Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 25/2024 de 08 de enero del 2025

PRIMERO.-La Sentencia nº 264/2023, de 22 de septiembre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de León en el procedimiento de Seguridad Social nº 304/2022, desestima la demanda formulada por la empresa SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L. frente a la empresa ARCHANDA PLANTAS INDUSTRIALES S.L., el rabajador D. Jacobo y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIŽA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas de adverso.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal de la mercantil demandante invocando varios motivos de recurso al amparo del art. 193 apartado C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por la representación del trabajador demandado se presentó escrito de impugnación al recurso formalizado de contrario.

SEGUNDO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación de la empresa el primer motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala; En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 164 del TRLGSS.

Para la justificación del motivo, la parte se centra en que:

1. se puede apreciar imprudencia del propio trabajador. El día del accidente, las empresas responsables de revisar la zona y de realizar el Análisis Preliminar de los posibles riesgos laborales del lugar de trabajo, detectaron un riesgo eléctrico en la zona donde, posteriormente, tendría lugar el accidente. Al detectar el mencionado riesgo, la primera actuación por parte de los responsables de la obra, fue la de avisar, a todos los operarios de la existencia del riesgo, así como la de ordenarles, de manera directa, clara y expresa la paralización de los trabajos en la zona donde se detectó el peligro.

2. Igualmente, se dio la orden clara de permanecer a cota cero y no subir al lugar bajo ningún concepto.

3. Sin embargo, los propios trabajadores de Archanda desoyeron las indicaciones dadas y, en concreto, el accidentado decidió hacer caso omiso a las indicaciones dadas por la empresa y pese a ellas, acceder al lugar prohibido. La imprudencia resulta palmaria.

A tal efecto, entiende que el trabajador incumplió sus deberes como empleado, teniendo un comportamiento imprudente y determinante en el accidente laboral, infringiendo, así, con lo establecido en los preceptos anteriormente señalados. Con todo, entiende que el nexo causal necesario entre la conducta empresarial de Sidenor y el siniestro queda roto, eliminando, de esta forma, la responsabilidad empresarial, puesto que el desencadenante del siniestro fue la propia conducta imprudente del trabajador.

Subsidiariamente, en el supuesto de considerar la existencia de la responsabilidad de Sidenor en el accidente de trabajo y se imponga el recargo del artículo 164 TRLGSS, esta parte entiende que dicho recargo debería determinarse en el 30% atendiendo al principio de proporcionalidad y a las circunstancias concretas del caso.

TERCERO.-A la vista de lo argumentado en el fundamento de derecho que precede, hay que partir exclusivamente, de la relación de hechos probados incorporada a la resolución de instancia. Al igual que de los datos fácticos que pudiera también incluir su fundamentación jurídica - sentencias del TS de 22-6-2016, rec. 250/2015 y de 26-10-2016, rec. 2913/2014-. Por tanto, gran parte de los alegatos de hecho que efectúan en este motivo, incurren y ahora con cita de la resolución del TS, de 2-2-2021, rec 128/2019, en: "...el rechazable vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida...".Y, consecuencia de ello, ninguna virtualidad tienen; como tampoco los alegatos de naturaleza jurídica que infieren de los mismos.

Sentadas estas bases y para centrar el debate ya desde una perspectiva esencialmente jurídica, mencionaremos el art. 96.2, de la LRJS. Dicho precepto y haciéndose eco de una previa jurisprudencia elaborada en ese sentido, señala que la carga de la prueba corresponde al deudor de seguridad y en su caso también a los concurrentes, respecto a que adoptaron las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. Probanza que correspondería a las empresas demandantes, en este caso.

En este mismo orden de cosas, la sentencia del TS de 15-10-2014, rec. 3164/2013, se remite a la de 30-6-2010, rec. 4123/2008, para establecer que: "..."La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias" y que, en cuanto a la carga de la prueba, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta]" y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1105 CC CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente...".

Con independencia de lo anterior y aunque no sea una cuestión decisiva en este litigio, queremos aclarar y a la vista de lo señalado por las mercantiles comparecientes, que el recargo solicitado no tiene un eminentemente carácter sancionador. A tal efecto y de acuerdo a la jurisprudencia del TS, nos estamos refiriendo ahora a la sentencia de 17-7-2013, rec. 1023/2012, con cita a su vez de las de 13-2-2008, rec. 163/2007 y 8-7-2009, rec. 4582/2006, y a la de 2-10-2008, rec. 1964/2007, argumenta que dicho recargo no es ni estrictamente una sanción, ni puramente una prestación o indemnización. Por tanto, su naturaleza jurídica es dual o mixta; ya que: "... si bien desde la perspectiva del empresario infractor se presenta como una responsabilidad sancionadora [siquiera no puede calificarse de sanción propiamente dicha], no es menos cierto que desde la óptica del beneficiario supone una prestación adicional o sobreañadida de carácter indemnizatorio...".

Pues bien, y como seguidamente argumentaremos, no se ha desplegado la prueba necesaria respecto a que se adoptaron las medidas de seguridad exigibles para evitar el accidente. Ni, menos aún, que con anterioridad al accidente de trabajo se hubiese agotado la diligencia necesaria para evitarlo en los términos jurisprudencialmente exigidos. Elevando de manera sustancial las posibilidades de acaecimiento del suceso que luego resultó dañoso - TS, sentencia de 7-2-2019, rec. 1680/2016-. De ahí que exista base suficiente para imponer el recargo impugnado. Precisemos en ese sentido toda una serie de circunstancias. A saber:

- El día 7 de agosto de 2019, Don Jacobo se encontraba prestando sus servicios en el centro de trabajo de Sidenor de Basauri (Bizkaia), cuando sufrió un accidente laboral derivado de una descarga eléctrica, que se produjo al entrar en contacto con un elemento en tensión, conductor activo o elemento metálico estructural. Con fecha 07/08/2019 figura de baja médica por electrocución y efectos no fatales de corriente eléctrica,situación en la que permaneció hasta el 10 de octubre de 2019, fecha en la que causó alta médica por mejoría que le permite realizar el trabajo habitual.

- En fecha 7 de agosto de 2019, Don Jacobo, trabajaba para la empresa Archanda Plantas Industriales S.L. En esas fechas, la empresa citada, Archanda Plantas Industriales S.L., actuaba como contratista principal, habiendo sido contratada por Sidenor Aceros Especiales S.L, para la realización de trabajos de refuerzo de la estructura de la grúa puente, en una obra de construcción de trabajos para que la grúa soportara un mayor tonelaje.

No se ha cuestionado la mecánica de producción del accidente, en el que se sustenta la actuación inspectora, debiendo destacarse el análisis de las causas de la producción del siniestro que se contiene en el referido informe, en el que se viene a concluir que: De las actuaciones practicadas se concluye que el accidente se produce por una descarga eléctrica por acceder el trabajador a una zona de peligro por riesgo de contacto eléctrico con elementos en tensión; por una incorrecta planificación de los trabajos, ya que, en el proyecto, estudio de seguridad y plan de seguridad no se ha tenido en cuenta la existencia de la bandeja de cables en tensión; por no haberse identificado el riesgo eléctrico existente, presencia de la bandeja con conductores en tensión; el sistema de comunicación vertical entre las diferentes empresas participantes no sido correcto.

El lugar del accidente: En la zona donde se encontraba él, había una bandeja con conductores eléctricos en tensión. Se observa que hay conductores dispuestos fuera de la bandeja. Esta instalación eléctrica incumple el reglamento electrotécnico de baja tensión (ITC-BT-20 y 21) relativas a canalizaciones y no ha sido tenida en cuenta en el plan de seguridad y salud de la obra El trabajador se encontraba a más de dos metros de altura fuera de las protecciones colectivas sin hacer uso de ningún equipo de dispositivo anti caídas, tenía puesto el arnés, pero no estaba enganchado a ningún anclaje fijo. La zona donde se ha producido el accidente no se podio acceder con plataforma elevadora.Del agente material: la canalización de conductores eléctricas trascurre pegada a la viga carril, entre esta y la viga de la estructura. Es esta viga carril objeto de los trabajos de refuerzo. La canalización de los conductores eléctricos tal y coma se describe anteriormente incumple el reglamento electrotécnico de tensión en lo relativo u la disposición de los canales protectores de la instalación eléctrica (ITC-BT-20 y 21).

Por otro lado, tal y como señalan trabajadores de Sidenor, antes del accidente se han realizado trabajos previos de corte/esmerilado con amoladora en las inmediaciones de dicha canalización. El día del accidente se encontró una amoladora sobre la bandeja de conductores eléctricos en tensión. Se adjunta la fotografía proporcionada por Sidenor de dicha amoladora. Un aislamiento de conductores estaba deteriorado pudiendo ser causa de la descarga eléctrica que ha sufrido el trabajador al tocarlo. Sidenor ha proporcionado una foto del posible conductor deteriorado causante del contacto eléctrico. La disposición deficiente de la instalación eléctrica más los trabajos previos en inmediaciones de la viga carril ha podido ser la causa de la existencia de elementos en tensión desprotegidos. ...

De los equipos de protección individual/colectiva utilizados: Se considera que los equipos de protección

individual utilizados no han tenido influencia en la materialización del accidente.

De la formación e información recibida por el accidentado: Al no estar reflejado en el plan de seguridad de riesgo por el que se ha materializado el accidente, el trabajador no había recibido la información necesaria para realizar los trabajasen la obra.

CONCLUSIONES:

-El accidentado sufre una descarga eléctrica por acceder a una zona de peligro por riesgo de contacto eléctrico con elementos en tensión.

-No se ha realizado una correcta planificación de los trabajos, ya que, en el proyecto, estudio de seguridad y plan de seguridad no se ha tenido en cuenta la existencia de la bandeja de cables en tensión.

-No se había identificado el riesgo eléctrico existente,

presencia de la bandeja con conductores en tensión

-El sistema de comunicación vertical entre Sidenor, Arlik, Homsa y Archanda no ha sido correcto.

Visto cuanto antecede, que no ha sido discutido ni intentada su revisión fáctica, centrándose la parte recurrente en una clara discrepancia valorativa, resulta que el accidente se produce por una descarga eléctrica por acceder el trabajador a una zona de peligro por riesgo de contacto eléctrico con elementos de tensión; por una incorrecta planificación de los trabajos, ya que, en el proyecto, estudio de seguridad y plan de seguridad no se ha tenido en cuenta la existencia de la bandeja de cables en tensión; por no haberse identificado el riesgo eléctrico existente, presencia de la bandeja con conductores en tensión; el sistema de comunicación vertical entre las diferentes empresas participantes no sido correcto);y el accidente de trabajo se produce por la existencia de un riesgo grave e inminente por contacto eléctrico no previsto por la empresa SIDENOR, contemplando este hecho, como el único causante del accidente.

A tal efecto, la conclusión evidente es la existencia de un nexo causal entre esta conducta (no previsión de riesgo eléctrico), y el accidente acaecido respecto del trabajador, Sr. Jacobo en fecha 7 de agosto de 2019, cuando se encontraba prestando sus servicios en el centro de trabajo de Sidenor de Basauri (Bizkaia), y sufrió un accidente laboral derivado de una descarga eléctrica, que se produjo al entrar en contacto con un elemento en tensión, conductor activo o elemento metálico estructural, no previsto.

En consecuencia, el nexo de causalidad existe y consta expresamente acreditado, no pudiendo liberarse de responsabilidad a la mercantil por culpa o negligencia exclusiva del trabajador.

En relación a la petición subsidiaria - reducción del porcentaje aplicable al 30%-, lo cierto es que debe darse igual respuesta desestimatoria, por cuanto:

1º.- El trabajador efectuó sus obligaciones laborales siguiendo el itinerario y las instrucciones recibidas, sin que conste ninguna desobediencia, por más que el recurrente insista en la "versión segunda" de los hechos que no ha sido acogida como probada.

2º.- El trabajador no contaba con formación específica para dicha actividad.

3º.- No existía panificación de riesgos para la actuación.

4º.- En el proyecto, estudio de seguridad y plan de seguridad no se ha tenido en cuenta la existencia de la bandeja de cables en tensión;

5º.- No se ha identificado el riesgo eléctrico existente, presencia de la bandeja con conductores en tensión;

6º.- El sistema de comunicación vertical entre las diferentes empresas participantes no sido correcto.

7º.- El trabajador no contaba con equipos de protección adecuados.

En conclusión, nada tuvo que ver la actuación del trabajador en la producción del daño, limitándose a seguir su cometido conforme a las indicaciones de la empresa y padeciendo las deficiencias de planificación antes citadas e imputables a la mercantil.

En consecuencia, también la petición subsidiaria debe ser desestimada.

CUARTO.-Con idéntico amparo procesal en la censura jurídica sustantiva, formaliza la empresa recurrente el ultimo motivo de su escrito. En concreto, denuncia la infracción del art. 164 del TRLGSS, así como los art. 14, 15, 16 y 24 de la LPRL y la jurisprudencia y doctrina que lo Desarrolla, en lo referente a la responsabilidad solidaria de la empresa ARCHANDA.

Para argumentar el motivo, se centra en que, siguiendo con la lógica marcada por la Magistrada en la Sentencia, aunque SIDENOR no haya presentado recurso frente a la resolución de la Inspección de Trabajo, esto no impide que, siguiendo lo establecido en el acta de infracción de la Inspección, haya existido una falta en el sistema de comunicación vertical entre las empresas, lo que implicaría que ARCHANDA también haya sido responsable en el presente accidente de trabajo. En el acta de infracción se refleja hubo defectos de comunicación entre las empresas responsables del accidente, donde se viene a establecer que:

El sistema de comunicación vertical entre Sidenor, Arlik, Homsa y Archanda no ha sido correcto.

De esta forma, aunque SIDENOR no haya presentado recurso frente a la resolución de la Inspección de Trabajo, esto no impide que, siguiendo lo establecido en el acta de infracción de la Inspección, haya existido una falta en el sistema de comunicación vertical entre las empresas, lo que implicaría que ARCHANDA también haya sido responsable en el presente accidente de trabajo, ya que aun conociendo los riesgos a los que el trabajador estaba expuesto, la empresa empleadora tampoco tomó las medidas necesarias para protegerlo, incluso el encargado del trabajador, quien formaba parte de la empresa empleadora, no impidió a su subordinado el acceso a la zona que Sidenor expresamente prohibió a todos los empleados de la obra.

En lo que respecta a la imposición del recargo con carácter solidario a la empresa ARCHANDA, la sentencia de instancia resuelve del modo siguiente:

"Debemos tener en cuenta que las infracciones apreciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el presente expediente han sido confirmadas por resolución de 28/06/2021 emitida por el Departamento Territorial de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, por la que se resuelve el expediente sancionador núm. NUM003), incoado a la citada empresa con motivo del acta de infracción no NUM004.

Esta resolución es firme al no haberse interpuesto recurso alguno contra la misma, y por ende entendemos que en este momento ya no puede discutirse la responsabilidad única de la empresa SIDENOR, como garante y único responsable.

Habiendo incumplido SIDENOR con la obligación de garantizar la supresión, o la reducción al mínimo, del riesgo eléctrico durante los trabajos de la contratista, generando un riesgo grave e inminente para los trabajadores, sin que ninguna intervención haya tenido en los hechos desencadenantes del siniestro la empresa ARCHANDA, procede declarar como único responsable a la empresa SIDENOR; debiendo desestimar la demanda en este punto".

El planteamiento del recurrente resulta defectuoso. En efecto, la mercantil solo cita preceptos relativos, bien al recargo de prestaciones, o dirceamente, en relación a la responsabilidad de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, pero nada cita como infringido acerca del impedimento procedimental que resuelve la magistrada de instancia. A tal efecto, la Sala no puede resolver la posible existencia de responsabilidad solidaria, sin partir de la cuestión que trata la posibilidad de impugnación de la empresa, dada la resolución de la sentencia de instancia. En consecuencia, y no constando debidamente formalizada, el motivo habría de ser rechazado.

Pero, en todo caso, el procedimiento que nos ocupa, es un proceso de impugnación de resolución administrativa, concretamente de una que impone el recargo de prestaciones a la empresa SIDENOR, en definitiva, materia de prestaciones de Seguridad Social. Previamente a ello, consta expediente sancionador incoado con motivo del acta de infracción no NUM004, en el que Las infracciones apreciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el expediente han sido confirmadas por resolución de 28/06/2021 emitida por el Departamento Territorial de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, por la que se resuelve el expediente sancionador núm. NUM003) incoado a la citada empresa. Dicha resolución, relativa a materia de infracciones y sanciones, consta expresamente como firme, por no haberse interpuesto recurso.

Ello significa, que en este último procedimiento era donde debía discutirse la posible responsabilidad de las empresas implicadas, dada la materia sobre la que versa, pero en el que nos ocupa, solo puede tratar sobre el recargo de prestaciones impuesto a la única empresa considerada responsable, esto es, Sidenor y, en su caso, su minoración o exención.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-De conformidad con lo establecido en los artículos 235.1 y 204.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , procede la condena en costas a la empresa recurrente, que comprenden el pago de la minuta de honorarios del letrado o graduado social de la parte impugnante, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 600 euros más IVA. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

EN NOMBRE DEL REY