Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 246/2024 de 28 de abril del 2025

PRIMERO.-La Sentencia nº 415/2023, de 28 de noviembre de 2023 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, en el procedimiento de seguridad social nº 553/2023, desestima la demanda promovida por D. Luis Pedro contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y absuelve a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ellos.

Frente a dicha resolución, se alza la representación del trabajador en suplicación, articulando su recurso en torno a los apartados a), b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso no ha sido impugnado.

SEGUNDO.-Como primer motivo de recurso al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicita el recurrente que se declare la nulidad de la Sentencia recurrida por incongruencia omisiva en base a la vulneración del art. 218.2 LEC, en relación con el art. 24 CE, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva de la resolución de instancia.

Sostiene quien recurre que, dentro del relato de la sentencia recurrida y en el Fallo de la misma, se produce una falta total de referencia a una de las peticiones de la demanda, a saber, la solicitud con carácter subsidiario del reconocimiento de la incapacidad permanente parcial.

El Tribunal Constitucional ha fijado, como doctrina consolidada, que "la incongruencia de las decisiones judiciales, entendida como una discordancia manifiesta entre lo que solicitan las partes y lo que se otorga en aquéllas concediendo más, menos o cosa distinta de lo pedido, puede llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24 CE , tanto por no satisfacer tal pronunciamiento la elemental exigencia de tutela judicial efectiva que es la de obtener una Sentencia fundada sobre el fondo del asunto sometido al órgano judicial, como por provocar indefensión, ya que la incongruencia supone, al alterar los términos del debate procesal, defraudar el principio de contradicción"( STC 60/1996).

Por su parte, la Sala Cuarta ha declarado en su sentencia de 23 de enero de 2019 que la exigencia de congruencia en el proceso laboral resulta de la aplicación del art. 359 de la supletoria LEC, según el cual las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y que la incongruencia supone confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y "petitum", si bien tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos, bastando que el fallo se adecue sustancialmente a lo solicitado, pues además, en el proceso laboral el principio dispositivo tiene menos rigor que en el civil, por lo que no es incongruente que el Juez Social aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas por normas de derecho necesario o, que se concedan efectos no pedidos por las partes siempre que se ajusten al objeto material del proceso.

La incongruencia omisiva viene estudiada, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2024 ( Sentencia: 504/2024; Recurso: 45/2022; ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA), en los siguientes términos:

2. La doctrina que esta Sala del Tribunal Supremo ha elaborado en la materia -lo relatamos en SSTS IV de 4 de julio de 2023, rec. 224/2021 y 14 de diciembre de 2023, rec. 184/2023 -la encontramos reflejada en STS de 31 de marzo de 2015, rcud. 1865/2014 ,que, reiterando la de 23 de abril de 2013, afirmaba lo que sigue: "(...) La jurisprudencia de esta Sala, --contenida, entre otras muchas, en las SSTS/IV 23-julio-2001 (rcud 4554/2000 ), 29-abril-2005 (rcud 3177/2004 ), 30-junio- 2008 (rco 158/2007 ), 27-septiembre-2008 (rco 37/2006 ), 3-diciembre-2009 (rco 30/2009 )y 16-diciembre-2009 (rco 72/2009 ),así como las en ellas se citan--, acorde con la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la incongruencia es causa de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión ( art. 24.1 CE )y que hay incongruencia omisiva cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita".

Exponía entre otras muchas la STC 169/2013, de 7 de octubre, transcrita a su vez en el rec. 177/2018 ,de fecha 25 de febrero de 2020, que: "...el deber judicial de respuesta adecuada y congruente, consistente en el respeto a los hechos que determinan la causa petendi, de tal modo que sólo ellos, junto con la norma que les sea correctamente aplicable, sean los que sustenten el fallo. Según establecimos desde nuestras sentencias iniciales, como la STC 20/1982, de 5 de mayo FJ 3, la congruencia o incongruencia de una sentencia ha de estimarse mediante la confrontación de la parte dispositiva con los términos en que en las demandas o en los escritos fundamentales del pleito se configuran las acciones o las excepciones ejercitadas. (...) Como dijera la STC 29/1999, de 8 de marzo ,la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión".

Igualmente, hay que tener presente que esta Sala IV viene manteniendo con reiteración que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" (por todas, STS de 30 de mayo de 2002, rec. 1230/2001 , citada por la de 20 de septiembre de 2023, rec. 1991/2022 ).Esa distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, en los fundamentos que refieren que "...hemos afirmado reiteradamente, partiendo de la distinción entre las respuestas a las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, y entre las respuestas a estas dos cuestiones y la motivación de dichas respuestas ( STC 1/1999, de 25 de enero ),que el artículo 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( SSTC 68/1999, de 26 de abril y 171/2002, de 30 de septiembre )".

Aplicando la doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa, hemos de concluir que, aunque pueda calificarse de sintética la fundamentación de una respuesta negativa a lo demandado, no incurre en modo alguno en la incongruencia omisiva por carencia de motivación denunciada por la parte recurrente. El órgano judicial resuelve la pretensión articulada, si bien en sentido desestimatorio para el trabajador demandante, pues tras recordar las definiciones legales y jurisprudenciales de los dos grados de incapacidad solicitados (Fundamento de Derecho Tercero), la magistrada recoge en el FD Cuarto las dolencias que presenta el actor y sus correspondientes limitaciones, concluyendo que "de la valoración de la prueba resulta que el actor tiene patología lumbar de años de evolución que no ha impedido el desempeño de su actividad, el Epoc es moderado y el dedo en resorte no es definitivo al estar pendiente de intervención por lo que en esta situación no procede el reconocimiento de una incapacidad permanente en ninguno de los grados solicitados."

Se observa una dación de respuesta a las dos pretensiones de la parte actora, que cubre las exigencias perfiladas por la jurisprudencia constitucional y acorde a la doctrina reiterada de la Sala IV. Decae este motivo suplicacional.

TERCERO.-Se formaliza un siguiente motivo por el cauce del art. 193 b) de la LRJS, manifestando el recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos, entre otras, en la STS de 5 de marzo de 2024 ( Sentencia: 421/2024; Recurso: 135/2022; Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA), donde recuerda los reiterados pronunciamientos de la Sala IV del TS que perfilan los requerimientos objeto de cumplimentación para instar la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia que se recurre. En esencia, deviene necesario:

1º) que la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba;

2º) que se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone;

3º) que el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones. Precisando también la exigencia de su trascendencia "a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14 -; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17 -; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16 -;y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17 -)".Y, como afirmamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019 ,o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020 :"Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado." STS IV Pleno 20 de octubre de 2021, rec. 121/2021 ."

Solicita, en concreto, las siguientes modificaciones que exponemos y pasamos a resolver:

1º) La modificación del hecho probado primero, para que pase a tener el siguiente tenor literal:

PRIMERO.-El demandante D. Luis Pedro con NIE nº NUM000 nacido el NUM003- 1974figura afiliado a la Seguridad Social en el Régimen General con el nº NUM002 siendo su profesión habitual peón

ganadero granja porcino.

Efectivamente, la juez incurre en un error al consignar la fecha de nacimiento del actor, por lo que, desprendiéndose dicho error de forma clara y patente de los documentos invocados, procede acceder a la modificación solicitada.

2º) La modificación del hecho probado cuarto, para que pase a tener el siguiente tenor literal:

CUARTO.-El actor tiene cirugía de hernia discal L5-S1 hace unos 20 años.

Tiene proceso de incapacidad temporal desde el 7-7-2021 a 2-1-2023.

Visto en trauma en sept-21 por dolor lumbar axial con irradiación en miembros inferiores bilateral más en la derecha hasta rodilla e ingle de 6 meses evolución. Valsava -. No claudicación. Exploración: Dolor palpación de espinosas, BA articular doloroso, Neurológicamente normal. Puntilla talón +, Lasegue -. ROT+

RMN-agosto-21: Discopatía L5-S1. HD L5-S1 en receso lateral y foramen de conjunción izquierdo, con contacto radicular, también posible radiculopatía derecha. Signos de laminectomía parcial L5- S1 Remitido a la Unidad del dolor, el 17-06-22 le realizan bloqueo foraminal tras bloqueos caudales.

En última revisión telefónica con U del Dolor se establece:"CT: el paciente refiere que el dolor es principalmente lumbar y que no baja más de las rodillas, sobre todo lo nota cuando está mucho rato sentado y de pie. Ante la poca efectividad de los bloqueos epidurales (tres); y la sintomatología de dolor mecánico opto por realizar BFL. Dejo en LE Pendiente de valorar epidurolisis.

Realizada Epidurolisis con radiofrecuencia, muy mal tolerada (no repetir). No colabora, movimientos continuos con riesgo de caída de la mesa o lesión durante el procedimiento. El 30-05- es alta de la U del Dolor, remitido de nuevo a U de columna, con nulo efecto de las técnicas invasivas realizadas.Tto actual Pregabalina 150 1-0-1 además del broncodilatador por EPOC Gold2.

Ahora también dx de dedos pulgares en resorte, en LEQ desde 25-05-23 para polipectomía del izquierdo."

Se admite la modificación interesada, habida cuenta de que lo que se quiere incluir se desprende de forma clara y directa, sin necesidad de hipótesis o conjeturas del informe médico indicado.

3º) Asimismo, solicita añadir al hecho probado cuarto el siguiente párrafo:

"El 27 de enero de 2023 se somete a Espidurolisis con RFP L5 bilateral con diagnóstico postquirúrgico de S. POSTLAMINECTOMIA."

Se admite la adición interesada, habida cuenta de que lo que se quiere incluir se desprende de forma clara y directa, sin necesidad de hipótesis o conjeturas del informe médico indicado.

4º) Solicita la modificación del hecho probado cuarto de la sentencia por entender que procede adicionarle la siguiente redacción:

"(...)Visto en trauma en sept-21 por dolor lumbar axial con irradiación en miembros inferiores bilateral más en la derecha hasta rodilla e ingle de 6 meses evolución. Valsava -. No claudicación. Exploración: Dolor palpación de espinosas, BA

articular doloroso, Neurológicamente normal. Puntilla talón +, Lasegue -. ROT+. RX DISCOPATIA SEVERA L5-S1 (...)"

No se admite la adición interesada, habida cuenta de que el informe médico que le sirve de sustento es de fecha 14 de septiembre de 2021, que, a su vez, recoge ese diagnóstico como referido a una consulta de fecha 22 de julio de 2021, mientras que la última revisión en la Unidad Médica es de fecha 5 de junio de 2023, es decir, dos años posterior, por lo que entendemos que es más ajustado a la realidad actual que el invocado por el recurrente.

CUARTO.-Los dos últimos motivos del recurso del trabajador, de censura jurídica, tienen por objeto el examen de la infracción, por incorrecta aplicación, de los arts. 193 y 194 LGSS y su incorrecta aplicación a los hechos del presente caso. Dada su evidente conexión, procederemos a su resolución conjunta.

A tal efecto, el artículo 193.1 LGSS establece que "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación."

Por su parte, el grado de incapacidad permanente total viene definido como el que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Lo que realmente se valora es la trascendencia que tienen las limitaciones con que definitivamente queda el trabajador en orden al desempeño del oficio que realiza habitualmente, en tanto que carece de toda importancia a estos efectos lo que le vayan a repercutir en otros aspectos de la vida o en su capacidad para ejercer otras profesiones distintas.

Finalmente, la incapacidad permanente parcial solicitada de forma subsidiaria, viene descrita en el art. 194.3 en su redacción dada por la Disposición Transitoria 26ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de julio de 2020 (rec. 4533/2017) "la doctrina de esta Sala -sentencias de 29 de enero de 1987 y 30 de junio de 1987 - ha considerado que la disminución de rendimiento que caracteriza la incapacidad permanente parcial debe valorarse no sólo atendiendo a lo que puede rendir objetivamente el trabajador afectado, sino atendiendo también a la peligrosidad o penosidad que comporta".

Pues bien, en atención a los datos que obran en los hechos probados, en relación a la actividad del recurrente, debe considerarse que el estado del trabajador sí que configura un cuadro residual que implica una merma de su capacidad funcional hasta el punto de impedir el desarrollo de su actividad profesional como peón ganadero granja porcino en el Régimen General.

Así, partiendo del relato de hechos probados, vemos que el trabajador, con cirugía de hernia discal L5-S1 hace unos 20 años, ha permanecido en situación de incapacidad temporal desde el 7 de julio de 2021 al 2 de enero de 2023, presentando actualmente como cuadro clínico residual hernia discal L5-S1, laminectomía.

En la RMN que se le realizó en agosto-21, presentaba discopatía L5-S1, hernia discal L5-S1 en receso lateral y foramen de conjunción izquierdo, con contacto radicular, también posible radiculopatía derecha. Signos de laminectomía parcial L5- S1. Remitido a la Unidad del dolor, el 17-06-22 le realizan bloqueo foraminal tras bloqueos caudales.

Se le realizaron tres bloqueos epidurales y ante su poca efectividad, el 27 de enero de 2023 se sometió a epidurolisis con RFP L5 bilateral con diagnóstico postquirúrgico de S. POSTLAMINECTOMIA, muy mal tolerada, sin colaboración del paciente. Actualmente está en tratamiento con Pregabalina 150 1-0-1 además del broncodilatador por EPOC Gold2. Aparte, presenta dedos pulgares en resorte, en LEQ desde 25-05-23 para polipectomía del izquierdo.

Es decir, a pesar de llevar en reposo todo el tiempo que duró la situación de incapacidad temporal (18 meses) y de haberse sometido a diferentes técnicas invasivas con nulo efecto, su situación sigue siendo incapacitante, pues sigue presentando HD L5-S1 y lumbalgia mecánica refractaria a tratamientos médico-quirúrgicos, lumboartrosis.

Consideramos que es, precisamente, la afección lumbar que se le asocia la que es incompatible con el desarrollo de una actividad como la que tenía y sirve de referente profesional a la invalidez aquí discutida (peón ganadero granja porcino), a lo que ha de añadirse los dedos pulgares en resorte y el EPOC Gold2, pues su profesión si por algo se caracteriza es por la dureza y esfuerzo físico que exige y que claramente no podría seguir realizando salvo en su caso en condiciones de particular penosidad y sufrimiento, no exigibles, y con riesgo cierto, además, de ver agravado sustancialmente su estado, lo que tampoco cabe imponerle, con lo que resulta justificada la IPT que reclama.

Por todo lo dicho, al haberse producido la infracción jurídica denunciada en el recurso, el mismo debe ser estimado y revocada la sentencia de instancia, reconociendo en su lugar al recurrente afecto al grado de incapacidad permanente total, con la base reguladora que consta en el hecho probado sexto de 1.231,95 euros mensuales y la fecha de efectos de 3 de enero de 2023.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

EN NOMBRE DEL REY