Sentencia Social 401/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2955/2023 de 07 de mayo del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión que se plantea en el recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si, a efectos del Ingreso Mínimo Vital, se puede considerar como unidad de convivencia a una pareja de hecho que no está formalmente constituida en documento público ni inscrita en un registro público de parejas de hecho, acreditándose la existencia de esa pareja de hecho mediante otro tipo de pruebas, como puede ser un certificado de los servicios sociales municipales. En esencia, se discute la forma de acreditar la existencia de una pareja de hecho a los efectos de la constitución de la unidad de convivencia a efectos de la normativa reguladora del Ingreso Mínimo Vital, específicamente si es exigible que se haya producido la inscripción en un registro público de parejas de hecho o la pareja se haya constituido en documento público.

2.La demanda pedía el reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica de Ingreso Mínimo Vital, alegándose la existencia de una unidad de convivencia entre el demandante y Dª Candelaria, por constituir ambos una pareja de hecho. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Palma de Mallorca desestimó la demanda. El juzgado consideró ajustada a Derecho la denegación de la prestación por parte del INSS, al no acreditar el demandante tener vínculo matrimonial o formar pareja de hecho en los términos legalmente establecidos con la persona indicada.

3.El recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada fue desestimado por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 19 de abril de 2023 en el recurso de suplicación número 435/2022. El recurrente alegaba la existencia de una unidad de convivencia entre el recurrente y la Sra. Candelaria, sosteniendo que el certificado de los servicios sociales del Ayuntamiento de DIRECCION002 acreditaba la relación de pareja sentimental y la convivencia desde 2005, concurriendo además empadronamiento conjunto desde 2009, cumpliendo con ello los requisitos del artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020. Sin embargo el TSJIB consideró que, conforme a los artículos 6 y 19 del Real Decreto-Ley 20/2020, en concordancia con el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social, la existencia de pareja de hecho a los efectos del IMV requiere la inscripción en un registro específico o la formalización en documento público con una antelación mínima de dos años a la solicitud, requisitos que no se cumplían en el caso, de manera que el certificado municipal de convivencia, aunque acreditase la relación y la convivencia, no suplía esta exigencia formal.

4.El recurso de casación para la unificación de la doctrina denuncia la infracción del artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 en relación con la acreditación de la unidad de convivencia en parejas de hecho. El recurrente argumenta que el certificado del Ayuntamiento, que acredita la convivencia desde 2005 y el empadronamiento conjunto desde 2009, es un documento público a los efectos del artículo 317.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, y debería ser considerado suficiente para acreditar la unidad de convivencia. Considera que la sentencia recurrida realiza una interpretación formalista y contraria al espíritu de la ley al exigir la inscripción en un registro específico, cuando el artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 no lo exige explícitamente para acreditar la convivencia como pareja de hecho.

5.El Instituto Nacional de la Seguridad Social presentó escrito de impugnación del recurso.

6.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso. Considera en primer lugar que no concurren los requisitos de identidad exigidos por el artículo 219 de la LRJS entre la sentencia recurrida del TSJIB y la sentencia de contraste alegada, dictada por el TSJ de Madrid. Argumenta que, si bien ambos fallos se refieren a supuestos equiparables sobre la existencia de pareja de hecho a efectos del Ingreso Mínimo Vital, llegan a conclusiones diferentes porque aplican una regulación distinta en cada caso, atendiendo al momento del hecho causante. La sentencia recurrida aplica el Real Decreto-Ley 20/2020 en su redacción original, que exigía requisitos formales para la constitución de la pareja de hecho, en relación con el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Por su parte, la sentencia de contraste aplica el Real Decreto-Ley 30/2020, que modificó el artículo 6.1 del Real Decreto-Ley 20/2020, relajando los requisitos formales para el reconocimiento de la pareja de hecho. Adicionalmente el Ministerio Fiscal señala que, incluso si se considerara que existe contradicción, el recurso debería ser desestimado, porque la solicitud del demandante fue anterior a la modificación del Real Decreto-Ley 20/2020 por el Real Decreto-Ley 30/2020 y por ello le era aplicable la normativa que exigía determinados requisitos formales para acreditar la pareja de hecho que no se cumplen en su caso.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 3 de febrero de 2023 en el recurso de suplicación 1276/2022, sec. 1. El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida el actor solicitó el ingreso mínimo vital el 24 de junio de 2020, alegando convivencia como pareja de hecho con la Sra. Candelaria desde 2005 y empadronamiento conjunto desde 2009, acreditado todo ello por un certificado municipal. La solicitud fue denegada por no acreditar vínculo matrimonial o pareja de hecho formalmente constituida. El TSJIB aplicó los artículos 6 y 19 del Real Decreto-Ley 20/2020, en relación con el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción a la sazón vigente, interpretando que la normativa exigía la inscripción en un registro específico o la formalización en documento público con una antelación mínima de dos años a la solicitud para acreditar la pareja de hecho a efectos del IMV, de manera que el certificado municipal no cumplía estos requisitos formales.

3.En la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de Madrid el 3 de febrero de 2023, la demandante solicitó el IMV el 10 de marzo de 2021, manifestando convivir como pareja de hecho con otra persona desde 2001, lo que constaba en el certificado de empadronamiento, donde también figuraban cuatro hijos comunes. La solicitud fue denegada por no tener vínculo matrimonial o formar pareja de hecho constituida con al menos dos años de antelación. La cuestión que se planteaba era si, a los efectos del artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 (en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 30/2020, vigente a la fecha de la solicitud), la convivencia como pareja de hecho acreditada mediante certificado de empadronamiento era suficiente para constituir unidad de convivencia, sin necesidad de inscripción adicional en un registro público de parejas de hecho o documento público de constitución. El TSJ de Madrid consideró que la definición de pareja de hecho contenida en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 (modificado por el Real Decreto-Ley 30/2020) solo requería la convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años y el certificado de empadronamiento acreditaba suficientemente esta situación de convivencia, por lo que estimó el recurso de suplicación, revocó la sentencia de instancia y declaró el derecho de la demandante al percibo del IMV.

4.Es evidente que los hechos de los que parten ambas sentencias son sustancialmente iguales. En ambos casos se pretende el reconocimiento del ingreso mínimo vital, siendo condición para lucrar el mismo la consideración de que existía una pareja de hecho como unidad de convivencia, de manera que la cuestión controvertida radica en ambos casos en la prueba de la existencia de esa pareja de hecho, esto es, si se requiere la inscripción en registro público de parejas de hecho o constitución de la misma en documento público o, por el contrario, son admisibles otros medios de prueba. La solución alcanzada en ambas sentencias es contrapuesta, negativa en el caso de la sentencia recurrida del TSJIB y positiva en el caso de la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de Madrid.

Existe sin embargo una diferencia en cuanto a la normativa aplicable a cada uno de los dos casos. En el caso de la sentencia recurrida la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital se realizó el 24 de junio de 2020, cuando la redacción de los artículos 6 y 19 era la originaria del Real Decreto-Ley 20/2020. En el caso de la sentencia de contraste, la solicitud se había realizado el 10 de marzo de 2021, cuando ya estaba en vigor la modificación del artículo 19 por el Real Decreto-Ley 30/2020. Por ello la sentencia recurrida aplica el artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 en relación con el artículo 19 del mismo Real Decreto-Ley, mientras que la sentencia de contraste aplica el artículo 6 del Real Decreto-Ley 20/2020 en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-Ley 30/2020.

Por tanto para apreciar si existe la debida contradicción entre ambas sentencias hemos de analizar si la modificación legislativa introducida por el Real Decreto-ley 30/2020 en relación con la definición de las parejas de hecho determina una diferencia de regulación que pueda explicar las diferentes soluciones aplicadas en ambas sentencias.

5.El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, estableció como nueva prestación del sistema de Seguridad Social el ingreso mínimo vital. Su regulación, que fue objeto de diversas reformas durante su breve periodo de vigencia, se encuentra hoy sustituida por la contenida en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. No obstante el citado Real Decreto-ley 20/2020 era la norma aplicable a ambos supuestos, tanto al resuelto en la sentencia de contraste como al resuelto en la sentencia recurrida.

En su artículo 6 el Real Decreto-ley 20/2020 regulaba el concepto de unidad de convivencia, pero ello hay que completarlo con la del artículo 19, donde se establece cómo ha de acreditarse la existencia de una unidad de convivencia, con mención específica a la acreditación de la existencia de pareja de hecho.

Pues bien, la redacción de ambos preceptos el 24 de junio de 2020 (fecha de la solicitud de la prestación en el caso de la sentencia recurrida) era la siguiente:

" Artículo 6.1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente...

Artículo 19.4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda..."

Por el contrario la redacción de ambos preceptos el 10 de marzo de 2021 (fecha de la solicitud de la prestación en el caso de la sentencia de contraste), tras las reformas introducidas por los Reales Decretos-leyes 28/2020, 30/2020 y 3/2021, era la siguiente:

"Artículo 6.1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. ...

Artículo 19.4. ...La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación..."

En concreto el texto original del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 20/2020 se modificó, en lo que aquí nos interesa, por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que fue el que suprimió el inciso contenido en su primer párrafo que decía: "en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social", y lo sustituyó por ese segundo párrafo que dice: "A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años". Debe destacarse que en dicho texto ninguna relación se hace a la forma de acreditar la existencia de la pareja de hecho así definida.

Ahora bien, el artículo 6.1 convive dentro del mismo texto legal con el artículo 19.4, el cual en su redacción originaria se limitaba a ratificar lo dispuesto en el artículo 6.1 en su remisión al artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social de la siguiente manera: "La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con... inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda".

Después el artículo 19.4 se reformó por el Real Decreto-ley 28/2020, de manera que separó en un párrafo específico lo relativo a la acreditación de la existencia de parejas de hecho, diciendo lo siguiente:

"La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación".

Se puede comprobar que se trata de una copia literal de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción a la sazón vigente (anterior al artículo 1.10 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre).

Este texto del artículo 19.4 del Real Decreto-ley 20/2020 no fue derogado ni modificado, al menos de forma expresa, ni por el Real Decreto-ley 30/2020 (que sí modificó el artículo 6), ni por el posterior 3/2021, pese a que éste introdujo cambios en la redacción del artículo 19.

Por otra parte la sustitución del Real Decreto-ley 20/2020 por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y la posterior reforma introducida por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, no afectan a este proceso, siendo esta última reforma posterior incluso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia aquí recurrida.

Concluimos por tanto que la técnica legislativa seguida por los Reales Decretos-leyes 28/2020 y 30/2020 consistió en separar en dos preceptos distintos, incluyendo en el primero (artículo 6) el concepto de pareja de hecho, como una de las posibles unidades de convivencia a efectos de esta prestación, y en el segundo (artículo 19) la forma de acreditar la existencia de la misma, para lo cual se permitían únicamente dos medios de prueba, la inscripción registral y el documento público constitutivo.

Se trata de la misma técnica seguida en el propio artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social, donde el primer párrafo define el concepto de pareja de hecho y el segundo regula los medios de prueba de su existencia. Lo que hacen las reformas introducidas por los Reales Decretos-leyes 28/2020 y 30/2020 es llevar esa separación a dos artículos distintos, por un lado la definición del concepto y por otro la prueba de la existencia, pero en todo caso los términos de la norma relativos a la prueba de la existencia de la pareja de hecho, que es lo que aquí se discute, se mantienen iguales. Si antes de la reforma, en la redacción aplicada en la sentencia recurrida, lo que se hacía era una remisión expresa al artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en el texto del precepto tras esas reformas esa remisión se ha sustituido por la íntegra reproducción de aquel precepto en su redacción a la sazón vigente (anterior al artículo 1.10 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre), por lo que no existe en realidad ningún cambio normativo material de la regulación sobre la acreditación de la existencia de la pareja de hecho, que es la materia objeto del debate casacional en este caso.

Por tanto consideramos que el indicado cambio normativo, que únicamente se limitó a reestructurar formalmente la regulación en dos preceptos distintos, no introdujo ningún cambio en su contenido y no constituye obstáculo por ello a que pueda apreciarse la contradicción entre ambas sentencias, lo que viabiliza el análisis del recurso.

TERCERO.- 1.El Tribunal Constitucional, en la sentencia de su Pleno de 11 de marzo de 2014, nº 40/2014, BOE 87/2014, de 10 de abril de 2014 (con criterio reiterado en sentencia de 5 de mayo de 2014, nº 60/2014, BOE 134/2014, de 3 de junio de 2014) dijo:

"La ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación. Y eso es precisamente lo que hace el art. 174.3 LGSS: establecer la forma de acreditar los requisitos para el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad, materia caracterizada por constituir -un régimen legal que tiene como límites, entre otros, el respeto al principio de igualdad- y -la prohibición de arbitrariedad".

Esa sentencia el Tribunal Constitucional dejó situada la cuestión dentro del marco propio del Derecho de Seguridad Social, ajena al Derecho Civil, la menos en tanto en cuanto en este otro ámbito del ordenamiento no se aborde una regulación de dicha figura como institución propia del Derecho de Familia. Ello sitúa la existencia de la pareja de hecho en el terreno meramente fáctico, como su nombre indica, y por ello la regulación de diferentes modos de prueba de su existencia en diferentes Comunidades Autónomas se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional por afectar a las propias bases del sistema de Seguridad Social que deben permanecer iguales en todo el territorio español.

Citamos literalmente al Tribunal Constitucional en dicha sentencia:

"(...) En realidad se trata de una norma de Seguridad Social que, por referencia a otras normas, regula, exclusivamente, la forma de acreditar los requisitos para el acceso a una prestación de la Seguridad Social, la pensión de viudedad en el caso de parejas de hecho estables. Esto es, la finalidad de la norma es concretar los requisitos para acreditar la existencia de una unión de hecho a efectos de reconocer al superviviente el derecho a percibir una pensión de viudedad. Por tanto, como el Auto del Tribunal Supremo apunta, el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS no constituye una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE , sino una norma de Seguridad Social que, en principio y salvo justificación suficiente que no concurre en este caso, debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de igualdad, tal como ya hemos dejado sentado (...)".

2.Considerando por tanto, siguiendo al Tribunal Constitucional, que la unidad de convivencia en base a la existencia de pareja de hecho es una cuestión de orden fáctico y no la regulación de una institución civil situada impropiamente en la normativa de Seguridad Social, la cuestión consiste en analizar cómo se define ese hecho en la norma de Seguridad Social y qué requisitos se exigen para acreditar el mismo. Hay que destacar que en este ámbito del ingreso mínimo vital (al igual que en el del subsidio por desempleo, afectado igualmente por el Real Decreto-ley 2/2024), la existencia de una pareja de hecho, al tomar en consideración los ingresos del otro miembro de la pareja para valorar la situación de necesidad objeto de cobertura por el sistema, no solamente puede producir efectos favorables al beneficiario, sino también efectos adversos e impedir lucrar la prestación.

Pues bien, de la definición coincidente de los artículos 6 y 19 del Real Decreto-ley 20/2020 y del artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción anterior a la Ley 21/2021), se deduce que el hecho jurídico que regula la legislación de Seguridad Social (en los términos vigentes el momento temporal en que se producen las solicitudes de ingreso mínimo vital en ambas sentencias, recurrida y de contraste) al que se denomina "pareja de hecho" en la Ley es de naturaleza compleja y viene compuesto por varias partes:

A) La primera es la convivencia de los dos miembros de la pareja, que debe ser "estable y notoria", "inmediatamente anterior" al hecho causante y tener "una duración ininterrumpida no inferior a cinco años".

B) La segunda es la existencia de una "relación de afectividad" que debe ser "análoga" a la conyugal y preexistir con al menos dos años de antelación.

C) Finalmente existe una última parte, excluyente de la concurrencia de pareja de hecho, que es que los miembros de la misma no se hallen impedidos para contraer matrimonio y no tengan vínculo matrimonial con otra persona.

Esta definición de la pareja de hecho era la contenida en el primer párrafo del artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (antes de su reforma por la Ley 21/2021), al que se remitían inicialmente los artículos 6 y 19 del Real Decreto-ley 20/2020 y que tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 30/2020 pasa a recogerse en su misma literalidad en el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 20/2020, que se convierte así en el análogo al primer párrafo del artículo 221.2 LGSS.

Otra cuestión distinta es lo relativo a la forma de acreditar los dos primeros hechos (la convivencia y la afectividad). El segundo párrafo del artículo 221.2 LGSS se dedica precisamente a establecer cómo se acredita la afectividad, mientras que la acreditación de la convivencia aparece dentro del primer párrafo. Y precisamente la reforma introducida por el Real Decreto-ley 28/2020 lo que hace es llevar esa materia al artículo 19 del Real Decreto-ley 20/2020, puesto que en el mismo se intentan ordenar sistemáticamente todos los medios de "acreditación de los requisitos", como expresamente dice el título del precepto. El artículo 19.4 recoge tanto lo relativo a la acreditación de la unidad de convivencia como lo relativo a la acreditación de la afectividad. Debido a esa reordenación de la materia el posterior Real Decreto-ley 30/2020 no reforma el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 20/2020 para suprimir la necesidad de acreditación, sino solamente por una cuestión de sistemática legal. Al haber quedado regulado en el artículo 19.4 todo lo relativo a la acreditación ya no es necesaria la remisión en tales materias probatorias al artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social, sino que lo que se hace es reproducir en el artículo 6.1 la definición legal del concepto de pareja de hecho. El mismo contenido del artículo 221.2 LGSS se mantiene, pero sistematizado en dos preceptos diferentes, uno dedicado a la definición del concepto y otro dedicado a la forma de acreditar su existencia.

3.No se discute aquí la convivencia estable de duración superior a cinco años. En relación con la misma esta Sala ha venido a interpretar que se puede acreditar mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho que tenga fuerza suficiente para alcanzar la convicción de su existencia y que la referencia legal al certificado de empadronamiento no impide la utilización de otros medios de prueba, sino que el padrón municipal solamente es un medio de prueba privilegiado, que produce una presunción iuris tantum de que los datos resultantes del mismo corresponden a la realidad, si bien tal presunción puede ser desacreditada. De esta manera podría acreditarse que no existe la convivencia pese al empadronamiento en el mismo domicilio y viceversa ( sentencias de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2010, rcud 2969/2009 ó 26 de enero de 2011, rcud 1556/2012).

4.Sin embargo la mera convivencia no es un dato suficiente para que legalmente se considere que existe una pareja de hecho, puesto que para ello es preciso también que exista una afectividad análoga a la que existe en el caso del matrimonio, la expresión en el caso de las parejas no matrimoniales de la "affectio maritalis". La prueba de ese hecho tiene particularidades especiales, porque se trata de determinar que existe una disposición mental interna de ambos miembros de la pareja de formar una unión estable análoga a un matrimonio. A la vista de las dificultades de prueba de un hecho psicológico interno de ambos miembros de la pareja, el legislador ha establecido la necesidad de una declaración expresa de voluntad de ambos mediante determinadas formalidades, como son la inscripción en un registro público de parejas de hecho o un documento notarial de constitución de la misma, que además deben haberse producido con determinada antelación (dos años) para demostrar la persistencia de esa voluntad de mantener una unión sentimental permanente. A esas formalidades la doctrina de esta Sala le ha conferido carácter ad solemnitatem (sentencias de 22 de septiembre de 2014, recursos 759/2012, 1098/2012, 1752/2012, 1958/2012, 1980/2012 y 2563/2012, posteriormente SSTS 697/2016, de 20 de julio, rcud 2988/2014, 1042/2016, de 7 de diciembre, rcud 3765/2014, o recientemente sentencias 1262/2023, de 21 de diciembre de 2023, rcud 2234/2022 ó 25 de marzo de 2025, 3316/2023). Se trata de una regulación legal que se impone al órgano judicial la forma de probar un hecho, como también ocurre con otras normas de la Ley General de la Seguridad Social que imponen determinadas valoraciones y restringen la libertad valorativa del tribunal (por ejemplo, artículos 207.1 último inciso o primer párrafo del artículo 217.1 de la Ley General de la Seguridad Social) . El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de dicha exigencia de acreditación de la affectio propia de las parejas de hecho señalando que tiene "una finalidad constitucionalmente legítima, porque busca atender a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de hecho" ( sentencias del Tribunal Constitucional 40/2014, de 11 de marzo; 45/2014, de 7 de abril, 60/2014, de 5 de mayo, ó 1/2021, de 25 de enero).

5.La sentencia de contraste dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid atiende exclusivamente al cambio normativo introducido en el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 20/2020 por el Real Decreto-ley 30/2030, de manera que cuando el precepto decía:

"Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. .."

Pasó a decir:

"Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho ... A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años."

Y de ello deduce que a partir del Real Decreto-ley 30/2020 y en el ámbito del Ingreso Mínimo Vital la exigencia de acreditación de la afectividad propia de la pareja de hecho ya no requiere de las formalidades de registro o documento público que antes requería, al desaparecer la remisión al artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo esa interpretación no la estimamos correcta por dos razones.

La primera atiende a la sistemática de la regulación, puesto que el cambio introducido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 20/2020 por el Real Decreto-ley 30/2020 no implica la derogación expresa del artículo 19, que se acababa de reformar por el Real Decreto-ley 28/2020 también para suprimir la remisión al artículo 221.2 LGSS y sustituirlo por la reproducción literal del texto del mismo. Como hemos visto el juego de ambas reformas implica separar dentro del texto de la Ley reguladora del Ingreso Mínimo Vital la regulación del concepto de pareja de hecho (artículo 6) y la regulación de las formas de acreditar los elementos constitutivos de la misma (artículo 19), esto es, convivencia y afectividad.

Es cierto que ello no impediría la interpretación contenida en la sentencia de contraste, según la cual el Real Decreto-ley 30/2020, al modificar el texto del artículo 6, implicaba la derogación tácita del artículo 19. Pero no adoptamos esta interpretación porque consideramos que la regulación de la acreditación de la existencia de la pareja de hecho en el ámbito de las diferentes prestaciones de Seguridad Social ha de interpretarse de forma coherente y unitaria. Sería perfectamente posible que los requisitos materiales de convivencia o dependencia económica de la pareja de hecho tuvieran regulaciones distintas según las diversas prestaciones. Así la convivencia de cinco años exigida para causar una pensión vitalicia como es la viudedad podría considerarse excesiva en el caso de una prestación, como es el ingreso mínimo vital, que atiende a situaciones de inmediatez por la ausencia de recursos del beneficiario, si bien el legislador no lo ha considerado así y ha mantenido el requisito de duración de cinco años de la convivencia. Pero no ocurre lo mismo con la forma de acreditar la afectividad (la inscripción registral o la constitución en documento público), que no parece lógico que sea diferente según la prestación de que se trate. Esa diferencia no tiene ninguna lógica ni finalidad atendible, lo que obliga a que los diferentes textos legales relativos a la acreditación de dicho requisito de afectividad en relación con distintas prestaciones del mismo sistema de la Seguridad Social hayan de ser objeto de un esfuerzo interpretativo que alcance una solución uniforme para todas ellas.

Por tanto la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida cuando exige para la acreditación de la afectividad propia de las parejas de hecho en el ámbito del Ingreso Mínimo Vital los mismos requisitos que se exigen en el ámbito de la pensión de viudedad, a la sazón inscripción en registro público de parejas de hecho o documento notarial, todo con dos años de antelación.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.