Sentencia Social 319/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1841/2023 de 10 de abril del 2025

PRIMERO. Cuestión planteada, la sentencia recurrida y el recurso de casación para la unificación de doctrina.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la sentencia dictada por el juzgado de lo social es recurrible en suplicación por existir afectación general.

2.La actora, facultativa especialista que presta servicios para el Institut Català de la Salut (ICS) en el Hospital Universitario Josep Trueta, percibió prestación de incapacidad temporal por riesgo de embarazo en el período comprendido entre el 5/8/2015 y el 24/9/2015, sin que en dicha prestación se le incluyera el complemento de atención continuada.

El 22/7/2019 la actora solicitó a la entidad empleadora el abono del complemento de incapacidad temporal por riesgo en el embarazo incluyendo el complemento de atención continuada percibido en el mes anterior, y subsidiariamente la media de los últimos tres meses del complemento.

La solicitud fue desestimada por el ICS.

En el mes anterior a la situación de riesgo en el embarazo, la actora percibió un complemento de atención continuada de 2.027,25 euros. La media del complemento de atención continuada percibida por la actora en los tres últimos meses, anteriores a la situación de riesgo en el embarazo, es de 1.464,21 euros.

3.Entendiendo que en la prestación por incapacidad temporal por riesgo en el embarazo percibida en el periodo 5/8/2015 a 24/9/2015 debía incluirse el complemento de atención continuada, la actora interpuso demanda solicitando que se condenara al ICS a abonarle 2.027,25 euros y subsidiariamente 1.464,21 euros.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona 329/2021, de 30 de noviembre (autos 324/2020), estimó la pretensión subsidiaria de la demanda y condenó al ICS a abonar a la actora la cantidad de 1.464,21 euros.

El ICS alegó el plazo de tres meses del artículo 53.1 LGSS. Pero el juzgado de lo social rechazó la aplicación de dicho plazo por no tratarse de la prestación de incapacidad temporal, sino de la mejora de dicha prestación.

Por lo que se refiere al fondo del asunto, la sentencia del juzgado de lo social examina el artículo único del Decreto-ley 2/2012, de 25 de septiembre, de la Generalitat de Catalunya, y el apartado 9.8 del II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad y entiende que, adicionalmente, el asunto debe ser enjuiciado con perspectiva de género, citando al efecto la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Cataluña de 16 de junio de 2021 (rec. 1967/2021).

El Decreto-ley 2/2012, de 25 de septiembre, sobre mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal al personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas, tiene un artículo único por el que se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

4.El ICS recurrió en suplicación la sentencia del juzgado de lo social.

La sentencia de la sala de lo social del TSJ de Cataluña 472/2023, de 30 de enero (rec. 3072/2022), inadmitió el recurso y declaró la firmeza de la sentencia de instancia al reclamarse 2.027,25 euros y tratarse, por tanto, de una cantidad inferior a 3.000 euros ( artículo 191.2 g) LRJS) .

5.El ICS ha recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Cataluña 472/2023, de 30 de enero (rec. 3072/2022).

El recurso invoca de contraste la STS 12 de noviembre de 2003 (rcud 2692/2002) y denuncia la infracción del artículo 191.3 b) LRJS, por entender que existe afectación general.

El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

La parte demandante -recurrida en el presente recurso- ha presentado escrito de impugnación en el que alega que el recurso debe inadmitirse por no concurrir la contradicción exigida por el artículo 219.1 LRJS o, en su defecto, desestimarse por ser ajustada a derecho la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Competencia funcional y la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social por concurrir afectación general.

1.Según se ha avanzado, lo que tenemos que resolver es si la sentencia dictada por el juzgado de lo social es recurrible en suplicación por concurrir afectación general.

Como sintetiza la STS 860/2022, de 26 de octubre (rcud. 4290/2019), y las que en ella se citan, «la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia afecta al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3 o y 240.2 LOPJ -, a la propia competencia funcional de la Sala de suplicación y consiguiente acceso al recurso de casación, por lo que debemos examinarla de oficio sin que el Tribunal se encuentre vinculado por la decisión que se haya adoptado en trámite de suplicación, y sin necesidad de que concurra o no el requisito o presupuesto de contradicción, en tanto que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, y "esto presupone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia sea -a su vez- recurrible en suplicación, de modo y manera que el control de la competencia funcional de la Sala supone el previo control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación"».

El artículo 191.3 b) LRJS, dispone que procederá en todo caso la suplicación «en reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.»

Respecto del alcance del concepto de afectación general, la STS 1277/2023, de 21 de diciembre (rcud 3886/2022), con cita de las SSTS 145/2023, de 21 de febrero (rcud 4932/2019) y 823/2022, de 11 de octubre (rcud 4178/2019), recuerda que:

«a) El TS no está vinculado por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se haya podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar su propia competencia.

b) La notoriedad que abre el acceso al recurso de suplicación, no puede ser la «notoriedad absoluta y general» de que habla el art. 281.4 LEC. Para su apreciación bastará con que, por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren, e incluso por la existencia de otros procesos con iguales pretensiones, la cuestión sea notoria para el Tribunal.

c) La vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la sentencia de Tribunal Constitucional 79/1985, de 3 de julio, precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 189.1. b) de la LPL [actual artículo 191.3 b) LRJS], responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitutionis'y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley" ( sentencias del TS 16 de diciembre de 2009, recurso 4376/2008; y 25 de mayo de 2010, recurso 2404/2009, entre otras muchas).

d) La afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general.»

2.Pues bien, en el presente caso es notorio para esta Sala IV que concurre la afectación general a que se refiere el artículo 191.3 b) LRJS.

Acabamos de recordar, con cita de las SSTS 823/2022, de 11 de octubre (rcud 4178/2019), 145/2023, de 21 de febrero (rcud 4932/2019) y 1277/2023, de 21 de diciembre (rcud 3886/2022), que, entre otros supuestos, para apreciar la existencia de afectación general «bastará» con que «la cuestión sea notoria para el Tribunal», por «la existencia de otros procesos con iguales pretensiones.»

Y el caso es que, como señala la STS 105/2025, de 6 de febrero (rcud 5047/2022), «sobre la cuestión suscitada en el recurso se ha pronunciado esta Sala en las SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021); 358/2024, de 23 de febrero (rcud 487/2022); 673/2024, de 8 de mayo (rcud 374/2022); 961/2024, de 27 de junio (rcud 3144/2021), y 1253/2024, de 19 de noviembre (rcud 4336/2024).» También lo ha hecho en la STS 99/2025, de 5 de febrero (rcud 4445/2022).

Es verdad que en estas sentencias se trataba del convenio colectivo de trabajo de hospitales agudos, centros de atención primaria, centros sanitarios y centros de salud mental concertados con el Servicio Catalán de Salud. Y, sin embargo, en el presente supuesto, la sentencia del juzgado de lo social hace referencia al Decreto-ley 2/2012, de 25 de septiembre, de la Generalitat de Catalunya, y al apartado 9.8 del II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad.

Lo que sucede es que tanto aquel convenio como este Decreto-ley tienen mismo contenido y responden a la idéntica finalidad de asegurar, en nuestro caso a las empleadas embarazadas en riesgo por embarazo, la percepción de un complemento a cargo de la entidad empleadora de la correspondiente prestación de Seguridad Social que les permita alcanzar el 100 por cien de las retribuciones fijas y periódicas que percibían en el mes anterior a aquel en que tuvo lugar la incapacidad.

Y, asimismo, también en el presente caso se trata de determinar si el complemento a cargo de la entidad empleadora debe incluir lo percibido en concepto de atención continuada, así como la aplicación del plazo de tres meses del artículo 53.1 LGSS.

Como el debate es el mismo en todos los casos examinados por esta Sala IV, es clara la existencia de afectación general también en el actual supuesto.

3.Las consideraciones hasta aquí efectuadas conducen a estimar el presente recurso y a devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña a fin de que, partiendo de la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social y con plena libertad de criterio, dicte nueva resolución resolviendo el recurso de suplicación interpuesto por el ICS.

TERCERO. La estimación del recurso.

1.De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña para que, partiendo de la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social y con plena libertad de criterio, dicte nueva resolución resolviendo el recurso de suplicación interpuesto por el ICS.

2.No procede la imposición de costas ( artículo 235.1 LRJS) .