Sentencia Social 510/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 133/2023 de 13 de junio del 2024

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante, nacida en 1981, sufrió en 2017 un accidente de trabajo mientras prestaba servicios como dependienta de parafarmacia para D. Josías. Tras finalizar el proceso de incapacidad temporal derivado del accidente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció en 2018 una indemnización de 900 euros por lesiones permanentes no invalidantes, consistentes en reducción inferior al 50% en la movilidad del tobillo derecho. Presenta demanda pidiendo que se le reconozca la incapacidad permanente total, prestación que reconoce la sentencia de instancia, que puede decirse que considera acreditado (aunque de manera no especialmente sistemática ni clara) que como secuelas de la fractura del tobillo derecho la demandante presentaba leve reducción de la movilidad del tobillo derecho respecto al izquierdo, o limitación o meras molestias para deambulaciones o bipedestaciones prolongadas, así como para cargas de mediana a alta intensidad; y valora que esas limitaciones no son compatibles con el trabajo de dependienta por el tipo de exigencias físicas que el mismo implica. Concurriendo además un problema de infracotización, al haber percibido la demandante un salario inferior al debido, condena al pago parcial de la prestación al empleador, con obligación de anticipo de la mutua. Disconformes con esta sentencia la recurre en suplicación los demandados D. Josías y Mutua Universal- Mugenat, pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda. Con esa finalidad, D. Josías formula un motivo de revisión de los hechos probados, y dos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por su parte, la mutua Mutua Universal- Mugenat plantea un motivo de revisión fáctica y otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ambos recursos han sido impugnados por la parte demandante, la cual se opone a los mismos, pide que se desestimen, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos planteados en los recursos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- En el recurso del empresario recurrente la modificación fáctica que se propone afecta al hecho probado 3º, al cual quiere que se adicionen las conclusiones contenidas en el informe médico forense y su aclaración respecto a que la demandante no presentaba limitaciones para su trabajo, adición que interesa al amparo de dichos informes, y que tendrían el siguiente tenor literal: "(...) a) "Véase Informe Médico Forense emitido, con fecha 04 de julio de 2019, por el Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, D. Tristán, el cual determina que teniendo en cuenta los padecimientos de la informada y el estado de los mismos en la actualidad, con una limitación leve de la flexión dorsal del tobillo derecho y la presencia de material de osteosíntesis, puede presentar dificultad a la hora de mantener posturas forzadas y mantenidas en el tiempo con el tobillo derecho y a la bipedestación muy prolongada, sin objetivarse una limitación funcional total para su profesión habitual"

b) "Véase también, la Aclaración del Informe Médico Forense emitido, con fecha 02 de marzo de 2021, por el Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, D. Tristán, en el cual precisa que las posibilidades terapéuticas no se encontrarían aún agotadas. No es posible determinar de forma objetiva que exista una limitación permanente para la profesión habitual de dependienta de parafarmacia, es decir, que sus padecimientos sean de tal entidad que impidan de forma permanente a la demandante la realización de trabajo de al menos ocho horas diarias de pie, con deambulación en la tienda, realizando cargas de bajo y moderado tiempo y trabajos de reposición en estanterías".

SEXTO.- El motivo no puede estimarse, pues siendo cierto que los informes médicos forenses contienen el texto que se propone añadir, esas conclusiones contienen valoraciones jurídicas que serían predeterminantes del Fallo (al afirmar la inexistencia de limitación para la profesión habitual), y en lo que no es jurídico- valorativo (como cuando se dice que podría haber dificultad para mantener posturas forzadas y mantenidas con el tobillo derecho, o a la bipedestación muy prolongada), dejando aparte que tales conclusiones, en realidad, difieren poco de lo que ya consta en el hecho probado 3º, debe tenerse en cuenta que las conclusiones del informe médico forense no son vinculantes para el órgano de instancia, por lo que por más que se presuma objetivo e imparcial, la pericial médico forense, por sí sola, no puede revelar error patente en la valoración global de la prueba si la juzgadora ha formado su convicción en otros informes médicos obrantes en las actuaciones, dándoles mayor valor conforme a las reglas de la sana crítica.

SÉPTIMO.- En cuanto a la modificación fáctica solicitada por la mutua recurrente, la misma interesa la adición de un nuevo hecho probado, el 9º, que recoja las conclusiones del informe médico forense, amparándose, como el otro recurrente, en las citadas periciales, y proponiendo el siguiente texto: "A fecha de 2 de marzo de 2021 el médico forense concluye que atendiendo a las consideraciones previas, con el estado actual de los padecimientos de la informada no es posible determinar de forma objetiva que exista una limitación permanente para su profesión habitual de dependienta de parafarmacia, es decir, que sus padecimientos sean de tal entidad que impidan de forma permanente a la demandante la realización de trabajo de al menos ocho horas diarias de pie, con deambulación en la tienda, realizando cargas de bajo y moderado tiempo y trabajos de reposición de estanterías".

OCTAVO.- Las mismas razones que han llevado a desestimar la revisión fáctica planteada en el recurso del empleador obligan a desestimar esa revisión solicitada por la mutua, por más que seguramente no falte cierta razón a la mutua recurrente cuando acusa a la juzgadora de no haberse guiado, en la valoración global de la prueba, por las reglas de la sana crítica, al mostrar cierto sesgo a favor de la parte actora en la selección del material probatorio, sin explicar demasiado por qué acoge, de un mismo informe, ciertas conclusiones y rechaza en cambio otras.

NOVENO.- Pasando al examen de los motivos de censura jurídica, en el recurso del empleador el primero de los dos que articula denuncia infracción de los artículos 193.1 y 194.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social, alegando que en este caso del informe médico forense se deduce que ni las posibilidades terapéuticas se encuentran agotadas, al haber rehusado la trabajadora cirugías para la retirada de material de osteosíntesis; y que en cualquier caso sus dolencias no le impiden el desempeño de su trabajo de dependienta, no bastando para el reconocimiento de la incapacidad permanente total "meras declaraciones genéricas de limitaciones no delimitadas". Y en el segundo motivo que se plantea al amparo del 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia infracción de doctrina contenida en las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1998 y 23 de febrero de 2006, por haber la juzgadora valorado exclusivamente las funciones desempeñadas por la demandante en la empresa, y no las generales de la profesión, insistiendo en que la demandante no está impedida para el desempeño de la misma.

DÉCIMO.- En cuanto a la censura jurídica planteada por la recurrente Mutua Universal- Mugenat, también se denuncia infracción de los artículos 193 y 194 de la Ley General de la Seguridad Social y jurisprudencia, en este caso contenida en las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2004, recurso 4274/2003, y de 5 de marzo de 2013. Alega que en "en los folios citados en el anterior motivo de recurso, se recogen pruebas objetivas e informes médicos que van más allá de las meras referencias de dolor de la interesada, objetivándose una mejoría tanto en el informe de podología que recoge la estabilidad reconocida por la paciente en junio de 2019 o los estudios biomecánicos de la marcha y el estudio funcional de tobillos de marzo de 2021 que descartan la presencia la dolor, tanto por la correcta cadencia de la huella plantar, ausencia de marcha claudicante, como por la ejecución de los movimientos sin caídas que indiquen la presencia de dolor" y que vienen a corroborar lo apuntado por el informe médico forense respecto a que la demandante no está impedida para el desempeño de su trabajo habitual.

UNDÉCIMO.- Se resolverán conjuntamente los tres motivos, dada la íntima conexión de las cuestiones planteadas en ellos. Y lo primero que debe señalarse es el pobre entendimiento que muestran las recurrentes respecto a la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación, pues a la hora de construir la crítica contra el derecho sustantivo aplicado en la sentencia de instancia, prescinden por completo del relato de hechos probados, y en cambio hacen depender toda la censura jurídica sobre una nueva valoración de la prueba, lo que evidencia desconocer que la suplicación no abre una segunda instancia, inexistente en el orden social, y en consecuencia a la Sala le está vedado proceder a una nueva valoración global de la prueba, por muy mejorable que le pueda parecer la llevada a cabo en la sentencia de instancia objeto de recurso.

DUODÉCIMO.- Expuesto lo anterior, y en cuanto a si la sentencia de instancia ha conculcado o no los preceptos y jurisprudencia que invocan los recurrentes, al reconocer a la demandante la incapacidad permanente en grado de total para la profesión de dependienta de parafarmacia, como se desprende del contenido del artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social y de la jurisprudencia recaída en esta materia, la incapacidad permanente exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La presencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva

b) Que las reducciones anatómicas y funcionales sean previsiblemente definitivas; aunque es suficiente que la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral se considere médicamente como incierta o a largo plazo.

c) Que las secuelas sufridas disminuyan o anulen la capacidad laboral del trabajador, valorando la capacidad laboral residual que las secuelas permitan al afectado, bien sea para la que haya venido siendo su profesión habitual hasta el momento de acaecer la incidencia presuntamente invalidante ( SSTS de 9 de febrero de 2000 o la de 23 de noviembre de 2000), o bien, en general, para el desempeño cualquier otra actividad u oficio. De donde derivará una u otra calificación de las mismas, de acuerdo con los distintos tipos invalidantes que vienen legalmente previstos (parcial para el trabajo habitual, total para el trabajo habitual, o absoluta para toda clase de trabajo). Y ello, con el añadido de la posible concurrencia de una situación de Gran invalidez, si se está necesitado de la ayuda de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida.

DECIMOTERCERO.- Para lo anterior es imprescindible, en cualquier caso, un proceso de individualización, en atención a cuales sean las concretas "particularidades del caso a enjuiciar" (conforme a SSTS de 2 de abril de 1992, 29 de enero de 1993 o 14 de julio de 2000), tanto por la incidencia de otras lesiones, como por la gravedad de las que se describan en el caso, como por la concreta actividad desempeñada por el afectado, que es la determinante a efectos de esa valoración, teniendo en cuenta la desarrollada, en su caso, en el momento del percance o del inicio de la situación de baja temporal o de solicitud de la valoración invalidante ( STS de 23 de noviembre de 2000). Todo ello ha de verificarse teniendo en cuenta que la prestación de un trabajo o actividad debe de poder realizarse en unas condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible en la empresa o sector ( STS de 22 de septiembre de 1989); sin que por lo tanto, sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial (como señalan las SSTS de 11de octubre de 1979, 21 de febrero de 1981 o 22 de septiembre de 1989); y además, prestando ese trabajo concreto, o desarrollada la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad que debe de concurrir en el trabajador ( STS 14 de febrero de 1989), como conforme a las exigencias de continuidad, dedicación y eficacia, que, del mismo modo, son sociológicamente normales y legalmente exigibles en el desempeño de toda actividad remunerada ( STS de 7 de marzo de 1990). Y que, consecuentemente con ello, con prestación del trabajo de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta ( SSTS 16 de febrero de 1989 o de 23 de febrero de 1990), sin in implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, ni de compañeros de trabajo o de terceros ( Sentencias de 14 de marzo de 1996, 26 de mayo de 1996 o 18 de septiembre de 2003). En el caso de la incapacidad permanente, además, debe tenerse en cuenta que la profesión habitual no equivale a un determinado puesto de trabajo, sino a aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional.

DECIMOCUARTO.- Pues bien, en el presente caso, lo primero de lo que ha de partir la Sala a la hora de resolver es de las limitaciones orgánicas y funcionales que se hayan considerado acreditado presenta la demandante como secuelas de la fractura del tobillo derecho sufrida en 2017. Para ello ha de acudirse al extenso, pero no especialmente claro o sistemático (y probablemente, también contradictorio) hecho probado 3º de la sentencia de instancia. Rastreando dicho hecho probado, y haciendo expurgo en el mismo de consideraciones de cuestionable trascendencia, resultaría que la principal limitación objetivada en la demandante es una disminución del balance articular del tobillo derecho en la flexión dorsal (-10º en el tobillo derecho frente a 0º en el izquierdo) y en la supinación (30º en el derecho frente a 50º en el izquierdo), con flexión plantar y pronación sin limitaciones. Esto indica una reducción leve de la movilidad del tobillo derecho, coincidente con la disminución inferior al 50% de la movilidad reconocida en el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades. Aparte de lo cual, hay también una leve hipertrofia del tobillo derecho (29 centímetros frente a 28,5 en el izquierdo), y leve atrofia a nivel del gemelo derecho (29 centímetros frente a 30 en el izquierdo). En cuanto a la capacidad para deambular, la demandante no precisa el uso de muletas o bastones, puede realizar puntillas y cuclillas aunque refiriendo molestias, y presenta solo de forma ocasional cojera leve, por lo que, la limitación para la deambulación "de carácter moderado o prolongado" o la bipedestación por periodos "de carácter moderado o prolongado", ha de entenderse referida necesariamente más a lo prolongado que a lo moderado, pues nada en todo el hecho probado 3º permite inferir otra cosa sin incurrir en contradicciones internas, ya que las limitaciones objetivas que recoge ese hecho probado no son coherentes con imposibilidad para bipedestaciones moderadas; mientras que la capacidad para la carga de pesos se referiría a las de mediana a alta intensidad. Resumiendo, lo que tendría la demandante es limitación para sobrecargas elevadas del tobillo derecho, bien derivadas de deambulación mantenida por terreno irregular, de bipedestación o deambulación prolongadas en llano, de mantener posturas forzadas con la articulación, o por la carga y transporte de pesos elevados.

DECIMOQUINTO.- En el hecho probado 4º de la sentencia recurrida se recogen cuales eran los cometidos esenciales del trabajo que desempeñaba la demandante para D. Josías. Los porcentajes de tiempo que ocupaban cada tarea están calculados de forma precisa, y está también claro el hecho probado cuando se dice que la carga física era moderada, y que los manejos de cargas oscilaban entre los 3 y 15 kilogramos (aunque sin precisar durante qué porcentaje de la jornada); aparentemente, la necesidad de deambular en llano o por terrenos con medianos desniveles o escalones entre un 0 y un 40% parece que se refiere a una proporción sobre el total de la jornada de trabajo; y es particularmente oscura la referencia a una carga biomecánica que oscila entre un 21 y un 40%, pues no se concreta cual es la articulación implicada en esa carga.

DECIMOSEXTO.- Lo que recoge el hecho probado 4º se comprueba que esencialmente coincide con lo recogido en la Guía de Valoración Profesional publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (edición de 2014, accesible de forma pública en la página web de la seguridad social), en la ficha correspondiente a la ocupación CNO-11 5220, vendedores en tiendas y almacenes, ocupación en la que ha de incluirse a una dependienta en parafarmacia. En los requerimientos físicos y mentales la citada guía señala para esa profesión una carga física moderada (2 sobre 4; entre 4 y 8 METS, por trabajo intenso o mantenido de manos, brazos o piernas y moderado de tronco, trabajos de marcha no rápida o trabajo de empuje o tracción no mantenidos); carga biomecánica (requerimientos de las articulaciones por posturas mantenidas en el tiempo o por la solicitación reiterativa de la articulación por movimientos dinámicos) moderada (2 sobre 4, lo que implica demanda de uso de la articulación entre un 21 y un 40% del tiempo de trabajo) en columna cervical y lumbar, hombro, cadera, rodilla y tobillo-pie, y media-alta (3 sobre 4, 41-60% del tiempo de trabajo) en codo y manos; requerimientos moderados de manejos de cargas (manejo de pesos de entre 3 y 15 kilogramos, durante no más del 40% del tiempo de trabajo); requerimientos leves de trabajos de precisión y de sedestación; moderados de bipedestación estática y dinámica (se permanece de pie, deambulando o quieto, entre un 20 y un 40% de la jornada) y de marcha por terreno irregular (lo que implica que la deambulación se realiza normalmente en terreno llano o como mucho con medianos desniveles o escalones, y hasta un 40% de la jornada); en los requerimientos mentales se consideran medio-altos los de comunicación -tareas que impliquen comunicación o relaciones interpersonales, así como el grado de posible repercusión emocional en el individuo derivada de la realización de la tarea- y atención al público -de tipo continuado-, y moderados los restantes (toma de decisiones -complejas o gerenciales, y nivel de responsabilidad dentro de la organización de la empresa-, atención/complejidad -nivel de atención en la realización de la tarea, la realización de tareas mentales complejas o la existencia de multitareas-, apremio -necesidad de rapidez en la realización de las tareas-); nivel de dependencia moderado; requerimientos medio-altos de agudeza visual (al menos 0,5 en el ojo con mejor visión), bajo-medios de campo visual (20-30º centrales), medio-altos de audición (umbral auditivo medio de entre 30 y 49 decibelios) y voz (uso profesional de la voz), y moderados de sensibilidad superficial y profunda.

DECIMOSÉPTIMO.- Poniendo en relación las exigencias de la profesión habitual de la demandante con las limitaciones que se pueden considerar objetivadas, no puede considerarse que la demandante esté impedida para el desempeño de todas o las esenciales tareas de esa profesión. Como se ha señalado, del hecho probado 3º se deduce que lo que presenta la demandante es limitación para sobrecargas elevadas del tobillo derecho, bien derivadas de deambulación mantenida por terreno irregular, de bipedestación o deambulación prolongadas en llano, de mantener posturas forzadas con la articulación, o por la carga y transporte de pesos elevados. Y en la profesión de dependienta en tienda, las demandas de uso de la articulación del tobillo, y de las extremidades inferiores en general, es simplemente moderada, como también son moderadas las necesidades de permanecer en bipedestación (estática o dinámica), de transitar por terrenos irregulares (la mayor parte de la actividad se realiza en un terreno llano, con uso ocasional de escaleras para acceder a estanterías elevadas o almacenes), o de carga de pesos. En consecuencia, al no haberlo entendido así la sentencia recurrida, la misma incurrió en las infracciones jurídicas planteadas en los recursos, que deben ser estimados, lo que determina la revocación total de la sentencia de instancia y la total desestimación de la demanda, al no ser tributaria la demandante de incapacidad permanente en grado alguno.

DECIMOCTAVO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.