Sentencia Social 215/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 96/2022 de 15 de marzo del 2023

PRIMERO.- La sentencia de 25 de octubre de 2021, dictada por el juzgado de lo social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos 353/2020, desestima la demanda formulada por doña Araceli frente a DIRECCION000., y Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Recurre doña Araceli, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para modificar el hecho probado octavo y adicionar un hecho probado décimo, y al amparo de la letra c) del citado artículo, denunciando la infracción del artículo 115 de la Ley General de la Seguridad social, en relación con el artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 1183 del Código Civil y sentencia del TS de 27 de enero de 2014; artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en relación al 14.1 y 3, 15, 16 y 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y 1101 del Código Civil.

Solicita se dicte sentencia en la que con estimación de la demanda, declare la existencia de responsabilidad civil solidaria de las codemandadas, y se les condene al pago de una indemnización por accidente laboral valorada en cuarenta y tres mil quinientos treinta euros con ochenta y dos céntimos (43.530,82€) más los intereses de la LGS artículo 20.

La parte demandada, DIRECCION000., Impugnó el recurso de la actora.

SEGUNDO.- Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27 de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , y 2 de mayo de 1985 ).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero ), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980 , 10 de octubre de 1991 , 10 de mayo , 16 de diciembre de 1993 , o 10 de marzo de 1994 ). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001 ).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

La recurrente solicita las siguientes revisiones:

1.- Del hecho probado octavo para que se de la siguiente redacción: Por su parte, la representación de la empresa aporta un certificado en el que se muestra que un total de 38 trabajadores de las tres empresas que integran los servicios del DIRECCION000 utilizan para los desplazamientos al centro de trabajo su vehículo propio. No consta, en el certificado, si ha habido más accidentes o si se contempla en el plan de PRL. Véase, certificado expedido por la directora de recursos humanos, de 14 de septiembre de 2021, obrante al documento número 4 del ramo de prueba de la empresa. Folio 169 del expediente.

La revisión no puede tener favorable acogida. En primer lugar, porque se basa en el mismo documento valorado en la instancia, sin que se induzca del mismo ningún error patente. Lo que pretende la parte es introducir las conclusiones que del documento extrae, y no sólo los hechos objetivos. En los hechos probados deben residir únicamente hechos probados, y como tales deben ser positivos, no negativos y no valorativos.

El documento es correctamente valorado por la instancia y la parte no pretende negar su valor probatorio sino las consecuencias jurídicas del mismo, lo que debe combatirse en sede de censura jurídica y no en revisión fáctica.

2.- Inclusión de un hecho probado nuevo, décimo: La empresa, en su plan de prevención de riesgos laborales, no contempla los desplazamientos de los trabajadores, de forma individual, con sus vehículos, desde sus casas al centro de trabajo ubicado en la base del DIRECCION000 en el PARQUE000. Así figura en el documento probatorio adjunto a la demanda y que figura en los folios 1 a 19, así como en el DVD con la documentación adjunta que se facilitó al juzgado y que figura en el reverso del folio 19, en concreto, documento adjunto 10, consistente en el plan de PRL, que tiene 24 folios.

Cita para la revisión los folios 1 a 19 y el dvd del reverso del folio 19 del expediente.

La revisión no puede tener favorable acogida.

En los hechos probados deben residir hechos que resulten probados, no hechos que no han resultado probados, o lo que es lo mismo hechos positivos y no negativos, como pretende introducir la parte.

TERCERO.- Revisión jurídica.- Sostiene la parte recurrente que la sentencia incurre en infracción de los artículos 115 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los artículos 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 1183 del Código Civil, y sentencia de la Sala $ del TS de 27/01/2014.

Debemos partir de analizar el procedimiento ante el que nos encontramos.

Se debate la posible responsabilidad civil por daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo. La posibilidad de estimar una responsabilidad civil por daños y perjuicios, a causa de accidente de trabajo, se halla reconocida y consagrada expresamente en vía jurisprudencial, por ejemplo, en SSTS de 30-9-97, 2 y 10-12-98, 17-2-99, 20-7-00, 2-10-00, 8-10-01, 21-2-02, bajo la idea de lograr la reparación total del daño causado. Las líneas generales y básicas de esta responsabilidad civil de la empresa en la doctrina jurisprudencial unificadora, conforme han sintetizado algunos Tribunales Laborales (así, STSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de marzo de 2003), vienen a ser las siguientes:

A) Se trata de una responsabilidad civil culposa, "la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional" ( STS 30-9-97, 20-7-00): no es responsabilidad civil objetiva, ni derivada de la creación del riesgo, ni es culpa extracontractual o aquiliana (del art. 1902 Código Civil) sino pura responsabilidad civil culposa contractual, por incumplimiento de obligaciones nacidas del contrato laboral; y aunque pudiera darse en teoría una culpa extracontractual, no puede esta responsabilidad derivarse a la vez de culpa contractual y extracontractual, no cabe una duplicidad indemnizatoria ( STS 10-12-98, 17-2-99, 2-10-00, 8-4-02).

B) Se organiza esa responsabilidad al margen y con autonomía de las otras posibles responsabilidades, penal, administrativa (la de la Ley 31/95) o de Seguridad Social (prestacional ordinaria o por recargo en las medidas de seguridad). Pero esa autonomía no significa necesariamente rígida independencia, porque ante un daño indemnizable aparece una sola responsabilidad reparadora, global, "hay una sola pretensión indemnizatoria, un solo total, una sola indemnización y responsabilidad". La indemnización tiene unos límites racionales, la reparación íntegra, y precisamente por ello no debe resultar un enriquecimiento injusto para el indemnizado.

C) No se deduce de la indemnización civil lo abonado y percibido por el mecanismo del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. A esta conclusión se llega por la jurisprudencia del SSTS de 17-2-99, 2-10-00, en Sala General, con varios votos particulares en contra y 2-10-00, 21-2-02. Se recuerda la esencial regla de independencia y compatibilidad ex art. 123.3 LGSS, «independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción», reflejada y refrendada en el art. 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 noviembre), cuando dispone que «las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema». Este precepto claramente distingue tres tipos de responsabilidades que declara compatibles: a) Las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador de la Ley 31/95.- b) Las indemnizaciones por los daños y perjuicios civiles causados.- c) Las indemnizaciones de recargo de prestaciones económicas ( STS/Social 2-10-00).

El daño indemnizable es entendido en sentido amplio, comprendiendo los daños materiales y morales y sociales, el daño emergente y el lucro cesante. Pero no hay baremo legal a estos efectos, siendo libre el juzgador de acudir a criterios de analogía ( STS de 17-2-99, 2-10-00).En definitiva, la sólo producción del accidente, no genera, sin más, un derecho a ser resarcido por la empresa de los daños ocasionados por el accidente, es necesario que la causa del mismo y de los daños sea la inobservancia de medidas de seguridad por el empresario. Es cierto que existe un deber genérico del empresario de velar por la salud e integridad física de sus trabajadores, adoptando las medidas que fueren necesarias para evitar un daño a los mismo. Según los intalterados hechos probados de la sentencia, la actora tiene un accidente in itinere con su vehículo particular.Como hemos referido, la sola producción de un accidente no es determinante de la obligación de indemnizar, ni para el empresario ni para la aseguradora, es necesario que pueda constatarse la existencia de culpa del empresario.

El artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social señala en su segundo apartado: Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo.

2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

Y el artículo 156 (antiguo 115) de la Ley General de la Seguridad social considera accidente de trabajo toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia de ir o volver del trabajo.

La parte realiza una primera fundamentación acerca de la consideración del accidente de la actora como accidente de trabajo, apartándose de la sentencia y sus fundamentos, que no niegan la existencia de un accidente calificado de trabajo a efectos prestacionales o de seguridad social. Sin embargo, a los efectos del presente procedimiento, lo que debe acreditarse es que el accidente de trabajo, se debió a la omisión de medidas de seguridad por parte del empresario, en una relación causa efecto, esto es, si el empresario hubiera adoptado las medidas de seguridad que se consideraban necesarias, el accidente no hubiera acaecido o no hubiera tenido las mismas consecuencias.

El primer motivo debe ser totalmente desestimado, y es que no estamos en un procedimiento de seguridad social para calificar la incapacidad temporal de la actora, y es más, es un hecho probado que por sentencia firme su incapacidad temporal se declaró derivada de accidente de trabajo. De tal manera que todas las argumentaciones y censuras jurídicas del tercer motivo del recurso, son baldías y ajenas a los presentes autos.

CUARTO.- En el motivo cuarto se invoca como infringidos los artículos 3 del Real Decreto Legislativo 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en relación al 14.1 y 3, 15, 16 y 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y 1101 del Código Civil.

En este motivo de censura jurídica considera el actor que la responsabilidad empresarial se deriva de no incluir en el plan de prevención de riesgos el desplazamiento al centro de trabajo. Y que de haberse incluido no se hubiera producido el accidente.

Ciertamente existe una obligación genérica del empresario de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, ahora bien, que esa seguridad y salud se extienda a los desplazamientos en vehículo particular al centro de trabajo, fuera del propio recinto del centro, lo discrepa esta sala.

No existe ninguna disposición legal que imponga al empresario, el deber de incluir en el plan de prevención de riesgos laborales, los desplazamientos al lugar o centro de trabajo en vehículo particular.

El empresario ni puede ni le es exigible indicar al trabajador cómo tiene que realizar la conducción de su vehículo particular, ni cómo debe mantener el mismo en condiciones de seguridad.

Ciertamente el trabajo de la actora se encuentra en el DIRECCION000 y la carretera pudiera no ser la más segura, pero de la seguridad de la carretera se ocupa el Cabildo insular, y no la empresa demandada, que ninguna titularidad tiene sobre tal carretera.

Pero es que el accidente se produce por cuestiones de salud de la actora, y ni siquiera por cuestiones referentes a la seguridad de la vía o de su vehículo particular.

Lo que se produce es un desafortunado accidente, que tiene la calificación de accidente de trabajo en la acción protectora de la seguridad social; pero en el que ninguna culpabilidad puede imputarse a la empresa.

No existe obligación legal de proporcionarle transporte colectivo, o ninguna infracción en tal sentido se invoca o se argumenta. El empresario no tiene obligación de controlar o vigilar la seguridad del medio de transporte particular utilizado por sus trabajadores para llegar al centro de trabajo, porque no se trata de un instrumento o equipo de trabajo en los términos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y artículo 3 del Real Decreto 1215/1997 que cita el recurrente.

Nada podía haber hecho el empresario para evitar el accidente de la actora, por cuanto el mismo, no se produce prestando servicios ni utilizando un instrumento de trabajo o un vehículo de empresa.

En cuanto el accidente no se produce en área del centro de trabajo o en instalaciones de protección o servicio anejas, no puede considerarse como "lugar de trabajo" en relación con el artículo 2 del Real Decreto 486/1997, Por otro lado, ciertamente, la lesión producida "al ir o volver del lugar de trabajo" no deja de ser un riesgo laboral, en concordancia con el artículo 156.2, párrafo a), de la Ley General de la Seguridad Social; pero, en el caso, por tratarse de una zona pública, el empresario no tiene ningún control en ella, y no cabe extender el deber de protección empresarial hasta una situación que queda fuera de su dominio; esto es, el accidente fue un suceso imprevisible o, en todo caso, inevitable, o sea, un caso fortuito ( artículo 1115 del Código Civil), sin culpa empresarial, por no recaer sobre el empresario el mantenimiento de las diversas vías de acceso al centro de trabajo; y en cuanto al artículo 96.2 de la Ley reguladora, como se ha dicho antes, el empresario carece de facultades para evitar el riesgo. Y máxima si tenemos en cuenta que el accidente no se debió al estado de la vía, como se apunta en el recurso, ni al estado del vehículo de la actora, sino a un desvanecimiento y ajeno a la prestación del servicio, por cuanto iba al trabajo y no puede ni siquiera imputarse tal desvanecimiento a un cansancio producido por el mismo.

El recurso debe ser íntegramente desestimado.

QUINTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto a las costas del presente recurso.