Sentencia Social 1108/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4666/2022 de 01 de diciembre del 2023

PRIMERO. - La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar, por un lado, si procede el acceso al recurso de suplicación de la sentencia de instancia cuando lo que se reclama es que se reconozca el complemento de maternidad en cuantía superior a la que le ha sido otorgada, con base en tomar en consideración otro hijo que falleció a las pocas horas de su nacimiento. Junto a ello, se plantea el derecho al complemento en cuestión por el citado hijo fallecido en esas circunstancias.

La parte demandada ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, de 8 de julio de 2022, rec. 60/2022, que declara la falta de competencia funcional de la sala para conocer del recurso de suplicación que interpuso la demandada contra la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Zaragoza, de 30 de noviembre de 2021, en los autos 707/2020, estimatoria de la pretensión, declarando la nulidad de lo actuado desde la notificación de esa sentencia, cuya firmeza declara.

Según recoge la sentencia recurrida, y en lo que realmente interesa en este momento, el complemento por maternidad que se reclama lo es por mayor cuantía a la que se reconoció en vía administrativa, siendo esa diferencia de 54,81 euros que, en cómputo anual, supone una importe de 867,34 euros lo que, a juicio de la sala, no supera la cuantía de 3.000 euros que permite el acceso al recurso de suplicación. Además, refiere que no se ha alegado ni acreditado la existencia de afectación general. Todo ello con cita de la STS 1295/2021, de 22 de diciembre (rcud 1789/2019).

En el recurso de unificación de doctrina se formula el primer punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por esta sala el 10 de octubre de 2007, rcud 2280/2006.

La sentencia de contraste declaró la nulidad de la sentencia de suplicación para que por la sala del TSJ se entrara a conocer del recurso en tanto que lo reclamado era un derecho a la prestación -reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes denegada en vía administrativas- y no unas diferencias en su cuantía que era lo que indebidamente entendió la sala de suplicación.

Exista o no identidad, siendo una materia que afecta a la competencia funcional, la misma puede ser apreciada de oficio por esta sala, como más adelante se razonará.

SEGUNDO.- En efecto, como viene reiterando esta sala, y ya se indica precisamente en la sentencia de contraste, el acceso a suplicación de la sentencia de instancia no solo afecta a ese recurso sino que se proyecta sobre la competencia funcional de esta Sala, de carácter improrrogable e indisponible, que solo lo es para conocer de los recursos frente a las sentencias dictadas en suplicación con arreglo a los presupuestos procesales impuestos por la ley, lo que supone que la viabilidad del recurso de casación unificadora se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación [así lo recuerda la sentencia de contraste y las más próximas en el tiempo, como SSTS 769/2018, de 17 julio (rcud 1176/2017); 1075/2020, de 2 diciembre (rcud. 3112/2018); y 154/2023, de 22 febrero (rcud 1147/2019)]. Así, la STS 342/2023, de 10 de mayo (rcud 4159/2020) nos dice que " Además, el examen de la competencia se realiza sin necesidad de sometimiento a la letra del recurso, ni a los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida, cual se deriva a lo dispuesto en los artículos 9.6 y 240.2 de la LOPJ. Dicho análisis se efectúa "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar y sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación, porque tal cuestión no afecta sólo a este recurso, sino que se proyecta sobre la competencia de esta Sala" (SSTS de 6 de octubre de 2005, rec. 834/2003 y 26 de septiembre de 2006, rec. 4642/2005)".

E igualmente, venimos sosteniendo que, en esos casos, tal apreciación de incompetencia puede realizarse de oficio, sin que se requiera la existencia de contradicción. Lo reitera no solo la sentencia de contraste, sino la más reciente, entre otras, STS 734/2023, de 11 de octubre de 2023 (rcud 194/2021), al decir que "las identidades del citado precepto deben estar referidas a la controversia procesal deducida, debiendo existir para apreciar la contradicción la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas objeto de enjuiciamiento ( SSTS de 16 de enero de 2020, rcud. 2913/2017 y de 29 de junio de 2020, rcud. 3099/2017; entre muchas otras)-, no será preciso acudir a su examen cuando de competencia funcional se trata.

Por todas cabe relacionar las SSTS 21/2020, 14.01.2020; rcud 619/2018, 340/2020; 14.05.2020, rcud 1674/2019 o 396/2020; 22.05.2020, rcud 3788/2017, que reseña la STS de 30 de septiembre de 2020, rcud. 1517/2018".

Pues bien, en el presente caso nos encontramos con una pretensión de percepción de un complemento de maternidad que, como bien señala la sentencia recurrida, ha sido reconocido pero en cuantía inferior a la reclamada y que ésta no supera los 3000 euros. Por tanto, desde esa valoración de la situación, ciertamente, no tendría acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía la sentencia dictada en la instancia, atendiendo a que la regulación aplicable al caso es la anterior al RDL 3/2021, ya que es a partir de esta reforma cuando se indica que cada hijo únicamente dará derecho al reconocimiento de un complemento lo que implica que la denegación del complemento por un hijo ya constituye denegación de un derecho a una prestación contributiva, que es la naturaleza que le ha venido otorgando el legislador a la prestación con esa importante previsión que aquella reforma ha introducido al disponer que cada hijo dará derecho al reconocimiento de un complemento y por tanto el acceso al recurso sería a partir de entonces incuestionable.

Esto es, y a diferencia de lo que entiende el Ministerio Fiscal, no estamos ante una pretensión en la que se reclama el derecho a una prestación que, por la vía del art. 191.3 c) de la LRJS tendría acceso al recurso, sino que la prestación contributiva ya ha sido reconocido al amparo del art. 60 de la LGSS, en su redacción anterior al RDL 3/2021, y lo que se reclama es un importe mayor al otorgado en vía administrativa.

TERCERO.- Esa falta de cuantía en el presente caso no obstaría a poder recurrir la sentencia dictada en la instancia si la cuestión debatida afectase a todos o a un gran número de beneficiarios de la Seguridad social, siempre que " tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes" tal y como dispone el art. 191.3 b) de la LRJS.

Esto es, nos quedaría por examinar es si el acceso al recurso de suplicación podría obtenerse por la vía de la afectación general que la sentencia recurrida niega por no tener constancia alguna de que, al momento de su dictado, concurra la misma.

Como esta Sala sostiene de forma reiterada, la determinación de la afectación general la podemos realizar sin estar vinculados por lo que al respecto haya sido decidido en la instancia o en sede de suplicación [ STS 342/2023, de 10 de mayo (rcud 4159/2020) y las que en ella se citan], lo que nos permite examinar su concurrencia en este momento procesal.

Partiendo de lo anterior y en lo relativo al concepto de afectación general, y así lo recuerda la propia sentencia recurrida cuando hace cita de la STS de 21 de febrero de 2023, rcud 4932/2022, se ha dicho que podemos apreciarla en tres supuestos alternativos: "a) que esa afectación general "fuera notoria"; b) que la misma haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea "claramente" un "contenido de generalidad" no puesto en duda por ninguna de las partes. Habiendo añadido la Sala -en interpretación de tales expresiones- que la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores" ( STS 365/2023, de 18 de mayo (rcud 4192/2020).

Como sigue diciendo esta sala, en la sentencia antes mencionada, "la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas, pues no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de si el conflicto surgido alcanza realmente a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social [ SSTS 17-9-2004 (R. 3221/2003); y 19-12-2007 (R. 983/2007), 31-7-2017 (R. 2147/2015), 22-2-2017 (R. 1325/2015), 3-12-2019 (R. 2644/2017)]".

Más concretamente, sobre la notoriedad que podría permitir el acceso al recurso de suplicación, esta Sala ha señalado que basta que "por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren... tal cuestión sea calificable como notoria" ( STS/4ª/Pleno de 3 octubre 2003 -rcud. 1011/2003-, antes citada, seguida por la STS/4ª de 11 y 14 julio 2006 - rcud. 2430/2005 y 2805/2005, respectivamente-).

También hemos añadido que "La notoriedad que abre el acceso al recurso de suplicación, no puede ser la "notoriedad absoluta y general" de que habla el art. 281.4 LEC. Para su apreciación bastará con que, por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren, e incluso por la existencia de otros procesos con iguales pretensiones, la cuestión sea notoria para el Tribunal" ( STS/4ª de 19 junio y 16 octubre 2006 - rcud. 2615/2005 y 1175/2005, respectivamente-, 5 diciembre 2007 -rcud. 3180/2006- y 16 enero 2008 -rcud. 483/2007-)" ( STS 161/2020, de 19 de febrero (rcud 3820/2017).

Bajo esas consideraciones doctrinales, debemos entender que en el momento en el que nos encontramos esta Sala aprecia en estas reclamaciones la existencia de afectación general en relación con la determinación de si un hijo es posible o no tomarlo en consideración para la cuantificación del complemento de maternidad.

Y esa afectación de la que sí tiene constancia esta Sala se justifica con el propio conocimiento que hemos tenido de la conflictividad que esa controversia ha generado y sobre la que la entidad gestora de la prestación ha mantenido y viene manteniendo un mismo criterio a nivel nacional y no solo respecto de los hijos que han nacido muertos sino, como acontece en este caso, cuando los alumbramientos han tenido lugar en otras circunstancias, como la que es objeto del presente procedimiento.

Así, por ejemplo, en la STS de 15 de febrero de 2021, rcud 2741/2021, ya nos constaba certificación por parte del INSS indicativa de la litigiosidad en la materia, esto es sobre la determinación de qué se entendía por "hijos nacidos". Es cierto que ese certificado se refiriera a la litigiosidad en una comunidad autónoma pero ello no solo sería suficiente sino que, por lo que más adelante se dirá, apoya la existencia de afectación general. Tampoco el que nuestra sentencia apreciara en ese recurso la falta de contradicción, precisamente por entender que el supuesto de hijo nacido muerto no era similar al que ha nacido y fallecido horas más tarde, que es la situación del presente recurso, alteraría esa valoración de la afectación general en relación con esas dos situaciones porque, en orden a lo que aquí estamos cuestionando, como es el acceso al recurso cuando lo reclamado es un incremento del complemento de maternidad, lo relevante es que se tenga por concurrente la afectación general por existir esa litigiosidad actual.

Es más, esta misma sala así lo ha venido entendiendo implícitamente cuando ha conocido de otros recursos. Así, la STS 167/2023, de 27 de febrero (rcud 3225/2021) resuelve una reclamación de incremento del complemento de maternidad, de quien, habiendo tenido cuatro hijos, pretende que un feto que ha sido alumbrado muerto sea considerado a aquellos efectos, estimando el recurso de la entidad gestora y, por tanto, partiendo de la existencia de competencia funcional.

El ATS de 12 de septiembre de 2023, rcud 4035/2022, inadmitió el recurso de la entidad gestora por falta de contradicción en un supuesto en el que se pretendía, igualmente, incrementar el complemento de maternidad considerando como hijo a una gemela que nació con vida y falleció a las dos horas.

Y lo mismo ha sucedido con otros recursos que están siendo tramitados ante esta Sala, procedentes de diferentes salas de lo social de TTSSJJ (rcuds. 3309/2021, 4103/2021 y 2116/2022, señalados para el día 29 del presente mes de noviembre, y el 1995/2022, pendiente de señalamiento).

En definitiva, se debe apreciar por esta Sala la existencia de afectación general en la materia al constatarse que la entidad gestora deniega siempre el incremento del complemento de maternidad en relación con situaciones en las que el alumbramiento lo ha sido de un feto muerto o habiendo nacido fallece a las pocas horas, y, en definitiva, está denegando una cuantía del complemento sin computar como hijo nacido situaciones que, al aplicar la norma, considera que no son tales.

TERCERO. - Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado y por ende, dado que ello implica que debamos casar la sentencia recurrida y, con ello, devolver las actuaciones a la sala de procedencia para que, con libertad de criterio y siendo recurrible en suplicación la dictada por el Juzgado de lo Social, dicte otra en la que entre a resolver el interpuesto por la entidad gestora, no es posible atender al segundo motivo del recurso ni, con carácter previo analizar si existe o no contradicción con la sentencia de contraste que se invoca, ya que al constituir la cuestión de fondo, debe previamente resolverse el recurso de suplicación sobre el cual no ha existido todavía pronunciamiento alguno.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.