendiendo que resulta trascendente por evidenciar que las patologías de tipo psiquiátrico además de deteriorarse tienden a la cronicidad.

2- Las codemandadas impugnan el motivo postulando, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua, por inoperante e intrascendente, ya que, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el hecho sexto de la Sentencia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo que se recoge en el documento que se cita de contrario y, según la empresa, porque se trata de un relato del paciente y no del facultativo ya tenido en cuenta por la magistrada de instancia.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende que nos encontramos ante una revisión del relato fáctico que no puede prosperar, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del documento y la trascendencia de la adición, la patología y el diagnóstico a que hace referencia el informe del servicio de Psiquiatría ya se recoge en el HP 6ª de la Sentencia de instancia, en el que se declara probado el mismo trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, por lo que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada de instancia sin darle la conclusión que la parte quiere introducir, ello sin contar con que también aparece analizado en el dictamen pericial de la propia parte actora valorado expresamente por la magistrada de instancia.

c) 1- D. Justino, a través de su representante procesal, sostiene la adición pretendida en el documento adjunto al escrito de 29 de septiembre de 2021 (acontecimiento nº 98), fundamentando que resulta esencial por evidenciar, además de las patologías de tipo físico y psíquico, el tratamiento medicamentoso, que entiende va a influir de forma extraordinaria en el resultado de la reclamación.

2- Las recurridas en esta alzada impugnan el motivo propuesto, entendiendo, en síntesis, que debe ser desestimado, según la Mutua Mutal Midat Ciclops, por tratarse de una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente ya tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin que pueda prevalecer la prueba de la parte actora por encima de las restantes practicadas y, según la empresa Cyopsa Sisocia S.A., porque se trata de una transcripción de las conclusiones del informe pericial de parte del propio recurrente que ya se ha tenido en cuenta por la magistrada a quo.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, entiende que el submotivo propuesto debe correr la misma suerte que los precedentes y está conducido al fracaso, ya que, aunque señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba pericial obrante en las actuaciones, indicándose concretamente el número del acontecimiento y la trascendencia de la adición, nos encontramos ante una transcripción literal y casi completa del informe pericial médico aportado por el recurrente, que ya ha sido tenido en cuenta y valorado por la Juzgadora de instancia, junto con las demás pruebas practicadas, sin darle la conclusión que se pretende por la recurrente, debiendo recordarse que no puede pretender el recurrente una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, sostiene que la Sentencia de instancia infringe: a) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo 137.5 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hoy regulado en el artículo 194 y en la Disposición transitoria vigésimo sexta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, sus modificaciones así como la jurisprudencia que los interpreta; y b) por inaplicación o aplicación incorrecta, el artículo único del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, en relación con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sus modificaciones, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Entiende, en síntesis, que:

a) reconoce que el empeoramiento de las dolencias es por el dolor pero que, aunque el dolor sea un elemento subjetivo, sí ha quedado suficientemente acreditado mediante pruebas indirectas objetivas, por lo que la Sentencia de instancia incurre en error al afirmar lo contrario. Se argumenta que la persistencia del dolor se demuestra por el sometimiento del actor a múltiples tratamientos especializados en la Unidad del Dolor sin éxito, la necesidad continuada de medicación potente y no inocua, y la propia solicitud del paciente de valorar una amputación como última alternativa, conductas que resultarían irracionales si no existiera un dolor intenso y real. Asimismo, se añade que la ausencia de soluciones terapéuticas está favoreciendo la cronificación de los padecimientos psiquiátricos, conforme al informe aportado en el procedimiento.

b) la sentencia fija erróneamente la fecha de efectos en el 25/04/2024 (día siguiente al dictamen del EVI), ya que la solicitud de revisión de incapacidad permanente se presentó el 30 de enero de 2023 y, conforme al plazo máximo de resolución de 135 días previsto en el anexo del Real Decreto 286/2023, el INSS debía haber resuelto antes del 28 de julio de 2023; al no hacerlo, se produjo una desestimación por silencio administrativo en esa fecha, que debe considerarse como la fecha de efectos económicos en caso de reconocerse la revisión al grado de incapacidad permanente absoluta, con independencia de que la resolución expresa se dictara posteriormente.

2- Por su parte, las codemandadas, ahora recurridas, impugnan los motivos postulados, entendiendo, en síntesis:

a) que la situación patológica y limitaciones que presenta el recurrente no ha sufrido agravación alguna con respecto a la situación que presentaba en 2009, y únicamente se añade como nueva patología, el trastorno adaptativo mixto, que en absoluto puede considerarse ni consta acreditado que dicho padecimiento incapacite al recurrente en grado alguno.

b) que la fecha de efectos de la hipotética pensión, en caso de reconocérsele el nuevo grado, debe situarse en el día siguiente a la resolución del INSS denegando el incremento de grado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicandoen que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por haber fracasado la revisión fáctica pretendida, la Sala entiende que los motivos deben fracasar, lo que se abordará en el siguiente Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método.

CUARTO.- Existencia de agravación que no inhabilita para toda profesión u oficio. Consecuente irrelevancia de la fecha de efectos.

a) En primer lugar, esta Sala entiende que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

En todo caso, ello no puede considerarse motivo suficiente para no entrar a conocer del fondo del asunto, debiendo partir de la base de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de diciembre de 2009 [ROJ: STS 8386/2009], en interpretación del artículo 143 LGSS 1994, ha señalado que la agravación o la mejoría que justifique la revisión exige conceptualmente no sólo comparar dos situaciones patológicas (la que determinó la declaración de incapacidad permanente y la existente cuando se lleva cabo la revisión) y llegar a la conclusión de que ha variado el cuadro de dolencias, sino -sobre todo- que esta variación tiene trascendencia cualitativa en orden a la capacidad de trabajo del declarado en incapacidad permanente, en tanto que alcance a justificar la modificación del grado reconocido, de forma tal que si las secuelas permanecen sustancialmente idénticas no hay cauce legal para modificar la calificación en su día efectuada.

Y en la Sentencia de 5 de julio de 2022 [ROJ: STS 2874/2022], dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha precisado que la acción de revisión de la incapacidad permanente es distinta, en su naturaleza y finalidad, de la declaración inicial de incapacidad permanente, en tanto que se están introduciendo hechos o elementos nuevos que han abocado al nacimiento del nuevo derecho, novedades que, por lo general, se identifican con un nuevo cuadro de padecimientos que pueden conllevar una nueva situación jurídica que afecta al grado, y que solo la concurrencia de nuevos datos producidos con posterioridad podría calificarse de situación novedosa y propia del nuevo derecho.

Pues bien, aplicando dicha doctrina al caso de autos, resulta que, en realidad, las dolencias, tal y como reconoce la propia parte recurrente, son exactamente las mismas que las que dieron lugar a la IPT, únicamente cambia, a su parecer, el dolor que va en aumento y que, para los recurridos ello se traduce en la patología de trastorno adaptativo mixto, en consecuencia, se cumple parcialmente la premisa de agravación de las dolencias pero resta por determinar si la agravación sufrida por la parte actora le impide desempeñar cualquier profesión u oficio.

Para ello debe tenerse en cuenta que no debe equipararse inhabilidad para el trabajo con imposibilidad material de efectuar cualquier quehacer y así se desprende del artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio [en adelante, LGSS 1994] - artículo 198.2 de la LGSS 2015- que admite la compatibilidad de ese grado con la realización de trabajos marginales pues esa pérdida de habilidad ha de entenderse como pérdida de la aptitud psicofísica necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por tanto, con la necesaria continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador, fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte, encontrándose en la situación de incapacidad permanente absoluta cuando la persona afectada carezca de facultades reales para consumar con eficacia y un mínimo de profesionalidad y rendimiento las tareas componentes de cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. La declaración de incapacidad permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral, atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales, o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura, de 7 de febrero del 2013 [ROJ: STSJ EXT 243/2013], contiene un resumen jurisprudencial sobre la materia).

Partiendo de lo expuesto, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe compartir el criterio de la magistrada de instancia al considerar que "no puede llegarse a la conclusión de que se haya producido una modificación sustancial de las causas seculares que provocaron la concesión de la incapacidad permanente total".

Tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]), sin que tampoco conste, no solo que no pueda efectuar tareas con riesgo sino, y más allá de la mera manifestación de la parte actora, que el trastorno adaptativo mixto tienda a la cronificación.

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora, no le impiden realizar cualquier profesión u oficio, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen, que, en este caso, son esencialmente las mismas que dieron lugar a la IPT.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

b) No existiendo una agravación que pueda dar lugar a acceder a una IPA, resulta totalmente intrascendente la fecha de efectos económicos, pero, en todo caso, no consta en la Sentencia que se tratara de una cuestión controvertida al no venir una fundamentación sobre tal cuestión, sino más bien de un hecho admitido o conforme, por lo que la parte, tal y como manifiesta Enrique, tendría que haber sostenido un motivo al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS fundamentándolo en una supuesta infracción de los arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC, para a continuación añadir, al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, los hechos que fundamentan su pretensión de censura normativa.

En todo caso, tampoco se hubiese producido la infracción normativa denunciada, toda vez que la desestimación por silencio produce el efecto de abrir al solicitante la posibilidad de acudir a la vía judicial, pero no modifica que, llegado el caso de un eventual reconocimiento, los efectos hayan de ser los del día siguiente a la de la Resolución del INSS de fecha de 24 de abril de 2024, por lo que la fecha debe ser la del 25 de abril de 2024, y así se deriva de los artículos 21.a del Decreto 3158/1966 y 40.a) de la orden de 15 de abril de 1969, resultando que el TS/SOC ha venido entendiendo de forma reiterada que en los casos en que la resolución administrativa deniega la solicitud de revisión, como es el caso, si una posterior Sentencia revocase dicha denegación administrativa y reconoce el nuevo grado de incapacidad permanente, la fecha a tener en cuenta a la hora de fijar los efectos de dicha revisión es la de la resolución administrativa denegatoria ( SSTS/SOC de 16/01/2002 [rec. 3926/2000] y 08/04/2009 [rec. 1940/2008]).

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Justino contra la Sentencia 167/24, de fecha 16 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 608/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Ponferrada, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY