Sentencia Social 514/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1020/2025 de 29 de mayo del 2026

PRIMERO.- I).-La sentencia aquí impugnada, emitida por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid el 12 de mayo de 2025, en el procedimiento 45/2022, ha desestimado la demanda rectora del proceso en curso, promovida por SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU, SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, y Don Jenaro (este último no compareció al acto del juicio pese a estar debidamente citado) en la que solicitaba se dictara sentencia en cuya virtud se declarara la anulación del recargo de prestaciones impuesto por Resolución del INSS de 3 de diciembre de 2019, declarando la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo sufrido por Don Jenaro, estableciendo el recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del mismo, y condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración; y, subsidiariamente, y para el caso de entenderse existe su responsabilidad , se aplique la concurrencia de culpas con el trabajador con moderación del recargo.

II).-La sentencia de referencia basa su decisión sobre los siguientes extremos fácticos de interés y que se deducen tanto de los hechos probados como de los que aparecen en la fundamentación jurídica con tal carácter, así como de los insertados por remisión al acta de la Inspección de Trabajo, y que conviene desde ahora centrar y clarificar, facilitando así su comprensión a las partes, metodología esta que es la que juzgamos más correcta para salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza la Carta Magna en su artículo 24, amén de dar cumplimiento al mandato expresado por el artículo 218 de la LEC, de aplicación subsidiaria en nuestra jurisdicción social, y entre cuyas previsiones figuran las relativas a la motivación, a las que concretando el deber genérico exigido por el art. 120.3 de la Constitución, hace referencia expresa el apartado 2 de la norma procesal civil antes indicada al señalar que:

"Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón",al igual que el art. 97.2 del texto adjetivo laboral cuando, en lo que aquí interesa, dispone que la sentencia "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión (...)".

1.- Don Jenaro sufrió accidente de trabajo el 11 de abril de 2018 mientras prestaba servicios para la entidad AGUALIN con categoría profesional de ayudante especialista y antigüedad de 10 de junio de 2015.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción).

3.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contratos de prestación de servicios de fechas 6 11-17 y 13 11-17, encarga la ejecución de las partidas de saneamientos, instalaciones y calefacción a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato"a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). En el anexo del contrato se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparatos sanitarios, de radiadores, calderas y acumuladores".

4.- El día del accidente de trabajo Don Jenaro se encontraba en una de las viviendas que constituían la obra, cortando con una radial (herramienta eléctrica, marca HILTI AG125-A22) un tubo de PVC de 40 mm que bajaba por una pared, por el suelo y por el forjado hasta la segunda planta. Estaba cortando el tramo ubicado por encima del suelo, a ras del forjado, rompiéndose el disco que le saltó a la mano izquierda (la radial estaba siendo empuñada con la mano derecha) provocando un corte que requirió asistencia en servicio de urgencias hospitalario.

5.- El trabajador accidentado había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El disco se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre esa superficie.

6.- La radial contaba con carcasa superior de protección del disco de corte. El demandante utilizó como Epis guantes y gafas. El guante de seguridad era de material especial para prevenir cortes. El fragmento de disco impactó por encima de la cobertura del guante.

7.- En el Libro de Incidencias, por persona con funciones de coordinación de seguridad y salud, se efectuó anotación al día siguiente del accidente señalando que el corte en la muñeca se había producido al cortar un tubo de pvc sobre el forjado de una determinada planta. Como acción correctora, se señala que, hasta el conocimiento de mayores datos, se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

8. Se elaboró un Plan de Seguridad y Salud por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel).

En la evaluación de riesgos de la radial se identifica el riesgo de proyección del disco o fragmentos en caso de rotura. Como medida preventiva se señala el empleo de la herramienta con la carcasa de protección instalada en todo momento sin forzar el corte del disco para evitar torsiones y giros violentos del mismo.

9.- En el manual del fabricante como consigna de seguridad se señala que debe ser utilizado por personal cualificado y formado en la utilización, requiriendo sujeción con ambas manos por la empuñadora.

10.- Consta recepción por el trabajador accidentado y por SANEAMIENTOS de hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros extremos, se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

11.- En información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido. No someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco.

12.- Tras el accidente el trabajador inició proceso de Incapacidad Temporal que se mantuvo desde esa fecha (11 de abril de 2018) y hasta la posterior declaración de Incapacidad Permanente Total el 20 de agosto de 2019.

III).-A partir de las premisas que anteceden la Magistrada que firma la sentencia de instancia, después de realizar un loable esfuerzo intelectual y estudiar con rigor la institución jurídica del recargo de prestaciones, que ha hecho correr ríos de tinta tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, asienta sus conclusiones -que ya adelantamos nos parecen cabales y ecuánimes- en las siguientes ideas fuerza:

"(.....) en el supuesto que se somete a consideración se encuentran elementos suficientes que permiten confirmar la resolución que acuerda el recargo.

Existe incumplimiento laboral sobre medidas de seguridad, se han producido unos daños, existe relación de causalidad y existe desde un punto de vista, razonable y prudente, responsabilidad en la actuación empresarial, al no haberse aplicado todas las actuaciones que hubieran evitado el accidente.

Considera la empleadora el concurso de actuación imprudente por el trabajador accidentado (ante la ausencia de utilización de ambas manos al manejar la radial y al haber utilizado la misma sobre una superficie que como ocurrrió podía provocar la rotura del disco) y ello, pese a haberse comprobado por la Inspección de Trabajo que se omitieron las medidas tanto formativas como las que hubieran debido impedir que la herramienta se utilizara incorrectamente.

Constata la Inspección de Trabajo que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador constando y de forma algo confusa la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

En este aspecto hubiera servido para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN se hubiera acreditado la formación especifica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco).

Esa acreditación ha quedado sin efectuarse.

Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

Si bien es inviable que se encuentre una persona supervisando todas los cometidos que se lleven a cabo, al menos hubiera servido la evidencia de que se efectuaba un seguimiento sobre la adecuada utilización de las radiales en ambos aspectos (la empuñadora con ambas manos y la inviabilidad de utilizarla sobre superficie que generase rotura del disco).

Ante la ponderación de obligaciones entre que el trabajador debió haber leído y seguido las indicaciones de la hoja informativa de INSUR, prevalece con mayor entidad la obligación de seguridad tanto de la empleadora directa como de las contratistas o subcontratistas de velar porque en el desarrollo de los trabajos se siguen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

Significativa es a este respecto la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

Haber acreditado que así se informaba a las personas trabajadoras hubiera servido para contrastar lo concluido por la Inspección de Trabajo. Obsérvese que en la nota correcta no se incluye la necesidad de empuñadora con ambas manos.

Se ponen de manifiesto, en consecuencia, los elementos determinantes del recargo por omisión de medidas de seguridad.

(........) En la situación analizada, la actividad de construcción implica elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

Por lo expuesto, se considera adecuada la imposición del porcentaje en el grado del 30% de la que han de responder solidariamente las entidades codemandantes en función de las obligaciones que al respecto les incumbe en su condición de contratistas y subcontratistas. Es precisamente, esa cadena de prevención la que debe evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos".

SEGUNDO.- I).-Disconforme se alza en suplicación la empresa demandante SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO, S.A, mostrando su rechazo a lo resuelto a través de seis motivos: los tres primeros por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS; y los tres siguientes articulados al amparo del apartado c) de ese mismo precepto procesal.

Conviene reparar que si bien AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL anunció recurso de suplicación finalmente no lo formalizó en plazo, teniéndose a esta empresa desistida tácitamente del mismo.

El recurso no ha sido impugnado por el resto de empresas y entidades gestoras codemandadas.

II).-El primer motivo pretende la revisión del hecho probado cuarto, apartado IV, a fin de darle esta redacción:

"Consta recepción por el trabajador accidentado y por AGUALINde hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

El segundo motivo pretende adicionar al hecho probado segundo un nuevo apartado VI del siguiente tenor:

"D. Jenaro, ha recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo.

El trabajador recibió información sobre "el uso de la sierra amoadora angular". En dicho documento consta: Riesgo de cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo que puedan afectar a cualquier parte del cuerpo. Como medidas de prevención cita: "No cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar y romperse o salir despedido. No someter el disco a sobreesfuerzos, lateraleso de torsión o por aplicación dé una presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco... Epis: Gafas con montura y oculares de protección contra impactos, clase C o D con protección adicional inferior, temporal y superior tipo 555 o 777, protección auditiva, mascarilla antipolvo y guantes de trabajo.

Con anterioridad al accidente al AGUALIN le había facilitado al trabajador:

· Plan de seguridad y salud de la obra y las actas suscritas de adhesión al mismo ( Folios 53 a 143 del informe pericial), así mismo consta en el expediente aportado por Inspección de Trabajo.

· Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de trabajo de instalador (folio 63 a 65).

· Respecto al equipo de trabajo causante del accidente: La evaluación de riesgos y el manuel de empleo y seguridad del fabricante (53 a 55)

· Justificante de entrega de EPIS al trabajador y el folleto informativo de características técnicas de los guantes de seguridad" ( folio del informe (folio 137 a 143).

En el tercer motivo interesa modificar el hecho probado cuarto apartado I, proponiendo esta redacción:

"El trabajador había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El trabajador contraviene lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco como lo sucedido, se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre la superficie. El accidente se produce sin lugar a dudas por una imprudencia del trabajador, habiendo estado presente la persona responsable de la empresa agualin ( Fermín) y habiendo comprado este el material. Siendo este el responsable.

En el mismo sentido se expresa el documento de información que el contratista principal INSUR facilita a los subcontratistas y que respecto al uso de radial manifiesta:

En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación preferiblemente se colocará la pieza sobre un banco de trabajo, fijándola con gatos o mordazas".

El punto de partida para la respuesta a los motivos revisorios así planteados viene dado por la doctrina emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 22 de noviembre de 2023 (Rec. 113/2021) y 22 de febrero de 2024 (Rec. 23/2022), en el sentido de que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS únicamente al juzgador de instancia (...) por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación".

En definitiva, las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las leyes y a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes

Dicho esto, no aceptamos ninguna de las revisiones postuladas por las consideraciones que pasamos a desglosar:

A).- La primera revisión tiene como sustento el informe pericial de parte, el cual ha sido valorado por el órgano de primer grado con las amplias facultades que le reconoce el artículo 97 LRJS atendiendo a las reglas de la sana crítica, informe que ha sido sopesado en unión de la información pública administrativa conformada por el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, además del resto de prueba practicada en el plenario, a lo que añadiremos que no deviene trascendente en la medida que el Plan de Seguridad y Salud se había elaborado por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel); y en la información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención ya se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido; no someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco; es decir, la recurrente ya tenía tal información en su poder al objeto de poder vigilar y supervisar el cumplimiento de la medida de seguridad prevista, y evitar con ello el resultado lesivo producido por el accidente de trabajo. Y, recordemos, la revisión pretendida ha de ser trascendente para modificar el fallo de la sentencia, ya que el principio de economía procesal impide incorporar (o suprimir) hechos cuya inclusión (o exclusión) no conduzca a nada práctico [ STS de 28 mayo 2013, recurso 5/2012, 3 julio 2013, recurso 88/2012, 25 marzo 2014, recurso 161/2013, y 1 de diciembre de 2015, recurso 60/2015, entre muchas otras].

B).- La segunda revisión trata de manera oblicua de introducir un aserto de lo que es propio de un juicio de valor, y no de un hecho en el sentido de cosa que sucede: que el trabajador había recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo, cuando lo que se advierte del acta de la Inspección de Trabajo es precisamente que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador, no siendo suficiente la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo. En este aspecto, y como enfatiza la Juez de instancia, y se comparte por la Sala, habría sido necesario para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN, se hubiera acreditado la formación específica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco). Esa acreditación ha quedado sin efectuarse. Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el informe pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

C).- La tercera revisión intenta insertar en el apartado histórico de la sentencia juicios de valor impropios de hacerse contar en sede fáctica para alterar y predeterminar el sentido del fallo.

D).- Al hilo de lo anterior, es preciso recordar que, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo de 2.016 (recurso 153/2015), para que prospere el motivo por el que se busca la modificación del relato fáctico, es necesario:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia.

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte.

TERCERO.-Los motivos de revisión del Derecho aplicado, y dada su íntima relación, serán examinados conjuntamente.

En el cuarto motivo se denuncia, entendemos que por error material, infracción del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que viene referido al "plan anual de auditorías".

Defiende que no le incumbe ninguna responsabilidad en el abono del recargo de prestaciones que se le imputa, ya que verificó y veló en todo momento porque AGUALIN, empresa subcontratada, cumpliese en todo momento con sus obligaciones, como así ha sido y figura en el acta recurrida, de ahí que no sea empresario infractor; que el trabajador accidentado estaba contratado en otra empresa (Agualin) y recibía órdenes y supervisión del empleador que era Agualin. Las instrucciones que el trabajador recibió en el momento del accidente fueron del responsable de la empresa, Fermín, administrador único de la sociedad; que el centro de trabajo donde se estaba prestando los servicios donde acaecieron los hechos era titularidad de la contratista principal IDS.

Finalmente, cita en este motivo la extensa STSJ de la Comunidad Valenciana de 20-07-2020, nº 2816/2020, rec. 1703/2019, que transcribe en su literalidad, pero sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

En el quinto motivo denuncia infracción del artículo 11.2 del RD 1627/1997, artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 1215/1997.

A su parecer, fue el trabajador accidentado quien contravino lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco, como ha sucedido, concurriendo imprudencia del trabajador en la aplicación del procedimiento de trabajo; que la subcontrata (contratista de primer nivel) que a su vez subcontrata un trabajo con el subcontratista de segundo nivel no está presente en la obra, bien por haber finalizado el mismo o bien por no haber empezado los trabajos y por lo tanto no puede supervisar a pie de tajo los trabajos que hacen el subcontratista; que el precepto denunciado [Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ]no le resulta aplicable ; que no entra dentro de la responsabilidad de Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A la elección de los equipos utilizados, quedando limitada dicha responsabilidad a la contratadora principal que adquiere dichos equipos, siendo además el equipo que interviene en el accidente conforme con la tarea a realizar, rompiéndose el disco por un acto imprudente del trabajador como ya quedó acreditado por la documental aportada, con lo que no se da ninguna circunstancia que derive en responsabilidad de la empresa Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A, ni en la supervisión del procedimiento de trabajo que es responsabilidad del trabajador designado de la empresa contratante, ni en la elección del equipo de trabajo; que el incumplimiento, si lo hubiere, del artículo 3 del Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, sería de la empresa Agualin, dado que es la que pone a disposición de los trabajadores el equipo de trabajo y su responsable daba las órdenes y supervisaba a los trabajadores.

En el sexto motivo denuncia infracción de los artículos 24.3 de la ley 31/95 y 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Conforme dispone el primero de los preceptos referidos: "Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

A su vez, el art 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, dispone : "La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo de la Ley de prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario".

A su juicio, y con base en esos preceptos, no cabe se le exija responsabilidad en el recargo, citando para concluir su alegato determinada doctrina judicial de un TSJ que reproduce a continuación, pero una vez más sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

CUARTO.-Dos precisiones antes de continuar:

La primera de ellas es que el apartado c) del art. 193 de la LRJS, y como viene poniendo de relieve reiteradamente esta Sección de Sala, solo permite la denuncia de infracciones jurídicas cumpliendo una serie de rigurosos requisitos:

-Exponer con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Ello implica que el Tribunal de suplicación puede examinar aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por la parte o parte recurrente, no estándole permitido abordar las infracciones no denunciadas, debiendo además estas alegaciones, efectuarse con arreglo a las referidas formalidades, no siendo suficiente a tal fin la denuncia genérica sin especificación alguna de normativa o jurisprudencia pretendidamente vulnerada.

-Citar con precisión y claridad los preceptos (constitucionales, legales reglamentarios, convencionales o cláusulas contractuales) o jurisprudencia, que se estimen infringidos, argumentando suficientemente las razones que crea la recurrente le asisten para así afirmarlo, ya que caso contrario la Sala no puede conocer pues comportaría la ruptura del principio de igualdad entre los litigantes, de las violaciones jurídicas no acusadas por y en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, el Tribunal debiera actuar de oficio.

-Indicar la forma en que se produce la infracción, en respeto al principio de igualdad y contradicción entre las partes, no siendo admisible que sea el órgano se segundo grado el que termine definiendo el recurso, completando sus omisiones y corrigiendo sus deficiencias, pues su formulación es tarea sola y exclusiva de la parte disconforme, y sobre ella ha de versar la impugnación.

-Desarrollar el oportuno argumento o razonamiento explicando en que ha consistido la infracción legal acusada, si lo ha sido por no aplicación, por aplicación indebida que supone la aplicación efectiva pero inadecuada de la norma, o por interpretación errónea que implica un conocimiento equivocado en lo que atañe a su alcance y contenido.

La segunda viene referida a que solo de una resolución del Tribunal Supremo, es predicable su condición de jurisprudencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.6, del Código Civil. Citaremos, en ese sentido, las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 11-10-2001, rec. 344/2001 y 24-11-2015, rec. 298/2014, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también del TS, las de 18-7-2013, rec. 2235/10, 5-12-2013, rec 4825/10 y 26-12-2013, rec. 2315/2012. Lo cual, no obstante y matizamos, es extensible y asimilable a las sentencias del Tribunal Constitucional (TCo), de acuerdo a los nums. 1 y 4, del art. 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial - resolución 300/2006, por ejemplo-; y a las del TJUE, en consonancia a la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del mentado TCo. Por tanto, no puede ser invocada con esa finalidad la doctrina elaborada por los diversos Tribunales Superiores de Justicia, en este caso de lo Social -TS 2-4-2018, rec. 27/2017 y 9-12-2021, rec. 3340/2019-.

En este orden de ideas la cita en el cuarto motivo del recurso del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, es deficitaria procesalmente, al no tener que ver con la controversia suscita en el proceso en curso.

Otro tanto de lo mismo cabe decir sobre la cita de sentencias de TSJ que, aparte de no erigirse en jurisprudencia, y cuya doctrina y valoraciones no se cohonestan con las cuestiones que centran el debate en el proceso en curso.

QUINTO.- I).-Para dar una adecuada respuesta a las cuestiones que centran el debate hemos de situar el recargo dentro del contexto de responsabilidades surgidas como consecuencia del accidente de trabajo.

Conforme dispone el art. 164 LGSS:

"1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Así, el accidente de trabajo tiene una primordial incidencia en la salud e integridad física de los trabajadores en cuanto que éstos arriesgan sus vidas en la realización de la prestación de sus servicios por cuenta ajena, atrayendo un elenco de ramas del Derecho y jurisdicciones afectadas, procediendo aquéllas no sólo de la Seguridad Social sino también del Derecho de Daños, del Derecho de los Seguros, del Derecho Administrativo sancionador, del Derecho Civil y Penal, así como de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, surgiendo el posible conocimiento, en las materias de su competencia, de los órdenes jurisdiccionales contencioso administrativo, social, civil y penal, arrojando un "producto normativo heterogéneo, mestizo, fruto de la mezcla de los principios normativos caracterizadores de las ramas que torrencialmente han anegado este sector del ordenamiento cuya característica definitoria más acusada es la de su extraordinaria complejidad"(Mercader Ugina).

Fragmentación y disgregación de la normativa en todo caso preocupante, al quebrarse la coherencia que el ordenamiento jurídico debe otorgar, atendiendo a unos mismos principios, a un mismo ámbito de actuación constituido por el accidente de trabajo, de ahí que sea un clamor doctrinal la necesidad de crear una Ley integral sobre los accidentes de trabajo.

En este orden de cosas, en la vertiente administrativa, para la defensa del orden público laboral o el interés general de la sociedad, destacan los hechos tipificados como faltas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, modificada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del orden Social, calificadas como leves, graves y muy graves, sujetas a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad de las normas sancionadoras y prohibición de la analogía, responsabilidad, culpabilidad, proporcionalidad y non bis in idem, al inspirarse el Derecho Administrativo sancionador por los mismos principios que el Derecho Penal. Pero existen otros tipos de "compulsión económica sobre el patrimonio", (Sagardoy) señaladamente el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, sobre el que autorizada doctrina preconiza la expulsión de nuestro ordenamiento, para lo cual se arguye su efecto desestabilizador, particularmente en el ámbito de la cuantificación de las indemnizaciones y en el procesal, de manera que sería preciso separar los aspectos propiamente disuasorios y preventivos, reservándolos a las sanciones administrativas y punitivas, intensificando si se quiere la represión a través de las multas a imponer por la autoridad administrativa laboral, previa acta deducida por la Inspección de Trabajo, y también la gravedad de las penas aparejadas a de los delitos contra la vida, salud e integridad de los trabajadores, ex - artículos 316 y 317 del Código Penal, de los aspectos reparadores, a través de las prestaciones de Seguridad Social y la indemnización civil adicional, compensando con esta última aquella parte del daño no resarcido por dichas prestaciones

Con lo que probablemente se quiera salir al paso del impacto producido por la sentencia de 2 de octubre de 2000, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso 2393/1999 , dictada en Sala General, con el voto particular de siete magistrados, que, rompiendo con las pautas doctrinales precedentes, - sentencias de la Sala IV de 2 de febrero y 12 de diciembre de 1998 - entiende que no ha de descontarse el importe del recargo de la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil.

Normalmente el recargo correrá paralelo a la sanción administrativa, sin que por ello quede afectado el principio de non bis in idem, ya que el uno y la otra enjuician los hechos desde una diferente perspectiva de defensa social, lo que permite el dictado de dos resoluciones sobre unos mismos hechos por autoridades diferentes. En el recargo de prestaciones confluyen rasgos que incidirían en su naturaleza sancionadora y que son los siguientes:

A). El recargo no puede ser objeto de seguro siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto que se realice para cubrir por esta vía la responsabilidad. ( Art 123 TRLGSS).

B). El recargo se gradúa en función de la gravedad de la infracción.

C). El recargo, en algunos casos, unido a otros instrumentos de reparación, (prestaciones de seguridad social y responsabilidad civil por daños y perjuicios) podría exceder del daño producido, con lo que pasaría a tener una función de indemnización aflictiva o punitiva.

Otros rasgos acentúan su naturaleza resarcitoria: El destino de las cantidades abonadas por el empresario no se transfiere al erario o hacienda pública, sino que pasan directamente al patrimonio del trabajador accidentado, o el de sus familiares si éste ha fallecido, en cuanto que aquí la relación es inter privatos, empresario y trabajador, mientras que en la sanción la relación es entre Administración y empresario.

El recargo se elimina cuando el trabajador fallece y no hay beneficiarios de prestaciones de supervivencia, efecto inconcebible en una sanción punitiva. No puede imponerse si no existe un daño en la salud del trabajador, pese a que la norma genérica o particular a la prevención de riesgos se haya incumplido. Bien diferente es el caso del ilícito administrativo a sancionar por la autoridad laboral, puesto que aquí basta con la puesta en peligro del bien jurídico protegido, aunque el daño para la integridad o salud del obrero no se haya producido.

Requiere el recargo en su aplicación práctica que se demuestre consistentemente que se ha producido una infracción de normas de tal carácter, tipificada como grave, con relación a las circunstancias de las máquinas, artefactos, instalaciones, centros o lugares de trabajo, ya se deduzcan de la inobservancia de medidas generales o particulares de seguridad e higiene, salubridad o adecuación personal a cada trabajo, así como que entre tal infracción y el resultado dañoso para la integridad física del trabajador, exista adecuada relación de causalidad, no interferida por causa de fuerza mayor, caso fortuito o imprudencia del propio afectado, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, que puede afectar ya a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores, criterio éste que no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en los artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores y que, con carácter general, como positivación del derecho «alterum non laedere» es elevado a rango constitucional por el art. 15 de la CE y que, en términos de gran amplitud tanto para el ámbito de las relaciones contractuales, como extracontractuales, consagra el Código Civil en sus artículos 1104 y 1902, siendo el criterio de la razonabilidad, según máximas de la diligencia ordinaria, exigibles a un empresario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, el más acorde por otra parte con los recogidos por el art. 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981 ratificado por España el 26 de julio de 1985.

El artículo 164 de la LGSS previene que si el siniestro laboral se produce a consecuencia de la infracción de normas de seguridad e higiene y salud laborales procede la imposición de un recargo sobre las prestaciones económicas, siendo los requisitos del supuesto normativo los siguientes:

A) La existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del Sistema de la Seguridad Social.

B) La falta de adopción de medidas de seguridad e higiene y salud laborales establecidas, de modo genérico o específico, en normas jurídico públicas.

C) La existencia de nexo causal entre la falta y el siniestro.

D) La existencia de un perjuicio causado por el siniestro.

II).-Tradicionalmente se ha dicho que el artículo 123 de la LGSS, actualmente 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, tras el salto conceptual operado por el artículo 27 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 22-6-56, pasando de ser una institución resarcitoria vinculada al actuar culpable empresarial a otra de carácter esencialmente punitivo, no exige la representación subjetiva del resultado por la empresa infractora, es decir, en rigor no impone la culpabilidad, que es sin embargo un presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad civil, estando más bien ante un supuesto de responsabilidad objetiva o cuasi- objetiva, lo cual es distinto e la preexistencia de la culpabilidad del agente, bastando con acreditar el incumplimiento de la medida de seguridad por el patrono integrándose el supuesto de hecho en la norma infringida con daño efectivo en la persona del trabajador. Con todo, es preciso reconocer que en la doctrina judicial encontramos interpretaciones distintas en este punto, abriéndose fisuras, destacando las sentencias de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 11 de junio y 15 de junio de 2001 , en las que se afirma que el recargo en cuestión "no es de tipo objetivo, no es una responsabilidad objetiva que sea menester imputar a la empresa en todo caso de accidente, incluso de omisión de medidas de seguridad, no se organiza así en el art. 123 de la LSS, sino que es responsabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa por la vía de la culpabilidad"(en esta misma dirección TSJ Cataluña: 12-11-91); Asturias: 14-11-91 ; Madrid: 4-1-91 ; Sevilla: 9-10-91 ; Burgos: 17-10-91).

En resumen, aunque exista infracción, no habría recargo si la misma no es la causa del accidente, relación de causalidad que ha de probarse.

Por otra parte, como señala la STS 2-10-2000, en el recurso 2393/99, el recargo es una institución específica y singular de nuestra normativa de seguridad social no subsumible plenamente en otras figuras jurídicas típicas, cuyas señas de identidad son las siguientes:

a) El recargo ostenta un carácter sancionador y, por ende, el precepto legal regulador de este aumento porcentual ha de ser interpretado restrictivamente, por lo que, partiendo de aquella naturaleza, se ha declarado que, como regla, no se aplica el recargo a las mejoras voluntarias de la acción protectora, pues aunque estén incluidas en el área protectora de la Seguridad Social y participen de los caracteres que ostentan las prestaciones propias de ésta no supone que les sean de aplicación todas las disposiciones reguladoras de las prestaciones propias e imperativas de la Seguridad Social (entre otras, SSTS/IV 20-III-1997 -recurso 2730/1996).

b) Se afirma que el recargo «es una pena o sanción que se añade a una propia prestación, previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo»(entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993, 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 20-V-1994).

c) Se trata de responsabilidad empresarial cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

d) En orden a su abono, está exento de responsabilidad el INSS como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, recayendo la responsabilidad directa y exclusivamente sobre el empresario, lo que se fundamenta como una consecuencia de su carácter sancionatorio. Además, el referido carácter del recargo y su no configuración como una verdadera prestación de la Seguridad Social, impide pueda ser objeto de aseguramiento público o privado (entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 16-XI-1993 -recurso 2339/1992, 31 -I- 1994 - recurso 4028/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993 , 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 -recurso 821/1993 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 23-III-1994 -recurso 2686/1993 , 20-V-1994 -recurso 3187/1993 , 22-IX-1994 -recurso 801/1994) .

e) En la vía del recurso judicial, es dable controlar la cuantía porcentual del recargo fijada por Juez de instancia, habiéndose declarado que la Sala de lo Social del TSJ que conoce del recurso de suplicación puede modificar la cuantía porcentual del recargo de prestaciones fijada en la instancia cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con la directriz legal de fijarse en atención a la «gravedad de la falta» ( STS/IV 19-I-1996 -recurso 536/1995. No se hace, por tanto, referencia en la doctrina jurisprudencial a la proporcionalidad de la cuantía del recargo con la gravedad del daño causado al trabajador accidentado o con su situación de necesidad derivada de las consecuencias de la contingencia profesional sufrida, sino con la gravedad de la infracción cometida por el empresario.

f) En orden a la problemática específica del alcance de la responsabilidad empresarial sobre el recargo en caso de contratas y subcontratas, se constituye como elemento decisivo para determinar la responsabilidad de los empresarios concurrentes la idea del «empresario infractor», al que atribuye la responsabilidad el art. 123.2 LGSS ( SSTS/IV 18-IV-1992 -recurso 1178/1991 y 16-XII-1997 -recurso 136/1997).

También en la STS 2-10-2000, antes reseñada, se hace hincapié en las singulares características de recargo, indicando que:

a) La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

b) Se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente.

c) Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se declara independiente y compatible con las responsabilidades de todo otro orden, y en vez de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el accidentado o sus causahabientes, como personas que han sufrido directamente la infracción empresarial, y dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del daño, quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que tengan derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido.

d) La posible coexistencia del recargo con una sanción administrativa no comportaría vulneración del principio «non bis in idem», pues conforme a la jurisprudencia constitucional «la regla "non bis in idem" no siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o laboral) y que por su misma naturaleza «sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior» ( STC 158/1985 de 26-XI ), en tesis concordante con la jurisprudencia ordinaria (entre otras, STS/III 30-V-2000 ), destacándose doctrinalmente que es indudable que recargo de prestaciones y sanción administrativa no contemplan el hecho desde «la misma perspectiva de defensa social», pues mientras el recargo crea una relación indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de imponer la protección a los trabajadores.

e) De consistir el recargo ahora analizado en una mera indemnización y siendo ésta, en su caso, a cargo exclusivo de la empresa y en favor del accidentado o de sus beneficiarios, carecería de fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en vía administrativa resolviendo sobre su procedencia y porcentaje del incremento ( art. 1.1.e Real Decreto 1300/1995 de 21-VII) pues, en tal caso, despojado el recargo de su aspecto público o sancionador, se estaría ante un simple litigio entre particulares del que sólo podrían directamente conocer los órganos jurisdiccionales.

f) De adoptarse la tesis contraria a la que ahora se sustenta, resultaría que de haberse fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo podría invocarse en el ulterior expediente administrativo de determinación de la existencia de infracción de medidas de seguridad e imposición de recargo sobre las prestaciones , así como en el posterior procedimiento impugnatorio, que los daños causados ya estaban plenamente compensados con aquélla indemnización lo que impediría entrar a conocer de la cuestión de la procedencia o improcedencia del recargo. Evidenciando que si se integra la indemnización de daños y perjuicios con el importe del posible recargo no existiría esa responsabilidad en el pago del recargo «independiente... con las de todo orden... que puedan derivarse de la infracción» como preceptúa el citado art. 123 LGSS.

g) En suma, nuestro ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores afectados, uno originado por una conducta empresarial infractora de medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción, quiere que exista una desigualdad, que es dable calificar de objetiva y razonable, en orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza a percibir por el accidentado o sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto en que concurran declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de riesgos laborales. La referida desigualdad desaparecería, por motivos distintos a los de la gravedad de la infracción, de seguirse la tesis contraria a la que ahora se establece.

III).-Como apuntan las SSTS de 18 de abril de 2012, rec. 1651/2011 y 1 de febrero de 2012, rec. 1655/2011, la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada por el empresario demostrando que actuó con la debida diligencia, más allá incluso de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil, en doctrina que ha hecho suya el legislador al incluirla en el art. 96.2 de la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral - Ley 36/2011, de 10 de octubre-, al establecer que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

Tanto en el Código del Trabajo de 1926 como en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 la «deuda de seguridad»del empresario aparece claramente reconocida.

El art. 7 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971 en el Trabajo, por su parte, estableció como obligación del empresario la de «adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa».

Y el art. 19.1 del ET de 1980, desde su entrada en vigor, reza que «el trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene».

Ambos preceptos, por consiguiente, incorporaban ya enunciados de la obligación general de seguridad del empresario. Con todo, como ha señalado unánimemente la doctrina, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, constituye un cambio sustancial de cosas, por cuanto en el contexto protector que la Ley define, que es transposición del previsto en la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del Consejo, de Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y que engarza constitucionalmente con el reconocimiento del derecho a la vida y a la integridad física y moral ( art. 15 CE) y con la encomienda a los poderes públicos de «velar por la seguridad e higiene en el trabajo»(art. 40), la obligación general de seguridad adquiere plenitud normativa.

El Tribunal Constitucional en sentencia de 27 de marzo del 2007 habla de la LPRL como «concreción legal [...] en el ámbito de la prestación de trabajo (de) la protección constitucional que impone esta tutela de los l trabajadores, por virtud de las exigencias de diversos derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE »,para, renglón seguido, aludir a los términos del art. 14 LPRL. Y en la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de septiembre del mismo año. Esta «dimensión constitucional»del deber de seguridad y salud no es sino una manifestación de ese carácter de pieza clave en el sistema de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo diseñado por el legislador al que aludíamos.

La principal previsión que contiene el art. 14 de la LPRL es el reconocimiento de la obligación general de seguridad del empresario, reconocimiento que se lleva a cabo estableciendo un deber empresarial correlativo al derecho a la protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo que reconoce a los trabajadores: «Los trabajadores-reza el precepto- tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

El alcance de la obligación empresarial se determina después en el propio precepto, a través de un doble expediente: 1.º En primer lugar, precisando los principales contenidos de la obligación empresarial, que son contenidos de naturaleza preventiva, y el grado de diligencia que va a ser exigible al empresario. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud del trabajador a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo ( art. 14.2 LPRL) .

Por consiguiente, para la Ley todas estas obligaciones empresariales constituyen manifestación del deber de protección, que se desgrana en una serie de obligaciones específicas: obligación de evitar los riesgos ( art. 15.1 LPRL) , obligación de evaluar los riegos que no se puedan evitar y de planificar la acción preventiva en la empresa ( arts. 14.2 y 16 LPRL) , obligación de proporcionar al trabajador los equipos de trabajo y los medios de protección individual adecuados ( arts. 15 y 17 LPRL) , obligación de dar información, consultar y dar participación a los trabajadores ( art. 14 , 15 , 18 y Capítulo V LPRL ), obligación de proporcionar formación a los trabajadores individuales en materia preventiva ( arts. 14 y 19 LPRL) , obligación de elaborar un plan de emergencia ( arts. 14 y 20 LPRL) , obligación de adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores ( arts. 14 y 22 LPRL) , obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores ( art. 22 LPRL) y obligación de constituir un sistema de prevención dotado de los recursos preventivos necesarios ( arts. 14 y Cap. IV LPRL) .

El incumplimiento de estas obligaciones específicas implica el incumplimiento de la obligación general de seguridad, pero su cumplimiento no enerva el contenido de ésta, pues como expresamente se dice en la propia Exposición de Motivos de la LPRL la obligación seguridad del empresario «desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple coerción a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas».

Como el legislador se encargó de subrayar con la reforma que de la LPRL llevó a cabo la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, la obligación general de seguridad tiene un contenido básicamente preventivo. Esta dimensión preventiva, patente en la Directiva Marco, había sido plenamente asumida por el legislador de 1995, pero el de 2003, consciente de la deficiente aplicación del modelo legal, ha querido reforzarla.

La forma de «garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo»es la adopción de un sistema preventivo integrado y el eficaz funcionamiento del mismo. «En cumplimiento del deber de protección [...], el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes [...] El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo».

Por tanto, la primera y principal manifestación del cumplimiento de la obligación de seguridad exigible al empresario va a ser la elaboración de un completo plan de prevención, que suprima cuantos riesgos puedan evitarse, identifique, controle y proteja de los demás y haga del conjunto de medidas e instrumentos exigidos por la Ley y de los que la evolución técnica o las necesidades singulares de la empresa hayan podido aconsejar, un conjunto coherente y eficaz; un programa preventivo que debe integrarse en la organización de la empresa y actualizarse permanentemente para «garantizar la seguridad y salud en el trabajo»,que es, al cabo, lo que se pretende conseguir.

Esta planificación preventiva permite concretar en cada caso el alcance de la obligación de seguridad empresarial, en función de las prestaciones de trabajo contractualmente exigibles, de sus circunstancias técnicas y de las condiciones ambientales del lugar en el que se realiza la actividad ( STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, 2-II-2007, Rec. 2096/2006). La prevención y la integración de la misma en el proceso productivo son, en definitiva, los instrumentos mediante los cuales el legislador pretende que la tutela prestada por el Ordenamiento sea una tutela real y eficaz, que no se limite al mero cumplimiento de obligaciones formales que, así interpretadas, se han revelado ineficaces para garantizar la «seguridad integrada».

IV).-La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

En el apartado 4 del art. 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador".

Finalmente, el art. 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

Del juego de dichos preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado.Habiendo declarado reiterada jurisprudencia de unificación que el empresario no cumple sólo con la dotación del equipo sino que también ha de velar porque se utilice y se haga de forma correcta: la deuda de seguridad no se agota con dar a los trabajadores los medios normales de protección sino que el empresario viene además obligado a la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones, que deben tender no sólo a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea el servicio encomendado, sino además la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales, pudiendo impedir, si fuera necesario, la actividad laboral de quienes incumplan el debido uso de aquéllos ( Sentencias del Tribunal Supremo 6.2.1995, 24.5.1996, 27.2.1997 y 8.10.2001 entre muchas otras).

La jurisprudencia ha señalado en ocasiones que tan sólo excluye el recargo si la imprudencia del trabajador se produce por actos ajenos al conocimiento y previsibilidad del patrono o después de advertencia específica del riesgo concreto de siniestralidad que es desatendida por el obrero ( STSJ País Vasco 1 diciembre 1994 que recoge la doctrina sentada en las del TS de 26 febrero 1974 y 28 mayo 1975).

La imprudencia temeraria, de conformidad con lo prescrito en la LGSS, elimina la calificación del accidente como de trabajo. Por otro lado, la imprudencia profesional, si bien no destruye la presunción de laboralidad del accidente y por ello mismo, no elimina la protección que al mismo brinda la legislación social, sí exonera al empresario del pago del recargo de prestaciones para el supuesto de que el empresario observara o cumpliera sus obligaciones informativas, formativas, y preventivas en general,de tal modo que para que una imprudencia rompa el nexo causal entre el comportamiento empresarial y el resultado lesivo, y éste no sea declarado responsable del accidente o enfermedad causados, se debe analizar si el accidente se hubiera evitado con la adopción de medidas por parte del empresario, medidas exigibles en función de la diligencia debida que hacían al riesgo previsible y evitable, aun en presencia de un comportamiento imprudente. El empresario será responsable si la empresa no puso los medios de protección aunque el accidentado actuara imprudentemente, y procederá declarar la responsabilidad patronal.

V).-Para clarificar y dar coherencia al debate, es menester partir de lo solventado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 18-9-2018, rec. 144/2017, donde con cita de otras precedentes, llega a las siguientes conclusiones:

"...La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.

La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.

La empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.

En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad....

...Que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.

También debe considerarse errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables....

...en sintonía con la expuesta posibilidad de extender al empresario principal la responsabilidad por el recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad, pero a condición de que concurran incumplimientos determinantes del accidente acaecido...".

Por otra parte, y como matiza la STS de 23 de enero de 2025, nº 48/2025, recurso 2396/2022, cuando un accidente laboral ocurre en un ámbito donde la empresa principal no tiene ningún medio personal ni humano, no es posible imponer a la misma un recargo prestaciones derivado del deber de vigilancia de las normas de seguridad en el trabajo ya que no se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

El marco normativo de aplicación es este:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 24.3:

"Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

- Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, artículo 42.3:

"La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal".

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, artículo 10:

"1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas".

SEXTO.-Sentadas estas bases y premisas, adelantamos que asumimos la responsabilidad de SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA en el recargo de prestaciones impuesto, y todo ello por las consideraciones que pasamos a exponer:

1.- El acta de infracción de la Inspección de Trabajo aprecia correctamente la responsabilidad solidaria de las empresas contratista principal IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU y SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA, junto a SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL por infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa empleadora ha vulnerado el deber de seguridad y salud del trabajador a su servicio en materia de condiciones materiales relacionadas con la elección y utilización de equipos.

En la investigación inspectora, se han acreditado los siguientes hechos:

-Se eligió y se utilizó un equipo de trabajo inadecuado y no adaptado a las condiciones del trabajo que debía realizarse desde el punto de vista de la seguridad.

-En fecha 11-4-18, la empresa ordenó al trabajador que realizase el corte de una tubería, dicha tubería, era de PVC. La tubería que iba a ser cortada, estaba al ras del forjado. Se utilizó una máquina mecánica agresiva, una radial, provista de disco de corte. Dicha operación, se realizó contraviniendo las propias instrucciones del fabricante establecidas sobre la aplicación y el uso de la radial. El trabajador empuñó la radial, con una sola mano (la derecha) y posicionó la otra mano, en el recorrido de acción del disco de corte. En el proceso de corte, el disco encontró resistencia, se partió, proyectándose de forma descontrolada y alcanzando la mano izquierda del trabajador.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción). IDSCONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contrato de prestación de servicios, de fechas 6-11-17 y 13-11-17 encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos, instalaciones y calefacción" a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato" a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). Según dicho anexo, se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparato sanitario, de radiadores, calderas y acumuladores". Los contratos y subcontratos formalizados, tienen por objeto la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de dichas empresas. Dichas actividades fueron ejecutadas en el centro de trabajo de las mismas: Obra, situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El incumplimiento producido en materia de elección y utilización de equipos, se produjo durante la vigencia de dichas contratas y subcontratas, en el centro de trabajo ya indicado, afectando al trabajador de SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL.

3.- El hecho de que el centro de trabajo donde se estaban prestando los servicios y donde acaecieron los hechos fuera de titularidad de la contratista principal IDS no impide que SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO como cadena de subcontratación de primer nivel sea empresario infractor, al no constar hubiera comprobado y vigilado, empleando la diligencia debida, que el trabajador contratado por PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL recibiera una formación e información en condiciones de garantía para impedir el accidente, ( artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero) .

4.- Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar cumplidos los requerimientos propios de formación e información.

5.- Las empresas subcontratistas no han velado porque en el desarrollo de los trabajos se siguiesen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

6.- Muy llamativa es, a este respecto, la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras "que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial".

7.- La actividad de construcción implica una elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

8.- La siniestralidad laboral en España ha experimentado un notable repunte, como lo demuestran los recientes datos estadísticos, en 2024 y principios de 2025, con los accidentes mortales aumentando un 10,4% en 2024 (796 fallecidos). Sectores como construcción, industria y servicios lideran las cifras de mortalidad, con un 91% de víctimas masculinas.

Por tanto, la finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es primordialmente preventiva y disuasoria: evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

9.- La responsabilidad empresarial en el recargo de prestaciones es cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

10.- En todo caso no apreciamos imprudencia temeraria del trabajador, ni que tenga cabida la denominada compensación de culpas, ya que, de haber recibido el operario accidentado una formación eficaz y con garantías el accidente se habría evitado, por lo que el hecho de que no empuñara las dos manos en el uso de la radial o que se utilizase en el suelo o superficies duras no es suficiente para exonerar de responsabilidad a ninguna de las empresas, contratista principal y subcontratistas.

11.-No es suficiente la realización de un curso presencial de formación de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

12.- Las actividades que dieron lugar al accidente fueron ejecutadas en el centro de trabajo de todas empresas, tanto de contratista principal como de las subcontratistas, obra situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Así lo pone de manifiesto el acta de la Inspección de Trabajo.

13.- Es precisamente en el marco de coordinación de la cadena de subcontratación que se exige evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y, por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos

En definitiva, se impone desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida que no ha infringido la normativa y jurisprudencia denunciada.

Sin que haya lugar a condena en costas, dado que el recurso no ha sido impugnado ( art. 235 LRJS) , con pérdida del depósito constituido para recurrir ( art. 204.4 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,

PRIMERO.- I).-La sentencia aquí impugnada, emitida por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid el 12 de mayo de 2025, en el procedimiento 45/2022, ha desestimado la demanda rectora del proceso en curso, promovida por SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU, SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, y Don Jenaro (este último no compareció al acto del juicio pese a estar debidamente citado) en la que solicitaba se dictara sentencia en cuya virtud se declarara la anulación del recargo de prestaciones impuesto por Resolución del INSS de 3 de diciembre de 2019, declarando la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo sufrido por Don Jenaro, estableciendo el recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del mismo, y condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración; y, subsidiariamente, y para el caso de entenderse existe su responsabilidad , se aplique la concurrencia de culpas con el trabajador con moderación del recargo.

II).-La sentencia de referencia basa su decisión sobre los siguientes extremos fácticos de interés y que se deducen tanto de los hechos probados como de los que aparecen en la fundamentación jurídica con tal carácter, así como de los insertados por remisión al acta de la Inspección de Trabajo, y que conviene desde ahora centrar y clarificar, facilitando así su comprensión a las partes, metodología esta que es la que juzgamos más correcta para salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza la Carta Magna en su artículo 24, amén de dar cumplimiento al mandato expresado por el artículo 218 de la LEC, de aplicación subsidiaria en nuestra jurisdicción social, y entre cuyas previsiones figuran las relativas a la motivación, a las que concretando el deber genérico exigido por el art. 120.3 de la Constitución, hace referencia expresa el apartado 2 de la norma procesal civil antes indicada al señalar que:

"Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón",al igual que el art. 97.2 del texto adjetivo laboral cuando, en lo que aquí interesa, dispone que la sentencia "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión (...)".

1.- Don Jenaro sufrió accidente de trabajo el 11 de abril de 2018 mientras prestaba servicios para la entidad AGUALIN con categoría profesional de ayudante especialista y antigüedad de 10 de junio de 2015.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción).

3.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contratos de prestación de servicios de fechas 6 11-17 y 13 11-17, encarga la ejecución de las partidas de saneamientos, instalaciones y calefacción a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato"a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). En el anexo del contrato se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparatos sanitarios, de radiadores, calderas y acumuladores".

4.- El día del accidente de trabajo Don Jenaro se encontraba en una de las viviendas que constituían la obra, cortando con una radial (herramienta eléctrica, marca HILTI AG125-A22) un tubo de PVC de 40 mm que bajaba por una pared, por el suelo y por el forjado hasta la segunda planta. Estaba cortando el tramo ubicado por encima del suelo, a ras del forjado, rompiéndose el disco que le saltó a la mano izquierda (la radial estaba siendo empuñada con la mano derecha) provocando un corte que requirió asistencia en servicio de urgencias hospitalario.

5.- El trabajador accidentado había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El disco se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre esa superficie.

6.- La radial contaba con carcasa superior de protección del disco de corte. El demandante utilizó como Epis guantes y gafas. El guante de seguridad era de material especial para prevenir cortes. El fragmento de disco impactó por encima de la cobertura del guante.

7.- En el Libro de Incidencias, por persona con funciones de coordinación de seguridad y salud, se efectuó anotación al día siguiente del accidente señalando que el corte en la muñeca se había producido al cortar un tubo de pvc sobre el forjado de una determinada planta. Como acción correctora, se señala que, hasta el conocimiento de mayores datos, se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

8. Se elaboró un Plan de Seguridad y Salud por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel).

En la evaluación de riesgos de la radial se identifica el riesgo de proyección del disco o fragmentos en caso de rotura. Como medida preventiva se señala el empleo de la herramienta con la carcasa de protección instalada en todo momento sin forzar el corte del disco para evitar torsiones y giros violentos del mismo.

9.- En el manual del fabricante como consigna de seguridad se señala que debe ser utilizado por personal cualificado y formado en la utilización, requiriendo sujeción con ambas manos por la empuñadora.

10.- Consta recepción por el trabajador accidentado y por SANEAMIENTOS de hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros extremos, se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

11.- En información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido. No someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco.

12.- Tras el accidente el trabajador inició proceso de Incapacidad Temporal que se mantuvo desde esa fecha (11 de abril de 2018) y hasta la posterior declaración de Incapacidad Permanente Total el 20 de agosto de 2019.

III).-A partir de las premisas que anteceden la Magistrada que firma la sentencia de instancia, después de realizar un loable esfuerzo intelectual y estudiar con rigor la institución jurídica del recargo de prestaciones, que ha hecho correr ríos de tinta tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, asienta sus conclusiones -que ya adelantamos nos parecen cabales y ecuánimes- en las siguientes ideas fuerza:

"(.....) en el supuesto que se somete a consideración se encuentran elementos suficientes que permiten confirmar la resolución que acuerda el recargo.

Existe incumplimiento laboral sobre medidas de seguridad, se han producido unos daños, existe relación de causalidad y existe desde un punto de vista, razonable y prudente, responsabilidad en la actuación empresarial, al no haberse aplicado todas las actuaciones que hubieran evitado el accidente.

Considera la empleadora el concurso de actuación imprudente por el trabajador accidentado (ante la ausencia de utilización de ambas manos al manejar la radial y al haber utilizado la misma sobre una superficie que como ocurrrió podía provocar la rotura del disco) y ello, pese a haberse comprobado por la Inspección de Trabajo que se omitieron las medidas tanto formativas como las que hubieran debido impedir que la herramienta se utilizara incorrectamente.

Constata la Inspección de Trabajo que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador constando y de forma algo confusa la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

En este aspecto hubiera servido para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN se hubiera acreditado la formación especifica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco).

Esa acreditación ha quedado sin efectuarse.

Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

Si bien es inviable que se encuentre una persona supervisando todas los cometidos que se lleven a cabo, al menos hubiera servido la evidencia de que se efectuaba un seguimiento sobre la adecuada utilización de las radiales en ambos aspectos (la empuñadora con ambas manos y la inviabilidad de utilizarla sobre superficie que generase rotura del disco).

Ante la ponderación de obligaciones entre que el trabajador debió haber leído y seguido las indicaciones de la hoja informativa de INSUR, prevalece con mayor entidad la obligación de seguridad tanto de la empleadora directa como de las contratistas o subcontratistas de velar porque en el desarrollo de los trabajos se siguen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

Significativa es a este respecto la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

Haber acreditado que así se informaba a las personas trabajadoras hubiera servido para contrastar lo concluido por la Inspección de Trabajo. Obsérvese que en la nota correcta no se incluye la necesidad de empuñadora con ambas manos.

Se ponen de manifiesto, en consecuencia, los elementos determinantes del recargo por omisión de medidas de seguridad.

(........) En la situación analizada, la actividad de construcción implica elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

Por lo expuesto, se considera adecuada la imposición del porcentaje en el grado del 30% de la que han de responder solidariamente las entidades codemandantes en función de las obligaciones que al respecto les incumbe en su condición de contratistas y subcontratistas. Es precisamente, esa cadena de prevención la que debe evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos".

SEGUNDO.- I).-Disconforme se alza en suplicación la empresa demandante SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO, S.A, mostrando su rechazo a lo resuelto a través de seis motivos: los tres primeros por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS; y los tres siguientes articulados al amparo del apartado c) de ese mismo precepto procesal.

Conviene reparar que si bien AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL anunció recurso de suplicación finalmente no lo formalizó en plazo, teniéndose a esta empresa desistida tácitamente del mismo.

El recurso no ha sido impugnado por el resto de empresas y entidades gestoras codemandadas.

II).-El primer motivo pretende la revisión del hecho probado cuarto, apartado IV, a fin de darle esta redacción:

"Consta recepción por el trabajador accidentado y por AGUALINde hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

El segundo motivo pretende adicionar al hecho probado segundo un nuevo apartado VI del siguiente tenor:

"D. Jenaro, ha recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo.

El trabajador recibió información sobre "el uso de la sierra amoadora angular". En dicho documento consta: Riesgo de cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo que puedan afectar a cualquier parte del cuerpo. Como medidas de prevención cita: "No cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar y romperse o salir despedido. No someter el disco a sobreesfuerzos, lateraleso de torsión o por aplicación dé una presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco... Epis: Gafas con montura y oculares de protección contra impactos, clase C o D con protección adicional inferior, temporal y superior tipo 555 o 777, protección auditiva, mascarilla antipolvo y guantes de trabajo.

Con anterioridad al accidente al AGUALIN le había facilitado al trabajador:

· Plan de seguridad y salud de la obra y las actas suscritas de adhesión al mismo ( Folios 53 a 143 del informe pericial), así mismo consta en el expediente aportado por Inspección de Trabajo.

· Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de trabajo de instalador (folio 63 a 65).

· Respecto al equipo de trabajo causante del accidente: La evaluación de riesgos y el manuel de empleo y seguridad del fabricante (53 a 55)

· Justificante de entrega de EPIS al trabajador y el folleto informativo de características técnicas de los guantes de seguridad" ( folio del informe (folio 137 a 143).

En el tercer motivo interesa modificar el hecho probado cuarto apartado I, proponiendo esta redacción:

"El trabajador había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El trabajador contraviene lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco como lo sucedido, se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre la superficie. El accidente se produce sin lugar a dudas por una imprudencia del trabajador, habiendo estado presente la persona responsable de la empresa agualin ( Fermín) y habiendo comprado este el material. Siendo este el responsable.

En el mismo sentido se expresa el documento de información que el contratista principal INSUR facilita a los subcontratistas y que respecto al uso de radial manifiesta:

En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación preferiblemente se colocará la pieza sobre un banco de trabajo, fijándola con gatos o mordazas".

El punto de partida para la respuesta a los motivos revisorios así planteados viene dado por la doctrina emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 22 de noviembre de 2023 (Rec. 113/2021) y 22 de febrero de 2024 (Rec. 23/2022), en el sentido de que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS únicamente al juzgador de instancia (...) por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación".

En definitiva, las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las leyes y a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes

Dicho esto, no aceptamos ninguna de las revisiones postuladas por las consideraciones que pasamos a desglosar:

A).- La primera revisión tiene como sustento el informe pericial de parte, el cual ha sido valorado por el órgano de primer grado con las amplias facultades que le reconoce el artículo 97 LRJS atendiendo a las reglas de la sana crítica, informe que ha sido sopesado en unión de la información pública administrativa conformada por el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, además del resto de prueba practicada en el plenario, a lo que añadiremos que no deviene trascendente en la medida que el Plan de Seguridad y Salud se había elaborado por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel); y en la información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención ya se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido; no someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco; es decir, la recurrente ya tenía tal información en su poder al objeto de poder vigilar y supervisar el cumplimiento de la medida de seguridad prevista, y evitar con ello el resultado lesivo producido por el accidente de trabajo. Y, recordemos, la revisión pretendida ha de ser trascendente para modificar el fallo de la sentencia, ya que el principio de economía procesal impide incorporar (o suprimir) hechos cuya inclusión (o exclusión) no conduzca a nada práctico [ STS de 28 mayo 2013, recurso 5/2012, 3 julio 2013, recurso 88/2012, 25 marzo 2014, recurso 161/2013, y 1 de diciembre de 2015, recurso 60/2015, entre muchas otras].

B).- La segunda revisión trata de manera oblicua de introducir un aserto de lo que es propio de un juicio de valor, y no de un hecho en el sentido de cosa que sucede: que el trabajador había recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo, cuando lo que se advierte del acta de la Inspección de Trabajo es precisamente que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador, no siendo suficiente la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo. En este aspecto, y como enfatiza la Juez de instancia, y se comparte por la Sala, habría sido necesario para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN, se hubiera acreditado la formación específica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco). Esa acreditación ha quedado sin efectuarse. Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el informe pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

C).- La tercera revisión intenta insertar en el apartado histórico de la sentencia juicios de valor impropios de hacerse contar en sede fáctica para alterar y predeterminar el sentido del fallo.

D).- Al hilo de lo anterior, es preciso recordar que, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo de 2.016 (recurso 153/2015), para que prospere el motivo por el que se busca la modificación del relato fáctico, es necesario:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia.

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte.

TERCERO.-Los motivos de revisión del Derecho aplicado, y dada su íntima relación, serán examinados conjuntamente.

En el cuarto motivo se denuncia, entendemos que por error material, infracción del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que viene referido al "plan anual de auditorías".

Defiende que no le incumbe ninguna responsabilidad en el abono del recargo de prestaciones que se le imputa, ya que verificó y veló en todo momento porque AGUALIN, empresa subcontratada, cumpliese en todo momento con sus obligaciones, como así ha sido y figura en el acta recurrida, de ahí que no sea empresario infractor; que el trabajador accidentado estaba contratado en otra empresa (Agualin) y recibía órdenes y supervisión del empleador que era Agualin. Las instrucciones que el trabajador recibió en el momento del accidente fueron del responsable de la empresa, Fermín, administrador único de la sociedad; que el centro de trabajo donde se estaba prestando los servicios donde acaecieron los hechos era titularidad de la contratista principal IDS.

Finalmente, cita en este motivo la extensa STSJ de la Comunidad Valenciana de 20-07-2020, nº 2816/2020, rec. 1703/2019, que transcribe en su literalidad, pero sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

En el quinto motivo denuncia infracción del artículo 11.2 del RD 1627/1997, artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 1215/1997.

A su parecer, fue el trabajador accidentado quien contravino lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco, como ha sucedido, concurriendo imprudencia del trabajador en la aplicación del procedimiento de trabajo; que la subcontrata (contratista de primer nivel) que a su vez subcontrata un trabajo con el subcontratista de segundo nivel no está presente en la obra, bien por haber finalizado el mismo o bien por no haber empezado los trabajos y por lo tanto no puede supervisar a pie de tajo los trabajos que hacen el subcontratista; que el precepto denunciado [Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ]no le resulta aplicable ; que no entra dentro de la responsabilidad de Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A la elección de los equipos utilizados, quedando limitada dicha responsabilidad a la contratadora principal que adquiere dichos equipos, siendo además el equipo que interviene en el accidente conforme con la tarea a realizar, rompiéndose el disco por un acto imprudente del trabajador como ya quedó acreditado por la documental aportada, con lo que no se da ninguna circunstancia que derive en responsabilidad de la empresa Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A, ni en la supervisión del procedimiento de trabajo que es responsabilidad del trabajador designado de la empresa contratante, ni en la elección del equipo de trabajo; que el incumplimiento, si lo hubiere, del artículo 3 del Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, sería de la empresa Agualin, dado que es la que pone a disposición de los trabajadores el equipo de trabajo y su responsable daba las órdenes y supervisaba a los trabajadores.

En el sexto motivo denuncia infracción de los artículos 24.3 de la ley 31/95 y 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Conforme dispone el primero de los preceptos referidos: "Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

A su vez, el art 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, dispone : "La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo de la Ley de prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario".

A su juicio, y con base en esos preceptos, no cabe se le exija responsabilidad en el recargo, citando para concluir su alegato determinada doctrina judicial de un TSJ que reproduce a continuación, pero una vez más sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

CUARTO.-Dos precisiones antes de continuar:

La primera de ellas es que el apartado c) del art. 193 de la LRJS, y como viene poniendo de relieve reiteradamente esta Sección de Sala, solo permite la denuncia de infracciones jurídicas cumpliendo una serie de rigurosos requisitos:

-Exponer con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Ello implica que el Tribunal de suplicación puede examinar aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por la parte o parte recurrente, no estándole permitido abordar las infracciones no denunciadas, debiendo además estas alegaciones, efectuarse con arreglo a las referidas formalidades, no siendo suficiente a tal fin la denuncia genérica sin especificación alguna de normativa o jurisprudencia pretendidamente vulnerada.

-Citar con precisión y claridad los preceptos (constitucionales, legales reglamentarios, convencionales o cláusulas contractuales) o jurisprudencia, que se estimen infringidos, argumentando suficientemente las razones que crea la recurrente le asisten para así afirmarlo, ya que caso contrario la Sala no puede conocer pues comportaría la ruptura del principio de igualdad entre los litigantes, de las violaciones jurídicas no acusadas por y en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, el Tribunal debiera actuar de oficio.

-Indicar la forma en que se produce la infracción, en respeto al principio de igualdad y contradicción entre las partes, no siendo admisible que sea el órgano se segundo grado el que termine definiendo el recurso, completando sus omisiones y corrigiendo sus deficiencias, pues su formulación es tarea sola y exclusiva de la parte disconforme, y sobre ella ha de versar la impugnación.

-Desarrollar el oportuno argumento o razonamiento explicando en que ha consistido la infracción legal acusada, si lo ha sido por no aplicación, por aplicación indebida que supone la aplicación efectiva pero inadecuada de la norma, o por interpretación errónea que implica un conocimiento equivocado en lo que atañe a su alcance y contenido.

La segunda viene referida a que solo de una resolución del Tribunal Supremo, es predicable su condición de jurisprudencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.6, del Código Civil. Citaremos, en ese sentido, las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 11-10-2001, rec. 344/2001 y 24-11-2015, rec. 298/2014, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también del TS, las de 18-7-2013, rec. 2235/10, 5-12-2013, rec 4825/10 y 26-12-2013, rec. 2315/2012. Lo cual, no obstante y matizamos, es extensible y asimilable a las sentencias del Tribunal Constitucional (TCo), de acuerdo a los nums. 1 y 4, del art. 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial - resolución 300/2006, por ejemplo-; y a las del TJUE, en consonancia a la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del mentado TCo. Por tanto, no puede ser invocada con esa finalidad la doctrina elaborada por los diversos Tribunales Superiores de Justicia, en este caso de lo Social -TS 2-4-2018, rec. 27/2017 y 9-12-2021, rec. 3340/2019-.

En este orden de ideas la cita en el cuarto motivo del recurso del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, es deficitaria procesalmente, al no tener que ver con la controversia suscita en el proceso en curso.

Otro tanto de lo mismo cabe decir sobre la cita de sentencias de TSJ que, aparte de no erigirse en jurisprudencia, y cuya doctrina y valoraciones no se cohonestan con las cuestiones que centran el debate en el proceso en curso.

QUINTO.- I).-Para dar una adecuada respuesta a las cuestiones que centran el debate hemos de situar el recargo dentro del contexto de responsabilidades surgidas como consecuencia del accidente de trabajo.

Conforme dispone el art. 164 LGSS:

"1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Así, el accidente de trabajo tiene una primordial incidencia en la salud e integridad física de los trabajadores en cuanto que éstos arriesgan sus vidas en la realización de la prestación de sus servicios por cuenta ajena, atrayendo un elenco de ramas del Derecho y jurisdicciones afectadas, procediendo aquéllas no sólo de la Seguridad Social sino también del Derecho de Daños, del Derecho de los Seguros, del Derecho Administrativo sancionador, del Derecho Civil y Penal, así como de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, surgiendo el posible conocimiento, en las materias de su competencia, de los órdenes jurisdiccionales contencioso administrativo, social, civil y penal, arrojando un "producto normativo heterogéneo, mestizo, fruto de la mezcla de los principios normativos caracterizadores de las ramas que torrencialmente han anegado este sector del ordenamiento cuya característica definitoria más acusada es la de su extraordinaria complejidad"(Mercader Ugina).

Fragmentación y disgregación de la normativa en todo caso preocupante, al quebrarse la coherencia que el ordenamiento jurídico debe otorgar, atendiendo a unos mismos principios, a un mismo ámbito de actuación constituido por el accidente de trabajo, de ahí que sea un clamor doctrinal la necesidad de crear una Ley integral sobre los accidentes de trabajo.

En este orden de cosas, en la vertiente administrativa, para la defensa del orden público laboral o el interés general de la sociedad, destacan los hechos tipificados como faltas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, modificada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del orden Social, calificadas como leves, graves y muy graves, sujetas a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad de las normas sancionadoras y prohibición de la analogía, responsabilidad, culpabilidad, proporcionalidad y non bis in idem, al inspirarse el Derecho Administrativo sancionador por los mismos principios que el Derecho Penal. Pero existen otros tipos de "compulsión económica sobre el patrimonio", (Sagardoy) señaladamente el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, sobre el que autorizada doctrina preconiza la expulsión de nuestro ordenamiento, para lo cual se arguye su efecto desestabilizador, particularmente en el ámbito de la cuantificación de las indemnizaciones y en el procesal, de manera que sería preciso separar los aspectos propiamente disuasorios y preventivos, reservándolos a las sanciones administrativas y punitivas, intensificando si se quiere la represión a través de las multas a imponer por la autoridad administrativa laboral, previa acta deducida por la Inspección de Trabajo, y también la gravedad de las penas aparejadas a de los delitos contra la vida, salud e integridad de los trabajadores, ex - artículos 316 y 317 del Código Penal, de los aspectos reparadores, a través de las prestaciones de Seguridad Social y la indemnización civil adicional, compensando con esta última aquella parte del daño no resarcido por dichas prestaciones

Con lo que probablemente se quiera salir al paso del impacto producido por la sentencia de 2 de octubre de 2000, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso 2393/1999 , dictada en Sala General, con el voto particular de siete magistrados, que, rompiendo con las pautas doctrinales precedentes, - sentencias de la Sala IV de 2 de febrero y 12 de diciembre de 1998 - entiende que no ha de descontarse el importe del recargo de la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil.

Normalmente el recargo correrá paralelo a la sanción administrativa, sin que por ello quede afectado el principio de non bis in idem, ya que el uno y la otra enjuician los hechos desde una diferente perspectiva de defensa social, lo que permite el dictado de dos resoluciones sobre unos mismos hechos por autoridades diferentes. En el recargo de prestaciones confluyen rasgos que incidirían en su naturaleza sancionadora y que son los siguientes:

A). El recargo no puede ser objeto de seguro siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto que se realice para cubrir por esta vía la responsabilidad. ( Art 123 TRLGSS).

B). El recargo se gradúa en función de la gravedad de la infracción.

C). El recargo, en algunos casos, unido a otros instrumentos de reparación, (prestaciones de seguridad social y responsabilidad civil por daños y perjuicios) podría exceder del daño producido, con lo que pasaría a tener una función de indemnización aflictiva o punitiva.

Otros rasgos acentúan su naturaleza resarcitoria: El destino de las cantidades abonadas por el empresario no se transfiere al erario o hacienda pública, sino que pasan directamente al patrimonio del trabajador accidentado, o el de sus familiares si éste ha fallecido, en cuanto que aquí la relación es inter privatos, empresario y trabajador, mientras que en la sanción la relación es entre Administración y empresario.

El recargo se elimina cuando el trabajador fallece y no hay beneficiarios de prestaciones de supervivencia, efecto inconcebible en una sanción punitiva. No puede imponerse si no existe un daño en la salud del trabajador, pese a que la norma genérica o particular a la prevención de riesgos se haya incumplido. Bien diferente es el caso del ilícito administrativo a sancionar por la autoridad laboral, puesto que aquí basta con la puesta en peligro del bien jurídico protegido, aunque el daño para la integridad o salud del obrero no se haya producido.

Requiere el recargo en su aplicación práctica que se demuestre consistentemente que se ha producido una infracción de normas de tal carácter, tipificada como grave, con relación a las circunstancias de las máquinas, artefactos, instalaciones, centros o lugares de trabajo, ya se deduzcan de la inobservancia de medidas generales o particulares de seguridad e higiene, salubridad o adecuación personal a cada trabajo, así como que entre tal infracción y el resultado dañoso para la integridad física del trabajador, exista adecuada relación de causalidad, no interferida por causa de fuerza mayor, caso fortuito o imprudencia del propio afectado, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, que puede afectar ya a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores, criterio éste que no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en los artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores y que, con carácter general, como positivación del derecho «alterum non laedere» es elevado a rango constitucional por el art. 15 de la CE y que, en términos de gran amplitud tanto para el ámbito de las relaciones contractuales, como extracontractuales, consagra el Código Civil en sus artículos 1104 y 1902, siendo el criterio de la razonabilidad, según máximas de la diligencia ordinaria, exigibles a un empresario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, el más acorde por otra parte con los recogidos por el art. 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981 ratificado por España el 26 de julio de 1985.

El artículo 164 de la LGSS previene que si el siniestro laboral se produce a consecuencia de la infracción de normas de seguridad e higiene y salud laborales procede la imposición de un recargo sobre las prestaciones económicas, siendo los requisitos del supuesto normativo los siguientes:

A) La existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del Sistema de la Seguridad Social.

B) La falta de adopción de medidas de seguridad e higiene y salud laborales establecidas, de modo genérico o específico, en normas jurídico públicas.

C) La existencia de nexo causal entre la falta y el siniestro.

D) La existencia de un perjuicio causado por el siniestro.

II).-Tradicionalmente se ha dicho que el artículo 123 de la LGSS, actualmente 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, tras el salto conceptual operado por el artículo 27 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 22-6-56, pasando de ser una institución resarcitoria vinculada al actuar culpable empresarial a otra de carácter esencialmente punitivo, no exige la representación subjetiva del resultado por la empresa infractora, es decir, en rigor no impone la culpabilidad, que es sin embargo un presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad civil, estando más bien ante un supuesto de responsabilidad objetiva o cuasi- objetiva, lo cual es distinto e la preexistencia de la culpabilidad del agente, bastando con acreditar el incumplimiento de la medida de seguridad por el patrono integrándose el supuesto de hecho en la norma infringida con daño efectivo en la persona del trabajador. Con todo, es preciso reconocer que en la doctrina judicial encontramos interpretaciones distintas en este punto, abriéndose fisuras, destacando las sentencias de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 11 de junio y 15 de junio de 2001 , en las que se afirma que el recargo en cuestión "no es de tipo objetivo, no es una responsabilidad objetiva que sea menester imputar a la empresa en todo caso de accidente, incluso de omisión de medidas de seguridad, no se organiza así en el art. 123 de la LSS, sino que es responsabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa por la vía de la culpabilidad"(en esta misma dirección TSJ Cataluña: 12-11-91); Asturias: 14-11-91 ; Madrid: 4-1-91 ; Sevilla: 9-10-91 ; Burgos: 17-10-91).

En resumen, aunque exista infracción, no habría recargo si la misma no es la causa del accidente, relación de causalidad que ha de probarse.

Por otra parte, como señala la STS 2-10-2000, en el recurso 2393/99, el recargo es una institución específica y singular de nuestra normativa de seguridad social no subsumible plenamente en otras figuras jurídicas típicas, cuyas señas de identidad son las siguientes:

a) El recargo ostenta un carácter sancionador y, por ende, el precepto legal regulador de este aumento porcentual ha de ser interpretado restrictivamente, por lo que, partiendo de aquella naturaleza, se ha declarado que, como regla, no se aplica el recargo a las mejoras voluntarias de la acción protectora, pues aunque estén incluidas en el área protectora de la Seguridad Social y participen de los caracteres que ostentan las prestaciones propias de ésta no supone que les sean de aplicación todas las disposiciones reguladoras de las prestaciones propias e imperativas de la Seguridad Social (entre otras, SSTS/IV 20-III-1997 -recurso 2730/1996).

b) Se afirma que el recargo «es una pena o sanción que se añade a una propia prestación, previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo»(entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993, 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 20-V-1994).

c) Se trata de responsabilidad empresarial cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

d) En orden a su abono, está exento de responsabilidad el INSS como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, recayendo la responsabilidad directa y exclusivamente sobre el empresario, lo que se fundamenta como una consecuencia de su carácter sancionatorio. Además, el referido carácter del recargo y su no configuración como una verdadera prestación de la Seguridad Social, impide pueda ser objeto de aseguramiento público o privado (entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 16-XI-1993 -recurso 2339/1992, 31 -I- 1994 - recurso 4028/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993 , 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 -recurso 821/1993 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 23-III-1994 -recurso 2686/1993 , 20-V-1994 -recurso 3187/1993 , 22-IX-1994 -recurso 801/1994) .

e) En la vía del recurso judicial, es dable controlar la cuantía porcentual del recargo fijada por Juez de instancia, habiéndose declarado que la Sala de lo Social del TSJ que conoce del recurso de suplicación puede modificar la cuantía porcentual del recargo de prestaciones fijada en la instancia cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con la directriz legal de fijarse en atención a la «gravedad de la falta» ( STS/IV 19-I-1996 -recurso 536/1995. No se hace, por tanto, referencia en la doctrina jurisprudencial a la proporcionalidad de la cuantía del recargo con la gravedad del daño causado al trabajador accidentado o con su situación de necesidad derivada de las consecuencias de la contingencia profesional sufrida, sino con la gravedad de la infracción cometida por el empresario.

f) En orden a la problemática específica del alcance de la responsabilidad empresarial sobre el recargo en caso de contratas y subcontratas, se constituye como elemento decisivo para determinar la responsabilidad de los empresarios concurrentes la idea del «empresario infractor», al que atribuye la responsabilidad el art. 123.2 LGSS ( SSTS/IV 18-IV-1992 -recurso 1178/1991 y 16-XII-1997 -recurso 136/1997).

También en la STS 2-10-2000, antes reseñada, se hace hincapié en las singulares características de recargo, indicando que:

a) La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

b) Se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente.

c) Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se declara independiente y compatible con las responsabilidades de todo otro orden, y en vez de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el accidentado o sus causahabientes, como personas que han sufrido directamente la infracción empresarial, y dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del daño, quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que tengan derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido.

d) La posible coexistencia del recargo con una sanción administrativa no comportaría vulneración del principio «non bis in idem», pues conforme a la jurisprudencia constitucional «la regla "non bis in idem" no siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o laboral) y que por su misma naturaleza «sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior» ( STC 158/1985 de 26-XI ), en tesis concordante con la jurisprudencia ordinaria (entre otras, STS/III 30-V-2000 ), destacándose doctrinalmente que es indudable que recargo de prestaciones y sanción administrativa no contemplan el hecho desde «la misma perspectiva de defensa social», pues mientras el recargo crea una relación indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de imponer la protección a los trabajadores.

e) De consistir el recargo ahora analizado en una mera indemnización y siendo ésta, en su caso, a cargo exclusivo de la empresa y en favor del accidentado o de sus beneficiarios, carecería de fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en vía administrativa resolviendo sobre su procedencia y porcentaje del incremento ( art. 1.1.e Real Decreto 1300/1995 de 21-VII) pues, en tal caso, despojado el recargo de su aspecto público o sancionador, se estaría ante un simple litigio entre particulares del que sólo podrían directamente conocer los órganos jurisdiccionales.

f) De adoptarse la tesis contraria a la que ahora se sustenta, resultaría que de haberse fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo podría invocarse en el ulterior expediente administrativo de determinación de la existencia de infracción de medidas de seguridad e imposición de recargo sobre las prestaciones , así como en el posterior procedimiento impugnatorio, que los daños causados ya estaban plenamente compensados con aquélla indemnización lo que impediría entrar a conocer de la cuestión de la procedencia o improcedencia del recargo. Evidenciando que si se integra la indemnización de daños y perjuicios con el importe del posible recargo no existiría esa responsabilidad en el pago del recargo «independiente... con las de todo orden... que puedan derivarse de la infracción» como preceptúa el citado art. 123 LGSS.

g) En suma, nuestro ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores afectados, uno originado por una conducta empresarial infractora de medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción, quiere que exista una desigualdad, que es dable calificar de objetiva y razonable, en orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza a percibir por el accidentado o sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto en que concurran declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de riesgos laborales. La referida desigualdad desaparecería, por motivos distintos a los de la gravedad de la infracción, de seguirse la tesis contraria a la que ahora se establece.

III).-Como apuntan las SSTS de 18 de abril de 2012, rec. 1651/2011 y 1 de febrero de 2012, rec. 1655/2011, la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada por el empresario demostrando que actuó con la debida diligencia, más allá incluso de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil, en doctrina que ha hecho suya el legislador al incluirla en el art. 96.2 de la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral - Ley 36/2011, de 10 de octubre-, al establecer que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

Tanto en el Código del Trabajo de 1926 como en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 la «deuda de seguridad»del empresario aparece claramente reconocida.

El art. 7 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971 en el Trabajo, por su parte, estableció como obligación del empresario la de «adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa».

Y el art. 19.1 del ET de 1980, desde su entrada en vigor, reza que «el trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene».

Ambos preceptos, por consiguiente, incorporaban ya enunciados de la obligación general de seguridad del empresario. Con todo, como ha señalado unánimemente la doctrina, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, constituye un cambio sustancial de cosas, por cuanto en el contexto protector que la Ley define, que es transposición del previsto en la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del Consejo, de Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y que engarza constitucionalmente con el reconocimiento del derecho a la vida y a la integridad física y moral ( art. 15 CE) y con la encomienda a los poderes públicos de «velar por la seguridad e higiene en el trabajo»(art. 40), la obligación general de seguridad adquiere plenitud normativa.

El Tribunal Constitucional en sentencia de 27 de marzo del 2007 habla de la LPRL como «concreción legal [...] en el ámbito de la prestación de trabajo (de) la protección constitucional que impone esta tutela de los l trabajadores, por virtud de las exigencias de diversos derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE »,para, renglón seguido, aludir a los términos del art. 14 LPRL. Y en la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de septiembre del mismo año. Esta «dimensión constitucional»del deber de seguridad y salud no es sino una manifestación de ese carácter de pieza clave en el sistema de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo diseñado por el legislador al que aludíamos.

La principal previsión que contiene el art. 14 de la LPRL es el reconocimiento de la obligación general de seguridad del empresario, reconocimiento que se lleva a cabo estableciendo un deber empresarial correlativo al derecho a la protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo que reconoce a los trabajadores: «Los trabajadores-reza el precepto- tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

El alcance de la obligación empresarial se determina después en el propio precepto, a través de un doble expediente: 1.º En primer lugar, precisando los principales contenidos de la obligación empresarial, que son contenidos de naturaleza preventiva, y el grado de diligencia que va a ser exigible al empresario. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud del trabajador a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo ( art. 14.2 LPRL) .

Por consiguiente, para la Ley todas estas obligaciones empresariales constituyen manifestación del deber de protección, que se desgrana en una serie de obligaciones específicas: obligación de evitar los riesgos ( art. 15.1 LPRL) , obligación de evaluar los riegos que no se puedan evitar y de planificar la acción preventiva en la empresa ( arts. 14.2 y 16 LPRL) , obligación de proporcionar al trabajador los equipos de trabajo y los medios de protección individual adecuados ( arts. 15 y 17 LPRL) , obligación de dar información, consultar y dar participación a los trabajadores ( art. 14 , 15 , 18 y Capítulo V LPRL ), obligación de proporcionar formación a los trabajadores individuales en materia preventiva ( arts. 14 y 19 LPRL) , obligación de elaborar un plan de emergencia ( arts. 14 y 20 LPRL) , obligación de adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores ( arts. 14 y 22 LPRL) , obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores ( art. 22 LPRL) y obligación de constituir un sistema de prevención dotado de los recursos preventivos necesarios ( arts. 14 y Cap. IV LPRL) .

El incumplimiento de estas obligaciones específicas implica el incumplimiento de la obligación general de seguridad, pero su cumplimiento no enerva el contenido de ésta, pues como expresamente se dice en la propia Exposición de Motivos de la LPRL la obligación seguridad del empresario «desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple coerción a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas».

Como el legislador se encargó de subrayar con la reforma que de la LPRL llevó a cabo la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, la obligación general de seguridad tiene un contenido básicamente preventivo. Esta dimensión preventiva, patente en la Directiva Marco, había sido plenamente asumida por el legislador de 1995, pero el de 2003, consciente de la deficiente aplicación del modelo legal, ha querido reforzarla.

La forma de «garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo»es la adopción de un sistema preventivo integrado y el eficaz funcionamiento del mismo. «En cumplimiento del deber de protección [...], el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes [...] El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo».

Por tanto, la primera y principal manifestación del cumplimiento de la obligación de seguridad exigible al empresario va a ser la elaboración de un completo plan de prevención, que suprima cuantos riesgos puedan evitarse, identifique, controle y proteja de los demás y haga del conjunto de medidas e instrumentos exigidos por la Ley y de los que la evolución técnica o las necesidades singulares de la empresa hayan podido aconsejar, un conjunto coherente y eficaz; un programa preventivo que debe integrarse en la organización de la empresa y actualizarse permanentemente para «garantizar la seguridad y salud en el trabajo»,que es, al cabo, lo que se pretende conseguir.

Esta planificación preventiva permite concretar en cada caso el alcance de la obligación de seguridad empresarial, en función de las prestaciones de trabajo contractualmente exigibles, de sus circunstancias técnicas y de las condiciones ambientales del lugar en el que se realiza la actividad ( STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, 2-II-2007, Rec. 2096/2006). La prevención y la integración de la misma en el proceso productivo son, en definitiva, los instrumentos mediante los cuales el legislador pretende que la tutela prestada por el Ordenamiento sea una tutela real y eficaz, que no se limite al mero cumplimiento de obligaciones formales que, así interpretadas, se han revelado ineficaces para garantizar la «seguridad integrada».

IV).-La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

En el apartado 4 del art. 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador".

Finalmente, el art. 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

Del juego de dichos preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado.Habiendo declarado reiterada jurisprudencia de unificación que el empresario no cumple sólo con la dotación del equipo sino que también ha de velar porque se utilice y se haga de forma correcta: la deuda de seguridad no se agota con dar a los trabajadores los medios normales de protección sino que el empresario viene además obligado a la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones, que deben tender no sólo a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea el servicio encomendado, sino además la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales, pudiendo impedir, si fuera necesario, la actividad laboral de quienes incumplan el debido uso de aquéllos ( Sentencias del Tribunal Supremo 6.2.1995, 24.5.1996, 27.2.1997 y 8.10.2001 entre muchas otras).

La jurisprudencia ha señalado en ocasiones que tan sólo excluye el recargo si la imprudencia del trabajador se produce por actos ajenos al conocimiento y previsibilidad del patrono o después de advertencia específica del riesgo concreto de siniestralidad que es desatendida por el obrero ( STSJ País Vasco 1 diciembre 1994 que recoge la doctrina sentada en las del TS de 26 febrero 1974 y 28 mayo 1975).

La imprudencia temeraria, de conformidad con lo prescrito en la LGSS, elimina la calificación del accidente como de trabajo. Por otro lado, la imprudencia profesional, si bien no destruye la presunción de laboralidad del accidente y por ello mismo, no elimina la protección que al mismo brinda la legislación social, sí exonera al empresario del pago del recargo de prestaciones para el supuesto de que el empresario observara o cumpliera sus obligaciones informativas, formativas, y preventivas en general,de tal modo que para que una imprudencia rompa el nexo causal entre el comportamiento empresarial y el resultado lesivo, y éste no sea declarado responsable del accidente o enfermedad causados, se debe analizar si el accidente se hubiera evitado con la adopción de medidas por parte del empresario, medidas exigibles en función de la diligencia debida que hacían al riesgo previsible y evitable, aun en presencia de un comportamiento imprudente. El empresario será responsable si la empresa no puso los medios de protección aunque el accidentado actuara imprudentemente, y procederá declarar la responsabilidad patronal.

V).-Para clarificar y dar coherencia al debate, es menester partir de lo solventado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 18-9-2018, rec. 144/2017, donde con cita de otras precedentes, llega a las siguientes conclusiones:

"...La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.

La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.

La empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.

En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad....

...Que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.

También debe considerarse errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables....

...en sintonía con la expuesta posibilidad de extender al empresario principal la responsabilidad por el recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad, pero a condición de que concurran incumplimientos determinantes del accidente acaecido...".

Por otra parte, y como matiza la STS de 23 de enero de 2025, nº 48/2025, recurso 2396/2022, cuando un accidente laboral ocurre en un ámbito donde la empresa principal no tiene ningún medio personal ni humano, no es posible imponer a la misma un recargo prestaciones derivado del deber de vigilancia de las normas de seguridad en el trabajo ya que no se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

El marco normativo de aplicación es este:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 24.3:

"Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

- Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, artículo 42.3:

"La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal".

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, artículo 10:

"1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas".

SEXTO.-Sentadas estas bases y premisas, adelantamos que asumimos la responsabilidad de SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA en el recargo de prestaciones impuesto, y todo ello por las consideraciones que pasamos a exponer:

1.- El acta de infracción de la Inspección de Trabajo aprecia correctamente la responsabilidad solidaria de las empresas contratista principal IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU y SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA, junto a SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL por infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa empleadora ha vulnerado el deber de seguridad y salud del trabajador a su servicio en materia de condiciones materiales relacionadas con la elección y utilización de equipos.

En la investigación inspectora, se han acreditado los siguientes hechos:

-Se eligió y se utilizó un equipo de trabajo inadecuado y no adaptado a las condiciones del trabajo que debía realizarse desde el punto de vista de la seguridad.

-En fecha 11-4-18, la empresa ordenó al trabajador que realizase el corte de una tubería, dicha tubería, era de PVC. La tubería que iba a ser cortada, estaba al ras del forjado. Se utilizó una máquina mecánica agresiva, una radial, provista de disco de corte. Dicha operación, se realizó contraviniendo las propias instrucciones del fabricante establecidas sobre la aplicación y el uso de la radial. El trabajador empuñó la radial, con una sola mano (la derecha) y posicionó la otra mano, en el recorrido de acción del disco de corte. En el proceso de corte, el disco encontró resistencia, se partió, proyectándose de forma descontrolada y alcanzando la mano izquierda del trabajador.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción). IDSCONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contrato de prestación de servicios, de fechas 6-11-17 y 13-11-17 encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos, instalaciones y calefacción" a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato" a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). Según dicho anexo, se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparato sanitario, de radiadores, calderas y acumuladores". Los contratos y subcontratos formalizados, tienen por objeto la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de dichas empresas. Dichas actividades fueron ejecutadas en el centro de trabajo de las mismas: Obra, situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El incumplimiento producido en materia de elección y utilización de equipos, se produjo durante la vigencia de dichas contratas y subcontratas, en el centro de trabajo ya indicado, afectando al trabajador de SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL.

3.- El hecho de que el centro de trabajo donde se estaban prestando los servicios y donde acaecieron los hechos fuera de titularidad de la contratista principal IDS no impide que SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO como cadena de subcontratación de primer nivel sea empresario infractor, al no constar hubiera comprobado y vigilado, empleando la diligencia debida, que el trabajador contratado por PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL recibiera una formación e información en condiciones de garantía para impedir el accidente, ( artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero) .

4.- Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar cumplidos los requerimientos propios de formación e información.

5.- Las empresas subcontratistas no han velado porque en el desarrollo de los trabajos se siguiesen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

6.- Muy llamativa es, a este respecto, la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras "que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial".

7.- La actividad de construcción implica una elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

8.- La siniestralidad laboral en España ha experimentado un notable repunte, como lo demuestran los recientes datos estadísticos, en 2024 y principios de 2025, con los accidentes mortales aumentando un 10,4% en 2024 (796 fallecidos). Sectores como construcción, industria y servicios lideran las cifras de mortalidad, con un 91% de víctimas masculinas.

Por tanto, la finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es primordialmente preventiva y disuasoria: evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

9.- La responsabilidad empresarial en el recargo de prestaciones es cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

10.- En todo caso no apreciamos imprudencia temeraria del trabajador, ni que tenga cabida la denominada compensación de culpas, ya que, de haber recibido el operario accidentado una formación eficaz y con garantías el accidente se habría evitado, por lo que el hecho de que no empuñara las dos manos en el uso de la radial o que se utilizase en el suelo o superficies duras no es suficiente para exonerar de responsabilidad a ninguna de las empresas, contratista principal y subcontratistas.

11.-No es suficiente la realización de un curso presencial de formación de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

12.- Las actividades que dieron lugar al accidente fueron ejecutadas en el centro de trabajo de todas empresas, tanto de contratista principal como de las subcontratistas, obra situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Así lo pone de manifiesto el acta de la Inspección de Trabajo.

13.- Es precisamente en el marco de coordinación de la cadena de subcontratación que se exige evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y, por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos

En definitiva, se impone desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida que no ha infringido la normativa y jurisprudencia denunciada.

Sin que haya lugar a condena en costas, dado que el recurso no ha sido impugnado ( art. 235 LRJS) , con pérdida del depósito constituido para recurrir ( art. 204.4 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,

PRIMERO.- I).-La sentencia aquí impugnada, emitida por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid el 12 de mayo de 2025, en el procedimiento 45/2022, ha desestimado la demanda rectora del proceso en curso, promovida por SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU, SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, y Don Jenaro (este último no compareció al acto del juicio pese a estar debidamente citado) en la que solicitaba se dictara sentencia en cuya virtud se declarara la anulación del recargo de prestaciones impuesto por Resolución del INSS de 3 de diciembre de 2019, declarando la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo sufrido por Don Jenaro, estableciendo el recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del mismo, y condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración; y, subsidiariamente, y para el caso de entenderse existe su responsabilidad , se aplique la concurrencia de culpas con el trabajador con moderación del recargo.

II).-La sentencia de referencia basa su decisión sobre los siguientes extremos fácticos de interés y que se deducen tanto de los hechos probados como de los que aparecen en la fundamentación jurídica con tal carácter, así como de los insertados por remisión al acta de la Inspección de Trabajo, y que conviene desde ahora centrar y clarificar, facilitando así su comprensión a las partes, metodología esta que es la que juzgamos más correcta para salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza la Carta Magna en su artículo 24, amén de dar cumplimiento al mandato expresado por el artículo 218 de la LEC, de aplicación subsidiaria en nuestra jurisdicción social, y entre cuyas previsiones figuran las relativas a la motivación, a las que concretando el deber genérico exigido por el art. 120.3 de la Constitución, hace referencia expresa el apartado 2 de la norma procesal civil antes indicada al señalar que:

"Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón",al igual que el art. 97.2 del texto adjetivo laboral cuando, en lo que aquí interesa, dispone que la sentencia "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión (...)".

1.- Don Jenaro sufrió accidente de trabajo el 11 de abril de 2018 mientras prestaba servicios para la entidad AGUALIN con categoría profesional de ayudante especialista y antigüedad de 10 de junio de 2015.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción).

3.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contratos de prestación de servicios de fechas 6 11-17 y 13 11-17, encarga la ejecución de las partidas de saneamientos, instalaciones y calefacción a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato"a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). En el anexo del contrato se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparatos sanitarios, de radiadores, calderas y acumuladores".

4.- El día del accidente de trabajo Don Jenaro se encontraba en una de las viviendas que constituían la obra, cortando con una radial (herramienta eléctrica, marca HILTI AG125-A22) un tubo de PVC de 40 mm que bajaba por una pared, por el suelo y por el forjado hasta la segunda planta. Estaba cortando el tramo ubicado por encima del suelo, a ras del forjado, rompiéndose el disco que le saltó a la mano izquierda (la radial estaba siendo empuñada con la mano derecha) provocando un corte que requirió asistencia en servicio de urgencias hospitalario.

5.- El trabajador accidentado había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El disco se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre esa superficie.

6.- La radial contaba con carcasa superior de protección del disco de corte. El demandante utilizó como Epis guantes y gafas. El guante de seguridad era de material especial para prevenir cortes. El fragmento de disco impactó por encima de la cobertura del guante.

7.- En el Libro de Incidencias, por persona con funciones de coordinación de seguridad y salud, se efectuó anotación al día siguiente del accidente señalando que el corte en la muñeca se había producido al cortar un tubo de pvc sobre el forjado de una determinada planta. Como acción correctora, se señala que, hasta el conocimiento de mayores datos, se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

8. Se elaboró un Plan de Seguridad y Salud por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel).

En la evaluación de riesgos de la radial se identifica el riesgo de proyección del disco o fragmentos en caso de rotura. Como medida preventiva se señala el empleo de la herramienta con la carcasa de protección instalada en todo momento sin forzar el corte del disco para evitar torsiones y giros violentos del mismo.

9.- En el manual del fabricante como consigna de seguridad se señala que debe ser utilizado por personal cualificado y formado en la utilización, requiriendo sujeción con ambas manos por la empuñadora.

10.- Consta recepción por el trabajador accidentado y por SANEAMIENTOS de hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros extremos, se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

11.- En información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido. No someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco.

12.- Tras el accidente el trabajador inició proceso de Incapacidad Temporal que se mantuvo desde esa fecha (11 de abril de 2018) y hasta la posterior declaración de Incapacidad Permanente Total el 20 de agosto de 2019.

III).-A partir de las premisas que anteceden la Magistrada que firma la sentencia de instancia, después de realizar un loable esfuerzo intelectual y estudiar con rigor la institución jurídica del recargo de prestaciones, que ha hecho correr ríos de tinta tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, asienta sus conclusiones -que ya adelantamos nos parecen cabales y ecuánimes- en las siguientes ideas fuerza:

"(.....) en el supuesto que se somete a consideración se encuentran elementos suficientes que permiten confirmar la resolución que acuerda el recargo.

Existe incumplimiento laboral sobre medidas de seguridad, se han producido unos daños, existe relación de causalidad y existe desde un punto de vista, razonable y prudente, responsabilidad en la actuación empresarial, al no haberse aplicado todas las actuaciones que hubieran evitado el accidente.

Considera la empleadora el concurso de actuación imprudente por el trabajador accidentado (ante la ausencia de utilización de ambas manos al manejar la radial y al haber utilizado la misma sobre una superficie que como ocurrrió podía provocar la rotura del disco) y ello, pese a haberse comprobado por la Inspección de Trabajo que se omitieron las medidas tanto formativas como las que hubieran debido impedir que la herramienta se utilizara incorrectamente.

Constata la Inspección de Trabajo que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador constando y de forma algo confusa la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

En este aspecto hubiera servido para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN se hubiera acreditado la formación especifica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco).

Esa acreditación ha quedado sin efectuarse.

Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

Si bien es inviable que se encuentre una persona supervisando todas los cometidos que se lleven a cabo, al menos hubiera servido la evidencia de que se efectuaba un seguimiento sobre la adecuada utilización de las radiales en ambos aspectos (la empuñadora con ambas manos y la inviabilidad de utilizarla sobre superficie que generase rotura del disco).

Ante la ponderación de obligaciones entre que el trabajador debió haber leído y seguido las indicaciones de la hoja informativa de INSUR, prevalece con mayor entidad la obligación de seguridad tanto de la empleadora directa como de las contratistas o subcontratistas de velar porque en el desarrollo de los trabajos se siguen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

Significativa es a este respecto la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial por peligro de contacta del disco con el suelo.

Haber acreditado que así se informaba a las personas trabajadoras hubiera servido para contrastar lo concluido por la Inspección de Trabajo. Obsérvese que en la nota correcta no se incluye la necesidad de empuñadora con ambas manos.

Se ponen de manifiesto, en consecuencia, los elementos determinantes del recargo por omisión de medidas de seguridad.

(........) En la situación analizada, la actividad de construcción implica elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

Por lo expuesto, se considera adecuada la imposición del porcentaje en el grado del 30% de la que han de responder solidariamente las entidades codemandantes en función de las obligaciones que al respecto les incumbe en su condición de contratistas y subcontratistas. Es precisamente, esa cadena de prevención la que debe evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos".

SEGUNDO.- I).-Disconforme se alza en suplicación la empresa demandante SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO, S.A, mostrando su rechazo a lo resuelto a través de seis motivos: los tres primeros por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS; y los tres siguientes articulados al amparo del apartado c) de ese mismo precepto procesal.

Conviene reparar que si bien AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL anunció recurso de suplicación finalmente no lo formalizó en plazo, teniéndose a esta empresa desistida tácitamente del mismo.

El recurso no ha sido impugnado por el resto de empresas y entidades gestoras codemandadas.

II).-El primer motivo pretende la revisión del hecho probado cuarto, apartado IV, a fin de darle esta redacción:

"Consta recepción por el trabajador accidentado y por AGUALINde hoja de información sobre el uso de la radial con membrete de INSUR (promotora de la obra) en la que, entre otros se informa de riesgo específico de corte por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo con medidas de prevención y normas de utilización entre las que se encuentra no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, para evitar que el disco choque, se rompa o salga despedido. (Páginas 193 a 195 de Anexos al Informe Pericial de la entidad demandante).

El segundo motivo pretende adicionar al hecho probado segundo un nuevo apartado VI del siguiente tenor:

"D. Jenaro, ha recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo.

El trabajador recibió información sobre "el uso de la sierra amoadora angular". En dicho documento consta: Riesgo de cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo que puedan afectar a cualquier parte del cuerpo. Como medidas de prevención cita: "No cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar y romperse o salir despedido. No someter el disco a sobreesfuerzos, lateraleso de torsión o por aplicación dé una presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco... Epis: Gafas con montura y oculares de protección contra impactos, clase C o D con protección adicional inferior, temporal y superior tipo 555 o 777, protección auditiva, mascarilla antipolvo y guantes de trabajo.

Con anterioridad al accidente al AGUALIN le había facilitado al trabajador:

· Plan de seguridad y salud de la obra y las actas suscritas de adhesión al mismo ( Folios 53 a 143 del informe pericial), así mismo consta en el expediente aportado por Inspección de Trabajo.

· Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de trabajo de instalador (folio 63 a 65).

· Respecto al equipo de trabajo causante del accidente: La evaluación de riesgos y el manuel de empleo y seguridad del fabricante (53 a 55)

· Justificante de entrega de EPIS al trabajador y el folleto informativo de características técnicas de los guantes de seguridad" ( folio del informe (folio 137 a 143).

En el tercer motivo interesa modificar el hecho probado cuarto apartado I, proponiendo esta redacción:

"El trabajador había cambiado el disco en momentos previos, tratándose de un disco nuevo. El trabajador contraviene lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco como lo sucedido, se rompió en contacto con el forjado al realizar el corte sobre la superficie. El accidente se produce sin lugar a dudas por una imprudencia del trabajador, habiendo estado presente la persona responsable de la empresa agualin ( Fermín) y habiendo comprado este el material. Siendo este el responsable.

En el mismo sentido se expresa el documento de información que el contratista principal INSUR facilita a los subcontratistas y que respecto al uso de radial manifiesta:

En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación preferiblemente se colocará la pieza sobre un banco de trabajo, fijándola con gatos o mordazas".

El punto de partida para la respuesta a los motivos revisorios así planteados viene dado por la doctrina emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 22 de noviembre de 2023 (Rec. 113/2021) y 22 de febrero de 2024 (Rec. 23/2022), en el sentido de que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS únicamente al juzgador de instancia (...) por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación".

En definitiva, las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las leyes y a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes

Dicho esto, no aceptamos ninguna de las revisiones postuladas por las consideraciones que pasamos a desglosar:

A).- La primera revisión tiene como sustento el informe pericial de parte, el cual ha sido valorado por el órgano de primer grado con las amplias facultades que le reconoce el artículo 97 LRJS atendiendo a las reglas de la sana crítica, informe que ha sido sopesado en unión de la información pública administrativa conformada por el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, además del resto de prueba practicada en el plenario, a lo que añadiremos que no deviene trascendente en la medida que el Plan de Seguridad y Salud se había elaborado por la contratista principal con adhesión al mismo por SANEAMIENTOS (subcontratista de primer nivel) y por AGUALIN (empleadora directa y subcontratista de segundo nivel); y en la información sobre la utilización de la radial y como medida de prevención ya se señala no cortar materiales sobre el suelo o superficies duras, ya que el disco podría chocar o romperse o salir despedido; no someter al disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión o por aplicación de una presión excesiva con resultado nefatos de rotura del disco; es decir, la recurrente ya tenía tal información en su poder al objeto de poder vigilar y supervisar el cumplimiento de la medida de seguridad prevista, y evitar con ello el resultado lesivo producido por el accidente de trabajo. Y, recordemos, la revisión pretendida ha de ser trascendente para modificar el fallo de la sentencia, ya que el principio de economía procesal impide incorporar (o suprimir) hechos cuya inclusión (o exclusión) no conduzca a nada práctico [ STS de 28 mayo 2013, recurso 5/2012, 3 julio 2013, recurso 88/2012, 25 marzo 2014, recurso 161/2013, y 1 de diciembre de 2015, recurso 60/2015, entre muchas otras].

B).- La segunda revisión trata de manera oblicua de introducir un aserto de lo que es propio de un juicio de valor, y no de un hecho en el sentido de cosa que sucede: que el trabajador había recibido formación presencial especifica en PRL, según el art 19 de la Ley 31/95 del puesto de trabajo, cuando lo que se advierte del acta de la Inspección de Trabajo es precisamente que hay una formación concreta y especifica que no le ha sido impartida al trabajador, no siendo suficiente la realización de un curso presencial de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo. En este aspecto, y como enfatiza la Juez de instancia, y se comparte por la Sala, habría sido necesario para desvirtuar la conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo que por alguna de las entidades demandantes, particularmente por AGUALIN, se hubiera acreditado la formación específica del demandante en al menos esos dos aspectos (la necesidad de empuñar con ambas manos la radial y la prohibición de su utilización en una superficie que pudiera provocar la rotura y posterior desprendimiento del disco). Esa acreditación ha quedado sin efectuarse. Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el informe pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar atendidos los requerimientos propios de prevención.

C).- La tercera revisión intenta insertar en el apartado histórico de la sentencia juicios de valor impropios de hacerse contar en sede fáctica para alterar y predeterminar el sentido del fallo.

D).- Al hilo de lo anterior, es preciso recordar que, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo de 2.016 (recurso 153/2015), para que prospere el motivo por el que se busca la modificación del relato fáctico, es necesario:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia.

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte.

TERCERO.-Los motivos de revisión del Derecho aplicado, y dada su íntima relación, serán examinados conjuntamente.

En el cuarto motivo se denuncia, entendemos que por error material, infracción del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que viene referido al "plan anual de auditorías".

Defiende que no le incumbe ninguna responsabilidad en el abono del recargo de prestaciones que se le imputa, ya que verificó y veló en todo momento porque AGUALIN, empresa subcontratada, cumpliese en todo momento con sus obligaciones, como así ha sido y figura en el acta recurrida, de ahí que no sea empresario infractor; que el trabajador accidentado estaba contratado en otra empresa (Agualin) y recibía órdenes y supervisión del empleador que era Agualin. Las instrucciones que el trabajador recibió en el momento del accidente fueron del responsable de la empresa, Fermín, administrador único de la sociedad; que el centro de trabajo donde se estaba prestando los servicios donde acaecieron los hechos era titularidad de la contratista principal IDS.

Finalmente, cita en este motivo la extensa STSJ de la Comunidad Valenciana de 20-07-2020, nº 2816/2020, rec. 1703/2019, que transcribe en su literalidad, pero sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

En el quinto motivo denuncia infracción del artículo 11.2 del RD 1627/1997, artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 1215/1997.

A su parecer, fue el trabajador accidentado quien contravino lo dispuesto en el manual de instrucciones cuando coge la radial con una sola mano y sujeta la pieza con la otra mano, circunstancia que está totalmente prohibida por el riesgo que entraña de corte en caso de movimiento inesperado del equipo o rotura del disco, como ha sucedido, concurriendo imprudencia del trabajador en la aplicación del procedimiento de trabajo; que la subcontrata (contratista de primer nivel) que a su vez subcontrata un trabajo con el subcontratista de segundo nivel no está presente en la obra, bien por haber finalizado el mismo o bien por no haber empezado los trabajos y por lo tanto no puede supervisar a pie de tajo los trabajos que hacen el subcontratista; que el precepto denunciado [Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ]no le resulta aplicable ; que no entra dentro de la responsabilidad de Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A la elección de los equipos utilizados, quedando limitada dicha responsabilidad a la contratadora principal que adquiere dichos equipos, siendo además el equipo que interviene en el accidente conforme con la tarea a realizar, rompiéndose el disco por un acto imprudente del trabajador como ya quedó acreditado por la documental aportada, con lo que no se da ninguna circunstancia que derive en responsabilidad de la empresa Saneamientos e Instalaciones Vicente y Rivero S.A, ni en la supervisión del procedimiento de trabajo que es responsabilidad del trabajador designado de la empresa contratante, ni en la elección del equipo de trabajo; que el incumplimiento, si lo hubiere, del artículo 3 del Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, sería de la empresa Agualin, dado que es la que pone a disposición de los trabajadores el equipo de trabajo y su responsable daba las órdenes y supervisaba a los trabajadores.

En el sexto motivo denuncia infracción de los artículos 24.3 de la ley 31/95 y 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Conforme dispone el primero de los preceptos referidos: "Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

A su vez, el art 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, dispone : "La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo de la Ley de prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario".

A su juicio, y con base en esos preceptos, no cabe se le exija responsabilidad en el recargo, citando para concluir su alegato determinada doctrina judicial de un TSJ que reproduce a continuación, pero una vez más sin extraer y explicar sus apreciaciones al caso sometido a nuestra consideración, fijando los términos de comparación.

CUARTO.-Dos precisiones antes de continuar:

La primera de ellas es que el apartado c) del art. 193 de la LRJS, y como viene poniendo de relieve reiteradamente esta Sección de Sala, solo permite la denuncia de infracciones jurídicas cumpliendo una serie de rigurosos requisitos:

-Exponer con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Ello implica que el Tribunal de suplicación puede examinar aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por la parte o parte recurrente, no estándole permitido abordar las infracciones no denunciadas, debiendo además estas alegaciones, efectuarse con arreglo a las referidas formalidades, no siendo suficiente a tal fin la denuncia genérica sin especificación alguna de normativa o jurisprudencia pretendidamente vulnerada.

-Citar con precisión y claridad los preceptos (constitucionales, legales reglamentarios, convencionales o cláusulas contractuales) o jurisprudencia, que se estimen infringidos, argumentando suficientemente las razones que crea la recurrente le asisten para así afirmarlo, ya que caso contrario la Sala no puede conocer pues comportaría la ruptura del principio de igualdad entre los litigantes, de las violaciones jurídicas no acusadas por y en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, el Tribunal debiera actuar de oficio.

-Indicar la forma en que se produce la infracción, en respeto al principio de igualdad y contradicción entre las partes, no siendo admisible que sea el órgano se segundo grado el que termine definiendo el recurso, completando sus omisiones y corrigiendo sus deficiencias, pues su formulación es tarea sola y exclusiva de la parte disconforme, y sobre ella ha de versar la impugnación.

-Desarrollar el oportuno argumento o razonamiento explicando en que ha consistido la infracción legal acusada, si lo ha sido por no aplicación, por aplicación indebida que supone la aplicación efectiva pero inadecuada de la norma, o por interpretación errónea que implica un conocimiento equivocado en lo que atañe a su alcance y contenido.

La segunda viene referida a que solo de una resolución del Tribunal Supremo, es predicable su condición de jurisprudencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.6, del Código Civil. Citaremos, en ese sentido, las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 11-10-2001, rec. 344/2001 y 24-11-2015, rec. 298/2014, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también del TS, las de 18-7-2013, rec. 2235/10, 5-12-2013, rec 4825/10 y 26-12-2013, rec. 2315/2012. Lo cual, no obstante y matizamos, es extensible y asimilable a las sentencias del Tribunal Constitucional (TCo), de acuerdo a los nums. 1 y 4, del art. 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial - resolución 300/2006, por ejemplo-; y a las del TJUE, en consonancia a la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del mentado TCo. Por tanto, no puede ser invocada con esa finalidad la doctrina elaborada por los diversos Tribunales Superiores de Justicia, en este caso de lo Social -TS 2-4-2018, rec. 27/2017 y 9-12-2021, rec. 3340/2019-.

En este orden de ideas la cita en el cuarto motivo del recurso del artículo 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, es deficitaria procesalmente, al no tener que ver con la controversia suscita en el proceso en curso.

Otro tanto de lo mismo cabe decir sobre la cita de sentencias de TSJ que, aparte de no erigirse en jurisprudencia, y cuya doctrina y valoraciones no se cohonestan con las cuestiones que centran el debate en el proceso en curso.

QUINTO.- I).-Para dar una adecuada respuesta a las cuestiones que centran el debate hemos de situar el recargo dentro del contexto de responsabilidades surgidas como consecuencia del accidente de trabajo.

Conforme dispone el art. 164 LGSS:

"1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Así, el accidente de trabajo tiene una primordial incidencia en la salud e integridad física de los trabajadores en cuanto que éstos arriesgan sus vidas en la realización de la prestación de sus servicios por cuenta ajena, atrayendo un elenco de ramas del Derecho y jurisdicciones afectadas, procediendo aquéllas no sólo de la Seguridad Social sino también del Derecho de Daños, del Derecho de los Seguros, del Derecho Administrativo sancionador, del Derecho Civil y Penal, así como de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, surgiendo el posible conocimiento, en las materias de su competencia, de los órdenes jurisdiccionales contencioso administrativo, social, civil y penal, arrojando un "producto normativo heterogéneo, mestizo, fruto de la mezcla de los principios normativos caracterizadores de las ramas que torrencialmente han anegado este sector del ordenamiento cuya característica definitoria más acusada es la de su extraordinaria complejidad"(Mercader Ugina).

Fragmentación y disgregación de la normativa en todo caso preocupante, al quebrarse la coherencia que el ordenamiento jurídico debe otorgar, atendiendo a unos mismos principios, a un mismo ámbito de actuación constituido por el accidente de trabajo, de ahí que sea un clamor doctrinal la necesidad de crear una Ley integral sobre los accidentes de trabajo.

En este orden de cosas, en la vertiente administrativa, para la defensa del orden público laboral o el interés general de la sociedad, destacan los hechos tipificados como faltas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, modificada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del orden Social, calificadas como leves, graves y muy graves, sujetas a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad de las normas sancionadoras y prohibición de la analogía, responsabilidad, culpabilidad, proporcionalidad y non bis in idem, al inspirarse el Derecho Administrativo sancionador por los mismos principios que el Derecho Penal. Pero existen otros tipos de "compulsión económica sobre el patrimonio", (Sagardoy) señaladamente el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, sobre el que autorizada doctrina preconiza la expulsión de nuestro ordenamiento, para lo cual se arguye su efecto desestabilizador, particularmente en el ámbito de la cuantificación de las indemnizaciones y en el procesal, de manera que sería preciso separar los aspectos propiamente disuasorios y preventivos, reservándolos a las sanciones administrativas y punitivas, intensificando si se quiere la represión a través de las multas a imponer por la autoridad administrativa laboral, previa acta deducida por la Inspección de Trabajo, y también la gravedad de las penas aparejadas a de los delitos contra la vida, salud e integridad de los trabajadores, ex - artículos 316 y 317 del Código Penal, de los aspectos reparadores, a través de las prestaciones de Seguridad Social y la indemnización civil adicional, compensando con esta última aquella parte del daño no resarcido por dichas prestaciones

Con lo que probablemente se quiera salir al paso del impacto producido por la sentencia de 2 de octubre de 2000, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso 2393/1999 , dictada en Sala General, con el voto particular de siete magistrados, que, rompiendo con las pautas doctrinales precedentes, - sentencias de la Sala IV de 2 de febrero y 12 de diciembre de 1998 - entiende que no ha de descontarse el importe del recargo de la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil.

Normalmente el recargo correrá paralelo a la sanción administrativa, sin que por ello quede afectado el principio de non bis in idem, ya que el uno y la otra enjuician los hechos desde una diferente perspectiva de defensa social, lo que permite el dictado de dos resoluciones sobre unos mismos hechos por autoridades diferentes. En el recargo de prestaciones confluyen rasgos que incidirían en su naturaleza sancionadora y que son los siguientes:

A). El recargo no puede ser objeto de seguro siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto que se realice para cubrir por esta vía la responsabilidad. ( Art 123 TRLGSS).

B). El recargo se gradúa en función de la gravedad de la infracción.

C). El recargo, en algunos casos, unido a otros instrumentos de reparación, (prestaciones de seguridad social y responsabilidad civil por daños y perjuicios) podría exceder del daño producido, con lo que pasaría a tener una función de indemnización aflictiva o punitiva.

Otros rasgos acentúan su naturaleza resarcitoria: El destino de las cantidades abonadas por el empresario no se transfiere al erario o hacienda pública, sino que pasan directamente al patrimonio del trabajador accidentado, o el de sus familiares si éste ha fallecido, en cuanto que aquí la relación es inter privatos, empresario y trabajador, mientras que en la sanción la relación es entre Administración y empresario.

El recargo se elimina cuando el trabajador fallece y no hay beneficiarios de prestaciones de supervivencia, efecto inconcebible en una sanción punitiva. No puede imponerse si no existe un daño en la salud del trabajador, pese a que la norma genérica o particular a la prevención de riesgos se haya incumplido. Bien diferente es el caso del ilícito administrativo a sancionar por la autoridad laboral, puesto que aquí basta con la puesta en peligro del bien jurídico protegido, aunque el daño para la integridad o salud del obrero no se haya producido.

Requiere el recargo en su aplicación práctica que se demuestre consistentemente que se ha producido una infracción de normas de tal carácter, tipificada como grave, con relación a las circunstancias de las máquinas, artefactos, instalaciones, centros o lugares de trabajo, ya se deduzcan de la inobservancia de medidas generales o particulares de seguridad e higiene, salubridad o adecuación personal a cada trabajo, así como que entre tal infracción y el resultado dañoso para la integridad física del trabajador, exista adecuada relación de causalidad, no interferida por causa de fuerza mayor, caso fortuito o imprudencia del propio afectado, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, que puede afectar ya a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores, criterio éste que no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en los artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores y que, con carácter general, como positivación del derecho «alterum non laedere» es elevado a rango constitucional por el art. 15 de la CE y que, en términos de gran amplitud tanto para el ámbito de las relaciones contractuales, como extracontractuales, consagra el Código Civil en sus artículos 1104 y 1902, siendo el criterio de la razonabilidad, según máximas de la diligencia ordinaria, exigibles a un empresario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, el más acorde por otra parte con los recogidos por el art. 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981 ratificado por España el 26 de julio de 1985.

El artículo 164 de la LGSS previene que si el siniestro laboral se produce a consecuencia de la infracción de normas de seguridad e higiene y salud laborales procede la imposición de un recargo sobre las prestaciones económicas, siendo los requisitos del supuesto normativo los siguientes:

A) La existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del Sistema de la Seguridad Social.

B) La falta de adopción de medidas de seguridad e higiene y salud laborales establecidas, de modo genérico o específico, en normas jurídico públicas.

C) La existencia de nexo causal entre la falta y el siniestro.

D) La existencia de un perjuicio causado por el siniestro.

II).-Tradicionalmente se ha dicho que el artículo 123 de la LGSS, actualmente 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, tras el salto conceptual operado por el artículo 27 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 22-6-56, pasando de ser una institución resarcitoria vinculada al actuar culpable empresarial a otra de carácter esencialmente punitivo, no exige la representación subjetiva del resultado por la empresa infractora, es decir, en rigor no impone la culpabilidad, que es sin embargo un presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad civil, estando más bien ante un supuesto de responsabilidad objetiva o cuasi- objetiva, lo cual es distinto e la preexistencia de la culpabilidad del agente, bastando con acreditar el incumplimiento de la medida de seguridad por el patrono integrándose el supuesto de hecho en la norma infringida con daño efectivo en la persona del trabajador. Con todo, es preciso reconocer que en la doctrina judicial encontramos interpretaciones distintas en este punto, abriéndose fisuras, destacando las sentencias de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 11 de junio y 15 de junio de 2001 , en las que se afirma que el recargo en cuestión "no es de tipo objetivo, no es una responsabilidad objetiva que sea menester imputar a la empresa en todo caso de accidente, incluso de omisión de medidas de seguridad, no se organiza así en el art. 123 de la LSS, sino que es responsabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa por la vía de la culpabilidad"(en esta misma dirección TSJ Cataluña: 12-11-91); Asturias: 14-11-91 ; Madrid: 4-1-91 ; Sevilla: 9-10-91 ; Burgos: 17-10-91).

En resumen, aunque exista infracción, no habría recargo si la misma no es la causa del accidente, relación de causalidad que ha de probarse.

Por otra parte, como señala la STS 2-10-2000, en el recurso 2393/99, el recargo es una institución específica y singular de nuestra normativa de seguridad social no subsumible plenamente en otras figuras jurídicas típicas, cuyas señas de identidad son las siguientes:

a) El recargo ostenta un carácter sancionador y, por ende, el precepto legal regulador de este aumento porcentual ha de ser interpretado restrictivamente, por lo que, partiendo de aquella naturaleza, se ha declarado que, como regla, no se aplica el recargo a las mejoras voluntarias de la acción protectora, pues aunque estén incluidas en el área protectora de la Seguridad Social y participen de los caracteres que ostentan las prestaciones propias de ésta no supone que les sean de aplicación todas las disposiciones reguladoras de las prestaciones propias e imperativas de la Seguridad Social (entre otras, SSTS/IV 20-III-1997 -recurso 2730/1996).

b) Se afirma que el recargo «es una pena o sanción que se añade a una propia prestación, previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo»(entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993, 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 20-V-1994).

c) Se trata de responsabilidad empresarial cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

d) En orden a su abono, está exento de responsabilidad el INSS como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, recayendo la responsabilidad directa y exclusivamente sobre el empresario, lo que se fundamenta como una consecuencia de su carácter sancionatorio. Además, el referido carácter del recargo y su no configuración como una verdadera prestación de la Seguridad Social, impide pueda ser objeto de aseguramiento público o privado (entre otras, SSTS/IV 8-III-1993 -recurso 953/1992 , 16-XI-1993 -recurso 2339/1992, 31 -I- 1994 - recurso 4028/1992 , 7-II-1994 -recurso 966/1993 , 8-II-1994 -recurso 3760/1992 , 9-II-1994 -recurso 821/1993 , 12-II-1994 -recurso 293/1993 , 23-III-1994 -recurso 2686/1993 , 20-V-1994 -recurso 3187/1993 , 22-IX-1994 -recurso 801/1994) .

e) En la vía del recurso judicial, es dable controlar la cuantía porcentual del recargo fijada por Juez de instancia, habiéndose declarado que la Sala de lo Social del TSJ que conoce del recurso de suplicación puede modificar la cuantía porcentual del recargo de prestaciones fijada en la instancia cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con la directriz legal de fijarse en atención a la «gravedad de la falta» ( STS/IV 19-I-1996 -recurso 536/1995. No se hace, por tanto, referencia en la doctrina jurisprudencial a la proporcionalidad de la cuantía del recargo con la gravedad del daño causado al trabajador accidentado o con su situación de necesidad derivada de las consecuencias de la contingencia profesional sufrida, sino con la gravedad de la infracción cometida por el empresario.

f) En orden a la problemática específica del alcance de la responsabilidad empresarial sobre el recargo en caso de contratas y subcontratas, se constituye como elemento decisivo para determinar la responsabilidad de los empresarios concurrentes la idea del «empresario infractor», al que atribuye la responsabilidad el art. 123.2 LGSS ( SSTS/IV 18-IV-1992 -recurso 1178/1991 y 16-XII-1997 -recurso 136/1997).

También en la STS 2-10-2000, antes reseñada, se hace hincapié en las singulares características de recargo, indicando que:

a) La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

b) Se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente.

c) Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se declara independiente y compatible con las responsabilidades de todo otro orden, y en vez de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el accidentado o sus causahabientes, como personas que han sufrido directamente la infracción empresarial, y dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del daño, quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que tengan derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido.

d) La posible coexistencia del recargo con una sanción administrativa no comportaría vulneración del principio «non bis in idem», pues conforme a la jurisprudencia constitucional «la regla "non bis in idem" no siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o laboral) y que por su misma naturaleza «sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior» ( STC 158/1985 de 26-XI ), en tesis concordante con la jurisprudencia ordinaria (entre otras, STS/III 30-V-2000 ), destacándose doctrinalmente que es indudable que recargo de prestaciones y sanción administrativa no contemplan el hecho desde «la misma perspectiva de defensa social», pues mientras el recargo crea una relación indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de imponer la protección a los trabajadores.

e) De consistir el recargo ahora analizado en una mera indemnización y siendo ésta, en su caso, a cargo exclusivo de la empresa y en favor del accidentado o de sus beneficiarios, carecería de fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en vía administrativa resolviendo sobre su procedencia y porcentaje del incremento ( art. 1.1.e Real Decreto 1300/1995 de 21-VII) pues, en tal caso, despojado el recargo de su aspecto público o sancionador, se estaría ante un simple litigio entre particulares del que sólo podrían directamente conocer los órganos jurisdiccionales.

f) De adoptarse la tesis contraria a la que ahora se sustenta, resultaría que de haberse fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo podría invocarse en el ulterior expediente administrativo de determinación de la existencia de infracción de medidas de seguridad e imposición de recargo sobre las prestaciones , así como en el posterior procedimiento impugnatorio, que los daños causados ya estaban plenamente compensados con aquélla indemnización lo que impediría entrar a conocer de la cuestión de la procedencia o improcedencia del recargo. Evidenciando que si se integra la indemnización de daños y perjuicios con el importe del posible recargo no existiría esa responsabilidad en el pago del recargo «independiente... con las de todo orden... que puedan derivarse de la infracción» como preceptúa el citado art. 123 LGSS.

g) En suma, nuestro ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores afectados, uno originado por una conducta empresarial infractora de medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción, quiere que exista una desigualdad, que es dable calificar de objetiva y razonable, en orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza a percibir por el accidentado o sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto en que concurran declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de riesgos laborales. La referida desigualdad desaparecería, por motivos distintos a los de la gravedad de la infracción, de seguirse la tesis contraria a la que ahora se establece.

III).-Como apuntan las SSTS de 18 de abril de 2012, rec. 1651/2011 y 1 de febrero de 2012, rec. 1655/2011, la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada por el empresario demostrando que actuó con la debida diligencia, más allá incluso de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil, en doctrina que ha hecho suya el legislador al incluirla en el art. 96.2 de la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral - Ley 36/2011, de 10 de octubre-, al establecer que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

Tanto en el Código del Trabajo de 1926 como en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 la «deuda de seguridad»del empresario aparece claramente reconocida.

El art. 7 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971 en el Trabajo, por su parte, estableció como obligación del empresario la de «adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa».

Y el art. 19.1 del ET de 1980, desde su entrada en vigor, reza que «el trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene».

Ambos preceptos, por consiguiente, incorporaban ya enunciados de la obligación general de seguridad del empresario. Con todo, como ha señalado unánimemente la doctrina, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, constituye un cambio sustancial de cosas, por cuanto en el contexto protector que la Ley define, que es transposición del previsto en la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del Consejo, de Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y que engarza constitucionalmente con el reconocimiento del derecho a la vida y a la integridad física y moral ( art. 15 CE) y con la encomienda a los poderes públicos de «velar por la seguridad e higiene en el trabajo»(art. 40), la obligación general de seguridad adquiere plenitud normativa.

El Tribunal Constitucional en sentencia de 27 de marzo del 2007 habla de la LPRL como «concreción legal [...] en el ámbito de la prestación de trabajo (de) la protección constitucional que impone esta tutela de los l trabajadores, por virtud de las exigencias de diversos derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE »,para, renglón seguido, aludir a los términos del art. 14 LPRL. Y en la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de septiembre del mismo año. Esta «dimensión constitucional»del deber de seguridad y salud no es sino una manifestación de ese carácter de pieza clave en el sistema de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo diseñado por el legislador al que aludíamos.

La principal previsión que contiene el art. 14 de la LPRL es el reconocimiento de la obligación general de seguridad del empresario, reconocimiento que se lleva a cabo estableciendo un deber empresarial correlativo al derecho a la protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo que reconoce a los trabajadores: «Los trabajadores-reza el precepto- tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

El alcance de la obligación empresarial se determina después en el propio precepto, a través de un doble expediente: 1.º En primer lugar, precisando los principales contenidos de la obligación empresarial, que son contenidos de naturaleza preventiva, y el grado de diligencia que va a ser exigible al empresario. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud del trabajador a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo ( art. 14.2 LPRL) .

Por consiguiente, para la Ley todas estas obligaciones empresariales constituyen manifestación del deber de protección, que se desgrana en una serie de obligaciones específicas: obligación de evitar los riesgos ( art. 15.1 LPRL) , obligación de evaluar los riegos que no se puedan evitar y de planificar la acción preventiva en la empresa ( arts. 14.2 y 16 LPRL) , obligación de proporcionar al trabajador los equipos de trabajo y los medios de protección individual adecuados ( arts. 15 y 17 LPRL) , obligación de dar información, consultar y dar participación a los trabajadores ( art. 14 , 15 , 18 y Capítulo V LPRL ), obligación de proporcionar formación a los trabajadores individuales en materia preventiva ( arts. 14 y 19 LPRL) , obligación de elaborar un plan de emergencia ( arts. 14 y 20 LPRL) , obligación de adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores ( arts. 14 y 22 LPRL) , obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores ( art. 22 LPRL) y obligación de constituir un sistema de prevención dotado de los recursos preventivos necesarios ( arts. 14 y Cap. IV LPRL) .

El incumplimiento de estas obligaciones específicas implica el incumplimiento de la obligación general de seguridad, pero su cumplimiento no enerva el contenido de ésta, pues como expresamente se dice en la propia Exposición de Motivos de la LPRL la obligación seguridad del empresario «desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple coerción a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas».

Como el legislador se encargó de subrayar con la reforma que de la LPRL llevó a cabo la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, la obligación general de seguridad tiene un contenido básicamente preventivo. Esta dimensión preventiva, patente en la Directiva Marco, había sido plenamente asumida por el legislador de 1995, pero el de 2003, consciente de la deficiente aplicación del modelo legal, ha querido reforzarla.

La forma de «garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo»es la adopción de un sistema preventivo integrado y el eficaz funcionamiento del mismo. «En cumplimiento del deber de protección [...], el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes [...] El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo».

Por tanto, la primera y principal manifestación del cumplimiento de la obligación de seguridad exigible al empresario va a ser la elaboración de un completo plan de prevención, que suprima cuantos riesgos puedan evitarse, identifique, controle y proteja de los demás y haga del conjunto de medidas e instrumentos exigidos por la Ley y de los que la evolución técnica o las necesidades singulares de la empresa hayan podido aconsejar, un conjunto coherente y eficaz; un programa preventivo que debe integrarse en la organización de la empresa y actualizarse permanentemente para «garantizar la seguridad y salud en el trabajo»,que es, al cabo, lo que se pretende conseguir.

Esta planificación preventiva permite concretar en cada caso el alcance de la obligación de seguridad empresarial, en función de las prestaciones de trabajo contractualmente exigibles, de sus circunstancias técnicas y de las condiciones ambientales del lugar en el que se realiza la actividad ( STSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, 2-II-2007, Rec. 2096/2006). La prevención y la integración de la misma en el proceso productivo son, en definitiva, los instrumentos mediante los cuales el legislador pretende que la tutela prestada por el Ordenamiento sea una tutela real y eficaz, que no se limite al mero cumplimiento de obligaciones formales que, así interpretadas, se han revelado ineficaces para garantizar la «seguridad integrada».

IV).-La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

En el apartado 4 del art. 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador".

Finalmente, el art. 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

Del juego de dichos preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado.Habiendo declarado reiterada jurisprudencia de unificación que el empresario no cumple sólo con la dotación del equipo sino que también ha de velar porque se utilice y se haga de forma correcta: la deuda de seguridad no se agota con dar a los trabajadores los medios normales de protección sino que el empresario viene además obligado a la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones, que deben tender no sólo a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea el servicio encomendado, sino además la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales, pudiendo impedir, si fuera necesario, la actividad laboral de quienes incumplan el debido uso de aquéllos ( Sentencias del Tribunal Supremo 6.2.1995, 24.5.1996, 27.2.1997 y 8.10.2001 entre muchas otras).

La jurisprudencia ha señalado en ocasiones que tan sólo excluye el recargo si la imprudencia del trabajador se produce por actos ajenos al conocimiento y previsibilidad del patrono o después de advertencia específica del riesgo concreto de siniestralidad que es desatendida por el obrero ( STSJ País Vasco 1 diciembre 1994 que recoge la doctrina sentada en las del TS de 26 febrero 1974 y 28 mayo 1975).

La imprudencia temeraria, de conformidad con lo prescrito en la LGSS, elimina la calificación del accidente como de trabajo. Por otro lado, la imprudencia profesional, si bien no destruye la presunción de laboralidad del accidente y por ello mismo, no elimina la protección que al mismo brinda la legislación social, sí exonera al empresario del pago del recargo de prestaciones para el supuesto de que el empresario observara o cumpliera sus obligaciones informativas, formativas, y preventivas en general,de tal modo que para que una imprudencia rompa el nexo causal entre el comportamiento empresarial y el resultado lesivo, y éste no sea declarado responsable del accidente o enfermedad causados, se debe analizar si el accidente se hubiera evitado con la adopción de medidas por parte del empresario, medidas exigibles en función de la diligencia debida que hacían al riesgo previsible y evitable, aun en presencia de un comportamiento imprudente. El empresario será responsable si la empresa no puso los medios de protección aunque el accidentado actuara imprudentemente, y procederá declarar la responsabilidad patronal.

V).-Para clarificar y dar coherencia al debate, es menester partir de lo solventado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 18-9-2018, rec. 144/2017, donde con cita de otras precedentes, llega a las siguientes conclusiones:

"...La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.

La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.

La empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.

En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad....

...Que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.

También debe considerarse errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables....

...en sintonía con la expuesta posibilidad de extender al empresario principal la responsabilidad por el recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad, pero a condición de que concurran incumplimientos determinantes del accidente acaecido...".

Por otra parte, y como matiza la STS de 23 de enero de 2025, nº 48/2025, recurso 2396/2022, cuando un accidente laboral ocurre en un ámbito donde la empresa principal no tiene ningún medio personal ni humano, no es posible imponer a la misma un recargo prestaciones derivado del deber de vigilancia de las normas de seguridad en el trabajo ya que no se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

El marco normativo de aplicación es este:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 24.3:

"Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

- Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, artículo 42.3:

"La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal".

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, artículo 10:

"1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas".

SEXTO.-Sentadas estas bases y premisas, adelantamos que asumimos la responsabilidad de SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA en el recargo de prestaciones impuesto, y todo ello por las consideraciones que pasamos a exponer:

1.- El acta de infracción de la Inspección de Trabajo aprecia correctamente la responsabilidad solidaria de las empresas contratista principal IDS CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAU y SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA, junto a SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL por infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa empleadora ha vulnerado el deber de seguridad y salud del trabajador a su servicio en materia de condiciones materiales relacionadas con la elección y utilización de equipos.

En la investigación inspectora, se han acreditado los siguientes hechos:

-Se eligió y se utilizó un equipo de trabajo inadecuado y no adaptado a las condiciones del trabajo que debía realizarse desde el punto de vista de la seguridad.

-En fecha 11-4-18, la empresa ordenó al trabajador que realizase el corte de una tubería, dicha tubería, era de PVC. La tubería que iba a ser cortada, estaba al ras del forjado. Se utilizó una máquina mecánica agresiva, una radial, provista de disco de corte. Dicha operación, se realizó contraviniendo las propias instrucciones del fabricante establecidas sobre la aplicación y el uso de la radial. El trabajador empuñó la radial, con una sola mano (la derecha) y posicionó la otra mano, en el recorrido de acción del disco de corte. En el proceso de corte, el disco encontró resistencia, se partió, proyectándose de forma descontrolada y alcanzando la mano izquierda del trabajador.

2.- IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU, se dedica a la construcción de edificios residenciales. Por su parte, las empresas SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA y SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL, se dedican a las instalaciones (fontanería y calefacción). IDSCONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SAU (contratista principal), mediante contrato de prestación de servicios, de fechas 6-11-17 y 13-11-17 encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos, instalaciones y calefacción" a la empresa SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO SA. A su vez, dicha empresa (1° nivel de subcontratación), mediante contrato de prestación de servicios de fecha 27-2-18, encarga la ejecución de las partidas de "saneamientos e instalaciones detalladas en el Anexo del contrato" a la empresa SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (2° nivel de subcontratación). Según dicho anexo, se incluyen, como partidas contratadas, entre otras, "la instalación de tubería, montaje de aparato sanitario, de radiadores, calderas y acumuladores". Los contratos y subcontratos formalizados, tienen por objeto la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de dichas empresas. Dichas actividades fueron ejecutadas en el centro de trabajo de las mismas: Obra, situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El incumplimiento producido en materia de elección y utilización de equipos, se produjo durante la vigencia de dichas contratas y subcontratas, en el centro de trabajo ya indicado, afectando al trabajador de SERVICIOS PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL.

3.- El hecho de que el centro de trabajo donde se estaban prestando los servicios y donde acaecieron los hechos fuera de titularidad de la contratista principal IDS no impide que SANEAMIENTOS E INSTALACIONES VICENTE Y RIVERO como cadena de subcontratación de primer nivel sea empresario infractor, al no constar hubiera comprobado y vigilado, empleando la diligencia debida, que el trabajador contratado por PROFESIONALES AGUALIN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL recibiera una formación e información en condiciones de garantía para impedir el accidente, ( artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero) .

4.- Lo constatado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto la falta de atención y seguimiento de las indicaciones del fabricante y aunque se contiene en el Informe Pericial que aporta la demandante documentación informativa al propio trabajador sobre norma de utilización evitando la realización de la maniobra sobre determinadas superficies, la entrega de hoja informativa es insuficiente para considerar cumplidos los requerimientos propios de formación e información.

5.- Las empresas subcontratistas no han velado porque en el desarrollo de los trabajos se siguiesen las indicaciones de seguridad. Por ejemplo, acreditando que se recordaban esas instrucciones, que se insistía por personas coordinadoras que así se actuase.

6.- Muy llamativa es, a este respecto, la nota que consta en el Libro de Incidencias que se registra al día siguiente del accidente y en la que se recoge como acción correctora que se informa a las personas trabajadoras "que hasta el conocimiento de mayores datos se informa a todas las personas trabajadoras de que no deben cortar materiales sobre el suelo utilizando sierra radial".

7.- La actividad de construcción implica una elevada peligrosidad con carácter permanente; los daños producidos incurren en gravedad al haber determinado la declaración de incapacidad permanente total (situación que implica la separación de la profesión habitual para la persona afectada y la implicación de los recursos públicos) y una conducta empresarial que desatiende las instrucciones de seguridad en relación a los medios de fijación de un elemento de seguridad.

8.- La siniestralidad laboral en España ha experimentado un notable repunte, como lo demuestran los recientes datos estadísticos, en 2024 y principios de 2025, con los accidentes mortales aumentando un 10,4% en 2024 (796 fallecidos). Sectores como construcción, industria y servicios lideran las cifras de mortalidad, con un 91% de víctimas masculinas.

Por tanto, la finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es primordialmente preventiva y disuasoria: evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudieran haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.

9.- La responsabilidad empresarial en el recargo de prestaciones es cuasi-objetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS/IV 6-V-1998 recurso 2318/1997).

10.- En todo caso no apreciamos imprudencia temeraria del trabajador, ni que tenga cabida la denominada compensación de culpas, ya que, de haber recibido el operario accidentado una formación eficaz y con garantías el accidente se habría evitado, por lo que el hecho de que no empuñara las dos manos en el uso de la radial o que se utilizase en el suelo o superficies duras no es suficiente para exonerar de responsabilidad a ninguna de las empresas, contratista principal y subcontratistas.

11.-No es suficiente la realización de un curso presencial de formación de dos horas de duración sin que se conozca el contenido concreto del mismo.

12.- Las actividades que dieron lugar al accidente fueron ejecutadas en el centro de trabajo de todas empresas, tanto de contratista principal como de las subcontratistas, obra situada en la Av. Ramón y Cajal, n° 2, de la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Así lo pone de manifiesto el acta de la Inspección de Trabajo.

13.- Es precisamente en el marco de coordinación de la cadena de subcontratación que se exige evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad y, por eso, se establece por nuestro ordenamiento la responsabilidad solidaria. Cualquiera de ellas, pudo haber requerido la utilización correcta de la herramienta, haber evitado que fuera usada en material inadecuado y cualquiera de ellas podía haber concurrido en la supervisión de los cometidos

En definitiva, se impone desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida que no ha infringido la normativa y jurisprudencia denunciada.

Sin que haya lugar a condena en costas, dado que el recurso no ha sido impugnado ( art. 235 LRJS) , con pérdida del depósito constituido para recurrir ( art. 204.4 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,