Sentencia Social 1728/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1908/2022 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Síntesis de la litis

La sentencia de instancia desestimaba la demanda interpuesta por la actora, Dña. Brigida, contra el DIRECCION000 en la que reclamaba una indemnización de 179.593,45 € por daños y perjuicios, basándose en un supuesto incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y alegando como resultas el denominado síndrome del burnout. La resolución combatida consideró probado que la enfermedad de la actora fue calificada como Incapacidad Permanente Total (IPT) para su profesión habitual y derivada de una enfermedad común, y no de un accidente laboral o enfermedad profesional.

La sentencia de instancia tomaba en cuenta los antecedentes de varios juicios previos en los que la actora había planteado demandas similares, las cuales habían resultado también desestimadas. En estos casos, se había determinado que las contingencias alegadas por la actora debían ser consideradas de carácter común y no relacionadas con el ámbito laboral. Específicamente, las sentencias reflejaban que no existía la acreditación suficiente de un vínculo causal entre las bajas laborales y la enfermedad de la actora.

Dentro de los razonamientos de la sentencia de instancia se destacó que la actora había prestado servicios de forma efectiva por tan solo 64 días en un período de ocho años, lo que hacía difícil establecer una relación causal entre la actividad laboral y los daños alegados. Además, se señaló que se había calificado reiteradamente la situación de la demandante como derivada de enfermedad común y no existía evidencia de que la misma tuviera una causa directa en la ejecución del trabajo.

La resolución combatida apoyaba su decisión en la jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Social de Las Palmas, la cual había confirmado en anteriores suplicaciones la ausencia de relación causal y la adecuada calificación de las contingencias como enfermedad común. La sentencia recurrida recogía igualmente que no se había demostrado infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del empleador, el DIRECCION000, lo que eliminaba la posibilidad de establecer una relación de causalidad entre la enfermedad y las condiciones de trabajo de la actora.

El pronunciamiento impugnado, al resolver, dio por buenos los argumentos de la demandada y, acogiendo la excepción de cosa juzgada, entendió que la pretensión de la actora estaba destinada, desde su inicio, al fracaso por la repetición de demandas con iguales fundamentos y hechos y por la falta de acreditación de la causalidad entre el trabajo desarrollado y el síndrome del burnout alegado por la demandante.

Disconforme la parte actora, interpone el presente recurso de suplicación articulando diez motivos de revisión fáctica y dos motivos de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia con la condena de la parte demandada. El recurso fue impugnado por la representación letrada de DIRECCION000.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas. La recurrente plantea diez revisiones fácticas ordenadas en cinco motivos. La primera revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 8º, cuya redacción sería la siguiente:

"Las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social nº Diez (autos 371/2015) en fecha 13/11/15 y del Juzgado de lo Social nº Cinco (autos 453/2018) en fecha 9/07/18 son firmes"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en el folio 420 y el folio 730 (en su 3º pa?rrafo) de las actuaciones. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo.

La segunda revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 3 bisº, cuya redacción sería la siguiente:

"Ademas del periodo de IT objeto de debate en la sentencia del Juzgado de lo Social 8 en el procedimiento 1021/2012 (de 10-09-12 al 28-10-12), desde que la actora empezó a trabajar en el HOSPITAL000 hasta el reconocimiento de su incapacidad permanente ha incurrido en los siguientes procesos de IT:

Años 2005 -2006 periodos de IT cortos (15 días, en 2005, 19 en 2006)" (folio 200)

Año 2007: -desde 02/02/2007 hasta 22/02/2007" (folio 200)

-desde 09/03/2007 hasta 12/09/2007. (folio 200)

Año 2010: -desde 05/07/2010 hasta 09/07/2010. (folio 200)

-desde 02/08/2010 hasta 03/09/2010 (folio 200)

-desde 02/12/2010 hasta 26/12/2010 (folio 200)

Año 2011: - desde 17/06/11 a 20/12/11 (folio 400)

Año 2012: - desde 1/02/12 hasta 2/05/12 (folio 400)

-desde 8-05-12 a 29-06-12 (folio 400)

- desde 13/07/12 hasta 6/09/12 (folio 400)

Año 2013.- Desde el 3-06-13 hasta 28-11-14 (fue dada de alta médica de 12-09-

14 pero dicha alta fue declarada nula) (folio 407-414)

Año 2015.- Desde 20/04/15 hasta 3/07/15 (folio 417)

- del 2-10-15 en adelante (hasta el reconocimiento de la IP total)"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en la prueba de la parte actora (folio 200) y a los hechos probados de diversas sentencias (la del Juzgado de lo Social Ocho (folio 400), la sentencia del Juzgado de lo Social Tres que declaro? nula el alta me?dica de 12/09/14 y condena al abono de prestaciones de IT hasta el reconocimiento de la IP (folios 407-414) y la de incapacidad permanente del Juzgado de lo Social Diez de fecha 13/11/15 (folio 417). La documental en la que se apoya es literosuficiente y dada la posible trascendencia de tal circunstancia, ora en esta instancia, ora en otra superior, se admite la revisión planteada.

La tercera revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"El Estudio de Evaluación Global del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HOSPITAL000 realizado en 2004 (Auditoria Externa) constataba factores:

1.-Estresantes: cantidad de trabajo, esfuerzo emocional, cargas de trabajo y falta de tiempo para realizar el trabajo.

2.-No estresantes: conflictos con personas del trabajo (matronas); falta de tiempo vida personal y consecuencias de salud.

Los principales déficits: la empresa no actúa; no reconocimiento al esfuerzo, no posibilidad de promoción, etc."

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en los folios 182-189 (documento 2 del ramo de prueba de la parte recurrente). Este hecho resulta intrascendente al objeto de alterar el sentido del fallo, más aún cuando el supuesto burnout respondería a la Incapacidad Permanente Total que la actora padece y que es declarada en 2015, esto es, 11 años después, por lo que es dificil establecer una conclusión clara de lo que 11 años antes de lo que se reclama ocurrió y como influyó a lo que ocurrió 11 años después.

La cuarta revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"En marzo de 2010 la junta de personal del Área de Salud de GC denunció a la ITSS que los trabajadores del Área de Salud de GC, entre ellos los de HOSPITAL000, no habían sido evaluados en sus puestos de trabajo (folios 209 y 210)

La ITSS informa el 3/02/2011 que la Comunidad Autónoma no tenía hechas las evaluaciones previas de los puestos de trabajo. Asimismo informa que en 2010 la Consejería de Sanidad asumió directamente la vigilancia de la salud (porque funcionaba de forma muy deficiente) y que el Servicio de Prevención se crea el 8-02-2010 (folios 211 a 213)"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en la denuncia de la junta de personal de marzo de 2010 (folios 209 y 210) y en el informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de 3/02/2011 (folios 211 a 213). La documental en la que se apoya es literosuficiente y dada la posible trascendencia de tal circunstancia, ora en esta instancia, ora en otra superior, se admite la revisión planteada.

La quinta revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"La primera Valoración inicial de riesgos del puesto de trabajo del Servicio de Urgencias Ginecológicas del HOSPITAL000 que consta documentada es la de matrona de fecha 14/07/2011, cuyas medidas preventivas y planificación preventivas son ampliadas por la de 18/08/2011, pero no se establecieron responsables de ejecución ni supervisión de dichas medidas preventivas, ni fechas de ejecución previstas, siendo requerida por la ITSS para planificar las medidas correctoras"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en las Providencias de 10/10/18 y de 28/01/19 (folios 43 y 613) del Juzgado de lo Social nº 2 que requirio? al DIRECCION000 la prueba documental solicitada por la parte recurrente el 2/10/18 y el 23/01/19 (folios 39 y 612), entre otras, las Evaluaciones de Riesgo Laborales realizadas (y sus revisiones) del Servicio de Urgencias Ginecolo?gica y Obste?tricas del HOSPITAL000 desde 2003 hasta 2015 (punto 3 de nuestro escrito, folio 39).

El DIRECCION000 cumplimento? el requerimiento aportando documentación mediante soporte digital el 14/03/19. Las evaluaciones de riesgo esta?n en la carpeta titulada "UPRL", en la que hay 13 docs: los documentos "6.- INFORME UPRL 14 JULIO 2011 PAG 1081-1112" y "7.- INFORME UPRL 18 AGOSTO 2011- PAG 1113-1146" son las evaluaciones de fecha más antigua que constan en toda la documentacio?n aportada. Los requerimientos realizados por la ITSS constan en el documento "DILIGENCIAS PAG. 2-16" (pa?ginas 6 y 7).

La revisión se desestima, al tratarse de un hecho procesal y puramente indirecto. Un hecho probado no puede ser la constatación de lo que obra en el expediente, sino de los hechos reales. Que la valoración más antigua que obra en los autos sea la valoración más antigua que exista es una conclusión imposible, pero en todo caso, la valoración más antigüedad que exista y no la que obre en autos es la que debe regir la resolución de la litis. El hecho probado que se pretende, resulta más un antecedente de hecho que una parte del relato fáctico. A todo ello, se añade la escasa o nula trascendencia que ello tiene para alterar el sentido del fallo. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

La sexta revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"No consta documentado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del DIRECCION000 de 2003 a 2015"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en que el Plan General de Prevencio?n de Riesgos Laborales correspondiente a los an~os 2003 a 2015 fue solicitado como prueba documental en el punto 1 del escrito escrito de la recurrente, y no se aportó. Ahora bien, pretendiéndose la adición, en relación a la ausencia de acreditación de un determinado extremo, de un hecho negativo, no ha lugar a aquélla, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial ( STS de 21 de enero de 2021, rec. 158/2019). Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

La Séptima revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"En el primer embarazo de la actora en 2007, solicitó la adaptación del puesto, pero no se realizó evaluación de riesgo ni se le adaptó el puesto de trabajo (el médico de cabecera cursó I.T. común hasta la fecha del parto el 13.09.2007).

En el segundo embarazo en 2010 la actora solicitó la adaptación del puesto, y aunque en esta ocasión si se realizó (específicamente para ella) una evaluación inicial de riesgo del puesto de matrona del Servicio de Paritorios del HOSPITAL000 (de fecha 25-10-10) , 214-226, la Resolución de fecha 702-2011 adapta su puesto a Educación Maternal, y le fue notificada 10-032011, 231-232(mes y medio después del parto el 27.12.10. (..)

La primera Valoración inicial de riesgos del puesto de trabajo Matrona del Servicio de Educación Maternal del HOSPITAL000 que consta documentada es de fecha 25/10/2011.

El Protocolo de adaptación o cambio de puesto de trabajo de las trabajadoras embarazadas estuvo vigente a partir de 2011"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en cuanto a su primer embarazo en 2007: folios 196 a 200 (solicitudes de la actora, respuesta de la subdireccio?n de enfermeri?a e histo?rico de IT donde se comprueba la baja), en cuanto a su primer embarazo en 2010: Folios 227 a 230 (solicitudes de la actora), folios 231 y 232 por ambas caras (Resolucio?n de adaptacio?n a educacio?n maternal de 2/02/11, noti icada el 10/03/11) y folio 200 (fecha de parto 27/12/10); en cuanto a la fecha de la primera evaluacio?n de riesgo del puesto de Educacio?n Maternal se remiten a la documentación de la evaluación más antigua aportada; en cuanto al inicio de la vigencia del Protocolo, se remite al documento "1.- ESCRITO UPRL - PAG. 1001-1004": un informe de la UPRL del HOSPITAL000 en cuyo punto 7 (pa?gina 2 del documento, foliado como 1002) se indica que el Protoclo para la adaptacio?n o cambio de puestos de trabajo de las trabajadoras embarazadas en los centros del DIRECCION000 estaba vigente de 2011 a 2015.

La modificación propuesta presenta un claro signo conclusivo-valorativo más que meramente fáctico, resultando de la interpretación de los documentos que hace la parte recurrente, debiendo recordarse a este respecto que la prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria.

Así mismo, la revisión fáctica planteada resulta contradictoria con los hechos probados de las sentencias firmes del Juzgado de lo Social nº 8 (30 de Junio de 2014, procedimiento nº 1021/2012) y del Social nº 1 (26 de Julio de 2019, procedimiento nº 1053/2018). Es decir, pretende la recurrente a través del presente recurso atacar lo que es cosa juzgada en otras sentencias. Claramente, ello no puede ser así, y además, constando transcritos los hechos probados de tales sentencias firmes (firmeza que de hecho la propia recurrente quería recalcar en su revisión fáctica), no puede ahora pretender atacar sus postulados a través de una revisión fáctica en una tercera sentencia. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

La Octava revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"La actora presentó diversos escritos a la Gerencia del Hospital en los que comunicaba que padecía un síndrome de agotamiento físico y mental a causa del estrés laboral persistente (el 7-11-12 y el 1-04-13) y que su sintomatología había empeorado (el 8-05-13).

No consta documentada ninguna evaluación de riesgos Psicosociales realizada a Brigida de 2003 a 2015.

No consta que haya recibído formación e información de como eliminar, evitar o disminuir riesgos asociados al Síndrome de Quemarse por el Trabajo 'Burnout' (estrés, manejo conflictividad laboral, etc)."

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en los folios 285 y 286 (escrito de 7-11-12), folios 291 y 292 (escrito de 1-04-13), folios 296 y 297 (escrito de 8-05-13). Este hecho probado se divide en dos parte, la primera, sobre los escritos presentados, y la segunda, sobre la supuesta respuesta del DIRECCION000. La segunda parte ha de ser desestimada por tratarse de hecho negativos. La primera parte, si bien es cierta y la documentación literosuficiente, carece de toda trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo, que se basa, en la cosa juzgada de las sentencias previas y en la ausencia de nexo causal entre las Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente Total de la actora y el síndrome de burnout. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

La Novena revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la adición de un nuevo HP 9º, cuya redacción sería la siguiente:

"En fecha 7-06-13 presentó una reclamación previa solicitando expresamente el reconocimiento de una situación de ACOSO moral en el trabajo concurrente con un síndrome del Burn Out (folios 298 a 307).

La Resolución del DIRECCION000 n.º 1192 de fecha 20-04-18 (folios 442 y 443) acuerda iniciar/tramitar el procedimiento en materia de personal derivado de su solicitud de 7-06-13.

La actora solicita su ejecución en fecha 29-11-18 (folios 445 a 448)

El Acuerdo de la Dirección de Gerencia del HOSPITAL000 de 25-03-2019 ordena el inicio del procedimiento por posible acoso moral, psicológico o mobbing (folios 710 a 712).

Es citada por primera vez a declarar el 10-07-2019 (folios 713 y 714), con posterioridad a la comunicación de la perdida de su condición de personal estatutario interino de fecha 30-04-18 (folio 464)"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en los folios indicados en el hecho probado. La documental en la que se apoya es literosuficiente y dada la posible trascendencia de tal circunstancia, ora en esta instancia, ora en otra superior, se admite la revisión planteada.

La Décima revisión fáctica de la parte recurrente, pretende la modificación del HP 6º. En la Sentencia de Instancia, el HP 6º tiene la siguiente redacción:

"La actora reclama se condene al DIRECCION000, en su condición de empleadora, la suma de 179.593,45 €, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, alegando que como consecuencia de dicho pretendido incumplimiento, sufre el denominado síndrome del burnout (o síndrome del quemado).

(Escrito de la parte actora datado el 8 de mayo de 2019)."

La redacción que se propone sería la siguiente:

"La actora ha cuanti icado la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados y el daño moral irreparable en los términos reproducidos en su demanda, tomando como referencia las cuantías previstas para las sanciones por la comisión de dichas infracciones en la LISOS. Asimismo ha presentado escrito en fecha 29-06-19 cuantificando de manera subsidiaria dicha indemnización en base al sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (se da por reproducido)"

Para dicha revisión fáctica, la parte recurrente se apoya en los folios 690 a 693 de las actuaciones. La revisión se desestima, y ello por cuanto carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo, así como que no se vislumbra el error claro, patente y evidente del juzgador al redactar hecho probado cuya revisión se pretende. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 y 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencio?n de Riesgos Laborales.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Señala el recurrente que la incapacidad permanente reconocida se deriva de un Síndrome de Burn Out (SQT), cuyo origen se vincula al entorno laboral problemático en el DIRECCION000 desde 2004. Este vínculo se establece en las sentencias del Juzgado de lo Social Diez y del Juzgado de lo Social Cinco, que son firmes y detallan la evolución del SQT, sus síntomas, y la necesidad de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Se subraya que el SQT es una patología resultante de condiciones psicosociales laborales nocivas, no de deficiencias personales.

El recurrente también refuta la afirmación de la parte demandada y de la sentencia recurrida, que cuestionan la enfermedad por el hecho de no acudir a trabajar. Se enfatiza que, aunque hubo períodos de incapacidad temporal por embarazos y desde 2011 por el SQT, la actora trabajó muchos días, incluso como liberada sindical, y que su ausencia laboral se debió a la negligencia del DIRECCION000 en materia de prevención de riesgos laborales. Además, se argumenta que el SQT tiene distintas fases, y en su etapa avanzada, puede obligar a dejar el empleo. Se describe un proceso que comienza con entusiasmo, seguido de estancamiento, frustración, apatía, y finalmente, el colapso emocional y cognitivo, que conduce a la incapacidad para trabajar. Las sentencias y los informes médicos reflejan que, aunque los largos procesos de incapacidad temporal empezaron en 2011, el problema se originó en 2004, con tratamiento médico desde 2007 y especializado desde 2011.

Al amparo del primer motivo de censura la recurrente sostiene que las sentencias de los Juzgados de lo Social n.º 5 y 10 no desvirtúan la relación de causalidad entre el SQT y la incapacidad permanente.

Esta Sala ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión en su Sentencia de 07 de mayo de 2020 (rec. 0000076/2020), en la que señalamos lo siguiente:

«En el caso en litigio, la versión judicial de los hechos nos suministra los siguientes elementos fácticos de interés para la resolución de la problemática jurídica suscitada:

1) Por sentencia del Juzgado de lo Social n.º 8 de 30 de junio de 2014, autos 1021/12, se desestimó la demanda interpuesta por la actora, declarando que el proceso de IT del 10/09/12 era derivado de enfermedad común.

Dicha sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede Las Palmas, en cuyo fundamento de derecho 3º se indica "que no se ha acreditado en modo alguno la vinculación de la baja laboral de 10-09-12 a una situación de burn -out".

2) La actora inició un proceso de IT el 03/06/13 derivado de enfermedad común siendo dada de alta medica el 12/09/14.

El Juzgado de lo Social nº 3, autos 788/14, en sentencia de 12 de junio de 2015, declaró nula el alta medica expedida por el INSS hasta el 28/11/14, fecha de la IP.

3) La demandante solicitó el 07/10/14 que se le declarara afecta a incapacidad permanente.

Se tramitó expediente de incapacidad permanente recayendo dictamen del EVI el 06/11/14 y resolución del INSS de 26/11/14 denegando a la actora la solicitud de incapacidad permanente.

Frente a dicha resolución se interpuso reclamación administrativa previa en la que se solicitaba que se la declarara afecta a un grado de incapacidad permanente total deriva de enfermedad común.

Por el Juzgado de lo Social n.º 10 de este partido de 13 de noviembre de 2015, autos 371/15, se reconoció a la actora el grado de INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL derivada de enfermedad común, condenándose al Ente demandado a abonar a la demandante una pensión del 55% de la base reguladora, con efectos económicos de fecha 06/11/14.

En los antecedentes de hecho de la referida resolución se hace constar que la actora desistió de la TGSS, Mutua Mac y DIRECCION000.

4) El INSS inició expediente para la revisión del grado de incapacidad, dcitando Resolución por la que acuerda en fecha 13/04/18, denegar la calificación de la actora como incapacitada permanente, por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente, dejando de ser pensionista desde el 01/05/18.

Impugnada dicha resolución por la actora por sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de 09 de julio de 2018, autos 453/2018, se declaro que la parte actora se encuentra afecta de una INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión vitalicia mensual equivalente al 55% de una base reguladora de 2.548,53 euros, con efectos desde 01/05/18.

Sobre el instituto de cosa juzgada en sentencia de esta Sala, rec. 883/17, decíamos:

"En sentencia de esta Sala de 29 de octubre de 2012, recurso 1259/10, se decía, en sentencia que resolvía sobre la misma excepción, pero relativa a reclamación de incremento de base reguladora de una prestación por incapacidad permanente, reconocida en sentencia firme precedente, que:

".baste con traer a colación lo resuelto por el Tribunal Supremo -Sala Cuarta- en sentencia de fecha 11/10/2005 - (Rec. num. 1076/2004)-, y en cuyo Fundamento de Derecho

SEGUNDO señala:

"SEGUNDO.- La cuestión controvertida ha de ser resuelta de acuerdo con la sentencia de casación unificadora aportada para comparación, la cual se apoyaba a su vez en jurisprudencia consolidada de esta propia Sala del Tribunal Supremo, contenida en sentencias de 19 de mayo de 1992 (rec. 1471/1991), 9 de diciembre de 1993 (rec. 4228/1992) y 27 de enero de 1997 (rec. 1687/1996). El precepto legal aplicado en estas resoluciones es el art. 1252 del Código Civil. El precepto legal a aplicar en la presente resolución es el equivalente art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La doctrina jurisprudencial establecida en la materia se puede resumir, con la actualización legal señalada, en los siguientes puntos: 1) la LEC establece que el efecto de la cosa juzgada excluirá "un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" (art. 222.1), alcanzando "a las pretensiones de la demanda y de la reconvención " ( art. 222.2)? 2) "el objeto de la pretensión" en los litigios sobre incapacidad o invalidez permanente es "único", aunque contenga normalmente "dos pronunciamientos relacionados íntimamente", que son la "determinación del grado de invalidez" y el "cálculo del contenido económico de la prestación" ( STS 21-7-2000)? 3) la base reguladora de la pensión de invalidez constituye, por tanto, un "elemento de la pretensión que no puede escindirse de la misma sin desvirtuarla" ( STS 27-1-1997)? y 4) en conclusión, habiéndose resuelto mediante sentencia firme sobre la pensión de invalidez a que tiene3 derecho un asegurado, se despliega el efecto excluyente de un proceso posterior sobre la misma materia, sin que tal efecto pueda ser "enervado mediante la invocación de un error evidente" de la sentencia que ha establecido la cosa juzgada ( STS 27-1-1997)."

Y conforme a la sentencia dictada el 25 de febrero de 2011, recurso 104/2009, de esta Sala, cabe añadir que:

"No es aplicable la doctrina del TS en sentencia de 20-12-2006 rec 151/2005 por cuanto en la misma se trata de un tema de reintegro de prestaciones de viudedad que por error el INSS había reconocido y demanda vía art 145.1 LPL para anular dicha resolución. En ella el Tribunal Supremo al fundamento de derecho décimo explica que conviene destacar que la tesis que en ella se mantiene no entra en contradicción con la doctrina de esta Sala (sentencias de 19 de mayo de 1992, rec. no 1471/91? 9 de diciembre de 1993, rec. no 4228/92? 27 de enero de 1997, rec. no 1687/96? 21 de julio del 2000, rec. no 2484/99? y 7 de octubre del 2003, rec. no 4044/2002?entre otras), según la que una vez reconocido en sentencia el derecho a percibir una determinada prestación de la Seguridad Social, no puede el beneficiario formular válidamente nueva demanda para modificar alguno de los elementos ya reconocidos de tal prestación (base reguladora, porcentaje aplicable, fecha de efectos, etc.), pues lo impide la cosa juzgada."

En cuanto a la doctrina del TC que se dice infringida en el recurso, señalar que la sentencia dictada por el Pleno del TC nº 76/1996 citada, resuelve cuestiones acumuladas de inconstitucionalidad frente al art. 57.2.f) LRJCA en relación con el 110.3 y DA 11ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que vienen a poner en duda la existencia de alguna finalidad útil en la exigencia de la comunicación previa a la interposición de recurso contenciosoadministrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa,

al órgano que dictó el acto impugnado, ya que, su omisión se configura, en la interpretación de la Sala, como un defecto insubsanable, que determina su conclusión, y un obstáculo injustificado para la efectividad de la tutela judicial ( art. 24.1 C.E.) . Ninguna relación tiene, ni pronunciamiento hace sobre la excepción de cosa juzgada.

En ella se dice literalmente que "El principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico, reclama, en lo que ahora importa, la necesidad de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 90/1986), muy especialmente cuando está en juego no el acceso a los recursos sino el acceso a la jurisdicción ( SSTC 37/1995 y 55/1995), para permitir así un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, contenido propio y normal de aquel derecho ( STC 40/1996), que aquí, al proyectarse sobre los actos de la Administración, integra más específicamente el «derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan ( art. 24.1 C.E.) , controlando la legalidad de la actuación administrativa ( art. 106.1 C.E.) , esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho ( art. 103.1 C.E.) », lo que «constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho» ( STC 294/1994).

De todo ello deriva, en suma, que de entre las distintas interpretaciones posibles de las normas cuestionadas ha de prevalecer no la que sostienen los Autos de planteamiento de las cuestiones aquí acumuladas y que determina la inadmisión del recurso4 contenciosoadministrativo, impidiendo la resolución jurisdiccional de fondo, sino la que viene a hacer viable esta resolución con plena efectividad del derecho a la tutela judicial que recoge el art. 24.1 C.E. y que se traduce en una configuración de la omisión de la comunicación previa como defecto subsanable."

Ninguna relación presenta la exigencia formal de comunicación previa al órgano administrativo cuyo acto se impugna judicialmente, con el previo pronunciamiento judicial por sentencia firme, sobre pretensión idéntica en los términos propios, y ya expuestos, que conforman la cosa juzgada formal.

En el caso de autos, los hechos probados de la sentencia recurrida nos informan, que entre los procedimientos objeto de examen concurre una identidad entre las partes (Dª Fermina y el INSS)? que en la sentencia firme dictada por esta Sala el 29 de abril de 2016, que reconocía el derecho a la prestación no se enjuició la base reguladora ni el porcentaje a aplicar propuestos por el INSS, y declarados probados en el ordinal segundo del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, pues fue aceptado por la parte en su recurso de suplicación? que la inexistencia de cónyuge supérstite o hijos perceptores de pensión de viudedad u orfandad era un hecho conocido por la recurrente, hermana del causante de la prestación, a la fecha de la inicial reclamación. Por ello, siendo la pretensión de la demandante incrementar el importe de la pensión reclamada en 2015, y reconocida en 2016 por esta Sala, cuando dicha cuantía era parte del pronunciamiento demandado en el primer procedimiento, sólo hace falta ver su fallo para alcanzar esta conclusión, al no concurrir en este segundo procedimiento "un elemento posterior o imprevisto o extraño a la sentencia", la cosa juzgada no permite conocer nuevamente de la misma pretensión, pues no existe una alteración de las condiciones legales que delimitan el reconocimiento del derecho ( STS 20.4.98)".

Aplicada la anterior doctrina al caso de autos, y a la vista de los hechos probados de la sentencia recurrida, se puede concluir que la contingencia no se discutió en los otros dos procedimientos al ser aceptada por la ahora recurrente la de enfermedad común, que ella misma postuló en sus escritos de demanda, no concurriendo en este tercer procedimiento "un elemento posterior o imprevisto o extraño a la sentencia", de forma que la cosa juzgada no permite conocer nuevamente de la misma pretensión, pues no existe una alteración de las condiciones legales que delimitan el reconocimiento del derecho.

Existe además una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 8 de 30 de junio de 2014, autos 1021/12, confirmada por la Sala, que desestimó la demanda interpuesta por la actora, declarando que el proceso de IT iniciado el 10/09/12 era derivado de enfermedad común, señalando la sentencia de esta Sala expresamente en su fundamento de derecho 3º "que no se ha acreditado en modo alguno la vinculación de la baja laboral de 10-09-12 a una situación de burn -out".

Por todo ello, sin necesidad de entrar a resolver el resto de las cuestiones planteadas, procede la desestimación del recurso de suplicación interpuesto, confirmando en su integridad la sentencia de instancia.»

En el caso presente, la recurrente pretende los mismo. A saber, pretende obviar que la Incapacidad Temporal y la Incapacidad Permanente Total lo eran por enfermedad común y no por un síndrome relacionado con el trabajo, es más, pretende obviar que la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 indicaba que "no se ha acreditado en modo alguno la vinculación de la baja laboral de 10-09-12 a una situación de burn -out". En definitiva, lo que viene a señalar es que, aún a pesar de que varias sentencias han considerado que no hay una situación de burn-out determinante de su Incapacidad Temporal o de su Incapacidad Permanente Total, aún así, dicha situación existe y la Administración ha de responder por los daños y perjuicios causados por una situación de burn-out no acreditada en la Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente Total que determinaría la piedra de toque para dicha indemnización. La recurrente, en consecuencia, pretende repetir el mismo procedimiento por vías diversas en busca de una respuesta que le sea conforme, obviando el instituto de cosa juzgada, que ya el juzgador de instancia recuerda y que no es atacado por la recurrente. Así pues, el juzgador a quo indica "el presente proceso es idéntico al de la que determinó la tramitación del procedimiento 1053/2018, del Juzgado de lo Social N.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalizó con la desestimación de dicha demanda en la instancia, y confirmada la sentencia desestimatoria por la Sala de lo Social de Las Palmas". Y se apoya en las Sentencias del Juzgado de lo Social nº 8 y la de esta Sala antecitada, de 07 de Mayo de 2020.

En definitiva, lo que viene a señalar el juzgador es que, recayendo sobre el actor la carga de probar la existencia de infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del DIRECCION000 que determine, provoque o facilite la indicada enfermedad y el trabajo de la actora, no acreditada dicha relación de causalidad, la sentencia no puede sino ser desestimatoria.

A mayor abundamiento, el recurso es técnicamente deficiente. Más allá de afirmar que las sentencias referidas no impiden la apreciación de la relación laboral del burnout y su Incapacidad Permanente Total, lo cual es contrario al tenor literal de las sentencias; el recurrente se limita a resumir los arts. 14, 15 y 19, concluyendo que "en nuestro caso es indudable la existencia de un daño indemnizable, derivado del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de su empleadora". Así mismo, hace una relación de los requisitos de la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Sin embargo, no hace un análisis concreto de cómo una interpretación diversa de los artículos invocados como infringidos hubiera determinado una sentencia en otro sentido, ni ataca cada uno de los argumentos que el juzgador a quo a esgrimido para razonar en sentido desestimatorio.

Así mismo, todo el recurso se apoya en la nueva redacción fáctica de hasta 9 adiciones. El recurso no puede cuestionar, restar, adicionar o partir de una realidad diversa de la judicialmente apreciada. De lo contrario incurriría en un defecto procesal que lo abocaría al fracaso. Al construir su razonamiento sobre premisas que no coinciden con la crónica judicial incurriría en una petición de principio, haciendo supuesto de determinada cuestión. Al actuar de ese modo se propicia el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida. Este defecto se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( STS 141/2021 de 2 febrero, rec. 128/2019 y las citadas en ella). Esta circunstancia puede ocurrir en dos casos, cuando el recurso parte de hechos nunca declarados probados, cuando el recurso parte de hechos probados cuya adición no se ha estimado. Siendo así que sólo se han admitido tres revisiones fácticas, ninguna de las mismas sirve para alterar el relato fáctico de tal manera que permita apoyar las alegaciones del recurrente y alterar el sentido de lo resuelto en la instancia.

El recurrente se centra en demostrar la "relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño", sin embargo, como ya hemos dicho ut supra, todas esas cuestiones fueron resueltas y gozan del valor de cosa juzgada, en procedimientos previos, sin que quepa en un tercer procedimiento contradecir lo que ya en su día se pronunció, tanto en la instancia como en suplicación.

Expuesto lo que antecede, se desestima este motivo de censura jurídica, y con él la determinación de los daños y perjuicios, y por ende se confirma la sentencia de instancia.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, no implica en el presente caso la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, al ser beneficiario de justicia gratuita, ex artículo 2.d) Ley 1/1996.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.