Sentencia Social 1112/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2433/2024 de 24 de noviembre del 2025

Con el respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el recurso, me parece importante manifestar mi discrepancia con los criterios que sustentan la misma. Soy consciente de que dichos criterios se han establecido por la Sala en sentencias previas cuya doctrina se reitera ahora, pero creo que los mismos debieran ser revisados en su conjunto en el sentido que voy a indicar.

PRIMERO.-Originariamente el artículo 54 del texto articulado de 1966 de la Ley General de la Seguridad Social ( Decreto 907/1966, de 21 de abril) estableció únicamente un plazo de prescripción de las prestaciones, que en aquel momento se fijó en tres años, salvo para las pensiones de vejez, que expresamente se declararon imprescriptibles (artículo 156.1). Sin embargo esta regulación de la prescripción había de conjugarse con la previsión contenida en el artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1967. Después de que el artículo 13 estableciera la imprescriptibilidad de la pensión de vejez, el artículo 14 decía que la pensión de vejez se devengaría desde el día siguiente al del hecho causante de la misma, siempre que la solicitud fuese presentada dentro de los tres meses siguientes a aquél, mientras que en otro caso, sólo se devengaría con una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo 16 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, solucionó el problema diferenciando entre el plazo de prescripción de las prestaciones y la retroacción de efectos económicos del acto de reconocimiento de las mismas. Aunque el derecho a la prestación no prescribiera o lo hiciera al cabo de cinco años desde el hecho causante, la solicitud presentada fuera del plazo reglamentario de tres meses implicaba la pérdida de los días de retraso en que hubiera incurrido el beneficiario. De ahí que se estableciera la retroacción de efectos económicos de la solicitud en un máximo de tres meses.

La Ley 24/1972 por otra parte elevó el plazo de prescripción a cinco años, manteniendo el carácter imprescriptible de la pensión de jubilación y también de las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo el auxilio de defunción.

SEGUNDO.-Lo anterior significaba que la institución de la retroacción de efectos económicos, limitada a un máximo de tres meses, estaba directa y estrechamente vinculada al plazo de solicitud de la correspondiente prestación. Lo que determina la pérdida de unas determinadas mensualidades es la existencia de un determinado plazo de solicitud que el interesado no ha respetado. De ahí que cuando una norma establece otro plazo para formular la solicitud de la prestación, como ocurre en el caso del desempleo, la pérdida prestacional sea diferente y no se aplique el plazo de tres meses, como ocurre en el caso de la prestación contributiva por desempleo ( artículo 268 LGSS) . En el caso del subsidio de desempleo la regulación es diferente, porque la previsión inicial análoga a la de la prestación y contenida en el artículo 276 LGSS se ha modificado recientemente por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con vigencia desde 1 de noviembre de 2024.

En definitiva, la lógica detrás de esta regulación de la retroacción de efectos económicos es:

-Existe un plazo desde el hecho causante para que el beneficiario presente la solicitud de la prestación que con carácter general es de tres meses.

-El incumplimiento de ese plazo no determina la pérdida de la prestación, para lo cual habría de excederse el plazo legal de prescripción, sino solamente la pérdida de los días de prestación correspondientes al retraso. Por eso la retroacción de efectos económicos es igual al plazo de solicitud.

TERCERO.-Por esa precisa razón el plazo máximo de retroacción de tres meses no se aplica a aquellas prestaciones que no están sujetas a un procedimiento de reconocimiento por la entidad gestora que pueda ser iniciado por el beneficiario, sino que deben ser abonadas por la mera concurrencia del hecho causante y sin necesidad de solicitud del beneficiario y de tramitación de un procedimiento administrativo que culmine en un acto de concesión. Se trata de las prestaciones que se rigen por el conocido como "principio de oficialidad", muy especialmente la incapacidad temporal.

Así se ha venido declarando de forma sostenida por la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sostenido que en relación con la prestación de incapacidad temporal devengada en el Régimen General la retroactividad de tres meses no puede aplicarse porque "el abono de la prestación económica correspondiente a la situación de incapacidad laboral transitoria no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario, sino que, cumplidos los presupuestos generales para su percepción; se hace efectiva de modo directo y automático conforme al principio de "oficialidad", una vez presentados los correspondientes partes de baja y confirmación. Así en las SSTS 2-11-1993 (Rec.- 3737/92), 21-1-1994 (Rec.- 3205/92), 17-2-1994 (Rec.- 105/93), 1-2-1999 (Rec.- 2019/98) ó 20-12 1999 (Rec.-753/99).

Esta doctrina se excepciona en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de la STS (pleno) 19 de junio de 2007, rcud 4894/2005, que rectifica doctrina anterior para señalar que a los trabajadores autónomos se les aplica el plazo de retroactividad de tres meses desde la solicitud tomando como referencia la fecha de presentación de los partes de baja, cuando lo hacen con retraso, al ser ellos los responsables de tal presentación. Actualmente habría de analizarse el impacto que sobre tal criterio tiene la reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, aplicable desde el 1 de abril de 2023.

CUARTO.-No puede confundirse la solicitud de una prestación con la formulación de una reclamación administrativa o judicial impugnando un acto administrativo prestacional, expreso o por silencio. El artículo 129.1 LGSS dice que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación. En la regulación del procedimiento administrativo en dicha Ley hay una diferencia básica y sustancial entre la iniciación del procedimiento administrativo (de oficio o a instancia del interesado, artículos 54 y siguientes) y la interposición de recursos contra las resoluciones y actos administrativos que ponen fin al procedimiento.

Con carácter general la aplicación del plazo de retroacción de tres meses está vinculado a la iniciación del procedimiento, no a la interposición de reclamaciones o recursos contra las resoluciones recaídas. Se puede excepcionar el supuesto del artículo 71.4 LRJS, esto es, el caso de caducidad de la instancia, puesto que en tal supuesto es imputable al beneficiario el haber presentado la reclamación o recurso fuera de plazo. En el ámbito de prestaciones de Seguridad Social y en relación con los beneficiarios dicha omisión no determina la firmeza del acto con la correspondiente pérdida de la prestación, sino la mera caducidad de la instancia, por lo que el beneficiario puede volver a reiterar su solicitud prestacional en tanto en cuanto su derecho no haya prescrito. Por eso el citado artículo 71.4 LRJS dice que "podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma".

La determinación de que la retroacción de los efectos económicos "que procede dar" a la nueva reclamación previa es de tres meses no proviene de la norma legal, que nada concreta, sino que deriva de una interpretación analógica y extensiva del artículo 53.1 LGSS, lo que parece razonable en tanto en cuanto la nueva reclamación previa sea equivalente a una solicitud ex novo, distinta a aquella otra que se dejó caducar.

QUINTO.-Por otra parte también hay que recordar que reciente pero reiterada jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha decidido inaplicar el plazo de retroacción de tres meses (tanto respecto a la solicitud inicial como de la presentación de la reclamación previa omitida en su momento) para llevar los efectos económicos al momento del hecho causante en el supuesto de la denegación de prestaciones de carácter discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales, en concreto en el supuesto de discriminación por razón de género contra los hombres en el reconocimiento del complemento de maternidad o aportación demográfica de las pensiones. Así en SSTS -Pleno- 322/2024 y 324/2024 de 21 febrero de 2024 (rcud. 862/2023 y 1083/2023), 81/2025 de 29 de enero, rcud 117/2024, 239/2025, de 25 de marzo, rcud 889/2024, 15-10-2024, rcud 891/2024 y 934/2024, entre otras.

SEXTO.-Existe otro supuesto en el que el legislador ha decidido aplicar la retroacción de efectos económicos de tres meses a una reclamación y no a la solicitud prestacional inicial y es la relativa a las diferencias de cuantía de las prestaciones.

La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a interpretar que cuando el importe inicial de la pensión de jubilación fue "minusvalorado, corrigiéndose ello más tarde por sentencia firme" debe mantenerse "a falta de norma expresa de sentido contrario" que el pago de diferencias "debe retrotraerse a la fecha del reconocimiento del derecho" con aplicación "por analogía" del plazo de prescripción quinquenal. El problema respecto de prestaciones imprescriptibles, que llevaría el reconocimiento de las diferencias prestacionales con efectos económicos retroactivos hasta el mismo hecho causante, por lejano en el tiempo que se encontrase, se moderó diciendo que la regla de imprescriptibilidad rige para el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, pero "cuando se ha reconocido la procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya han quedado fijados, de suerte que si después se pretende y se logra un incremento de la cuantía, los efectos de tal incremento deben retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de los cinco años". Así en SSTS 22-11-1996 (rcud 3348/1995); 26-3-2001 (rcud 4196/00); 24-6-2003 (rcud 4607/02); 24-7-2003 (rec 4607/2002); 26-12-2005 (rcud 874/2005); 31-1-2007 (rcud 2633/2005).

El legislador reaccionó frente a esta jurisprudencia con una reforma introducida por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En la disposición final 3.1 de esta Ley se modificó el entonces artículo 43.1 LGSS (texto refundido de 1994) para darle nueva redacción de manera que, tras el párrafo inicial, se añadió uno segundo en el que se dijo:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45".

Como consecuencia de esa reforma legal la jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha interpretado que el legislador ha querido que el derecho a modificar la cuantía de las prestaciones de tracto sucesivo, cuando la misma fue determinada incorrectamente, no prescriba nunca, si bien los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión ( STS 31-3-2010, rec. 1934/2009).

SÉPTIMO.-La regla contenida en el segundo párrafo del artículo 43.1 LGSS/94, hoy en el artículo 53.1 LGSS/2015 vigente, ha de ser interpretada con arreglo a su propia lógica y sin que me parezca aceptable una extensión anómala del límite de retroacción de los efectos económicos.

En primer lugar el concepto de "solicitudes de revisión" se refiere a solicitudes tardías y posteriores, no a las reclamaciones y recursos administrativos o en su caso judiciales contra las resoluciones iniciales de reconocimiento de la correspondiente prestación que se hayan interpuesto tempestivamente. Parece obvio que si al dictarse una resolución reconociendo una prestación el interesado discrepa de la cuantía de la misma y recurre la resolución en plazo, la eventual estimación de esa reclamación llevará a la corrección de la cuantía en su integridad, con los mismos efectos económicos de la resolución inicial de reconocimiento, puesto que en otro caso se estaría dejando sin efecto útil al derecho a recurrir la resolución inicial.

Por tanto el supuesto al que se refiere la reforma parte de que haya existido una resolución administrativa inicial de reconocimiento, sin que se haya recurrido la misma por discrepancias con la cuantía y posteriormente, ya fuera del plazo y del procedimiento de recurso, se presenta una nueva solicitud de modificación de esa resolución en relación con la cuantía de la prestación ya reconocida. Ese derecho a solicitar la revisión de cuantía reconocida inicialmente es, como se ha visto, imprescriptible, pero en ese caso los efectos económicos de la revisión de la cuantía, si procediese reconocerla, solamente se retrotraerían a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión.

Por tanto el supuesto de hecho al que se refiere el segundo párrafo del artículo 53.1 LGSS parte de la ausencia de recurso en plazo contra la resolución que fija la cuantía de la prestación y por ello me parece claro que no sería aplicable a aquellas prestaciones que se rigen por el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal. El deber del empresario obligado al abono de dicha prestación en pago delegado o de la entidad gestora, de ser ésta la obligada directa al pago, es calcular y pagar la prestación de manera correcta y en la cuantía debida. No es preciso ninguna resolución administrativa de reconocimiento prestacional que se notifique al beneficiario y que pueda decirse que éste haya dejado de recurrir. Lo que se produce es pura y simplemente un impago en la cuantía debida legalmente contra el que se puede reclamar. Lo que habrá de determinarse es el plazo de prescripción de dicho derecho a reclamar la corrección.

A mi juicio este es el régimen aplicable a la incapacidad temporal también cuando la diferencia prestacional se origine por una incorrecta calificación de la contingencia determinante de la misma. No existen motivos para aplicar en ese supuesto una excepción al principio de oficialidad.

OCTAVO.-También creo que no afecta a esa conclusión el contenido del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, introducido por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. El citado artículo 6 introducido en el año 2014 crea un nuevo procedimiento de determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal. Intenta dar un cauce procedimental administrativo a una situación común en la cual los beneficiarios obtenían un parte de baja médica del servicio público de salud por contingencias comunes y después tramitaban una reclamación ante el INSS (seguida en su caso de una reclamación judicial) para recalificar la contingencia a la de accidente de trabajo. La reiteración de estos supuestos a lo largo de los años llevó a que se creara normativamente un procedimiento específico para resolver esas reclamaciones, pero ello no significa que deje de regir el principio de oficialidad en materia de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal ha de ser reconocida y abonada en su cuantía y conceptos correctos por la empresa, entidad colaboradora o entidad gestora sin necesidad de tramitar ningún procedimiento. Ocurre que si se produce una discrepancia sobre la contingencia causante de la incapacidad temporal quien manifieste esa discrepancia ha de acudir a este procedimiento administrativo regulado en 2014, frente a la situación anterior en que no existía un procedimiento administrativo específico para estos supuestos más allá de la mera reclamación previa.

No encuentro justificación para entender que los efectos económicos del procedimiento deban limitarse a una retroacción de tres meses, porque no es un procedimiento de tramitación obligatoria para obtener el reconocimiento de la prestación, sino solamente un cauce procedimental para resolver las discrepancias sobre la contingencia que se venían produciendo asiduamente. Pero la prestación de incapacidad temporal sigue rigiéndose por el principio de oficialidad y por tanto no le es aplicable ningún plazo de retroacción de efectos económicos a las reclamaciones, tanto si reclaman el pago completo de la prestación omitido como si reclaman diferencias. El procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 tiene el valor de una reclamación previa, como dice expresamente su número ocho, no es una solicitud inicial tardía, que por lo demás no existe en el ámbito de la prestación de incapacidad temporal.

Baste observar que el procedimiento no solamente se inicia por el beneficiario, sino que también puede iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina, o bien a instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

No parece sostenible la aplicación de un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses cuando el derecho de las empresas, entidades colaboradoras o gestoras al reintegro de prestaciones indebidas prescribe a los cuatro años por previsión legal expresa ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Y si eso es así no creo que exista justificación para aplicar un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses a las solicitudes de determinación de contingencia de los beneficiarios y sin embargo solamente un plazo de prescripción de cuatro años para las solicitudes de las mutuas o empresas o los procedimientos iniciados de oficio por la entidad gestora.

NOVENO.-Por tanto existen dos regímenes diferenciados de la prescripción y efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones.

El primero se aplica a las prestaciones que exigen tramitar un procedimiento administrativo que termina con una resolución de reconocimiento. En estos casos existe un plazo de prescripción de cinco años con carácter general, siendo imprescriptible el reconocimiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones de muerte y supervivencia (excepto el auxilio de defunción). Por el contrario, una vez reconocida la prestación, el derecho a modificar la cuantía reconocida no prescribe nunca. Ese régimen de prescripción de la resolución de reconocimiento o de fijación de la cuantía se combina con una limitación de los efectos retroactivos de la resolución cuando se haya presentado fuera de plazo, de manera que los efectos económicos solamente se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud extemporánea, tanto si se trata del reconocimiento inicial como de la modificación de la cuantía inicialmente reconocida (salvo ley especial, como ocurre en el caso de las prestaciones por desempleo). Se excepciona, como hemos visto, la retroacción a la fecha del hecho causante en el caso de prestaciones denegadas por razones discriminatorias o vulneradoras de otros derechos fundamentales.

El segundo se aplica a las prestaciones que deben ser abonadas en su cuantía correcta de manera automática por la entidad gestora o colaboradora (o, en su caso, por el empresario que colabora en la gestión de la Seguridad Social, de forma obligatoria o voluntaria). En estas prestaciones, regidas por el principio de oficialidad, no existe solicitud inicial del beneficiario ni resolución administrativa de reconocimiento de la misma. Por tanto solamente cabe aplicar un plazo de prescripción unitario al reconocimiento y a los efectos económicos, sin que sea aplicable la limitación de retroacción de los efectos económicos a tres meses.

DÉCIMO.-El problema por tanto se contrae a determinar cuál sea ese plazo de prescripción de las prestaciones no sujetas a tramitación de procedimiento administrativo que termine con una resolución de reconocimiento.

A este respecto hay que recordar que el artículo 54 LGSS, bajo el título "caducidad", regula en realidad la prescripción de los derechos económicos de las prestaciones ya reconocidas. En ese sentido diferencia:

a) Prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, a las que el plazo de prescripción se aplica "desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión".

b) Prestaciones periódicas, a las que el plazo de prescripción se aplica desde el vencimiento de cada mensualidad.

Observemos que la regulación de la LGSS es paralela a la contenida en el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, en relación con los derechos frente a la Hacienda Pública, diferencia entre:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de una obligación;

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.

Así, mientras que el artículo 53 LGSS regula la prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación prestacional (supuesto del artículo 25.1.a LGP) , el artículo 54 LGSS regula la prescripción del derecho al abono de las prestaciones ya reconocidas (supuesto del artículo 25.1.b LGP) .

Ahora bien, en el caso de prestaciones en las que rige el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal, al no existir un acto administrativo de reconocimiento, lo que ocurre es que solamente se aplicaría el régimen de prescripción relativo al pago, esto es, el del artículo 54 LGSS o 25.1.b LGP. Por el contrario no les es aplicable toda la regulación del artículo 53 LGSS (esto es, 25.1.a LGP) , tanto en lo relativo al plazo de prescripción del reconocimiento como lo relativo a la limitación de la retroacción de los efectos económicos de tres meses.

DECIMOPRIMERO.-Lo anterior implicaría a priori que el plazo de prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal y de sus diferencias sería exclusivamente el previsto en el artículo 54 LGSS referido a cada una de las mensualidades, esto es, de un año. Sin embargo a mi juicio esto no es así, porque debería aplicarse el plazo de cuatro años establecido en el artículo 25.1.b LGP.

Esto es así porque a mi juicio sigue vigente el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, según el cual en materia de Seguridad Social se aplicarían los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. En concreto el artículo 46.1 de aquella Ley General Presupuestaria de 1977 decía:

"Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Esta norma pasó después al artículo 46.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y finalmente al artículo 25, ya analizado, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que ha fijado el plazo de prescripción de las obligaciones ya reconocidas a cargo de la Hacienda Pública en cuatro años. Por eso entiendo que ese sería el plazo aplicable en lugar del regulado en el artículo 54 LGSS.

DECIMOSEGUNDO.-Debemos recordar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 tenía expresamente vigencia indefinida y no ha sido derogado nunca. Lo que ha ocurrido es que no fue recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, ni tampoco en el posterior texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, pero ello no impide su aplicación por cuanto:

A) En nuestro Derecho no se admite la desuetudo como forma de pérdida de vigencia de las normas legales y reglamentarias;

B) La incorrecta refundición en los textos de las LGSS de 1994 y 2015 no supone sino un "ultra vires" que los órganos judiciales deben corregir e inaplicar de oficio, puesto que nada autorizaba al Gobierno en su labor refundidora a dar por derogado aquel precepto, sin que la nulidad del Decreto de refundición prescriba por el transcurso del tiempo.

Por otra parte no podemos olvidar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 no solamente determinaba la aplicación en materia de prestaciones de Seguridad Social del artículo 46 (hoy 25) LGP, sino también del artículo 45 (hoy 24) LGP, referente a los intereses de demora de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Según ese artículo 45 (hoy 24) la Hacienda Pública debe pagar intereses de demora solamente desde que la obligación está reconocida en vía administrativa o por resolución judicial, exclusivamente si el abono no se produce en el plazo de tres meses desde ese reconocimiento administrativo o judicial y además el interés aplicable es el legal del dinero, sin el incremento de dos puntos previsto en su momento en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy recogido en el artículo 576.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la regulación de los intereses de demora de la LEC a las obligaciones prestacionales, sino el régimen de la LGP, con las tres consecuencias descritas (no aplicación de intereses a obligaciones no reconocidas, plazo de tres meses para el cumplimiento del pago desde el reconocimiento evitando así la imposición de intereses y no aplicación del incremento de dos puntos sobre el interés legal del dinero). Y ese pronunciamiento se hizo, precisamente, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Así se dijo a partir de dos sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1991 ( ECLI:ES:TS:1991:13335 y ECLI:ES:TS:1991:5153), seguidas por sentencias de 27 de abril de 1993 (rcud 2270/1992), 29 de abril de 1993 (rcud 999/1992), 14 de julio de 1993 (rcud 2665/1992), 27 de octubre de 1993 (rcud 2803/1992), 9 de febrero de 1994 (rcud 3861/1992), 19 de junio de 1995 (rcud 3623/1994) ó 17 de enero de 1996 (rcud 1221/1995).

Tras la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la jurisprudencia de la Sala Cuarta mantuvo la aplicación a las obligaciones de pago de prestaciones de Seguridad Social el régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública.

Así por ejemplo la STS 24-9-2003, rcud 3969/2002, dijo:

"Sostiene el Servicio Andaluz de Salud que la sentencia recurrida, al condenarle a abonar intereses de demora incrementados en dos puntos, como previene el párrafo cuarto del art. 921 de la LEC de 1.881 ( art. 576.1 actual) ha infringido el párrafo quinto de dicho precepto y los artículos 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria y 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y así es, en efecto. Pues, de acuerdo con la doctrina unificada de esta Sala, el Servicio Andaluz de Salud está exento del citado incremento tanto en su condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social, como en la de organismo integrado en la Hacienda Publica andaluza.

La inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del art. 921 LEC ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado, entre otras, en las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27- 10-93 (rec.2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 (rec.1221/95) y, finalmente, en la de 2-96 (rec. 1151/95) referida al propio Servicio Andaluz de Salud, aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7 de la Ley 33/87 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. Criterio por cierto coincidente con el sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que "las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social, son Entidades de derecho público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social ( art. 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre) con sujeción, como ha puesto de manifiesto la representación del INSS, a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre)".

(...) Por lo que se refiere a las Haciendas autonómicas, las sentencias de 5-11-96 (rec. 1459/96) y 6-11-96 (rec. 1469/96) exoneraron ya del incremento del art. 921.4 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; incluso, la primera de ellas alude expresamente a la Comunidad Autónoma Andaluza y razona sobre la similitud de las previsiones de los artículos 39.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y art. 61 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Razonan dichas sentencias que además del argumento de interpretación gramatical que surge de esa similitud, la solución se completa "con un argumento de interpretación finalista que atiende a la razón de ser de dicho régimen especial de pago del art. 45 LGP. Tal razón de ser no es otra que la complejidad administrativa de la Hacienda estatal, derivada del número, dispersión geográfica y diversidad de sus acreedores. A escala menor, ésta finalidad de la norma también concurre, a la vista de su extensión territorial y de la amplitud de sus atribuciones, en la Hacienda de las Comunidades Autónomas."

Cabe destacar que dicha doctrina unificada encuentra en la actualidad sólido apoyo en la redacción del art. 576.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000 que al establecer la excepción a la regla general de incremento del interés de la mora procesal en dos puntos del número 1, no mantiene el tenor del anterior art. 921.5 que se refería a "las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria", sino que se remite a "las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas". Expresión mas amplia y acorde con la actual configuración del Estado muy distinta a la existente cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil de 1881 y con las previsiones de los Estatutos de Autonomía aprobados mediante las preceptivas leyes orgánicas por las Cortes Generales..."

O también, por ejemplo, la STS 25-10-2005, rcud 1693/2004:

"Alega la recurrente infracción del artículo 576.3º de la Ley de Enjuiciamiento civil , en relación con el artículo 45 y 36.2 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 213 de Septiembre. Como razona la sentencia de contraste, la inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado entre otras, las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27-10-93 (rec. 2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 rec. 1221/95 ), aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7º de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 , que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria . Criterio coincidente con el de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad, son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social, artículo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre , con sujeción a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social ), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980 ) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre , y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre )."

Aún más, la aplicación a las prestaciones de Seguridad Social de ese régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública se ha mantenido recientemente cuando, a diferencia de lo que ocurre con las deudas jurídico-privadas, se ha dicho que para que se inicie el devengo de intereses es preciso un reconocimiento administrativo o judicial del derecho prestacional ( sentencia del pleno de esta Sala Cuarta 290/2025, de 8 de abril, rcud 1818/2023 y las que siguen).

Pues bien, no veo ninguna justificación razonable para que entendamos aplicable el artículo 24 LGP a partir de aquella lejana Ley 33/1987, confiriendo a los intereses de demora a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras el régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública y, paradójicamente, no hagamos lo propio con el artículo 25.1.b LGP en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones prestacionales a cargo de la Seguridad Social. Esa justificación solamente existe para el caso de la prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones (con los tres meses de retroacción), debido a que con posterioridad a la Ley 33/1987 se dictó la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, cuya disposición final 3.1 dio nueva redacción al número primero del artículo 43 de la LGSS/94 (hoy recogida en el artículo 53 LGSS/2015) y que por tanto sustituye a la remisión que la Ley 33/1987 vendría a hacer al artículo 25.1.a LGP. Sin embargo desde la Ley 33/1987 no se ha dictado ninguna nueva norma con rango de Ley que, de manera análoga a lo que ocurre con el artículo 53 LGSS, justificara la aplicación de lo que dice el texto del artículo 54 LGSS, salvando aquel defecto de refundición cometido ya en el Real Decreto Legislativo 1/1994.

Por tanto en materia de la prescripción y efectos económicos de los actos de reconocimiento de prestaciones se aplicaría el artículo 53 LGSS, pero en relación con la prescripción de las obligaciones de pago ya reconocidas, tanto de prestaciones a tanto alzado como de tracto sucesivo, se aplicaría el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1.b LGP, tomando como dies a quo la fecha de reconocimiento en el caso de las prestaciones a tanto alzado y la fecha de pago de cada mensualidad en el caso de las prestaciones de tracto sucesivo.

DECIMOTERCERO.-La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica.

Llamo la atención de que la adopción de este régimen prescriptivo de cuatro años supone equiparar el plazo de prescripción que juega en contra del beneficiario con aquel otro que juega en contra de la entidad gestora, mutua o empresa colaboradora para el reintegro de las prestaciones indebidas ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Mantener una interpretación según la cual al beneficiario se le aplica un régimen diferente y más desfavorable (de tres meses de retroacción de efectos o de un año de prescripción) implica admitir una diferencia de trato no justificada y en todo caso desproporcionada, por tanto de dudosa constitucionalidad. La interpretación que yo sostengo, por el contrario, remedia dicha diferencia de trato y por tanto es la interpretación compatible con los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. Por ello, en mi opinión, es la que debiéramos adoptar.

DECIMOCUARTO.-Una consecuencia adicional de todo lo hasta aquí expuesto sería la corrección igualmente de la doctrina de la Sala referida a las mejoras de prestaciones a cargo de las empresas en sus diversas modalidades de mejoras directas de los artículos 238.1.a y siguientes LGSS.

Soy consciente de que en este ámbito la doctrina que aplica a las mejoras de prestaciones el plazo de prescripción de cinco años del actual artículo 53.1 LGSS es ya muy antigua ( SSTS 10-4-1989, ECLI:ES:TS:1989:2404; 25-9-1995, rcud 3721/1994; 13-7-1998, rcud. 3889/1987; 16-9-1998, rcud 4085/1997; 26-04-2007, rcud 1373/2006...), pero me parece que si partimos de que la regulación de esta materia, que se refleja en dicho artículo 53.1 LGSS y también en el artículo 54, según se ha visto, es de naturaleza presupuestaria y de aplicación a las Haciendas Públicas, entonces, al menos en el caso de empresas puramente privadas y ajenas al sector público, no existiría justificación para aplicar dicha regulación a las mejoras directas de prestaciones. Por otra parte en este ámbito no existen procedimientos administrativos para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones que permitan diferenciar entre la prescripción del derecho al reconocimiento y del derecho al pago, ya que estamos fuera del artículo 129.1 LGSS y no se aplica la legislación de procedimiento administrativo.

En ese supuesto las mejoras directas establecidas en las empresas deben sujetarse en cuanto al régimen de prescripción al Derecho Privado, esto es:

A) A las instrumentadas (de forma preceptiva o voluntaria) mediante contratos de seguro se les aplicaría el plazo de cinco años del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, puesto que siempre serían seguros de personas, ya que el seguro de responsabilidad civil no puede conceptuarse como mejora de prestaciones y seguiría otro régimen.

B) A las instrumentadas mediante planes de pensiones a través de las previsiones del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se les aplicaría el régimen de prescripción propio de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones. Al no estar regulada expresamente en la ley, la norma aplicable probablemente fuera (a falta de un estudio más detallado) el artículo 1964.2 del Código Civil, con lo cual el plazo sería también de cinco años.

C) Finalmente a las mejoras a cargo directamente de las empresas se les aplicaría el plazo de prescripción de un año del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, ya que dicho precepto no solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial, sino a todo tipo de obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

DECIMOQUINTO.-Con ello igualmente habría de corregirse la doctrina de la Sala relativa a las mejoras de incapacidad temporal a cargo de las empresas. En este ámbito la Sala ha considerado aplicable el plazo de prescripción de cinco años, pero igualmente el de retroacción de efectos económicos de tres meses desde la solicitud. Así en SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud. 487/2022), 673/2024 de 8 de mayo (rcud 374/2022), 99/2025 de 5 de febrero (rcud 4445/2022), 105/2025 de 6 de febrero (rcud 5047/2022) y muchas otras. Sin embargo a mi juicio en ningún caso sería aplicable el plazo de tres meses de retroacción de tres meses, puesto que en definitiva son mejoras de una prestación como es la incapacidad temporal que se rige por el principio de oficialidad. Pero además, al tratarse de mejoras directas de prestaciones habría que aplicar, al menos cuando se trate de obligaciones a cargo de entidades a las que no se le aplica la Ley General Presupuestaria, el plazo de prescripción de un año a cada mensualidad cuando la mejora corra a cargo directamente de la empresa empleadora o de cinco años cuando se haya externalizado mediante un contrato de seguro.

Mi opinión por tanto es que la Sala debiera emprender una corrección de su doctrina en diversos ámbitos, todos ellos relativos a la prescripción y los efectos económicos de las reclamaciones de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras prestacionales a cargo de las empresas, incluido el supuesto que aquí nos ocupa, en el que simplemente deberíamos aplicar un plazo prescriptivo de cuatro años a las diferencias prestacionales derivadas de la recalificación de la contingencia.

Una vez expresada mi opinión en este voto particular, siendo consciente de su carácter minoritario, va de suyo que me atengo al criterio mayoritario de la Sala, sin necesidad de reiterar votos particulares en cada asunto que se plantee en el futuro sobre estas cuestiones. Sin embargo conservo la expectativa de que un proceso de reflexión del conjunto de la Sala pueda llevar a una corrección, total o parcial, de la doctrina vigente en el sentido que apunto en este voto.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2025

Con el respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el recurso, me parece importante manifestar mi discrepancia con los criterios que sustentan la misma. Soy consciente de que dichos criterios se han establecido por la Sala en sentencias previas cuya doctrina se reitera ahora, pero creo que los mismos debieran ser revisados en su conjunto en el sentido que voy a indicar.

PRIMERO.-Originariamente el artículo 54 del texto articulado de 1966 de la Ley General de la Seguridad Social ( Decreto 907/1966, de 21 de abril) estableció únicamente un plazo de prescripción de las prestaciones, que en aquel momento se fijó en tres años, salvo para las pensiones de vejez, que expresamente se declararon imprescriptibles (artículo 156.1). Sin embargo esta regulación de la prescripción había de conjugarse con la previsión contenida en el artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1967. Después de que el artículo 13 estableciera la imprescriptibilidad de la pensión de vejez, el artículo 14 decía que la pensión de vejez se devengaría desde el día siguiente al del hecho causante de la misma, siempre que la solicitud fuese presentada dentro de los tres meses siguientes a aquél, mientras que en otro caso, sólo se devengaría con una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo 16 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, solucionó el problema diferenciando entre el plazo de prescripción de las prestaciones y la retroacción de efectos económicos del acto de reconocimiento de las mismas. Aunque el derecho a la prestación no prescribiera o lo hiciera al cabo de cinco años desde el hecho causante, la solicitud presentada fuera del plazo reglamentario de tres meses implicaba la pérdida de los días de retraso en que hubiera incurrido el beneficiario. De ahí que se estableciera la retroacción de efectos económicos de la solicitud en un máximo de tres meses.

La Ley 24/1972 por otra parte elevó el plazo de prescripción a cinco años, manteniendo el carácter imprescriptible de la pensión de jubilación y también de las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo el auxilio de defunción.

SEGUNDO.-Lo anterior significaba que la institución de la retroacción de efectos económicos, limitada a un máximo de tres meses, estaba directa y estrechamente vinculada al plazo de solicitud de la correspondiente prestación. Lo que determina la pérdida de unas determinadas mensualidades es la existencia de un determinado plazo de solicitud que el interesado no ha respetado. De ahí que cuando una norma establece otro plazo para formular la solicitud de la prestación, como ocurre en el caso del desempleo, la pérdida prestacional sea diferente y no se aplique el plazo de tres meses, como ocurre en el caso de la prestación contributiva por desempleo ( artículo 268 LGSS) . En el caso del subsidio de desempleo la regulación es diferente, porque la previsión inicial análoga a la de la prestación y contenida en el artículo 276 LGSS se ha modificado recientemente por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con vigencia desde 1 de noviembre de 2024.

En definitiva, la lógica detrás de esta regulación de la retroacción de efectos económicos es:

-Existe un plazo desde el hecho causante para que el beneficiario presente la solicitud de la prestación que con carácter general es de tres meses.

-El incumplimiento de ese plazo no determina la pérdida de la prestación, para lo cual habría de excederse el plazo legal de prescripción, sino solamente la pérdida de los días de prestación correspondientes al retraso. Por eso la retroacción de efectos económicos es igual al plazo de solicitud.

TERCERO.-Por esa precisa razón el plazo máximo de retroacción de tres meses no se aplica a aquellas prestaciones que no están sujetas a un procedimiento de reconocimiento por la entidad gestora que pueda ser iniciado por el beneficiario, sino que deben ser abonadas por la mera concurrencia del hecho causante y sin necesidad de solicitud del beneficiario y de tramitación de un procedimiento administrativo que culmine en un acto de concesión. Se trata de las prestaciones que se rigen por el conocido como "principio de oficialidad", muy especialmente la incapacidad temporal.

Así se ha venido declarando de forma sostenida por la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sostenido que en relación con la prestación de incapacidad temporal devengada en el Régimen General la retroactividad de tres meses no puede aplicarse porque "el abono de la prestación económica correspondiente a la situación de incapacidad laboral transitoria no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario, sino que, cumplidos los presupuestos generales para su percepción; se hace efectiva de modo directo y automático conforme al principio de "oficialidad", una vez presentados los correspondientes partes de baja y confirmación. Así en las SSTS 2-11-1993 (Rec.- 3737/92), 21-1-1994 (Rec.- 3205/92), 17-2-1994 (Rec.- 105/93), 1-2-1999 (Rec.- 2019/98) ó 20-12 1999 (Rec.-753/99).

Esta doctrina se excepciona en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de la STS (pleno) 19 de junio de 2007, rcud 4894/2005, que rectifica doctrina anterior para señalar que a los trabajadores autónomos se les aplica el plazo de retroactividad de tres meses desde la solicitud tomando como referencia la fecha de presentación de los partes de baja, cuando lo hacen con retraso, al ser ellos los responsables de tal presentación. Actualmente habría de analizarse el impacto que sobre tal criterio tiene la reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, aplicable desde el 1 de abril de 2023.

CUARTO.-No puede confundirse la solicitud de una prestación con la formulación de una reclamación administrativa o judicial impugnando un acto administrativo prestacional, expreso o por silencio. El artículo 129.1 LGSS dice que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación. En la regulación del procedimiento administrativo en dicha Ley hay una diferencia básica y sustancial entre la iniciación del procedimiento administrativo (de oficio o a instancia del interesado, artículos 54 y siguientes) y la interposición de recursos contra las resoluciones y actos administrativos que ponen fin al procedimiento.

Con carácter general la aplicación del plazo de retroacción de tres meses está vinculado a la iniciación del procedimiento, no a la interposición de reclamaciones o recursos contra las resoluciones recaídas. Se puede excepcionar el supuesto del artículo 71.4 LRJS, esto es, el caso de caducidad de la instancia, puesto que en tal supuesto es imputable al beneficiario el haber presentado la reclamación o recurso fuera de plazo. En el ámbito de prestaciones de Seguridad Social y en relación con los beneficiarios dicha omisión no determina la firmeza del acto con la correspondiente pérdida de la prestación, sino la mera caducidad de la instancia, por lo que el beneficiario puede volver a reiterar su solicitud prestacional en tanto en cuanto su derecho no haya prescrito. Por eso el citado artículo 71.4 LRJS dice que "podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma".

La determinación de que la retroacción de los efectos económicos "que procede dar" a la nueva reclamación previa es de tres meses no proviene de la norma legal, que nada concreta, sino que deriva de una interpretación analógica y extensiva del artículo 53.1 LGSS, lo que parece razonable en tanto en cuanto la nueva reclamación previa sea equivalente a una solicitud ex novo, distinta a aquella otra que se dejó caducar.

QUINTO.-Por otra parte también hay que recordar que reciente pero reiterada jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha decidido inaplicar el plazo de retroacción de tres meses (tanto respecto a la solicitud inicial como de la presentación de la reclamación previa omitida en su momento) para llevar los efectos económicos al momento del hecho causante en el supuesto de la denegación de prestaciones de carácter discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales, en concreto en el supuesto de discriminación por razón de género contra los hombres en el reconocimiento del complemento de maternidad o aportación demográfica de las pensiones. Así en SSTS -Pleno- 322/2024 y 324/2024 de 21 febrero de 2024 (rcud. 862/2023 y 1083/2023), 81/2025 de 29 de enero, rcud 117/2024, 239/2025, de 25 de marzo, rcud 889/2024, 15-10-2024, rcud 891/2024 y 934/2024, entre otras.

SEXTO.-Existe otro supuesto en el que el legislador ha decidido aplicar la retroacción de efectos económicos de tres meses a una reclamación y no a la solicitud prestacional inicial y es la relativa a las diferencias de cuantía de las prestaciones.

La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a interpretar que cuando el importe inicial de la pensión de jubilación fue "minusvalorado, corrigiéndose ello más tarde por sentencia firme" debe mantenerse "a falta de norma expresa de sentido contrario" que el pago de diferencias "debe retrotraerse a la fecha del reconocimiento del derecho" con aplicación "por analogía" del plazo de prescripción quinquenal. El problema respecto de prestaciones imprescriptibles, que llevaría el reconocimiento de las diferencias prestacionales con efectos económicos retroactivos hasta el mismo hecho causante, por lejano en el tiempo que se encontrase, se moderó diciendo que la regla de imprescriptibilidad rige para el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, pero "cuando se ha reconocido la procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya han quedado fijados, de suerte que si después se pretende y se logra un incremento de la cuantía, los efectos de tal incremento deben retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de los cinco años". Así en SSTS 22-11-1996 (rcud 3348/1995); 26-3-2001 (rcud 4196/00); 24-6-2003 (rcud 4607/02); 24-7-2003 (rec 4607/2002); 26-12-2005 (rcud 874/2005); 31-1-2007 (rcud 2633/2005).

El legislador reaccionó frente a esta jurisprudencia con una reforma introducida por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En la disposición final 3.1 de esta Ley se modificó el entonces artículo 43.1 LGSS (texto refundido de 1994) para darle nueva redacción de manera que, tras el párrafo inicial, se añadió uno segundo en el que se dijo:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45".

Como consecuencia de esa reforma legal la jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha interpretado que el legislador ha querido que el derecho a modificar la cuantía de las prestaciones de tracto sucesivo, cuando la misma fue determinada incorrectamente, no prescriba nunca, si bien los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión ( STS 31-3-2010, rec. 1934/2009).

SÉPTIMO.-La regla contenida en el segundo párrafo del artículo 43.1 LGSS/94, hoy en el artículo 53.1 LGSS/2015 vigente, ha de ser interpretada con arreglo a su propia lógica y sin que me parezca aceptable una extensión anómala del límite de retroacción de los efectos económicos.

En primer lugar el concepto de "solicitudes de revisión" se refiere a solicitudes tardías y posteriores, no a las reclamaciones y recursos administrativos o en su caso judiciales contra las resoluciones iniciales de reconocimiento de la correspondiente prestación que se hayan interpuesto tempestivamente. Parece obvio que si al dictarse una resolución reconociendo una prestación el interesado discrepa de la cuantía de la misma y recurre la resolución en plazo, la eventual estimación de esa reclamación llevará a la corrección de la cuantía en su integridad, con los mismos efectos económicos de la resolución inicial de reconocimiento, puesto que en otro caso se estaría dejando sin efecto útil al derecho a recurrir la resolución inicial.

Por tanto el supuesto al que se refiere la reforma parte de que haya existido una resolución administrativa inicial de reconocimiento, sin que se haya recurrido la misma por discrepancias con la cuantía y posteriormente, ya fuera del plazo y del procedimiento de recurso, se presenta una nueva solicitud de modificación de esa resolución en relación con la cuantía de la prestación ya reconocida. Ese derecho a solicitar la revisión de cuantía reconocida inicialmente es, como se ha visto, imprescriptible, pero en ese caso los efectos económicos de la revisión de la cuantía, si procediese reconocerla, solamente se retrotraerían a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión.

Por tanto el supuesto de hecho al que se refiere el segundo párrafo del artículo 53.1 LGSS parte de la ausencia de recurso en plazo contra la resolución que fija la cuantía de la prestación y por ello me parece claro que no sería aplicable a aquellas prestaciones que se rigen por el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal. El deber del empresario obligado al abono de dicha prestación en pago delegado o de la entidad gestora, de ser ésta la obligada directa al pago, es calcular y pagar la prestación de manera correcta y en la cuantía debida. No es preciso ninguna resolución administrativa de reconocimiento prestacional que se notifique al beneficiario y que pueda decirse que éste haya dejado de recurrir. Lo que se produce es pura y simplemente un impago en la cuantía debida legalmente contra el que se puede reclamar. Lo que habrá de determinarse es el plazo de prescripción de dicho derecho a reclamar la corrección.

A mi juicio este es el régimen aplicable a la incapacidad temporal también cuando la diferencia prestacional se origine por una incorrecta calificación de la contingencia determinante de la misma. No existen motivos para aplicar en ese supuesto una excepción al principio de oficialidad.

OCTAVO.-También creo que no afecta a esa conclusión el contenido del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, introducido por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. El citado artículo 6 introducido en el año 2014 crea un nuevo procedimiento de determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal. Intenta dar un cauce procedimental administrativo a una situación común en la cual los beneficiarios obtenían un parte de baja médica del servicio público de salud por contingencias comunes y después tramitaban una reclamación ante el INSS (seguida en su caso de una reclamación judicial) para recalificar la contingencia a la de accidente de trabajo. La reiteración de estos supuestos a lo largo de los años llevó a que se creara normativamente un procedimiento específico para resolver esas reclamaciones, pero ello no significa que deje de regir el principio de oficialidad en materia de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal ha de ser reconocida y abonada en su cuantía y conceptos correctos por la empresa, entidad colaboradora o entidad gestora sin necesidad de tramitar ningún procedimiento. Ocurre que si se produce una discrepancia sobre la contingencia causante de la incapacidad temporal quien manifieste esa discrepancia ha de acudir a este procedimiento administrativo regulado en 2014, frente a la situación anterior en que no existía un procedimiento administrativo específico para estos supuestos más allá de la mera reclamación previa.

No encuentro justificación para entender que los efectos económicos del procedimiento deban limitarse a una retroacción de tres meses, porque no es un procedimiento de tramitación obligatoria para obtener el reconocimiento de la prestación, sino solamente un cauce procedimental para resolver las discrepancias sobre la contingencia que se venían produciendo asiduamente. Pero la prestación de incapacidad temporal sigue rigiéndose por el principio de oficialidad y por tanto no le es aplicable ningún plazo de retroacción de efectos económicos a las reclamaciones, tanto si reclaman el pago completo de la prestación omitido como si reclaman diferencias. El procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 tiene el valor de una reclamación previa, como dice expresamente su número ocho, no es una solicitud inicial tardía, que por lo demás no existe en el ámbito de la prestación de incapacidad temporal.

Baste observar que el procedimiento no solamente se inicia por el beneficiario, sino que también puede iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina, o bien a instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

No parece sostenible la aplicación de un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses cuando el derecho de las empresas, entidades colaboradoras o gestoras al reintegro de prestaciones indebidas prescribe a los cuatro años por previsión legal expresa ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Y si eso es así no creo que exista justificación para aplicar un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses a las solicitudes de determinación de contingencia de los beneficiarios y sin embargo solamente un plazo de prescripción de cuatro años para las solicitudes de las mutuas o empresas o los procedimientos iniciados de oficio por la entidad gestora.

NOVENO.-Por tanto existen dos regímenes diferenciados de la prescripción y efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones.

El primero se aplica a las prestaciones que exigen tramitar un procedimiento administrativo que termina con una resolución de reconocimiento. En estos casos existe un plazo de prescripción de cinco años con carácter general, siendo imprescriptible el reconocimiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones de muerte y supervivencia (excepto el auxilio de defunción). Por el contrario, una vez reconocida la prestación, el derecho a modificar la cuantía reconocida no prescribe nunca. Ese régimen de prescripción de la resolución de reconocimiento o de fijación de la cuantía se combina con una limitación de los efectos retroactivos de la resolución cuando se haya presentado fuera de plazo, de manera que los efectos económicos solamente se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud extemporánea, tanto si se trata del reconocimiento inicial como de la modificación de la cuantía inicialmente reconocida (salvo ley especial, como ocurre en el caso de las prestaciones por desempleo). Se excepciona, como hemos visto, la retroacción a la fecha del hecho causante en el caso de prestaciones denegadas por razones discriminatorias o vulneradoras de otros derechos fundamentales.

El segundo se aplica a las prestaciones que deben ser abonadas en su cuantía correcta de manera automática por la entidad gestora o colaboradora (o, en su caso, por el empresario que colabora en la gestión de la Seguridad Social, de forma obligatoria o voluntaria). En estas prestaciones, regidas por el principio de oficialidad, no existe solicitud inicial del beneficiario ni resolución administrativa de reconocimiento de la misma. Por tanto solamente cabe aplicar un plazo de prescripción unitario al reconocimiento y a los efectos económicos, sin que sea aplicable la limitación de retroacción de los efectos económicos a tres meses.

DÉCIMO.-El problema por tanto se contrae a determinar cuál sea ese plazo de prescripción de las prestaciones no sujetas a tramitación de procedimiento administrativo que termine con una resolución de reconocimiento.

A este respecto hay que recordar que el artículo 54 LGSS, bajo el título "caducidad", regula en realidad la prescripción de los derechos económicos de las prestaciones ya reconocidas. En ese sentido diferencia:

a) Prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, a las que el plazo de prescripción se aplica "desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión".

b) Prestaciones periódicas, a las que el plazo de prescripción se aplica desde el vencimiento de cada mensualidad.

Observemos que la regulación de la LGSS es paralela a la contenida en el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, en relación con los derechos frente a la Hacienda Pública, diferencia entre:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de una obligación;

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.

Así, mientras que el artículo 53 LGSS regula la prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación prestacional (supuesto del artículo 25.1.a LGP) , el artículo 54 LGSS regula la prescripción del derecho al abono de las prestaciones ya reconocidas (supuesto del artículo 25.1.b LGP) .

Ahora bien, en el caso de prestaciones en las que rige el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal, al no existir un acto administrativo de reconocimiento, lo que ocurre es que solamente se aplicaría el régimen de prescripción relativo al pago, esto es, el del artículo 54 LGSS o 25.1.b LGP. Por el contrario no les es aplicable toda la regulación del artículo 53 LGSS (esto es, 25.1.a LGP) , tanto en lo relativo al plazo de prescripción del reconocimiento como lo relativo a la limitación de la retroacción de los efectos económicos de tres meses.

DECIMOPRIMERO.-Lo anterior implicaría a priori que el plazo de prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal y de sus diferencias sería exclusivamente el previsto en el artículo 54 LGSS referido a cada una de las mensualidades, esto es, de un año. Sin embargo a mi juicio esto no es así, porque debería aplicarse el plazo de cuatro años establecido en el artículo 25.1.b LGP.

Esto es así porque a mi juicio sigue vigente el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, según el cual en materia de Seguridad Social se aplicarían los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. En concreto el artículo 46.1 de aquella Ley General Presupuestaria de 1977 decía:

"Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Esta norma pasó después al artículo 46.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y finalmente al artículo 25, ya analizado, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que ha fijado el plazo de prescripción de las obligaciones ya reconocidas a cargo de la Hacienda Pública en cuatro años. Por eso entiendo que ese sería el plazo aplicable en lugar del regulado en el artículo 54 LGSS.

DECIMOSEGUNDO.-Debemos recordar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 tenía expresamente vigencia indefinida y no ha sido derogado nunca. Lo que ha ocurrido es que no fue recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, ni tampoco en el posterior texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, pero ello no impide su aplicación por cuanto:

A) En nuestro Derecho no se admite la desuetudo como forma de pérdida de vigencia de las normas legales y reglamentarias;

B) La incorrecta refundición en los textos de las LGSS de 1994 y 2015 no supone sino un "ultra vires" que los órganos judiciales deben corregir e inaplicar de oficio, puesto que nada autorizaba al Gobierno en su labor refundidora a dar por derogado aquel precepto, sin que la nulidad del Decreto de refundición prescriba por el transcurso del tiempo.

Por otra parte no podemos olvidar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 no solamente determinaba la aplicación en materia de prestaciones de Seguridad Social del artículo 46 (hoy 25) LGP, sino también del artículo 45 (hoy 24) LGP, referente a los intereses de demora de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Según ese artículo 45 (hoy 24) la Hacienda Pública debe pagar intereses de demora solamente desde que la obligación está reconocida en vía administrativa o por resolución judicial, exclusivamente si el abono no se produce en el plazo de tres meses desde ese reconocimiento administrativo o judicial y además el interés aplicable es el legal del dinero, sin el incremento de dos puntos previsto en su momento en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy recogido en el artículo 576.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la regulación de los intereses de demora de la LEC a las obligaciones prestacionales, sino el régimen de la LGP, con las tres consecuencias descritas (no aplicación de intereses a obligaciones no reconocidas, plazo de tres meses para el cumplimiento del pago desde el reconocimiento evitando así la imposición de intereses y no aplicación del incremento de dos puntos sobre el interés legal del dinero). Y ese pronunciamiento se hizo, precisamente, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Así se dijo a partir de dos sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1991 ( ECLI:ES:TS:1991:13335 y ECLI:ES:TS:1991:5153), seguidas por sentencias de 27 de abril de 1993 (rcud 2270/1992), 29 de abril de 1993 (rcud 999/1992), 14 de julio de 1993 (rcud 2665/1992), 27 de octubre de 1993 (rcud 2803/1992), 9 de febrero de 1994 (rcud 3861/1992), 19 de junio de 1995 (rcud 3623/1994) ó 17 de enero de 1996 (rcud 1221/1995).

Tras la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la jurisprudencia de la Sala Cuarta mantuvo la aplicación a las obligaciones de pago de prestaciones de Seguridad Social el régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública.

Así por ejemplo la STS 24-9-2003, rcud 3969/2002, dijo:

"Sostiene el Servicio Andaluz de Salud que la sentencia recurrida, al condenarle a abonar intereses de demora incrementados en dos puntos, como previene el párrafo cuarto del art. 921 de la LEC de 1.881 ( art. 576.1 actual) ha infringido el párrafo quinto de dicho precepto y los artículos 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria y 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y así es, en efecto. Pues, de acuerdo con la doctrina unificada de esta Sala, el Servicio Andaluz de Salud está exento del citado incremento tanto en su condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social, como en la de organismo integrado en la Hacienda Publica andaluza.

La inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del art. 921 LEC ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado, entre otras, en las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27- 10-93 (rec.2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 (rec.1221/95) y, finalmente, en la de 2-96 (rec. 1151/95) referida al propio Servicio Andaluz de Salud, aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7 de la Ley 33/87 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. Criterio por cierto coincidente con el sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que "las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social, son Entidades de derecho público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social ( art. 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre) con sujeción, como ha puesto de manifiesto la representación del INSS, a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre)".

(...) Por lo que se refiere a las Haciendas autonómicas, las sentencias de 5-11-96 (rec. 1459/96) y 6-11-96 (rec. 1469/96) exoneraron ya del incremento del art. 921.4 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; incluso, la primera de ellas alude expresamente a la Comunidad Autónoma Andaluza y razona sobre la similitud de las previsiones de los artículos 39.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y art. 61 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Razonan dichas sentencias que además del argumento de interpretación gramatical que surge de esa similitud, la solución se completa "con un argumento de interpretación finalista que atiende a la razón de ser de dicho régimen especial de pago del art. 45 LGP. Tal razón de ser no es otra que la complejidad administrativa de la Hacienda estatal, derivada del número, dispersión geográfica y diversidad de sus acreedores. A escala menor, ésta finalidad de la norma también concurre, a la vista de su extensión territorial y de la amplitud de sus atribuciones, en la Hacienda de las Comunidades Autónomas."

Cabe destacar que dicha doctrina unificada encuentra en la actualidad sólido apoyo en la redacción del art. 576.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000 que al establecer la excepción a la regla general de incremento del interés de la mora procesal en dos puntos del número 1, no mantiene el tenor del anterior art. 921.5 que se refería a "las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria", sino que se remite a "las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas". Expresión mas amplia y acorde con la actual configuración del Estado muy distinta a la existente cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil de 1881 y con las previsiones de los Estatutos de Autonomía aprobados mediante las preceptivas leyes orgánicas por las Cortes Generales..."

O también, por ejemplo, la STS 25-10-2005, rcud 1693/2004:

"Alega la recurrente infracción del artículo 576.3º de la Ley de Enjuiciamiento civil , en relación con el artículo 45 y 36.2 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 213 de Septiembre. Como razona la sentencia de contraste, la inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado entre otras, las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27-10-93 (rec. 2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 rec. 1221/95 ), aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7º de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 , que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria . Criterio coincidente con el de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad, son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social, artículo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre , con sujeción a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social ), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980 ) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre , y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre )."

Aún más, la aplicación a las prestaciones de Seguridad Social de ese régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública se ha mantenido recientemente cuando, a diferencia de lo que ocurre con las deudas jurídico-privadas, se ha dicho que para que se inicie el devengo de intereses es preciso un reconocimiento administrativo o judicial del derecho prestacional ( sentencia del pleno de esta Sala Cuarta 290/2025, de 8 de abril, rcud 1818/2023 y las que siguen).

Pues bien, no veo ninguna justificación razonable para que entendamos aplicable el artículo 24 LGP a partir de aquella lejana Ley 33/1987, confiriendo a los intereses de demora a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras el régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública y, paradójicamente, no hagamos lo propio con el artículo 25.1.b LGP en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones prestacionales a cargo de la Seguridad Social. Esa justificación solamente existe para el caso de la prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones (con los tres meses de retroacción), debido a que con posterioridad a la Ley 33/1987 se dictó la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, cuya disposición final 3.1 dio nueva redacción al número primero del artículo 43 de la LGSS/94 (hoy recogida en el artículo 53 LGSS/2015) y que por tanto sustituye a la remisión que la Ley 33/1987 vendría a hacer al artículo 25.1.a LGP. Sin embargo desde la Ley 33/1987 no se ha dictado ninguna nueva norma con rango de Ley que, de manera análoga a lo que ocurre con el artículo 53 LGSS, justificara la aplicación de lo que dice el texto del artículo 54 LGSS, salvando aquel defecto de refundición cometido ya en el Real Decreto Legislativo 1/1994.

Por tanto en materia de la prescripción y efectos económicos de los actos de reconocimiento de prestaciones se aplicaría el artículo 53 LGSS, pero en relación con la prescripción de las obligaciones de pago ya reconocidas, tanto de prestaciones a tanto alzado como de tracto sucesivo, se aplicaría el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1.b LGP, tomando como dies a quo la fecha de reconocimiento en el caso de las prestaciones a tanto alzado y la fecha de pago de cada mensualidad en el caso de las prestaciones de tracto sucesivo.

DECIMOTERCERO.-La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica.

Llamo la atención de que la adopción de este régimen prescriptivo de cuatro años supone equiparar el plazo de prescripción que juega en contra del beneficiario con aquel otro que juega en contra de la entidad gestora, mutua o empresa colaboradora para el reintegro de las prestaciones indebidas ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Mantener una interpretación según la cual al beneficiario se le aplica un régimen diferente y más desfavorable (de tres meses de retroacción de efectos o de un año de prescripción) implica admitir una diferencia de trato no justificada y en todo caso desproporcionada, por tanto de dudosa constitucionalidad. La interpretación que yo sostengo, por el contrario, remedia dicha diferencia de trato y por tanto es la interpretación compatible con los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. Por ello, en mi opinión, es la que debiéramos adoptar.

DECIMOCUARTO.-Una consecuencia adicional de todo lo hasta aquí expuesto sería la corrección igualmente de la doctrina de la Sala referida a las mejoras de prestaciones a cargo de las empresas en sus diversas modalidades de mejoras directas de los artículos 238.1.a y siguientes LGSS.

Soy consciente de que en este ámbito la doctrina que aplica a las mejoras de prestaciones el plazo de prescripción de cinco años del actual artículo 53.1 LGSS es ya muy antigua ( SSTS 10-4-1989, ECLI:ES:TS:1989:2404; 25-9-1995, rcud 3721/1994; 13-7-1998, rcud. 3889/1987; 16-9-1998, rcud 4085/1997; 26-04-2007, rcud 1373/2006...), pero me parece que si partimos de que la regulación de esta materia, que se refleja en dicho artículo 53.1 LGSS y también en el artículo 54, según se ha visto, es de naturaleza presupuestaria y de aplicación a las Haciendas Públicas, entonces, al menos en el caso de empresas puramente privadas y ajenas al sector público, no existiría justificación para aplicar dicha regulación a las mejoras directas de prestaciones. Por otra parte en este ámbito no existen procedimientos administrativos para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones que permitan diferenciar entre la prescripción del derecho al reconocimiento y del derecho al pago, ya que estamos fuera del artículo 129.1 LGSS y no se aplica la legislación de procedimiento administrativo.

En ese supuesto las mejoras directas establecidas en las empresas deben sujetarse en cuanto al régimen de prescripción al Derecho Privado, esto es:

A) A las instrumentadas (de forma preceptiva o voluntaria) mediante contratos de seguro se les aplicaría el plazo de cinco años del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, puesto que siempre serían seguros de personas, ya que el seguro de responsabilidad civil no puede conceptuarse como mejora de prestaciones y seguiría otro régimen.

B) A las instrumentadas mediante planes de pensiones a través de las previsiones del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se les aplicaría el régimen de prescripción propio de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones. Al no estar regulada expresamente en la ley, la norma aplicable probablemente fuera (a falta de un estudio más detallado) el artículo 1964.2 del Código Civil, con lo cual el plazo sería también de cinco años.

C) Finalmente a las mejoras a cargo directamente de las empresas se les aplicaría el plazo de prescripción de un año del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, ya que dicho precepto no solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial, sino a todo tipo de obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

DECIMOQUINTO.-Con ello igualmente habría de corregirse la doctrina de la Sala relativa a las mejoras de incapacidad temporal a cargo de las empresas. En este ámbito la Sala ha considerado aplicable el plazo de prescripción de cinco años, pero igualmente el de retroacción de efectos económicos de tres meses desde la solicitud. Así en SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud. 487/2022), 673/2024 de 8 de mayo (rcud 374/2022), 99/2025 de 5 de febrero (rcud 4445/2022), 105/2025 de 6 de febrero (rcud 5047/2022) y muchas otras. Sin embargo a mi juicio en ningún caso sería aplicable el plazo de tres meses de retroacción de tres meses, puesto que en definitiva son mejoras de una prestación como es la incapacidad temporal que se rige por el principio de oficialidad. Pero además, al tratarse de mejoras directas de prestaciones habría que aplicar, al menos cuando se trate de obligaciones a cargo de entidades a las que no se le aplica la Ley General Presupuestaria, el plazo de prescripción de un año a cada mensualidad cuando la mejora corra a cargo directamente de la empresa empleadora o de cinco años cuando se haya externalizado mediante un contrato de seguro.

Mi opinión por tanto es que la Sala debiera emprender una corrección de su doctrina en diversos ámbitos, todos ellos relativos a la prescripción y los efectos económicos de las reclamaciones de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras prestacionales a cargo de las empresas, incluido el supuesto que aquí nos ocupa, en el que simplemente deberíamos aplicar un plazo prescriptivo de cuatro años a las diferencias prestacionales derivadas de la recalificación de la contingencia.

Una vez expresada mi opinión en este voto particular, siendo consciente de su carácter minoritario, va de suyo que me atengo al criterio mayoritario de la Sala, sin necesidad de reiterar votos particulares en cada asunto que se plantee en el futuro sobre estas cuestiones. Sin embargo conservo la expectativa de que un proceso de reflexión del conjunto de la Sala pueda llevar a una corrección, total o parcial, de la doctrina vigente en el sentido que apunto en este voto.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2025

Con el respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el recurso, me parece importante manifestar mi discrepancia con los criterios que sustentan la misma. Soy consciente de que dichos criterios se han establecido por la Sala en sentencias previas cuya doctrina se reitera ahora, pero creo que los mismos debieran ser revisados en su conjunto en el sentido que voy a indicar.

PRIMERO.-Originariamente el artículo 54 del texto articulado de 1966 de la Ley General de la Seguridad Social ( Decreto 907/1966, de 21 de abril) estableció únicamente un plazo de prescripción de las prestaciones, que en aquel momento se fijó en tres años, salvo para las pensiones de vejez, que expresamente se declararon imprescriptibles (artículo 156.1). Sin embargo esta regulación de la prescripción había de conjugarse con la previsión contenida en el artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1967. Después de que el artículo 13 estableciera la imprescriptibilidad de la pensión de vejez, el artículo 14 decía que la pensión de vejez se devengaría desde el día siguiente al del hecho causante de la misma, siempre que la solicitud fuese presentada dentro de los tres meses siguientes a aquél, mientras que en otro caso, sólo se devengaría con una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo 16 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, solucionó el problema diferenciando entre el plazo de prescripción de las prestaciones y la retroacción de efectos económicos del acto de reconocimiento de las mismas. Aunque el derecho a la prestación no prescribiera o lo hiciera al cabo de cinco años desde el hecho causante, la solicitud presentada fuera del plazo reglamentario de tres meses implicaba la pérdida de los días de retraso en que hubiera incurrido el beneficiario. De ahí que se estableciera la retroacción de efectos económicos de la solicitud en un máximo de tres meses.

La Ley 24/1972 por otra parte elevó el plazo de prescripción a cinco años, manteniendo el carácter imprescriptible de la pensión de jubilación y también de las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo el auxilio de defunción.

SEGUNDO.-Lo anterior significaba que la institución de la retroacción de efectos económicos, limitada a un máximo de tres meses, estaba directa y estrechamente vinculada al plazo de solicitud de la correspondiente prestación. Lo que determina la pérdida de unas determinadas mensualidades es la existencia de un determinado plazo de solicitud que el interesado no ha respetado. De ahí que cuando una norma establece otro plazo para formular la solicitud de la prestación, como ocurre en el caso del desempleo, la pérdida prestacional sea diferente y no se aplique el plazo de tres meses, como ocurre en el caso de la prestación contributiva por desempleo ( artículo 268 LGSS) . En el caso del subsidio de desempleo la regulación es diferente, porque la previsión inicial análoga a la de la prestación y contenida en el artículo 276 LGSS se ha modificado recientemente por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con vigencia desde 1 de noviembre de 2024.

En definitiva, la lógica detrás de esta regulación de la retroacción de efectos económicos es:

-Existe un plazo desde el hecho causante para que el beneficiario presente la solicitud de la prestación que con carácter general es de tres meses.

-El incumplimiento de ese plazo no determina la pérdida de la prestación, para lo cual habría de excederse el plazo legal de prescripción, sino solamente la pérdida de los días de prestación correspondientes al retraso. Por eso la retroacción de efectos económicos es igual al plazo de solicitud.

TERCERO.-Por esa precisa razón el plazo máximo de retroacción de tres meses no se aplica a aquellas prestaciones que no están sujetas a un procedimiento de reconocimiento por la entidad gestora que pueda ser iniciado por el beneficiario, sino que deben ser abonadas por la mera concurrencia del hecho causante y sin necesidad de solicitud del beneficiario y de tramitación de un procedimiento administrativo que culmine en un acto de concesión. Se trata de las prestaciones que se rigen por el conocido como "principio de oficialidad", muy especialmente la incapacidad temporal.

Así se ha venido declarando de forma sostenida por la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sostenido que en relación con la prestación de incapacidad temporal devengada en el Régimen General la retroactividad de tres meses no puede aplicarse porque "el abono de la prestación económica correspondiente a la situación de incapacidad laboral transitoria no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario, sino que, cumplidos los presupuestos generales para su percepción; se hace efectiva de modo directo y automático conforme al principio de "oficialidad", una vez presentados los correspondientes partes de baja y confirmación. Así en las SSTS 2-11-1993 (Rec.- 3737/92), 21-1-1994 (Rec.- 3205/92), 17-2-1994 (Rec.- 105/93), 1-2-1999 (Rec.- 2019/98) ó 20-12 1999 (Rec.-753/99).

Esta doctrina se excepciona en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de la STS (pleno) 19 de junio de 2007, rcud 4894/2005, que rectifica doctrina anterior para señalar que a los trabajadores autónomos se les aplica el plazo de retroactividad de tres meses desde la solicitud tomando como referencia la fecha de presentación de los partes de baja, cuando lo hacen con retraso, al ser ellos los responsables de tal presentación. Actualmente habría de analizarse el impacto que sobre tal criterio tiene la reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, aplicable desde el 1 de abril de 2023.

CUARTO.-No puede confundirse la solicitud de una prestación con la formulación de una reclamación administrativa o judicial impugnando un acto administrativo prestacional, expreso o por silencio. El artículo 129.1 LGSS dice que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación. En la regulación del procedimiento administrativo en dicha Ley hay una diferencia básica y sustancial entre la iniciación del procedimiento administrativo (de oficio o a instancia del interesado, artículos 54 y siguientes) y la interposición de recursos contra las resoluciones y actos administrativos que ponen fin al procedimiento.

Con carácter general la aplicación del plazo de retroacción de tres meses está vinculado a la iniciación del procedimiento, no a la interposición de reclamaciones o recursos contra las resoluciones recaídas. Se puede excepcionar el supuesto del artículo 71.4 LRJS, esto es, el caso de caducidad de la instancia, puesto que en tal supuesto es imputable al beneficiario el haber presentado la reclamación o recurso fuera de plazo. En el ámbito de prestaciones de Seguridad Social y en relación con los beneficiarios dicha omisión no determina la firmeza del acto con la correspondiente pérdida de la prestación, sino la mera caducidad de la instancia, por lo que el beneficiario puede volver a reiterar su solicitud prestacional en tanto en cuanto su derecho no haya prescrito. Por eso el citado artículo 71.4 LRJS dice que "podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma".

La determinación de que la retroacción de los efectos económicos "que procede dar" a la nueva reclamación previa es de tres meses no proviene de la norma legal, que nada concreta, sino que deriva de una interpretación analógica y extensiva del artículo 53.1 LGSS, lo que parece razonable en tanto en cuanto la nueva reclamación previa sea equivalente a una solicitud ex novo, distinta a aquella otra que se dejó caducar.

QUINTO.-Por otra parte también hay que recordar que reciente pero reiterada jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha decidido inaplicar el plazo de retroacción de tres meses (tanto respecto a la solicitud inicial como de la presentación de la reclamación previa omitida en su momento) para llevar los efectos económicos al momento del hecho causante en el supuesto de la denegación de prestaciones de carácter discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales, en concreto en el supuesto de discriminación por razón de género contra los hombres en el reconocimiento del complemento de maternidad o aportación demográfica de las pensiones. Así en SSTS -Pleno- 322/2024 y 324/2024 de 21 febrero de 2024 (rcud. 862/2023 y 1083/2023), 81/2025 de 29 de enero, rcud 117/2024, 239/2025, de 25 de marzo, rcud 889/2024, 15-10-2024, rcud 891/2024 y 934/2024, entre otras.

SEXTO.-Existe otro supuesto en el que el legislador ha decidido aplicar la retroacción de efectos económicos de tres meses a una reclamación y no a la solicitud prestacional inicial y es la relativa a las diferencias de cuantía de las prestaciones.

La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a interpretar que cuando el importe inicial de la pensión de jubilación fue "minusvalorado, corrigiéndose ello más tarde por sentencia firme" debe mantenerse "a falta de norma expresa de sentido contrario" que el pago de diferencias "debe retrotraerse a la fecha del reconocimiento del derecho" con aplicación "por analogía" del plazo de prescripción quinquenal. El problema respecto de prestaciones imprescriptibles, que llevaría el reconocimiento de las diferencias prestacionales con efectos económicos retroactivos hasta el mismo hecho causante, por lejano en el tiempo que se encontrase, se moderó diciendo que la regla de imprescriptibilidad rige para el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, pero "cuando se ha reconocido la procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya han quedado fijados, de suerte que si después se pretende y se logra un incremento de la cuantía, los efectos de tal incremento deben retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de los cinco años". Así en SSTS 22-11-1996 (rcud 3348/1995); 26-3-2001 (rcud 4196/00); 24-6-2003 (rcud 4607/02); 24-7-2003 (rec 4607/2002); 26-12-2005 (rcud 874/2005); 31-1-2007 (rcud 2633/2005).

El legislador reaccionó frente a esta jurisprudencia con una reforma introducida por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En la disposición final 3.1 de esta Ley se modificó el entonces artículo 43.1 LGSS (texto refundido de 1994) para darle nueva redacción de manera que, tras el párrafo inicial, se añadió uno segundo en el que se dijo:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45".

Como consecuencia de esa reforma legal la jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha interpretado que el legislador ha querido que el derecho a modificar la cuantía de las prestaciones de tracto sucesivo, cuando la misma fue determinada incorrectamente, no prescriba nunca, si bien los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión ( STS 31-3-2010, rec. 1934/2009).

SÉPTIMO.-La regla contenida en el segundo párrafo del artículo 43.1 LGSS/94, hoy en el artículo 53.1 LGSS/2015 vigente, ha de ser interpretada con arreglo a su propia lógica y sin que me parezca aceptable una extensión anómala del límite de retroacción de los efectos económicos.

En primer lugar el concepto de "solicitudes de revisión" se refiere a solicitudes tardías y posteriores, no a las reclamaciones y recursos administrativos o en su caso judiciales contra las resoluciones iniciales de reconocimiento de la correspondiente prestación que se hayan interpuesto tempestivamente. Parece obvio que si al dictarse una resolución reconociendo una prestación el interesado discrepa de la cuantía de la misma y recurre la resolución en plazo, la eventual estimación de esa reclamación llevará a la corrección de la cuantía en su integridad, con los mismos efectos económicos de la resolución inicial de reconocimiento, puesto que en otro caso se estaría dejando sin efecto útil al derecho a recurrir la resolución inicial.

Por tanto el supuesto al que se refiere la reforma parte de que haya existido una resolución administrativa inicial de reconocimiento, sin que se haya recurrido la misma por discrepancias con la cuantía y posteriormente, ya fuera del plazo y del procedimiento de recurso, se presenta una nueva solicitud de modificación de esa resolución en relación con la cuantía de la prestación ya reconocida. Ese derecho a solicitar la revisión de cuantía reconocida inicialmente es, como se ha visto, imprescriptible, pero en ese caso los efectos económicos de la revisión de la cuantía, si procediese reconocerla, solamente se retrotraerían a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión.

Por tanto el supuesto de hecho al que se refiere el segundo párrafo del artículo 53.1 LGSS parte de la ausencia de recurso en plazo contra la resolución que fija la cuantía de la prestación y por ello me parece claro que no sería aplicable a aquellas prestaciones que se rigen por el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal. El deber del empresario obligado al abono de dicha prestación en pago delegado o de la entidad gestora, de ser ésta la obligada directa al pago, es calcular y pagar la prestación de manera correcta y en la cuantía debida. No es preciso ninguna resolución administrativa de reconocimiento prestacional que se notifique al beneficiario y que pueda decirse que éste haya dejado de recurrir. Lo que se produce es pura y simplemente un impago en la cuantía debida legalmente contra el que se puede reclamar. Lo que habrá de determinarse es el plazo de prescripción de dicho derecho a reclamar la corrección.

A mi juicio este es el régimen aplicable a la incapacidad temporal también cuando la diferencia prestacional se origine por una incorrecta calificación de la contingencia determinante de la misma. No existen motivos para aplicar en ese supuesto una excepción al principio de oficialidad.

OCTAVO.-También creo que no afecta a esa conclusión el contenido del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, introducido por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. El citado artículo 6 introducido en el año 2014 crea un nuevo procedimiento de determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal. Intenta dar un cauce procedimental administrativo a una situación común en la cual los beneficiarios obtenían un parte de baja médica del servicio público de salud por contingencias comunes y después tramitaban una reclamación ante el INSS (seguida en su caso de una reclamación judicial) para recalificar la contingencia a la de accidente de trabajo. La reiteración de estos supuestos a lo largo de los años llevó a que se creara normativamente un procedimiento específico para resolver esas reclamaciones, pero ello no significa que deje de regir el principio de oficialidad en materia de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal ha de ser reconocida y abonada en su cuantía y conceptos correctos por la empresa, entidad colaboradora o entidad gestora sin necesidad de tramitar ningún procedimiento. Ocurre que si se produce una discrepancia sobre la contingencia causante de la incapacidad temporal quien manifieste esa discrepancia ha de acudir a este procedimiento administrativo regulado en 2014, frente a la situación anterior en que no existía un procedimiento administrativo específico para estos supuestos más allá de la mera reclamación previa.

No encuentro justificación para entender que los efectos económicos del procedimiento deban limitarse a una retroacción de tres meses, porque no es un procedimiento de tramitación obligatoria para obtener el reconocimiento de la prestación, sino solamente un cauce procedimental para resolver las discrepancias sobre la contingencia que se venían produciendo asiduamente. Pero la prestación de incapacidad temporal sigue rigiéndose por el principio de oficialidad y por tanto no le es aplicable ningún plazo de retroacción de efectos económicos a las reclamaciones, tanto si reclaman el pago completo de la prestación omitido como si reclaman diferencias. El procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 tiene el valor de una reclamación previa, como dice expresamente su número ocho, no es una solicitud inicial tardía, que por lo demás no existe en el ámbito de la prestación de incapacidad temporal.

Baste observar que el procedimiento no solamente se inicia por el beneficiario, sino que también puede iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina, o bien a instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

No parece sostenible la aplicación de un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses cuando el derecho de las empresas, entidades colaboradoras o gestoras al reintegro de prestaciones indebidas prescribe a los cuatro años por previsión legal expresa ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Y si eso es así no creo que exista justificación para aplicar un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses a las solicitudes de determinación de contingencia de los beneficiarios y sin embargo solamente un plazo de prescripción de cuatro años para las solicitudes de las mutuas o empresas o los procedimientos iniciados de oficio por la entidad gestora.

NOVENO.-Por tanto existen dos regímenes diferenciados de la prescripción y efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones.

El primero se aplica a las prestaciones que exigen tramitar un procedimiento administrativo que termina con una resolución de reconocimiento. En estos casos existe un plazo de prescripción de cinco años con carácter general, siendo imprescriptible el reconocimiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones de muerte y supervivencia (excepto el auxilio de defunción). Por el contrario, una vez reconocida la prestación, el derecho a modificar la cuantía reconocida no prescribe nunca. Ese régimen de prescripción de la resolución de reconocimiento o de fijación de la cuantía se combina con una limitación de los efectos retroactivos de la resolución cuando se haya presentado fuera de plazo, de manera que los efectos económicos solamente se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud extemporánea, tanto si se trata del reconocimiento inicial como de la modificación de la cuantía inicialmente reconocida (salvo ley especial, como ocurre en el caso de las prestaciones por desempleo). Se excepciona, como hemos visto, la retroacción a la fecha del hecho causante en el caso de prestaciones denegadas por razones discriminatorias o vulneradoras de otros derechos fundamentales.

El segundo se aplica a las prestaciones que deben ser abonadas en su cuantía correcta de manera automática por la entidad gestora o colaboradora (o, en su caso, por el empresario que colabora en la gestión de la Seguridad Social, de forma obligatoria o voluntaria). En estas prestaciones, regidas por el principio de oficialidad, no existe solicitud inicial del beneficiario ni resolución administrativa de reconocimiento de la misma. Por tanto solamente cabe aplicar un plazo de prescripción unitario al reconocimiento y a los efectos económicos, sin que sea aplicable la limitación de retroacción de los efectos económicos a tres meses.

DÉCIMO.-El problema por tanto se contrae a determinar cuál sea ese plazo de prescripción de las prestaciones no sujetas a tramitación de procedimiento administrativo que termine con una resolución de reconocimiento.

A este respecto hay que recordar que el artículo 54 LGSS, bajo el título "caducidad", regula en realidad la prescripción de los derechos económicos de las prestaciones ya reconocidas. En ese sentido diferencia:

a) Prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, a las que el plazo de prescripción se aplica "desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión".

b) Prestaciones periódicas, a las que el plazo de prescripción se aplica desde el vencimiento de cada mensualidad.

Observemos que la regulación de la LGSS es paralela a la contenida en el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, en relación con los derechos frente a la Hacienda Pública, diferencia entre:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de una obligación;

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.

Así, mientras que el artículo 53 LGSS regula la prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación prestacional (supuesto del artículo 25.1.a LGP) , el artículo 54 LGSS regula la prescripción del derecho al abono de las prestaciones ya reconocidas (supuesto del artículo 25.1.b LGP) .

Ahora bien, en el caso de prestaciones en las que rige el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal, al no existir un acto administrativo de reconocimiento, lo que ocurre es que solamente se aplicaría el régimen de prescripción relativo al pago, esto es, el del artículo 54 LGSS o 25.1.b LGP. Por el contrario no les es aplicable toda la regulación del artículo 53 LGSS (esto es, 25.1.a LGP) , tanto en lo relativo al plazo de prescripción del reconocimiento como lo relativo a la limitación de la retroacción de los efectos económicos de tres meses.

DECIMOPRIMERO.-Lo anterior implicaría a priori que el plazo de prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal y de sus diferencias sería exclusivamente el previsto en el artículo 54 LGSS referido a cada una de las mensualidades, esto es, de un año. Sin embargo a mi juicio esto no es así, porque debería aplicarse el plazo de cuatro años establecido en el artículo 25.1.b LGP.

Esto es así porque a mi juicio sigue vigente el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, según el cual en materia de Seguridad Social se aplicarían los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. En concreto el artículo 46.1 de aquella Ley General Presupuestaria de 1977 decía:

"Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Esta norma pasó después al artículo 46.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y finalmente al artículo 25, ya analizado, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que ha fijado el plazo de prescripción de las obligaciones ya reconocidas a cargo de la Hacienda Pública en cuatro años. Por eso entiendo que ese sería el plazo aplicable en lugar del regulado en el artículo 54 LGSS.

DECIMOSEGUNDO.-Debemos recordar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 tenía expresamente vigencia indefinida y no ha sido derogado nunca. Lo que ha ocurrido es que no fue recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, ni tampoco en el posterior texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, pero ello no impide su aplicación por cuanto:

A) En nuestro Derecho no se admite la desuetudo como forma de pérdida de vigencia de las normas legales y reglamentarias;

B) La incorrecta refundición en los textos de las LGSS de 1994 y 2015 no supone sino un "ultra vires" que los órganos judiciales deben corregir e inaplicar de oficio, puesto que nada autorizaba al Gobierno en su labor refundidora a dar por derogado aquel precepto, sin que la nulidad del Decreto de refundición prescriba por el transcurso del tiempo.

Por otra parte no podemos olvidar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 no solamente determinaba la aplicación en materia de prestaciones de Seguridad Social del artículo 46 (hoy 25) LGP, sino también del artículo 45 (hoy 24) LGP, referente a los intereses de demora de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Según ese artículo 45 (hoy 24) la Hacienda Pública debe pagar intereses de demora solamente desde que la obligación está reconocida en vía administrativa o por resolución judicial, exclusivamente si el abono no se produce en el plazo de tres meses desde ese reconocimiento administrativo o judicial y además el interés aplicable es el legal del dinero, sin el incremento de dos puntos previsto en su momento en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy recogido en el artículo 576.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la regulación de los intereses de demora de la LEC a las obligaciones prestacionales, sino el régimen de la LGP, con las tres consecuencias descritas (no aplicación de intereses a obligaciones no reconocidas, plazo de tres meses para el cumplimiento del pago desde el reconocimiento evitando así la imposición de intereses y no aplicación del incremento de dos puntos sobre el interés legal del dinero). Y ese pronunciamiento se hizo, precisamente, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Así se dijo a partir de dos sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1991 ( ECLI:ES:TS:1991:13335 y ECLI:ES:TS:1991:5153), seguidas por sentencias de 27 de abril de 1993 (rcud 2270/1992), 29 de abril de 1993 (rcud 999/1992), 14 de julio de 1993 (rcud 2665/1992), 27 de octubre de 1993 (rcud 2803/1992), 9 de febrero de 1994 (rcud 3861/1992), 19 de junio de 1995 (rcud 3623/1994) ó 17 de enero de 1996 (rcud 1221/1995).

Tras la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la jurisprudencia de la Sala Cuarta mantuvo la aplicación a las obligaciones de pago de prestaciones de Seguridad Social el régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública.

Así por ejemplo la STS 24-9-2003, rcud 3969/2002, dijo:

"Sostiene el Servicio Andaluz de Salud que la sentencia recurrida, al condenarle a abonar intereses de demora incrementados en dos puntos, como previene el párrafo cuarto del art. 921 de la LEC de 1.881 ( art. 576.1 actual) ha infringido el párrafo quinto de dicho precepto y los artículos 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria y 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y así es, en efecto. Pues, de acuerdo con la doctrina unificada de esta Sala, el Servicio Andaluz de Salud está exento del citado incremento tanto en su condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social, como en la de organismo integrado en la Hacienda Publica andaluza.

La inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del art. 921 LEC ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado, entre otras, en las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27- 10-93 (rec.2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 (rec.1221/95) y, finalmente, en la de 2-96 (rec. 1151/95) referida al propio Servicio Andaluz de Salud, aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7 de la Ley 33/87 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. Criterio por cierto coincidente con el sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que "las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social, son Entidades de derecho público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social ( art. 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre) con sujeción, como ha puesto de manifiesto la representación del INSS, a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre)".

(...) Por lo que se refiere a las Haciendas autonómicas, las sentencias de 5-11-96 (rec. 1459/96) y 6-11-96 (rec. 1469/96) exoneraron ya del incremento del art. 921.4 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; incluso, la primera de ellas alude expresamente a la Comunidad Autónoma Andaluza y razona sobre la similitud de las previsiones de los artículos 39.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y art. 61 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Razonan dichas sentencias que además del argumento de interpretación gramatical que surge de esa similitud, la solución se completa "con un argumento de interpretación finalista que atiende a la razón de ser de dicho régimen especial de pago del art. 45 LGP. Tal razón de ser no es otra que la complejidad administrativa de la Hacienda estatal, derivada del número, dispersión geográfica y diversidad de sus acreedores. A escala menor, ésta finalidad de la norma también concurre, a la vista de su extensión territorial y de la amplitud de sus atribuciones, en la Hacienda de las Comunidades Autónomas."

Cabe destacar que dicha doctrina unificada encuentra en la actualidad sólido apoyo en la redacción del art. 576.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000 que al establecer la excepción a la regla general de incremento del interés de la mora procesal en dos puntos del número 1, no mantiene el tenor del anterior art. 921.5 que se refería a "las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria", sino que se remite a "las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas". Expresión mas amplia y acorde con la actual configuración del Estado muy distinta a la existente cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil de 1881 y con las previsiones de los Estatutos de Autonomía aprobados mediante las preceptivas leyes orgánicas por las Cortes Generales..."

O también, por ejemplo, la STS 25-10-2005, rcud 1693/2004:

"Alega la recurrente infracción del artículo 576.3º de la Ley de Enjuiciamiento civil , en relación con el artículo 45 y 36.2 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 213 de Septiembre. Como razona la sentencia de contraste, la inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado entre otras, las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27-10-93 (rec. 2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 rec. 1221/95 ), aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7º de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 , que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria . Criterio coincidente con el de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad, son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social, artículo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre , con sujeción a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social ), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980 ) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre , y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre )."

Aún más, la aplicación a las prestaciones de Seguridad Social de ese régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública se ha mantenido recientemente cuando, a diferencia de lo que ocurre con las deudas jurídico-privadas, se ha dicho que para que se inicie el devengo de intereses es preciso un reconocimiento administrativo o judicial del derecho prestacional ( sentencia del pleno de esta Sala Cuarta 290/2025, de 8 de abril, rcud 1818/2023 y las que siguen).

Pues bien, no veo ninguna justificación razonable para que entendamos aplicable el artículo 24 LGP a partir de aquella lejana Ley 33/1987, confiriendo a los intereses de demora a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras el régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública y, paradójicamente, no hagamos lo propio con el artículo 25.1.b LGP en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones prestacionales a cargo de la Seguridad Social. Esa justificación solamente existe para el caso de la prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones (con los tres meses de retroacción), debido a que con posterioridad a la Ley 33/1987 se dictó la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, cuya disposición final 3.1 dio nueva redacción al número primero del artículo 43 de la LGSS/94 (hoy recogida en el artículo 53 LGSS/2015) y que por tanto sustituye a la remisión que la Ley 33/1987 vendría a hacer al artículo 25.1.a LGP. Sin embargo desde la Ley 33/1987 no se ha dictado ninguna nueva norma con rango de Ley que, de manera análoga a lo que ocurre con el artículo 53 LGSS, justificara la aplicación de lo que dice el texto del artículo 54 LGSS, salvando aquel defecto de refundición cometido ya en el Real Decreto Legislativo 1/1994.

Por tanto en materia de la prescripción y efectos económicos de los actos de reconocimiento de prestaciones se aplicaría el artículo 53 LGSS, pero en relación con la prescripción de las obligaciones de pago ya reconocidas, tanto de prestaciones a tanto alzado como de tracto sucesivo, se aplicaría el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1.b LGP, tomando como dies a quo la fecha de reconocimiento en el caso de las prestaciones a tanto alzado y la fecha de pago de cada mensualidad en el caso de las prestaciones de tracto sucesivo.

DECIMOTERCERO.-La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica.

Llamo la atención de que la adopción de este régimen prescriptivo de cuatro años supone equiparar el plazo de prescripción que juega en contra del beneficiario con aquel otro que juega en contra de la entidad gestora, mutua o empresa colaboradora para el reintegro de las prestaciones indebidas ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Mantener una interpretación según la cual al beneficiario se le aplica un régimen diferente y más desfavorable (de tres meses de retroacción de efectos o de un año de prescripción) implica admitir una diferencia de trato no justificada y en todo caso desproporcionada, por tanto de dudosa constitucionalidad. La interpretación que yo sostengo, por el contrario, remedia dicha diferencia de trato y por tanto es la interpretación compatible con los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. Por ello, en mi opinión, es la que debiéramos adoptar.

DECIMOCUARTO.-Una consecuencia adicional de todo lo hasta aquí expuesto sería la corrección igualmente de la doctrina de la Sala referida a las mejoras de prestaciones a cargo de las empresas en sus diversas modalidades de mejoras directas de los artículos 238.1.a y siguientes LGSS.

Soy consciente de que en este ámbito la doctrina que aplica a las mejoras de prestaciones el plazo de prescripción de cinco años del actual artículo 53.1 LGSS es ya muy antigua ( SSTS 10-4-1989, ECLI:ES:TS:1989:2404; 25-9-1995, rcud 3721/1994; 13-7-1998, rcud. 3889/1987; 16-9-1998, rcud 4085/1997; 26-04-2007, rcud 1373/2006...), pero me parece que si partimos de que la regulación de esta materia, que se refleja en dicho artículo 53.1 LGSS y también en el artículo 54, según se ha visto, es de naturaleza presupuestaria y de aplicación a las Haciendas Públicas, entonces, al menos en el caso de empresas puramente privadas y ajenas al sector público, no existiría justificación para aplicar dicha regulación a las mejoras directas de prestaciones. Por otra parte en este ámbito no existen procedimientos administrativos para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones que permitan diferenciar entre la prescripción del derecho al reconocimiento y del derecho al pago, ya que estamos fuera del artículo 129.1 LGSS y no se aplica la legislación de procedimiento administrativo.

En ese supuesto las mejoras directas establecidas en las empresas deben sujetarse en cuanto al régimen de prescripción al Derecho Privado, esto es:

A) A las instrumentadas (de forma preceptiva o voluntaria) mediante contratos de seguro se les aplicaría el plazo de cinco años del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, puesto que siempre serían seguros de personas, ya que el seguro de responsabilidad civil no puede conceptuarse como mejora de prestaciones y seguiría otro régimen.

B) A las instrumentadas mediante planes de pensiones a través de las previsiones del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se les aplicaría el régimen de prescripción propio de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones. Al no estar regulada expresamente en la ley, la norma aplicable probablemente fuera (a falta de un estudio más detallado) el artículo 1964.2 del Código Civil, con lo cual el plazo sería también de cinco años.

C) Finalmente a las mejoras a cargo directamente de las empresas se les aplicaría el plazo de prescripción de un año del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, ya que dicho precepto no solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial, sino a todo tipo de obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

DECIMOQUINTO.-Con ello igualmente habría de corregirse la doctrina de la Sala relativa a las mejoras de incapacidad temporal a cargo de las empresas. En este ámbito la Sala ha considerado aplicable el plazo de prescripción de cinco años, pero igualmente el de retroacción de efectos económicos de tres meses desde la solicitud. Así en SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud. 487/2022), 673/2024 de 8 de mayo (rcud 374/2022), 99/2025 de 5 de febrero (rcud 4445/2022), 105/2025 de 6 de febrero (rcud 5047/2022) y muchas otras. Sin embargo a mi juicio en ningún caso sería aplicable el plazo de tres meses de retroacción de tres meses, puesto que en definitiva son mejoras de una prestación como es la incapacidad temporal que se rige por el principio de oficialidad. Pero además, al tratarse de mejoras directas de prestaciones habría que aplicar, al menos cuando se trate de obligaciones a cargo de entidades a las que no se le aplica la Ley General Presupuestaria, el plazo de prescripción de un año a cada mensualidad cuando la mejora corra a cargo directamente de la empresa empleadora o de cinco años cuando se haya externalizado mediante un contrato de seguro.

Mi opinión por tanto es que la Sala debiera emprender una corrección de su doctrina en diversos ámbitos, todos ellos relativos a la prescripción y los efectos económicos de las reclamaciones de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras prestacionales a cargo de las empresas, incluido el supuesto que aquí nos ocupa, en el que simplemente deberíamos aplicar un plazo prescriptivo de cuatro años a las diferencias prestacionales derivadas de la recalificación de la contingencia.

Una vez expresada mi opinión en este voto particular, siendo consciente de su carácter minoritario, va de suyo que me atengo al criterio mayoritario de la Sala, sin necesidad de reiterar votos particulares en cada asunto que se plantee en el futuro sobre estas cuestiones. Sin embargo conservo la expectativa de que un proceso de reflexión del conjunto de la Sala pueda llevar a una corrección, total o parcial, de la doctrina vigente en el sentido que apunto en este voto.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2025

Con el respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el recurso, me parece importante manifestar mi discrepancia con los criterios que sustentan la misma. Soy consciente de que dichos criterios se han establecido por la Sala en sentencias previas cuya doctrina se reitera ahora, pero creo que los mismos debieran ser revisados en su conjunto en el sentido que voy a indicar.

PRIMERO.-Originariamente el artículo 54 del texto articulado de 1966 de la Ley General de la Seguridad Social ( Decreto 907/1966, de 21 de abril) estableció únicamente un plazo de prescripción de las prestaciones, que en aquel momento se fijó en tres años, salvo para las pensiones de vejez, que expresamente se declararon imprescriptibles (artículo 156.1). Sin embargo esta regulación de la prescripción había de conjugarse con la previsión contenida en el artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1967. Después de que el artículo 13 estableciera la imprescriptibilidad de la pensión de vejez, el artículo 14 decía que la pensión de vejez se devengaría desde el día siguiente al del hecho causante de la misma, siempre que la solicitud fuese presentada dentro de los tres meses siguientes a aquél, mientras que en otro caso, sólo se devengaría con una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo 16 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, solucionó el problema diferenciando entre el plazo de prescripción de las prestaciones y la retroacción de efectos económicos del acto de reconocimiento de las mismas. Aunque el derecho a la prestación no prescribiera o lo hiciera al cabo de cinco años desde el hecho causante, la solicitud presentada fuera del plazo reglamentario de tres meses implicaba la pérdida de los días de retraso en que hubiera incurrido el beneficiario. De ahí que se estableciera la retroacción de efectos económicos de la solicitud en un máximo de tres meses.

La Ley 24/1972 por otra parte elevó el plazo de prescripción a cinco años, manteniendo el carácter imprescriptible de la pensión de jubilación y también de las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo el auxilio de defunción.

SEGUNDO.-Lo anterior significaba que la institución de la retroacción de efectos económicos, limitada a un máximo de tres meses, estaba directa y estrechamente vinculada al plazo de solicitud de la correspondiente prestación. Lo que determina la pérdida de unas determinadas mensualidades es la existencia de un determinado plazo de solicitud que el interesado no ha respetado. De ahí que cuando una norma establece otro plazo para formular la solicitud de la prestación, como ocurre en el caso del desempleo, la pérdida prestacional sea diferente y no se aplique el plazo de tres meses, como ocurre en el caso de la prestación contributiva por desempleo ( artículo 268 LGSS) . En el caso del subsidio de desempleo la regulación es diferente, porque la previsión inicial análoga a la de la prestación y contenida en el artículo 276 LGSS se ha modificado recientemente por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con vigencia desde 1 de noviembre de 2024.

En definitiva, la lógica detrás de esta regulación de la retroacción de efectos económicos es:

-Existe un plazo desde el hecho causante para que el beneficiario presente la solicitud de la prestación que con carácter general es de tres meses.

-El incumplimiento de ese plazo no determina la pérdida de la prestación, para lo cual habría de excederse el plazo legal de prescripción, sino solamente la pérdida de los días de prestación correspondientes al retraso. Por eso la retroacción de efectos económicos es igual al plazo de solicitud.

TERCERO.-Por esa precisa razón el plazo máximo de retroacción de tres meses no se aplica a aquellas prestaciones que no están sujetas a un procedimiento de reconocimiento por la entidad gestora que pueda ser iniciado por el beneficiario, sino que deben ser abonadas por la mera concurrencia del hecho causante y sin necesidad de solicitud del beneficiario y de tramitación de un procedimiento administrativo que culmine en un acto de concesión. Se trata de las prestaciones que se rigen por el conocido como "principio de oficialidad", muy especialmente la incapacidad temporal.

Así se ha venido declarando de forma sostenida por la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sostenido que en relación con la prestación de incapacidad temporal devengada en el Régimen General la retroactividad de tres meses no puede aplicarse porque "el abono de la prestación económica correspondiente a la situación de incapacidad laboral transitoria no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario, sino que, cumplidos los presupuestos generales para su percepción; se hace efectiva de modo directo y automático conforme al principio de "oficialidad", una vez presentados los correspondientes partes de baja y confirmación. Así en las SSTS 2-11-1993 (Rec.- 3737/92), 21-1-1994 (Rec.- 3205/92), 17-2-1994 (Rec.- 105/93), 1-2-1999 (Rec.- 2019/98) ó 20-12 1999 (Rec.-753/99).

Esta doctrina se excepciona en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de la STS (pleno) 19 de junio de 2007, rcud 4894/2005, que rectifica doctrina anterior para señalar que a los trabajadores autónomos se les aplica el plazo de retroactividad de tres meses desde la solicitud tomando como referencia la fecha de presentación de los partes de baja, cuando lo hacen con retraso, al ser ellos los responsables de tal presentación. Actualmente habría de analizarse el impacto que sobre tal criterio tiene la reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, aplicable desde el 1 de abril de 2023.

CUARTO.-No puede confundirse la solicitud de una prestación con la formulación de una reclamación administrativa o judicial impugnando un acto administrativo prestacional, expreso o por silencio. El artículo 129.1 LGSS dice que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación. En la regulación del procedimiento administrativo en dicha Ley hay una diferencia básica y sustancial entre la iniciación del procedimiento administrativo (de oficio o a instancia del interesado, artículos 54 y siguientes) y la interposición de recursos contra las resoluciones y actos administrativos que ponen fin al procedimiento.

Con carácter general la aplicación del plazo de retroacción de tres meses está vinculado a la iniciación del procedimiento, no a la interposición de reclamaciones o recursos contra las resoluciones recaídas. Se puede excepcionar el supuesto del artículo 71.4 LRJS, esto es, el caso de caducidad de la instancia, puesto que en tal supuesto es imputable al beneficiario el haber presentado la reclamación o recurso fuera de plazo. En el ámbito de prestaciones de Seguridad Social y en relación con los beneficiarios dicha omisión no determina la firmeza del acto con la correspondiente pérdida de la prestación, sino la mera caducidad de la instancia, por lo que el beneficiario puede volver a reiterar su solicitud prestacional en tanto en cuanto su derecho no haya prescrito. Por eso el citado artículo 71.4 LRJS dice que "podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma".

La determinación de que la retroacción de los efectos económicos "que procede dar" a la nueva reclamación previa es de tres meses no proviene de la norma legal, que nada concreta, sino que deriva de una interpretación analógica y extensiva del artículo 53.1 LGSS, lo que parece razonable en tanto en cuanto la nueva reclamación previa sea equivalente a una solicitud ex novo, distinta a aquella otra que se dejó caducar.

QUINTO.-Por otra parte también hay que recordar que reciente pero reiterada jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha decidido inaplicar el plazo de retroacción de tres meses (tanto respecto a la solicitud inicial como de la presentación de la reclamación previa omitida en su momento) para llevar los efectos económicos al momento del hecho causante en el supuesto de la denegación de prestaciones de carácter discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales, en concreto en el supuesto de discriminación por razón de género contra los hombres en el reconocimiento del complemento de maternidad o aportación demográfica de las pensiones. Así en SSTS -Pleno- 322/2024 y 324/2024 de 21 febrero de 2024 (rcud. 862/2023 y 1083/2023), 81/2025 de 29 de enero, rcud 117/2024, 239/2025, de 25 de marzo, rcud 889/2024, 15-10-2024, rcud 891/2024 y 934/2024, entre otras.

SEXTO.-Existe otro supuesto en el que el legislador ha decidido aplicar la retroacción de efectos económicos de tres meses a una reclamación y no a la solicitud prestacional inicial y es la relativa a las diferencias de cuantía de las prestaciones.

La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a interpretar que cuando el importe inicial de la pensión de jubilación fue "minusvalorado, corrigiéndose ello más tarde por sentencia firme" debe mantenerse "a falta de norma expresa de sentido contrario" que el pago de diferencias "debe retrotraerse a la fecha del reconocimiento del derecho" con aplicación "por analogía" del plazo de prescripción quinquenal. El problema respecto de prestaciones imprescriptibles, que llevaría el reconocimiento de las diferencias prestacionales con efectos económicos retroactivos hasta el mismo hecho causante, por lejano en el tiempo que se encontrase, se moderó diciendo que la regla de imprescriptibilidad rige para el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, pero "cuando se ha reconocido la procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya han quedado fijados, de suerte que si después se pretende y se logra un incremento de la cuantía, los efectos de tal incremento deben retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de los cinco años". Así en SSTS 22-11-1996 (rcud 3348/1995); 26-3-2001 (rcud 4196/00); 24-6-2003 (rcud 4607/02); 24-7-2003 (rec 4607/2002); 26-12-2005 (rcud 874/2005); 31-1-2007 (rcud 2633/2005).

El legislador reaccionó frente a esta jurisprudencia con una reforma introducida por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En la disposición final 3.1 de esta Ley se modificó el entonces artículo 43.1 LGSS (texto refundido de 1994) para darle nueva redacción de manera que, tras el párrafo inicial, se añadió uno segundo en el que se dijo:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45".

Como consecuencia de esa reforma legal la jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha interpretado que el legislador ha querido que el derecho a modificar la cuantía de las prestaciones de tracto sucesivo, cuando la misma fue determinada incorrectamente, no prescriba nunca, si bien los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión ( STS 31-3-2010, rec. 1934/2009).

SÉPTIMO.-La regla contenida en el segundo párrafo del artículo 43.1 LGSS/94, hoy en el artículo 53.1 LGSS/2015 vigente, ha de ser interpretada con arreglo a su propia lógica y sin que me parezca aceptable una extensión anómala del límite de retroacción de los efectos económicos.

En primer lugar el concepto de "solicitudes de revisión" se refiere a solicitudes tardías y posteriores, no a las reclamaciones y recursos administrativos o en su caso judiciales contra las resoluciones iniciales de reconocimiento de la correspondiente prestación que se hayan interpuesto tempestivamente. Parece obvio que si al dictarse una resolución reconociendo una prestación el interesado discrepa de la cuantía de la misma y recurre la resolución en plazo, la eventual estimación de esa reclamación llevará a la corrección de la cuantía en su integridad, con los mismos efectos económicos de la resolución inicial de reconocimiento, puesto que en otro caso se estaría dejando sin efecto útil al derecho a recurrir la resolución inicial.

Por tanto el supuesto al que se refiere la reforma parte de que haya existido una resolución administrativa inicial de reconocimiento, sin que se haya recurrido la misma por discrepancias con la cuantía y posteriormente, ya fuera del plazo y del procedimiento de recurso, se presenta una nueva solicitud de modificación de esa resolución en relación con la cuantía de la prestación ya reconocida. Ese derecho a solicitar la revisión de cuantía reconocida inicialmente es, como se ha visto, imprescriptible, pero en ese caso los efectos económicos de la revisión de la cuantía, si procediese reconocerla, solamente se retrotraerían a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión.

Por tanto el supuesto de hecho al que se refiere el segundo párrafo del artículo 53.1 LGSS parte de la ausencia de recurso en plazo contra la resolución que fija la cuantía de la prestación y por ello me parece claro que no sería aplicable a aquellas prestaciones que se rigen por el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal. El deber del empresario obligado al abono de dicha prestación en pago delegado o de la entidad gestora, de ser ésta la obligada directa al pago, es calcular y pagar la prestación de manera correcta y en la cuantía debida. No es preciso ninguna resolución administrativa de reconocimiento prestacional que se notifique al beneficiario y que pueda decirse que éste haya dejado de recurrir. Lo que se produce es pura y simplemente un impago en la cuantía debida legalmente contra el que se puede reclamar. Lo que habrá de determinarse es el plazo de prescripción de dicho derecho a reclamar la corrección.

A mi juicio este es el régimen aplicable a la incapacidad temporal también cuando la diferencia prestacional se origine por una incorrecta calificación de la contingencia determinante de la misma. No existen motivos para aplicar en ese supuesto una excepción al principio de oficialidad.

OCTAVO.-También creo que no afecta a esa conclusión el contenido del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, introducido por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. El citado artículo 6 introducido en el año 2014 crea un nuevo procedimiento de determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal. Intenta dar un cauce procedimental administrativo a una situación común en la cual los beneficiarios obtenían un parte de baja médica del servicio público de salud por contingencias comunes y después tramitaban una reclamación ante el INSS (seguida en su caso de una reclamación judicial) para recalificar la contingencia a la de accidente de trabajo. La reiteración de estos supuestos a lo largo de los años llevó a que se creara normativamente un procedimiento específico para resolver esas reclamaciones, pero ello no significa que deje de regir el principio de oficialidad en materia de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal ha de ser reconocida y abonada en su cuantía y conceptos correctos por la empresa, entidad colaboradora o entidad gestora sin necesidad de tramitar ningún procedimiento. Ocurre que si se produce una discrepancia sobre la contingencia causante de la incapacidad temporal quien manifieste esa discrepancia ha de acudir a este procedimiento administrativo regulado en 2014, frente a la situación anterior en que no existía un procedimiento administrativo específico para estos supuestos más allá de la mera reclamación previa.

No encuentro justificación para entender que los efectos económicos del procedimiento deban limitarse a una retroacción de tres meses, porque no es un procedimiento de tramitación obligatoria para obtener el reconocimiento de la prestación, sino solamente un cauce procedimental para resolver las discrepancias sobre la contingencia que se venían produciendo asiduamente. Pero la prestación de incapacidad temporal sigue rigiéndose por el principio de oficialidad y por tanto no le es aplicable ningún plazo de retroacción de efectos económicos a las reclamaciones, tanto si reclaman el pago completo de la prestación omitido como si reclaman diferencias. El procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 tiene el valor de una reclamación previa, como dice expresamente su número ocho, no es una solicitud inicial tardía, que por lo demás no existe en el ámbito de la prestación de incapacidad temporal.

Baste observar que el procedimiento no solamente se inicia por el beneficiario, sino que también puede iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina, o bien a instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

No parece sostenible la aplicación de un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses cuando el derecho de las empresas, entidades colaboradoras o gestoras al reintegro de prestaciones indebidas prescribe a los cuatro años por previsión legal expresa ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Y si eso es así no creo que exista justificación para aplicar un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses a las solicitudes de determinación de contingencia de los beneficiarios y sin embargo solamente un plazo de prescripción de cuatro años para las solicitudes de las mutuas o empresas o los procedimientos iniciados de oficio por la entidad gestora.

NOVENO.-Por tanto existen dos regímenes diferenciados de la prescripción y efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones.

El primero se aplica a las prestaciones que exigen tramitar un procedimiento administrativo que termina con una resolución de reconocimiento. En estos casos existe un plazo de prescripción de cinco años con carácter general, siendo imprescriptible el reconocimiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones de muerte y supervivencia (excepto el auxilio de defunción). Por el contrario, una vez reconocida la prestación, el derecho a modificar la cuantía reconocida no prescribe nunca. Ese régimen de prescripción de la resolución de reconocimiento o de fijación de la cuantía se combina con una limitación de los efectos retroactivos de la resolución cuando se haya presentado fuera de plazo, de manera que los efectos económicos solamente se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud extemporánea, tanto si se trata del reconocimiento inicial como de la modificación de la cuantía inicialmente reconocida (salvo ley especial, como ocurre en el caso de las prestaciones por desempleo). Se excepciona, como hemos visto, la retroacción a la fecha del hecho causante en el caso de prestaciones denegadas por razones discriminatorias o vulneradoras de otros derechos fundamentales.

El segundo se aplica a las prestaciones que deben ser abonadas en su cuantía correcta de manera automática por la entidad gestora o colaboradora (o, en su caso, por el empresario que colabora en la gestión de la Seguridad Social, de forma obligatoria o voluntaria). En estas prestaciones, regidas por el principio de oficialidad, no existe solicitud inicial del beneficiario ni resolución administrativa de reconocimiento de la misma. Por tanto solamente cabe aplicar un plazo de prescripción unitario al reconocimiento y a los efectos económicos, sin que sea aplicable la limitación de retroacción de los efectos económicos a tres meses.

DÉCIMO.-El problema por tanto se contrae a determinar cuál sea ese plazo de prescripción de las prestaciones no sujetas a tramitación de procedimiento administrativo que termine con una resolución de reconocimiento.

A este respecto hay que recordar que el artículo 54 LGSS, bajo el título "caducidad", regula en realidad la prescripción de los derechos económicos de las prestaciones ya reconocidas. En ese sentido diferencia:

a) Prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, a las que el plazo de prescripción se aplica "desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión".

b) Prestaciones periódicas, a las que el plazo de prescripción se aplica desde el vencimiento de cada mensualidad.

Observemos que la regulación de la LGSS es paralela a la contenida en el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, en relación con los derechos frente a la Hacienda Pública, diferencia entre:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de una obligación;

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.

Así, mientras que el artículo 53 LGSS regula la prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación prestacional (supuesto del artículo 25.1.a LGP) , el artículo 54 LGSS regula la prescripción del derecho al abono de las prestaciones ya reconocidas (supuesto del artículo 25.1.b LGP) .

Ahora bien, en el caso de prestaciones en las que rige el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal, al no existir un acto administrativo de reconocimiento, lo que ocurre es que solamente se aplicaría el régimen de prescripción relativo al pago, esto es, el del artículo 54 LGSS o 25.1.b LGP. Por el contrario no les es aplicable toda la regulación del artículo 53 LGSS (esto es, 25.1.a LGP) , tanto en lo relativo al plazo de prescripción del reconocimiento como lo relativo a la limitación de la retroacción de los efectos económicos de tres meses.

DECIMOPRIMERO.-Lo anterior implicaría a priori que el plazo de prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal y de sus diferencias sería exclusivamente el previsto en el artículo 54 LGSS referido a cada una de las mensualidades, esto es, de un año. Sin embargo a mi juicio esto no es así, porque debería aplicarse el plazo de cuatro años establecido en el artículo 25.1.b LGP.

Esto es así porque a mi juicio sigue vigente el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, según el cual en materia de Seguridad Social se aplicarían los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. En concreto el artículo 46.1 de aquella Ley General Presupuestaria de 1977 decía:

"Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Esta norma pasó después al artículo 46.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y finalmente al artículo 25, ya analizado, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que ha fijado el plazo de prescripción de las obligaciones ya reconocidas a cargo de la Hacienda Pública en cuatro años. Por eso entiendo que ese sería el plazo aplicable en lugar del regulado en el artículo 54 LGSS.

DECIMOSEGUNDO.-Debemos recordar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 tenía expresamente vigencia indefinida y no ha sido derogado nunca. Lo que ha ocurrido es que no fue recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, ni tampoco en el posterior texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, pero ello no impide su aplicación por cuanto:

A) En nuestro Derecho no se admite la desuetudo como forma de pérdida de vigencia de las normas legales y reglamentarias;

B) La incorrecta refundición en los textos de las LGSS de 1994 y 2015 no supone sino un "ultra vires" que los órganos judiciales deben corregir e inaplicar de oficio, puesto que nada autorizaba al Gobierno en su labor refundidora a dar por derogado aquel precepto, sin que la nulidad del Decreto de refundición prescriba por el transcurso del tiempo.

Por otra parte no podemos olvidar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 no solamente determinaba la aplicación en materia de prestaciones de Seguridad Social del artículo 46 (hoy 25) LGP, sino también del artículo 45 (hoy 24) LGP, referente a los intereses de demora de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Según ese artículo 45 (hoy 24) la Hacienda Pública debe pagar intereses de demora solamente desde que la obligación está reconocida en vía administrativa o por resolución judicial, exclusivamente si el abono no se produce en el plazo de tres meses desde ese reconocimiento administrativo o judicial y además el interés aplicable es el legal del dinero, sin el incremento de dos puntos previsto en su momento en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy recogido en el artículo 576.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la regulación de los intereses de demora de la LEC a las obligaciones prestacionales, sino el régimen de la LGP, con las tres consecuencias descritas (no aplicación de intereses a obligaciones no reconocidas, plazo de tres meses para el cumplimiento del pago desde el reconocimiento evitando así la imposición de intereses y no aplicación del incremento de dos puntos sobre el interés legal del dinero). Y ese pronunciamiento se hizo, precisamente, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Así se dijo a partir de dos sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1991 ( ECLI:ES:TS:1991:13335 y ECLI:ES:TS:1991:5153), seguidas por sentencias de 27 de abril de 1993 (rcud 2270/1992), 29 de abril de 1993 (rcud 999/1992), 14 de julio de 1993 (rcud 2665/1992), 27 de octubre de 1993 (rcud 2803/1992), 9 de febrero de 1994 (rcud 3861/1992), 19 de junio de 1995 (rcud 3623/1994) ó 17 de enero de 1996 (rcud 1221/1995).

Tras la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la jurisprudencia de la Sala Cuarta mantuvo la aplicación a las obligaciones de pago de prestaciones de Seguridad Social el régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública.

Así por ejemplo la STS 24-9-2003, rcud 3969/2002, dijo:

"Sostiene el Servicio Andaluz de Salud que la sentencia recurrida, al condenarle a abonar intereses de demora incrementados en dos puntos, como previene el párrafo cuarto del art. 921 de la LEC de 1.881 ( art. 576.1 actual) ha infringido el párrafo quinto de dicho precepto y los artículos 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria y 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y así es, en efecto. Pues, de acuerdo con la doctrina unificada de esta Sala, el Servicio Andaluz de Salud está exento del citado incremento tanto en su condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social, como en la de organismo integrado en la Hacienda Publica andaluza.

La inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del art. 921 LEC ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado, entre otras, en las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27- 10-93 (rec.2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 (rec.1221/95) y, finalmente, en la de 2-96 (rec. 1151/95) referida al propio Servicio Andaluz de Salud, aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7 de la Ley 33/87 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. Criterio por cierto coincidente con el sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que "las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social, son Entidades de derecho público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social ( art. 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre) con sujeción, como ha puesto de manifiesto la representación del INSS, a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre)".

(...) Por lo que se refiere a las Haciendas autonómicas, las sentencias de 5-11-96 (rec. 1459/96) y 6-11-96 (rec. 1469/96) exoneraron ya del incremento del art. 921.4 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; incluso, la primera de ellas alude expresamente a la Comunidad Autónoma Andaluza y razona sobre la similitud de las previsiones de los artículos 39.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y art. 61 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Razonan dichas sentencias que además del argumento de interpretación gramatical que surge de esa similitud, la solución se completa "con un argumento de interpretación finalista que atiende a la razón de ser de dicho régimen especial de pago del art. 45 LGP. Tal razón de ser no es otra que la complejidad administrativa de la Hacienda estatal, derivada del número, dispersión geográfica y diversidad de sus acreedores. A escala menor, ésta finalidad de la norma también concurre, a la vista de su extensión territorial y de la amplitud de sus atribuciones, en la Hacienda de las Comunidades Autónomas."

Cabe destacar que dicha doctrina unificada encuentra en la actualidad sólido apoyo en la redacción del art. 576.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000 que al establecer la excepción a la regla general de incremento del interés de la mora procesal en dos puntos del número 1, no mantiene el tenor del anterior art. 921.5 que se refería a "las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria", sino que se remite a "las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas". Expresión mas amplia y acorde con la actual configuración del Estado muy distinta a la existente cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil de 1881 y con las previsiones de los Estatutos de Autonomía aprobados mediante las preceptivas leyes orgánicas por las Cortes Generales..."

O también, por ejemplo, la STS 25-10-2005, rcud 1693/2004:

"Alega la recurrente infracción del artículo 576.3º de la Ley de Enjuiciamiento civil , en relación con el artículo 45 y 36.2 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 213 de Septiembre. Como razona la sentencia de contraste, la inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado entre otras, las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27-10-93 (rec. 2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 rec. 1221/95 ), aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7º de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 , que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria . Criterio coincidente con el de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad, son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social, artículo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre , con sujeción a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social ), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980 ) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre , y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre )."

Aún más, la aplicación a las prestaciones de Seguridad Social de ese régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública se ha mantenido recientemente cuando, a diferencia de lo que ocurre con las deudas jurídico-privadas, se ha dicho que para que se inicie el devengo de intereses es preciso un reconocimiento administrativo o judicial del derecho prestacional ( sentencia del pleno de esta Sala Cuarta 290/2025, de 8 de abril, rcud 1818/2023 y las que siguen).

Pues bien, no veo ninguna justificación razonable para que entendamos aplicable el artículo 24 LGP a partir de aquella lejana Ley 33/1987, confiriendo a los intereses de demora a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras el régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública y, paradójicamente, no hagamos lo propio con el artículo 25.1.b LGP en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones prestacionales a cargo de la Seguridad Social. Esa justificación solamente existe para el caso de la prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones (con los tres meses de retroacción), debido a que con posterioridad a la Ley 33/1987 se dictó la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, cuya disposición final 3.1 dio nueva redacción al número primero del artículo 43 de la LGSS/94 (hoy recogida en el artículo 53 LGSS/2015) y que por tanto sustituye a la remisión que la Ley 33/1987 vendría a hacer al artículo 25.1.a LGP. Sin embargo desde la Ley 33/1987 no se ha dictado ninguna nueva norma con rango de Ley que, de manera análoga a lo que ocurre con el artículo 53 LGSS, justificara la aplicación de lo que dice el texto del artículo 54 LGSS, salvando aquel defecto de refundición cometido ya en el Real Decreto Legislativo 1/1994.

Por tanto en materia de la prescripción y efectos económicos de los actos de reconocimiento de prestaciones se aplicaría el artículo 53 LGSS, pero en relación con la prescripción de las obligaciones de pago ya reconocidas, tanto de prestaciones a tanto alzado como de tracto sucesivo, se aplicaría el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1.b LGP, tomando como dies a quo la fecha de reconocimiento en el caso de las prestaciones a tanto alzado y la fecha de pago de cada mensualidad en el caso de las prestaciones de tracto sucesivo.

DECIMOTERCERO.-La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica.

Llamo la atención de que la adopción de este régimen prescriptivo de cuatro años supone equiparar el plazo de prescripción que juega en contra del beneficiario con aquel otro que juega en contra de la entidad gestora, mutua o empresa colaboradora para el reintegro de las prestaciones indebidas ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Mantener una interpretación según la cual al beneficiario se le aplica un régimen diferente y más desfavorable (de tres meses de retroacción de efectos o de un año de prescripción) implica admitir una diferencia de trato no justificada y en todo caso desproporcionada, por tanto de dudosa constitucionalidad. La interpretación que yo sostengo, por el contrario, remedia dicha diferencia de trato y por tanto es la interpretación compatible con los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. Por ello, en mi opinión, es la que debiéramos adoptar.

DECIMOCUARTO.-Una consecuencia adicional de todo lo hasta aquí expuesto sería la corrección igualmente de la doctrina de la Sala referida a las mejoras de prestaciones a cargo de las empresas en sus diversas modalidades de mejoras directas de los artículos 238.1.a y siguientes LGSS.

Soy consciente de que en este ámbito la doctrina que aplica a las mejoras de prestaciones el plazo de prescripción de cinco años del actual artículo 53.1 LGSS es ya muy antigua ( SSTS 10-4-1989, ECLI:ES:TS:1989:2404; 25-9-1995, rcud 3721/1994; 13-7-1998, rcud. 3889/1987; 16-9-1998, rcud 4085/1997; 26-04-2007, rcud 1373/2006...), pero me parece que si partimos de que la regulación de esta materia, que se refleja en dicho artículo 53.1 LGSS y también en el artículo 54, según se ha visto, es de naturaleza presupuestaria y de aplicación a las Haciendas Públicas, entonces, al menos en el caso de empresas puramente privadas y ajenas al sector público, no existiría justificación para aplicar dicha regulación a las mejoras directas de prestaciones. Por otra parte en este ámbito no existen procedimientos administrativos para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones que permitan diferenciar entre la prescripción del derecho al reconocimiento y del derecho al pago, ya que estamos fuera del artículo 129.1 LGSS y no se aplica la legislación de procedimiento administrativo.

En ese supuesto las mejoras directas establecidas en las empresas deben sujetarse en cuanto al régimen de prescripción al Derecho Privado, esto es:

A) A las instrumentadas (de forma preceptiva o voluntaria) mediante contratos de seguro se les aplicaría el plazo de cinco años del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, puesto que siempre serían seguros de personas, ya que el seguro de responsabilidad civil no puede conceptuarse como mejora de prestaciones y seguiría otro régimen.

B) A las instrumentadas mediante planes de pensiones a través de las previsiones del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se les aplicaría el régimen de prescripción propio de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones. Al no estar regulada expresamente en la ley, la norma aplicable probablemente fuera (a falta de un estudio más detallado) el artículo 1964.2 del Código Civil, con lo cual el plazo sería también de cinco años.

C) Finalmente a las mejoras a cargo directamente de las empresas se les aplicaría el plazo de prescripción de un año del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, ya que dicho precepto no solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial, sino a todo tipo de obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

DECIMOQUINTO.-Con ello igualmente habría de corregirse la doctrina de la Sala relativa a las mejoras de incapacidad temporal a cargo de las empresas. En este ámbito la Sala ha considerado aplicable el plazo de prescripción de cinco años, pero igualmente el de retroacción de efectos económicos de tres meses desde la solicitud. Así en SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud. 487/2022), 673/2024 de 8 de mayo (rcud 374/2022), 99/2025 de 5 de febrero (rcud 4445/2022), 105/2025 de 6 de febrero (rcud 5047/2022) y muchas otras. Sin embargo a mi juicio en ningún caso sería aplicable el plazo de tres meses de retroacción de tres meses, puesto que en definitiva son mejoras de una prestación como es la incapacidad temporal que se rige por el principio de oficialidad. Pero además, al tratarse de mejoras directas de prestaciones habría que aplicar, al menos cuando se trate de obligaciones a cargo de entidades a las que no se le aplica la Ley General Presupuestaria, el plazo de prescripción de un año a cada mensualidad cuando la mejora corra a cargo directamente de la empresa empleadora o de cinco años cuando se haya externalizado mediante un contrato de seguro.

Mi opinión por tanto es que la Sala debiera emprender una corrección de su doctrina en diversos ámbitos, todos ellos relativos a la prescripción y los efectos económicos de las reclamaciones de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras prestacionales a cargo de las empresas, incluido el supuesto que aquí nos ocupa, en el que simplemente deberíamos aplicar un plazo prescriptivo de cuatro años a las diferencias prestacionales derivadas de la recalificación de la contingencia.

Una vez expresada mi opinión en este voto particular, siendo consciente de su carácter minoritario, va de suyo que me atengo al criterio mayoritario de la Sala, sin necesidad de reiterar votos particulares en cada asunto que se plantee en el futuro sobre estas cuestiones. Sin embargo conservo la expectativa de que un proceso de reflexión del conjunto de la Sala pueda llevar a una corrección, total o parcial, de la doctrina vigente en el sentido que apunto en este voto.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2025

Con el respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el recurso, me parece importante manifestar mi discrepancia con los criterios que sustentan la misma. Soy consciente de que dichos criterios se han establecido por la Sala en sentencias previas cuya doctrina se reitera ahora, pero creo que los mismos debieran ser revisados en su conjunto en el sentido que voy a indicar.

PRIMERO.-Originariamente el artículo 54 del texto articulado de 1966 de la Ley General de la Seguridad Social ( Decreto 907/1966, de 21 de abril) estableció únicamente un plazo de prescripción de las prestaciones, que en aquel momento se fijó en tres años, salvo para las pensiones de vejez, que expresamente se declararon imprescriptibles (artículo 156.1). Sin embargo esta regulación de la prescripción había de conjugarse con la previsión contenida en el artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1967. Después de que el artículo 13 estableciera la imprescriptibilidad de la pensión de vejez, el artículo 14 decía que la pensión de vejez se devengaría desde el día siguiente al del hecho causante de la misma, siempre que la solicitud fuese presentada dentro de los tres meses siguientes a aquél, mientras que en otro caso, sólo se devengaría con una retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo 16 de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, solucionó el problema diferenciando entre el plazo de prescripción de las prestaciones y la retroacción de efectos económicos del acto de reconocimiento de las mismas. Aunque el derecho a la prestación no prescribiera o lo hiciera al cabo de cinco años desde el hecho causante, la solicitud presentada fuera del plazo reglamentario de tres meses implicaba la pérdida de los días de retraso en que hubiera incurrido el beneficiario. De ahí que se estableciera la retroacción de efectos económicos de la solicitud en un máximo de tres meses.

La Ley 24/1972 por otra parte elevó el plazo de prescripción a cinco años, manteniendo el carácter imprescriptible de la pensión de jubilación y también de las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo el auxilio de defunción.

SEGUNDO.-Lo anterior significaba que la institución de la retroacción de efectos económicos, limitada a un máximo de tres meses, estaba directa y estrechamente vinculada al plazo de solicitud de la correspondiente prestación. Lo que determina la pérdida de unas determinadas mensualidades es la existencia de un determinado plazo de solicitud que el interesado no ha respetado. De ahí que cuando una norma establece otro plazo para formular la solicitud de la prestación, como ocurre en el caso del desempleo, la pérdida prestacional sea diferente y no se aplique el plazo de tres meses, como ocurre en el caso de la prestación contributiva por desempleo ( artículo 268 LGSS) . En el caso del subsidio de desempleo la regulación es diferente, porque la previsión inicial análoga a la de la prestación y contenida en el artículo 276 LGSS se ha modificado recientemente por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con vigencia desde 1 de noviembre de 2024.

En definitiva, la lógica detrás de esta regulación de la retroacción de efectos económicos es:

-Existe un plazo desde el hecho causante para que el beneficiario presente la solicitud de la prestación que con carácter general es de tres meses.

-El incumplimiento de ese plazo no determina la pérdida de la prestación, para lo cual habría de excederse el plazo legal de prescripción, sino solamente la pérdida de los días de prestación correspondientes al retraso. Por eso la retroacción de efectos económicos es igual al plazo de solicitud.

TERCERO.-Por esa precisa razón el plazo máximo de retroacción de tres meses no se aplica a aquellas prestaciones que no están sujetas a un procedimiento de reconocimiento por la entidad gestora que pueda ser iniciado por el beneficiario, sino que deben ser abonadas por la mera concurrencia del hecho causante y sin necesidad de solicitud del beneficiario y de tramitación de un procedimiento administrativo que culmine en un acto de concesión. Se trata de las prestaciones que se rigen por el conocido como "principio de oficialidad", muy especialmente la incapacidad temporal.

Así se ha venido declarando de forma sostenida por la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sostenido que en relación con la prestación de incapacidad temporal devengada en el Régimen General la retroactividad de tres meses no puede aplicarse porque "el abono de la prestación económica correspondiente a la situación de incapacidad laboral transitoria no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario, sino que, cumplidos los presupuestos generales para su percepción; se hace efectiva de modo directo y automático conforme al principio de "oficialidad", una vez presentados los correspondientes partes de baja y confirmación. Así en las SSTS 2-11-1993 (Rec.- 3737/92), 21-1-1994 (Rec.- 3205/92), 17-2-1994 (Rec.- 105/93), 1-2-1999 (Rec.- 2019/98) ó 20-12 1999 (Rec.-753/99).

Esta doctrina se excepciona en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de la STS (pleno) 19 de junio de 2007, rcud 4894/2005, que rectifica doctrina anterior para señalar que a los trabajadores autónomos se les aplica el plazo de retroactividad de tres meses desde la solicitud tomando como referencia la fecha de presentación de los partes de baja, cuando lo hacen con retraso, al ser ellos los responsables de tal presentación. Actualmente habría de analizarse el impacto que sobre tal criterio tiene la reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, aplicable desde el 1 de abril de 2023.

CUARTO.-No puede confundirse la solicitud de una prestación con la formulación de una reclamación administrativa o judicial impugnando un acto administrativo prestacional, expreso o por silencio. El artículo 129.1 LGSS dice que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación. En la regulación del procedimiento administrativo en dicha Ley hay una diferencia básica y sustancial entre la iniciación del procedimiento administrativo (de oficio o a instancia del interesado, artículos 54 y siguientes) y la interposición de recursos contra las resoluciones y actos administrativos que ponen fin al procedimiento.

Con carácter general la aplicación del plazo de retroacción de tres meses está vinculado a la iniciación del procedimiento, no a la interposición de reclamaciones o recursos contra las resoluciones recaídas. Se puede excepcionar el supuesto del artículo 71.4 LRJS, esto es, el caso de caducidad de la instancia, puesto que en tal supuesto es imputable al beneficiario el haber presentado la reclamación o recurso fuera de plazo. En el ámbito de prestaciones de Seguridad Social y en relación con los beneficiarios dicha omisión no determina la firmeza del acto con la correspondiente pérdida de la prestación, sino la mera caducidad de la instancia, por lo que el beneficiario puede volver a reiterar su solicitud prestacional en tanto en cuanto su derecho no haya prescrito. Por eso el citado artículo 71.4 LRJS dice que "podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma".

La determinación de que la retroacción de los efectos económicos "que procede dar" a la nueva reclamación previa es de tres meses no proviene de la norma legal, que nada concreta, sino que deriva de una interpretación analógica y extensiva del artículo 53.1 LGSS, lo que parece razonable en tanto en cuanto la nueva reclamación previa sea equivalente a una solicitud ex novo, distinta a aquella otra que se dejó caducar.

QUINTO.-Por otra parte también hay que recordar que reciente pero reiterada jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha decidido inaplicar el plazo de retroacción de tres meses (tanto respecto a la solicitud inicial como de la presentación de la reclamación previa omitida en su momento) para llevar los efectos económicos al momento del hecho causante en el supuesto de la denegación de prestaciones de carácter discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales, en concreto en el supuesto de discriminación por razón de género contra los hombres en el reconocimiento del complemento de maternidad o aportación demográfica de las pensiones. Así en SSTS -Pleno- 322/2024 y 324/2024 de 21 febrero de 2024 (rcud. 862/2023 y 1083/2023), 81/2025 de 29 de enero, rcud 117/2024, 239/2025, de 25 de marzo, rcud 889/2024, 15-10-2024, rcud 891/2024 y 934/2024, entre otras.

SEXTO.-Existe otro supuesto en el que el legislador ha decidido aplicar la retroacción de efectos económicos de tres meses a una reclamación y no a la solicitud prestacional inicial y es la relativa a las diferencias de cuantía de las prestaciones.

La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a interpretar que cuando el importe inicial de la pensión de jubilación fue "minusvalorado, corrigiéndose ello más tarde por sentencia firme" debe mantenerse "a falta de norma expresa de sentido contrario" que el pago de diferencias "debe retrotraerse a la fecha del reconocimiento del derecho" con aplicación "por analogía" del plazo de prescripción quinquenal. El problema respecto de prestaciones imprescriptibles, que llevaría el reconocimiento de las diferencias prestacionales con efectos económicos retroactivos hasta el mismo hecho causante, por lejano en el tiempo que se encontrase, se moderó diciendo que la regla de imprescriptibilidad rige para el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, pero "cuando se ha reconocido la procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya han quedado fijados, de suerte que si después se pretende y se logra un incremento de la cuantía, los efectos de tal incremento deben retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de los cinco años". Así en SSTS 22-11-1996 (rcud 3348/1995); 26-3-2001 (rcud 4196/00); 24-6-2003 (rcud 4607/02); 24-7-2003 (rec 4607/2002); 26-12-2005 (rcud 874/2005); 31-1-2007 (rcud 2633/2005).

El legislador reaccionó frente a esta jurisprudencia con una reforma introducida por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En la disposición final 3.1 de esta Ley se modificó el entonces artículo 43.1 LGSS (texto refundido de 1994) para darle nueva redacción de manera que, tras el párrafo inicial, se añadió uno segundo en el que se dijo:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45".

Como consecuencia de esa reforma legal la jurisprudencia de esta Sala Cuarta ha interpretado que el legislador ha querido que el derecho a modificar la cuantía de las prestaciones de tracto sucesivo, cuando la misma fue determinada incorrectamente, no prescriba nunca, si bien los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión ( STS 31-3-2010, rec. 1934/2009).

SÉPTIMO.-La regla contenida en el segundo párrafo del artículo 43.1 LGSS/94, hoy en el artículo 53.1 LGSS/2015 vigente, ha de ser interpretada con arreglo a su propia lógica y sin que me parezca aceptable una extensión anómala del límite de retroacción de los efectos económicos.

En primer lugar el concepto de "solicitudes de revisión" se refiere a solicitudes tardías y posteriores, no a las reclamaciones y recursos administrativos o en su caso judiciales contra las resoluciones iniciales de reconocimiento de la correspondiente prestación que se hayan interpuesto tempestivamente. Parece obvio que si al dictarse una resolución reconociendo una prestación el interesado discrepa de la cuantía de la misma y recurre la resolución en plazo, la eventual estimación de esa reclamación llevará a la corrección de la cuantía en su integridad, con los mismos efectos económicos de la resolución inicial de reconocimiento, puesto que en otro caso se estaría dejando sin efecto útil al derecho a recurrir la resolución inicial.

Por tanto el supuesto al que se refiere la reforma parte de que haya existido una resolución administrativa inicial de reconocimiento, sin que se haya recurrido la misma por discrepancias con la cuantía y posteriormente, ya fuera del plazo y del procedimiento de recurso, se presenta una nueva solicitud de modificación de esa resolución en relación con la cuantía de la prestación ya reconocida. Ese derecho a solicitar la revisión de cuantía reconocida inicialmente es, como se ha visto, imprescriptible, pero en ese caso los efectos económicos de la revisión de la cuantía, si procediese reconocerla, solamente se retrotraerían a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión.

Por tanto el supuesto de hecho al que se refiere el segundo párrafo del artículo 53.1 LGSS parte de la ausencia de recurso en plazo contra la resolución que fija la cuantía de la prestación y por ello me parece claro que no sería aplicable a aquellas prestaciones que se rigen por el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal. El deber del empresario obligado al abono de dicha prestación en pago delegado o de la entidad gestora, de ser ésta la obligada directa al pago, es calcular y pagar la prestación de manera correcta y en la cuantía debida. No es preciso ninguna resolución administrativa de reconocimiento prestacional que se notifique al beneficiario y que pueda decirse que éste haya dejado de recurrir. Lo que se produce es pura y simplemente un impago en la cuantía debida legalmente contra el que se puede reclamar. Lo que habrá de determinarse es el plazo de prescripción de dicho derecho a reclamar la corrección.

A mi juicio este es el régimen aplicable a la incapacidad temporal también cuando la diferencia prestacional se origine por una incorrecta calificación de la contingencia determinante de la misma. No existen motivos para aplicar en ese supuesto una excepción al principio de oficialidad.

OCTAVO.-También creo que no afecta a esa conclusión el contenido del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, introducido por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. El citado artículo 6 introducido en el año 2014 crea un nuevo procedimiento de determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal. Intenta dar un cauce procedimental administrativo a una situación común en la cual los beneficiarios obtenían un parte de baja médica del servicio público de salud por contingencias comunes y después tramitaban una reclamación ante el INSS (seguida en su caso de una reclamación judicial) para recalificar la contingencia a la de accidente de trabajo. La reiteración de estos supuestos a lo largo de los años llevó a que se creara normativamente un procedimiento específico para resolver esas reclamaciones, pero ello no significa que deje de regir el principio de oficialidad en materia de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal ha de ser reconocida y abonada en su cuantía y conceptos correctos por la empresa, entidad colaboradora o entidad gestora sin necesidad de tramitar ningún procedimiento. Ocurre que si se produce una discrepancia sobre la contingencia causante de la incapacidad temporal quien manifieste esa discrepancia ha de acudir a este procedimiento administrativo regulado en 2014, frente a la situación anterior en que no existía un procedimiento administrativo específico para estos supuestos más allá de la mera reclamación previa.

No encuentro justificación para entender que los efectos económicos del procedimiento deban limitarse a una retroacción de tres meses, porque no es un procedimiento de tramitación obligatoria para obtener el reconocimiento de la prestación, sino solamente un cauce procedimental para resolver las discrepancias sobre la contingencia que se venían produciendo asiduamente. Pero la prestación de incapacidad temporal sigue rigiéndose por el principio de oficialidad y por tanto no le es aplicable ningún plazo de retroacción de efectos económicos a las reclamaciones, tanto si reclaman el pago completo de la prestación omitido como si reclaman diferencias. El procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 tiene el valor de una reclamación previa, como dice expresamente su número ocho, no es una solicitud inicial tardía, que por lo demás no existe en el ámbito de la prestación de incapacidad temporal.

Baste observar que el procedimiento no solamente se inicia por el beneficiario, sino que también puede iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina, o bien a instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

No parece sostenible la aplicación de un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses cuando el derecho de las empresas, entidades colaboradoras o gestoras al reintegro de prestaciones indebidas prescribe a los cuatro años por previsión legal expresa ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Y si eso es así no creo que exista justificación para aplicar un plazo de retroacción de efectos económicos de tres meses a las solicitudes de determinación de contingencia de los beneficiarios y sin embargo solamente un plazo de prescripción de cuatro años para las solicitudes de las mutuas o empresas o los procedimientos iniciados de oficio por la entidad gestora.

NOVENO.-Por tanto existen dos regímenes diferenciados de la prescripción y efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones.

El primero se aplica a las prestaciones que exigen tramitar un procedimiento administrativo que termina con una resolución de reconocimiento. En estos casos existe un plazo de prescripción de cinco años con carácter general, siendo imprescriptible el reconocimiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones de muerte y supervivencia (excepto el auxilio de defunción). Por el contrario, una vez reconocida la prestación, el derecho a modificar la cuantía reconocida no prescribe nunca. Ese régimen de prescripción de la resolución de reconocimiento o de fijación de la cuantía se combina con una limitación de los efectos retroactivos de la resolución cuando se haya presentado fuera de plazo, de manera que los efectos económicos solamente se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud extemporánea, tanto si se trata del reconocimiento inicial como de la modificación de la cuantía inicialmente reconocida (salvo ley especial, como ocurre en el caso de las prestaciones por desempleo). Se excepciona, como hemos visto, la retroacción a la fecha del hecho causante en el caso de prestaciones denegadas por razones discriminatorias o vulneradoras de otros derechos fundamentales.

El segundo se aplica a las prestaciones que deben ser abonadas en su cuantía correcta de manera automática por la entidad gestora o colaboradora (o, en su caso, por el empresario que colabora en la gestión de la Seguridad Social, de forma obligatoria o voluntaria). En estas prestaciones, regidas por el principio de oficialidad, no existe solicitud inicial del beneficiario ni resolución administrativa de reconocimiento de la misma. Por tanto solamente cabe aplicar un plazo de prescripción unitario al reconocimiento y a los efectos económicos, sin que sea aplicable la limitación de retroacción de los efectos económicos a tres meses.

DÉCIMO.-El problema por tanto se contrae a determinar cuál sea ese plazo de prescripción de las prestaciones no sujetas a tramitación de procedimiento administrativo que termine con una resolución de reconocimiento.

A este respecto hay que recordar que el artículo 54 LGSS, bajo el título "caducidad", regula en realidad la prescripción de los derechos económicos de las prestaciones ya reconocidas. En ese sentido diferencia:

a) Prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, a las que el plazo de prescripción se aplica "desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión".

b) Prestaciones periódicas, a las que el plazo de prescripción se aplica desde el vencimiento de cada mensualidad.

Observemos que la regulación de la LGSS es paralela a la contenida en el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, en relación con los derechos frente a la Hacienda Pública, diferencia entre:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de una obligación;

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.

Así, mientras que el artículo 53 LGSS regula la prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación prestacional (supuesto del artículo 25.1.a LGP) , el artículo 54 LGSS regula la prescripción del derecho al abono de las prestaciones ya reconocidas (supuesto del artículo 25.1.b LGP) .

Ahora bien, en el caso de prestaciones en las que rige el principio de oficialidad, como es el caso de la incapacidad temporal, al no existir un acto administrativo de reconocimiento, lo que ocurre es que solamente se aplicaría el régimen de prescripción relativo al pago, esto es, el del artículo 54 LGSS o 25.1.b LGP. Por el contrario no les es aplicable toda la regulación del artículo 53 LGSS (esto es, 25.1.a LGP) , tanto en lo relativo al plazo de prescripción del reconocimiento como lo relativo a la limitación de la retroacción de los efectos económicos de tres meses.

DECIMOPRIMERO.-Lo anterior implicaría a priori que el plazo de prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal y de sus diferencias sería exclusivamente el previsto en el artículo 54 LGSS referido a cada una de las mensualidades, esto es, de un año. Sin embargo a mi juicio esto no es así, porque debería aplicarse el plazo de cuatro años establecido en el artículo 25.1.b LGP.

Esto es así porque a mi juicio sigue vigente el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, según el cual en materia de Seguridad Social se aplicarían los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. En concreto el artículo 46.1 de aquella Ley General Presupuestaria de 1977 decía:

"Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Esta norma pasó después al artículo 46.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 y finalmente al artículo 25, ya analizado, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que ha fijado el plazo de prescripción de las obligaciones ya reconocidas a cargo de la Hacienda Pública en cuatro años. Por eso entiendo que ese sería el plazo aplicable en lugar del regulado en el artículo 54 LGSS.

DECIMOSEGUNDO.-Debemos recordar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 tenía expresamente vigencia indefinida y no ha sido derogado nunca. Lo que ha ocurrido es que no fue recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, ni tampoco en el posterior texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, pero ello no impide su aplicación por cuanto:

A) En nuestro Derecho no se admite la desuetudo como forma de pérdida de vigencia de las normas legales y reglamentarias;

B) La incorrecta refundición en los textos de las LGSS de 1994 y 2015 no supone sino un "ultra vires" que los órganos judiciales deben corregir e inaplicar de oficio, puesto que nada autorizaba al Gobierno en su labor refundidora a dar por derogado aquel precepto, sin que la nulidad del Decreto de refundición prescriba por el transcurso del tiempo.

Por otra parte no podemos olvidar que el artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 no solamente determinaba la aplicación en materia de prestaciones de Seguridad Social del artículo 46 (hoy 25) LGP, sino también del artículo 45 (hoy 24) LGP, referente a los intereses de demora de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Según ese artículo 45 (hoy 24) la Hacienda Pública debe pagar intereses de demora solamente desde que la obligación está reconocida en vía administrativa o por resolución judicial, exclusivamente si el abono no se produce en el plazo de tres meses desde ese reconocimiento administrativo o judicial y además el interés aplicable es el legal del dinero, sin el incremento de dos puntos previsto en su momento en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy recogido en el artículo 576.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la regulación de los intereses de demora de la LEC a las obligaciones prestacionales, sino el régimen de la LGP, con las tres consecuencias descritas (no aplicación de intereses a obligaciones no reconocidas, plazo de tres meses para el cumplimiento del pago desde el reconocimiento evitando así la imposición de intereses y no aplicación del incremento de dos puntos sobre el interés legal del dinero). Y ese pronunciamiento se hizo, precisamente, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Así se dijo a partir de dos sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1991 ( ECLI:ES:TS:1991:13335 y ECLI:ES:TS:1991:5153), seguidas por sentencias de 27 de abril de 1993 (rcud 2270/1992), 29 de abril de 1993 (rcud 999/1992), 14 de julio de 1993 (rcud 2665/1992), 27 de octubre de 1993 (rcud 2803/1992), 9 de febrero de 1994 (rcud 3861/1992), 19 de junio de 1995 (rcud 3623/1994) ó 17 de enero de 1996 (rcud 1221/1995).

Tras la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la jurisprudencia de la Sala Cuarta mantuvo la aplicación a las obligaciones de pago de prestaciones de Seguridad Social el régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública.

Así por ejemplo la STS 24-9-2003, rcud 3969/2002, dijo:

"Sostiene el Servicio Andaluz de Salud que la sentencia recurrida, al condenarle a abonar intereses de demora incrementados en dos puntos, como previene el párrafo cuarto del art. 921 de la LEC de 1.881 ( art. 576.1 actual) ha infringido el párrafo quinto de dicho precepto y los artículos 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria y 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y así es, en efecto. Pues, de acuerdo con la doctrina unificada de esta Sala, el Servicio Andaluz de Salud está exento del citado incremento tanto en su condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social, como en la de organismo integrado en la Hacienda Publica andaluza.

La inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del art. 921 LEC ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado, entre otras, en las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27- 10-93 (rec.2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 (rec.1221/95) y, finalmente, en la de 2-96 (rec. 1151/95) referida al propio Servicio Andaluz de Salud, aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7 de la Ley 33/87 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. Criterio por cierto coincidente con el sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que "las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social, son Entidades de derecho público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social ( art. 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre) con sujeción, como ha puesto de manifiesto la representación del INSS, a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre)".

(...) Por lo que se refiere a las Haciendas autonómicas, las sentencias de 5-11-96 (rec. 1459/96) y 6-11-96 (rec. 1469/96) exoneraron ya del incremento del art. 921.4 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; incluso, la primera de ellas alude expresamente a la Comunidad Autónoma Andaluza y razona sobre la similitud de las previsiones de los artículos 39.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y art. 61 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Razonan dichas sentencias que además del argumento de interpretación gramatical que surge de esa similitud, la solución se completa "con un argumento de interpretación finalista que atiende a la razón de ser de dicho régimen especial de pago del art. 45 LGP. Tal razón de ser no es otra que la complejidad administrativa de la Hacienda estatal, derivada del número, dispersión geográfica y diversidad de sus acreedores. A escala menor, ésta finalidad de la norma también concurre, a la vista de su extensión territorial y de la amplitud de sus atribuciones, en la Hacienda de las Comunidades Autónomas."

Cabe destacar que dicha doctrina unificada encuentra en la actualidad sólido apoyo en la redacción del art. 576.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000 que al establecer la excepción a la regla general de incremento del interés de la mora procesal en dos puntos del número 1, no mantiene el tenor del anterior art. 921.5 que se refería a "las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria", sino que se remite a "las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas". Expresión mas amplia y acorde con la actual configuración del Estado muy distinta a la existente cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil de 1881 y con las previsiones de los Estatutos de Autonomía aprobados mediante las preceptivas leyes orgánicas por las Cortes Generales..."

O también, por ejemplo, la STS 25-10-2005, rcud 1693/2004:

"Alega la recurrente infracción del artículo 576.3º de la Ley de Enjuiciamiento civil , en relación con el artículo 45 y 36.2 de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 213 de Septiembre. Como razona la sentencia de contraste, la inaplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social del párrafo 4º del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido doctrina constante de la Sala. Así lo había declarado entre otras, las sentencias de 7-10-91 (rec. 865/91 ), 27-4-93 (rec. 2270/92), 29-4-93 (rec. 999/92), 14-7-93 (rec. 2665/92), 27-10-93 (rec. 2803/92), 9-2-94 ( 3861/92), 19-6-95 (rec. 3623/94), 17-1-96 rec. 1221/95 ), aplicando la norma de vigencia indefinida contenida en el artículo 13.7º de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 , que declara aplicable al Patrimonio de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria . Criterio coincidente con el de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1992 de 14 de septiembre que establece que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad, son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social, artículo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre , con sujeción a una normativa progresivamente coincidente con el régimen jurídico de la Administración del Estado. Se justifica así que gocen del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales ( art. 38 de la Ley General de Seguridad Social ), con la consiguiente exención de constituir depósitos o consignaciones para recurrir en suplicación ( arts. 14, 154 y 180 de la LPL de 1980 ) y que se les asimile a la Hacienda Pública en punto a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria ( apartado 7 in fine de la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre , y del art. 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre )."

Aún más, la aplicación a las prestaciones de Seguridad Social de ese régimen legal de los intereses de la Hacienda Pública se ha mantenido recientemente cuando, a diferencia de lo que ocurre con las deudas jurídico-privadas, se ha dicho que para que se inicie el devengo de intereses es preciso un reconocimiento administrativo o judicial del derecho prestacional ( sentencia del pleno de esta Sala Cuarta 290/2025, de 8 de abril, rcud 1818/2023 y las que siguen).

Pues bien, no veo ninguna justificación razonable para que entendamos aplicable el artículo 24 LGP a partir de aquella lejana Ley 33/1987, confiriendo a los intereses de demora a cargo de las entidades gestoras y colaboradoras el régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública y, paradójicamente, no hagamos lo propio con el artículo 25.1.b LGP en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones prestacionales a cargo de la Seguridad Social. Esa justificación solamente existe para el caso de la prescripción del derecho al reconocimiento de prestaciones (con los tres meses de retroacción), debido a que con posterioridad a la Ley 33/1987 se dictó la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, cuya disposición final 3.1 dio nueva redacción al número primero del artículo 43 de la LGSS/94 (hoy recogida en el artículo 53 LGSS/2015) y que por tanto sustituye a la remisión que la Ley 33/1987 vendría a hacer al artículo 25.1.a LGP. Sin embargo desde la Ley 33/1987 no se ha dictado ninguna nueva norma con rango de Ley que, de manera análoga a lo que ocurre con el artículo 53 LGSS, justificara la aplicación de lo que dice el texto del artículo 54 LGSS, salvando aquel defecto de refundición cometido ya en el Real Decreto Legislativo 1/1994.

Por tanto en materia de la prescripción y efectos económicos de los actos de reconocimiento de prestaciones se aplicaría el artículo 53 LGSS, pero en relación con la prescripción de las obligaciones de pago ya reconocidas, tanto de prestaciones a tanto alzado como de tracto sucesivo, se aplicaría el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1.b LGP, tomando como dies a quo la fecha de reconocimiento en el caso de las prestaciones a tanto alzado y la fecha de pago de cada mensualidad en el caso de las prestaciones de tracto sucesivo.

DECIMOTERCERO.-La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica.

Llamo la atención de que la adopción de este régimen prescriptivo de cuatro años supone equiparar el plazo de prescripción que juega en contra del beneficiario con aquel otro que juega en contra de la entidad gestora, mutua o empresa colaboradora para el reintegro de las prestaciones indebidas ( artículos 55.3 LGSS y 146.3 LRJS) . Mantener una interpretación según la cual al beneficiario se le aplica un régimen diferente y más desfavorable (de tres meses de retroacción de efectos o de un año de prescripción) implica admitir una diferencia de trato no justificada y en todo caso desproporcionada, por tanto de dudosa constitucionalidad. La interpretación que yo sostengo, por el contrario, remedia dicha diferencia de trato y por tanto es la interpretación compatible con los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. Por ello, en mi opinión, es la que debiéramos adoptar.

DECIMOCUARTO.-Una consecuencia adicional de todo lo hasta aquí expuesto sería la corrección igualmente de la doctrina de la Sala referida a las mejoras de prestaciones a cargo de las empresas en sus diversas modalidades de mejoras directas de los artículos 238.1.a y siguientes LGSS.

Soy consciente de que en este ámbito la doctrina que aplica a las mejoras de prestaciones el plazo de prescripción de cinco años del actual artículo 53.1 LGSS es ya muy antigua ( SSTS 10-4-1989, ECLI:ES:TS:1989:2404; 25-9-1995, rcud 3721/1994; 13-7-1998, rcud. 3889/1987; 16-9-1998, rcud 4085/1997; 26-04-2007, rcud 1373/2006...), pero me parece que si partimos de que la regulación de esta materia, que se refleja en dicho artículo 53.1 LGSS y también en el artículo 54, según se ha visto, es de naturaleza presupuestaria y de aplicación a las Haciendas Públicas, entonces, al menos en el caso de empresas puramente privadas y ajenas al sector público, no existiría justificación para aplicar dicha regulación a las mejoras directas de prestaciones. Por otra parte en este ámbito no existen procedimientos administrativos para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones que permitan diferenciar entre la prescripción del derecho al reconocimiento y del derecho al pago, ya que estamos fuera del artículo 129.1 LGSS y no se aplica la legislación de procedimiento administrativo.

En ese supuesto las mejoras directas establecidas en las empresas deben sujetarse en cuanto al régimen de prescripción al Derecho Privado, esto es:

A) A las instrumentadas (de forma preceptiva o voluntaria) mediante contratos de seguro se les aplicaría el plazo de cinco años del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, puesto que siempre serían seguros de personas, ya que el seguro de responsabilidad civil no puede conceptuarse como mejora de prestaciones y seguiría otro régimen.

B) A las instrumentadas mediante planes de pensiones a través de las previsiones del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se les aplicaría el régimen de prescripción propio de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones. Al no estar regulada expresamente en la ley, la norma aplicable probablemente fuera (a falta de un estudio más detallado) el artículo 1964.2 del Código Civil, con lo cual el plazo sería también de cinco años.

C) Finalmente a las mejoras a cargo directamente de las empresas se les aplicaría el plazo de prescripción de un año del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, ya que dicho precepto no solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza salarial, sino a todo tipo de obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

DECIMOQUINTO.-Con ello igualmente habría de corregirse la doctrina de la Sala relativa a las mejoras de incapacidad temporal a cargo de las empresas. En este ámbito la Sala ha considerado aplicable el plazo de prescripción de cinco años, pero igualmente el de retroacción de efectos económicos de tres meses desde la solicitud. Así en SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud. 487/2022), 673/2024 de 8 de mayo (rcud 374/2022), 99/2025 de 5 de febrero (rcud 4445/2022), 105/2025 de 6 de febrero (rcud 5047/2022) y muchas otras. Sin embargo a mi juicio en ningún caso sería aplicable el plazo de tres meses de retroacción de tres meses, puesto que en definitiva son mejoras de una prestación como es la incapacidad temporal que se rige por el principio de oficialidad. Pero además, al tratarse de mejoras directas de prestaciones habría que aplicar, al menos cuando se trate de obligaciones a cargo de entidades a las que no se le aplica la Ley General Presupuestaria, el plazo de prescripción de un año a cada mensualidad cuando la mejora corra a cargo directamente de la empresa empleadora o de cinco años cuando se haya externalizado mediante un contrato de seguro.

Mi opinión por tanto es que la Sala debiera emprender una corrección de su doctrina en diversos ámbitos, todos ellos relativos a la prescripción y los efectos económicos de las reclamaciones de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras prestacionales a cargo de las empresas, incluido el supuesto que aquí nos ocupa, en el que simplemente deberíamos aplicar un plazo prescriptivo de cuatro años a las diferencias prestacionales derivadas de la recalificación de la contingencia.

Una vez expresada mi opinión en este voto particular, siendo consciente de su carácter minoritario, va de suyo que me atengo al criterio mayoritario de la Sala, sin necesidad de reiterar votos particulares en cada asunto que se plantee en el futuro sobre estas cuestiones. Sin embargo conservo la expectativa de que un proceso de reflexión del conjunto de la Sala pueda llevar a una corrección, total o parcial, de la doctrina vigente en el sentido que apunto en este voto.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2025