Sentencia Social 436/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1141/2024 de 09 de mayo del 2025

PRIMERO.- I).-La sentencia impugnada, emitida por el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid el 4 de septiembre de 2024, dictada en sus autos nº 923/2022, se compone de dos pronunciamientos: en el primero ha estimado parcialmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora condenando a GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS SA a que abone a Doña Vicenta, en concepto de Complemento NPE devengado en el periodo 08/2017 al 05/2024, un total de 10.392,67 €,con más el 10% de interés, respondiendo ALCAMPO SA solidariamente de la anterior cuantía en un total de 9.770,40 €. En el segundo ha estimado parcialmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora condenando a ALCAMPO SA a que abone a Doña Vicenta, en concepto de Complemento NPE devengado en el periodo 08/2017-05/2024, un total de 2.280,10 euros más el 10% de interés.

II).-Disconforme se alza en suplicación GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A (la "Empresa" o "El Árbol"), recurso que ha sido impugnado por la actora, pero no así por ALCAMPO.

SEGUNDO.-El primer motivo de su recurso (descartamos examinar el que denomina como previo sin encaje legal alguno) lo es por el cauce del apartado a) del artículo 193 LRJS, denunciando infracción de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 97 de la misma ley procesal, apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC"), así como de la doctrina constitucional y jurisprudencial que los interpreta, dado, y a su juicio, por las razones que expone, lo que aquí condensamos, se le origina indefensión proscrita por el artículo 24 CE al incurrirse en incongruencia omisiva, ya que, en su opinión, se ha obviado por completo todas las alegaciones formuladas y la prueba presentada por la mercantil recurrente (en concreto, los Documentos núm. 5, 6 y 14 de su ramo de prueba), en lo que se refiere a que la persona trabajadora en el periodo en el que la empresa compensó y absorbió el complemento NPE percibía un salario superior al previsto en el Convenio colectivo del Sector de Comercio de Alimentación de la Comunidad de Madrid (Documento núm. 5 de su ramo de prueba) que resulta de aplicación a su relación laboral.

Procede recordar la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido». Rememoraba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos tempranos, como la STC 20/1982, de 5 de mayo, en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia es definido como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita o extra petita partium.

En el caso presente la Sala no considera que la sentencia recurrida haya incurrido en incongruencia omisiva ya que sus razonamientos permiten deducir los elementos de juicio que fundan la estimación de la pretensión rectora y paralelamente la desestimación de los motivos de oposición de la empresa.

Hacer notar que la nulidad de la sentencia es un remedio extraordinario, último y excepcional, por la conmoción que supone en el marco de un proceso como el laboral inspirado en la celeridad. Más bien lo que aduce la parte recurrente no es incongruencia de ninguna de estas clases, sino lo que, desde su subjetivo punto de vista, es una posible incoherencia en el razonamiento jurídico. Si la sentencia hubiera incurrido en un razonamiento manifiestamente ilógico o incoherente o contradictorio, se tendría que apreciar, no incongruencia, sino un grave defecto de motivación ( art. 218.2 de la LEC) que solo sería causante de indefensión si no se pudiera determinar el sentido de lo resuelto.

En este sentido la sentencia del TS de 23-11-12, recurso 104/11, recapitula la doctrina constitucional en los siguientes términos:

"(...) es doctrina indubitada que la sentencia ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo así de manifiesto la ratio decidendi del fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional ( SSTC 68/2002, de 21/Marzo, FJ 4 ; 128/2002, de 3/Junio, FJ 4 ; 119/2003, de 16/Junio, FJ 3 ; 172/2004, de 18/Octubre, FJ 3 ; 247/2006, de 24/Julio . También, STS 11/07/07 -rco 94/06 -), de manera que la carga procesal no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad ( SSTC 10/2000, de 31/Enero, FJ 2 ; 211/2003, de 1/Diciembre, FJ 4 ; 100/2004, de 2/Junio, FJ 5 ; 172/2004, de 18/Octubre, FJ 3 ; 247/2006, de 24/Julio , FJ 5. STS 15/07/10 - rco 219/09 -)".

En realidad, la sentencia impugnada no ha hecho otra cosa que aplicar el efecto positivo de cosa juzgada del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la previa sentencia dictada en el conflicto colectivo, al tratarse de las mismas partes, dado que la premisa con la que se resolvió el tema de la compensación de los complementos debatidos con los atrasos de convenio no sufre ninguna alteración en relación con los salarios posteriores a la publicación del convenio colectivo. Es decir, si se reconocieron los complementos correspondientes a las mensualidades anteriores a la publicación del convenio colectivo negando su compensación o absorción fue por la aplicación de un criterio sobre la necesaria homogeneidad de los conceptos, de manera que aunque un determinado concepto salarial sea compensable o absorbible, la compensación o absorción solamente puede producirse con concepto salariales que reúnan una analogía u homogeneidad suficiente, lo que en este caso no se cumple.

TERCERO.-En el segundo motivo, canalizado por el apartado b) del artículo 193 LRJS, solicita la revisión de los hechos probados segundo y quinto para su redactado en la forma que ofrece, a fin, en definitiva, de indicar que, en los años en los que la Empresa compensó y absorbió el complemento NPE, la persona trabajadora percibía una retribución fija superior a la prevista en el convenio colectivo en ese momento, y para añadir la referencia al origen y a la naturaleza concreta del complemento NPE, y se especifique la cuantía percibida en cada momento por la parte actora por el complemento minorado por El Árbol.

No podemos asumir las modificaciones que se nos proponen, todo ello en línea con nuestra sentencia de 28-6-24, recurso 136/2024. Introduce expresiones predeterminantes del fallo y/o valoraciones jurídicas. Olvida de esa manera que la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), por ejemplo, la sentencia de 6-11-2020, rec. 7/2019, estima que no caben en el relato fáctico. Siendo así que dichas calificaciones tienen exclusiva y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica. A tal efecto, las referencias a la posible compensación y absorción constituyen uno de los puntos nucleares del debate jurídico planteados por la empleadora; de ahí que las remisiones a estos institutos y en orden a su aplicabilidad, no tengan la naturaleza que se pretende.

CUARTO.-El tercer motivo, por el cauce del apartado c) del artículo 193 LRJS, sobre revisión del derecho aplicado, denuncia infracción del artículo 5 del convenio colectivo del sector de comercio de alimentación, así como del artículo 26.5 del ET al amparo de la jurisprudencia que los interpreta.

Alega, en sustancia, la inexistencia de deuda alguna. Rechaza con carácter previo que la sentencia dictada en su día en materia de conflicto colectivo despliegue efectos de cosa juzgada en este proceso, al no darse la triple identidad exigida; refiere en ese sentido que la misma versaba sobre atrasos, no sobre incrementos. Luego, destaca la homogeneidad de los complementos afectados respecto al salario base, y, aunque no lo fueran, continúa, la solución sería la misma atendiendo a lo previsto en el CC y a lo pactado expresamente por las partes negociadoras cuando se constituye el complemento NPE. Visto lo cual, en cualquier caso, y sigue diciendo, es posible la compensación y absorción atendiendo a su propio nombre y naturaleza, recayendo sobre la actora demostrar que esa no es. Invoca distintas resoluciones en apoyo de su tesis.

No puede aceptarse, y de acuerdo a lo que sigue:

Son muy numerosas las resoluciones de esta Sala contrarias a la tesis del Grupo El Arbol. No vemos necesarias recordarlas por su reiteración desestimatoria en cuanto a lo allí solventado. Simplemente destacar la de 31-5-2023, rec. 197/2023, por ser una de las primeras.

Argumentamos en ese momento que la dictada en el proceso de conflicto colectivo también enunciado, despliega en este proceso:

"...un efecto positivo de cosa juzgada del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al tratarse de las mismas partes, dado que la premisa con la que se resolvió el tema de la compensación de los complementos debatidos con los atrasos de convenio no sufre ninguna alteración en relación con los salarios posteriores a la publicación del convenio colectivo. Es decir, si se reconocieron los complementos correspondientes a las mensualidades anteriores a la publicación del convenio colectivo negando su compensación o absorción fue por la aplicación de un criterio sobre la necesaria homogeneidad de los conceptos, de manera que aunque un determinado concepto salarial sea compensable o absorbible, la compensación o absorción solamente puede producirse con concepto salariales que reúnan una analogía u homogeneidad suficiente, lo que en este caso no se cumple. Dicha cuestión ya ha quedado resuelta entre las partes y el mismo razonamiento se puede proyectar hacia los salarios posteriores a la publicación del convenio colectivo en el BOCM de 26 de mayo de 2018, de manera que es una cuestión que como premisa común a ambos litigios ya está resuelta en sentencia firme, desplegando por ello la eficacia de cosa juzgada material...".

Solo a mayor abundamiento indicar que la Sección 6ª de este Tribunal en sentencias, entre otras, de 25 de septiembre y 9 de octubre de 2023 ( Rec. 332/2023 y 358/2023) y 25 de enero, 15 de febrero, 30 de abril y 5 de julio de 2024 ( Rec. 594/2023, 680/2023 y 56/2024 y 288/2024, tras efectuar un análisis minucioso del contenido tanto de la sentencia proferida por esta Sala en el procedimiento de conflicto colectivo de la que trae causa la demanda que ha dado origen a estas actuaciones, como de la recaída en casación ordinaria que la corrobora, afirma lo siguiente:

"El referido complemento salarial(NPE, pero con argumentos aplicables también al de ajuste sala), no puede compensarse y absorberse con la subida salarial derivada de las actualizaciones salariales (...) y ello aun cuando pudiera compensarse y absorberse con otros complementos también de puesto de trabajo y tanto porque lo resuelto en dicha sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo tiene fuerza de cosa juzgada en los procedimientos individuales como porque resulta de la doctrina expuesta que no procede la compensación y absorción pues se trate de atrasos o de incrementos derivados de las tablas salariales, se trataría de compensar complementos de puesto con salario base, y así conceptos heterogéneos, (por lo que) no se han producido las infracciones denunciadas".

QUINTO.-Aunque sea alterando su orden expositivo pasaremos al que enumera como quinto.

Para ello tenemos en cuenta la conexión argumental con el que antecede.

Estima que la sentencia recurrida vulnera el art. 59 del ET, 160.6 de la LRJS, 1973 del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta, referencia esta que carece de viabilidad pues no reseña ejemplo alguno atendiendo al art. 1.6, de ese mismo Código, invocación que por tanto carece de efectos, así y cuando menos, es preceptiva la cita expresa de las que considere aplicables -TS, resoluciones de 17-7-2006, rec. 172/2005 y 18-12-2006, rec. 24/2006-.

Reitera la excepción de prescripción formulada en instancia, defendiendo, con carácter subsidiario a los anteriores, se estime las cantidades reclamadas correspondientes al periodo anterior a un año antes de la papeleta de conciliación están prescritas, limitándose el objeto de la presente litis a las cantidades del periodo de junio de 2021 a marzo de 2023, tomando en consideración la cuantía de NPE que se percibía en el mes de junio del año 2021, por ser en todo caso la cuantía no prescrita.

Misma suerte ha de correr que el anterior y en base a lo que sigue: el complemento aquí reclamado está afectado por el conflicto colectivo de referencia quedando establecido el carácter interruptivo de la prescripción respecto a las cantidades potencialmente involucradas durante su tramitación.

Se comparten en esta línea argumental los criterios de la Sección Segunda en su sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, recurso nº 197/2023, que en un caso parejo consideró no estaba prescrito el derecho de otra trabajadora de "El Árbol" a reclamar por el complemento NPE desde agosto de 2017 a octubre de 2022 con esta argumentación perfectamente extrapolable al caso presente:

" (...) debemos decidir cuál es el concepto "atrasos" al que se refería el conflicto colectivo ya resuelto, partiendo en primer lugar de lo declarado en la sentencia de esta Sala de 10 de julio de 2020 . En esa sentencia se dice como hecho probado:

"Dicho convenio tardó en firmarse por lo que los negociadores pactaron que su vigencia se fijara a 1 de noviembre de 2017, a fin de que los atrasos que se habían ido devengando durante los diez meses previos del año 2017, se pagaran desde el 1 de noviembre de 2017 en adelante".

Y también:

Al mes siguiente de la publicación del convenio en el BOCM (26 de mayo de 2018, documento nº 1 de los aportados por la demandada), los trabajadores afectados por este conflicto detectaron que la empresa había comenzado a compensar y absorber los complementos de NPE, Salarial a Pagas, Ajuste de Sala, Diferencia de Puesto, Plus Picker, con los atrasos de convenio".

Después en los fundamentos se dice:

"La razón de nuestra decisión estimatoria, la basamos en la aplicación, a sensu contrario, de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2020, Rec. nº 4439/2017 , en la que se analizó la posibilidad de compensar y absorber con el incremento del salario base y pagas extraordinarias, una serie de pluses establecidos por acuerdo de empresa que, al contrario de lo que cabía inferior de sus respectivas denominaciones (penosidad, toxicidad o peligrosidad), se abonaban con independencia de las circunstancias en las que, en cada caso, se desarrollara el trabajo.

Y el Tribunal Supremo, con cita de las sentencias de 14 de abril de 2010, Rec. nº 2721/2009 y 8 de enero de 2019, Rec. nº 1066/2017 , confirma esa tesis, razonando lo siguiente:

"... 1) la compensación y absorción debe operar sobre retribuciones que presenten la necesaria homogeneidad...; 2) esta interpretación restrictiva tiene su fundamento en que la finalidad de la norma es evitar la superposición de mejoras salariales originadas en diversas fuentes reguladoras ..., superposición que no se produce cuando los conceptos salariales son heterogéneos; 3) las posibilidades de compensación y absorción deben valorarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso, atendiendo siempre a "los términos, modo y extensión en los que han sido pactadas" las remuneraciones salariales implicadas...; 4) la absorción y compensación no rige en principio entre conceptos salariales por unidad de tiempo y devengos en función del esfuerzo laboral, ni entre complementos personales que no se vinculan a resultado alguno o a particulares condiciones de trabajo y aquéllos que se ligan al puesto de trabajo ...; y 5) ... no cabe la compensación y absorción en el salario base de un complemento personal percibido con ocasión de la fusión de determinadas cajas ... o la compensación y absorción en el sueldo de convenio de un complemento de cantidad y calidad del trabajo que no se satisface a todos los empleados ...".

De modo que: "... procede la compensación y absorción de los pluses de trabajos penosos tóxicos o peligrosos con el incremento del salario base y pagas extraordinarias efectuado por la demandada mediante Acuerdo de empresa, al tratarse de conceptos homogéneos. En efecto, si bien la absorción y compensación no rige en principio entre conceptos salariales por unidad de tiempo y devengos en función del esfuerzo laboral, ni entre complementos personales que no se vinculan a resultado alguno o a particulares condiciones de trabajo y aquéllos que se ligan al puesto de trabajo, en este supuesto el plus no retribuye las especiales características de un puesto de trabajo sino que se abona a todos los trabajadores que ostentan una determinada categoría, con independencia de las circunstancias concretas en que desarrollen su trabajo...".

Y más adelante la sentencia de 31-5-23 de la Sección 2ª añade:

"Esta doctrina es, desde nuestro punto de vista, perfectamente extrapolable, a sensu contrario, reiteramos, al asunto enjuiciado, en el que, además, no se ha acreditado tampoco por la empresa, ni que los trabajadores que perciben los cinco complementos y a los que no se abonan atrasos, ya rebasen con su salario conjunto y en cómputo anual el mínimo de convenio, ni tampoco que los complementos citados sean mejoras convencionales. Siendo así, el abono de los citados complementos no se puede neutralizar con la percepción de atrasos, porque aquellos aparecen vinculados al concreto puesto, centro y funciones en cada caso realizadas. Su percepción no dimana de un acuerdo alcanzado por las partes o que se hubiese trasladado al propio convenio, ni tiene como destinatario a todo el colectivo subrogado por no depender de las concretas circunstancias de su puesto de trabajo ( STS 8-1-19, Rec. nº 1066/17 ; STS 13-5-20, Rec. nº 3514/2017 ), sino que se relaciona con las condiciones en las que se presta el trabajo en cada caso y siendo así, la demanda, debe estimarse".

El convenio colectivo del Sector de Comercio de Alimentación fue publicado en el BOCM de 26 de mayo de 2018. En su artículo 3 (vigencia y denuncia) se dice:

"El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, excepto en aquellas materias en las que expresamente se disponga otra cosa, y su vigencia se extenderá hasta el día 31 de diciembre de 2020".

Y el artículo 26 (conceptos retributivos) dice:

"La tabla salarial pactada en el presente Convenio Colectivo será de aplicación desde el día 1 de enero de 2016. Los atrasos que se hayan devengado a la firma del presente convenio, sólo afectarán a los conceptos retributivos reflejados en la tabla salarial anexa y sus conceptos dependientes".

Por tanto en el contexto de dicho convenio el concepto atrasos se refiere a los salarios anteriores al 26 de mayo de 2018, fecha de su publicación, que las empresas afectadas por el mismo deben abonar como consecuencia de la retroacción de sus efectos económicos pactada. Las retribuciones posteriores a la publicación (por tanto las relativas a los meses de 2018 en adelante) ya no se pueden conceptuar como atrasos y por tanto no fueron parte del objeto de aquel conflicto colectivo.

Ahora bien, en este motivo de recurso no se plantea la prescripción de unas concretas mensualidades de los complementos reclamados, sino del "derecho de la demandante a reclamar unas cantidades derivadas de la aplicación de la compensación y absorción realizada desde 2016 y, en todo caso, desde 2017, momento en el que se señala el inicio de la reclamación por parte de la demandante; puesto que, a la vista de lo expuesto, debería entenderse transcurrido el plazo de 1 año previsto en la normativa vigente para poder reclamar el reconocimiento del derecho al cobro de una determinada cantidad". Esto es se plantea la prescripción del derecho en sí, no de concretas mensualidades, que por otra parte no se identifican.

Pues bien, esta forma de aplicar la prescripción debe ser rechazada, porque si los trabajadores tenían derecho a una determinada cuantía salarial y la empresa no se la abonó íntegramente, sin seguir ningún procedimiento formal y materialmente amparado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para modificar el salario, el derecho no se ha visto alterado y no prescribe (.....)derecho a reclamar las cantidades vencidas y no cobradas ni exigidas".

SEXTO.-El cuarto motivo del recurso de GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A denuncia infracción del artículo 7.1 del Código civil, por la indebida aplicación del artículo 160.6 de la LRJS.

Sostiene existe preclusión de la acción por retraso desleal en su ejercicio, al reclamar determinadas sumas con motivo de una compensación y absorción que viene operando desde el año 2016, en virtud de un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Criterio que, a su juicio, coincide con el sostenido por la Sala de lo Social del TS en la sentencia de 27-12-2011 y la de lo Civil, en la de 26-4-2018.

No es aceptable.

Nos basamos en lo siguiente:

Viene a plantear lo mismo de lo que nos hemos hecho eco en anteriores fundamentos de derecho pero ahora bajo la figura que denomina como preclusión. Damos por reproducido nuestro argumentario en aras a la brevedad y, lógicamente, para su rechazo.

Solo añadir que el calificar la conducta de la trabajadora como desleal y atentatoria a la buena fe contractual, requiere una prueba mucho más contundente y cumplida que acudir a las meras suposiciones y sospechas argüidas. Calificativos que por demás pueden llegar a contemplarse desde una perspectiva justo contraria en un determinado momento, y con otras consecuencias que serían no queridas para la recurrente.

SEPTIMO.-En el sexto motivo denuncia infracción del artículo 171 LGSS por incorrecta aplicación del artículo 25 del Convenio del sector de comercio de alimentación.

Defiende, en síntesis, de conformidad con el Hecho Probado Sexto, en el cual se dan por reproducidos los períodos de IT, y el Documento nº 14 aportado por la empresa la actora estuvo en situación de IT los meses de febrero, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y diciembre de 2019, enero, febrero, agosto, septiembre y octubre de 2020, abril y agosto de 2021, enero, mayo y octubre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023; y que durante dichos periodos, la persona trabajadora ha venido percibiendo la prestación de IT y/o el complemento de IT.

Consecuentemente, y conforme al desglose y cálculos que ofrece atendiendo al documento nº 14 de su ramo de prueba que aquí damos por reproducido, entiende que se deben descontar del total de la cantidad objeto de condena la cifra de 3.895,87 euros (correspondiente al exceso de lo estipulado a abonar en los meses en los que el trabajador se encontraba en situación de IT).

Acompaña la razón en este punto del debate a la empresa recurrente.

Su tesis la asumió esta Sección de Sala en su sentencia de 27 de septiembre de 2024, recurso 289/2024, criterio que ha mantenido en las más recientes de 19 de diciembre de 2024, recurso 670/2024, y 17 de enero de 2025, recurso 706/2024, a cuyos argumentos nos remitimos, pues en los periodos que se está en IT, en efecto, no se perciben salarios sino el subsidio.

OCTAVO.-En el séptimo motivo denuncia infracción del apartado 3 del artículo 44 del ET, a cuyo tenor:

"Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito".

Es decir, este apartado establece, en la interpretación que defiende la recurrente, que, en caso de una sucesión de empresas, si bien el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, no ocurrirá lo mismo con aquellas obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, respecto de las cuales responderá enteramente la empresa cesionaria, salvo que la cesión fuera declarada delito, cuestión que no concurre en la transmisión que nos concierne.

Consecuentemente, postula que si la actora fue subrogada en su relación laboral con El Árbol por la mercantil Alcampo en fecha 23 de marzo de 2023, posicionándose esta última como nueva empleadora de la actora en virtud de la sucesión de empresas operada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, únicamente cabría condenar a El Árbol al abono de las cuantías debidas a la demandante en concepto de NPE hasta la fecha en la que operó la subrogación, hasta el 23 de marzo de 2023 inclusive, pero no más allá.

La Sala comparte el planteamiento de la tesis del la recurrente que se ajusta al apartado 3 del artículo 44 del ET, estimándose el motivo.

NOVENO.-El octavo motivo denuncia infracción de lo previsto en el art. 29.3 del ET.

Rechaza que sea aplicable el interés por mora al que se refiere la norma precitada, al no tratarse la controvertida de una deuda pacífica exigible, vencida y liquida. Reseña en ese sentido la resolución del TS de 6-11-2006 y de esta Sala, de 14-5-2007.

No es aceptable.

La doctrina que invoca la parte está superada definitivamente a partir de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014, RCUD 1315/2013.

El interés legal del dinero tiene por objeto que al acreedor se le entregue el valor real de la deuda, considerando la diferencia temporal entre la fecha en que debió satisfacerse la misma y aquella otra en la que se satisface efectivamente, para lo cual se suma al principal los frutos del mismo, en este caso los intereses, que en otro caso se apropiaría el deudor que no cumplió a tiempo con su obligación. No es preciso por ello que exista una culpa del deudor para que se devengue el interés neutro que compensa ese paso del tiempo, que por determinación legal y con carácter general es el interés legal del dinero fijado cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así se manifiesta en sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014 (RCUD 1315/2013), que aplica tal doctrina al interés por mora del 10% aplicable a los salarios conforme al artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello en base a la incorporación en el orden social de la previa jurisprudencia de la Sala Primera que supera el concepto, respecto al interés legal del dinero, del principio denominado " in illiquidis non fit mora". Y dicho criterio se ha mantenido con posterioridad por la doctrina del Tribunal Supremo, como es el caso, por ejemplo, de las sentencias de 21 de febrero de 2015 (RCUD 304/2014), 24 de febrero de 2015 (RCUD 547/2014) o 26 de enero de 2017 (RCUD 115/2016).

En definitiva, se estima en parte el recurso de la empresa a los exclusivos efectos de descontar del total de la cantidad objeto de condena de la empresa recurrente la cifra de la cifra de 3.895,87 euros correspondiente a los periodos en que la trabajadora estuvo en IT, limitando la condena de El Árbol hasta la fecha en el que se produjo la subrogación de la actora a Alcampo, S.A., esto es, hasta el 23 de marzo de 2023.

Sin que haya lugar a condena en costas ( art. 235 LRJS) , y con devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir ( art. 204 LRJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,