Sentencia Social 644/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2575/2023 de 26 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petitapor haber modificado la base reguladora de la prestación de jubilación contenida en el fallo por otra a través de auto de aclaración de sentencia a instancia del INSS.

2.La parte demandante, don Jose Carlos ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2022 y auto aclaratorio de fecha 19 de enero de 2023, dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 592/2022.

3.Según recoge la sentencia recurrida y en lo que ahora interesa, el actor, nacido el NUM000.1958, solicitó el 26.07.2021 pensión de jubilación anticipada y por Resolución de 6.08.2021 se le denegó por no cumplir el requisito legalmente exigido para acceder a la jubilación anticipada de encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, al amparo del art. 207. 1.b) de la LGSS. Interpuesta reclamación previa frente a la misma en fecha 13.08.2021, fue desestimada por Resolución de 3.09.2021. El actor, tras el cese de su relación laboral en fecha 14.07.2020 (despido reconocido como improcedente, por acta de conciliación aprobada en los autos 951/2020 del Juzgado de los social núm. 30 de Madrid), estuvo de baja médica en el periodo de 1.08.2020 a 28.02.2021 y, con fecha 1.03.2021, tras alta médica, pasó a situación de desempleo, percibiendo la prestación correspondiente. Con fecha de efectos de 20.11.2021 se le reconoció al actor pensión de jubilación sobre la base reguladora de 2.788,79 euros y un porcentaje del 92,50%. El juzgado le desestimó la demanda. El actor recurrió en suplicación.

4.La Sala de suplicación estimó el recurso de suplicación al considerar que la exigencia de estar inscrito durante los seis meses antes de la solicitud de jubilación debía flexibilizarse, habida cuenta la situación de incapacidad temporal, situación que se prorrogó hasta el mes de febrero de 2021, de modo que reconoció la prestación de jubilación solicitada en fecha 26 de julio de 2021. Por auto de 19 de enero de 2023, atendiendo al art. 214.3 de la LEC, accedió a lo que denominó "corrección del error mecanográfico" contenido en el Fundamento de Derecho sexto in fine y en el fallo de la sentencia, en el sentido de hacer constar que la base reguladora de la pensión de jubilación reconocida al actor era la de 2.788,79 euros conforme a la Resolución del INSS con fecha de efectos de 20 de noviembre de 2021 (que no la de 2.824,58 euros pedida en demanda). Contra dicho auto se interpuso recurso de aclaración y complemento de sentencia por el demandante y por auto de fecha 1 de febrero de 2023 se rechazó la pretensión de aclaración planteada por el beneficiario.

5.En el recurso de unificación de doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste seleccionada, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura 24/2023, de 13 de enero, recurso 675/2022.

6.En la sentencia referencial, al demandante, por carta de 1/03/2020, se le impuso una sanción por falta muy grave consistente en suspensión de empleo y sueldo durante 6 meses. El actor impugnó dicha sanción judicialmente y la sentencia de instancia declaró la misma nula y la dejó sin efecto. La sentencia referencial estima el recurso de la empresa en el que se alegaba la existencia de incongruencia extra petita,pues razona que la sentencia de instancia, sin haber sido alegado por la parte demandante y, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por las partes en litigio, declaró de oficio nula la sanción impuesta por entender que la carta de sanción adolecía de defectos formales. La parte demandante en ningún momento alegó que la sanción habría de declararse nula por defectos formales, sino que únicamente solicitó la revocación de la sanción impuesta por no ser ciertos los hechos que se le imputaban, ni ser constitutivos de falta alguna, posición procesal que se mantuvo en el acto de juicio, razón por la que la apreciación de oficio de dichos defectos formales había de calificarse como de incongruencia extra petita.En suma, se dijo que el órgano de instancia, de oficio, había modificado la propia causa petendi,el objeto del proceso, no por el hecho de calificar nula la sanción sino porque no existía alegato por parte de la demandante que sostuviese la causa de nulidad apreciada por el órgano de instancia, habiendo impedido a la empresa efectuar alegación o prueba alguna en relación al sustento de la nulidad decretada en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Como ha señalado esta Sala de manera reiterada (por todas, STS 150/2025, de 26 de febrero, rcud 3951/2023) el artículo 219.1 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo - una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". La contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. En todo caso, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, debiendo existir para apreciar la contradicción la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

2.La parte demandada, INSS, al impugnar, señala que no existe identidad ya que en el presente caso no existe una modificación sustancial de la causa petendi ya que la cuestión principal suscitada en el proceso ha quedado resuelta de acuerdo con lo pedido y discutido por las partes.

3.El Ministerio fiscal en su informe alega que los hechos son distintos y no equiparables a efectos de la contradicción en los términos que exige el art. 219 de la LRJS.

4.En el caso concreto, la parte actora estableció en el suplico de su demanda una base reguladora de 2.824,58 € y esa es la base reguladora que acoge la sentencia recurrida en el fallo al estimar el recurso de suplicación interpuesto por el beneficiario. Tras la petición de aclaración y rectificación del INSS, la Sala de suplicación consideró que incurrió en un error mecanográfico, ya que en los hechos probados de la sentencia del juzgado constaba que el INSS, con posterioridad a las resoluciones denegatorias de 6 de agosto de 2021 y 3 de septiembre de 2021, dictadas en vía administrativa, con efectos de 20 de noviembre de 2021 y una base reguladora de 2.788,79 euros, había reconocido la prestación, de forma que procedió a sustituir la base reguladora contenida en el fallo de 2.824,58 euros, por la de 2.788,79 euros.

5.No podemos apreciar contradicción, ya que en el caso de la recurrida, aun habiendo existido una petición expresa en demanda que abarcaba no solo la pretensión de la prestación de jubilación, sino también la de su base reguladora, lo cierto es que no se planteó en suplicación, la existencia de una incongruencia extra petita,como acontece en el caso de la referencial, donde la parte recurrente en suplicación alegó la existencia de incongruencia extra petitacometida por la sentencia del juzgado. En nuestro caso, la incongruencia extra petitase entiende producida con ocasión del auto que aclara la sentencia y, modifica la base reguladora que había fijado en el fallo.

Por ello, no podemos considerar que estemos ante una homogeneidad entre las supuestas infracciones procesales enfrentadas, en un caso, el haber establecido la Sala de suplicación (en la recurrida), a través de un auto de rectificación, como base reguladora la que se recoge en los hechos probados, resultado de una resolución del INSS que, finalmente, le reconoce la prestación de jubilación, frente a la pedida en demanda, sin que, por ello, la incongruencia extra petitahubiera sido objeto de debate en el recurso de suplicación, mientras que, en la referencial, sí fue objeto de debate en el recurso de suplicación, el hecho de que la sentencia de instancia acogiera una pretensión de nulidad de la sanción impuesta, cuando ello no fue planteado por la parte actora en su demanda.

TERCERO.- La falta de contradicción determina que la causa de inadmisión se convierta ahora en causa de desestimación, de conformidad a lo manifestado por el Ministerio fiscal.

No procede hacer pronunciamiento en constas de conformidad al art. 235 de la LRJS.