Sentencia Social 37/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1433/2023 de 16 de enero del 2024

PRIMERO.- El demandante, nacional checo nacido el NUM001 de 1967, prestó servicios en minas de la República Checa entre los años 1988 y 1998 y en minas de España a partir de 1 de septiembre de 1998.

El INSS le reconoció pensión de jubilación, con aplicación de los Reglamentos Comunitarios. Tras una revisión de oficio, las condiciones definitivas de la pensión fueron:

Fecha del hecho causante: NUM004 de 2021, día de cumplimiento ficticio de 66 años, al reconocérsele una bonificación de 4151 días.

Efectos económicos: 23 de septiembre de 2021.

Base reguladora: 1864,71 € mensuales.

Porcentaje: 100%.

Porcentaje a cargo de España: 80,17%.

El demandante reclamó un aumento de la base reguladora (2.232,46 € mensuales)y del porcentaje de pensión a cargo de España (94,20%), así como la responsabilidad empresarial por infracotización: directa de las empresas en que prestó servicios (LAS MINAS DE OSTRAVA Y KARVINA S.A., Sucursal en España; VOKD S.A., Sucursal en España; CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A.; PRAGARRA S.L. y su administrador concursal); responsabilidad subsidiaria de la empresa que subcontrató a las anteriores (S.A. DE TRABAJOS SUBTERRÁNEOS -SATRA-) y de HUNOSA, que contrató a SATRA. La reclamación tenía dos fundamentos. En primer lugar, durante el periodo de 1 de septiembre de 1998 al 31 de mayo de 2008, en España se le encuadró en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de corresponderle el Régimen Especial de la Minería del Carbón por los trabajos realizados, lo que originó una situación de infracotización al corresponder al trabajador las bases de cotización normalizadas establecidas para ese periodo. En segundo lugar, para fijar la parte de pensión que España debe abonarle, el demandante atribuye a la Seguridad Social Española la proporción que resulta de las bonificaciones de edad obtenidas por la prestación de servicios desarrollada en las minas de su país de origen en empresas no españolas.

El Juzgado de lo Social estimó parcialmente la demanda: reconoció una base reguladora de 2.232,46 €; declaró la responsabilidad empresarial de LAS MINAS DE OSTRAVA Y KARVINA S.A., Sucursal en España, VOKD S.A., Sucursal en España, CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A., PRAGARRA S.L. y su administrador concursal, por infracotización; y declaró la obligación del INSS y la TGSS de anticipo.

El demandante recurre en suplicación la sentencia: reclama una prorrata temporis a cargo de España de 94,20%; y la responsabilidad subsidiaria de las empresas SATRA y HUNOSA por la infracotización producida.

El recurso es impugnado por estas dos empresas que defienden el acierto de la decisión judicial. SATRA, además, opone la falta de legitimación y de acción del demandante para recurrir en suplicación sobre la responsabilidad subsidiaria.

SEGUNDO.- Los arts. 17.5 LJS y 448.1 LEC son invocados por la empresa SATRA para fundar la causa de inadmisibilidad del recurso, por falta de legitimación y de acción del recurrente. Expone que con la estimación parcial de la demanda por el Juzgado, ningún perjuicio causa al demandante la absolución de SATRA y HUNOSA y ningún beneficio le produce la declaración de responsabilidad subsidiaria de estas.

La causa de inadmisibilidad del recurso debe desestimarse.

El art. 17.5 LJS, dedicado a la legitimación de las partes para recurrir en el proceso laboral, establece:

"Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores".

El art. 448.1 LEC establece:

"Contra las resoluciones de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley".

El concepto de afectación desfavorable es amplio en la LJS, como se desprende del indicado art. 17.5.

El recurso del demandante tiene por objeto la acogida de pretensiones planteadas en la instancia y desestimadas en la sentencia del Juzgado. Son pretensiones que amplían la relación de empresas responsables del pago de la pensión de jubilación, por la infracotización producida, para incluir a SATRA y HUNOSA como responsables subsidiarios. También amplían la cuantía de la prestación a pagar en España, al reclamarse que la Seguridad Social española abone un mayor porcentaje de la pensión. Aunque el trabajador esté conforme con la base reguladora fijada en la sentencia de instancia y la condena del INSS y la TGSS al anticipo de la prestación le garantice el cobro íntegro, la decisión judicial no estimó plenamente la reclamación formulada por aquél y las cuestiones formuladas en el recurso comportan variaciones de cantidad y de sujetos responsables que interesan al demandante y a todas las partes demandadas. Concurren circunstancias que dotan al demandante de legitimación para recurrir, de acuerdo con los artículos invocados.

TERCERO.- En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b) LJS, el demandante solicita la supresión del último párrafo del hecho probado décimo cuarto. Manifiesta que el texto suprimido no recoge un hecho sino una valoración jurídica global predeterminante del fallo, impropia del relato de hechos probados; asimismo, que la referencia a HUNOSA contradice los hechos probados cuarto, quinto y decimoséptimo. Afirma que la propuesta tiene apoyo en los documentos presentados por el demandante y citados en esos hechos probados.

HUNOSA y SATRA se oponen a la petición. Aquella la considera errónea, confusa e infundada. SATRA entiende que el texto polémico constituye correcto ejercicio de las facultades de valoración de los medios de prueba atribuidas a la Juzgadora de instancia; añade que el recurso no identifica convenientemente los documentos sustentadores de la petición.

El demandante pide eliminar el siguiente texto:

"Tampoco consta acreditado que los servicios prestados por el actor en el resto entidades codemandadas lo fueran en períodos en que las mismas hubieran sido subcontratadas por SATRA o por HUNOSA."

El texto no recoge un hecho probado, sino uno que se declara no probado.

El art. 97.2 LJS establece que la sentencia, "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión".

Por tanto, en el relato fáctico de la sentencia no tienen cabida los hechos no acreditados, que por la circunstancias de figurar en el mismo no cambian su naturaleza ni se convierten en probados. Son apreciaciones, tras la valoración de los elementos de convicción aportados, que pertenecen a la fundamentación jurídica de la sentencia.

Resulta por ello innecesario para eliminarlos del relato fáctico de la sentencia acudir al cauce procesal del art. 193 b) LJS, habilitado para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

El motivo de recurso, sin embargo, no se conforma con la supresión del párrafo, pues incorpora la idea de que, conseguido tal efecto, ha de entenderse acreditado el dato al que se refería la Juzgadora en el texto. A tal fin invoca los documentos a que se refieren los hechos probados cuarto, quinto y decimoséptimo.

El intento del demandante no cumple las condiciones exigidas para tener éxito. El art. 196.3 LJS incluye entre éstas la indicación del texto alternativo que se pretenda. Ha de ser una formulación clara y precisa (art. 196.2 LJS), característica ausente en el recurso que se limita a pedir la supresión del párrafo sin proponer de forma específica un texto alternativo.

La mera eliminación del relato fáctico no equivale a afirmar que el hecho en cuestión se probó, cuando además en la fundamentación jurídica de la sentencia se reitera la falta de acreditación del hecho. La cita que hace el demandante a los hechos probados cuarto, quinto y decimoséptimo y a los documentos en ellos mencionados, ni subsana la deficiencia técnica señalada ni permite llegar a un resultado distinto al de la desestimación del motivo.

La ley procesal atribuye a la Juzgadora de instancia amplias facultades para valorar los medios de convicción aportados en el proceso a fin de determinar los hechos acreditados (art. 97.2 LJS) y, como señala la jurisprudencia, dota de prevalencia a esa valoración judicial, exigiendo para su modificación que los intentos de revisión fáctica cumplan determinadas condiciones [arts. 193 b) y 196.2 y 3 LJS; sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014)]. Los cambios están condicionados a su formulación clara, precisa y motivada (art. 196.2 LJS), basada en documentos concretamente identificados de decisivo valor probatorio o en pruebas periciales de incuestionada calidad científica o técnica, no desautorizados por otros medios probatorios de igual eficacia, que de forma directa, diáfana e indudable pongan de manifiesto el error de la sentencia de instancia sobre datos de interés para la decisión del asunto.

Los hechos probados cuarto y quinto aluden a diversos documentos presentados por el demandante para basar sus alegaciones. Están suficientemente identificados, pero los documentos son descritos únicamente para dar cuenta de su existencia, como clara y directamente se desprende del encabezamiento de cada uno de estos apartados: "Constan en el ramo de prueba del actor". En el fundamento de derecho primero, la sentencia especifica que son documentos impugnados por HUNOSA y SATRA; en el fundamento de derecho cuarto, párrafo tercero, deja expresamente al margen el contenido de los certificados y contratos de trabajo aportados por el trabajador, al haberse impugnado por aquellas empresas, con lo que los excluye de los medios probatorios determinantes de la convicción judicial; en el fundamento de derecho sexto, sobre la responsabilidad subsidiaria de SATRA y HUNOSA, analiza otros documentos, uno de ellos el que sirve de base para la redacción del hecho probado decimoséptimo y tras su valoración conjunta concluye: "Por tanto no consta acreditado que los servicios prestados por el actor por cuenta de entidades empleadoras codemandadas lo fueran en periodos en que las mismas hubieran sido subcontratadas por SATRA, y esta por HUNOSA". En esta operación valorativa la Juzgadora de instancia pudo analizar y someter a contraste las afirmaciones en uno y otro sentido realizadas por las partes comparecientes en el juicio y los diversos medios probatorios aportados en el proceso judicial. La revisión del resultado, por errónea, no puede efectuarse mediante la apelación genérica que el recurso efectúa a los hechos cuarto, quinto y decimoséptimo del relato fáctico y a los documentos en ellos referidos, ya que sin una exposición razonada de los documentos concretos utilizados en la revisión solicitada y de su eficacia para mostrar de forma palmaria e incuestionable la equivocación de la sentencia no cabe desautorizar la valoración judicial (art. 196.2 y 3 LJS).

CUARTO.- En el segundo motivo de recurso, por el cauce procesal habilitado en el art. 193 c) LJS, denuncia la infracción de los arts. 1.t) y 52.1.b).ii del Reglamento de la Unión Europea 883/2004, en relación con el art. 21.4 de la Orden Ministerial de 3 de abril de 1973, el art. 2.4 del Real Decreto 2366/1984 y la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2021, rcud. 806/2020. Alega que, de acuerdo con dichas disposiciones y doctrina, "para calcular la prorrata temporis debe considerarse como periodo de seguro por asimilación los días en que se ha visto adelantada la edad de jubilación y no sólo los días de bonificación por trabajos en España como erróneamente ha entendido la sentencia recurrida con fundamento en sentencias que se citan de esta Sala que no son firmes, habiéndose pronunciado ya el Ministerio Fiscal a favor de la procedencia del recurso frente a la tesis defendida por el INSS y confirmada por la aquí recurrida, en el informe presentado en el RCUD nº. 5204/2022, interpuesto frente a la sentencia de esta Sala de 4-10-2022, rec. 1500/2022".

La empresa SATRA pide la desestimación del motivo, que sustenta en los fundamentos de la sentencia de instancia, a los cuales se remite. La empresa HUNOSA no contesta específicamente.

El demandante realizó trabajos mineros en España y en Chequia bonificados con reducciones en la edad de jubilación: acredita una bonificación total de 4151 días por la actividad en ambos países. Considera que la parte de pensión a cargo de España es la equivalente al 94,20% de la cuantía total de 2232,46 € (100% de una base reguladora de 2232,46 €): "correspondiente a 8.067 días cotizados hasta el 22-9-2021 + 4.150 de adelanto de la edad de jubilación - los comprendidos entre el 23-9-2021 y el NUM001-2033- día del cumplimiento real de la edad pensionable de 66 años- gracias a las bonificaciones de edad de España y a las procedentes de trabajos en otros Estados miembros, con el siguiente denominador :13.141- aplicable ex DT 9ª LGSS". Según este criterio, la repercusión integra de las bonificaciones por edad en la pensión, tanto las originadas por la prestación de servicios en España como por la realizada en Checoslovaquia, han de recaer sobre la Seguridad Social española.

Las disposiciones citadas en el recurso del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, establecen.

Artículo 1. Definiciones

"Para los fines del presente Reglamento se entiende por:

(...)

t) \"períodos de seguro\", los períodos de cotización, o de actividad por cuenta ajena o propia, tal como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro;"

Artículo 52 Pago de las prestaciones

"1. La institución competente calculará el importe de la prestación potencialmente adeudada:

a) en virtud de la legislación que aplique, únicamente si las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones se han cumplido exclusivamente con arreglo a la legislación nacional (prestación nacional);

b) calculando un importe teórico y posteriormente un importe real (prestación prorrateada), de la siguiente manera:

i) el importe teórico de la prestación será igual a la prestación que el interesado habría causado en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de los demás Estados miembros se hubieran cumplido de acuerdo con la legislación que dicha institución aplique en la fecha en que se liquide la prestación. En caso de que, con arreglo a dicha legislación, el importe no dependa de la duración de los períodos cumplidos, se considerará que dicho importe constituye el importe teórico;

ii) la institución competente establecerá a continuación el importe real de la prestación prorrateada, aplicando al importe teórico la proporción entre la duración de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con la legislación que la institución aplique y la duración total de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados.

2. Si procede, la institución competente aplicará al importe calculado de acuerdo con las letras a) y b) del apartado 1 todas las cláusulas de reducción, suspensión o supresión establecidas por la legislación que aplique, dentro de los límites establecidos por los artículos 53 a 55.

3. El interesado tendrá derecho a recibir de la institución competente de cada Estado miembro el importe más elevado de los calculados de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 1.

4. Cuando el cálculo efectuado con arreglo a la letra a) del apartado 1 en un Estado miembro produzca siempre como resultado que la prestación nacional sea igual o superior a la prestación prorrateada calculada con arreglo a la letra b) del apartado 1, la institución competente podrá no efectuar el cálculo prorrateado, con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento de aplicación. Dichas situaciones se exponen en el anexo VIII".

De acuerdo con el art. 52.1. b).i y ii del Reglamento Comunitario, para conocer el importe teórico de la pensión han de incluirse todos los periodos de seguro cumplidos por demandante en España y en Checoslovaquia, incluido el periodo bonificado en ambas países. Para determinar la pensión prorrateada, es decir, la que ha de pagar la Seguridad Española, el numerador estará formado por los periodos cumplidos de acuerdo con la legislación española, por tanto incluyendo el periodo bonificado por el trabajo en España, pero no los días de bonificación originados por la actividad laboral realizada en Checoslovaquia.

El análisis de la normativa y doctrina comunitaria nos lleva a esta solución, tal como hemos indicado en ocasiones anteriores. En nuestra sentencia 187/2023, de 14 de marzo, rec. 2570/2023, indicábamos:

<en contra de lo previsto en elArt. 52 del reglamento 883/2004 , lo que la recurrente pretende [allí la parte actora que vio desestimada similar petición a la aquí demandada] es que la prorrata a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social se calcule computando no solamente los días efectivamente cotizados en España y el periodo asimilado conforme a la legislación española, tal como ha resuelto el juzgador de instancia, sino que a la carrera de seguro española pretende adicionar los periodos de cotización ficticia reconocidos por una legislación extranjera, es en este caso por la legislación polaca, lo que sin duda alguna excede de los objetivos perseguidos por la llamada Seguridad Social Coordinatoria, que como hemos visto ya computa las carreras de seguro cumplidas de acuerdo con la legislación de los otros estados miembros de la Unión Europea para el cálculo de la pensión teórica, con el fin precisamente de que los trabajadores migrantes no sufran una reducción de la cuantía de la prestaciones de Seguridad Social por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación ( STJCE de 9 de agosto de 1994, caso Rechling, asunto C-406/1993 ), pero no para el cálculo de la pensión nacional prorrateada, que se contrae como se ha visto a la carrera de seguro cumplida de acuerdo con la legislación que aplique la institución competente»

En el mismo sentido se mantienen sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias como la de 8 de noviembre de 2.022, rsu. 1733/2022, cuando se razona: « La cita en el recurso de la STS 6.10.2021 dictada en el rcud 608/2020 cuenta con el escollo de lo resuelto en sentencia dictada en Sala General de esta Sala de lo Social de fecha 19.7.2022 (rsu 272/2022 ) que, en síntesis, dice (i) la prorrata temporis es el porcentaje que resulta de dividir los periodos de seguro cumplidos en España entre el total de los periodos de seguro cumplidos en los distintos Estados miembros computados para calcular la cuantía de la pensión teórica, (ii) la jurisprudencia dictada en unificación de doctrina señala que los coeficientes de edad ficticia se aplican para reducir la edad de acceso a la pensión de jubilación y para determinar el tiempo de cotización en España cuando el trabajador cuenta con periodos de seguro en otros Estados miembros, (iii) conforme alartículo 52 del Reglamento comunitario 883/2004 la prorrata a cargo de la Seguridad Social española se calcula teniendo en cuenta no más que los días efectivamente cotizados en España y el periodo asimilado conforme a nuestro Derecho interno».

También la sentencia de 18 de octubre de 2.022 (rsu. 1753/2022) se manifiesta sobre la formula seguida por el Juzgado afirmando que « Empero dicha fórmula se opone a que, según tiene dicho esta Sala de lo Social en su reciente sentencia dictada en Sala General el 19 de julio de 2.022 (rsu. 272/2022 ), a tenor delart. 52 del Reglamento CEE 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, relativo a la liquidación de las pensiones vejez, una vez hallada la cuantía teórica de la prestación que el interesado habría causado en el supuesto de que, todos los periodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de los demás Estados miembros, se hubieran cumplido de acuerdo con la legislación que dicha institución aplique en la fecha en que se liquide la prestación (Art. 52.1.b) i) se procede al cálculo del importe efectivo de la prorrata de la prestación:

"Para el cálculo de la pensión prorrateada la institución aplica al importe teórico la proporción entre la duración de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con la legislación que la institución aplique y la duración total de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados. En otras palabras, la prorrata temporis es el porcentaje resultante de la fracción que tiene como numerador: los periodos de seguro cumplidos en España, y como denominador: la duración total de los periodos cumplidos por el trabajador migrante en los distintos Estados miembros computados para calcular la cuantía de la pensión teórica, y así lo ha venido aplicando la doctrina unificada. [...] Al cómputo de las cotizaciones ficticias en el régimen especial de la Seguridad Social de la Minería del carbón se refieren las SSTS de 11 de febrero de 2015 (rec. 1780/2014 ),23 de junio de 2016 (rec. 395/2025 ) y 13 de julio de 2021 (rec. 3219) para señalar todas ellas que los coeficientes de edad ficticia para la jubilación propios de los trabajos en el interior de las minas deben tenerse en cuenta, no solo a los indudables efectos de reducir la edad de jubilación, sino también para determinar el periodo de tiempo que ha de considerarse cotizado en España cuando se trata de trabajadores que reúnen periodos de cotización en otro Estado Miembros de la Unión Europea [...]".

Y aplicando la anterior doctrina lo que concluíamos y mantenemos es que el artículo 52 del Reglamente o 883/2004 prevé que la prorrata a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social se calcule computando solamente los días efectivamente cotizados en España y el periodo asimilado conforme a la legislación española, tal y como el Instituto demandado correctamente aplicó. [...]»>>.

En similares términos, nuestra sentencia 211/2023, de 14 de febrero, rec. 2439/2022, con una amplia referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia de instancia sigue este criterio, que debe mantenerse, por razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( arts. 9.3 y 14 de la Constitución española), lo que conduce a desestimar el motivo. La manifestación del recurrente sobre el informe emitido por el Ministerio Fiscal durante la tramitación de un recurso de casación para unificación de doctrina relativo a la cuestión ahora suscitada, no constituye fundamento que haga posible variar el criterio seguido de forma repetida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La Sala no conoce el indicado informe y debe esperar a la resolución del Alto Tribunal.

QUINTO.- En el tercer motivo de recurso, por el mismo cauce procesal que el anterior, el demandante denuncia la infracción del art. 168.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el art. 217.7 LEC, al no haberse condenado a SATRA y HUNOSA como responsables subsidiarias.

Señala que la responsabilidad de HUNOSA deriva del trabajo en sus pozos mineros hasta el 31 de mayo de 2008, encuadrado indebidamente en el Régimen General por las empresas Las Minas de Ostrava y Karvina S.A., Sucursal en España, Vokd S.A., Sucursal en España, Construcción de Minas y Obras Subterráneas S.A. y Pragarra S.L.

Afirma, asimismo, que la responsabilidad de SATRA es consecuencia de su condición de adjudicataria de diversos contratos con HUNOSA y la inexistencia de mención de otros contratistas en relación con las empresas condenadas por la infracotización. Sobre ambas empresas, manifiesta que SATRA fue autorizada por HUNOSA el 5 de marzo de 2008 para realizar la subcontratación de la empresa PRAGARRA S.L. por el Jefe Área San Nicolás y que el actor fue uno de los trabajadores afectados por el expediente de cambio de encuadramiento, del Régimen General al Régimen Especial de la Minería del Carbón, mientras prestaba servicios para PRAGARRA S.L.

Alega también que el art. 217 LEC se infringe al hacer recaer sobre el demandante toda la carga de la prueba a pesar de su esfuerzo para acreditar los hechos.

En los respectivos escritos de impugnación del recurso, ambas empresas rechazan las afirmaciones del demandante y apoyan los razonamientos de la sentencia de instancia.

El punto de partida en el examen del tema es que el demandante solicita la responsabilidad subsidiaria de SATRA y HUNOSA con fundamento en el art. 168.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dispone:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para las contratas y subcontratas de obras y servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante, cuando un empresario haya sido declarado responsable, en todo o en parte, del pago de una prestación, a tenor de lo previsto en el artículo anterior, si la correspondiente obra o industria estuviera contratada, el propietario de esta responderá de las obligaciones del empresario si el mismo fuese declarado insolvente.

No habrá lugar a esta responsabilidad subsidiaria cuando la obra contratada se refiera exclusivamente a las reparaciones que pueda contratar el titular de un hogar respecto a su vivienda".

De acuerdo con la norma invocada, la responsabilidad que regula se supedita a la realidad de una contratación o subcontratación de obras o servicios perteneciente a la misma actividad de la empresa contratante. Los hechos ilustrativos o reveladores de su existencia son hechos constitutivos de la pretensión ejercitada, para conseguir la declaración de responsabilidad subsidiaria. Al demandante le corresponde la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico pretendido en su reclamación ( art. 217.2 LEC). El alcance de la carga es flexible ya que en la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio ( art. 217.7 LEC). Esta norma, sin embargo, no establece una inversión de la carga probatoria, para trasladarla al litigante contrario, como las previstas en los supuestos de actuaciones discriminatorias u otros atentados contra los derechos fundamentales de las personas ( art. 217.5 LEC; arts. 96.1 y 181.2 LJS; etc.); o en otros casos ( art. 217.4 LEC en los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita; art. 96.2 LJS, en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; etc.).

La sentencia recurrida absuelve a las empresas SATRA y HUNOSA, tras apreciar que no estaba acreditada su intervención en el periodo afectado por la infracotización denunciada en la demanda. Curiosamente, el INSS, con igual o incluso superior interés que el demandante en la declaración de responsabilidad subsidiaria de esas empresas, al estar condenada a la obligación de anticipar las diferencias económicas entre la pensión fijada en la sentencia y la previamente reconocida por la Entidad Gestora, consintió la decisión judicial. A esta llegó la Juzgadora de instancia tras examinar numerosos elementos de convicción aportados por las partes.

Entre estos medios se encontraban los documentos que el demandante presentó o solicitó su aportación, al entender que acreditaban sus afirmaciones. En los hechos probados cuarto y quinto figuran mencionados buena parte de ellos (documentos números 3 a 15), donde en repetidas veces se identifica como centro de trabajo los pozos mineros de HUNOSA. La mención de los mismos en el relato judicial no significa que la Juzgadora de instancia tenga por veraz su contenido, pues en la fundamentación jurídica clarifica el sentido de la misma, limitado a dar cuenta de la existencia de los documentos pero sin aceptarlos para formar la convicción. Con independencia de la corrección o incorrección técnica de dicho proceder, a la que el recurso no alude, lo significativo es que frente al resultado de la valoración judicial, el recurrente no ha intentado mostrar la eficacia probatoria de sus medios de prueba y componer un relato de hechos probados expresivo de los mismos. Únicamente solicitó, como se expuso al analizar el primer motivo de recurso, que se retirara del relato fáctico la referencia expresa a la falta de acreditación de los hechos relativos a la responsabilidad subsidiaria de SATRA y HUNOSA, pero sin construir en forma uno o varios motivos de revisión fáctica que permitieran a la Sala el examen de los medios de prueba y determinar, en su caso, las posibilidades de éxito, los límites del intento revisor y el esfuerzo probatorio realizado por el trabajador para que prevaleciera su versión de los hechos. La indicada carencia deja un relato donde los datos son insuficientes para sustentar las responsabilidad subsidiaria pretendida; además, convierte en infundada la apelación al art. 217.7 LEC, pues se presenta como un instrumento a fin de liberarse de las consecuencias de la falta de prueba ante el resultado del juicio, para eludir la carga probatoria que le incumbe. Procede, consiguientemente, la desestimación del recurso.

Por lo expuesto.