Sentencia Social 541/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5109/2024 de 16 de junio del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina y planteamiento del debate casacional

1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el Fondo de Garantía Salarial puede descontar del importe de la prestación de garantía, lo abonado por la empresa en concepto de indemnización por resolución indemnizada del contrato por voluntad de la persona trabajadora, con base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de insolvencia de la empresa, sin declaración de concurso de acreedores; de forma tal que, cuando lo pagado por la empresa supere el límite legalmente establecido de su responsabilidad subsidiaria, no tendrá que pagar el Fondo ninguna cantidad, en concepto de prestación de garantía por la indemnización.

2.La Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Santiago de Compostela 92/2024, de 27 de marzo (autos 441/2022) desestimó la demanda, considerando que, al haber abonado la empresa una indemnización superior a la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, no procedía el pago de la prestación de garantía por tal concepto.

3.Frente a esta sentencia se formuló recurso de suplicación por la parte demandante, que fue estimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 3718/2024, de 30 de julio (Rec 2821/2024), que estimó la demanda, condenando al Fondo de Garantía Salarial a que le abonara al actor 20.541,60 euros, en concepto de prestación de garantía por la indemnización, más los intereses legales.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por el Fondo de Garantía Salarial, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la STSJ de La Rioja 258/2016, de 23 de diciembre (Rec 260/2016). Y, se invoca, con base en el artículo 224.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida del artículo 33.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia sentada en la STS 684/2017, de 18 de septiembre (Rcud 3554/2015).

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que la doctrina correcta la contiene la sentencia de contraste.

6.La parte demandante presentó escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

SEGUNDO.- El presupuesto de contradicción

1.Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de La Rioja 258/2016, de 23 de diciembre (Rec 260/2016).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 705/2025, de 4 de julio (Rcud 2339/2024), 567/2025, de 11 de junio (Rcud 3719/2023), 533/2025, de 4 de junio de 2025 (Rcud 4793/2023), 424/2025. de 9 de mayo de 2025 (Rcud 1062/2023), 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, el actor había presentado una demanda de resolución indemnizada del contrato frente a la empresa para la que prestaba servicios, con base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que fue estimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Santiago de Compostela de 14 de enero de 2020 (autos 37/2019), que declaró extinguida la relación laboral en la fecha de la sentencia y condenó a la empresa demandada a que abonara al actor 61.453,77 euros, en concepto de indemnización, 8.496,56 euros de salarios brutos adeudados, más el 10 % de interés por mora y 7.020,64 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.

Por el Auto del Juzgado de lo Social de 12 de febrero de 2020 se despachó ejecución por importe de 70.206,39 euros.

Por Decreto de 18 de julio de 2022 se declaró la insolvencia parcial de la empresa respecto de la deuda que tenía con el actor, por importe de 45.948 euros de principal, de los que 40.222,06 euros correspondían a la indemnización y 5.561,38 euros a los salarios.

El demandante solicitó las prestaciones de garantía ante el Fondo de Garantía Salarial, que dictó la Resolución de 9 de agosto de 2022, que reconoció el abono de 5.561,38 euros en concepto de salarios y desestimó la pretensión de abono de la indemnización.

El actor impugnó esta resolución en vía judicial, presentando la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, en la que reclama 20.541,60 euros en concepto de indemnización, que fue desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social.

Esta sentencia fue revocada por la sentencia recurrida, que estimó el recurso de suplicación formulado por el actor, estimó la demanda y condenó al Fondo de Garantía Salarial a que le abonara la indemnización reclamada más los intereses legales.

3.La STSJ de La Rioja 258/2016, de 23 de diciembre (Rec 260/2016) es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente.

El demandante en esas actuaciones también había presentado una demanda de resolución indemnizada del contrato con sustento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que fue estimada en parte, por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de los de Logroño de 21 de junio de 2013 (autos 799/2012), que condenó a una de las empresas demandadas a que le abonara al actor 32.205,10 euros en concepto de indemnización.

En ejecución de esta sentencia, se obtuvo la suma de 24.033,72 euros y se declaró la insolvencia parcial respecto de 8.171,38 euros.

Solicitada la prestación de garantía por lo que le quedaba por percibir de la indemnización, le fue denegada por la Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 30 de octubre de 2015, considerando que el trabajador ya había recibido el importe de su responsabilidad legal subsidiaria.

El demandante impugnó judicialmente esta resolución y la sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda. Esta sentencia fue confirmada por la sentencia de contraste que desestimó el recurso de suplicación.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Y, efectivamente, en ambas sentencias, en la recurrida y en la de contraste se trata de determinar si lo abonado por la empresa en concepto de indemnización por la resolución indemnizada del contrato con base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, se ha de descontar del importe que tiene que pagar el Fondo de Garantía Salarial, como responsable legal subsidiario y, mientras que en la sentencia recurrida se declara que no procede el descuento, en la sentencia de contraste se considera que ha de descontarse lo pagado por la empresa. Estamos en presencia de hechos en los que se produce una identidad sustancial y, ante dos sentencias cuyos pronunciamientos son contradictorios, por lo que se ha de colegir que concurre el presupuesto de acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina.

TERCERO.- La normativa aplicable en los supuestos de empresas no declaradas en concurso

1.La parte recurrente invoca, en el único motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina, con adecuado amparo procesal, la infracción por la sentencia recurrida del artículo 33.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia sentada en la STS 684/2017, de 18 de septiembre (Rcud 3554/2015).

2.La primera cuestión que hemos de resolver para determinar la normativa aplicable consiste en fijar el momento del nacimiento de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, como declaramos, entre otras, en la STS 484/2017, de 6 de junio (Rcud 1849/2016). Pues bien, para que se active la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial se exige la concurrencia de dos presupuestos, la causa y el título.

Con carácter general, la causa consiste en la extinción del contrato de trabajo por despido colectivo, despido objetivo, por la resolución indemnizada del contrato por voluntad del trabajador, con base en el artículo 50, por el procedimiento de regulación de empleo concursal y la extinción de contratos temporales, cuando proceda legalmente. La reforma operada en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores por el artículo segundo del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar introdujo también como causas, la resolución indemnizada del contrato al amparo de los artículos 40.1 y 41.3 del Estatuto de los Trabajadores y la extinción de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar por alguna de las causas contempladas en el artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre.

Y el título lo constituye la insolvencia del empresario. Precisamente, la fecha de la resolución por la que se declara la insolvencia de la empresa es el momento determinante del nacimiento de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, como declaramos, entre otras, en las SSTS 18/2020, de 14 de enero (Rcud 1247/2017), 383/2017, de 28 abril (Rcud 2043/2015), 1011/2017, de 15 diciembre (Rcud 3243/2016), 345/2018, de 22 marzo (Rcud 1838/2016) y 571/2018, de 29 mayo (Rcud 778/2017).

La responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial deriva de la insolvencia empresarial, que es la circunstancia que provoca la protección establecida en favor de los trabajadores y la asumida por este organismo. Por lo tanto, no son ni la extinción del contrato de trabajo, ni el impago de los salarios los hechos causantes de la prestación.

Por ello, como se ha indicado, a efectos de determinar la legislación aplicable, ha de fijarse el momento en que nace la obligación que acaba asumiendo el Fondo de Garantía Salarial, como responsable legal subsidiario, como afirmamos en la STS 484/2017, de 6 de junio (Rcud 1849/2016).

En el caso de autos, la causa es la resolución indemnizada del contrato por voluntad del trabajador, reclamada con base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, declarada por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Santiago de Compostela de 14 de enero de 2020 (autos 37/2019), que estimó la demanda. Y el título es el Decreto de 18 de julio de 2022 que declaró la insolvencia parcial de la empresa respecto de la deuda que tenía con el actor.

Por consiguiente, según lo expuesto, el momento en el que nace la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, coincide con la fecha del Decreto reseñado que declaró la insolvencia empresarial.

3.Atendiendo a lo expuesto, el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción anterior a la dada por el artículo segundo del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, que es la aplicable al caso de autos, establece lo siguiente:

«El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56 de esta ley, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior».

Por lo tanto, en el presente supuesto nació la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, al haberse acordado la resolución indemnizada del contrato del actor a tenor del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por sentencia firme y, haberse declarado la insolvencia parcial de la empresa. De este modo, resultó responsable del abono del importe de la indemnización, calculada sobre la base del doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, a razón de treinta días de salario por año de servicio, con el máximo de una anualidad.

No se debate la cuantía de la prestación de garantía por esta indemnización. La controversia se suscita en orden a determinar si lo abonado por la empresa ha de descontarse de esta prestación de garantía, que quedaría reducida a cero por ser superior al importe de la misma.

4.La razón por la que se genera este planteamiento del descuento se encuentra en el artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el caso de los procedimientos concursales y que, en la regla tercera, dispone lo siguiente:

«En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran del Fondo el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquellos».

Pues bien, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores regula una serie de normas aplicables a la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en relación con las empresas declaradas en concurso de acreedores. El Fondo de Garantía Salarial, en las empresas declaradas en concurso, responde de las indemnizaciones, con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, calculadas sobre la base de veinte días de salario por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario base del cálculo pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En este caso, si la empresa concursada abona parte de la indemnización a los trabajadores, esta cantidad beneficia al Fondo de Garantía Salarial, ya que se deducirá del importe del límite de su responsabilidad por la indemnización.

5.La misma previsión aparece contemplada en el artículo 19.3 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, para los supuestos de responsabilidad directa del Fondo de Garantía Salarial del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, ya suprimida, pero no para la responsabilidad subsidiaria. Y así, el artículo 19.3 del citado Real Decreto obedece al siguiente tenor:

«El importe de las prestaciones por el 40 por 100 de la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, en empresas de menos de 25 trabajadores, se abonará con aplicación de las mismas bases y dentro del límite del número uno anterior.

En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas prestaciones soliciten, posteriormente, del Fondo de Garantía Salarial el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, por encontrarse éste en situación de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos».

La responsabilidad directa del Fondo de Garantía Salarial en el abono del 40 % de la indemnización por la extinción de contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se hubiese extinguido por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el seno del concurso de acreedores, conforme al artículo 64 de la redacción originaria de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, ya derogada, se regulaba en el artículo 33.8 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto fue suprimido, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, por la disposición final quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, desapareciendo, por ende, la responsabilidad directa del Fondo de Garantía Salarial. De este modo, la única responsabilidad de este organismo quedó circunscrita a la responsabilidad subsidiaria, a la que hemos hecho referencia.

Pues bien, el artículo 19.3 del Real Decreto 505/1985, en la responsabilidad directa del Fondo de Garantía Salarial establecía que, del importe de la prestación de garantía por la indemnización derivada de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, se descontaría lo abonado por el empresario por tal concepto. Para la responsabilidad subsidiaria, por tanto, no se había contemplado esta previsión y, la inclusión en el caso del concurso de acreedores en el artículo 33.3 regla tercera del Estatuto de los Trabajadores vigente supuso una novedad.

6.Por lo tanto, el descuento de lo abonado por el empresario, de la prestación de garantía por la indemnización derivada de la resolución indemnizada del contrato cabe en los supuestos en los que la empresa haya sido declarada en concurso de acreedores, de conformidad con el tenor literal de la regla tercera del artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra, como se ha indicado, en determinar si se ha de descontar lo pagado por el empresario del importe de la indemnización objeto de la prestación de garantía para los casos de insolvencia de la empresa sin declaración de concurso, pues nada declara, al respecto, el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, como ha quedado reseñado.

Para resolver esta cuestión, conviene tener presente la naturaleza jurídica del Fondo de Garantía Salarial, como responsable legal subsidiario, el carácter único de la indemnización y la aplicación del principio de igualdad y no discriminación a las personas trabajadoras de las empresas declaradas en concurso de acreedores y de las empresas insolventes que no han sido declaradas en concurso. Estas materias se analizarán, a continuación.

CUARTO.- La procedencia del descuento del importe de la indemnización abonado por la empresa no declarada en concurso, respecto de la prestación de garantía del Fondo de Garantía Salarial.

1.Para delimitar el alcance de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, hemos de tener presente que la deuda indemnizatoria es única, que la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial es subsidiaria y que su importe viene determinado legalmente.

Efectivamente, de conformidad con el artículo 33.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial se configura como un responsable legal subsidiario del empresario, en tanto en cuanto, su responsabilidad se activa cuando el empresario ha sido declarado en concurso o insolvente, por lo que deberá hacer frente al pago de los salarios e indemnizaciones adeudados por el empresario, subrogándose en los derechos y acciones de los trabajadores frente al mismo. Y, además, el importe de esta responsabilidad es el establecido legalmente.

Por lo tanto, como declaramos, entre otras, en las SSTS de 15 de junio de 2015 del Pleno (Rcud 1519/2013), 799/2016, de 4 de octubre (Rcud 1014/2015) y 505/2017, de 8 de junio (Rcud 59/2016), ciertamente el empresario puede pactar y responsabilizarse de cualquier supuesto e importe indemnizatorio, pero ello no quiere decir que el Fondo de Garantía Salarial haya de garantizar cualquier indemnización voluntariamente pactada por el empresario, si así no se establece claramente en la norma de garantía. En este sentido, la redacción del artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores no permite la ampliación a otros supuestos y cuantías pactadas al margen de la ley, pues la obligación garantizadora a cargo de un fondo público obliga a una interpretación estricta de las normas que la regulan.

2.A estos efectos, es relevante tener en cuenta que la deuda indemnizatoria es una. En este sentido, nos pronunciamos, entre otras, en las SSTS 451/2022 de 18 de mayo (Rcud 886/2019), 291/2022 de 31 de marzo (Rcud 4843/2018), 8/2022 de 11 de enero (Rcud 5019/2018), 611/2021 de 9 de junio (Rcud 3126/2018), 273/2019 de 2 de abril (Rcud 932/2018) y 270/2019 de 2 de abril (Rcud 236/2018). Por lo tanto, lo abonado por el empresario habrá de ser computado como pago de esa indemnización única.

La STS 684/2017, de 18 de septiembre (Rcud 3554/2015) declaró que la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial consiste en una prestación de garantía en virtud de la que esa entidad garantiza el cobro de la indemnización legal mínima, en el caso en el que el obligado principal que es el empresario, no la pague. Al tratarse de una responsabilidad subsidiaria, los pagos efectuados por el deudor principal aprovechan al deudor subsidiario, ya que se trata de una única deuda. De este modo, el pago parcial beneficia a quien garantiza un cobro mínimo, cual es el caso del Fondo de Garantía Salarial, entidad pública cuya responsabilidad no puede ser modificada por un pacto individual o colectivo que mejore el importe de la indemnización a pagar en perjuicio del deudor subsidiario. En este sentido, nos pronunciamos, entre otras, en las SSTS 991/2015, de 15 de junio (Rcud 1519/2013) y de 29 de junio de 2015 (Rcud 2082/2015).

En una interpretación lógico-sistemática de los párrafos segundo y tercero del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, la meritada STS 684/2017, de 18 de septiembre (Rcud 3554/2015) concluye que lo garantizado por el Fondo de Garantía Salarial es la indemnización legal prevista en el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores, para los supuestos como el de autos en el que no se ha declarado al empresario en concurso de acreedores. Y considera que la regla tercera del artículo 33.3 del citado texto legal, introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no puede interpretarse en el sentido de que, a partir de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2012, procediera el descuento de las cantidades a cuenta abonadas por la empresa en situación de concurso de acreedores, del monto a pagar por el Fondo de Garantía Salarial y antes no, porque no lo establecía el artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores expresamente, por cuanto ese precepto se limitaba a regular la citación del Fondo de Garantía Salarial y su personación en el concurso de acreedores, pero no el contenido de su responsabilidad legal subsidiaria, que venía establecida en el artículo 33.2 de la norma, precepto que sobre el particular que nos ocupa no experimentó variación alguna. Esta doctrina jurisprudencial, aplicable al caso de autos, supone que el importe pagado por el empresario de la indemnización habría de ser descontado de la cuantía de la prestación de garantía de la que el Fondo de Garantía Salarial era responsable, desde antes de la introducción de la regla tercera del artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores, pues así se extraía de la configuración de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial como legal subsidiaria y de los fines de este organismo autónomo y, por ende, tal descuento se aplicaba tanto a los supuestos de empresas declaradas en situación de insolvencia como a las declaradas en concurso de acreedores.

Por último, debe destacarse que considerar que el descuento sólo procede en los supuestos de declaración de concurso del empresario y no en los casos de insolvencia, vulneraría el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que los trabajadores de empresas concursadas podrían percibir, si el empresario hubiese abonado parte de la indemnización, menor cantidad del Fondo de Garantía Salarial que los de empresas declaradas en situación de insolvencia, pero no en concurso de acreedores, pues en el primer caso, el Fondo de Garantía Salarial habría de descontar lo pagado por el empresario de la cuantía de su responsabilidad legal subsidiaria.

3.Por lo tanto, en el caso de autos, fue ajustada a derecho la Resolución del Fondo de Garantía Salarial impugnada, que desestimó la reclamación del actor del abono de la prestación de garantía en concepto de indemnización por la resolución indemnizada del contrato con base en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, habida cuenta de que lo abonado por el empresario superaba el importe de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial.

QUINTO.- 1.Al no contener la doctrina correcta la sentencia recurrida, debemos resolver conforme a las previsiones legales para los casos de estimación del recurso. Por lo tanto, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por el Fondo de Garantía Salarial y, en consecuencia, casar y anular la sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 3718/2024, de 30 de julio (Rec 2821/2024).

Y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el recurso de la parte actora, confirmando la Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Santiago de Compostela 92/2024, de 27 de marzo (autos 441/2022).

2.No ha lugar a la condena en costas.