Sentencia Social 105/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1762/2023 de 30 de enero del 2024

PRIMERO: Interpone recurso de suplicación la representación letrada de la empresa EULEN S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que desestima su demanda de impugnación de la sanción administrativa que le impuso una sanción de 24.585 euros por tres infracciones en materia laboral tipificadas como graves.

La sanción trae causa del accidente acaecido el día 6 de julio de 2.020 en el que falleció un trabajador de la empresa demandante, el Sr. Teodosio, cuando realizaba la operación de descarga del contenido de un camión cisterna de la empresa -polvos de captación de electrofiltros del Sinter B- para su gestión como residuos y sufrió una caída desde la parte superior de la cisterna al suelo, consecuencia de la cual resultó con un traumatismo cráneo encefálico severo de fatal desenlace.

Recurre la empresa demandante por el cauce de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social mediante varios motivos de revisión fáctica y censura jurídica, respectivamente, para solicitar la revocación de la sentencia para, en su lugar, la estimación de la demanda, bien declarando la nulidad de la resolución administrativa de sanción, bien dejando sin efecto la impuesta dado el cumplimiento por la empresa de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en cualquier caso, la imprudencia temeraria que sostiene en la conducta del trabajador.

La Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias y la representación letrada de la Sra. Angelina, viuda del trabajador, impugnaron el recurso interesando su íntegra desestimación, si bien esta última plantea igualmente una rectificación de hecho en idéntico sentido confirmatorio de la sentencia recurrida.

A la impugnación del recurso por la representación letrada de la viuda del trabajador han sido formuladas por la empresa recurrente las alegaciones que obran en autos.

SEGUNDO: Solicitada revisión de hechos probados tanto por la empresa recurrente como por una de las recurridas en su escrito de impugnación, su examen se hace preciso con carácter previo a fin de dejar fijado el relato fáctico del que habrá de partir la censura jurídica planteada.

El motivo de la empresa plantea por el cauce del apartado b) del artículo 193 LJS propone dos revisiones. En primer lugar, modificar el hecho probado octavo mediante dos adiciones, una intercalada a continuación del primer párrafo con el siguiente tenor literal: " El procedimiento de descarga de polvos de captación de electrofiltros del Sinter

B en la instalación de Ferrosadin consiste básicamente en, una vez detenido y parado el camión cisterna, conectar las mangueras de aire desde el compresor hasta la cisterna para meter aire y conectar, a su vez, la boca de descarga de la cisterna al mangote en la boca del silo gestionado por Ferrosadim donde se efectúa la descarga. Una vez efectuadas las operaciones anteriores, se pone en marcha el compresor para presurizar la cisterna y, cuando alcanza en el barómetro una presión determinada que puede oscilar entre 1,5 y 2 bares, se abre la llave de descarga esperando hasta que ésta finaliza. Toda esta operación se realiza desde el suelo y durante la misma el conductor del camión se encuentra solo". La otra para añadir igualmente al final del penúltimo párrafo, seguidamente a la mención a que l a barandilla del vehículo estaba mal, oxidada y no tenía puntos de enganche, que el trabajador "no subió la barandilla plegable de la cisterna del camión" . Sendas adiciones se fundan en el identificado como documento tres de la demanda, consistente en el Acta de Infracción, en cuyas páginas 4 y 9 se detalla el procedimiento de descarga de polvos de captación de electrofiltros del Sinter B en las instalaciones en que se desarrollaba y se indica que la barandilla no había sido desplegada.

En segundo lugar, propone modificar el hecho probado décimo tercero para añadir a su escueto tenor que " El camión y sus equipos habían sido objeto de mantenimientos y reparaciones conforme consta en las fichas de reparación y mantenimiento que obran en el documento 20 y 21 del ramo de prueba de EULEN, S.A., a las que nos remitimos". Como anticipa su literalidad, la modificación tiene su apoyo en los documentos veinte y veintiuno de la demanda, consistentes en las fichas de reparación y mantenimiento y facturas de dichas reparaciones efectuadas en el camión y en sus equipos, incluida reparaciones de la empresa TADISA sobre las tapas de cierre de la cisterna.

Ambas revisiones fácticas son impugnadas de contrario por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias y la representación letrada de la Sra. Angelina que oponen a su éxito un incumplimiento de las reglas que presiden este tipo de motivo de recurso.

Dar respuesta a la pretensión de la empresa recurrente exige, por tanto, recordar cuáles son tales reglas elementales. En el proceso laboral es el Juzgador de instancia quien, de conformidad con el artículo 97.2 LJS, tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él y que para su examen dispone de amplios márgenes de actuación delimitados por las reglas de la sana crítica. Como resumidamente expone la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2.015 (rco. 309/2014):

" a) que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia [...], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica (recientes, SSTS 02/07/14 -rco 241/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y 15/09/14 -rco 167/13 );

b) que expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario [...] sino el ordinario de apelación ( SSTS 03/05/01 -rco 2080/00 -; [...] 08/07/14 -rco 282/13 -; y SG 22/12/14 -rco 185/14 -); y

c) que los documentos al efecto invocados «deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable», hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa ( SSTS 15/09/14 -rco 167/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y SG 18/07/14-rco 11/13 -)".

Se trata, pues, de exigencias propias de un recurso extraordinario como es el de suplicación, en el cual las facultades para alterar las premisas fácticas de la sentencia de instancia están sujetas a requisitos de ineludible cumplimiento al corresponder en nuestro ordenamiento laboral al Juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, lo que supone que no es instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los mismos medios de prueba, sino solo y exclusivamente para corregir errores del Juzgador cuando con documentos idóneos se ponga de manifiesto el desacierto de la convicción judicial.

Ambas revisiones fácticas se desestiman. Lo que el motivo de revisión fáctica " contempla es el presunto error cometido en la instancia y que sea relevante para el fallo", de modo que para que prospere es preciso " Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse", citando al efecto concretamente la prueba que " por sí sola, demuestre la equivocación del Juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara" y sin que " se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal" ( Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2.013, rco. 5/2012, 3 de julio de 2.013, rcud. 1899/2012, y 25 de marzo de 2014, rco. 161/2013).

Con respecto a la primera de las propuestas, alega la empresa recurrente que la revisión es transcendente para el fallo porque introduce aspectos que no están en los hechos probados y acredita que el trabajo a realizar se hace íntegramente desde el suelo, no siendo necesario subirse a la cisterna, así como que el trabajador no adoptó ninguna medida de prevención, como lo es subir la barandilla, detener el compresor o como no llevar puesto el caso con barbuquejo. Ello soslaya dos aspectos que están presentes en la sentencia recurrida. De una parte, que el hecho probado primero ya transcribe la operación de descarga a que alude el recurso por el propio contenido literal del acta de infracción en que pretende fundarse. No se discute a la luz de su tenor que toda la operación se realiza desde el suelo. Realmente la controversia radica en la razón por la que el trabajador subió a la cisterna y para la que la adición propuesta nada añade. De otra parte, que al mismo hecho recoge que " No consta que la barandilla de la que disponía el camión cisterna estuviese desplegada así como tampoco que hubiese en la instalación cuerda de vida a la que anclar un cinturón de seguridad", circunstancia -la de la barandilla- que asimismo precisa la sentencia también con valor fáctico al fundamento de derecho cuarto. Nuevamente el mero fáctico consta reflejado como premisa en la sentencia, por lo que nada relevante añade para dirimir la controversia la adición propuesta.

Con respecto a la segunda, es palmario que el cariz de la pretensión pivota en realidad en la propia preferencia por la prueba de parte que invoca y propone directamente añadir por remisión al hecho probado. Mas carece de verdadera argumentación que dé razón del error que hubiera cometido la Juzgadora a quo, limitándose a remitir a la Sala en bloque a valorar de nuevo y asumir la prueba aportada que se corresponde con extensos documentos que se integran por las fichas de reparación y mantenimiento del vehículo. No cabe con arreglo a aquellos requisitos la remisión a bloques documentales, pues no correspondiendo a la Sala plenas facultades valorativas ex 97.2 LJS, debe hacerse de forma concreta y pormenorizada, poniendo de manifiesto la conexión literal de aquellos aspectos que evidencien sin necesidad de elucubraciones o conjeturas el error que se pretende. La revisión solo está justificada si mediante documentos fehacientes o de concluyente poder de convicción, suficientemente identificados, o por prueba pericial de innegable categoría científica o técnica, se pone de manifiesto, no de cualquier manera sino de forma clara y directa, sin acudir a especulaciones, conjeturas o argumentaciones más o menos lógicas, el error del Magistrado. Razones todas que conducen a que el motivo deba ser íntegramente rechazado.

Por su parte, el motivo que la representación letrada de la Sra. Angelina plantea por el cauce del artículo 197.1 LJS propone una única rectificación fáctica. Lo que solicita pasa por corregir el segundo párrafo del hecho probado octavo suprimiendo " Con anterioridad, a acompañar a don Enrique el actor conducía una bañera. El actor llevaba un año conduciendo el vehículo donde se accidentó" y añadiendo en su lugar el inciso " Los primeros años conducía un camión- bañera, y durante el último año manejaba distintas cisternas de polvo de captación". Considera trascendente la modificación solicitada, particularmente frente al argumento del recurrente en su suplicación acerca de que el trabajador fallecido "tenía un conocimiento profundo" del camión porque "llevaba un año conduciendo(lo)", cuando lo cierto es que llevaba un año en el servicio conduciendo diversos camiones destinados al polvo de captación pero no ese en concreto.

Denunciando radicalmente incierto que el trabajador tuviera conocimiento alguno del vehículo más allá de los quince días que llevaba sustituyendo a un compañero, pide corregir tal extremo con base en una pluralidad de documentos que cita por: el Informe Técnico del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales obrante al expediente administrativo remitido por la Administración codemandada y también aportado como documento 17 de la impugnante que lo recoge; fichas o albaranes de trabajo aportados por la recurrente en el acto de la vista como documento número 5, cuya lectura pone de manifiesto lo que el hecho propio hecho probado octavo recoge en cuanto a que con anterioridad a conducir ese vehículo el trabajador tan solo acompañó en alguna ocasión a compañeros para aprender e incurre en una contradicción insalvable entre afirmar que se conducía un camión un año antes y afirmar que antes de conducir dicho camión había estado aprendiendo con diversos compañeros cuando dicho aprendizaje se produjo hasta dieciséis días antes del siniestro; el Acta de Infracción aportada documento tres de la demanda según la declaración del personal que obra en ella; el Atestado instruido por la Guardia Civil también aportado en el acto de la vista como prueba documental de la recurrente (documento número 23) y como prueba documental de la impugnante (documentos número 1, 2, 3, 4 y 5) según las declaraciones que el mismo recoge; el documento 17 de los aportados por la demandante recurrente en el acto de la vista, que también obra unido al expediente administrativo, consistente en relación de Equipos de Trabajo para la recogida y transporte de residuos peligrosos por parte de Eulen S.A. donde se recogen las matrículas de los vehículos adscritos a dicha contrata; y los documentos 8 y 16 de los aportados por la impugnante en el acto de la vista (el número 8 consistente en dossier con justificantes de reparaciones, también aportado por la actora ahora recurrente) que contienen más de 50 "fichas" justificantes de entrada del camión en taller, firmadas por el conductor de ese vehículo.

A la rectificación se opone el recurrente en su escrito de alegaciones evacuando el traslado dado de la impugnación del recurso, denunciando que no cumple requisitos para la revisión fáctica en sede de suplicación.

Como a la vista de los antecedentes jurisprudenciales y redacción actual del artículo 197 LJS se afirma en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2.021 (rco. 2/2020), para interesar la confirmación de la sentencia recurrida " en el escrito de impugnación del recurso de suplicación el impugnante puede limitarse a oponerse al recurso de suplicación o puede alegar: - Motivos de inadmisibilidad del recurso. - Rectificaciones de hechos. - Causas de oposición subsidiarias", pues "la jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, tal y como resulta de la exposición de motivos, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, pero siempre limitados a la inadmisión o desestimación del recurso". En el mismo sentido la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.021 (rco. 187/2019). Dentro de estos límites y dado que el tenor literal del artículo 197.1 LJS requiere el cumplimiento de análogos requisitos a los indicados en el artículo 196 LJS, en el caso de las " eventuales rectificaciones de hecho" que la impugnación del recurso admite conviene recordar que por el carácter extraordinario y objeto limitado del recurso de suplicación la revisión fáctica únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin.

La rectificación, sin embargo, no puede merecer favorable acogida por varias razones ligadas, en primer lugar, a un planteamiento que prescinde de la valoración judicial de las mismas pruebas que ha acometido la Juzgadora a quo. En ella y frente a los documentos invocados -a que igualmente se remiten varios hechos probados tales como el primero, el tercero o el noveno- que han sido preponderantes las declaraciones testificales que resume el fundamento de derecho cuarto. En particular, la conclusión del tiempo durante el que el trabajador había conducido ese camión dimana de la testifical del gestor de limpieza de EULEN -Don Feliciano- en cuanto consta que manifestó "que el actor llevaba un año en ese vehículo". En segundo lugar, a la ineficacia de la revisión desde la perspectiva de la prueba testifical -cuya nueva valoración tiene vetada la Sala-, se suma el planteamiento mediante una heterogénea y amplia pluralidad de elementos probatorios invocados también prescindiendo de que el error debe emanar de forma clara, patente y, en todo caso, directa, esto es, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004). Por último, la relevancia de una rectificación que incide solo en la conducción de ese particular camión no se comparte si consideramos, además, las causas del accidente en que con arreglo a dicha testifical pone el acento la Juzgadora a quo, destacando que incluso el testigo don Enrique " que depuso que hay que parar el comprensor siempre, manifestó que eso no se lo enseñó al fallecido, que solo le enseñó los puestos del camión". La pretensión del escrito de impugnación, por tanto, también se desestima, confirmando el relato fáctico de la sentencia recurrida en su integridad.

TERCERO: El primero de los reproches jurídicos que el recurso dirige frente a la sentencia de instancia denuncia infracción del artículo 47.1.c) y e) y 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los artículos 14.1.h), 17.1, 20 y 27 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social y la disposición transitoria única del Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo .

El recurso incide en la disparidad en la fecha del acta y la fecha de firma que, por su indeterminación, considera en síntesis que afecta a la seguridad jurídica y es nula de pleno derecho, debiendo revocarse la sentencia sin perjuicio de que la Administración inicie un nuevo procedimiento sancionador. A la infracción denunciada se oponen los escritos de impugnación con arreglo a las mismas razones que justificaron su desestimación en la instancia.

La empresa demandante partía en su demanda de una primera pretensión: la nulidad de la resolución de sanción al apreciar como anomalía que el acta de infracción fechada el 14 de diciembre de 2020 aparezca firmada por el Inspector el 9 de diciembre de 2020, lo que el hecho probado primero recoge expresamente. La sentencia de instancia considera que el objeto del presente procedimiento excluye valoración alguna del recargo de prestaciones cuya propuesta se indicaba fechada a 30 de noviembre de 2.020, sin que nada más constase a la fecha, pues solo cabe analizar el Acta de Infracción en relación a la sanción impuesta por la Administración. Rechaza la Juzgadora a quo nulidad alguna del acto administrativo por la discrepancia planteada entre la fecha del acta y la fecha de la firma del mismo mediante un razonamiento que el fundamento de derecho segundo resume en que, de una parte, " nos encontramos ante un defecto meramente formal, y debe recordarse que la jurisprudencia (en ese sentido sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2003 ) viene reiteradamente diciendo que la nulidad por la nulidad no tiene amparo jurídico y los defectos formales sólo son determinantes de nulidad cuando de los mismos se colige una merma o quiebra de los derechos y garantías del administrado que causen una real y material indefensión o imposibilitan una efectiva defensa".

Y por otro lado , subraya " el carácter subsanable del defecto advertido, pues la firma del acta puede hacerse en cualquier momento, no siendo ni tan siquiera el carácter de vicio invalidante de segundo grado generador de anulabilidad. Pues el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y de lugar a la indefensión de los interesados, lo que no concurre en este supuesto". Añade, por último, que "una posible nulidad de lo actuado en el procedimiento administrativo no tendría otras consecuencias que el que debiere dictarse nueva resolución, cuando ya constan en este procedimiento todas las circunstancias de hecho y de derecho necesarias para la definitiva decisión del asunto, con lo que esta repetición tan solo supondría una innecesaria reiteración de los trámites".

Tales son razones que el recurso no alcanza en absoluto a desautorizar. En primer lugar, recargo de prestaciones y acta de infracción son procedimientos independientes que discurren por cauces distintos y frente a los que cabe accionar igualmente con arreglo a motivos autónomos, sin que ninguna indefensión material acredite irrogada la parte por su tramitación paralela. Y en segundo lugar, en efecto, la Sala comparte que la disparidad entre fecha del acta y fecha de firma no solo se trata de un defecto formal nimio, sino que ninguna trascendencia ha tenido a lo largo del procedimiento administrativo en orden a imposibilitar o siquiera mermar la efectiva y material defensa de la empresa.

De entrada, no incurre verdaderamente en infracción alguna de las invocadas, pues ni se trata de un supuesto de imposibilidad el acto administrativo cual alude por los preceptos invocados, ni podemos acoger la indeterminación derivada de la fecha del acto merced a la fecha de firma para el cómputo de "diferentes" plazos que verdaderamente no concreta al caso, ni por dicha disparidad ha prescindido el acto del procedimiento establecido. Como es de ver en el propio relato de hechos probados y no se discute, el recurrente tuvo oportunidad real y ejercitó cuantas alegaciones consideró oportunas frente a la propuesta de infracción administrativa hasta su definitiva imposición. Sin otra consecuencia negativa para los derechos y garantías de la afectada por el acto en cuanto destinataria de la sanción, la mera discrepancia en las fechas a que alude no puede amparar la nulidad de todo el procedimiento desde entonces que pretende. La sentencia por tanto no incurre en la infracción denunciada y el primer motivo se desestima.

CUARTO: El segundo de los reproches jurídicos que el recurso dirige frente a la sentencia de instancia denuncia infracción de artículos 14.1, 2 y 3, 15, 16.2 y 2.bis, 17.2 y 29.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 3.1 y 5 y 4.2, 3 y 5 y 5.1 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y 5.2 y 12.1.b), 12.16.b) y f) y 39.1, 39.2 y 39.3.c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

De no ser declarada nulidad de la resolución, atiende a combatir la exposición de los hechos reseñados en el Acta de Infracción considerando que no se ajusta a la realidad de los acontecimientos en cuanto cumplida por parte de la empresa con la normativa de prevención de riesgos laborales, no fue constitutiva de infracción alguna. Partiendo de esta premisa, la profusa argumentación en que la censura jurídica pivota pretende contestar a cada una de las infracciones graves imputadas. En apretada síntesis, a la infracción por la falta de mantenimiento de equipos opone que está acreditado que la Empresa realizó el mantenimiento del camión y de los equipos del mismo, cierre de la tapa B de la boca delantera, y que contaba con certificado emitido por APPLUS NORTCONTROL. A la infracción que se refiere a la barandilla, lo primero que sostiene a tener en cuenta es que el trabajador no la desplegó, por lo que se desconoce si de haberla subido y haberse anclado a la misma hubiera habido o no accidente de trabajo. Y por otra parte, defiende que la normativa sólo exige la obligatoriedad de líneas de vida y arnés para aquellos trabajos que se hagan a una altura superior a 3,5 metros de altura de modo que, tal y como consta en el Acta de Inspección el trabajo desarrollado por el trabajador accidentado era a menor altura y sólo era necesaria barandilla. Adicionalmente alega que estaba debidamente certificada su adecuación con la normativa vigente.

Y a la infracción que concierne al incumplimiento de las actualizaciones y revisiones de las evaluaciones de riesgos, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan opone, por una parte, que la falta de constancia de una prohibición expresa de subir a la cisterna durante los trabajos de descarga del polvo que se imputa es contradictorio con un método de trabajo que no requiere ni exige que el trabajador suba a la parte superior del camión. El trabajo se hace mediante el enganche de la manguera en el suelo por lo que es innecesario que se contemple dicha prohibición, existiendo un procedimiento establecido para cualquier incidencia que aconteciese, siendo lo primero a llevar a cabo ante cualquier eventualidad comunicarlo inmediatamente a su mando intermedio, cosa que no hizo el trabajador el día del accidente. Por otra parte, al trabajador se le había impartido formación en enero de 2.020 sobre la prohibición de subirse a la caja del camión y sobre la obligatoriedad de hacer uso del barbuquejo (hecho probado undécimo), había asistido a múltiples coloquios de formación (documentos 7 y 8 de la demanda). El hecho de que el trabajador olvidase firmar la asistencia al coloquio " PST-EULEN-SAD.01 REV. O DESCARGA CISTERNA POLVO CAPTACION" no implica que éste no asistiese al mismo o que no estuviera debidamente formado para la realización de sus funciones. Y a la postre reivindica acreditado, igualmente, que el trabajador llevaba un año conduciendo el camión donde se accidentó (hecho probado octavo), lo que demuestra que tenía un conocimiento profundo sobre el mismo.

Impugnan el motivo ambas partes de contrario, remitiéndose el Servicio Jurídico del Principado de Asturias a la argumentación desestimatoria del recurso en su día interpuesto por la empresa y a los razonamientos de la sentencia ahora recurrida. La representación letrada de la Sra. Angelina, junto con las consideraciones de la sentencia, opone asimismo aquellas de valor fáctico que reivindica tanto de la prueba practicada, como las que anticipaba el motivo de rectificación.

A la responsabilidad por el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales atiende específicamente la ley de Prevención de Riesgos Laborales al establecer en su artículo 15.1 la obligación empresarial de dar contenido concreto al deber general de prevención, con arreglo a una serie de principios generales que tienen una evidente proyección directa en cuanto a su aplicación concreta.

Desde esta última perspectiva, ciertamente corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo, si bien de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario (artículo 29). Precisamente en cumplimiento del citado deber de protección, se exige al empresario velar con diligencia y eficacia por la salud y seguridad en el trabajo de las personas que emplea (artículo 14.1), debiendo garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo (artículo 14.2), que la efectividad de las medidas preventivas prevea las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (artículo 15.4), que exista un plan de prevención de riesgos laborales, una evaluación de los riesgos y una suficiente y adecuada planificación de la actividad preventiva adaptada a las características del trabajo a acometer (artículo 16), así como que los equipos de trabajo y medios de protección sean igualmente los idóneos y suficientes (artículo 17).

Como anticipa del deber del empresario de velar por la seguridad y salud en el trabajo su exposición de motivos, desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones. Esta Sala de lo Social tiene reiteradamente dicho que " la norma es ontológicamente incapaz de prever la variedad incalculable que en esta materia pueden revestir unas conductas como la falta misma de los elementos materiales encaminadas a la preservación de los riesgos, pero impone al empresario el deber de adoptar cuantas medidas sean necesarias para su debida prevención", pues la deuda de seguridad no se agota con el mero cumplimiento formal de la normativa en materia de seguridad e higiene, sino que implica además que tales medidas sean las razonables y las de máxima seguridad (entre otras, más recientemente la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de febrero de 2.022, rsu. 2823/2021). Aunque se admita, no obstante, un cierto grado de riesgo que permitiría exonerar de responsabilidad al empleador en supuestos excepcionales por hechos ajenos a él, imprevisibles o inevitables pese a la observancia de la diligencia debida, anticipamos ya que no es esta la situación predicable del caso que nos ocupa a tenor de la realidad fáctica que se constata en el relato de hechos y afirmaciones con idéntica naturaleza que en sede de fundamentos de derecho la sentencia de instancia nos ofrece.

Habremos de partir de la tipificación de las infracciones graves que contempla el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El hecho probado primero, tras resumir los hechos imputados, da cuenta de las infracciones imputadas en el acta: infracción del artículo 12.16.f, que dispone que son infracciones graves: " Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) Medidas de protección colectiva o individual"; infracción del artículo 12.16.b que dispone que son infracciones graves " Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: b) [...] mantenimiento de [...] maquinaria y equipos"; e infracción del artículo 12.1.b cuando contempla " No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales".

El análisis del incumplimiento normativo que permite la imposición de la sanción a la empresa se aborda por la Juzgadora a quo tanto desde la perspectiva de los hechos que refleja el acta de infracción -hecho probado primero-, como del informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales -al que se remite el hecho probado noveno- y las testificales practicadas en juicio a que alude el fundamento de derecho cuarto. En tales infracciones tienen ciertamente encaje unos hechos como los descritos en los hechos probados y cuya reiteración únicamente resulta necesaria desde la perspectiva de las adiciones que para la descripción del accidente y sus causas nos ofrece la sentencia también al citado fundamento de derecho cuarto.

Sirva destacar, de entrada y a tenor de los hechos probados primero y octavo, que el Sr. Teodosio prestaba servicios para la entidad EULEN SA en virtud de contrato de trabajo indefinido a jornada completa, con antigüedad de 9 de octubre de 2008 y categoría profesional de conductor limpiador. El accidente se produjo el día 6 de julio de 2.020 en las instalaciones de Ferrosadim SL a las que sobre las 8 horas llegó en el camión cisterna matrícula RU .... I en el que previamente él mismo había cargado polvos de captación de electrofiltros del Sinter B con el objetivo de descargarlos. La sentencia considera acreditado que "el actor llevaba un año conduciendo el vehículo donde se accidentó". Precisa empero el hecho probado que dicho camión del día del accidente lo condujeron otros dos trabajadores: anteriormente durante una temporada Don Dimas, quien trabajó en EULEN hasta 2019, y posteriormente Don Enrique. El trabajador fallecido había acompañado en alguna ocasión a Don Dimas y posteriormente sustituyó en vacaciones a Don Enrique, a quien también había acompañado para aprender en días alternos. Con anterioridad a acompañar a don Enrique el actor había conducido una bañera.

El procedimiento de descarga que acometía el día del accidente " consiste básicamente en, una vez detenido y parado el camión cisterna, conectar las mangueras de aire desde el compresor hasta la cisterna para meter aire y conectar, a su vez, la boca de descarga de la cisterna al mangote en la boca del silo gestionado por Ferrosadim donde se efectúa la descarga. Una vez efectuadas las operaciones anteriores, se pone en marcha el compresor para presurizar la cisterna y, cuando alcanza en el barómetro una presión determinada que puede oscilar entre 1,5 y 2 mbares, se abre la llave de descarga esperando hasta que ésta finaliza. Toda esta operación se realiza desde el suelo y durante la misma el conductor del camión se encuentra solo". La forma de realizar la operación de descarga citada es la contenida en el informe de investigación del accidente de Eulen SA y coincide con la declarada por los conductores de la empresa que también realizan dicho trabajo, no habiéndose advertido datos que indiquen que no fuese la que siguió el accidentado el día del siniestro por lo que puede darse por cierto que la realización de la descarga se efectuó por el mismo según lo indicado.

El acta de infracción también relata que el día del accidente y desde aproximadamente las 8:10 horas otro trabajador perteneciente a Ferrosadim SL, Don Baldomero, se encontraba realizando su trabajo en las inmediaciones del camión cisterna que estaba efectuando la descarga descrita, en concreto, a unos pocos metros del camión cisterna que conducía el accidentado aunque de espaldas a la ubicación del citado camión cuando, en un momento dado, sobre las 8:30h, escuchó un fuerte estruendo originado en dicho camión cisterna , se giró y vio al accidentado cayendo desde la parte superior de la cisterna al suelo, desde una altura aproximada de unos 3,20 mts.

La investigación del accidente efectuada por la empresa señala que a las 8:16h el accidentado contactó telefónicamente con su jefe de equipo, concluyendo que algún hecho debió haber motivado la subida del Sr. Teodosio a la parte superior de la cisterna sin haber parado el compresor ni despresurizar la cisterna. A estos efectos el trabajador perteneciente a Ferrosadim, Don Baldomero, declaró que recuerda haber visto como había una pequeña fuga en una de las bocas de la cisterna, una vez que ya había empezado la descarga, suponiendo que el accidentado subiría a la cisterna para apretar la boca de carga por donde se producía la fuga.

La investigación del accidente efectuada por Eulen SA indicaba constatado tras el accidente que la boca delantera de la parte superior de la cisterna estaba abierta y que la apertura súbita de la tapa podría haber generado el estallido (estruendo) que señaló aquél y que como consecuencia de ello pudiera haber producido un sobresalto u otra circunstancia que produjera la caída del trabajador desde la parte superior de la cisterna al suelo. La altura desde la que se cayó fue de unos 3,20 metros. El fallecimiento del trabajador según los datos de la autopsia provisional conocida tuvo su causa fundamental en un traumatismo craneoencefálico severo.

El informe del Instituto Asturiano de Prevención señala que en una fotografía tomada "(supuestamente antes de que nadie subiera a la cisterna tras materializarse el accidente), la tapa de cierre de la boca de carga delantera estaba en posición abierta, al igual que sus cuatro grapas de cierre. La tuerca de cierre, la brida ranurada y algunas arandelas estaban también sobre la plataforma. Así mismo, una barra metálica que se utiliza para apretar o aflojar la tuerca de cierre estaba situada sobre la cisterna. Además, el casco de protección de la cabeza del trabajador accidentado (que dispone de barbuquejo) estaba situado sobre la plataforma, boca abajo (como si hubiera sido posado)". Señaló dicho informe como causas del accidente: " Falta de aplicación del RD 2060/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarías. Inadecuado mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de cierre de la tapa de la boca de carga delantera de la cisterna. Falta de identificación en el procedimiento de trabajo seguro para la descarga del polvo de captación, del riesgo de acceso del conductor a la parte superior de la cisterma (para efectuar pe algún tipo de comprobación) estando la misma presurizada. Trabajo en altura sin disponer de la adecuado protección colectiva y/o individual anticaidas" (hecho probado noveno). La Inspección añade que no consta que la barandilla de la que disponía el camión cisterna estuviese desplegada así como tampoco que hubiese en la instalación cuerda de vida a la que anclar un cinturón de seguridad.

En lo que respecta a estos extremos, el hecho probado octavo constata como acreditado que el día del accidente cuando el trabajador de Ferrosadim Don Baldomero, llegó al lugar del accidente, el Sr. Teodosio se encontraba en el suelo enchufando la manguera, llevando el casco puesto. Don Baldomero oyó un estruendo y al girarse vio caer al trabajador y salir despedido el casco. Don Baldomero en muchas ocasiones vio a otros compañeros del actor subir a apretar la tapa cuando había fugas. Don Enrique -conductor anterior al que el fallecido acompañaba- subía también al camión, parando el comprensor para apretar con una barra que suelen llevar arriba. Las incidencias de las tapas no se reportaban, solo se reportaba si la tapa estaba con defectos. Don Enrique no le enseñó al actor nada relativo al procedimiento de cómo apretar la tapa, solo lo relativo a los puesto del camión. La barandilla del vehículo estaba mal, oxidada y no tenía puntos de enganche.

La sentencia añade al fundamento de derecho cuarto con el mismo valor fáctico que Don Dimas y Don Enrique -quienes fueron conductores con anterioridad del trabajador fallecido, del vehículo en el que ocurrió el accidente " y por lo tanto lo conocen y han declarado con contundencia y claridad"- declararon que el subir a la cisterna para apretar la tapa era una conducta habitual, de hecho tanto don Dimas como don Enrique indican que se llevaba una barra en el camión para tal fin, y la necesidad de apretar la tapa, no era una de las incidencias que se reportase, pues solo se reportaba si la tapa tenía algún defecto. Por otra parte el testigo Don Baldomero -que se encontraba en el lugar del accidente y no es trabajador de EULEN- declaró que él había visto subir a otros trabajadores al camión en más ocasiones, y que lo hacían para apretar un poco cuando había una fuga, por lo que la conducta del trabajador entra dentro del quehacer habitual en la empresa, y si bien es cierto que el testigo Don Enrique depuso que hay que parar el comprensor siempre, manifestó que eso no se lo enseñó al fallecido, que solo le enseñó los puestos del camión; habiendo depuesto Don Dimas que la mitad de las veces dicha maniobra se hacía con presión.

A la vista de la testifical citada concluye la Juzgadora a quo que la tapa del camión solía presentar problemas y que la empresa era conocedora de ello. Destaca que "tal y como consta en el Acta pagina 7, respecto del informe de TADISA se señala que: "El informe de 7.8.29 efectuado por cuenta de EULEN SA a cargo de la empresa TADISA señala que la tapa B, implicada en el accidente presentaba los siguientes datos: Carencia de goma de cierre. Esparrago suelto y pasado de rosca. A la tuerca de cierre de la brida ranurada le falta el anillo de sujeción...". Asimismo, en el Informe del IAPRL se refleja que "el desgaste de la rosca había llegado a tal punto que prácticamente se podía sacar el esparrago moviéndolo a un lado y a otro". Y dado el estado que presentaba la tapa a la vista de sendos informes "no podemos sino concluir que existió un defecto de mantenimiento que originó la apertura súbita de la tapa, habiendo depuesto don Baldomero que el oyó un estruendo y al girarse vio caer al fallecido".

Partiendo de estas premisas, cohonesta con los hechos la conclusión con arreglo a la que consta acreditado que la causa del accidente sufrido por el trabajador fue que por parte de la empresa no se llevó a cabo un mantenimiento adecuado de los elementos del sistema de cierre de la tapa B de la boca delantera de la cisterna del camión matricula RU .... I que ocasionó que la misma se abriese de modo súbito cuando el trabajador accidentado subió a apretarla al existir una fuga provocando que el trabajador cayese del camión, con el falta desenlace. Pero también la inexistencia de protección colectiva frente al riesgo de caída. Señala la sentencia que este no es el único defecto que presenta el citado vehículo, pues la barandilla de la que disponía el vehículo no era adecuada para evitar la caída, independientemente de que el actor no la hubiese subido, habiendo depuesto el testigo perito Sr Jesús Luis que la barandilla estaba en mal estado, oxidada y que no tenía amarre, habiendo declarado el testigo don Enrique, que la barandilla estaba mal y no tenía puntos de enganche. Añadimos además el dato que no puede pasar inadvertido acerca del uso del casco, pues así lo constata la declaración que "vio caer al trabajador y salir despedido el casco".

En ambos puntos el recurso no desautoriza tampoco tal extremo. En primer lugar, acoge la sentencia que, como alegaba la Consejería, la existencia de un certificado de conformidad CE o, en su caso, de adaptación a la normativa de prevención de equipos antiguos no es considerada por la doctrina judicial como eximente de responsabilidad cuando concurren incumplimientos preventivos de las empresas, citando sentencias de Tribunales Superiores de Justicia en el sentido que razona lo siguiente: "b) Que la máquina poseyera marcado "CE" carece de trascendencia a efectos de la responsabilidad que aquí nos ocupa porque, como ya expresó la Sentencia núm. 62/03 de esta Sala (R.S. núm. 28/03), de 13 de marzo de 2003 , la cuestión de si la homologación de la máquina que ocasionó el accidente exime o no de responsabilidad al empresario, ya fue abordada en un supuesto de responsabilidad extracontractual por la Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de septiembre de 1998 -recurso 1370/1994 -, expresando que "Aunque la expresada máquina se hallara homologada por el organismo oficial correspondiente y llevara cinco años funcionando en esas condiciones, lo cierto es que aparece probado que la misma no estaba dotada de todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier accidente como consecuencia de su funcionamiento,... la falta de cuya medida de seguridad es imputable a la entidad demandada, aquí recurrente (propietaria de la máquina), pues pudo y debió prever que, sin la misma, podía producirse un accidente, como efectivamente ocurrió...".

Por otra parte, la barandilla del camión cisterna también carecía de línea de vida, concluyendo que incumplía además "el Anexo I apartado 6 del RD citado en la pág. 20 del Acta de Inspección, por cuanto no es aplicable el Anexo 4.2.3 del RD citado en la demanda pues va referido a la altura relativa al uso de escaleras, que no es el caso". Tal alusión se refiere a la discusión acerca de la aplicabilidad del Real Decreto 2177/2004 en cuanto a la obligatoriedad de disponer de líneas de vida y arnés para aquéllos trabajos que se realicen a una altura superior a 3,5 mts, alegación de la empresa con arreglo a la que no sería necesaria la mencionada línea de vida en relación a los hechos contenidos en el acta impugnada por encontrarse el trabajador a una altura inferior a la citada . En este sentido lo que el citado Anexo 4.2.3 del mencionado Real Decreto 2177/2004 señala es que " El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas". Sin embargo, la Juzgadora de instancia rechaza que puede tener encaje en las circunstancias del accidente ya que dicha prescripción afecta a los trabajos que se realizan sobre escaleras mientras que el trabajador accidentado realizaba su trabajo sobre una plataforma de un camión cisterna que es un equipo de trabajo al que se le aplica el Real Decreto 1215/1997.

Por último, incurre en infracción grave también que se considere acreditado que no estaban identificadas en la evaluación de riesgos las incidencias que puedan surgir en la bocas de carga durante toda las operaciones de descarga. Y la razón de ello la encontramos en que « es claro que la empresa tenía conocimiento de los problemas reiterados que producía la tapa del camión, y como se solventaba, y no adoptó medida alguna. Lo cierto es que existían indicios sobre deficiencias que podían afectar a las condiciones de trabajo y que no se trasladaron a la evaluación de riesgos en forma de actualizar el procedimiento de trabajo a seguir cuando se produjesen dichas incidencias. Como se refleja en el Informe de IAPRL: "...en el informe de investigación del accidente realizado por EULEN en las medidas de prevención recomendadas se establece " revisar el PST existente resaltando la prohibición expresa de acceder a la parte superior de la cisterna durante las operaciones de descarga...", lo cierto es que dicho procedimiento de trabajo seguro (PST-EULEN SAD 01) no se menciona expresamente dicha prohibición, ..."; lo que sí se ha hecho tras el accidente».

Sentado cuanto antecede, estamos ante un razonamiento judicial que la Sala comparte en cuanto no solo cohonesta con hechos que tienen pleno encaje en las infracciones apreciadas, sino que el recurso no alcanza a desautorizar, lo que determina la desestimación también de este motivo de censura jurídica.

QUINTO: Resta examinar el tercero de los reproches jurídicos que el recurso dirige frente a la sentencia de instancia y mediante el que aquél denuncia infracción de artículos 5.b) y 19.2 del Estatuto de los Trabajadores, 29.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 5.2 y 12.1.b), 12.16.b) y f), 39.1, 39.2 y 39.3 de la LISOS, artículo 1.105 del Código Civil y sentencias del Tribunal Supremo (4ª) de 16 de marzo de 1988, 17 de octubre de 1989 y 16 de febrero de 1990.

Alega que no existe relación causa - efecto entre los incumplimientos y el accidente porque, en definitiva, éste obedeció a una actuación imprudente y temeraria del trabajador. Acogiéndose al informe del Ministerio Fiscal evacuado en el procedimiento de Diligencias Previas que fueron objeto de incoación y auto de sobreseimiento provisional, sostiene su tesis en que el trabajador, primero, incumplió el procedimiento establecido subiéndose a la parte superior del camión cisterna ante una posible eventualidad de dos formas distintas: obvió proceder a despresurizar el camión y llevar a lugar habilitando en el centro de trabajo para hacer las comprobaciones oportunas; y se subió imprudentemente a la parte superior del camión sin despresurizar el mismo con la supuesta intención, temeraria, de manipular la tapadera donde podría haber un ínfimo escape lo que provocó la posible apertura de la misma. Segundo, una vez arriba, no hizo uso de la protección individual porque decidió quitarse tanto el casco denominado barbuquejo cuya misión no es sólo proteger golpes accidentales sino también minimizar o eliminar cualquier riesgo de caída en altura, del cual disponía como los guantes. Tercero, tampoco hizo uso de la protección colectiva porque decidió no abrir la barandilla de la cual disponía el Camión Cisterna. Y cuarto, no comunicó, con carácter inmediato, a su mando intermedio la incidencia, incumpliendo el procedimiento establecido por su cuenta y riesgo.

A tales argumentos se oponen ambos escritos de impugnación, denunciando que no puede alcanzar virtualidad o efecto alguno un informe emitido en el procedimiento penal que fue objeto de sobreseimiento sin hecho probado que prejuzgue las presentes actuaciones ni menos aún la temeridad de la conducta que sostiene. Mas también destaca la representación letrada de la Sra. Angelina que los hechos que pretende el recurso dar por ciertos ni siquiera están acreditados.

La desestimación del motivo es forzosa a la luz de los hechos declarados probados y del razonamiento judicial de la sentencia recurrida. De entrada y con respecto a este último, se incide en que se dictó auto de sobreseimiento en las diligencias previas seguidas a raíz del accidente sufrido por el trabajador (hecho probado quinto), pero dicho auto no contiene declaración de hechos probados alguno, que vincule a la administración sancionadora, y simplemente se razona que la " de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa". De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia es pacífico que lo que vincula a la administración son los hechos probados de la sentencia penal firme, pero no se puede derivar tal consecuencia del sobreseimiento de las diligencias penales. Menos aún del informe del Ministerio Fiscal, cuya valoración lo es a efectos meramente penales para formular acusación, pero no puede darse valor de hechos probados a las consideraciones fácticas y jurídicas efectuadas por el Ministerio Fiscal, aun sin perjuicio de la posibilidad de aportar al expediente sancionador aquellos medios de prueba practicados en fase de instrucción en los que pudiera haberse sustentado dicho informe. Por ello y en todo caso, " si bien señala dicho informe que el accidente fue por culpa exclusiva del accidentado, debe recordarse que en el ámbito administrativo solo la imprudencia temeraria del trabajador excluiría la responsabilidad administrativa".

Y al respecto la Juzgadora a quo se atiene a que no cabe apreciar en la conducta del trabajador fallecido la concurrencia de imprudencia temeraria que la empresa reclama para eximirse de responsabilidad. Y ello porque lleva al caso el razonamiento de la sentencia de esta Sala de fecha 25 de noviembre de 2021 (rsu. 2228/2021) con arreglo al que " no impedirán la calificación de un accidente como de trabajo la imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira" y " para que la actuación del trabajador produzca la ruptura del nexo causal es imprescindible que constituya una falta inexcusable del trabajador (culpa especialmente cualificada o creación de un peligro excesivo o anormal en el que se asume un riesgo adicional con conciencia de la probabilidad del evento lesivo) y sea una acción frente a la que el empresario no ha podido precaverse ni, en el ámbito de sus deberes de seguridad, podía adoptar medidas para evitar el resultado dañoso", cual no acontece.

Los hechos que el recurso alega ni tienen respaldo fáctico -sirva destacar que ya hemos advertido que un testigo " vio caer al trabajador y salir despedido el casco"-, ni desautorizan el razonamiento judicial. Podemos añadir, asimismo, que " el precepto 15.4 de aquélla primera Ley es muy claro alprecisar que la "efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador", incidiendo en ello el artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social al señalar que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo son los deudores de seguridad quienes asumen la carga de la prueba de la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad, no siendo elemento exonerador de ésta la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

Con respecto a la imprudencia, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, por todas Sentencia de 18 de Septiembre de 2007 , con cita en ella de otras, proclama que el concepto de imprudencia temeraria no tiene en el ámbito social del ordenamiento la misma significación que en el campo penal, pues en el primero el efecto que provoca su concurrencia es la pérdida de protección cualificada de un riesgo específicamente cubierto, en tanto que en el segundo tiende a proteger al colectivo social de los riesgos causados por la conducta descuidada. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso y éstas son de apreciación inicial del Juzgador en cada caso concreto para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad, no siendo por eso factibles declaraciones con vocación de generalidad.

La imprudencia temeraria se diferencia de la profesional de manera palmaria pues esta última, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del oficio y se deriva dela confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la otra presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas, configurándose en consecuencia como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, o como aquella conducta del trabajador que excediendo el comportamiento normal de una persona corre un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente.[...]

La imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo, cuando no opera como causa exclusiva del accidente, no tiene entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo" ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 8 de febrero de 2.022, rsu. 2823/2021).

A mayor abundamiento de las causas del accidente como consecuencia de las infracciones apreciadas, reparemos ahora de nuevo en el alcance de las mismas. A la postre se describe un accidente en el que, por más que el trabajador no parase el compresor ni despresurizase la cisterna, no hizo sino lo mismo que según los testigos se venía haciendo, pues aunque " depuso que hay que parar el comprensor siempre, manifestó que eso no se lo enseñó al fallecido, que solo le enseñó los puestos del camión; habiendo depuesto Don Dimas que la mitad de las veces dicha maniobra se hacía con presión ". Incidencias como la que tuvo el desdichado resultado el día del accidente eran tan habituales que los testigos declararon que se llevaba una barra en el camión con el propósito de subir a la cisterna para apretar la tapa y la necesidad de apretar la tapa no era una de las incidencias que se reportase, pues solo se reportaba si la tapa tenía algún defecto. Y no podía desconocer la empresa una situación que delataba la falta de mantenimiento de la citada tapa, como también la de la barandilla -carente de otro medio de protección colectiva-, soslayando la adecuación del procedimiento merced a que incidencias tan habituales fueran siendo solventadas a riesgo de los trabajadores que relatan tal modo de proceder.

En virtud de lo expuesto, rechazado este último motivo, el recurso debe ser desestimado y la sentencia de instancia confirmada en su integridad.

QUINTO: Establece el artículo 235.1 LJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Dada la desestimación del recurso interpuesto, no siendo el recurrente beneficiario del derecho a asistencia jurídica gratuita, procede imponerle las costas causadas al recurrente, a cuyo efecto comprenden los honorarios de cada uno de los letrados impugnante hasta 500 euros más IVA.

Se declara asimismo la pérdida del depósito efectuado para recurrir (artículo 204.4 LJS), dando a depósitos, consignaciones y aseguramientos efectuados el destino legal una vez firme la sentencia (artículo 217.1 LJS).

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,