Sentencia Social 881/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 793/2021 de 05 de junio del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se debe dilucidar en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar el alcance y efectos de una sentencia firme del orden social, que anuló una sanción administrativa, sobre una posterior sentencia sobre recargo de prestaciones cuando ambas se basan en los mismos hechos.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 3 de A Coruña estimó la demanda de la mercantil CALVO CONSERVAS, SLU y acordó la revocación y anulación del recargo de prestaciones que dejó sin efecto. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia e 4 de diciembre de 2020 (Rec. 1684/2020) revocó la de instancia para imponer a la empresa Calvo Conservas SLU, un recargo de prestaciones del 30%.

Consta que la trabajadora, limpiadora, sufrió un accidente de trabajo cuando al realizar la labor de aclarado con agua de la máquina cerradora con una manguera a presión, se le cayó la manguera y al estirar la mano para recogerla sufrió un atrapamiento de la falange del cuarto dedo, al no estar la máquina parada, imponiéndose a la empresa un recargo de prestaciones del 40%; que fue rebajado al 30% por la sentencia recurrida al entender que, existiendo un incumplimiento evidente por parte de la empresa, ya que no tenía establecido un sistema de prevención adecuado, resultaba apreciable que la trabajadora conocía de la prohibición de meter la mano en la máquina cuando estaba en funcionamiento, debiendo mantenerla parada cuando realizara las labores de limpieza, lo que supone culpa de la actora.

Consta también que por sentencia firme del Juzgado de lo Social núm. 5 de A Coruña de 18 de diciembre de 2018 se estimó la demanda formulada por la mercantil hoy recurrente y se anuló la sanción impuesta por falta de medidas de seguridad en el mismo accidente de trabajo sufrido por la trabajadora que aquí se contempla.

3.- Recurre la mercantil condenada en casación unificadora mediante un recurso en el que aduce tres motivos, aportando las correspondientes sentencias de contradicción para cada uno de ellos. En el primero, denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 193.b) LRJS en relación a si una sentencia firme dictada en otro procedimiento que consta unida a autos, resulta ser un documento hábil para solicitar la modificación de los hechos probados. El segundo motivo denuncia lo dispuesto en el artículo 42.5 LISOS y 9.3 y 24 CE al existir sentencia anterior y firme sobre los hechos que dieron al mismo accidente de trabajo de los que se aparta la sentencia recurrida no apareciendo motivadas razones para ello. Y, en el tercero de los motivos, se denuncia infracción del artículo 164 LGSS por aplicación indebida al no apreciar la inexistencia de infracción y la imprudencia temeraria de la víctima. El recurso ha sido impugnado por la trabajadora y por el INSS. Ha sido informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su improcedencia.

SEGUNDO.- 1.- Para justificar la contradicción en el primero de los motivos del recurso, se aporta como sentencia referencial la dictada por esta Sala Cuarta: la STS 492/2020, de 23 de junio (Rcud. 229/2018).

En la sentencia recurrida en el presente procedimiento, la empresa interesó en su escrito de impugnación de los recursos de suplicación formulados de contrario que se incorporara un nuevo hecho probado 3º para hacer constar la redacción del hecho probado 7º de la sentencia firme del Juzgado de lo Social núm. 5 de A Coruña de 18 de diciembre de 2018, aportada a los autos, que revocó la sanción administrativa impuesta a la empresa por el accidente de trabajo sufrido por la trabajadora. Allí se señalaban las concretas instrucciones del fabricante para la limpieza de la máquina, que la evaluación de riesgos del puesto limpiadora se incluía el riesgo de atrapamiento y la prohibición de aproximar las manos a cualquier elemento atrapante de la misma; y que en el tablón de anuncios del centro de trabajo se indicaba entre otras normas de seguridad que era obligatorio detener las máquinas antes de realizar cualquier intervención en las mismas. La sentencia aquí recurrida rechazó la adición limitándose únicamente a dejar constancia de la existencia de dicha resolución y para ello dio dos razones: que en el litigio manda la prueba practicada en el juicio y no la de otro proceso, y que los hechos probados de una sentencia no tienen eficacia para revisar los hechos declarados probados en proceso distinto.

En la sentencia de contraste, la cuestión que se plantea en casación para la unificación de doctrina es si es válida la modificación de hechos probados realizada en suplicación con fundamento en los hechos probados de otra sentencia dictada en otro procedimiento que se incorpora a los autos con el recurso de suplicación con arreglo a lo dispuesto en el art. 233 LRJS. La Sala 4ª resuelve que una sentencia firme notificada con posterioridad a la celebración del juicio en la instancia y aportada por la parte actora junto con el recurso de suplicación conforme al art. 233.1 LRJS, y que contiene hechos relevantes para el resultado del litigio, aunque el demandante no fuera parte de dicho proceso (la sentencia refería al despido del jefe regional de ventas de la zona sur que decidió con otros directivos cambiar de proveedor de loterías encargándoselas al actor porque puede dejarlos en depósito sin pagarlos hasta el 20 de diciembre), sirve para que puedan modificarse los hechos probados.

2.- Tratándose de un motivo de infracción procesal, es constante la doctrina unificadora que refiere las identidades del art. 219.1 LRJS a la controversia procesal suscitada, debiendo existir para apreciar la contradicción la suficiente homogeneidad entre las vulneraciones de naturaleza procesal, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas [así, por todas, SSTS 1243/2021 de 9 diciembre, (Rcud. 776/2019); 389/2023 de 31 mayo (Rcud. 1320/2020) y STS -pleno- 556/2023 de 14 septiembre (Rcud. 2589/2020)]. Así, en ambos casos, se valora la capacidad de una sentencia firme incorporada a los autos para modificar los hechos probados, alcanzando en este punto fallos distintos las sentencias comparadas. Por ello la contradicción debe ser apreciada en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS.

3.- Por lo que respeta al análisis del motivo de casación formulado por la recurrente, teniendo en cuenta que la petición de revisión de hechos probados está incluida entre las facultades otorgadas al impugnante del recurso por los artículos 197.1 y 211.1 LRJS, que permite la posibilidad de alegar "eventuales rectificaciones de hecho", con los mismos requisitos que los exigidos para el recurrente en escrito de interposición, resulta oportuno señalar que esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la posibilidad de que una sentencia firme incorporada a los autos pueda dar lugar a la modificación del relato fáctico. Por ejemplo, en el caso de una resolución penal que afecte a los hechos que sustentan la calificación de un despido ( STS 750/2022 de 20 septiembre, Rcud. 3979/2020). También se ha tenido en cuenta en cuenta el hecho probado de la Incapacidad Permanente Total establecida en una sentencia incorporada a los autos para apreciar la contradicción y resolver el litigio devolviendo las actuaciones en la STS 529/2024 de 4 abril, Rcud. 197/2022. La propia sentencia de contraste ( STS 492/2020, de 23 de junio; Rcud. 229/2018), declara la validez de una modificación de los hechos probados realizada en suplicación, con base en los hechos probados en otra sentencia dictada en otro procedimiento, que se incorporó a los autos con el recurso de suplicación, conforme al art. 233 LRJS.

Resulta, por tanto, que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste, por lo que el motivo debería estimarse. Ello conduciría a la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y a la devolución de las actuaciones a la sala de procedencia para que, con libertad de criterio, resolviese los recursos de suplicación y sus impugnaciones teniendo en cuenta que los hechos incorporados en una sentencia anterior firme son hábiles a efectos de la modificación de los hechos probados. Sin embargo, por razones de economía procesal, han de examinarse los restantes motivos del recurso ya que, si alguno de ellos fuese estimado, daría lugar a la casación de la sentencia recurrida y a la revocación de su fallo y no habría necesidad de decretar la nulidad de actuaciones.

TERCERO.- 1.- En su segundo motivo de casación, la recurrente aporta como sentencia de contraste la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2011, de 14 de marzo de 2011 que declaró vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva por insuficiente motivación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre las razones singulares por las que, no obstante haberse producido la exoneración de la responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales - por sentencia firme del juzgado de lo contencioso- administrativo- sin embargo, declara que si concurre la responsabilidad en el ámbito laboral desde la óptica de prevención de riesgos laborales y en atención a los mismos concretos hechos producidos. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia estimó las pretensiones de revisión fáctica formuladas por la sociedad, recogiendo los hechos en los propios términos propuestos por ésta, que a tal fin se remitía a los de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo. Y a pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia declara que existe incumplimiento por la empresa de las normas sobre prevención de riesgos laborales, pero sin justificar esta decisión ni tampoco la razón por la que se aparta de la solución adoptada en el orden contencioso-administrativo. En definitiva, a falta de una motivación suficiente que exteriorice el fundamento de la decisión adoptada o que motive por qué, si antes se había declarado en otro orden jurisdiccional, en una decisión judicial ya firme, que no había existido incumplimiento por la empresa de las normas sobre prevención de riesgos laborales, ahora se llega a la conclusión contraria, se estima vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

2.- Del tenor del artículo 219.2 LRJS, resulta que el legislador no ha eximido del requisito de la contradicción cuando se trata de sentencias del TC pero no cabe duda de que, respecto de la misma, se han de aplicar criterios mucho más flexibles ante las mayores dificultades de cotejo, especialmente en el aspecto fáctico, teniendo presente la finalidad que ha inspirado la introducción de estas sentencias como posibles contradictorias por parte de la LRJS, sin olvidar que la protección que puede otorgar a los derechos fundamentales es únicamente la que está comprendida dentro de su jurisdicción.

El problema para la apreciación de la contradicción reside en la interpretación del inciso "Siempre que se cumplan los presupuestos del número anterior referidos a la pretensión de tutela de tales derechos o libertades", que puede interpretarse de dos formas. Una sería que se trata de una remisión simple y pura a la prescripción del art. 219.1 LRJS sobre la exigencia de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", igualdad sustancial en el substrato previo a los respectivos fallos (de la sentencia recurrida y de la de contraste) que, como se sabe, se exige con rigor por nuestra jurisprudencia. Pero tal interpretación debe ser rechazada pues conduciría a vaciar de contenido la apertura realizada por el art. 219.2 LRJS cuya evidente finalidad es la de facilitar y potenciar una adecuación de la doctrina jurisdiccional ordinaria a la doctrina constitucional, finalidad que difícilmente se alcanzaría si se exigiera esa igualdad sustancial en hechos, fundamentos y pretensiones entre las sentencias comparadas, la sentencia ordinaria y la sentencia constitucional; y más difícil aún sería si la sentencia que se aporta como contradictoria es una procedente de un órgano jurisdiccional internacional o comunitario.

Por eso la interpretación correcta es la que se desprende de la segunda parte del inciso que hemos subrayado: esa igualdad sustancial debe venir referida a la pretensión de tutela del derecho constitucional de que se trate, de suerte que el derecho constitucional invocado y eventualmente vulnerado por la sentencia recurrida es el mismo sobre cuyo alcance establece doctrina diversa la sentencia aportada como contradictoria. De lo expuesto deviene evidente la contradicción en los términos exigidos legalmente.

3.- En asuntos como el presente, la Sala ha venido aplicando, incluso de oficio, los efectos positivos de la cosa juzgada respecto de la primera de las sentencias dictadas en el tiempo. Así, tal efecto ha sido aplicado por múltiples sentencias de la Sala en procesos en los que, estando el origen en un accidente de trabajo, existiendo una previa sentencia condenatoria en materia de recargo de prestaciones, se trataba de dilucidar si correspondía o no condenar por responsabilidad contractual derivada de la actuación empresarial infractora de normas de seguridad y salud que había sido reconocida en la anterior sentencia sobre el recargo. Y así, la doctrina de esta Sala, en orden al efecto positivo de la cosa juzgada, cuando existe sentencia firme dictada en un proceso en materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social que mantiene la infracción de la empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en otro proceso posterior se reclama por el trabajador la reparación del daño ocasionado por la empresa en relación con la contingencia, en este caso por enfermedad profesional, viene señalando que, aunque entre el proceso de recargo y el de reclamación de cantidad indemnizatoria existen diferencias, también concurren elementos de identidad y entre ellos la relación de causalidad se sitúa en un plano en el que no cabe desconocer la identidad existente entre los dos institutos, como advierte la sentencia de contraste, pues la relación causal entre el incumplimiento empresarial y las lesiones es un elemento común de las dos nociones que opera de la misma forma en ambas. En consecuencia, hay que concluir que puede afirmarse que si se aprecia el efecto de la cosa juzgada en las infracciones en las que la identidad puede cuestionarse, con mayor razón deberá apreciarse respecto a la relación de causalidad ( STS 1013/2017 de 15 diciembre, Rcud. 4025/2016).

También hemos aplicado la doctrina en sentido inverso, reiterando el efecto positivo de cosa juzgada de un proceso respecto del otro, recordándose que para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es necesario que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento empresarial; por ello la circunstancia de que la sentencia que entendió que tal requisito no había concurrido determina que tal declaración firme por fuerza no debiera haber sido desconocida por la sentencia recurrida, en ineludible aplicación del artículo 224.1 LEC, dejando sin efecto el recargo de prestaciones interpuesto al estar el mismo privado de su elemento más decisivo: la relación causa/efecto entre la infracción y el resultado dañoso ( STS de 22 de junio de 2015, Rcud. 853/2014). Y, también en la STS 603/2021, de 8 de junio, Rcud. 3771/2018 que apreció el efecto positivo de la cosa juzgada de una sentencia firme del orden social, que anuló una sanción administrativa, sobre una posterior sentencia sobre recargo de prestaciones cuando ambas se basan en los mismos hechos.

Tales consideraciones encuentran apoyo en la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 77/1983; 16/2018; 192/2009 y 139/2009) que enfatizan que del artículo 24 CE se desprende la necesidad de que las resoluciones judiciales que abordan unos mismos hechos en distintas sentencias, tengan en cuenta los factores concurrentes y decidan de manera razonada desde esa perspectiva de tutela lo que resulte ajustado a derecho, como recuerda nuestra STS de 13 de abril de 2016, Rcud. 3043/2013.

En definitiva, como explican las SSTS 443/2018, de 25 de abril (Rcud. 711/2016) y 603/2021, de 8 de junio, (Rcud. 3771/2018), dictadas en unos asuntos sustancialmente iguales al que ahora examinamos, el artículo 42.5 LISOS está concebido y sólo adquiere sentido y razón de ser en el marco competencial aplicable en la fecha en que se aprobó la norma en la que se integra, conforme al cual la impugnación judicial de las resoluciones administrativas recaídas en procedimientos sancionadores de la normativa de prevención de riesgos laborales se residenciaba en el ámbito de la jurisdicción de orden contencioso-administrativa. Por ello, la posible eficacia vinculante de lo resuelto en el litigio sobre impugnación de la sanción administrativa impuesta sobre el seguido en materia de recargo de prestaciones dimana del artículo 222.4 LEC, a lo que no es óbice la diversidad de objetos de uno y otro proceso, pues el efecto positivo de la cosa juzgada no exige la completa identidad que es propia del efecto negativo, bastando con que lo decidido en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el posterior como elemento condicionante o prejudicial. Siendo, por tanto, lo relevante determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en sentencia firme recaída en el proceso de impugnación de la sanción impuesta a la empresa, en lo que respecta a la existencia de la infracción que la motiva y a los hechos en que se funda esa apreciación, puede proyectarse sobre la decisión que corresponde adoptar en el litigio sobre recargo de prestaciones.

CUARTO.- 1.- Hay que destacar, también, la consolidada doctrina de esta Sala que recoge la STS 668/2020 de 16 julio (Rcud. 3565/2020), en la que decimos que la relación entre las sentencias que, de forma definitiva, resuelven la cuestión de las sanciones impuestas en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos que se susciten con posterioridad respecto de la imposición del recargo de prestaciones del art. 123 LGGS, ha dado lugar a esta Sala a sostener que la jurisprudencia constitucional mantiene el principio general de vinculación de la sentencia firme del orden contencioso-administrativo -en este caso el social- respecto a la que deba dictarse posteriormente en el orden social (ST 21/2011). Sin embargo, esa doctrina no consagra el criterio de la automaticidad absoluta, sino que exige dicha vinculación siempre que no existan razones expresamente fundadas para entender que en el caso concreto cabe una distinta apreciación o valoración de los hechos [así, SSTS 445/2022 de 17 mayo (Rcud. 2480/2019) y 311/2023 de 26 abril (Rcud. 1865/2020)].

Tras lo que definitivamente concluimos, que lo relevante, por tanto, es determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en sentencia firme recaída en el proceso de impugnación de la sanción impuesta a la empresa, en lo que respecta a la existencia de la infracción que la motiva, y a los hechos en que se funda esa apreciación, puede proyectarse sobre la decisión que corresponde adoptar en el litigio sobre recargo de prestaciones.

2.- En el caso que examinamos, quedó acreditado en la sentencia firme del Juzgado de lo Social que resolvió la impugnación de la infracción administrativa que el accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de las empresas, quedando acreditado que no hubo ninguna relación de causalidad entre la conducta de éstas y la producción del accidente, ya que consta expresamente en dicha sentencia que "consta específicamente evaluado el riesgo de atrapamiento durante las labores de limpieza de la máquina" y que en la evaluación general de riesgos laborales, a efectos de evitar el riesgo de atrapamientos "se establece como medida implantar la norma que prohíbe acercar las manos a cualquier máquina en movimiento". Añadiendo que "no concurren los elementos de la infracción por la que se sanciona a la entidad demandante"; es más, "ni siquiera las citadas infracciones se consideran nexo causal suficiente para la producción del accidente". Tales apreciaciones fueron indirectamente asumidas por la sentencia recurrida que establece expresamente que "ha quedado acreditado que se había dado formación a la trabajadora sobre el riesgo de su actividad, que era conocedora de la prohibición de meter la mano en el interior de la máquina cuando se hallaba en funcionamiento y que era necesario mantenerla en ese estado para llevar a cabo las labores de limpieza que hacía la actora"; apreciando -a pesar de ello- la existencia parcial de relación de causalidad. Resulta evidente, por tanto, que la recurrida no se ajusta a nuestra doctrina, ni a la de la sentencia de contraste, ya que, como afirma la STS 12 de julio de 2013 (Rcud 2294/2012), si se aprecia el efecto de cosa juzgada en las infracciones en las que la identidad puede cuestionarse, "con mayor razón deberá apreciarse respecto de la relación de causalidad".

Como afirma la sentencia de contraste ( STC 21/2011) esa contradicción en las conclusiones alcanzadas en cada uno de los procesos a contraste no encuentra soporte suficiente en las razones con las que el Tribunal Superior de Justicia, en la Sentencia recurrida, pretende sustentar la virtualidad de la diferente valoración de los mismos hechos. En efecto, como recogimos en los antecedentes de esta resolución, la Sala de lo Social trata de fundarlo en que eran distintas las ópticas de enjuiciamiento. Sin embargo, sin esfuerzo se aprecia que esa razón es del todo genérica, no se proyecta al caso o se justifica desde el caso concreto, faltando entonces una motivación siquiera mínima que, en él fundada, explique los motivos de la distinta apreciación o valoración de los hechos.

En suma, no aparecen motivadas las razones por las que, no obstante haberse producido la exoneración de la responsabilidad administrativa en la vía estrictamente sancionadora, sin embargo, sí que concurre la responsabilidad en el ámbito laboral desde la óptica de prevención de riesgos laborales y en atención a los mismos concretos hechos producidos; teniendo en cuenta que la distinción de la Sala entre infracción e incumplimiento, en materia de medidas de seguridad, resulta en el presente caso totalmente artificial, a la vista del acta de la Inspección de Trabajo y, especialmente, a la vista del tenor de la infracción administrativa que requiere, ineludiblemente, el incumplimiento de normativa sobre prevención de riesgos laborales.

3.- Lo expuesto conduce a la estimación del motivo y a la casación de la sentencia recurrida en los términos que se dirán, sin necesidad de que la Sala examine el último de los motivos del recurso. Lo que conlleva, oído el Ministerio Fiscal a la estimación del recurso con la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida, para resolver el debate en suplicación desestimando los de tal clase interpuestos por el INSS y la trabajadora, declarando la firmeza de la sentencia de instancia. Con devolución del depósito y liberación de la consignación o aval constituido para recurrir ( artículo 228.2 LRJS) y sin que la sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) .