Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2375/2024 de 23 de marzo del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se reconociese su derecho a una prestación de JUBILACIÓN PARCIAL con fecha de efectos del 07 de noviembre de 2022 y una base reguladora de 1.100,00€, complementos para la reducción de la brecha de género de 57,.81€. Interesando acumuladamente indemnización de daños y perjuicios causados a razón de 833,62 euros, brutos mensuales desde el 7 de noviembre de 2022, fecha de la jubilación parcial solicitada hasta la fecha en la que se dicte sentencia por la que se reconozca el derecho a la actora a acceder a la jubilación parcial, cuantificándose en la cantidad de 2.709,26 euros.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, en la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, desestima la demanda interpuesta por Doña Rafaela contra el INSS y TGSS confirmando la resolución objeto de impugnación y ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS DE LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS EN SU CONTRA.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a la pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial, sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora y se reconozca el derecho de la actora a la prestación de jubilación parcial desde la fecha solicitada.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Inexistencia de error patente en la valoración probatoria. Inclusión de conclusiones fácticas que requieren deducciones o interpretaciones valorativas. Imposibilidad de corregir el error manifestado por la parte actora en esta sede.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Modificar el Hecho Probado PRIMERO y en donde dice "ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora, con un contrato fijo discontinuo desde el 1-02-2021 a 13-03-2022".debe decir:

"ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS Y CONTRATOS DE TRABAJO: DEL 13 DE MAYO DE 1999 AL 30 DE AGOSTO DE 1999, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 06 DE OCTUBRE DE 1999 AL 30 DE JUNIO DE 2000, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE AGOSTO DE 2000 AL 31 DE ENERO DE 2001, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 05 DE FEBRERO DE 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2016 A TRAVÉS DE UN CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CON CONTRATOS FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 02 DE JULIO DE 2018, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2021, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO..".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en su doc. 5, informe de vida laboral, entendiendo que resulta trascendente porque demuestra que, durante un periodo de quince años, estuvo trabajando de modo ininterrumpido, no atendiendo por tanto a la realidad jurídica de lo que supone un contrato indefinido fijo discontinuo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende modificar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia que pudiera tener la adición a los efectos del pronunciamiento sobre el fondo, no se indica el acontecimiento concreto del documento en el expediente judicial electrónico, resultando que no existe error patente en la valoración probatoria, toda vez que la propia parte actora manifiesta que ha existido un error por parte de la TGSS en la vida laboral al disponer el código 300 cuando, en realidad, el periodo que postula era un trabajo indefinido a tiempo completo, lo que en modo alguno puede admitirse, puesto que, además de que ello comportaría efectuar deducciones o interpretaciones valorativas, lo que no está permitido, lo pretendido no se deriva de forma clara, evidente, directa y patente del documento que reseña, y no resulta posible corregir en esta sede el supuesto error manifestado por la parte actora, sino que ello debe ser objeto de un previo procedimiento administrativo de revisión ante la TGSS y, al tratarse de un acto de encuadramiento, la impugnación de la resolución administrativa es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa por mor del art. 3 letra f) de la LRJS.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de señalamiento de infracción de las normas reguladoras del fraude de ley ni jurisprudencia que las interprete. Imposibilidad de acceder a la jubilación parcial al tratarse de un fraude de ley no combatido.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción de los arts. 16 del ET y 215.2) del TRLGSS ( en relación con el art. 247 del mismo cuerpo legal), entendiendo, en síntesis, que no hay ningún ánimo defraudatorio ni existe fraude de Ley por parte de la trabajadora que ha estado trabajando durante para la empresa durante un periodo de al menos 15 años de manera ininterrumpida en la empresa, transformándose en indefinido fijo discontinuo el 01 de septiembre de 2016 y volviendo a transformar en indefinido a tiempo completo el 14 de marzo de 2022.

2- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión en una revisión fáctica que como hemos mencionado no ha logrado su propósito, por lo que ya solo por este motivo el recurso debe ser desestimado.

Pero, amén de lo anterior, no se señala la infracción de norma o jurisprudencia en materia de fraude de ley, que es precisamente la institución que ha aplicado la juzgadora de instancia, ni mucho menos se fundamenta el razonamiento y la pertinencia de la infracción producida en relación con la normativa y jurisprudencia omitida, sin perjuicio de que, además, tal y como hemos mencionado, el razonamiento se hace en función a una revisión fáctica que no ha prosperado, por lo que tales circunstancias refuerzan aún más la desestimación del recurso de suplicación.

En todo caso, este Tribunal de Suplicación debe recordar que en materia de conducta fraudulenta relativa a la acreditación de las circunstancias que deben concurrir para el acceso a una prestación de seguridad social, la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, entre otras, en la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2003 (EDJ 2003/98194), que la existencia de fraude se funda en la valoración de intenciones que atiende a una casuística de circunstancias individualizadas y, normalmente, variables en cada supuesto. No obstante, el Tribunal Supremo señala que el fraude de Ley que sanciona el artículo 6.4 del Código Civil , no se presume, pero, esta afirmación no excluye la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, ex art. 1253 CC ( vigentes art. 286 y 287 de la LEC), cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( STS Sala 4ª, de 24-2-2003, EDJ 2003/7206; y 6-2-2003, EDJ 2003/7186). En materia del reconocimiento de prestaciones de seguridad social, ante la invocación de que es, el trabajador, quien tiene que demostrar la rectitud de su conducta y la ausencia de vicio en la contratación. En dichas resoluciones del Tribunal Supremo se declara que la mera sucesión de los formal contractual no basta para inferir, con seguridad razonable, que la celebración de este segundo contrato no tuvo otro propósito defraudar, en los supuestos concretos analizados por las sentencias referidas, para acceder al disfrute de la protección por desempleo. Si bien, lo anterior no obsta a que, como excepción, para evitar posibles fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para las prestaciones no contributivas, deba estarse a lo dispuesto en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil , que proscriben el fraude, pero no lo presumen.

Partiendo de dicha normativa y doctrina jurisprudencial que la interpreta, no cabe duda de que esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia al manifestar que "que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a l pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial.

Sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente".

Ello es así puesto que no hay razón alguna para que en 20 años de trabajo como fija discontinua solo durante los 7 meses previos a su jubilación parcial haya prestado servicios como indefinida a tiempo completo, resultando que incluso desde el 2-09-2022 hasta el 4-11-2022, la actora permaneció en situación de IT derivada de contingencia común, lo que revela irregularidades que no se explican correctamente y que patentizan la existencia de un fraude en la contratación para, de modo fraudulento, intentar obtener una prestación de la Seguridad Social.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Rafaela contra la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se reconociese su derecho a una prestación de JUBILACIÓN PARCIAL con fecha de efectos del 07 de noviembre de 2022 y una base reguladora de 1.100,00€, complementos para la reducción de la brecha de género de 57,.81€. Interesando acumuladamente indemnización de daños y perjuicios causados a razón de 833,62 euros, brutos mensuales desde el 7 de noviembre de 2022, fecha de la jubilación parcial solicitada hasta la fecha en la que se dicte sentencia por la que se reconozca el derecho a la actora a acceder a la jubilación parcial, cuantificándose en la cantidad de 2.709,26 euros.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, en la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, desestima la demanda interpuesta por Doña Rafaela contra el INSS y TGSS confirmando la resolución objeto de impugnación y ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS DE LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS EN SU CONTRA.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a la pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial, sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora y se reconozca el derecho de la actora a la prestación de jubilación parcial desde la fecha solicitada.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Inexistencia de error patente en la valoración probatoria. Inclusión de conclusiones fácticas que requieren deducciones o interpretaciones valorativas. Imposibilidad de corregir el error manifestado por la parte actora en esta sede.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Modificar el Hecho Probado PRIMERO y en donde dice "ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora, con un contrato fijo discontinuo desde el 1-02-2021 a 13-03-2022".debe decir:

"ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS Y CONTRATOS DE TRABAJO: DEL 13 DE MAYO DE 1999 AL 30 DE AGOSTO DE 1999, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 06 DE OCTUBRE DE 1999 AL 30 DE JUNIO DE 2000, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE AGOSTO DE 2000 AL 31 DE ENERO DE 2001, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 05 DE FEBRERO DE 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2016 A TRAVÉS DE UN CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CON CONTRATOS FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 02 DE JULIO DE 2018, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2021, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO..".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en su doc. 5, informe de vida laboral, entendiendo que resulta trascendente porque demuestra que, durante un periodo de quince años, estuvo trabajando de modo ininterrumpido, no atendiendo por tanto a la realidad jurídica de lo que supone un contrato indefinido fijo discontinuo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende modificar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia que pudiera tener la adición a los efectos del pronunciamiento sobre el fondo, no se indica el acontecimiento concreto del documento en el expediente judicial electrónico, resultando que no existe error patente en la valoración probatoria, toda vez que la propia parte actora manifiesta que ha existido un error por parte de la TGSS en la vida laboral al disponer el código 300 cuando, en realidad, el periodo que postula era un trabajo indefinido a tiempo completo, lo que en modo alguno puede admitirse, puesto que, además de que ello comportaría efectuar deducciones o interpretaciones valorativas, lo que no está permitido, lo pretendido no se deriva de forma clara, evidente, directa y patente del documento que reseña, y no resulta posible corregir en esta sede el supuesto error manifestado por la parte actora, sino que ello debe ser objeto de un previo procedimiento administrativo de revisión ante la TGSS y, al tratarse de un acto de encuadramiento, la impugnación de la resolución administrativa es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa por mor del art. 3 letra f) de la LRJS.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de señalamiento de infracción de las normas reguladoras del fraude de ley ni jurisprudencia que las interprete. Imposibilidad de acceder a la jubilación parcial al tratarse de un fraude de ley no combatido.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción de los arts. 16 del ET y 215.2) del TRLGSS ( en relación con el art. 247 del mismo cuerpo legal), entendiendo, en síntesis, que no hay ningún ánimo defraudatorio ni existe fraude de Ley por parte de la trabajadora que ha estado trabajando durante para la empresa durante un periodo de al menos 15 años de manera ininterrumpida en la empresa, transformándose en indefinido fijo discontinuo el 01 de septiembre de 2016 y volviendo a transformar en indefinido a tiempo completo el 14 de marzo de 2022.

2- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión en una revisión fáctica que como hemos mencionado no ha logrado su propósito, por lo que ya solo por este motivo el recurso debe ser desestimado.

Pero, amén de lo anterior, no se señala la infracción de norma o jurisprudencia en materia de fraude de ley, que es precisamente la institución que ha aplicado la juzgadora de instancia, ni mucho menos se fundamenta el razonamiento y la pertinencia de la infracción producida en relación con la normativa y jurisprudencia omitida, sin perjuicio de que, además, tal y como hemos mencionado, el razonamiento se hace en función a una revisión fáctica que no ha prosperado, por lo que tales circunstancias refuerzan aún más la desestimación del recurso de suplicación.

En todo caso, este Tribunal de Suplicación debe recordar que en materia de conducta fraudulenta relativa a la acreditación de las circunstancias que deben concurrir para el acceso a una prestación de seguridad social, la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, entre otras, en la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2003 (EDJ 2003/98194), que la existencia de fraude se funda en la valoración de intenciones que atiende a una casuística de circunstancias individualizadas y, normalmente, variables en cada supuesto. No obstante, el Tribunal Supremo señala que el fraude de Ley que sanciona el artículo 6.4 del Código Civil , no se presume, pero, esta afirmación no excluye la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, ex art. 1253 CC ( vigentes art. 286 y 287 de la LEC), cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( STS Sala 4ª, de 24-2-2003, EDJ 2003/7206; y 6-2-2003, EDJ 2003/7186). En materia del reconocimiento de prestaciones de seguridad social, ante la invocación de que es, el trabajador, quien tiene que demostrar la rectitud de su conducta y la ausencia de vicio en la contratación. En dichas resoluciones del Tribunal Supremo se declara que la mera sucesión de los formal contractual no basta para inferir, con seguridad razonable, que la celebración de este segundo contrato no tuvo otro propósito defraudar, en los supuestos concretos analizados por las sentencias referidas, para acceder al disfrute de la protección por desempleo. Si bien, lo anterior no obsta a que, como excepción, para evitar posibles fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para las prestaciones no contributivas, deba estarse a lo dispuesto en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil , que proscriben el fraude, pero no lo presumen.

Partiendo de dicha normativa y doctrina jurisprudencial que la interpreta, no cabe duda de que esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia al manifestar que "que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a l pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial.

Sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente".

Ello es así puesto que no hay razón alguna para que en 20 años de trabajo como fija discontinua solo durante los 7 meses previos a su jubilación parcial haya prestado servicios como indefinida a tiempo completo, resultando que incluso desde el 2-09-2022 hasta el 4-11-2022, la actora permaneció en situación de IT derivada de contingencia común, lo que revela irregularidades que no se explican correctamente y que patentizan la existencia de un fraude en la contratación para, de modo fraudulento, intentar obtener una prestación de la Seguridad Social.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Rafaela contra la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se reconociese su derecho a una prestación de JUBILACIÓN PARCIAL con fecha de efectos del 07 de noviembre de 2022 y una base reguladora de 1.100,00€, complementos para la reducción de la brecha de género de 57,.81€. Interesando acumuladamente indemnización de daños y perjuicios causados a razón de 833,62 euros, brutos mensuales desde el 7 de noviembre de 2022, fecha de la jubilación parcial solicitada hasta la fecha en la que se dicte sentencia por la que se reconozca el derecho a la actora a acceder a la jubilación parcial, cuantificándose en la cantidad de 2.709,26 euros.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, en la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, desestima la demanda interpuesta por Doña Rafaela contra el INSS y TGSS confirmando la resolución objeto de impugnación y ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS DE LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS EN SU CONTRA.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a la pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial, sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Rafaela, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora y se reconozca el derecho de la actora a la prestación de jubilación parcial desde la fecha solicitada.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Inexistencia de error patente en la valoración probatoria. Inclusión de conclusiones fácticas que requieren deducciones o interpretaciones valorativas. Imposibilidad de corregir el error manifestado por la parte actora en esta sede.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Modificar el Hecho Probado PRIMERO y en donde dice "ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora, con un contrato fijo discontinuo desde el 1-02-2021 a 13-03-2022".debe decir:

"ha estado contratada en la empresa Colegio Corazón de María de Zamora DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS Y CONTRATOS DE TRABAJO: DEL 13 DE MAYO DE 1999 AL 30 DE AGOSTO DE 1999, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 06 DE OCTUBRE DE 1999 AL 30 DE JUNIO DE 2000, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE AGOSTO DE 2000 AL 31 DE ENERO DE 2001, CON CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO; DEL 05 DE FEBRERO DE 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2016 A TRAVÉS DE UN CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CON CONTRATOS FIJO DISCONTINUO; DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 02 DE JULIO DE 2018, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO; DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 29 DE JUNIO DE 2021, CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO..".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en su doc. 5, informe de vida laboral, entendiendo que resulta trascendente porque demuestra que, durante un periodo de quince años, estuvo trabajando de modo ininterrumpido, no atendiendo por tanto a la realidad jurídica de lo que supone un contrato indefinido fijo discontinuo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende modificar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia que pudiera tener la adición a los efectos del pronunciamiento sobre el fondo, no se indica el acontecimiento concreto del documento en el expediente judicial electrónico, resultando que no existe error patente en la valoración probatoria, toda vez que la propia parte actora manifiesta que ha existido un error por parte de la TGSS en la vida laboral al disponer el código 300 cuando, en realidad, el periodo que postula era un trabajo indefinido a tiempo completo, lo que en modo alguno puede admitirse, puesto que, además de que ello comportaría efectuar deducciones o interpretaciones valorativas, lo que no está permitido, lo pretendido no se deriva de forma clara, evidente, directa y patente del documento que reseña, y no resulta posible corregir en esta sede el supuesto error manifestado por la parte actora, sino que ello debe ser objeto de un previo procedimiento administrativo de revisión ante la TGSS y, al tratarse de un acto de encuadramiento, la impugnación de la resolución administrativa es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa por mor del art. 3 letra f) de la LRJS.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de señalamiento de infracción de las normas reguladoras del fraude de ley ni jurisprudencia que las interprete. Imposibilidad de acceder a la jubilación parcial al tratarse de un fraude de ley no combatido.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción de los arts. 16 del ET y 215.2) del TRLGSS ( en relación con el art. 247 del mismo cuerpo legal), entendiendo, en síntesis, que no hay ningún ánimo defraudatorio ni existe fraude de Ley por parte de la trabajadora que ha estado trabajando durante para la empresa durante un periodo de al menos 15 años de manera ininterrumpida en la empresa, transformándose en indefinido fijo discontinuo el 01 de septiembre de 2016 y volviendo a transformar en indefinido a tiempo completo el 14 de marzo de 2022.

2- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión en una revisión fáctica que como hemos mencionado no ha logrado su propósito, por lo que ya solo por este motivo el recurso debe ser desestimado.

Pero, amén de lo anterior, no se señala la infracción de norma o jurisprudencia en materia de fraude de ley, que es precisamente la institución que ha aplicado la juzgadora de instancia, ni mucho menos se fundamenta el razonamiento y la pertinencia de la infracción producida en relación con la normativa y jurisprudencia omitida, sin perjuicio de que, además, tal y como hemos mencionado, el razonamiento se hace en función a una revisión fáctica que no ha prosperado, por lo que tales circunstancias refuerzan aún más la desestimación del recurso de suplicación.

En todo caso, este Tribunal de Suplicación debe recordar que en materia de conducta fraudulenta relativa a la acreditación de las circunstancias que deben concurrir para el acceso a una prestación de seguridad social, la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, entre otras, en la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2003 (EDJ 2003/98194), que la existencia de fraude se funda en la valoración de intenciones que atiende a una casuística de circunstancias individualizadas y, normalmente, variables en cada supuesto. No obstante, el Tribunal Supremo señala que el fraude de Ley que sanciona el artículo 6.4 del Código Civil , no se presume, pero, esta afirmación no excluye la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, ex art. 1253 CC ( vigentes art. 286 y 287 de la LEC), cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( STS Sala 4ª, de 24-2-2003, EDJ 2003/7206; y 6-2-2003, EDJ 2003/7186). En materia del reconocimiento de prestaciones de seguridad social, ante la invocación de que es, el trabajador, quien tiene que demostrar la rectitud de su conducta y la ausencia de vicio en la contratación. En dichas resoluciones del Tribunal Supremo se declara que la mera sucesión de los formal contractual no basta para inferir, con seguridad razonable, que la celebración de este segundo contrato no tuvo otro propósito defraudar, en los supuestos concretos analizados por las sentencias referidas, para acceder al disfrute de la protección por desempleo. Si bien, lo anterior no obsta a que, como excepción, para evitar posibles fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para las prestaciones no contributivas, deba estarse a lo dispuesto en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil , que proscriben el fraude, pero no lo presumen.

Partiendo de dicha normativa y doctrina jurisprudencial que la interpreta, no cabe duda de que esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, debe confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia al manifestar que "que cabe presumir al igual que hace la entidad demandada, la existencia de Fraude de Ley en la conversión de dicho contrato, con la única finalidad de facilitar por dicha vía el acceso de la actora a l pensión de jubilación parcial, la que no podría haber accedido desde su contrato de fijo discontinuo, al ser el mismo considerado como trabajo a tiempo parcial.

Sin que por parte de la actora se haya presentado prueba alguna tendente a acreditar otros motivos por los que tras 20 años se transforma su contrato precisamente".

Ello es así puesto que no hay razón alguna para que en 20 años de trabajo como fija discontinua solo durante los 7 meses previos a su jubilación parcial haya prestado servicios como indefinida a tiempo completo, resultando que incluso desde el 2-09-2022 hasta el 4-11-2022, la actora permaneció en situación de IT derivada de contingencia común, lo que revela irregularidades que no se explican correctamente y que patentizan la existencia de un fraude en la contratación para, de modo fraudulento, intentar obtener una prestación de la Seguridad Social.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Rafaela contra la Sentencia 155/24, de fecha 4 de junio de 2024, recaída en los autos SSS número 349/23, sobre prestación de jubilación, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Zamora, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY