Sentencia Social 1181/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2448/2021 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se plantea para resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar cómo debe calcularse el capital coste a ingresar por la empresa en concepto de recargo de prestaciones de seguridad social, cuando el trabajador declarado en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de la enfermedad profesional que da lugar al recargo, fallece antes del momento en el que se produce el cálculo y determinación del citado importe; y, consecuentemente, antes de su efectiva constitución.

En definitiva, lo que se plantea en el recurso es si el capital coste debe calcularse de acuerdo con las normas actuariales aplicables de manera ordinaria para la determinación del periodo previsto de supervivencia, o debe, por el contrario, cuantificarse en consideración a la fecha previa ya conocida y cierta de fallecimiento del pensionista.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, desestimó en ese extremo la demanda de la empresa. Tras señalar que la fecha de efectos económicos del recargo debe retrotraerse a los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud por parte del pensionista, considera que las normas actuariales de aplicación para fijar el importe del capital coste han de estar referenciadas a las circunstancias concurrentes al momento de la fecha de efectos del recargo, con independencia de que el pensionista fallezca a los pocos meses de solicitar su imposición y con anterioridad a la fijación del capital coste por parte de la TGSS.

La sentencia aquí recurrida de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de 18 de febrero de 2021, Rec. 3093/2019, estima el recurso de suplicación de la empresa. Entiende que la fecha final que debe tenerse en cuenta en orden a la cuantificación de la capitalización del recargo ha de ser la del fallecimiento ya conocido del trabajador y no la resultante de la ordinaria aplicación de las normas actuariales. La sentencia razona que en el caso enjuiciado la obligación de abono del recargo solo puede llegar hasta la fecha de fallecimiento del trabajador porque, si bien es cierto que no cabe la devolución del capital no consumido por el fallecimiento del trabajador ( STS de 24 de marzo de 1986), esa doctrina es aplicable cuando el capital coste se constituye en vida del trabajador, pero no cuando en el momento de la constitución el trabajador ya había fallecido. La razón que da la sentencia es que en el momento de imposición del recargo ya se conocía la duración de la prestación de IPA, de modo que, de no hacerse así, se generaría un enriquecimiento injusto.

En definitiva, la tesis de la sentencia es que, si el capital se establece antes del fallecimiento, hay que constituirlo y el sobrante no se devuelve; pero si se configura después, sólo debe alcanzar hasta la fecha de la muerte, ya conocida.

3.- Contra dicha sentencia formula el INSS recurso de casación para la unificación de doctrina. Denuncia infracción de los arts.110.3 y 164 LGSS, en relación con el art. 71.3 RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y del art. 78 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones, así como de la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre. Al efecto, sostiene que la capitalización debe realizarse conforme a los cálculos actuariales que procedan en la fecha de efectos del recargo, con independencia del momento de fallecimiento del beneficiario de la prestación.

El Ministerio Fiscal informa a favor de estimar el recurso. La empresa recurrida niega la existencia de contradicción y se opone, también, al recurso, por lo que aboga por su desestimación.

SEGUNDO.- 1.- La entidad recurrente invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 18 de abril de 2017, Rec. 669/2016. En dicho supuesto, no se trata de un recargo de prestaciones, sino de la diferencia en la cuantía de prestación ya reconocida y producida como consecuencia del incremento de la base reguladora de una pensión de IPA derivada de enfermedad común que se declara judicialmente tras apreciar que la empresa había incurrido en infracotización.

El problema se plantea en ejecución de esa sentencia, solicitada por el INSS y la TGSS frente a la mancomunidad declarada responsable, a fin de que esta ingrese el capital coste correspondiente a la diferencia prestacional a cargo de esta, producida en un supuesto de infracotización que dio lugar a responsabilidad empresarial declarada judicialmente a efectos del cumplimiento de la obligación de anticipo por la Gestora de la prestación. Por auto de 6 de julio de 2015 se decidió despachar ejecución, ordenando el incremento el capital coste de la IPA. Frente a ello, la mancomunidad alegó que la TGSS había calculado el incremento del capital coste sin tener en cuenta que el trabajador ya había fallecido. Porque este permaneció en IPA desde el 4 de septiembre de 2010 al 16 de abril de 2012, y el título ejecutivo -la sentencia firme del juzgado que declaró la responsabilidad empresarial- es de fecha de 13 de marzo de 2013. El auto recurrido estimó la oposición y decidió que carecía de sentido que el capital coste se calculase sin tener en cuenta ese límite temporal y ordenó a la TGSS que procediera a recalcular el capital coste de la responsabilidad empresarial relativo a la prestación de la IPA.

Recurrió el INSS en suplicación y la sentencia referencial señaló que, de acuerdo con la normativa aplicable, el cálculo de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones de Seguridad Social se debe realizar utilizando tablas actuariales y estadísticas de mortalidad aprobadas reglamentariamente, sin tener en cuenta los datos particulares del beneficiario en cuestión, por lo que declara correctas las cantidades fijadas por el auto de ejecución que acogió el cálculo efectuado por la TGSS.

2.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo (que se refiere como doctrina de contradicción a la establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales instituidos en Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades públicas, así como a la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea)- una sentencia de un Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, si es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( SSTS, entre otras, de 7 de abril de 2004 y de 4 de mayo de 2005, Recs. 430/2004 y 2082/2004; de 25 de junio de 2007, Rec. 2704/2006; de 4 y 10 de octubre de 2007, Recs. 586/2006 y 312/2007, de 8 de febrero y de 10 de junio de 2008, Recs. 2703/2006 y 2506/2007; de 24 de junio de 2011, Rec. 3460/2010, de 6 de octubre de 2011, Rec. 4307/2010, de 27 de diciembre de 2011, Rec. 4328/2010 y de 30 de enero de 2012, Rec. 4753/2010).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( SSTS de 28 de mayo de 2008, Rec. 814/2007; de 3 de junio de 2008, Rec. 2532/2006; de 18 de julio de 2008, Rec. 437/2007; de 15 y 22 de septiembre de 2008, Recs. 1126/2007 y 2613/2007; de 2 de octubre de 2008, Recs. 483/2007 y 4351/2007; de 3 de noviembre de 2008, Recs. 2637/2007 y 3883/07; de 12 de noviembre de 2008, Rec. 2470/2007; de 18 de febrero de 2009, Rec. 3014/2007; de 4 de octubre de 2011, Rec. 3629/2010; de 28 de diciembre de 2011, Rec. 676/2011; de 18 de enero de 2012, Rec. 1622/2011 y de 24 de enero de 2012, Rec. 2094/2011).

TERCERO.- 1.- Ciertamente, el problema que se plantea en ambos casos consiste en decidir si el fallecimiento del trabajador constituye un límite temporal para el cálculo del capital coste de la prestación o renta a cuyo pago ha resultado obligada la empresa responsable. Sin embargo, ni los hechos son sustancialmente iguales, ni los fundamentos de las respectivas pretensiones tampoco. Entre los datos fácticos relevantes de las sentencias comparadas existen notorias diferencias que, por un lado, impiden apreciar una identidad sustancial de hechos; y, por otro, explican suficientemente las soluciones adoptadas en cada sentencia. Resulta evidente, como de inmediato se comprobará, que estamos en presencia de supuestos fácticos distintos de los que no se puede hacer abstracción para la resolución del problema.

2.- En la sentencia recurrida, en el ámbito de las contingencias profesionales, la constitución del capital coste deriva de una previa declaración de infracción de medidas de seguridad y salud por parte del empresario de la que derivó la IPA por enfermedad profesional; a lo que siguió la imposición del oportuno recargo de prestaciones a satisfacer por la empresa en cuantía del 30%.

En la sentencia de contraste, en el ámbito de una contingencia común, la constitución del capital coste obedece a la previa declaración judicial mediante sentencia firme de una responsabilidad empresarial por infracotización que da lugar a la fijación de una nueva cuantía en la prestación de IPA ya reconocida.

La diferencia es trascendente en orden a la unificación de la doctrina. En efecto, en la sentencia recurrida, estamos en presencia de una responsabilidad que se sitúa -total o parcialmente- en el ámbito sancionador de la Administración Pública. Con independencia del carácter prestacional del recargo, éste tiene un componente sancionador que no se puede eludir ya que su finalidad es, no solo resarcir al trabajador que ha visto perjudicada su salud por un incumplimiento del empresario de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, sino también, castigar al empleador incumplidor y disuadirle de futuros incumplimientos. En este sentido, resulta palmario que la sanción -el capital coste a constituir- debe respetar los fundamentos constitucionales de la potestad sancionadora administrativa, entre ellos el de la proporcionalidad. En la referencial, se trata de un supuesto en el que la diferencia entre la prestación anteriormente reconocida conforme a lo realmente cotizado y la nueva prestación establecida conforme a lo que se debió cotizar corresponde abonarla al empresario por ministerio de la ley, a cuyos efectos se debe establecer el capital coste correspondiente. La finalidad es restituir al trabajador en la prestación que realmente le corresponde; rigiendo, además, el principio de automaticidad de la prestación limitado ( artículo 167.3 LGSS) , lo que no ocurre en el caso del recargo.

Y es que, a juicio de la Sala, la forma de calcular el capital coste a constituir por la empresa cuando el trabajador beneficiario de la prestación fallece con anterioridad a la fecha que haya tenido lugar la determinación y el cálculo del importe a capitalizar, puede ser diferente en función de cuál sea el origen de la responsabilidad empresarial que da lugar a la obligación de constituir el referido capital, con independencia de la literalidad de normas reglamentarias e instrucciones administrativas, con fundamento, precisamente, en la naturaleza de la referida responsabilidad -distinta como se ha visto-. Lo que impide a la Sala realizar su función unificadora en la medida en que se trata de responsabilidades diferentes.

3.- No resulta baladí añadir que, en la sentencia recurrida, la responsabilidad empresarial deriva de falta de medidas de seguridad e higiene declarada en vía administrativa y recae en el proceso declarativo dirigido, a la impugnación de la responsabilidad en materia de seguridad y salud y, subsidiariamente al alcance de dicha responsabilidad delimitada por la fecha de sus efectos, entre la que expresamente se impugnaba la fecha final. En la referencial, en cambio la responsabilidad empresarial deriva de diferencias en la base reguladora impuestas en una sentencia de instancia firme que ya estableció el alcance de la responsabilidad y la sentencia recurrida se dictó en el proceso de ejecución de la sentencia anterior cuyos pronunciamientos no podían ser modificados durante el proceso de ejecución, por lo que la eventual discrepancia en cuanto al alcance de la responsabilidad debió plantearse en el pleito en el que se dilucidó la existencia de la misma y de su alcance y no en la posterior ejecución de una sentencia que, respecto de tales cuestiones, había quedado firme.

CUARTO.- La inexistencia del requisito de la contradicción debió operar como causa de inadmisión del recurso que, en este momento procesal, se convierte en causa de desestimación; lo que, oído el Ministerio Fiscal, determina la imposibilidad de estimar el recurso y la consiguiente declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento sobre imposición de costas.