Sentencia Social 79/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 67/2024 de 28 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber razonado ni dado respuesta a determinadas alegaciones contenidas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación.

2.El 28 de agosto de 2019, la trabajadora demandante, ahora recurrente en casación unificadora, causó baja médica por incapacidad temporal, a cuyo agotamiento se inició expediente de incapacidad permanente, en el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución el 22 de abril de 2021 en la que denegó la prestación por no alcanzar sus lesiones un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. Tras la preceptiva reclamación previa interpuso demanda reclamando el reconocimiento de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La demanda fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid de 3 de febrero de 2023 (autos 1045/2021).

3.La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrieron en suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social. En su recurso los dos primeros motivos de suplicación, amparados en la letra b del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tenían por objeto la revisión de hechos probados. Después en el motivo tercero se denuncia la vulneración de la normativa aplicable para determinar la incapacidad, sosteniendo que la situación de la trabajadora no era incapacitante para su profesión. Y en el motivo cuarto, con igual amparo procesal, cuestiona por razones jurídicas la fecha de efectos económicos de la pensión fijada en el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Social.

La letrada Dª Susana Pedrosa Gómez, en nombre y representación de la trabajadora, impugnó el recurso, oponiéndose a todos sus motivos, incluidos los dos relativos a la revisión de hechos probados. En la impugnación del motivo tercero del recurso de la entidad gestora, amparado en la letra c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se incluyen diversas referencias a pruebas obrante en autos, esencialmente informes del expediente administrativo, pero no se llega a formular una pretensión de revisión fáctica al amparo del artículo 197.1 LRJS.

La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 610/2023, de 30 de octubre (rec. 178/2023), estimó el recurso, revocó la sentencia del Juzgado de lo Social y desestimó la demanda, dejando sin efecto el reconocimiento de la incapacidad permanente total.

4.La demandante recurre en casación unificadora invocando dos motivos de la letra e del artículo 207 LRJS. En el primero alega la infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 201 LRJS. Sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha incurrido en incongruencia omisiva porque "se han omitido las alegaciones emitidas en la impugnación del recurso de suplicación, incluyendo en el hecho probado décimo sexto, una cuestión que no fue objeto de debate en el pleito principal y que no fue sometida a prueba, pero además que es incierta, esto es, que no se impugnaron las bajas médicas posteriores al agotamiento de la incapacidad temporal que origina este proceso". En el segundo primero alega la infracción de los artículos 193 y 194 LGSS, planteando que las lesiones y limitaciones de la trabajadora debieron ser calificadas como constitutivas de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de vigilante.

Por providencia de 30 de mayo de 2025 se inadmitió el segundo motivo de casación, admitiéndose por providencia de 4 de junio de 2025 el recurso solamente respecto del primer motivo.

5.La entidad gestora impugna el recurso de casación unificadora, alegando que el recurso no contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por otra parte que no concurre contradicción porque la sentencia estimó la segunda revisión de hechos probados del recurso de suplicación y por tanto podía tomar en consideración el hecho revisado.

6.El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente la estimación del recurso. Entiende que no existe contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste porque en la de contraste se había instrumentado en el escrito de impugnación una pretensión de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS, la cual había quedado sin resolver por el Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, la 315/2023 dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo el 26 de abril de 2023 en el recurso 798/2020. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En el caso de la sentencia recurrida, sobre un supuesto de incapacidad permanente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid razona que debe valorarse si se ha producido una evolución de las dolencias desde el momento del dictamen del EVI (25 de febrero de 2021) y el momento del juicio oral en la instancia (1 de febrero de 2023) y por tanto realiza tal análisis en base a los hechos que constan probados, habiendo admitido previamente las dos revisiones fácticas instadas por la entidad gestora en sus dos primeros motivos de suplicación.

La primera de esas revisiones fácticas da cuenta de dos procesos de incapacidad temporal posteriores al dictamen propuesta del EVI (iniciados el 6 de julio y el 20 de agosto de 2021) y en concreto, por lo que aquí interesa, dice que fue dada de alta médica en ambos casos por el INSS por entender que se trataba de la misma patología que el proceso anterior, "sin que consten impugnadas ninguna de las resoluciones".

En el escrito de impugnación la trabajadora se había opuesto a la estimación del motivo en relación con este punto diciendo que aunque el INSS insiste en que no se impugnaron las altas de esos procesos, por las que no se le reconocieron efectos económicos, la entidad gestora recurrente "conoce o debería conocer que sí se han impugnado y que están a la espera de juicio (con la preceptiva reclamación administrativa) y tal como se aportaron en la solicitud de diligencias finales y que han quedado en autos".

El Tribunal Superior de Justicia, al fundamentar la estimación del primer motivo de revisión fáctica, dice que lo hace porque "resulta de los documentos invocados, sin elucubraciones ni conjeturas, los extremos que se pretenden consignar" y después añade que "es además relevante la circunstancia de que la actora fue dada de baja en ambos procesos por entender que se trataba de la misma patología; habiendo devenido firmes tales resoluciones".

En la resolución del tercer motivo el Tribunal Superior de Justicia, para valorar la evolución de las dolencias, toma en consideración una serie de informes médicos obrantes en autos y que va citando con sus conclusiones, desde un informe de neurocirugía del postoperatorio de 22 de febrero de 2021 hasta un informe de psiquiatría del Hospital La Luz de 28 de junio de 2021. A la vista de la resultancia fáctica ofrecida por todos esos informes y teniendo en cuenta los requerimientos de la profesión habitual de la actora, vigilante de seguridad, dice que con la clínica que padece está capacitada para realizar con funcionalidad, rendimiento y eficacia las fundamentales tareas de su profesión, exenta de aquellos requerimientos para los que está limitada. Y todo ello valorando con detalle las distintas dolencias y limitaciones resultantes de los referidos informes médicos que constan en la sentencia de instancia como hechos probados y se enumeran. No se cita en el curso de todo este prolijo razonamiento el hecho de que las altas médicas de los dos procesos de incapacidad temporal de julio y agosto de 2021 (que además no fueron debidas a curación, sino a tratarse de la misma patología del anterior proceso agotado) no hubieran sido impugnadas, de manera que aquellas altas médicas ninguna relevancia final tienen en la decisión estimatoria del motivo (y del recurso).

3.En el caso de la sentencia de contraste, número 315/2023 dictada por esta Sala el 26 de abril de 2023 en el recurso de casación unificadora 798/2020, el Juzgado de lo Social había estimado la demanda y reconocido la prestación por incapacidad permanente total a la parte actora. La entidad gestora interpuso recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia revocó el reconocimiento del grado de incapacidad valorando las dolencias que figuraban en los hechos probados de la sentencia de instancia, pero sin hacer mención ni valorar los informes médicos aportados por las partes y sin resolver la revisión de hechos probados peticionada por la demandante en su escrito de impugnación del recurso de suplicación. La sentencia de esta Sala estima el recurso y anula la sentencia recurrida devolviendo las actuaciones a la Sala a quo para dictar nueva sentencia en el recurso de suplicación dando respuesta a todas las alegaciones formuladas por las partes en sus escritos de recurso y de impugnación. Fundamenta esta Sala su decisión en que "la existencia de incongruencia omisiva, por cuanto el escrito de impugnación del recurso de suplicación formulado por la demandante comienza por señalar, expresamente, en su apartado primero, que al amparo del art. 197. 1 LRJS solicita la parcial modificación del hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, para exponer seguidamente la redacción alternativa propuesta e identificar los concretos documentos médicos de los que a su juicio se desprende", añadiendo que "el citado precepto legal efectivamente admite que la parte recurrida pueda solicitar eventuales rectificaciones de hechos en su escrito de impugnación del recurso de suplicación, lo que obliga al órgano judicial a dar adecuada contestación a tales pretensiones, incurriendo en incongruencia omisiva cuando ignora absolutamente esas peticiones sin ofrecer el menor razonamiento del que pudiere desprenderse una posible respuesta denegatoria".

4.Entre ambos supuestos, según se observa, se produce una diferencia sustancial y es que en la sentencia referencial el Tribunal Superior de Justicia había dejado sin resolver una pretensión instrumentada en el escrito de impugnación del recurso por el cauce procesal del artículo 197.1 LRJS, mientras que en este supuesto en el escrito de impugnación la parte no ha seguido dicho cauce procesal.

Efectivamente, la estructura del recurso de suplicación sufrió una modificación muy relevante en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, respecto a la anterior regulación contenida en la Ley de Procedimiento Laboral (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995). La parte que ha vencido en la instancia en principio no está legitimada para recurrid la sentencia del Juzgado de lo Social, salvo que de alguna manera le produzca un gravamen. Pese a ello puede ocurrir que discrepe con la fundamentación de la misma en algún punto, discrepancia que pueda ser solamente relevante si la otra parte recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social.

En tal caso la parte que no ha recurrido la sentencia tiene dos opciones. Si simplemente quiere oponerse a la estimación del recurso por entender que los motivos de suplicación esgrimidos no son correctos ni atendibles, entonces le basta con argumentar sobre esos motivos y por qué no son correctos. Pero puede ocurrir que mantenga discrepancias con la sentencia que considere que pueden influir en el resultado del recurso de suplicación de la otra parte.

Esas discrepancias se pueden deber a que la sentencia del Juzgado de lo Social no haya incluido hechos probados que le parezcan relevantes para sostener el fallo dictado, o bien, al menos cuando se trata de la parte demandada, a que la sentencia del Juzgado haya desestimado motivos alegados oportunamente en la instancia para oponerse a la demanda, aunque después la haya desestimado por otros motivos.

Para tales casos la LRJS articula un cauce procesal en el artículo 197.1 LRJS para la parte recurrida, de manera que no es preciso que recurra la sentencia preventivamente, puesto que a priori no le produce gravamen, pero tampoco basta con que argumente su oposición a la estimación de los motivos de suplicación del recurso. Por el contrario lo que dice el artículo 197.1 LRJS es que el impugnante puede incluir en su escrito de impugnación pretensiones de rectificaciones de hechos probado, así como causas de oposición subsidiarias que no hubieran sido estimadas en la sentencia recurrida, junto a la posible alegación de motivos de inadmisibilidad del recurso de suplicación. Es decir, permite introducir pretensiones en el recurso destinadas a cualquiera de esas tres finalidades (inadmisión, revisión de hechos probados, desestimación de la demanda por otras causas no apreciadas en la sentencia y oportunamente alegadas) y en ese caso la Sala de suplicación está obligada a dar respuesta a esas pretensiones contenidas en el recurso de suplicación, con la consecuencia que proceda en cada caso, de manera que si se omite la respuesta a tales pretensiones entonces el Tribunal Superior incurrirá en incongruencia omisiva, con las consecuencias procesales que en cada caso proceda extraer de la misma.

En el caso de incluirse en el escrito de impugnación tales pretensiones, las mismas deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a los correspondientes motivos del recurso de suplicación por los números 2 y 3 del artículo 196 LRJS. En concreto, si en el escrito de impugnación del recurso se quiere incluir una pretensión de revisión de hechos probados eso significa que la misma debe formularse de manera expresa y cumplir con los requisitos del artículo 196.3 ("habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende"). Solamente en el caso de que la parte impugnante del recurso haya incluido en su escrito alguna de estas pretensiones amparadas en el artículo 197.1 LRJS, la parte recurrente quedará facultadas para presentar alegaciones respecto a las mismas dentro de los dos días siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnación, conforme al artículo 197.2 LRJS.

La diferencia entre que la parte haya seguido el cauce procesal prescrito en el artículo 197.1 LRJS es sustancial, porque si lo ha seguido la Sala de suplicación está obligada a resolver sobre dichas pretensiones, mientras que si no lo ha seguido y se ha limitado a argumentar en contra de la estimación de los motivos de suplicación la Sala del Tribunal Superior de Justicia solamente debe resolver sobre esos motivos del recurso de suplicación. Para ello deberá tomar en consideración los argumentos del recurso y los de la impugnación, pero no está obligada a dar una respuesta desarrollada a cada uno de los argumentos en favor o en contra de un motivo de suplicación, bastando con que fundamente su decisión. La corrección o incorrección de esa decisión estimatoria o desestimatoria es ya otra cuestión distinta, que nada tiene que ver con la incongruencia.

Así en este caso nos encontramos con que en el escrito de impugnación la parte recurrida se limitó a oponerse a la estimación del motivo primero de revisión de hechos probados argumentando al respecto, pero no instrumentó un motivo específico, expreso y separado de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS para introducir como hecho probado el hecho de que hubiera recurrido las resoluciones de alta médica de la entidad gestora y que esos recursos estuvieran pendientes de resolución. Si lo hubiera hecho nos encontraríamos a priori con un caso igual al de la sentencia de contraste, en el que la parte recurrida sí instrumentó en el escrito de impugnación del recurso de suplicación un motivo de revisión de hechos probados y la Sala de suplicación no dio respuesta al mismo.

Estamos por tanto ante una diferencia relevante entre ambos supuestos que impide finalmente apreciar la existencia de contradicción, lo que es determinante de la inadmisión del recurso, si bien debemos recordar que llegada esta fase procesal las causas de inadmisión se transforman en causa de desestimación del recurso.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber razonado ni dado respuesta a determinadas alegaciones contenidas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación.

2.El 28 de agosto de 2019, la trabajadora demandante, ahora recurrente en casación unificadora, causó baja médica por incapacidad temporal, a cuyo agotamiento se inició expediente de incapacidad permanente, en el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución el 22 de abril de 2021 en la que denegó la prestación por no alcanzar sus lesiones un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. Tras la preceptiva reclamación previa interpuso demanda reclamando el reconocimiento de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La demanda fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid de 3 de febrero de 2023 (autos 1045/2021).

3.La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrieron en suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social. En su recurso los dos primeros motivos de suplicación, amparados en la letra b del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tenían por objeto la revisión de hechos probados. Después en el motivo tercero se denuncia la vulneración de la normativa aplicable para determinar la incapacidad, sosteniendo que la situación de la trabajadora no era incapacitante para su profesión. Y en el motivo cuarto, con igual amparo procesal, cuestiona por razones jurídicas la fecha de efectos económicos de la pensión fijada en el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Social.

La letrada Dª Susana Pedrosa Gómez, en nombre y representación de la trabajadora, impugnó el recurso, oponiéndose a todos sus motivos, incluidos los dos relativos a la revisión de hechos probados. En la impugnación del motivo tercero del recurso de la entidad gestora, amparado en la letra c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se incluyen diversas referencias a pruebas obrante en autos, esencialmente informes del expediente administrativo, pero no se llega a formular una pretensión de revisión fáctica al amparo del artículo 197.1 LRJS.

La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 610/2023, de 30 de octubre (rec. 178/2023), estimó el recurso, revocó la sentencia del Juzgado de lo Social y desestimó la demanda, dejando sin efecto el reconocimiento de la incapacidad permanente total.

4.La demandante recurre en casación unificadora invocando dos motivos de la letra e del artículo 207 LRJS. En el primero alega la infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 201 LRJS. Sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha incurrido en incongruencia omisiva porque "se han omitido las alegaciones emitidas en la impugnación del recurso de suplicación, incluyendo en el hecho probado décimo sexto, una cuestión que no fue objeto de debate en el pleito principal y que no fue sometida a prueba, pero además que es incierta, esto es, que no se impugnaron las bajas médicas posteriores al agotamiento de la incapacidad temporal que origina este proceso". En el segundo primero alega la infracción de los artículos 193 y 194 LGSS, planteando que las lesiones y limitaciones de la trabajadora debieron ser calificadas como constitutivas de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de vigilante.

Por providencia de 30 de mayo de 2025 se inadmitió el segundo motivo de casación, admitiéndose por providencia de 4 de junio de 2025 el recurso solamente respecto del primer motivo.

5.La entidad gestora impugna el recurso de casación unificadora, alegando que el recurso no contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por otra parte que no concurre contradicción porque la sentencia estimó la segunda revisión de hechos probados del recurso de suplicación y por tanto podía tomar en consideración el hecho revisado.

6.El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente la estimación del recurso. Entiende que no existe contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste porque en la de contraste se había instrumentado en el escrito de impugnación una pretensión de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS, la cual había quedado sin resolver por el Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, la 315/2023 dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo el 26 de abril de 2023 en el recurso 798/2020. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En el caso de la sentencia recurrida, sobre un supuesto de incapacidad permanente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid razona que debe valorarse si se ha producido una evolución de las dolencias desde el momento del dictamen del EVI (25 de febrero de 2021) y el momento del juicio oral en la instancia (1 de febrero de 2023) y por tanto realiza tal análisis en base a los hechos que constan probados, habiendo admitido previamente las dos revisiones fácticas instadas por la entidad gestora en sus dos primeros motivos de suplicación.

La primera de esas revisiones fácticas da cuenta de dos procesos de incapacidad temporal posteriores al dictamen propuesta del EVI (iniciados el 6 de julio y el 20 de agosto de 2021) y en concreto, por lo que aquí interesa, dice que fue dada de alta médica en ambos casos por el INSS por entender que se trataba de la misma patología que el proceso anterior, "sin que consten impugnadas ninguna de las resoluciones".

En el escrito de impugnación la trabajadora se había opuesto a la estimación del motivo en relación con este punto diciendo que aunque el INSS insiste en que no se impugnaron las altas de esos procesos, por las que no se le reconocieron efectos económicos, la entidad gestora recurrente "conoce o debería conocer que sí se han impugnado y que están a la espera de juicio (con la preceptiva reclamación administrativa) y tal como se aportaron en la solicitud de diligencias finales y que han quedado en autos".

El Tribunal Superior de Justicia, al fundamentar la estimación del primer motivo de revisión fáctica, dice que lo hace porque "resulta de los documentos invocados, sin elucubraciones ni conjeturas, los extremos que se pretenden consignar" y después añade que "es además relevante la circunstancia de que la actora fue dada de baja en ambos procesos por entender que se trataba de la misma patología; habiendo devenido firmes tales resoluciones".

En la resolución del tercer motivo el Tribunal Superior de Justicia, para valorar la evolución de las dolencias, toma en consideración una serie de informes médicos obrantes en autos y que va citando con sus conclusiones, desde un informe de neurocirugía del postoperatorio de 22 de febrero de 2021 hasta un informe de psiquiatría del Hospital La Luz de 28 de junio de 2021. A la vista de la resultancia fáctica ofrecida por todos esos informes y teniendo en cuenta los requerimientos de la profesión habitual de la actora, vigilante de seguridad, dice que con la clínica que padece está capacitada para realizar con funcionalidad, rendimiento y eficacia las fundamentales tareas de su profesión, exenta de aquellos requerimientos para los que está limitada. Y todo ello valorando con detalle las distintas dolencias y limitaciones resultantes de los referidos informes médicos que constan en la sentencia de instancia como hechos probados y se enumeran. No se cita en el curso de todo este prolijo razonamiento el hecho de que las altas médicas de los dos procesos de incapacidad temporal de julio y agosto de 2021 (que además no fueron debidas a curación, sino a tratarse de la misma patología del anterior proceso agotado) no hubieran sido impugnadas, de manera que aquellas altas médicas ninguna relevancia final tienen en la decisión estimatoria del motivo (y del recurso).

3.En el caso de la sentencia de contraste, número 315/2023 dictada por esta Sala el 26 de abril de 2023 en el recurso de casación unificadora 798/2020, el Juzgado de lo Social había estimado la demanda y reconocido la prestación por incapacidad permanente total a la parte actora. La entidad gestora interpuso recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia revocó el reconocimiento del grado de incapacidad valorando las dolencias que figuraban en los hechos probados de la sentencia de instancia, pero sin hacer mención ni valorar los informes médicos aportados por las partes y sin resolver la revisión de hechos probados peticionada por la demandante en su escrito de impugnación del recurso de suplicación. La sentencia de esta Sala estima el recurso y anula la sentencia recurrida devolviendo las actuaciones a la Sala a quo para dictar nueva sentencia en el recurso de suplicación dando respuesta a todas las alegaciones formuladas por las partes en sus escritos de recurso y de impugnación. Fundamenta esta Sala su decisión en que "la existencia de incongruencia omisiva, por cuanto el escrito de impugnación del recurso de suplicación formulado por la demandante comienza por señalar, expresamente, en su apartado primero, que al amparo del art. 197. 1 LRJS solicita la parcial modificación del hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, para exponer seguidamente la redacción alternativa propuesta e identificar los concretos documentos médicos de los que a su juicio se desprende", añadiendo que "el citado precepto legal efectivamente admite que la parte recurrida pueda solicitar eventuales rectificaciones de hechos en su escrito de impugnación del recurso de suplicación, lo que obliga al órgano judicial a dar adecuada contestación a tales pretensiones, incurriendo en incongruencia omisiva cuando ignora absolutamente esas peticiones sin ofrecer el menor razonamiento del que pudiere desprenderse una posible respuesta denegatoria".

4.Entre ambos supuestos, según se observa, se produce una diferencia sustancial y es que en la sentencia referencial el Tribunal Superior de Justicia había dejado sin resolver una pretensión instrumentada en el escrito de impugnación del recurso por el cauce procesal del artículo 197.1 LRJS, mientras que en este supuesto en el escrito de impugnación la parte no ha seguido dicho cauce procesal.

Efectivamente, la estructura del recurso de suplicación sufrió una modificación muy relevante en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, respecto a la anterior regulación contenida en la Ley de Procedimiento Laboral (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995). La parte que ha vencido en la instancia en principio no está legitimada para recurrid la sentencia del Juzgado de lo Social, salvo que de alguna manera le produzca un gravamen. Pese a ello puede ocurrir que discrepe con la fundamentación de la misma en algún punto, discrepancia que pueda ser solamente relevante si la otra parte recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social.

En tal caso la parte que no ha recurrido la sentencia tiene dos opciones. Si simplemente quiere oponerse a la estimación del recurso por entender que los motivos de suplicación esgrimidos no son correctos ni atendibles, entonces le basta con argumentar sobre esos motivos y por qué no son correctos. Pero puede ocurrir que mantenga discrepancias con la sentencia que considere que pueden influir en el resultado del recurso de suplicación de la otra parte.

Esas discrepancias se pueden deber a que la sentencia del Juzgado de lo Social no haya incluido hechos probados que le parezcan relevantes para sostener el fallo dictado, o bien, al menos cuando se trata de la parte demandada, a que la sentencia del Juzgado haya desestimado motivos alegados oportunamente en la instancia para oponerse a la demanda, aunque después la haya desestimado por otros motivos.

Para tales casos la LRJS articula un cauce procesal en el artículo 197.1 LRJS para la parte recurrida, de manera que no es preciso que recurra la sentencia preventivamente, puesto que a priori no le produce gravamen, pero tampoco basta con que argumente su oposición a la estimación de los motivos de suplicación del recurso. Por el contrario lo que dice el artículo 197.1 LRJS es que el impugnante puede incluir en su escrito de impugnación pretensiones de rectificaciones de hechos probado, así como causas de oposición subsidiarias que no hubieran sido estimadas en la sentencia recurrida, junto a la posible alegación de motivos de inadmisibilidad del recurso de suplicación. Es decir, permite introducir pretensiones en el recurso destinadas a cualquiera de esas tres finalidades (inadmisión, revisión de hechos probados, desestimación de la demanda por otras causas no apreciadas en la sentencia y oportunamente alegadas) y en ese caso la Sala de suplicación está obligada a dar respuesta a esas pretensiones contenidas en el recurso de suplicación, con la consecuencia que proceda en cada caso, de manera que si se omite la respuesta a tales pretensiones entonces el Tribunal Superior incurrirá en incongruencia omisiva, con las consecuencias procesales que en cada caso proceda extraer de la misma.

En el caso de incluirse en el escrito de impugnación tales pretensiones, las mismas deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a los correspondientes motivos del recurso de suplicación por los números 2 y 3 del artículo 196 LRJS. En concreto, si en el escrito de impugnación del recurso se quiere incluir una pretensión de revisión de hechos probados eso significa que la misma debe formularse de manera expresa y cumplir con los requisitos del artículo 196.3 ("habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende"). Solamente en el caso de que la parte impugnante del recurso haya incluido en su escrito alguna de estas pretensiones amparadas en el artículo 197.1 LRJS, la parte recurrente quedará facultadas para presentar alegaciones respecto a las mismas dentro de los dos días siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnación, conforme al artículo 197.2 LRJS.

La diferencia entre que la parte haya seguido el cauce procesal prescrito en el artículo 197.1 LRJS es sustancial, porque si lo ha seguido la Sala de suplicación está obligada a resolver sobre dichas pretensiones, mientras que si no lo ha seguido y se ha limitado a argumentar en contra de la estimación de los motivos de suplicación la Sala del Tribunal Superior de Justicia solamente debe resolver sobre esos motivos del recurso de suplicación. Para ello deberá tomar en consideración los argumentos del recurso y los de la impugnación, pero no está obligada a dar una respuesta desarrollada a cada uno de los argumentos en favor o en contra de un motivo de suplicación, bastando con que fundamente su decisión. La corrección o incorrección de esa decisión estimatoria o desestimatoria es ya otra cuestión distinta, que nada tiene que ver con la incongruencia.

Así en este caso nos encontramos con que en el escrito de impugnación la parte recurrida se limitó a oponerse a la estimación del motivo primero de revisión de hechos probados argumentando al respecto, pero no instrumentó un motivo específico, expreso y separado de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS para introducir como hecho probado el hecho de que hubiera recurrido las resoluciones de alta médica de la entidad gestora y que esos recursos estuvieran pendientes de resolución. Si lo hubiera hecho nos encontraríamos a priori con un caso igual al de la sentencia de contraste, en el que la parte recurrida sí instrumentó en el escrito de impugnación del recurso de suplicación un motivo de revisión de hechos probados y la Sala de suplicación no dio respuesta al mismo.

Estamos por tanto ante una diferencia relevante entre ambos supuestos que impide finalmente apreciar la existencia de contradicción, lo que es determinante de la inadmisión del recurso, si bien debemos recordar que llegada esta fase procesal las causas de inadmisión se transforman en causa de desestimación del recurso.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber razonado ni dado respuesta a determinadas alegaciones contenidas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación.

2.El 28 de agosto de 2019, la trabajadora demandante, ahora recurrente en casación unificadora, causó baja médica por incapacidad temporal, a cuyo agotamiento se inició expediente de incapacidad permanente, en el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución el 22 de abril de 2021 en la que denegó la prestación por no alcanzar sus lesiones un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. Tras la preceptiva reclamación previa interpuso demanda reclamando el reconocimiento de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La demanda fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid de 3 de febrero de 2023 (autos 1045/2021).

3.La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrieron en suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social. En su recurso los dos primeros motivos de suplicación, amparados en la letra b del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tenían por objeto la revisión de hechos probados. Después en el motivo tercero se denuncia la vulneración de la normativa aplicable para determinar la incapacidad, sosteniendo que la situación de la trabajadora no era incapacitante para su profesión. Y en el motivo cuarto, con igual amparo procesal, cuestiona por razones jurídicas la fecha de efectos económicos de la pensión fijada en el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Social.

La letrada Dª Susana Pedrosa Gómez, en nombre y representación de la trabajadora, impugnó el recurso, oponiéndose a todos sus motivos, incluidos los dos relativos a la revisión de hechos probados. En la impugnación del motivo tercero del recurso de la entidad gestora, amparado en la letra c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se incluyen diversas referencias a pruebas obrante en autos, esencialmente informes del expediente administrativo, pero no se llega a formular una pretensión de revisión fáctica al amparo del artículo 197.1 LRJS.

La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 610/2023, de 30 de octubre (rec. 178/2023), estimó el recurso, revocó la sentencia del Juzgado de lo Social y desestimó la demanda, dejando sin efecto el reconocimiento de la incapacidad permanente total.

4.La demandante recurre en casación unificadora invocando dos motivos de la letra e del artículo 207 LRJS. En el primero alega la infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 201 LRJS. Sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha incurrido en incongruencia omisiva porque "se han omitido las alegaciones emitidas en la impugnación del recurso de suplicación, incluyendo en el hecho probado décimo sexto, una cuestión que no fue objeto de debate en el pleito principal y que no fue sometida a prueba, pero además que es incierta, esto es, que no se impugnaron las bajas médicas posteriores al agotamiento de la incapacidad temporal que origina este proceso". En el segundo primero alega la infracción de los artículos 193 y 194 LGSS, planteando que las lesiones y limitaciones de la trabajadora debieron ser calificadas como constitutivas de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de vigilante.

Por providencia de 30 de mayo de 2025 se inadmitió el segundo motivo de casación, admitiéndose por providencia de 4 de junio de 2025 el recurso solamente respecto del primer motivo.

5.La entidad gestora impugna el recurso de casación unificadora, alegando que el recurso no contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por otra parte que no concurre contradicción porque la sentencia estimó la segunda revisión de hechos probados del recurso de suplicación y por tanto podía tomar en consideración el hecho revisado.

6.El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente la estimación del recurso. Entiende que no existe contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste porque en la de contraste se había instrumentado en el escrito de impugnación una pretensión de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS, la cual había quedado sin resolver por el Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, la 315/2023 dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo el 26 de abril de 2023 en el recurso 798/2020. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En el caso de la sentencia recurrida, sobre un supuesto de incapacidad permanente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid razona que debe valorarse si se ha producido una evolución de las dolencias desde el momento del dictamen del EVI (25 de febrero de 2021) y el momento del juicio oral en la instancia (1 de febrero de 2023) y por tanto realiza tal análisis en base a los hechos que constan probados, habiendo admitido previamente las dos revisiones fácticas instadas por la entidad gestora en sus dos primeros motivos de suplicación.

La primera de esas revisiones fácticas da cuenta de dos procesos de incapacidad temporal posteriores al dictamen propuesta del EVI (iniciados el 6 de julio y el 20 de agosto de 2021) y en concreto, por lo que aquí interesa, dice que fue dada de alta médica en ambos casos por el INSS por entender que se trataba de la misma patología que el proceso anterior, "sin que consten impugnadas ninguna de las resoluciones".

En el escrito de impugnación la trabajadora se había opuesto a la estimación del motivo en relación con este punto diciendo que aunque el INSS insiste en que no se impugnaron las altas de esos procesos, por las que no se le reconocieron efectos económicos, la entidad gestora recurrente "conoce o debería conocer que sí se han impugnado y que están a la espera de juicio (con la preceptiva reclamación administrativa) y tal como se aportaron en la solicitud de diligencias finales y que han quedado en autos".

El Tribunal Superior de Justicia, al fundamentar la estimación del primer motivo de revisión fáctica, dice que lo hace porque "resulta de los documentos invocados, sin elucubraciones ni conjeturas, los extremos que se pretenden consignar" y después añade que "es además relevante la circunstancia de que la actora fue dada de baja en ambos procesos por entender que se trataba de la misma patología; habiendo devenido firmes tales resoluciones".

En la resolución del tercer motivo el Tribunal Superior de Justicia, para valorar la evolución de las dolencias, toma en consideración una serie de informes médicos obrantes en autos y que va citando con sus conclusiones, desde un informe de neurocirugía del postoperatorio de 22 de febrero de 2021 hasta un informe de psiquiatría del Hospital La Luz de 28 de junio de 2021. A la vista de la resultancia fáctica ofrecida por todos esos informes y teniendo en cuenta los requerimientos de la profesión habitual de la actora, vigilante de seguridad, dice que con la clínica que padece está capacitada para realizar con funcionalidad, rendimiento y eficacia las fundamentales tareas de su profesión, exenta de aquellos requerimientos para los que está limitada. Y todo ello valorando con detalle las distintas dolencias y limitaciones resultantes de los referidos informes médicos que constan en la sentencia de instancia como hechos probados y se enumeran. No se cita en el curso de todo este prolijo razonamiento el hecho de que las altas médicas de los dos procesos de incapacidad temporal de julio y agosto de 2021 (que además no fueron debidas a curación, sino a tratarse de la misma patología del anterior proceso agotado) no hubieran sido impugnadas, de manera que aquellas altas médicas ninguna relevancia final tienen en la decisión estimatoria del motivo (y del recurso).

3.En el caso de la sentencia de contraste, número 315/2023 dictada por esta Sala el 26 de abril de 2023 en el recurso de casación unificadora 798/2020, el Juzgado de lo Social había estimado la demanda y reconocido la prestación por incapacidad permanente total a la parte actora. La entidad gestora interpuso recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia revocó el reconocimiento del grado de incapacidad valorando las dolencias que figuraban en los hechos probados de la sentencia de instancia, pero sin hacer mención ni valorar los informes médicos aportados por las partes y sin resolver la revisión de hechos probados peticionada por la demandante en su escrito de impugnación del recurso de suplicación. La sentencia de esta Sala estima el recurso y anula la sentencia recurrida devolviendo las actuaciones a la Sala a quo para dictar nueva sentencia en el recurso de suplicación dando respuesta a todas las alegaciones formuladas por las partes en sus escritos de recurso y de impugnación. Fundamenta esta Sala su decisión en que "la existencia de incongruencia omisiva, por cuanto el escrito de impugnación del recurso de suplicación formulado por la demandante comienza por señalar, expresamente, en su apartado primero, que al amparo del art. 197. 1 LRJS solicita la parcial modificación del hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, para exponer seguidamente la redacción alternativa propuesta e identificar los concretos documentos médicos de los que a su juicio se desprende", añadiendo que "el citado precepto legal efectivamente admite que la parte recurrida pueda solicitar eventuales rectificaciones de hechos en su escrito de impugnación del recurso de suplicación, lo que obliga al órgano judicial a dar adecuada contestación a tales pretensiones, incurriendo en incongruencia omisiva cuando ignora absolutamente esas peticiones sin ofrecer el menor razonamiento del que pudiere desprenderse una posible respuesta denegatoria".

4.Entre ambos supuestos, según se observa, se produce una diferencia sustancial y es que en la sentencia referencial el Tribunal Superior de Justicia había dejado sin resolver una pretensión instrumentada en el escrito de impugnación del recurso por el cauce procesal del artículo 197.1 LRJS, mientras que en este supuesto en el escrito de impugnación la parte no ha seguido dicho cauce procesal.

Efectivamente, la estructura del recurso de suplicación sufrió una modificación muy relevante en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, respecto a la anterior regulación contenida en la Ley de Procedimiento Laboral (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995). La parte que ha vencido en la instancia en principio no está legitimada para recurrid la sentencia del Juzgado de lo Social, salvo que de alguna manera le produzca un gravamen. Pese a ello puede ocurrir que discrepe con la fundamentación de la misma en algún punto, discrepancia que pueda ser solamente relevante si la otra parte recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social.

En tal caso la parte que no ha recurrido la sentencia tiene dos opciones. Si simplemente quiere oponerse a la estimación del recurso por entender que los motivos de suplicación esgrimidos no son correctos ni atendibles, entonces le basta con argumentar sobre esos motivos y por qué no son correctos. Pero puede ocurrir que mantenga discrepancias con la sentencia que considere que pueden influir en el resultado del recurso de suplicación de la otra parte.

Esas discrepancias se pueden deber a que la sentencia del Juzgado de lo Social no haya incluido hechos probados que le parezcan relevantes para sostener el fallo dictado, o bien, al menos cuando se trata de la parte demandada, a que la sentencia del Juzgado haya desestimado motivos alegados oportunamente en la instancia para oponerse a la demanda, aunque después la haya desestimado por otros motivos.

Para tales casos la LRJS articula un cauce procesal en el artículo 197.1 LRJS para la parte recurrida, de manera que no es preciso que recurra la sentencia preventivamente, puesto que a priori no le produce gravamen, pero tampoco basta con que argumente su oposición a la estimación de los motivos de suplicación del recurso. Por el contrario lo que dice el artículo 197.1 LRJS es que el impugnante puede incluir en su escrito de impugnación pretensiones de rectificaciones de hechos probado, así como causas de oposición subsidiarias que no hubieran sido estimadas en la sentencia recurrida, junto a la posible alegación de motivos de inadmisibilidad del recurso de suplicación. Es decir, permite introducir pretensiones en el recurso destinadas a cualquiera de esas tres finalidades (inadmisión, revisión de hechos probados, desestimación de la demanda por otras causas no apreciadas en la sentencia y oportunamente alegadas) y en ese caso la Sala de suplicación está obligada a dar respuesta a esas pretensiones contenidas en el recurso de suplicación, con la consecuencia que proceda en cada caso, de manera que si se omite la respuesta a tales pretensiones entonces el Tribunal Superior incurrirá en incongruencia omisiva, con las consecuencias procesales que en cada caso proceda extraer de la misma.

En el caso de incluirse en el escrito de impugnación tales pretensiones, las mismas deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a los correspondientes motivos del recurso de suplicación por los números 2 y 3 del artículo 196 LRJS. En concreto, si en el escrito de impugnación del recurso se quiere incluir una pretensión de revisión de hechos probados eso significa que la misma debe formularse de manera expresa y cumplir con los requisitos del artículo 196.3 ("habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende"). Solamente en el caso de que la parte impugnante del recurso haya incluido en su escrito alguna de estas pretensiones amparadas en el artículo 197.1 LRJS, la parte recurrente quedará facultadas para presentar alegaciones respecto a las mismas dentro de los dos días siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnación, conforme al artículo 197.2 LRJS.

La diferencia entre que la parte haya seguido el cauce procesal prescrito en el artículo 197.1 LRJS es sustancial, porque si lo ha seguido la Sala de suplicación está obligada a resolver sobre dichas pretensiones, mientras que si no lo ha seguido y se ha limitado a argumentar en contra de la estimación de los motivos de suplicación la Sala del Tribunal Superior de Justicia solamente debe resolver sobre esos motivos del recurso de suplicación. Para ello deberá tomar en consideración los argumentos del recurso y los de la impugnación, pero no está obligada a dar una respuesta desarrollada a cada uno de los argumentos en favor o en contra de un motivo de suplicación, bastando con que fundamente su decisión. La corrección o incorrección de esa decisión estimatoria o desestimatoria es ya otra cuestión distinta, que nada tiene que ver con la incongruencia.

Así en este caso nos encontramos con que en el escrito de impugnación la parte recurrida se limitó a oponerse a la estimación del motivo primero de revisión de hechos probados argumentando al respecto, pero no instrumentó un motivo específico, expreso y separado de revisión de hechos probados al amparo del artículo 197.1 LRJS para introducir como hecho probado el hecho de que hubiera recurrido las resoluciones de alta médica de la entidad gestora y que esos recursos estuvieran pendientes de resolución. Si lo hubiera hecho nos encontraríamos a priori con un caso igual al de la sentencia de contraste, en el que la parte recurrida sí instrumentó en el escrito de impugnación del recurso de suplicación un motivo de revisión de hechos probados y la Sala de suplicación no dio respuesta al mismo.

Estamos por tanto ante una diferencia relevante entre ambos supuestos que impide finalmente apreciar la existencia de contradicción, lo que es determinante de la inadmisión del recurso, si bien debemos recordar que llegada esta fase procesal las causas de inadmisión se transforman en causa de desestimación del recurso.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.