Sentencia Social 875/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 317/2024 de 04 de octubre del 2024

PRIMERO.-La cuestión a resolver, tal como han quedado delimitada en esta sede y previamente en el juicio, se ciñe a determinar si el cuadro clínico y limitaciones que presenta la trabajadora le hacen tributaria del grado de incapacidad permanente total que le fue reconocido por resolución de la Dirección Provincial del INSS de Madrid de fecha de 2-5-2022, para su profesión de Jefe administrativo contable, o, si por el contrario, es merecedora del grado de incapacidad permanente absoluta reclamado en su demanda.

SEGUNDO.-Recayó sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de los de Madrid, a quien correspondió por turno de reparto el conocimiento del asunto, de 22 de diciembre de 2023, en sus autos nº 1079/2022, desestimatoria de la pretensión rectora del proceso en curso, sustentando su pronunciamiento en esta argumentación:

"(....) si conforme al contenido de los hechos probados, a la demandante -de 53 años de edad-, de profesión Jefe Administrativa Contable, ha sido reconocida por el INSS en situación de Incapacidad Permanente en grado de Total para dicha profesión habitual, derivada de enfermedad común, por hallarse afectada de "Migraña crónica, componente de sobre uso opiáceos. Mal control. Neuropatía del peroneo común derecho con dolor neuropático asociado. Trastorno depresivo ansioso depresivo", es por lo que ha de estimarse, que los referidos padecimientos, en su actual evolución y por el momento, si bien impiden a la actora la realización de las tareas propias de su profesión, no ha resultado probado en forma fehaciente, que inhabiliten a la misma para dedicarse a otros trabajos o actividades, que no requieran gran atención y/o concentración, sin perjuicio de que dichos padecimientos puedan dar lugar a periodos de baja por Incapacidad Temporal".

TERCERO.-Los dos primeros motivos del recurso, canalizados por el apartado b) del artículo 193 LRJS, se destinan a la revisión del relato fáctico, y en concreto:

A).- Para dar una nueva redacción al hecho probado segundo, para el que ofrece esta redacción:

"Doña Natalia está diagnosticada de MIGRAÑA CRÓNICA REFRACTARIA, NEURO PATÍA DEL PERONEO COMÚN DERECHO CON DOLOR NEUROPATICO ASOCIADOpadece:

- Cefalea hemicraneal bilateral, sobre todo izquierda, que irradia a mandíbula y oído.

- Refiere alta intensidad, que inicia como pinchazo, que se continúa de presión.

Nauseas y vómitos en todas las crisis.

Frecuencia alrededor de 25 días al mes, mediciones realizadas (informe de neurología Hospital Universitario General de Villalba folios 128 a 131, folios 190 a 233):

- Febrero 21: 21 días muy intensos.

- Marzo 21: 22 días intensidad elevada.

- Abril 21: 22 días muy intensos.

- Mayo 21: 23 días.

- Junio 21: 23 días.

- Septiembre 21: 22 días.

- Octubre 21: 24 días.

- Noviembre 21: 24 días.

- Diciembre 21: 24 días.

- Enero 22: 24 días.

- Febrero 22: 23 días.

- Marzo 22: 24 días.

- Abril 22: 24 días

- Mayo 22: 28 días.

- Junio 22: 28 días

- Aumentando hasta llegar en informe de 25-05-2023 a cefaleas todos los días, intensidad gradual empeoran por la tarde- noche.

- CON SOBREUSO DE OPIACEOS Y DE IBUPROFENO, PÉRDIDA A RESPUESTA A TOXINA BUTOLINICA, AJOVY, AIMOVIGY Y GALCANEZUMAB. MIRTAZAPINA NI CICLO DE CORTICOIDES.

- DOLOR CRÓNICO.

TRASTORNO ADAPTATIVO DEPRESIVO GRAVE CON SÍNTOMAS ANSIOSO DEPRESIVO CON LIMITACIÓN FUNCIONAL.DEPRESION MAYOR.(Informe de Salud Mental de Colmenar Viejo, Hospital Universitario La Paz, folios 55 y 56, 235, 236, 237, 238) padece:

- Apatía y anhedonia, ánimo depresivo, insomnio mixtoastenia y pérdida de energía, irritable, ansiedad basal, falta de concentración.

LIMITACION FUNCIONAL DE COLUMNA POR TRASTORNO DEL DISCO INTERVERTEBRAL.

DISCAPACIDAD DEL SISTEMA NEUROMUSCULAR. POR MONONEURITIS DEL MIEMBRO INFERIOR.

LIMITACION FUNCIONAL DEL MIEMBRO INFERIOR POR OSTEOARTROSIS".

Todas estas patologías le limitan para las actividades de su vida diaria, cuando más para la realización de un trabajo, tiene una capacidad de trabajo nula."

Son varias las razones que justifican el rechazo de la propuesta formulada.

En primer lugar, no cumple la formalidad que impone el art. 196.2 de la Ley Reguladora del orden social de argumentar de forma precisa y clara su pertinencia y fundamentación, pues para respaldarla, la parte recurrente se limita a transcribir los informes que cita sin poner en evidencia el error que imputa al órgano de instancia ni esgrimir ningún alegato sobre la incorrección del juicio valorativo realizado.

Lo que persigue en realidad es que esta Sala proceda a una nueva ponderación de los medios de prueba, ignorando que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la apreciación del material probatorio en toda su amplitud le está reservada al juez que presidió la vista, por ser quien tuvo plena inmediación en su práctica, y que la convicción a la que llega únicamente puede ser revisada en trámite de recurso cuando la equivocación que se le atribuye se deduzca de manera directa, clara e indubitada de documentos o informes periciales obrantes en autos capaces de acreditar, por sí mismos, el error cometido, sin necesidad del concurso de otras pruebas o razonamientos, y siempre y cuando no existan otros medios de prueba cuyo contenido, opuesto al de los elementos designados, haya merecido mayor credibilidad al órgano de instancia. La razón de ser de esta última exigencia es que el ordenamiento jurídico no concede preferencia a ninguna prueba documental o pericial sobre otra de la misma o distinta naturaleza, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto faculta al juez que presidió la práctica de todas ellas, para sopesar conjuntamente unas y otras y llegar a la conclusión de que la verdad del hecho no es la que aparece en unos determinados documentos, sino la que ofrecen aquellos por los que optó. De igual modo, el cauce de la revisión fáctica, no permite una revisión global de la valoración de la totalidad de los medios de prueba practicados, lo que convertiría la suplicación en una nueva instancia jurisdiccional contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso.

El segundo argumento que conduce a la solución anunciada es que los informes alegados en el motivo no vinculan al juez de instancia y tampoco a esta Sala. Ello es así, porque la determinación de la credibilidad que, en su consideración conjunta, merecen los diferentes dictámenes médicos incorporados a un proceso de incapacidad permanente, le corresponde al órgano "a quo" de manera privativa, exclusiva y excluyente, como parte de la función de juzgar, de suerte que de existir informes divergentes o contradictorios puede decantarse por los que le merezcan mayor fiabilidad, sin más obligación que la de sujetarse a las normas del raciocinio humano y de la experiencia. Así resulta del art. 97.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y los arts. 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicables con carácter supletorio en el proceso social. A estos efectos la Juez de instancia ya razona en el fundamento primero que "Las circunstancias que se declaran probadas se deducen de la documentación incorporada al expediente administrativo, la documental aportada por la parte actora y pericial, practicadas en el acto del juicio".Es decir, la modificación pretendida por la parte recurrente tiene por base y fundamento documentos valorados por la juzgadora de instancia.

En tercer lugar, la valoración imparcial y objetiva efectuada por la Juez de instancia no puede ser sustituida por la valoración subjetiva e interesada de la parte recurrente, y la propuesta que presenta el recurso es, en definitiva, la sustitución del criterio valorativo del Magistrado de instancia, que aprecia la totalidad de lo actuado desde su imparcialidad, por la valoración de la parte interesada con apoyo de, sólo, los aspectos probatorios que estima son proclives a sus pretensiones materiales, lo cual no es posible salvo cuando queda evidenciado, de manera plena y sin contradicción, el error de evaluación, lo que aquí no sucede a la vista de la diversidad de informes aportados, y sin que pueda tacharse a la valoración judicial de errónea por haber otorgado mayor preponderancia a unos informes sobre otros de los obrantes en los autos.

En cuarto, lugar, se introducen juicios de valor que prejuzgan el l sentido del fallo.

B).- Para dar una nueva redacción al hecho probado tercero, ofreciendo esta redacción alternativa:

"En fecha 2-11-2021, el INSS acuerda iniciar un expediente de incapacidad permanente. Tramitado expediente sobre declaración de Incapacidad Permanente, con fecha 2-5-2022 se dictó resolución por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), reconociendo a la actora en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, con derecho a percibir una pensión en cuantía equivalente al 55% de su base reguladora de 1.398,75 euros, con efectos de 28-4- 2022."

Justifica la revisión en que es importante a los efectos de la concesión de los efectos económicos de la incapacidad permanente absoluta, habiendo solicitado sus efectos económicos desde el 2 de noviembre de 2.021.

Se rechaza la revisión por dos razones:

La primera es que confunde la fecha de iniciación del expediente con la de los efectos económicos de la prestación.

La segunda es que la Entidad Gestora fija la fecha de efectos en la de 28 de abril de 2022, que coincide con la fecha de finalización de la situación de incapacidad temporal que dio lugar al expediente de incapacidad permanente, todo ello en armonía y concordancia con lo dispuesto en el art. 13 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.

CUARTO.-Ya en sede del Derecho aplicado el tercer motivo, por el cauce del apartado c) del artículo 193 LRJS, y por las razones que expone, denuncia infracción de los artículos 193, 194, 195 y 196 de la LGSS, así como doctrina judicial contenida en las sentencias de TSJ que cita, sosteniendo, en esencia, sus dolencias y limitaciones le inhabilitan por completo para cualquier profesión u oficio.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Así pues el concepto de incapacidad permanente se desarrolla alrededor de las lesiones sufridas y su incidencia en la capacidad laboral.

Las notas características que definen el concepto legal de la incapacidad permanente son:

1. Una alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben valorarse en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado. Exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2. El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales, es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3. La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente. Por eso, no obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

4. La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de que disminuyan o anulen su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule. Este constituye el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. Además, es importante tener en cuenta que esa dolencia sea posterior al momento de la afiliación, porque si durante un largo periodo no ha impedido el desarrollo del trabajo, no puede pretenderse que sea la determinante de una IP. No obstante, sí sería posible que sumada a otras dolencias lo sea.

Dispone el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca".

Se define la IPA como aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. Por lo general, la IPA se equipara así a la capacidad mínima para asistir al trabajo, prestar atención, relacionarse, ejercitar actividad física y por lo tanto la grave dificultad para utilizar los medios de transporte público o privados, para entender y atender las instrucciones empresariales, para comunicarse o para efectuar mínimos esfuerzos físicos constituyen supuestos de IPA. Es decir, este grado no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar con cierta eficacia las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral; porque no debe olvidarse que la aptitud laboral no puede definirse por la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica o por el ejercicio de algún trabajo marginal, sino por la de poder realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible y con la habitualidad y profesionalidad necesarias.

Toda actividad laboral en régimen de ajeneidad y dependencia ha de ser desarrollada bajo las órdenes de un empresario, exigiéndose en todo caso unos mínimos de intensidad y eficacia durante la jornada laboral que se ha de mantener de forma constante, debiendo regir en la interpretación del precepto un principio de racionalidad, en el que se considere la finalidad de la norma y la propia experiencia de la vida del trabajo, lo que descarta cualquier interpretación basada en expectativas ilusorias o meramente teóricas de actividad laboral. De ahí que, ha de reconocerse no sólo a quien carezca de toda aptitud física para la realización de cualquier quehacer laboral, sino también a quien, manteniendo posibilidades de ejecución de ciertas tareas, se encuentre, sin embargo, sin facultades bastantes para su satisfacción con la eficacia normalmente exigible en el ámbito en que tales tareas se satisfacen y, por lo mismo, esa ausencia de facultades o aptitudes esenciales equivalen, "de facto", a una inhabilidad absoluta para cualquier tipo de trabajo o empleo. La IPA debe reconocerse a quien carece de la posibilidad de desarrollar una actividad útil, o con escaso margen, y susceptible de recibir por ello una compensación económica.

QUINTO.-La respuesta a la queja formulada debe darse a partir de dos premisas. Consiste la primera en que el grado de invalidez postulado se define en razón de dos parámetros fundamentales: de un lado, las restricciones previsiblemente definitivas de la capacidad de ejecutar una actividad laboral de una manera eficiente que le ocasionan a la persona trabajadora las lesiones o enfermedades que padece; de otro, los requerimientos inherentes a cualquier profesión u oficio. De ahí, que el mero diagnóstico de una o más patologías, los antecedentes clínicos y los hallazgos detectados a través de las pruebas diagnósticas practicadas, no sean determinantes a efectos de la labor evaluadora, siendo el factor decisivo la sintomatología de carácter permanente con que cursan las dolencias, la reacción a los tratamientos aplicados, y, en definitiva, los menoscabos permanentes de la capacidad laboral que las manifestaciones clínicas y los déficits objetivados provocan al interesado.

El segundo postulado general a considerar radica que de acuerdo a una doctrina jurisprudencial antigua y notoria pero plenamente vigente, la fijación de la aptitud laboral del interesado no se puede realizar en función de la mera posibilidad de un ejercicio esporádico de determinadas tareas de un oficio, sino por la de llevarlas a cabo con la necesaria profesionalidad y conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia que todo trabajo comporta, y sin poner en peligro su integridad física y su salud.

A la vista de cuanto se deja expuesto en el fundamento anterior, y descendiendo de lo general a lo particular, no podemos sino concluir que, desde un punto de vista objetivo, la situación de la actora, si bien le impide realizar en condiciones de eficacia, habitualidad, profesionalidad y rentabilidad el núcleo de las tareas de su profesión habitual como jefe administrativo contable, al contraindicar su cuadro clínico con actividades laborales que exijan gran atención y concentración, de ahí que por resolución de la Dirección Provincial del INSS de Madrid de fecha 2-5-22 se le haya reconocido el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, ello no obstante, por su afectación, intensidad y gravedad, le resta capacidad residual suficiente para un amplio abanico de profesiones y trabajos menos exigentes, simples o livianos en los que no sean necesarios gran atención y/o concentración, todo ello en razón a la sintomatología de carácter permanente con que cursan las dolencias y la reacción a los tratamientos aplicados que constan debidamente acreditados en las actuaciones. Con independencia de que las migrañas y el dolor neuropático asociado puedan dar lugar al correspondiente tratamiento o justificar periodos de incapacidad temporal. Ello, claro está, sin perjuicio de la agravación que pueda producirse en un futuro.

Por último, y en relación a las sentencias del TSJ que cita, diremos que solo de una resolución del Tribunal Supremo, es predicable su condición de jurisprudencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.6, del Código Civil. Citaremos, en ese sentido, las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 11-10-2001, rec. 344/2001 y 24-11-2015, rec. 298/2014, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también del TS, las de 18-7-2013, rec. 2235/10, 5-12-2013, rec 4825/10 y 26-12-2013, rec. 2315/2012. Lo cual, no obstante y matizamos, es extensible y asimilable a las sentencias del Tribunal Constitucional (TCo), de acuerdo a los nums. 1 y 4, del art. 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial -resolución 300/2006, por ejemplo-; y a las del TJUE, en consonancia a la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del mentado TCo. Por tanto, no puede ser invocada con esa finalidad la doctrina elaborada por los diversos Tribunales Superiores de Justicia, en este caso de lo Social - TS 2-4-2018, rec. 27/2017 y 9-12-2021, rec. 3340/2019-.

Por cuanto antecede el recurso se desestima y la sentencia queda confirmada al no infringir la normativa denunciada.

Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,