Sentencia Social 827/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 324/2025 de 03 de octubre del 2025

PRIMERO.- I).-La sentencia impugnada, emitida por el Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid el 23 de enero de 2025, en sus autos nº 176/2024, ha desestimado la demanda deducida por Doña Loreto contra el INSS, la TGSS, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 y la mercantil Wonderlimp, S.L. con estimación respecto de estas dos últimas de la excepción de FALTA DE LEGIMITACIÓN PASIVA, y, en su virtud, confirmando la Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del INSS de fecha 2 de junio de 2023, por la que se deniega a la actora la pensión por incapacidad permanente, absuelve a las demandadas de los pedimentos formulados de adverso.

II).-Fundamenta para ello la iudex a quo su decisión básicamente en que la clínica declarada probada, en el estado actual de su evolución, no es de entidad suficiente para impedir de forma permanente a la actora el desempeño de su profesión u oficio, ni mucho menos cualquier actividad laboral, ya que, tras el análisis de la documental obrante en autos, no pueden sino compartirse las conclusiones del equipo evaluador, que han sido confirmadas por el médico forense, el cual ha tenido en cuenta para la elaboración de su informe los emitidos por la a sanidad pública de fecha más reciente (año 2024 y enero de 2025), de los Hospitales Universitarios de Móstoles y Rey Juan Carlos, en las especialidades de Urgencias, Reumatología, Psiquiatría y Otorrinolaringología, y que han sido aportados en el juicio por la parte actora como documentos nº 2 y 4.

Y, en este sentido, se hace constar en el Informe pericial forense, de cuya imparcialidad y objetividad la Juez de instancia no duda, la actora presenta las siguientes patologías: Fibromialgia, Trastorno adaptativo ansioso depresivo, Discopatia degenerativa lumbar, Hipoacusia perceptiva de oído izquierdo y Neurinoma de oído derecho, y que no se consideran agotadas las posibilidades terapéuticas.

Y respecto a las limitaciones, se recoge en el apartado de Exploración, efectuada el 15 de enero de 2025 :

"no se objetivan limitaciones funcionales. Cierta cojera por episodio clínico actual de trocanteritis. Exploración psicopatológica: no se observan signos patológicos agudos en el momento de la entrevista, refiere insomnio, no descansa bien por las noche",y en el apartado 3 de las Conclusiones "Que, respecto a las limitaciones funcionales puede ser tributaria de períodos de I.T. o ser causa de incapacidad permanente para actividades de muy importantes requerimientos sobre el segmento correspondiente. Con limitaciones funcionales genéricas a patologías degenerativas, empujar grandes pesos, manejo habitual de cargas, mantener posturas incomodas de forma reiterada y por largos periodos, elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar cuestas, cargar pesos, trabajar en cuclillas. Específicamente en pacientes con fibromialgia se recomienda evitar actividades repetitivas. En esfera mental limitación funcional para profesiones de especial responsabilidad o carga psíquica, disrupción de los patrones de sueño."

Concluyendo la Juez de instancia que:

"En consecuencia, no puede considerarse que la actora se encuentre limitada para llevar a cabo cualquier actividad laboral ni, en todo o en parte, las labores propias de su profesión habitual, pudiendo solicitar, en su caso, una adaptación de su puesto de trabajo que implique una observancia de sus limitaciones funcionales o bien una reducción de su jornada laboral, considerando que las patologías que presenta no tienen por el momento suficiente trascendencia incapacitante para el desempeño de las mismas, sin perjuicio de que, para el caso de periodo de agudización, sea acreedora de periodos de incapacidad temporal. A mayor abundamiento, ninguna prueba se ha practicado en cuanto a las tareas concretas respecto de las cuales estaría impedida la actora para desarrollar su trabajo, en orden a conceder una incapacidad permanente parcial.

Por todo ello, procede acordar la íntegra desestimación de la demanda, sin perjuicio de la protección que procederá, en su caso, en los periodos de agudización de las patologías, mediante las prestaciones por incapacidad temporal para el trabajo".

SEGUNDO.- I).-Disconforme se alza en suplicación la actora que destina los cuatro primeros motivos, por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS, a la revisión del relato fáctico.

En el primero propone se añada al hecho probado primero, párrafo segundo, lo que sigue:

" Profesión habitual es personal de limpieza, los puestos de trabajo realizados son predominantemente físicos".

No podemos asumirla, ya que confunde la profesión con el concreto puesto de trabajo.

Destaquemos que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20-9-2022, rec. 3861/2019, con apoyo en otras anteriores, nos recuerda que:

"...las declaraciones de incapacidad total -al menos hasta el momento- han venido refiriéndose siempre a una concreta profesión, la que a la luz de la trayectoria profesional del sujeto merezca la consideración de "habitual". Y como es lógico, la concreción de esta incompatibilidad absoluta pasa ineluctablemente por el enunciado de reglas precisas que permitan la certera identificación de la profesión habitual en cada caso. En este sentido, el art. 194.2 LGSS /TR 2015 [DT Vigésima sexta] dispone que "se entenderá por profesión habitual, en caso ... de enfermedad común... aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el periodo de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine". Así las cosas, en caso de enfermedad - profesional o común- la profesión habitual será "aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad laboral transitoria [incapacidad temporal en la terminología de la legislación vigente] de la que se deriva la invalidez" (determinación reglamentaria -en defecto de otra- que se localiza en el art. 11.2 OM 15/Abril/1969). Definición legal ciertamente imprecisa, y partiendo de tal insuficiencia normativa, el Tribunal Supremo más que cerrar y precisar la "definición legal", ha optado por la concreción negativa del término, en el bien entendido de focalizar la cuestión en lo que no merece la consideración de profesión habitual. Así, se ha admitido con rotundidad que la profesión habitual no es identificable con el "grupo profesional" [ STS 28/02/05 rcud 1591/04 ]; pero que tampoco lo es con el "puesto de trabajo" o "categoría profesional" [ SSTS 27/04/05 podrá rcud 998/04 ; 25/03/09 rcud 3402/07 ; y 26/10/16 rcud 1267/15 ]...".

La profesión habitual no es coincidente con la labor que se realice en un determinado puesto de trabajo ( STS 27-4-05, recurso 998/2004), sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y al que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional; de modo que para poder realizar un juicio de valor adecuado, la Sala debe tener constancia no sólo de las lesiones alegadas, sino también de la profesión habitual de la actora y de las funciones que ello conlleva

II).-En el segundo motivo solicita modificar el hecho probado segundo, párrafo primero, para el que propone este texto:

"3.- DATOS DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO (Anamnesis, exploración, documentos aportados) 42 años. Mozo de almacén en Logista Farma, en Leganés. Antigüedad desde 12/2022 (finalizará contrato el 13/06/2023), en turno de noche. Anteriormente limpieza oficinas, despachos, etc en un laboratorio (3 años).

En fecha 29 de marzo de 2023 se emite Informe Médico de Síntesis, en el que consta como diagnóstico "Fibromialgia. Tr. adaptativo.", y en el apartado de Conclusiones, como Limitaciones orgánicas y/o funcionales, se hace constar "Diagnosticada de Fibromialgia de hace 4 años, padecimiento crónico. Además presenta labilidad emocional, y en seguimiento por Reumatología del HU RJC. EF: No artritis a ningún nivel. No datos de patología reumatológica ni autoinmunológica en el momento actual (último informe del 24/03/2022 y Alta por su parte sin precisar revisiones)". (Folios 135 y ss del EA)

4. TRATAMIENTO EFECTUADO, EVOLUCIÓN Y POSIBILIDADES TERAPEUTICAS Tto: Zaldiar 1-0-1, Sertralina 1-0-0, Paracetamol 0-1-0, Lorazepam 0-0-1."

No es admisible.

El hecho probado segundo ya se remite al informe médico de síntesis y resulta por tanto redundante la redacción que se nos propone, y lo que es reiterativo no ha de constar por inútil en el apartado histórico.

III).-En el tercer motivo interesa adicionar al hecho probado segundo párrafo 3º, con sustento en el informe médico obrante al folio 129, emitido por el Hospital Rey Juan Carlos de 26/7/23, lo que sigue:

(Sic) "Fibromialgia de Grado IV, limitación importante de las actividades básicas de la vida diaria,escasa respuesta al tratamiento habitual. Dicho tratamiento habitual al cual alude el informe

emitido por la Doctora María Purificación del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, es elsiguiente;

Zaldiar

Arcoxia 60mg

Gabapentina 100mg

Diclofenaco".

IV).--Mientras que en el cuarto interesa adicionar al HECHO PROBADO TERCERO párrafo primero, en base al Documento n° 2 folio 4° y 21° del ramo de prueba de la demandante, lo que sigue:

"Que Dña. Loreto está diagnosticada en la actualidad de fibromialgia GRADO IV.-limitación importante de actividades básicas de la vida diaria. Escasa respuesta al tratamiento habitual. Se trata de una patología crónica para lo que ya no existe más arsenal terapéutico.

Son varias las razones que justifican el rechazo de los motivos de revisión tercero y cuarto:

Lo que persigue en realidad es que esta Sala proceda a una nueva ponderación de los medios de prueba, ignorando que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la apreciación del material probatorio en toda su amplitud le está reservada al juez que presidió la vista, por ser quien tuvo plena inmediación en su práctica, y que la convicción a la que llega únicamente puede ser revisada en trámite de recurso cuando la equivocación que se le atribuye se deduzca de manera directa, clara e indubitada de documentos o informes periciales obrantes en autos capaces de acreditar, por sí mismos, el error cometido, sin necesidad del concurso de otras pruebas o razonamientos, y siempre y cuando no existan otros medios de prueba cuyo contenido, opuesto al de los elementos designados, haya merecido mayor credibilidad al órgano de instancia. La razón de ser de esta última exigencia es que el ordenamiento jurídico no concede preferencia a ninguna prueba documental o pericial sobre otra de la misma o distinta naturaleza, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto faculta al juez que presidió la práctica de todas ellas, para sopesar conjuntamente unas y otras y llegar a la conclusión de que la verdad del hecho no es la que aparece en unos determinados documentos, sino la que ofrecen aquellos por los que optó. De igual modo, el cauce de la revisión fáctica, no permite una revisión global de la valoración de la totalidad de los medios de prueba practicados, lo que convertiría la suplicación en una nueva instancia jurisdiccional contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso.

El segundo argumento que conduce a la solución anunciada es que los informes alegados en el motivo no vinculan a la juez de instancia y tampoco a esta Sala. Ello es así, porque la determinación de la credibilidad que, en su consideración conjunta, merecen los diferentes dictámenes médicos incorporados a un proceso de incapacidad permanente, le corresponde al órgano "a quo" de manera privativa, exclusiva y excluyente, como parte de la función de juzgar, de suerte que de existir informes divergentes o contradictorios puede decantarse por los que le merezcan mayor fiabilidad, sin más obligación que la de sujetarse a las normas del raciocinio humano y de la experiencia. Así resulta del art. 97.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y los arts. 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicables con carácter supletorio en el proceso social.

La tercera que conduce a la desestimación del motivo estriba en que el la juzgadora no quebrantó las reglas de la sana crítica, cuya contravención ni siquiera denuncia la recurrente, teniendo en cuenta las circunstancias que a continuación se exponen:

A).- En el fundamento de derecho segundo la iudex a quo motiva y explica de dónde ha obtenido sus elementos de convicción, con estas palabras:

"El estado de la actora en la fecha del hecho causante es fruto de la valoración conjunta de la prueba, pues quien juzga se ve abocada a formar convicción acudiendo a este método de valoración, haciéndolo descansar en los informes clínicos obrantes en autos; esencialmente, la convicción se obtiene en base al Informe Médico de Síntesis, pruebas diagnósticas que se le han practicado, los Informes médicos de la sanidad pública de fecha más reciente, de los Hospitales Universitarios de Móstoles y Rey Juan Carlos, en las especialidades de Urgencias, Reumatología, Psiquiatría y Otorrinolaringología (documentos nº 2 y 4 aportados en el acto de la vista), así como al Informe pericial forense obrante en las actuaciones. Dejando ya sentado de antemano que en la identidad de las dolencias no trascienden aquellas dolencias que hayan podido tenerse en un momento histórico pero no resultan actuales o que, habiendo tenido algún efecto incapacitante en momentos históricos antecedentes, no tengan estos lugar en la actualidad valorada; del mismo modo que no pueden trascender aquellas dolencias actuales que, por sus características lesivas o patógenas, no generan efectos incapacitantes de índole profesional reales, aunque supongan menoscabos ciertos sobre el estado normal de una persona".

B).- Tales explicaciones son satisfactorias al atenerse a las reglas del criterio humano y a las máximas de la experiencia. A este respecto, la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas (por todas, SSTC 175/85, de 15 de Febrero; 141/2001, de 18 de junio, FJ 4; 244/2005, de 10 de octubre, FJ 5, y 136/2007, de 4 de junio, FJ 2). Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de Febrero), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial, tal como dispone el art. 97.2 LRJS.

C).- Nada tenemos que objetar a que se haya dado especial fuerza de convicción al informe del médico forense, por su imparcialidad y objetividad.

D).- Las inferencias obtenidas por el Juez de instancia son lógicas, alejadas de toda idea de arbitrariedad, incluso cuando se atiene a los informes más próximos en el tiempo a la celebración del acto del juicio, ya que la referencia a la evolución de las dolencias es un aspecto de obligada consideración a tenor de la doctrina sentada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias de 25 de junio de 1998 (Rec. 3783/1997), 7 de diciembre de 2004 (Rec. 4274/2003), 5 de marzo de 2013 (Rec. 1453/2012), 6 de febrero de 2019 (Rec. 46/2017) y 1 de diciembre de 2021 (Rec. 345/2019), salvo que se trate de dolencias sobrevenidas con posterioridad al hecho causante cuya etiología no guarde relación con las padecidas en ese momento, que no es el caso.

TERCERO.-Llegamos así al último motivo, ordenado como quinto.

Varias precisiones previas son pertinentes antes de continuar, y son las que a continuación desglosamos:

1.- Aun cuando no se mencionan expresamente los preceptos infringidos tal defecto quedada subsanado por la remisión que se hace en bloque a copiosa doctrina judicial de tribunales superiores y de juzgados de lo social que cita , siendo así deducible, en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva proclamada por el artículo 24 de la CE, que sus líneas discursivas se fundamentan en los artículos 193 y 194 LGSS.

2.- En este orden de cosas los requisitos procesales del recurso deben interpretarse en el sentido más favorable a su efectividad y con proscripción de formalismos enervantes o rigorismos desproporcionados que conviertan los requisitos procesales en obstáculos para que la tutela judicial sea efectiva.

3.- Si bien puede dictarse una sentencia desestimatoria del recurso formalizado como consecuencia del incumplimiento de las exigencias formales esenciales, sin que ello comporte denegación de tutela judicial ( SSTC nº 92, de 23-05-90 y n° 109, de 20-5- 91), pues las partes deben someterse a todas las exigencias formales previstas para el acceso a los recursos ( SSTC n° 149, de 3-5-93 y nº 170, de 27-9-99), que están establecidas como una garantía para todas ellas, cuyo cumplimiento no es por tanto un capricho del legislador ni de los órganos judiciales ni afecta al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ( STC n° 9, de 21-4-89), ello no obstante las normas que contienen los requisitos procesales han de ser aplicadas en función del fin que según la ley vienen a procurar, resultando lesivas las interpretaciones irrazonables, arbitrarias o incursas en error patente que invaliden el derecho del justiciable, lo que incluye la resistencia injustificada, infundada o artificiosa a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La STC nº 18/1993, no es menos concluyente a este respecto, y viene a anticipar lo que posteriormente mantuvieron sentencias tales como la 76/1997, 93/1997, 192/1998, 235/1998, 236/1998 y 23/1999. Una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas ordenadoras del recurso no debe rechazar "ad limine" el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano; por todas, véanse las SSTC 18/1993, 37/1995, 135/1998 y 163/1999 y STS,4ª, de 10-5-23, recurso 15/2021. Dicho de otro modo: los requisitos procesales que condicionan el acceso a los recursos legalmente establecidos han de ser interpretados a la luz del derecho fundamental del artículo 24.1 y "en el sentido más favorable a su efectividad, de modo que tales requisitos no se conviertan en meras trabas formales o en exigencias que supongan un obstáculo injustificado"( SSTC 5/1988, de 21 de enero, y 176/1990, de 12 de noviembre) y STS, 4ª, 14-10-20, recurso 107/2019.

4.- En esta sede de suplicación lo que solicita no es ya el reconocimiento de la incapacidad permanente en los grados de absoluta, total o parcial, tal como se refería en el petitum de la demanda, sino el reconocimiento del grado de IPT, como parece deducirse del desarrollo del recurso y su suplico, que no obstante es alambicado y ambiguo, defendiendo, en esencia, que atendiendo al componente físico de su profesión (personal de limpieza de edificios), en contraposición a lo manifestado en la sentencia de instancia en el Fundamento de derecho cuarto, pues la demandante realiza funciones tales como limpiar y mantener limpias superficies y mobiliario en locales, realizar la limpieza, higienización y en su caso, desinfección de suelos, paredes, techos, cristales y mobiliario el cual debe de mover para poder realizar la limpieza, así como retirar la suciedad y los residuos, unido al dolor , no está en condiciones de llevar a cabo el núcleo de los cometidos de las funciones de su profesión habitual, debido a que su puesto de trabajo no se puede adaptar al ser un trabajo eminentemente físico y no se le puede exigir a la empresa para la cual trabaje soportar por parte de la trabajadora grandes períodos de IT, como tampoco ponerle en puestos que impliquen un nivel de responsabilidad o carga psíquica.

CUARTO.-En contestación a los reproches así formulados partimos de que la actora, nacida NUM000 de 1981, tiene como profesión habitual la de personal de limpieza, consistiendo sus dolencias en:

Fibromialgia y Trastorno adaptativo, constando de la exploración realizada por el médico evaluador, en fecha 29 de marzo de 2023, "Diagnosticada de Fibromialgia de hace 4 años, padecimiento crónico. Además, presenta labilidad emocional, y en seguimiento por Reumatología del HU RJC. EF: No artritis a ningún nivel. No datos de patología reumatológica ni autoinmunológica en el momento actual (último informe del 24/03/2022 y Alta por su parte sin precisar revisiones) que son precisamente las limitaciones orgánicas y funcionales que se recogen en dicho informe.

En el Informe Médico Forense, con fecha de entrada el 17 de enero de 2025, se concluye que:

"1. Que Dª Loreto presenta las siguientes patologías:

- Fibromialgia.

--Trastorno adaptativo ansioso depresivo. 0 Discopatia degenerativa lumbar.

- Hipoacusia perceptiva de oído izquierdo. 0 Neurinoma de oído derecho.

2. Que no se consideran agotadas las posibilidades terapéuticas.

3. Que, respecto a las limitaciones funcionales puede ser tributaria de períodos de I.T. o ser causa de incapacidad permanente para actividades de muy importantes requerimientos sobre el segmento correspondiente".

Con limitaciones funcionales genéricas a patologías degenerativas, empujar grandes pesos, manejo habitual de cargas, mantener posturas incomodas de forma reiterada y por largos periodos, elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar cuestas, cargar pesos, trabajar en cuclillas. Específicamente en pacientes con fibromialgia se recomienda evitar actividades repetitivas. En esfera mental limitación funcional para profesiones de especial responsabilidad o carga psíquica, disrupción de los patrones de sueño."

Respecto a la profesión de limpiadora tiene un contenido público y notorio, lo cual harían innecesarias otras disquisiciones. Sin embargo, no está por demás referir que es un trabajo eminentemente físico. Aunque el tipo de esfuerzo que conlleva ha de ser continuado a lo largo de la que podemos considerar jornada ordinaria de trabajo, no es intenso; salvo en situaciones esporádicas. Los pesos que se manejan son leves, no obstante y ocasionalmente, pueden ser moderados. Requiere de un buen estado de las extremidades inferiores porque se desarrolla en bipedestación, así como para los desplazamientos por el centro de trabajo y que suelen ser cortos pero continuos. También, desde luego, de las superiores, con el fin de manejar los utensilios necesarios y que normalmente se trasportan usando carritos auxiliares.

Situada la cuestión en ese ámbito, la Sala ha de partir de una consideración general referida al grado de incapacidad permanente total. Dicha premisa consiste en que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

En su consecuencia, y para solventar la cuestión enunciada, hay que poner en relación dos elementos. De un lado, el cuadro residual que la resolución judicial impugnada declara probado. De otro, las labores básicas del oficio desempeñado por el demandante.

A criterio de la Sala, compartiéndose los argumentos de la sentencia recurrida, no le acompaña la razón a la recurrente, por las consideraciones que pasamos a exponer:

A).- Los requerimientos físicos de la profesión de un operario de limpieza son moderados, que es algo más que ligero aunque algo menos que intenso, si bien la limpieza no tiene como tarea fundamental la de sobrecarga de pesos aunque sea una actividad en la que se carguen, en ocasiones, o se desplace el material de limpieza, como tampoco requiere flexo extensiones frecuentes en tronco, ni de elevación frecuente de los miembros superiores, aunque pueda estar presente dicha función en alguna tarea concreta, no en todas, por lo que entendemos que las lesiones valoradas y las limitaciones objetivadas no le impiden la realización de las tareas fundamentales de la profesión alegada y acreditada. Debe tenerse en cuenta que las exigencias físicas de un peón de limpieza son moderadas o de intensidad media y en las que el trabajador se vale de medios mecánicos puestos a su disposición, por lo que si sus limitaciones se relacionan con tareas que conlleven esfuerzos importantes de región lumbar, empujar cajas, levantar pesos, posturas forzadas y movimientos repetitivos tales requerimientos no están presentes en su profesión habitual, al menos en un grado elevado. Aunque la profesión de limpiadora requiera un moderado esfuerzo físico, ello no implica que deba realizar tareas de sobrecarga intensa de columna lumbar.

B).- La profesión de personal de limpiadora no conlleva una especial responsabilidad o carga psíquica.

C).- Las posibilidades terapéuticas de la actora no están agotadas , según el informe médico forense.

D).- En los momentos álgidos de exacerbación de su cuadro clínico puede acogerse a la incapacidad temporal y a sus prestaciones, pero en el momento actual sus dolencias no son previsiblemente definitivas.

En todo caso, y dado lo ambiguo del recurso, si se entendiera que está queriendo pedir subsidiariamente a la IPT la IPP, tal como lo hizo en su demanda, lo que insistimos no se infiere del suplico de su recurso, este grado también debe desestimarse. La incapacidad permanente parcial, al igual que la total, no se reconoce para un determinado puesto de trabajo, sino para una profesión, lo que implica que el ámbito funcional que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la incidencia de las lesiones sobre la capacidad laboral viene delimitado por el conjunto de actividades que integran la profesión habitual y los requerimientos psicofísicos que demanda de forma genérica y objetiva, más allá de las concretos cometidos y exigencias de un determinado puesto de trabajo. Así lo viene afirmando una doctrina consolidada, recogida, entre otras, en las sentencias de 11 de marzo y 23 de septiembre de 2020 ( Rec. 3777/2017 y 2800/2018). No alcanzando la disminución requerida atendiendo tanto a lo que objetivamente se rinde como a la existencia de una mayor peligrosidad o penosidad específica para llevar a cabo las labores propias del oficio habitual, pauta que se recoge en las sentencias de 4 de mayo de 2016 (Rec. 1986/2014) y 22 de julio de 2020 (Rec. 4533/2017), el tercio.

Procede, por consiguiente, confirmar la sentencia de instancia y desestimar el recurso formalizado por la demandante, al que no procede imponer las costas causadas en esta fase al gozar del beneficio legal de justicia gratuita y no apreciarse temeridad o mala fe en su actuación procesal (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,